Revista Conocimiento 123 by Salvador Saavedra

Ética y corrupción

contEniDo

En sus apuntes sobre la historia de la corrupción, el licenciado Juan Roberto Zavala escribe, página 4, que el inicio de este fenómeno se puede ubicar en los albores de la civilización; datos del organismo Transparency

Editorial

International perciben, página 9, entre los países menos corruptos en el mundo a Nueva Zelanda, Dinamarca

Directorio

Gobernador constitucional del Estado de nuevo León Licenciado rodrigo Medina de la cruz Director General Doctor Luis Eugenio todd Subdirector Licenciado Juan roberto Zavala Director Editorial Félix ramos Gamiño Educación profesor ismael Vidales Delgado ciencias Básicas y del ambiente Doctor Juan Lauro aguirre Desarrollo urbano y Social ingeniero Gabriel todd ciencias Médicas Doctor David Gómez almaguer ciencias políticas y / o de administración pública contador público José cárdenas cavazos ciencias de la comunicación Doctora patricia Liliana cerda pérez La ciencia es cultura Licenciado Jorge pedraza Educación Física y Deporte Doctor óscar Salas Fraire Las universidades y la ciencia Doctor Mario césar Salinas carmona Diseño Licenciada Lindsay Jiménez Espinosa Licenciado Javier Estrada ceja arte Gráfico arquitecto rafael adame Doria circulación profesor oliverio anaya rodríguez asistente Editorial Licenciada Edith Flores ceballos

La Corrupción somos todos

y Finlandia; para el organismo PricewaterhouseCoopers, página 18, los

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delitos económicos van en aumento;

Breves apuntes sobre la historia de la corrupción Licenciado Juan Roberto Zavala

ción, robo, malversación de activos y

entre ellos figuran soborno, corrup-

fraudes contables; México, escribe el maestro Alfredo Esparza, página 21,

Los países menos corruptos: Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia Transparency International

Los delitos económicos, en aumento, revela encuesta global 2011 de PwC

Compromisos derivados de la Convención Interamericana contra la corrupción Maestro Alfredo Esparza Jaime

Corrupción: de los ángeles a los índices Licenciado Federico Reyes Heroles

Impera en el país la “Quinteta de la muerte” Doctor Jorge Carpizo

Combate a la corrupción en la administración pública Doctor Jorge Manjarrez Rivera

Los costos de la corrupción Doctora Bonnie Palifka

Corrupción en las alturas Gabriel Zaid

ha suscrito y ratificado tres tratados internacionales anticorrupción.

En el caso de la corrupción, el licenciado Federico Reyes Heroles señala, página 25, que “bastaría con forjar

La corrupción, amenaza para la viabilidad nacional Doctor Fernando Pérez Correa

hombres de acero, incorruptibles, para que las cosas cambiaran. Pero el mundo está morado por hombres

No lo podemos evitar…dijeron los banqueros en Wall Street… está en nuestra naturaleza Maestro Rodrigo Soto

comunes. Un recetario sustentado en la vida de los ángeles no sirve”; para el doctor Jorge Carpizo, página 29, la moral pública en México se encuen-

Moral pública, su campo de acción y su relatividad Doctor José María Infante

tra enferma, y en el país campea la “Quinteta de la Muerte”: poder arbitrario, dinero, corrupción, impunidad

Ética para la sustentabilidad Maestra Beatriz Liliana de Ita Rubio

y mentiras”; el doctor Jorge Manjarrez, contralor del Estado, considera el plan anticorrupción del gobierno de Nuevo León, página 35, congruente con lo establecido en el

portada

Programa Nacional contra la Corrupción.

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Aproximaciones desde la Ética y la Educación, para un México sin Corrupción Doctor Rafael M. de Gasperín Gasperín Maestro Enrique Raúl Alanís Dávila Maestro José Rodrigo Abud Madrid

Propone la COPARMEX institucionalizar la figura del Zar Anticorrupción Licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani

Ética y corrupción en los funcionarios públicos M. P. P. Manuel Vázquez Godina M. P. P. Víctor Néstor Aguirre Sotelo

Corrupción y Estado de Derecho Doctor Gerardo S. Palacios

Economía y corrupción Maestro Enrique Raúl Alanís

consejo Editorial presidente del consejo de ciencia y tecnología de nuevo León ingeniero Juan antonio González aréchiga Director del programa ciudad internacional del conocimiento ingeniero Jaime parada Ávila caintra ingeniero Enrique Espino Barros Lozano itESM M. c. Silvia patricia Mora castro uanL Doctor Mario césar Salinas carmona Doctora Diana reséndez pérez Doctor alan castillo rodríguez ingeniero Jorge Mercado Salas

La doctora Bonnie Palifka trae a colación, página 39, estimaciones que señalan que los sobornos en el

Corrupción y opacidad en compras Doctora Irma Eréndira Sandoval

plano global bien pueden alcanzar la cifra anual de más de un billón de dólares norteamericanos; Gabriel

Corrupción: un mal que no respeta instituciones Maestro Rodrigo Plancarte de la Garza

Zaid considera, página 42, que la corrupción depende más de los puestos que de las personas, “los

La corrupción, como enemigo del Estado constitucional, y su tratamiento Doctor Michael Núñez Torres

altos puestos se prestan para la corrupción”, y trae a la memoria un dicho cínico: “No quiero que me

Bases de las sociedades sin corrupción M. C. Benigno Benavides

den, sino que me pongan donde hay”; para el doctor Fernando Pérez Correa, página 44, México es rehén

82 “ciEncia conociMiEnto tEcnoLoGia”, revista mensual, con un tiraje de 10,000 ejemplares Editor responsable: Dr. Luis Eugenio todd pérez. número de certificado de reserva otorgado por el instituto nacional del Derecho de autor: 04-2008052311205700-102. número de certificado de Licitud de título: no. 14158 número de certificado de Licitud de contenido: no. 11731. Domicilio de la publicación: andes no. 2722 col. Jardín obispado, Monterrey, nuevo León. imprenta: Milenio Diario de Monterrey, S.a. de c.V., con domicilio en ave. avena no. 17 col. Granja Sanitaria ixtapalapa, Estado de México. Distribuidor: Milenio Diario de Monterrey, S.a. de c.V. con domicilio en ave. Eugenio Garza Sada Sur no. 2245 Monterrey, nuevo León.”

La ética en la transparencia, para combatir la corrupción Maestro Sergio A. Moncayo

de la corrupción, y los secuestradores de la moral pública están no sólo en el gobierno, sino también

El Servicio civil de carrera, antídoto para la corrupción Maestra Rina Aguilera

en el sector privado. El fenómeno constituye una seria amenaza para la viabilidad nacional.

La sociedad civil, como antídoto para la corrupción Mariana García

La corrupción: un constructo de la dinámica del sistema social Doctor Juan Lauro Aguirre Villafaña

La legitimidad, la representación y el desempeño gubernamental Doctor José Alejandro Treviño Terán

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teléfonos en la redacción: 8346 7351 y 8346 7499 info@conocimientoenlinea.com Las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.

NOTA DE LA DIRECCIÓN: Esta edición de la revista CIENCIA. CONOCIMIENTO. TECNOLOGÍA, fue realizada gracias al apoyo de FOMIX.

Ética y corrupción

EDitoriaL

La corrupción somos todos E

sta revista tiene por obligación consustancial a su objetivo el utilizar el método científico en los diversos aspectos del conocimiento, su aplicación y el marco cultural en que este último se desarrolla. Por lo anterior, es imperativo reconocer la respuesta de Keith Raniere, uno de los hombres más inteligentes del mundo actual, por su IQ, cuando, ante la pregunta de cuál es el principal problema de nuestros tiempos, contestó: “desarrollo científico y tecnológico, sin marco ético de comportamiento”. Valga esta digresión para justificar por qué, en esta edición, enfrentamos a la ética, valor supremo de la axiología hecha norma moral en el fenómeno humano, con la corrupción, que es una desviación de la utopía que le da a la persona una bondad y una moral implícita desde su génesis y su ingreso al cosmos de la vida existencial. Aquí se abre la pregunta y la primera dicotomía que Rousseau definió concretamente, al decir que el hombre es bueno al nacer y que la cultura le produce una actitud frecuente de maldad. Por supuesto que hay estudios científicos experimentales que señalan que algunas personas tienen células en su cerebro que las predisponen a actos criminales o a enfermedades mentales que forman la sustancia de la violencia o del juicio moral incorrecto. En toda esta parafernalia de ideas que combinan la ciencia con la ética platónica o la mística de todas las religiones, a lo largo de la historia han aparecido dos mundos bipolares en conflicto: el primero, el socrático, en donde el alma y la metafísica son los altos objetivos del ser humano, y el segundo, el de la cruenta realidad histórica, en donde siempre han existido actos de corrupción, criminalidad, violencia y sofisticación de la maldad, aun en la llamada alta nobleza que ha dominado al mundo durante siglos. Después de estas consideraciones, justificamos por qué decidimos estudiar el fenómeno de la corrupción, que, en términos cotidianos, afecta el servicio público y también las relaciones de la empresa privada, y que en su desarrollo incluye factores económicos muy poderosos. Baste el ejemplo del fraude internacional bancario y factores sociológicos, por la predisposición de los países pobres y mal educados a ser más corruptos, o de los problemas culturales y, sobre todo, las enseñanzas educativas y la infraestructura religiosa, pues todas las formas de pensar filosófico-místicas del mundo siempre reconocen la bondad como una virtud, y la maldad como una hermana del infierno encabezado por Mefistófeles o por el Satanás de la filosofía cristiana.

Esta revista incluye escritos de autores muy prestigiados en nuestro país, y de organismos internacionales, así como de investigadores locales y también muestra los temas de las leyes y normas que el Estado ha utilizado para evitar los procesos de corrupción; también muestra los datos numéricos que le dan a nuestro país un lugar muy poco honroso en el panorama mundial en cuanto a la corrupción pública-privada. Ojala que en esta libre discusión se pueda encontrar una fórmula mucho más reproducible que las actuales para tratar este grave problema, que, junto con la impunidad, la pobreza y la ignorancia, así como el primitivismo político que nos caracteriza, nos coloca en una posición de subdesarrollo sociológico y político en el orbe. Como innovación original en América Latina, iniciamos hoy la aplicación de las nuevas técnicas de informática en tiempo real, para que algunos artículos puedan ser no sólo leídos, sino también, en forma resumida, poderse ver y escuchar en un sistema audiovisual diseñado por nuestros representantes brillantes de este mundo del Twitter y del Facebook, que son Rodrigo Soto y Javier Estrada, quienes, bajo la dirección de Juan Roberto Zavala, impulsaron este proceso. Como corolario de la falta de resultados en este tema, aceptamos con tristeza que, según Juan Pablo Guerrero, fundador del Instituto de Acceso a la Información, esto último no funciona en México. Según yo, sólo nos ha hecho más listos, pero no más honestos.

Pienso, luego existo

DESCARTES 1596 a 1650

El hombre piensa, por lo tanto existe; y después la cultura lo corrompe, y al final se arrepiente.

