Juntos Generamos Justicia. El Nuevo Código Procesal en el Perú

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María Antonieta Delgado

para la capacitación en materia de la reforma procesal penal. Tampoco existe una visión única del modelo de justicia entre las instituciones, ni se cuenta con una estrategia de implementación consensuada de las recomendaciones vertidas en el Plan de la CERIAJUS.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para la selección de expertos(as) que brinden asistencia técnica a las instituciones y para la contratación de las actividades.

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Las instituciones del Estado, en este caso particularmente las entidades de justicia, se toman sus propios tiempos para formalizar las contrataciones programadas en los Planes Operativos. Ello implica que la entidad responsable de brindar la asistencia técnica debe contar con personal entrenado suficiente y con mecanismos muy rápidos y ágiles para la selección y contratación de los expertos(as) que le permitan tramitar las acciones en plazos muy reducidos. Asimismo, la programación de los Planes Operativos —globales y anuales—, debe ofrecer un margen de flexibilidad suficiente para que permita al proyecto o programa en marcha adaptarse y ajustarse a una eventual nueva coyuntura y a un cambio de prioridades en el país.

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En la ejecución de proyectos auspiciados por los cooperantes, los procedimientos requeridos por estos últimos para la contratación de los expertos locales son muchas veces más lentos y engorrosos que aquellos establecidos para contratar a los expertos internacionales, lo cual produce un desfase entre las actividades de ambas y una constante reprogramación de las actividades.

Respecto al perfil de los expertos de la asistencia técnica y al trabajo de los expertos(as) con las instituciones

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Las instituciones de justicia son muchas veces recelosas y desconfiadas respecto al apoyo que puedan recibir de expertos internacionales y temen que se les quiera imponer recetas elaboradas en el extranjero, que ni responden, ni se adaptan a la realidad de la justicia peruana. Asimismo, el personal de las instituciones de justicia es limitado; los funcionarios asignados como interlocutores para atender el día a día del Proyecto son generalmente personas con recargada agenda de trabajo, con poca o ninguna participación en el diseño del Proyecto y en la priorización de las actividades, y con cierto escepticismo respecto al real beneficio que puedan aportar a sus labores los Proyectos de Reforma. A esto se suma la escasa capacidad de decisión con la que cuentan algunos de ellos.

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