Capítulo V. LA REFORMA PROCESAL PENAL EN EL PERÚ: AVANCES Y DESAFÍOS
f. Permitir a las instituciones focalizar el esfuerzo y las acciones en la gestión de implementación del Código Procesal Penal.
e. Ejecución de la implementación En julio de 2004, paralelamente al Decreto Legislativo Nº 957 se propuso y aprobó el Decreto Legislativo Nº 958, mediante el cual se creó la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (conformada por el Ministerio de Justicia, que la preside, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas), que lidera y conduce en forma conjunta la implementación del referido Código. Dicha Comisión dicta los principales lineamientos, planes y programas; determina el cronograma oficial de entrada en vigencia progresiva del NCPP, entre otras acciones de relevancia para la Reforma Procesal Penal. La Comisión cuenta con una Secretaría Técnica, cuya función radica en brindarle apoyo, así como coordinar y promover el proceso de implementación. En los ámbitos del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia (Defensa Pública), y Ministerio del Interior (Policía Nacional), se crearon Equipos Técnicos Institucionales (ETI) de implementación del Nuevo Código Procesal Penal, con el fin de transformar y mejorar las capacidades de gestión, organizativas y operativas de las instituciones e impulsar en cada una de ellas dicho proceso, puesto que ha sido necesario realizar significativos esfuerzos para generar un servicio de justicia penal acorde con el nuevo modelo procesal, mediante un conjunto de operaciones que transformen los recursos y la información en resultados a favor de la ciudadanía, específicamente del usuario. De otro lado, en cada distrito judicial se ha creado instancias locales de coordinación y liderazgo conjunto, denominadas Comisiones Distritales de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, integradas por el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y Policía Nacional, que deben promover el trabajo en forma desconcentrada a nivel nacional (en aspectos de gestión local, planificación, capacitación y difusión) para la implementación del mencionado Código. Así, en el proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal, en el Poder Judicial y el Ministerio Público se han creado nuevos despachos de carácter corporativo destinados a brindar el servicio de justicia penal acorde con los requerimientos del citado Código. La creación de tales despachos corporativos conlleva la separaron de las funciones jurisdiccionales o fiscales de las administrativas, tendiéndose a la especialización como un importante criterio de gestión moderna.
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