CONOCIMIENTO

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Breves apuntes sobre la historia de la corrupción Juan Roberto Zavala

Licenciado Juan Roberto Zavala Director de Cultura Científica COCYTE-NL zavat_2004@ yahoo.com.mx

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odemos situar el inicio de la corrupción en los albores de la civilización, especialmente cuando el hombre se agrupa, inteligente y sistemáticamente, para pasar de hordas nómadas a pueblos y ciudades, lo que da lugar a múltiples formas de organización social, política y económica, como las naciones y la propiedad privada, Ello da lugar también a valores y conductas relativas a sus actividades comerciales, de gobierno y religiosas, lo que le permite no sólo comer, vestir y subsistir, sino lograr también legítimas aspiraciones humanas, como el éxito y la bonanza económica. De estas naturales aspiraciones, difíciles de alcanzar por todos, nace la competencia por recursos económicos, poder y posición social, que los propios grupos humanos reglamentan a través de sus gobiernos, para evitar, mediante los mercados y la política, guerras y dominaciones, así como la discordia, que en ocasiones se genera entre individuos y grupos. Si bien los humanos compartimos muchos aspectos de nuestra vida en común, y en nuestro interactuar en la sociedad nos encontramos con este fenómeno, no lo consideramos consustancial a nuestro ser, pues lo realizamos con conocimiento y voluntad; es decir que, habiendo tenido la capacidad de elegir, nos decidimos por no cumplir con una exigencia ética fundamental para el logro

del bien común: la honestidad, lo que da paso a un fuerte individualismo, donde lo más importante son las conveniencias económicas y políticas; es decir, el predominio de nuestra satisfacción personal, sin importar cómo, sobre los derechos de la colectividad. PRINCIPIOS Y VALORES Aunque en la historia de la civilización han evolucionado muchas condiciones y conceptos, existen principios y valores que no deben vulnerarse, pues constituyen elementos esenciales de las relaciones humanas, lo que nos lleva a la llamada responsabilidad social, y nos compromete a todos en una ética que le da sentido a lo público, para llegar al bien común, independientemente de leyes y reglamentos que sancionan a quienes voluntariamente no cumplen con ellos. Los griegos, por ejemplo, utilizaban el término ética no sólo como costumbre, como modo de ser, de actuar, sino como una predisposición humana permanente para hacer lo bueno, la que se obtiene como evolución natural, al reflexionar sobre los valores individuales y sociales y la licitud de los actos humanos. De ahí las referencias a la mitología griega y al castigo que Zeus impuso a Prometeo, por haber robado el fuego del cielo, para entregarlo a los hombres, y sobre todo el

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que impuso a la humanidad, al destapar la “Caja de Pandora”, para herirlos con defectos perniciosos: los vicios, las enfermedades, el deseo sin límite y el amor a la riqueza. ABUSO DEL PODER EN BENEFICIO PROPIO Aunque gramaticalmente la corrupción es todo acto tendiente a causar un daño, una alteración o un vicio sobre una cosa determinada, en general se le considera como el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común y, en particular, de la gubernamental, como la desviación de los fines de la función pública. Por su parte, el Banco Mundial la define como el abuso del poder público en beneficio propio. Dado que la corrupción no es un estado congénito del hombre, pues existen países donde casi no existe, como Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, podemos decir que lo que la determina son los modos de vida; la organización política y social, especialmente el grado de libertades civiles con que cuentan los países, como la de prensa (uno de los pilares de la denuncia), así como las actitudes y afanes de riqueza de sus políticos, burócratas y empresarios que, considerándose más astutos que el resto de la población, se ven favorecidos económicamente al violar la ley. De una carta de San Pablo, Martín Lutero extrajo la siguiente cita: “Raíz de todos los males es la avidez del dinero”. De esta forma, independientemente del talento, la eficiencia, la habilidad, el trabajo y la iniciativa individual, las decisiones sobre el reparto del poder y de la riqueza se han visto influidas, a través de la historia, no por una competencia equitativa, no por un anhelo de bienestar general, sino por una forma de vida en que los propios intereses están por encima del crecimiento y la prosperidad de todos. SU GÉNESIS Aunque para algunos católicos, con base en La Biblia, el primer acto de corrupción se produce cuando Eva, tentada por la serpiente, corrompe a Adán y lo convence de comer el fruto del árbol del bien y el mal, para otros se da en la Baja Mesopotamia, en Sumeria, que es considerada la civilización más antigua del mundo (se le atribuye la invención de la rueda y los jeroglíficos pictóricos, que más tarde se convirtieron en escritura cuneiforme). Un ensayo sumerio dedicado a la vida de los estudiantes relata un acto de corrupción cuando un estudiante, al regresar a su casa, les platica a sus padres que el maestro le había reclamado y dado unos latigazos (ésa era entonces la costumbre) por faltas, impuntualidad y mala escritura. Los padres lo invitaron a comer, y “Cuando el maestro llegó, lo sentaron en un sitio de honor, le ofrecieron vino y, como regalo, lo vistieron con un traje nuevo y le colocaron un anillo de oro. El maestro, agradecido, se dirigió al alumno, diciéndole: Puesto que no has desdeñado mis palabras… Te deseo mucho éxito… Has cumplido bien con tus obligaciones escolares y te has transformado en un hombre de bien”. (1)

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Para otros autores, el primer acto de corrupción registrado se dio en el antiguo Egipto, durante el reinado de Ramsés IX (1142-1123 a de C), pues un papiro relata las dificultades por las que atravesó un funcionario del faraón, por haber denunciado negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con profanadores de tumbas, para hacerse de la vista gorda en los robos a las tumbas, lo que le dejaba sustanciales ganancias.

SÓCRATES Uno de los casos más sobresalientes de la historia es el de Sócrates, filósofo que vivió en Grecia de 470 a 399 a. de C. Acusado de sofista y corruptor de la juventud, prefirió cumplir su sentencia de muerte, rechazando la posibilidad de eludirla con ayuda de algunos amigos. Por su parte, los filósofos Platón y Aristóteles calificaban ya a los gobiernos como malos o buenos, como injustos o justos, según si gobernaban en beneficio propio o de la sociedad. Platón, que nació en Atenas en el año 427 a. de C. y que fue discípulo de Sócrates, decía: “Aquello que merece más el hombre, de ser, son las ideas. Lo que se encuentra sometido al cambio y a la corrupción está entre el ser y el no ser. Las ideas son únicas, intemporales, necesarias, universales, perfectas. Las ideas se hallan ordenadas entre sí, jerárquicamente. En la cima se halla la idea de “Bien”. De ella participan todas las demás, y ella misma está “más allá del ser”… El hombre es su alma, un alma racional… El hombre debe lograr que sea el alma racional la que gobierne su vida… En la medida en que lo logre, el hombre será virtuoso”.

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tro de la existencia humana, con lo que se redujo sustancialmente la corrupción, pues se tomaba la vida de Cristo como modelo de imitación.

IMPERIO ROMANO En cuanto al imperio romano, considerado como el de mayor valor y permanencia en la historia de la humanidad, también se vio afectado por la corrupción. Algunos autores sostienen que su caída se debió, entre otros factores, a la pérdida de las tradicionales virtudes cívicas romanas. Así, es de mencionar que, con la expansión territorial de Roma, se estableció la figura del procónsul, que era general, administrador y juez supremo en su provincia, y se recuerda a Catón, que administró la provincia de Hispania Citerior con honestidad y celo ahorrativo, pues recorría a pie la provincia, sin ejército y con un solo servidor. Sin embargo, la realidad es que la corrupción caracterizó la administración provincial, hasta que, 23 años antes de Cristo, Octavio recibió el título de emperador e intentó restaurar las tradiciones morales del pueblo romano, combatiendo la corrupción y las costumbres licenciosas de la época. A partir de ahí, se sucedieron emperadores llamados buenos, como Trajano, Adriano y Marco Aurelio, y otros sanguinarios, corruptos y licenciosos, como Caracalla (211-217) y Eliogábalo (218-222). Vale la pena mencionar que cuando el emperador Cómodo, (hijo de Marco Aurelio) fue asesinado, en el año 192, el Senado eligió a Pertinax, pero la guardia pretoriana lo asesinó, y desde su cuartel en Roma, declaró que el trono estaba en venta y que lo ocuparía el que más dinero les ofreciera. Más adelante, con la caída del Imperio Romano de Occidente, allá por el año 476, cuando fue depuesto el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, dio inicio la Edad Media, caracterizada por ser una sociedad predominantemente rural, con un modo de producción feudal, surgimiento de pequeñas ciudades-estado y monarquías feudales basadas en relaciones personales de vasallaje. A partir de los edictos de Constantino (313) y Teodosio I (380), se implantó el cristianismo como nueva religión oficial, con un impulso tal, que la espiritualidad era el cen-

ALTA EDAD MEDIA Sin embargo, poco a poco se fue dando un terrible avasallamiento de parte de los poderosos señores que controlaban a la mayoría de la población, con lo que regresaron el despotismo, las injusticias y la corrupción, lo que se acentuó durante la llamada Alta Edad Media (1000-1500), ahora con el crecimiento del poder de las monarquías y el florecimiento del comercio a grandes distancias. Sin embargo, fue en la iglesia católica donde se dieron los mayores excesos, como la venta del perdón de los pecados, a través de la compra de indulgencias; el despotismo y la riqueza del Papado y del clero en general. Reyes, señores feudales y dignatarios eclesiásticos disponían de los puestos de la iglesia, pues se ponían en venta los obispados y hasta los curatos. En la Divina Comedia, compuesta alrededor del año 1300, el poeta florentino Dante Alighieri presenta al reino de ultratumba en tres cánticos, Infierno, Purgatorio y Paraíso. Divide el Infierno en nueve círculos, donde purgan su castigo los condenados, de acuerdo a la gravedad de los pecados cometidos. En el octavo están colocados quienes cometieron pecados como fraude o traición y ahí también están inmersos, en brea hirviente, los políticos corruptos, pues sabían el mal que habían causado. RENACIMIENTO Con el Renacimiento (inicia hacia 1400), época en que el pensamiento filosófico griego renace, pues había quedado olvidado durante la Edad Media, sólo guardado en unos pocos conventos de la iglesia católica, y la utilización también de la razón científica para dar orden al pensamiento, se logra una profunda transformación en las artes, las ciencias y muy especialmente en el aspecto económico, pues se separa el periodo económico-social, como más adelante lo llamaría Marx, del feudalismo al capitalismo. Se rompe, entonces, la concepción medieval del mundo, pues además se dio el descubrimiento de América, la invención de la imprenta por J. Gutenberg, y se inició el movimiento filosófico denominado humanismo, en que el hombre pasó a ser el centro de la atención y surgieron los grandes pensadores y artistas, como Nicolás Copérnico, Miguel Ángel, Cervantes, Shakespeare, Galileo Galilei, Rembrandt, Isaac Newton y Goya. Aunque durante esta época, con “Utopía”, Tomás Moro es el precursor del naturalismo religioso y el socialismo, ya que presenta un estado ideal, donde no existe la propiedad, y en “El Príncipe”, Nicolás Maquiavelo considera que sólo el estado (orden estatal) garantiza una adecuada organización de la convivencia humana, pues el hombre político es por naturaleza egoísta, ambicioso, vengativo e inconstante, la realidad es que los pensadores renacentistas lucharon por un principio de autoridad basado en la libertad, la autonomía y la investigación. (3) Sin embargo, la corrupción continuó, muy especialmente en la iglesia católica, particularmente en el alto

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clero, pues si bien hubo excelentes papas, como Nicolás V, fundador de la Biblioteca Vaticana, una buena parte de ellos mostraba una clara relajación moral y política, como Alejandro VI (Rodrigo Borgia), quien sobornó a los miembros del Colegio Cardenalicio para llegar al poder y concedió poder, títulos y riqueza a sus hijos y a sus numerosas amantes. Asimismo, y como la venta de indulgencias continuaba, ahora con la excusa de construir la Basílica de San Pedro, en Roma, se provocó la división del cristianismo en católicos y protestantes, y se desencadenaron numerosas guerras. Aunque no estamos de acuerdo, Mario Puzo, en su obra “Los Borgia. La primera gran familia del crimen”, afirma que esta poderosa familia veneciana fue la primera en crear un imperio basado en el asesinato y la corrupción. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Al llegar la revolución industrial, que se inicia en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII, entre otras cosas con la construcción y utilización de la “Spinning - Jenny” (1763), que reproducía mecánicamente los movimientos del hilador y trabajaba con varios husos para obtener hilo, no sólo se cambió la forma de producción, pues hasta entonces el hombre sólo había utilizado herramientas, sino también el consumo, pues con la máquina de vapor se crearon la locomotora y el barco de vapor, que pudieron transportar productos con más rapidez y a mayores distancias. Asimismo, se dio una transformación profunda de la sociedad, pues se pasó del trabajo manual a la máquina, del taller a la fábrica; los campesinos abandonaron los campos y se trasladaron a trabajar en las ciudades (migración masiva), con lo que aparece el proletariado, que trabaja con máquinas que no son suyas. (4) En esa época, por todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, con el orden colonial, se impusieron formas de gobierno que, con administraciones deficientes y abuso de poder, propiciaban abiertamente la corrupción. Gustavo Coronel menciona que, “en 1813, Simón Bolívar, mientras luchaba en la guerra de independencia contra España, firmó un decreto en el que estipulaba la pena de muerte para quienes fueran hallados culpables de corrupción en la primera República de Venezuela, y en 1826 firmó otro que definía la corrupción como “la violación del interés público” y establecía la pena de muerte para “todo funcionario público culpable de robar diez pesos o más”, debiendo ser ajusticiados también los jueces que no cumplan con el decreto”. (5) SEGUNDA FASE Se considera como la segunda fase de la revolución industrial el periodo de 1870 a 1914, con nuevas técnicas de producción, la utilización de diferentes formas de energía, como gas o petróleo; con el invento del motor de combustión interna, que desarrolla la industria automovilística y de aviación, y se comercializan masivamente muchos otros productos, como el teléfono, el radio y la refrigeración. (6) Al expandirse los mercados, hubo una acelerada urbanización y se operó un cambio en las finanzas, con lo que

aparecieron las grandes empresas y los monopolios que concentraron el capital, y emergieron los grandes bancos internacionales. Como todo se dio con una economía basada en el libre juego de la oferta y la demanda, y la burguesía impuso sus costumbres y valores, que giraban en torno a la riqueza, el ahorro y el trabajo (7), la corrupción continuó como fuerza histórica, ahora inmersa, no ya en la iglesia, sino en una inmensa maraña de gobernantes, políticos, burócratas, banqueros, industriales y comerciantes. Muy pronto, las grandes compañías internacionales empezaron a pagar sobornos en el exterior de sus países, para lograr millonarios contratos de instancias gubernamentales, con lo que la corrupción, mediante las licitaciones y asignaciones de contratos, llegó a representar, en algunos países, más del 20 por ciento del dinero público, poniendo en entredicho el principio de igualdad entre las personas y, en ocasiones, la misma democracia. DE LA MANUFACTURA A LA MENTEFACTURA A partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, se ha dado un mayor crecimiento poblacional, lo que ha originado una más acelerada urbanización y degradación del medio ambiente; el encarecimiento de las materias pri-

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mas y los recursos energéticos, aunque, con el avance de la ciencia y las nuevas tecnologías, se han dado cambios importantes en los ingresos de la población y en la forma del trabajo, pues se inicia el paso de la llamada manufactura a la mentefactura, lo que repercute en beneficio del individuo y de la sociedad. Sin embargo, a medida que el mercado y la economía crecen y se universalizan, en la misma medida ha crecido y se ha universalizado el afán de riqueza, considerada erróneamente como un valor en sí misma, sin tomar en cuenta que el dinero debe ser sólo un medio para satisfacer necesidades. En esta forma, la corrupción ha crecido, ahora de manera más inteligente, para corresponder a los adelantos científicos y tecnológicos y al crecimiento de los niveles de educación. Ejemplo de esto es el caso de la poderosa empresa Enron Corporation, que con sede en Houston, Texas, y cerca de 21 mil empleados, originalmente se dedicaba a la trasmisión y distribución de electricidad y gas, y al desarrollo, construcción y operación de plantas de energía y oleoductos por todo el mundo. Sin embargo, abiertamente pagaba sobornos y tráfico de influencias para obtener contratos en países de América, África y Asia. A decir de Wikipedia, en la época se corrieron rumores sobre la utilización de esta práctica en un contrato de 30 mil millones de dólares, con la empresa de energía Maharashtra State Electricity Bord. En 2001, Enron colapsó y solicitó protección por bancarrota. MIL CARAS DE LA CORRUPCIÓN La corrupción adopta ahora diversas formas, como soborno, malversación de bienes públicos, tráfico de influencias, nepotismo, formulación de leyes en beneficio propio y otras, y es tan fuerte que, según el Banco Mundial, cuesta anualmente un billón de dólares ($1.000.000.000.000). Así, este cáncer reduce la riqueza de los países y acentúa la diferencia entre pobres y ricos. Ejemplo de esto es la reducción de la cantidad de dinero de que dispone el gobierno para pagar a los trabajadores y comprar suministros, como libros y medicinas. Dado el obstáculo que este fenómeno significa para el desarrollo de las naciones y el bienestar general, pues de acuerdo a la Encuesta Global de Delitos Económicos 2011 de PWC, la corrupción es también responsable del 24 por ciento de ellos, en las últimas décadas se han tomado importantes medidas de carácter internacional, como las de impulsar el escrutinio general, las acciones ciudadanas de vigilancia de la autoridad en los sectores más vulnerables y el fomento de la denuncia, pues la impunidad es el más importante factor que la propicia TRANSPARENCIA INTERNACIONAL Entre ellas mencionamos la fundación, en 1993, por Peter Eigen, que había sido funcionario del Banco Mundial, de la organización civil Transparencia Internacional, con la idea de que, por ser la corrupción un fenómeno internacional, para ser detenido debe ser medido, evaluado y expuesto sistemáticamente, sin consideraciones políticas o diplomáticas. Así, se dio a la tarea, mediante encuestas y

evaluaciones de entidades externas, de elaborar y difundir el Índice de Percepción de la Corrupción, cuyo primer ejercicio se dio en 1996. Asimismo, son importantes las acciones del Banco Mundial para crear conciencia, entre los gobiernos de los países, de que la corrupción afecta la economía; y otras encuestas, como la de Delitos Económicos, arriba citada, y el Índice de Fuentes de Soborno, de la misma Transparencia Internacional. Por cierto, según el índice de 2011, las compañías y empresas de Rusia, China y México son las más dadas al soborno de funcionarios, cuando trabajan en el exterior. El índice comprende a las 28 principales naciones exportadoras. Igualmente, y con la idea de lograr una economía más justa y abierta, creando condiciones para la estabilidad del crecimiento futuro, el grupo de las principales economías (G20) se comprometió, en fecha reciente, a combatir el soborno en el exterior, y lanzó un plan anticorrupción. Es de mencionar que, recientemente, México asumió la presidencia de este organismo sobre cooperación económica y financiera, que agrupa a los más importantes países industrializados y emergentes. Concluimos este breve trabajo con el siguiente texto, tomado del Cuaderno de Transparencia “Corrupción. De los ángeles a los índices”, de Federico Reyes Heroles: “Si bien es cierto que el fenómeno sigue ahí, también lo es que contamos con muchos y mejores instrumentos, producto de la ciencia y la razón para encarar esta pandemia. Se trata de un logro mayor. Soy optimista: aplicando medidas racionales, en un tiempo razonable empezaremos a notar los cambios.”

rEFErEnciaS (1) Abreu, Santiago. “La corrupción”, publicado en Monografías.com. (2) “Historia de la corrupción”. Revista Conozca Más, publicada en Índice de Historia. (3) “Cronología del Renacimiento. Renacimiento” III. G. Papini. (4) Meli_tre.Monografías.com (5) “Corrupción, administración deficiente y abuso de poder en la Venezuela de Hugo Chavez”. Publicado en Cato. org. Gustavo Coronel (6 ) “Segunda Revolución Industrial. Finales del siglo XIX”. Wikipedia. (7) Revolución Industrial. Profesor en Línea.

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l organismo denominado Transparency International, the global coalition against corruption, publicó, en los primeros días de diciembre los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción. Entre los datos contenidos en el estudio, destaca el hecho de que los países en que es menor el índice de corrupción son Nueva Zelanda (1), Dinamarca (2), Finlandia (2) y Suecia (4), y los países con mayores niveles de corrupción son Somalia (182), Corea del Norte (182) y Myanmar (180). México está en el lugar 100, a la par con Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabón, Indonesia, Madagascar, Malawi, Santo Tomé y Príncipe, Surinam y Tanzania. En otro apartado de los documentos elaborados por Transparency International, que por cierto tiene oficinas en nuestro país, se analizan los casos de los 28 países que son los principales exportadores de carácter regional e internacional, y se señala que las empresas de China y Rusia “se perciben como las más propensas a participar en sobornos en el extranjero. Por su parte, las empresas de los Países Bajos y Suiza se consideran las menos propensas a pagar sobornos”.

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(Transparencia Mexicana, Dulce Olivia 73, Colonia Villa Coyoacán, Coyoacán, Ciudad de México. C.P. 04000 Tels. :(+52 55) 5659 4714 – 5659 4095 – 5659 9991 – 5659 9996. Sitio web: www.tm.org.mx. Contacto para los medios: Vanessa Silveyra, Coordinadora de Proyectos Especiales. Transparencia Mexicana, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional). En las páginas siguientes se reproduce información de los documentos elaborados por Transparency International sobre este tema.

Índice de percepción de la corrupción 2011 Berlín.- La corrupción continúa afectando de manera profunda a muchos países en todo el mundo, según los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparencia Internacional. El Índice muestra que algunos gobiernos no protegen de forma adecuada a sus ciudadanos frente a la corrupción, tanto en el abuso de los recursos públicos, como en la presencia de sobornos o en el hermetismo en la toma de decisiones. El Índice evalúa a 183 países y territorios, con una puntuación entre 0 (percibido como sumamente corrupto) y 10 (percibido con menores niveles de corrupción) según los niveles de percepción de corrupción de los países. Utiliza datos de 17 encuestas que analizan factores como aplicación de leyes contra la corrupción, acceso a la información y conflictos de interés. Dos tercios de los países clasificados obtuvieron una puntuación inferior a 5. En la primera posición se encuentra Nueva Zelanda, seguida por Finlandia y Dinamarca. Los últimos lugares los obtienen Somalia y Corea del Norte (incluida por primera vez en el índice). Transparencia Internacional es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. Para consultar el ranking completo y los cuadros regionales, visite: www.transparency.org/cpi

ASPECTOS RELEVANTES PARA MÉXICO El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) ubica a México en la posición 100 entre 183 países, con una calificación de 3.0 en una escala donde 0 es la mayor percepción de corrupción y 10 la menor percepción de corrupción. México presenta una mayor percepción de corrupción con un cambio nominal de una décima, lo que de acuerdo con Transparencia Internacional no representa un cambio estadísticamente significativo. En comparación con otros países del continente americano, México se ubica en la posición 20, entre 32 países evaluados por el índice. Si se compara con los países que integran el grupo de los 20 (G20), México se ubica en la posición 16, entre 19 países evaluados (la Unión Europea no es considerada en bloque para el IPC), con resultados similares a los de Indonesia y Argentina. Por debajo de estos países, sólo Rusia presenta mayor percepción de corrupción en el G20. Si se le compara con Brasil, India, China y Rusia, el llamado grupo BRIC, México ocuparía la cuarta posición, sólo seguido de Rusia. En América Latina, el país mejor ubicado en el IPC es Chile, en la posición global 22, y una calificación de 7.2, lo que le ubica casi 80 lugares por encima de México. Entre los países OCDE, México ocupa la posición 34, entre 34 países evaluados.

Máximos y mínimos por región del mundo Región

País con puntuación más alta

País con puntuación más baja

América

Canadá Puntuación: 8,7 Posición: 10

Haití Puntuación: 1,8 Posición: 175

Asia Pacífico

Nueva Zelanda Puntuación: 9,5 Posición: 1

Corea (Norte) Puntuación: 1,0 Posición: 182

Europa y Asia Central

Dinamarca / Finlandia Puntuación: 9,4 Posición: 2

Uzbekistán Puntuación: 1,6 Posición: 177

Medio Oriente y África del Norte

Qatar Puntuación: 7,2 Posición: 22

Irak Puntuación: 1,8 Posición: 175

África subsahariana

Botswana Puntuación: 6,1 Posición: 32

Somalia Puntuación: 1,0 Posición: 182

País con puntuación más alta

País con puntuación más baja

G20

Australia Puntuación: 8,8 Posición: 8

Rusia Puntuación: 2,4 Posición: 143

OCDE

Nueva Zelanda Puntuación: 9,5 Posición: 1

México Puntuación: 3,0 Posición: 100

Dinamarca / Finlandia Puntuación: 9,4 Posición: 2

Bulgaria Puntuación: 3,3 Posición: 86

Bloque

CONOCIMIENTO

Ética y corrupción

ranKinG GLoBaL DE corrupción Rango MínimoMáximo

Intervalo de confianza del 90%

Posición

País/Territorio

Puntuación del IPC 2011

Posición

Encuestas utilizadas

Desviación estándar

Máx.

Mín.

Mínimo

Máximo

Nueva Zelanda

9.5

0.05

9.7

9.1

9.4

9.5

Dinamarca

9.4

0.05

9.5

9.1

9.3

9.5

Finlandia

9.4

0.07

9.8

9.1

9.3

9.5

Suecia

9.3

0.08

9.7

8.9

9.2

9.4

8.1

8.9

9.4

Singapur

9.2

0.13

9.5

Noruega

9.0

0.07

9.3

8.7

8.9

9.1

8.1

8.7

9.1

Países Bajos

8.9

0.11

9.3

Australia

8.8

0.12

9.4

8.2

8.6

9.0

Suiza

8.8

0.22

9.4

7.5

8.4

9.1

Canadá

8.7

0.15

9.3

8.1

8.4

8.9

Luxemburgo

8.5

0.25

9.1

7.1

8.1

8.9

Hong Kong

8.4

0.17

9.1

7.3

8.1

8.7

Islandia

8.3

0.27

9.5

7.1

7.8

8.7

Alemania

8.0

0.18

9.1

7.1

7.8

8.4

Japón

8.0

0.27

9.1

5.7

7.6

8.5

6.7

7.4

8.2

Austria

7.8

0.24

8.9

Barbados

7.8

0.40

9.1

7.1

7.2

8.6

7.1

7.5

8.0

Reino Unido

7.8

0.15

8.3

Bélgica

7.5

0.21

8.9

6.7

7.2

7.9

Irlanda

7.5

0.23

8.7

6.5

7.2

7.9

Bahamas

7.3

0.11

7.5

7.1

7.4

Chile

7.2

0.21

8.7

6.3

6.9

7.6

Qatar

7.2

0.79

9.3

3.7

5.8

8.4

Estados Unidos

7.1

0.40

9.2

4.5

6.5

7.8

Francia

7.0

0.27

8.2

5.7

6.6

7.4

Santa Lucía

7.0

0.26

7.5

6.5

6.7

7.4

Uruguay

7.0

0.28

8.3

6.3

6.6

7.5

Emiratos Árabes Unidos

6.8

0.46

9.0

4.9

6.1

7.6

Estonia

6.4

0.29

8.5

5.1

5.9

6.8

Chipre

6.3

0.37

7.3

5.0

5.6

6.9

España

6.2

0.28

7.3

4.5

5.7

6.7

Botswana

6.1

0.19

7.1

5.4

5.8

6.4

Portugal

6.1

0.42

7.5

4.5

5.4

6.8

Taiwán

6.1

0.31

8.3

5.1

5.7

6.7

Eslovenia

5.9

0.39

7.5

4.5

5.2

6.5

4.4

5.3

6.2

Israel

5.8

0.27

6.5

San Vicente y las Granadinas

5.8

0.73

7.5

4.7

4.8

6.7

Bhután

5.7

0.28

6.5

4.9

5.3

6.1

Malta

5.6

0.23

6.5

5.1

5.2

6.0

Puerto Rico

5.6

0.48

7.1

4.5

4.8

6.4

Cabo Verde

5.5

0.29

6.5

4.4

5.1

6.0

Polonia

5.5

0.30

7.5

3.7

5.0

6.0

0.23

7.3

4.1

5.0

5.7

Corea (Sur)

5.4

CONOCIMIENTO

Ética y corrupción

Rango MínimoMáximo

Intervalo de confianza del 90%

Posición

País/Territorio

Puntuación del IPC 2011

Posición

Encuestas utilizadas

Desviación estándar

Máx.

Mín.

Mínimo

Máximo

Brunei

5.2

0.59

6.5

3.7

4.2

6.3

Dominica

5.2

0.26

5.8

4.7

4.8

5.5

Bahréin

5.1

0.67

7.9

3.1

4.1

6.3

Macao

5.1

0.74

6.0

3.3

4.2

6.0

Mauricio

5.1

0.37

7.1

4.4

4.6

5.8

Ruanda

5.0

0.72

7.4

3.4

3.8

6.2

Costa Rica

4.8

0.59

7.1

2.6

3.8

5.8

Lituania

4.8

0.44

7.1

2.6

4.0

5.5

Omán

4.8

0.82

8.1

2.6

3.5

6.2

Seychelles

4.8

0.97

7.1

3.0

3.5

6.2

Hungría

4.6

0.41

7.1

2.3

3.9

5.2

Kuwait

4.6

0.66

7.5

2.6

3.6

5.7

Jordania

4.5

0.29

5.5

3.1

4.0

4.9

República Checa

4.4

0.29

5.8

2.3

3.9

4.8

Namibia

4.4

0.30

5.8

3.2

3.9

4.9

Arabia Saudita

4.4

0.86

8.1

2.6

3.2

6.0

Malasia

4.3

0.31

6.3

2.7

3.8

4.8

Cuba

4.2

0.49

5.2

3.1

3.2

5.1

Letonia

4.2

0.30

5.1

2.6

3.7

4.6

Turquía

4.2

0.22

5.4

3.2

3.8

4.6

Georgia

4.1

0.43

6.0

2.6

3.5

4.9

Sudáfrica

4.1

0.21

5.2

3.2

3.8

4.4

Croacia

4.0

0.21

5.2

3.4

3.7

4.4

Montenegro

4.0

0.50

5.5

2.6

3.1

4.8

Eslovaquia

4.0

0.36

5.8

1.9

3.4

4.6

Ghana

3.9

0.28

5.1

2.3

3.4

4.3

Italia

3.9

0.19

4.8

3.2

3.6

4.2

Macedonia, Ex R. Y. de

3.9

0.21

4.5

3.2

3.6

4.3

Samoa

3.9

0.35

4.7

3.3

3.4

4.3

Brasil

3.8

0.24

5.2

2.8

3.4

4.2

Túnez

3.8

0.67

8.0

2.2

2.8

5.1

China

3.6

0.26

5.4

2.2

3.2

4.1

Rumania

3.6

0.17

4.9

2.8

3.4

3.9

Gambia

3.5

0.65

5.7

1.8

2.5

4.6

Lesoto

3.5

0.44

5.8

2.3

2.9

4.3

Vanuatu

3.5

0.92

5.8

2.1

2.3

4.7

Colombia

3.4

0.29

5.2

2.5

3.0

3.9

El Salvador

3.4

0.10

3.9

3.0

3.3

3.6

Grecia

3.4

0.26

4.5

2.6

3.0

3.8

Marruecos

3.4

0.37

5.2

2.2

2.9

4.1

Perú

3.4

0.16

4.1

2.4

3.1

3.6

Tailandia

3.4

0.15

4.1

2.6

3.1

3.6

Bulgaria

3.3

0.27

5.4

2.3

2.9

3.8

CONOCIMIENTO

Ética y corrupción

Rango MínimoMáximo

Intervalo de confianza del 90%

Posición

País/Territorio

Puntuación del IPC 2011

Posición

Encuestas utilizadas

Desviación estándar

Máx.

Mín.

Mínimo

Máximo

Jamaica

3.3

0.18

4.2

2.6

3.1

3.6

Panamá

3.3

0.23

4.4

2.6

2.9

3.7

Serbia

3.3

0.20

4.3

2.6

3.0

3.6

Sri Lanka

3.3

0.23

4.4

2.1

2.9

3.7

BosniaHerzegovina

3.2

0.12

3.5

2.7

3.0

3.4

Liberia

3.2

0.34

4.4

1.9

2.6

3.8

Trinidad y Tobago

3.2

0.32

4.4

2.4

2.7

3.7

Zambia

3.2

0.31

5.2

2.2

2.7

3.8

Albania

3.1

0.18

4.0

2.3

2.8

3.4

India

3.1

0.12

3.9

2.6

2.9

3.3

Kiribati

3.1

0.56

4.4

2.1

2.3

3.8

Suazilandia

3.1

0.08

3.3

2.8

2.9

3.2

Tonga

3.1

0.17

3.4

2.7

2.9

3.4

100

Argentina

3.0

100

0.21

3.7

1.6

2.6

3.3

100

Benín

3.0

100

0.18

3.7

2.3

2.7

3.3

100

Burkina Faso

3.0

100

0.31

4.8

2.0

2.6

3.6

100

Yibuti

3.0

100

0.59

4.4

2.2

3.7

100

Gabón

3.0

100

0.29

3.7

2.1

2.5

3.4

100

Indonesia

3.0

100

0.27

5.2

1.9

2.6

3.5

100

Madagascar

3.0

100

0.40

5.2

1.8

2.4

3.7

100

Malawi

3.0

100

0.18

3.9

2.1

2.7

3.3

100

México

3.0

100

0.13

3.7

2.3

2.8

3.2

100

Santo Tomé y Príncipe

3.0

100

0.19

3.4

2.6

2.7

3.3

100

Surinam

3.0

100

0.37

3.9

2.6

3.5

100

Tanzania

3.0

100

0.18

3.7

2.1

2.6

3.2

112

Argelia

2.9

112

0.16

3.3

2.0

2.6

3.1

112

Egipto

2.9

112

0.21

4.1

2.4

2.6

3.2

112

Kosovo

2.9

112

0.10

3.1

2.7

3.0

112

Moldavia

2.9

112

0.13

3.5

2.5

2.7

3.1

112

Senegal

2.9

112

0.15

3.9

2.1

2.6

3.1

112

Vietnam

2.9

112

0.17

3.7

1.9

2.6

3.1

118

Bolivia

2.8

118

0.18

3.4

2.0

2.5

3.1

118

Mali

2.8

118

0.20

3.4

1.9

2.4

3.1

120

Bangladesh

2.7

120

0.34

5.2

1.9

2.1

3.3

120

Ecuador

2.7

120

0.22

3.7

1.9

2.3

3.0

120

Etiopía

2.7

120

0.18

3.6

2.0

2.4

3.0

120

Guatemala

2.7

120

0.19

3.5

2.1

2.4

3.1

120

Irán

2.7

120

0.35

4.3

1.9

2.2

3.3

120

Kazajstán

2.7

120

0.37

4.8

1.5

2.1

3.3

120

Mongolia

2.7

120

0.13

3.3

2.1

2.5

2.9

120

Mozambique

2.7

120

0.16

3.6

2.0

2.4

3.0

120

Islas Salomón

2.7

120

0.28

3.3

2.1

2.3

3.1

129

Armenia

2.6

129

0.16

3.5

2.0

2.4

2.9

CONOCIMIENTO

Ética y corrupción

Rango MínimoMáximo

Intervalo de confianza del 90%

Puntuación del IPC 2011

Posición

Encuestas utilizadas

Desviación estándar

Máx.

Mín.

Mínimo

Máximo

República Dominicana

2.6

129

0.19

3.3

1.8

2.3

2.9

129

Honduras

2.6

129

0.19

3.5

1.9

2.3

2.9

Posición

País/Territorio

129

Filipinas

2.6

129

0.19

4.1

1.8

2.4

3.0

129

Siria

2.6

129

0.16

3.2

1.9

2.3

2.8

134

Camerún

2.5

134

0.19

3.7

1.9

2.2

2.8

134

Eritrea

2.5

134

0.56

4.4

1.8

3.2

134

Guyana

2.5

134

0.10

2.8

2.2

2.3

2.7

134

Líbano

2.5

134

0.15

3.2

2.0

2.3

2.7

134

Maldivas

2.5

134

0.15

2.7

2.1

2.3

2.7

134

Nicaragua

2.5

134

0.21

3.7

1.9

2.2

2.9

134

Níger

2.5

134

0.17

3.1

2.0

2.3

2.8

134

Pakistán

2.5

134

0.13

3.2

1.9

2.3

2.7

134

Sierra Leona

2.5

134

0.15

3.0

1.9

2.2

2.7

143

Azerbaiyán

2.4

143

0.19

3.4

1.9

2.1

2.7

143

Bielorrusia

2.4

143

0.10

2.6

2.1

2.3

2.6

143

Comoras

2.4

143

0.37

3.3

1.8

1.9

2.9

143

Mauritania

2.4

143

0.18

3.3

2.0

2.1

2.7

143

Nigeria

2.4

143

0.14

3.2

1.9

2.2

2.7

143

Rusia

2.4

143

0.22

4.5

1.9

2.1

2.8

143

Timor-Leste

2.4

143

0.26

3.3

1.5

2.0

2.8

143

Togo

2.4

143

0.08

2.6

2.2

2.3

2.5

143

Uganda

2.4

143

0.13

3.2

2.1

2.2

2.7

152

Tayikistán

2.3

152

0.28

3.6

1.5

1.8

2.8

152

Ucrania

2.3

152

0.10

2.8

1.8

2.1

2.5

154

República Centroafricana

2.2

154

0.05

2.4

2.1

2.3

154

Congo, República del

2.2

154

0.10

2.6

1.9

2.0

2.3

154

Costa de Marfil

2.2

154

0.15

3.2

1.8

2.0

2.5

154

Guinea-Bissau

2.2

154

0.10

2.6

2.0

2.4

154

Kenia

2.2

154

0.12

2.7

1.5

2.0

2.4

154

Laos

2.2

154

0.16

2.7

1.9

2.0

2.5

154

Nepal

2.2

154

0.10

2.7

2.0

2.1

2.4

154

Papua Nueva Guinea

2.2

154

0.16

2.7

1.5

1.9

2.4

154

Paraguay

2.2

154

0.17

3.1

1.9

2.0

2.5

154

Zimbabwe

2.2

154

0.37

3.8

0.9

1.6

2.9

164

Camboya

2.1

164

0.15

3.1

1.5

1.9

2.4

164

Guinea

2.1

164

0.11

2.6

1.8

1.9

2.3

164

Kirguistán

2.1

164

0.09

2.6

1.7

2.0

2.3

164

Yemen

2.1

164

0.12

2.6

1.6

1.9

2.3

168

Angola

2.0

168

0.10

2.6

1.5

1.8

2.2

168

Chad

2.0

168

0.05

2.3

1.8

2.0

2.1

168

República Democrática del Congo

2.0

168

0.09

2.4

1.8

1.9

2.2

CONOCIMIENTO

Ética y corrupción

Rango MínimoMáximo

Intervalo de confianza del 90%

Posición

País/Territorio

Puntuación del IPC 2011

Posición

Encuestas utilizadas

Desviación estándar

Máx.

Mín.

Mínimo

Máximo

168

Libia

2.0

168

0.13

2.6

1.7

1.8

2.2

172

Burundi

1.9

172

0.14

2.5

1.5

1.7

2.2

172

Guinea Ecuatorial

1.9

172

0.07

2.1

1.8

2.0

172

Venezuela

1.9

172

0.10

2.3

1.4

1.7

2.1

175

Haití

1.8

175

0.14

2.2

1.4

1.6

2.0

175

Irak

1.8

175

0.09

2.0

1.5

1.7

1.9

177

Sudán

1.6

177

0.08

1.9

1.4

1.7

177

Turkmenistán

1.6

177

0.12

1.9

1.4

1.8

177

Uzbekistán

1.6

177

0.11

2.1

1.4

1.5

1.8

180

Afganistán

1.5

180

0.10

1.8

1.2

1.4

1.7

180

Myanmar

1.5

180

0.26

2.0

0.6

1.0

1.9

182

Corea (Norte)

1.0

182

0.24

1.4

0.4

0.7

1.3

182

Somalia

1.0

182

0.23

1.5

0.4

0.6

1.4

CONOCIMIENTO

Ética y corrupción

Dos gigantes económicos emergentes

Las empresas de china y rusia, las más propensas a pagar sobornos en el extranjero

Londres/Berlín.- El soborno de funcionarios públicos durante el transcurso de actividades comerciales en el extranjero sería una práctica habitual, según señala una encuesta efectuada a 3,000 ejecutivos de empresas de países desarrollados y en desarrollo. El índice de Fuentes de Soborno 2011 de Transparency International clasifica a 28 de los principales países exportadores internacional y extranjero. Las empresas de China y Rusia, que durante 2010 invirtieron US$120.000 millones en el exterior, se perciben como las más propensas a participar en sobornos en el extranjero. Por su parte, las empresas de los Países Bajos y Suiza se consideran las menos propensas a pagar sobornos (ver anexos). Abordar el problema del soborno transnacional debe de ser una cuestión prioritaria para la comunidad internacional. Un año atrás, el grupo que congrega a las 20 principales economías del mundo (G20) se comprometió a hacer frente al soborno transnacional mediante el lanzamiento de un plan de acción contra la corrupción. El informe sobre avances elaborado por el grupo de trabajo que monitorea el plan de acción, reconoce las medidas adoptadas por China, Rusia, Indonesia e India –todos los países que integran este grupo- en materia de penalización del soborno transnacional. Transparency International considera positiva la elaboración del informe e insta a una implementación inmediata de las medidas adicionales contra la corrupción que propone el documento. EL IMPACTO DEL SOBORNO En la encuesta, diversos líderes de empresas internacionales indicaron que existe una práctica generalizada de pago

de sobornos a funcionarios públicos por parte de empresas con el fin de, por ejemplo, conseguir la adjudicación de licitaciones públicas, evitar el cumplimiento de reglamentaciones, agilizar procesos gubernamentales o influir en la determinación de políticas. No obstante, las compañías son casi igualmente proclives a pagar sobornos a otras empresas, según señala el informe, donde se analiza por primera vez el soborno entre empresas. Este hallazgo sugiere que la corrupción no es únicamente un problema del sector público, sino también del sector empresarial, y esto trae aparejados importantes riesgos financieros y de reputación para las empresas afectadas. “Es claro que el soborno continúa siendo una práctica empresarial habitual en muchísimas compañías, y se manifiesta en sus diversos acuerdos comerciales, no sólo en aquellos celebrados con funcionarios públicos. A su vez, las empresas que no toman medidas para prevenir el soborno en sus cadenas de suministro se exponen a la posibilidad de enfrentar acciones judiciales por la conducta de empleados y socios comerciales”. El Índice de Fuentes de Soborno 2011 examina también la probabilidad de que empresas de 19 sectores específicos participen en sobornos y ejerzan influencia indebida sobre gobiernos: • Las empresas de obras públicas y construcción obtuvieron la puntuación más baja de la encuesta. Se trata de un sector donde la omisión de reglamentaciones y las deficiencias en el cumplimiento pueden tener efectos desastrosos para la seguridad pública. • El sector petróleo y gas también se percibe como par

CONOCIMIENTO

Ética y corrupción

ticularmente proclive al soborno. Desde hace tiempo las industrias extractivas se han mostrado propensas a riesgos de corrupción. Compañías que realizan actividades comerciales en Nigeria, un país con abundantes recursos petrolíferos, han recibido multas de hasta US$3.200 millones entre 2010 y 2011 en relación con casos de soborno de funcionarios públicos.

percepciones del soborno transnacional por sector Las puntuaciones se obtienen a partir de las respuestas ofrecidas por ejecutivos de empresas a la pregunta de con qué frecuencia las compañías de un determinado sector, con las cuales mantienen relaciones comerciales, participan en sobornos (0=siempre, 10=nunca) Posición

Sector

Puntuación del sector

Agricultura

7,1

Industria ligera

7,1

Sector aeroespacial civil

7,0

Tecnología de la información

7,0

Sector bancario y de finanzas

6,9

Silvicultura

6,9

Servicios para el consumidor

6,8

Telecomunicaciones

6,7

Transporte y almacenamiento

6,7

Sector de armamento, defensa y militar

6,6

Pesca

6,6

Industria pesada

6,5

Sector farmacéutico y de atención de la salud

6,4

Generación y transmisión de energía

6,4

Minería

6,3

Petróleo y gas

6,2

Sector inmobiliario, de propiedades y servicios empresariales y jurídicos

6,1

Servicios públicos

6,1

Contratos de obras públicas y construcción

5,3

Promedio

6,6

CONOCIMIENTO

Ética y corrupción

Los delitos económicos, en aumento, revela encuesta global 2011 de pwc El 34% de los encuestados ha sido víctima de uno o más timos en los últimos 12 meses, entre ellos soborno, corrupción, robo o malversación de activos y fraudes contables

egún la Encuesta Global de Delitos Económicos 2011 de PricewaterhouseCoopers, más de una tercera parte de las empresas y otras organizaciones alrededor del mundo han sido víctimas de algún delito económico en los últimos 12 meses. Aproximadamente la cuarta parte de las víctimas mencionó haber sido objeto de ataques cibernéticos, en los que el uso de la tecnología ha sido el principal factor para este tipo de delitos. Los territorios que reportan los niveles más altos en este rubro son: Kenya, 66 por ciento de los encuestados; Sudáfrica, 60 por ciento; UK, 51 por ciento; Nueva Zelanda, 50 por ciento; España y Australia, 47 por ciento; Argentina y Francia, 46 por ciento; Estados Unidos y Malasia, 45 por ciento, y México, 40 por ciento. LOS CASOS MÁS FRECUENTES El 34 por ciento de los encuestados señaló que sus organizaciones habían sido víctimas de algún delito económico, lo que representa un aumento de 13 por ciento en comparación con 2009. El robo o malversación de activos (citado por el 72 por ciento) fue el tipo más común de delito económico reportado, seguido por los fraudes contables, el soborno y la corrupción (24 por ciento cada uno) y los delitos cibernéticos (23 por ciento). Aunque puede ser difícil medir el costo directo de los delitos económicos en una organización, cerca del 10 por ciento de las víctimas reportó pérdidas por más de cinco millones de dólares estadounidenses. Entre las empresas que han sido víctimas de soborno y corrupción, 20 por ciento reportó haber perdido en promedio más de cinco millones de dólares estadounidenses. Las víctimas de delitos económicos también reportaron importantes daños secundarios, debido a los fraudes. El monitoreo de transacciones sospechosas se ha convertido en el método más eficaz para la detección de fraudes, mencionado por

CONOCIMIENTO

Ética y corrupción

15 por ciento de los encuestados, lo que significa un aumento en comparación con el cinco por ciento registrado en 2009. ESTUDIO COMPLETO La encuesta de tres mil 877 participantes de 78 países diferentes constituye el estudio más completo de su tipo. Dicha encuesta reveló que los delitos económicos siguen prevaleciendo en las organizaciones de todos los tamaños, en todos los países y en todas las industrias. “Los delitos económicos siguen generalizándose, y afectan a empresas grandes y pequeñas en todo el mundo, sin discriminación alguna. Ninguna industria o empresa de ningún país es inmune al impacto de un fraude”, dijo Tony Parton, socio de la práctica forense de PwC en Londres. En un mundo en el que la mayoría de las empresas depende de la tecnología, éstas están expuestas al riesgo de ser víctimas de algún delito cibernético desde cualquier parte del mundo en donde haya una computadora, un teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo con acceso a Internet. Parton comentó: “El creciente índice de pérdida y robo de información, virus, hacking y otros delitos cibernéticos, demuestra la necesidad de contar con un método más eficaz para protegerse de este tipo de delitos y prevenir los fraudes”. DELITOS CIBERNÉTICOS En la actualidad, los delitos cibernéticos constituyen uno de los cuatro delitos económicos más importantes. La percepción de los delitos cibernéticos como una amenaza externa predominante está cambiando y las organizaciones ya reconocen el riesgo de que estos delitos también se lleven a cabo desde el interior de las mismas. Los participantes comentaron que las Áreas de Tecnología de la Información son la fuente más probable de delitos cibernéticos internos. El área de TI fue mencionada por 53 por ciento de los participantes, seguida de las áreas de Operaciones, Ventas y Mercadotecnia, y Finanzas. A pesar de que la mitad de los encuestados notaron un incremento en el nivel de concientización sobre los delitos cibernéticos, la mayoría de los participantes dijo no tener un plan de respuesta a las crisis de delitos cibernéticos o no están enterados de que exista uno en sus empresas. Asimismo, 60 por ciento comentó que su organización no monitorea los medios sociales. La encuesta reveló que el perfil típico de un defraudador cibernético interno muestra las siguientes características: puede tener un nivel bajo o intermedio dentro de la organización, menos de 40 años, y haber trabajado para la empresa menos de cinco años. Quienes mencionaron que era más probable que los delitos cibernéticos provinieran de fuentes externas y fuera de su país de origen, mencionaron a Hong Kong y China, India, Nigeria, Rusia y EE.UU. como las principales fuentes de amenazas cibernéticas. OTROS RESULTADOS Los delitos económicos predominan en las organizaciones grandes; 54 por ciento de los encuestados de organiza-

ciones que tienen más de mil empleados reportó incidentes durante los 12 últimos meses, en comparación con 29 por ciento de las que tienen menos de mil, y 17 por ciento de las que tienen menos de 200. Los fraudes contables han disminuido significativamente desde 2009. El porcentaje de los encuestados que reportó este tipo de fraudes disminuyó de 37 por ciento en 2009, y regresó a los niveles de 2005. La mayoría de los delitos económicos de todo tipo –56 por ciento-- son cometidos por estafadores internos. Cuarenta por ciento de los encuestados reportó haber sido víctima de algún fraude externo. La eficacia en la detección de delitos económicos se ha reducido desde 2007. Los sistemas de auditoría interna y administración de riesgos, así como los sistemas de denuncia ya no son los principales medios para descubrir fraudes. El único método de detección que mostró una mayor eficacia fue el monitoreo de transacciones sospechosas. Nota para los editores: Metodología: la sexta Encuesta Global de Delitos Económicos de PwC se llevó a cabo de junio a noviembre de 2011. El cuestionario de la encuesta incluyó tres secciones: una contenía las preguntas del perfil general; otra, las preguntas comparativas para identificar qué tipo de delito económico habían sufrido las organizaciones, y la tercera sección trataba el tema específico de este año: los delitos cibernéticos. La encuesta en línea fue respondida por 3,877 personas de 78 países. Se solicitó a los participantes responder las preguntas sobre sus organizaciones y el país donde llevan a cabo sus principales operaciones. Sobre PwC Las firmas de PwC ayudan a las organizaciones y a los individuos a crear el valor que necesitan. Somos una red de firmas con presencia en 158 países y contamos aproximadamente con 169,000 personas comprometidas con ofrecer servicios de auditoría, impuestos y consultoría de la más alta calidad. Díganos qué es importante para usted y obtenga más información sobre nosotros en: www.pwc.com. “PwC” es la marca bajo la cual operan y prestan servicios las firmas miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). El conjunto de firmas miembro conforman la red de PwC. Cada firma de la red constituye una entidad legal independiente y no funge como agente de PwCIL o de ninguna otra firma miembro. PwCIL no presta ningún servicio al cliente. PwCIL no se hace responsable por las acciones u omisiones de cualquiera de sus firmas miembro ni tiene la capacidad de limitar la aplicación de sus criterios profesionales ni controlarlas en forma alguna. 2011 PwC. Todos los derechos reservados.

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CONOCIMIENTO

una agenda de política pública

Maestro Alfredo Esparza Jaime Presidente del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de Estados Americanos (OEA). aesparzaj@gmail. com

compromisos derivados de la convención 1 interamericana contra la corrupción Alfredo Esparza Jaime I. DERECHO INTERNACIONAL Y AGENDA GLOBAL ANTICORRUPCIÓN a Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales define como “tratado” aquel acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito, entre uno o varios estados y una o varias organizaciones internacionales; o entre organizaciones internacionales. A su vez, un tratado puede referirse tanto a una convención, como a un convenio, pacto o acuerdo. La razón por la cual los estados suscriben y ratifican estos tratados puede derivarse de la necesidad de los gobiernos por construir e identificar soluciones verdadera-

mente globales a los problemas que se derivan del proceso de la globalización. La corrupción, como problema no sólo político, sino económico, social, cultural e inclusive de seguridad nacional, es un claro ejemplo de una agenda de política pública global, en la cual, tanto estados como organismos internacionales multilaterales han centrado su atención en las últimas décadas. La corrupción, como lo señalan diversos estudios e índices internacionales en la materia, es un fenómeno que se presenta tanto en naciones desarrolladas, como en países en vías de desarrollo, y que ha permeado tanto a organizaciones gubernamentales, como sociales y del sector privado2.

CONOCIMIENTO

INICIATIVAS GLOBALES ANTICORRUPCIÓN Hoy en día, podemos identificar un sinnúmero de iniciativas globales anticorrupción, que, aunque con distintas perspectivas, buscan impulsar una agenda global de prevención y combate a la corrupción. Posadas (2000) señala que en general pueden identificarse cuatro tendencias que orientan la agenda internacional anticorrupción. Éstas son: 1) La criminalización del soborno a funcionarios públicos extranjeros. 2) El combate a la corrupción doméstica. 3) La promoción de la transparencia e integridad de los procesos de contrataciones públicas, 4) La promoción de un enfoque integral de combate a la corrupción, a partir de la aplicación de principios de buen gobierno y de la adopción de sistemas de integridad nacional. A partir de la década de los años 90, la comunidad internacional dio un giro muy importante a la orientación y contenido de la agenda anticorrupción, toda vez que ésta dejo de verse como un asunto de política doméstica, para concebirse como una verdadera agenda de política pública internacional, con dos objetivos generales. Por un lado, fortalecer el marco jurídico, los sistemas e instituciones nacionales para prevenir y combatir la corrupción; y por otro, fortalecer los mecanismos de asistencia legal y cooperación técnica entre los diversos Estados. Estos dos objetivos se han reflejado en los distintos instrumentos jurídicos internacionales. Al respecto, es necesario distinguir lo que comúnmente se denominan instrumentos “duros”, de los llamados instrumentos “blandos”. Los primeros se refieren a los tratados y las convenciones internacionales, mientras que los segundos se refieren a las recomendaciones, resoluciones o declaraciones realizadas por los distintos foros y organismos internacionales. Esta distinción resulta de suma importancia, toda vez que los compromisos que se adquieren en el marco de los tratados o convenciones internacionales son de carácter vinculante y, por lo tanto, los estados están obligados a su cumplimento. A diferencia de los compromisos establecidos con los instrumentos “duros”, las recomendaciones o declaraciones que se derivan de los instrumentos “blandos” no son necesariamente vinculantes y, por lo tanto, pueden ser considerados únicamente como elementos de referencia o buenas prácticas. II. LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES ANTICORRUPCIÓN De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito3, hoy existen diversos instrumentos jurídicos, tanto regionales como globales, destinados a orientar el proceso de diseño, instrumentación y evaluación de las políticas y estrategias nacionales de prevención y combate a la corrupción. México ha suscrito y ratificado tres de estos tratados internacionales: 1. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA),

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firmada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela y ratificada por el Senado de la República el 30 de octubre de 1996. 2.La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), firmada el 17 de diciembre de 1997 y ratificada por el Senado de la República el 22 de abril de 1999. 3.La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Convención de Mérida, firmada el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por el Senado de la República el 29 de abril de 2004. De manera general, las tres convenciones son instrumentos de política pública que apoyan los esfuerzos de los gobiernos nacionales y de sus autoridades para: 1) identificar prácticas exitosas en materia de prevención y combate a la corrupción; 2) impulsar cambios legislativos con la finalidad de armonizar la legislación nacional con los ordenamientos internacionales; 3) coordinar e institucionalizar prácticas anticorrupción; y 4) monitorear y evaluar el desempeño de los Estados en esta materia. CONVENCIÓN DE LA ONU CONTRA LA CORRUPCIÓN La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) o Convención de Mérida, se firmó durante la reunión de la Conferencia Política de Alto Nivel que se realizó en Mérida, Yucatán. Esta convención es considerada como el primer instrumento global en materia de combate a la corrupción, ya que a diferencia de otros instrumentos jurídicos regionales y de los instrumentos temáticos específicos, integra una serie de aspectos y prácticas tendientes a prevenir y combatir de manera frontal y global la corrupción. Dos son los elementos por los cuales la CNUCC es considerada un instrumento global: primero, por un lado, por la cobertura geográfica de la convención y, segundo, por la diversidad de temas que incluye, entre los que destacan: 1. Medidas preventivas. 2. Penalización de diversos actos de corrupción, y aplicación de la ley. 3. Mecanismos de cooperación internacional. 4. Mecanismos para la recuperación de activos. 5. Asistencia técnica e intercambio de información.

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CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO Dado que la corrupción es un problema complejo y dinámico, la estrategia anticorrupción que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, busca hacer frente a dicho fenómeno desde el lado de la “oferta” y de la “demanda” (Bertok, 2001). Por el lado de la demanda; es decir, desde la óptica del sector público, la OCDE promueve, entre otras acciones, la adopción de principios éticos y de integridad en la gestión pública, así como políticas para prevenir y sancionar el conflicto de interés en el servicio público. Por el lado de la “oferta”, se encuentran los compromisos establecidos en la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales. El objetivo de esta convención es que los gobiernos tomen las medidas necesarias para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros, en relación con las transacciones comerciales internacionales. Para ello, el artículo 1 de la Convención de la OCDE establece que cada Estado parte tomará las medidas necesarias para tipificar que conforme a su jurisprudencia sea un delito penal que una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de éste o para un tercero, para que ese servidor actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra ventaja indebida en el manejo de negocios internacionales. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización de Estados Americanos OEA, fue el primer instrumento jurídico internacional y de cooperación creado específicamente con el objetivo de prevenir y sancionar actos de corrupción. Los estados que integran la OEA adoptaron la Convención en 1996, y cinco años después establecieron el mecanismo de evaluación de la Convención conocido como el MESICIC. Los propósitos de la CICC están señalados en su artículo II, y son: 1. Promover y fortalecer el desarrollo de cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. Derivado de la lectura del artículo II, se puede observar que la CICC busca establecer y fortalecer el marco institucional de los estados en materia de prevención, control y sanción de la corrupción, así como impulsar la cooperación entre los estados. Es por ello que la convención puede ser analizada a partir de dos perspectivas: la doméstica y la internacional. Mientras que la primera atiende al contenido de los artículos III (Medidas Preventivas), IV (Ámbito de Aplicación), VI (Actos de Corrupción), VII (Legislación Interna), VIII (Soborno transnacional), IX (Enriquecimiento ilícito), entre otros; la segunda está contenida en los artículos V (Jurisdicción), XIII (Extradición), XIV (Asistencia y cooperación), entre otros. Como ya lo han señalado diversos autores, entre ellos Low y Gramont (2000), la CICC presentó en su momento un enfoque mucho más integral que otros instrumentos jurídicos internacionales, en el combate a la corrupción, ya que adicionalmente a la criminalización de diversas conductas, entre ellas, el soborno transnacional (artículo VIII) y el enriquecimiento ilícito (artículo IX), la CICC estableció diversas medidas orientadas a prevenir la corrupción en el sector público. Al respecto, el artículo III de la CICC establece las medidas preventivas que los estados partes convienen en considerar, dentro de sus propios sistemas institucionales. Estas medidas son:

CONOCIMIENTO

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública. 2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta. 3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades. 4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda. 5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. 6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción. 7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes. 8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. 9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. 10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos, que permitan a su personal detectar actos de corrupción. 11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. Manfroni y Werskman (2003) señalan cuatro características que hacen que el artículo III de la CICC sea diferente al resto de los artículos de la convención. Primero, el objetivo de las diferentes secciones contenidas en el artículo III es prevenir y no sancionar actos de corrupción; segundo, el artículo III establece menos compromisos vinculantes a los estados partes; y tercero, el énfasis del artículo es en el ámbito administrativo y no en el penal de la corrupción.

CONOCIMIENTO

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Con la finalidad de contar un mecanismo de seguimiento para la implementación de la convención, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos acordaron, en 2001, el establecimiento de un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). De acuerdo con el Documento de Buenos de Aires4, el mecanismo tiene como finalidad: 1) promover la implementación de la CICC; 2) dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la Convención y analizar la forma en que están siendo implementados; y 3) facilitar la realización de actividades de cooperación técnica, el intercambio de información, experiencias y prácticas óptimas así como la armonización de las legislaciones de los Estados Parte. El MESICIC está integrado por tres órganos, que son: la Conferencia de los Estados Parte, el Comité de Expertos y la Secretaría Técnica. Dado que en este artículo se busca hacer referencia al componente técnico y las recomendaciones de política pública que se derivan de las convenciones, únicamente habré de referirme al Comité de Expertos del MESICIC, integrado por los expertos gubernamentales designados por cada uno de los estados parte miembros del mecanismo, y que es la instancia responsable de evaluar el de la convención por parte de los estados parte y de elaborar recomendaciones para fortalecer su implementación (ver cuadro 1).

cuadro 1 Funciones del comité de Expertos (MESicic) El artículo 3 del reglamento y normas de procedimiento establece que el Comité cumplirá, entre otras, con las siguientes funciones: -Adoptar su programa de trabajo anual. -Seleccionar las disposiciones incluidas en la Convención, cuya implementación por todos los Estados Parte será objeto de análisis, procurando incluir tanto medidas preventivas como otras disposiciones establecidas en la Convención y decidir cuál será la duración del periodo que dedicará a ese trabajo, el que se denominará ronda. -Adoptar una metodología para el análisis de la implementación de las disposiciones de la Convención escogidas para ser analizadas en cada ronda. -Adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda. -Determinar la conformación de los subgrupos, integrados por expertos de dos Estados Parte, que con el apoyo de la Secretaría, se encargarán de analizar la información referida a cada Estado parte. -Adoptar los informes de análisis en relación con cada Estado parte y uno Hemisférico al terminar cada ronda. -Promover y facilitar la cooperación entre los Estados Parte, en el marco de lo dispuesto en la Convención y de acuerdo con lo establecido en el Documento de Buenos Aires.

RONDAS DE EVALUACIÓN Para verificar el cumplimiento del la Convención, se establecieron las rondas de evaluación. En cada ronda, el Comité de Expertos ha determinado el o los temas que han sido evaluados. A la fecha el comité ha llevado a cabo tres rondas de evaluación, en donde se han analizado diversas disposiciones de la convención. Para mayor información sobre las rondas y disposiciones de la convención que se han analizado en cada una de ellas, referirse al anexo 1. Actualmente, se lleva a cabo la Cuarta Ronda, durante la cual el Comité de Expertos realizará un análisis integral de los órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas de corrupción (artículo III, párrafo 9 de la Convención). Es importante señalar que por primera vez, y como parte del proceso de evaluación, se llevarán a cabo visitas in-situ, con la finalidad de precisar, aclarar o complementar la información que sea suministrada por el Estado analizado. Como resultado de cada una de las rondas, el Comité de Expertos integra un informe al país, en el cual se establecen las recomendaciones que el Comité de Expertos realiza a partir del análisis de las disposiciones seleccionadas. Dicho análisis se realiza con base en los siguientes criterios específicos: 1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas. 2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas. 3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas. 4. Nivel de avance en la implementación de la Convención. Estos informes representan, sin lugar a dudas, un elemento de suma importancia para los actores públicos, responsables del diseño, implementación o evaluación de las políticas y estrategias de prevención y combate a la corrupción, ya que en ellos se formulan a cada Estado recomendaciones concretas para solventar los vacíos normativos detectados, las inadecuaciones encontradas, y se impulsa la adopción de indicadores que permitan determinar objetivamente los resultados5.

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III. COMENTARIOS FINALES Primero: las Convenciones Internacionales Anticorrupción deben entenderse como un referente para el diseño de una agenda de política pública en materia de prevención y combate a la corrupción, toda vez que integran compromisos (vinculantes) para la tipificación y criminalización de diversas conductas como delitos, así como una serie de recomendaciones y buenas prácticas para la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la integridad institucional. Segundo: los informes al país que se derivan de la evaluación de la aplicación e implementación de las Convenciones Internacionales Anticorrupción, pueden orientar en el corto plazo la definición de agendas legislativas para armonizar y fortalecer el marco jurídico nacional, así como impulsar procesos de fortalecimiento institucional y de mejora de la gestión en los instituciones responsables de prevenir y combatir la corrupción. Tercero: es importante no perder de vista el hecho de que la agenda pública en materia de prevención y combate a la corrupción es una agenda dinámica y compleja, que demanda de la corresponsabilidad y participación de los actores e instituciones no sólo gubernamentales, sino sociales y privados para una mayor efectividad. NOTA AL PIE DE PÁGINA 1

La opinión expresada en el artículo corresponde a la del

rEFErEnciaS Bertok, Janos (2001) Construcción de una infraestructura de la ética: las experiencias recientes de los países de la OCDE en Revista Gestión y Política Pública, no. 24 del CIDE, México. Low y Gramont (2000) Inter-American Convention Against Corruption: Overview and status at three years since its inception, en The Experts Roundtable: a Hemispheric Approach to Combating Corruption, published by Transparency International. Manfroni, C. y Werksman, R. (2003) The InterAmerican Convention Against Corruption, annotated with commentary, Lexington Books, Maryland, United States. Posadas, Alejandro (2000) Combating Corruption Under International Law, School of Law, Duke University.

anexo i rondas de Evaluación y disposiciones de la convención que han sido evaluadas

autor y no refleja la posición oficial de la Organización. 2

Se recomienda ver de manera específica los resultados del

Índice de Percepción de la Corrupción y el Índice de Fuentes de

Primera Ronda

Soborno, publicados por Transparencia Internacional.

- Artículo III, normas de conducta: conflictos de intereses, preservación de recursos públicos, obligación de denunciar, mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las normas de conducta, declaraciones de ingresos, activos y pasivos, órganos de control superior y participación de la sociedad civil.

De acuerdo con esta oficina existen más de 18 instrumen-

tos legales internacionales en materia de combate a la corrupción. Al respecto véase: The Compendium of International legal instruments on corruption de la United Nations Office on Drugs and Crime. 4

Ver documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01) sobre el Mecan-

ismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención

- Artículo XIV: asistencia y cooperación. - Artículo XVIII, autoridades centrales.

Interamericana contra la Corrupción, aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001 (www.oas.org/ juridico/spanish/mesicic_intro_sp.htm) 5

Para conocer los Informes por País, los Informes Hemis-

féricos y los Informes Nacionales de Avances, realizados por en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, referirse a www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_informes.htm

Segunda Ronda - Artículo III, contratación de funcionarios públicos y sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y protección a denunciantes de actos de corrupción. - Artículo VI, actos de corrupción. Tercera Ronda - Artículo III, eliminación de beneficios tributarios por pagos contra la ley anticorrupción y prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. - Artículo VIII, soborno transnacional. - Artículo IX, enriquecimiento ilícito. - Artículo X, notificación - Artículo XIII, extradición.

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corrupción: de los ángeles a los Índices Federico reyes Heroles Federico Reyes Heroles es una de las personalidades culturales más activas en la vida pública de México. Escritor, catedrático y analista politico, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Patronato Universitario de la UNAM. Es fundador de la revista Este País y colabora en otras publicaciones regulares: en la Revista de la Universidad de México Los Universitarios, Nexos y en el periódico Reforma. Actualmente es presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana (capítulo mexicano de Transparency International). Su participación y sus constantes aportaciones lo han convertido en una de las voces más autorizadas en los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. El presente texto de Reyes Heroles es una síntesis del número uno de los Cuadernos de Transparencia, editados por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que se pretende sean un instrumento del conocimiento, un vehículo para circular ideas y una herramienta consultada y utilizada por cualquiera.

Federico Reyes Heroles MORALES INDIVIDUALES e trata de una historia tan vieja como la misma humanidad. Ya en la Biblia encontramos un conocido pasaje. Treinta monedas serán suficientes para que Judas delate a Jesús; todo ocurre en el huerto de Getsemaní. La señal es un beso en la mejilla. Al propio Sócrates, ya condenado a tomar la cicuta, le ofrecen la posibilidad de fugarse con la ayuda de un guardia. Por supuesto, no accede a comprar su vida. En estas célebres ocasiones, es la moral de los individuos la que pareciera determinar los hechos: si Judas no hubiese sido un traidor, no habría entregado a Cristo; si Sócrates no hubiese sido un extraordinario hombre de convicciones, se hubiera salvado. Pero la lectura de la moral individual es engañosa: nos hace creer que ella determina la existencia o no del fenómeno; no muestra las consecuencias sociales que nos afectan a todos, del acto de corromper a alguien. En esta lectura bastaría con forjar hombres de acero, incorruptibles, para que las cosas cambiaran. Pero el mundo está morado por hombres comunes. Un recetario sustentado en la vida de los ángeles sirve de poco.

MORALES INDIVIDUALES Y ALGO MÁS La gran mayoría de los ciudadanos han incidido, tarde o temprano, en algún acto de corrupción. Si bien es deseable

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que las sociedades vayan consolidando tejidos éticos y morales que las alejen de cualquier tentación corruptora, también lo es que hay otras coordenadas que deben ser exploradas con toda seriedad. Recordemos que, en general, los estudios sobre corrupción son bastante recientes. Se podría afirmar hasta hace década y media, que el fenómeno de la corrupción era visto como un asunto delicado y complejo que era mejor eludir. Incluso en algunas organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, cuando se topaban con evidencias ineludibles de corrupción, preferían referirse a ella como el factor “C”. ZONA VETADA Durante décadas, el Banco Mundial y otras instituciones internacionales intentaron seguir un camino que abordara indirectamente el problema. En ésta, llamada por algunos “ruta institucionalista”, la debilidad o fortaleza de las instituciones explicaba el fenómeno. Por ejemplo, si algún juez en algún país pobre se corrompía, situación casi impensable en un país desarrollado, lo que había que intentar era que ese juez tuviese las condiciones institucionales —sueldo, prestaciones, estabilidad laboral, etc...— como para no tener que resbalar en la corrupción. Los apoyos se multiplicaron con la idea de inyectar recursos y vida a esas piezas clave de las distintas naciones. Los recursos eran acompañados de sugerencias de incrementar los presupuestos de las burocracias de los distintos poderes, para tener cuerpos de élite incorruptibles. Pero esta propuesta no avanzó demasiado. Las brutales diferencias entre estados-nación no brindaban muchas alternativas: ¿cómo puede un país pobre multiplicar los gastos de sus burocracias por quince o veinte o treinta veces, sin generar una verdadera revuelta interna? DE CABEZA En el fondo subyacía una tesis que con el tiempo ha resultado falaz. Trataré de explicarla. Si se toma el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y se le sobrepone otro de niveles de corrupción, encontraremos una primera lectura tan veraz como inútil: los países más desarrollados son los menos corruptos o los países más corruptos son los menos desarrollados. La interpretación más común de esta verdad estadística era afirmar que la corrupción tendería a desaparecer conforme los niveles generales de desarrollo se incrementasen. La tesis sonaba bien: para ser un país sin problemas de corrupción, hay que provocar el desarrollo. A principios de la década de los noventa, dos personajes muy destacados comenzaron a releer el asunto con otros ojos. Peter Eigen y James D. Wolfensohn. El primero, ciudadano alemán, funcionario durante varias décadas del Banco Mundial, concluyó que muchas políticas seguidas por esa institución servían de poco frente a las consecuencias dramáticas del llamado factor “C”. Eigen se separó del banco y emprendió, desde fuera, una lucha contra la corrupción, con una perspectiva muy diferente. En 1993, fundó una organización civil, Transparency International. Los principios rectores de la institución fueron: La corrupción no sólo es un problema moral o ético, sino

un gran obstáculo al desarrollo de las naciones. La corrupción es un fenómeno internacional, que debe ser evaluado, medido y expuesto sistemáticamente, sin consideraciones diplomáticas o políticas. Sólo así podrían encontrar soluciones científicas. La tesis desarrollista comenzaba a tambalearse. Quizá no es que sean menos corruptos por ser desarrollados, sino a la inversa: son desarrollados por ser menos corruptos. Por décadas leímos el asunto de cabeza. MEDIR Eigen y un equipo decidieron lanzarse a la aventura de crear un índice de corrupción. Pero, ¿cómo medir la corrupción? La corrupción se esconde, es velada, permanece en la oscuridad. Había, sin embargo, una fórmula. Se trataba de una vía indirecta pero confiable: medir la percepción de la gente alrededor del fenómeno. Si la corrupción estaba allí, debía dejar huellas y estas huellas tendrían un registro en la opinión pública. La propuesta de Transparency es totalmente irreverente desde el punto de vista diplomático, pues el resultado final del ejercicio desembocó en un listado, en el cual podría compararse la corrupción en las distintas naciones según se la percibía. Una propuesta así sólo podría salir de una institución no gubernamental. Eigen y su equipo partieron de una tesis muy incómoda, desde el punto de vista político, contraria a cualquier consideración de soberanía y diplomacia: “si queremos mejorarlo, hay que medirlo”. Así, en 1996 apareció el primer Índice de Percepción de Corrupción o IPC. Las críticas al instrumento no tardaron. ¿Quiénes eran éstos que pisaban territorios tan delicados? ¿Cómo comparar descaradamente la corrupción entre las naciones? Además, eso de sustentarse en la percepción era una fórmula muy engañosa. Múltiples países protestaron, pero el Índice ahí quedó. El Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International o IPC, ratificaba que los países ricos eran menos corruptos que los países pobres. Sin embargo, el asunto no era tan sencillo. Los primeros países de la tabla calificaban como los más transparentes o menos corruptos, y eran naciones como Finlandia, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, etc... En el fondo de la lista, que abarcó en 2003 a poco más de 130 países, aparecen básicamente naciones del continente africano. Pero más allá de esa primera lectura, las preguntas que el Índice arrojaba merecían respuestas muy cautelosas. ¿Por qué no aparecían en los primeros lugares las economías más poderosas: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, etc...? Las naciones menos corruptas, calificadas por arriba de 9 sobre 10 puntos, poco tenían que ver con las

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economías más poderosas. La cuestión cuadraba un poco más con el ingreso per cápita de los ciudadanos, pues en ese orden de ideas, los primeros lugares los ocupan Suiza, Noruega, Dinamarca, pero de inmediato aparecen las excepciones: Japón, EUA. Es decir, ni el tamaño de la economía ni el ingreso de las personas muestran una relación directa con la corrupción. ¿Cómo explicarla? Regresemos a nuestro segundo personaje, James D. Wolfensohn. Este hombre multifacético llegó a la Presidencia del Banco Mundial en junio de 1995, y comenzó a invertir las tesis de interpretación. El Banco Mundial se abocó de lleno a tratar de descifrar los códigos del problema y a generar conciencia entre los distintos estados-nación. La mancuerna Eigen-Wolfensohn empezó a calar en la conciencia global de la última década del siglo XX. En los últimos años han aparecido algunos materiales relevantes. El impacto del IPC había sido de tal magnitud que quizá habría que intentar otras mediciones. El Índice de Percepción de Corrupción es una encuesta de encuestas; es decir, es un índice ponderado de estudios levantados en distintos países por diferentes instituciones: la Universidad de Columbia, PriceWater-HouseCoopers, Gallup o el propio Banco Mundial. LIBERTADES Y CORRUPCIÓN Una de las pistas más interesantes de los últimos años es la posible relación o correlación entre libertades civiles y corrupción. Al contraponer los índices de libertad de prensa de The Freedom House con el mapa mundial de la corrupción, aparece una coincidencia geográfica notable: los países en los cuales la libertad de prensa no existe o sólo es parcial son los mismos que presentan altos índices de corrupción. No se necesita una gran sabiduría para reconocer que ahí donde las libertades funcionan, la capacidad de denuncia de la sociedad es mayor, y por ende la corrupción tiende a disminuir. El Instituto del Banco Mundial ha establecido que ahí donde las libertades civiles se ven disminuidas, la corrupción aumenta. Dramáticos son los casos de algunos países que se encontraban bajo la férula soviética, en particular Rusia. En ellos, la corrupción imperante es en verdad lacerante. En los estudios del Banco Mundial es clarísima la percepción de que la inseguridad jurídica, el crimen organizado, la inestabilidad política y la corrupción afectan directamente el ánimo de los inversionistas. LEGALIDAD Y CORRUPCIÓN Uno de los objetivos de largo plazo de todo país que se lanza a la lucha contra la corrupción es arraigar una cultura ciudadana de respeto a las normas, que evite desviaciones y contubernios. Los países que han logrado mayor institucionalización son también aquéllos en los cuales existe una cultura ciudadana, que en la vida de todos los días apuntala a las instituciones. No es casual que sea en los países con mayor arraigo ciudadano en el estado de derecho; es decir, aquellos países con una vida institucional de mayor fortaleza, donde aparecen los índices más altos de bienestar. De nuevo surge la pregunta: “¿será que han alcanzado el bienestar generalizado y por eso son menos corruptos? ¿O será a la inversa: porque son menos corruptos gozan de mayor bienestar? Las cifras parecen indicar justamente eso: la corrupción es un impuesto altamente regresivo, un impuesto que vuelve más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Pero, a diferencia de otros impuestos regresivos, que pasan por un amplio debate en la plaza pública, la corrupción se mantiene intocada en lo que a justicia se refiere. Además de las condenas de tipo ético, moral, y de las consecuencias que de ahí se deriven, la corrupción debe ser insertada en la agenda de justicia. En México, la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno demostró que la “pequeña” corrupción que afecta a los hogares supondría un impuesto dos veces mayor para las familias de bajos ingresos, en comparación con las familias de ingresos medios y altos.

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DEL ANECDOTARIO PERSONAL A LA TRAGEDIA NACIONAL En el caso mexicano, la corrupción todavía no es considerada un problema grave por la población. Dos de cada tres mexicanos así lo manifiestan. No lo consideran grave; lo miran en las coordenadas de los actos individuales; es decir, entre personas, y por lo tanto afectan sólo a personas. No hemos podido transmitir la profunda dimensión social del problema. Cuando un ser humano tima a otro, daña los intereses particulares, privados de esa persona, hecho este muy grave, que merece condena; es, sin embargo, radicalmente diferente de un acto de corrupción. Tomemos el caso de una infracción de tránsito que no se paga, porque encuentra solución en una mordida. En este caso particular, los dineros que debieron ir a dar a las arcas del país de que se trate, encontraron buen acomodo en el bolsillo de algún agente. ¿Qué ocurre cuando una licitación pública es asignada con sobreprecio? La víctima es el ciudadano, la ciudadanía en general, que tiene que pagar más por un puente, por una planta de generación de energía, por una presa, o que recibe una obra pública de menor calidad. Todos pagamos el fenómeno. Otra contrahechura que debe ser desnudada y encarada es el alto porcentaje de la población, alrededor del 25% en el caso mexicano, que considera las prácticas inmorales como algo “natural”: los seres humanos son todos iguales, y siempre inciden o incidirán en actos ilegales.

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LA GLOBALIZACIÓN Allí surge otra de las grandes incógnitas de los tiempos recientes: cuál ha sido el impacto de la globalización sobre el fenómeno de la corrupción. Un estudio de la Agencia A. T. Kearney agregó una coordenada más a los estudios. La relación entre libertades políticas y corrupción está ya claramente establecida: a mayores libertades políticas, mayor denuncia, mayor delación, mayor persecución de los crímenes e ilícitos, mayor participación social, más acceso a la información pública y, por ende, menos corrupción. Pero, ¿qué decir de la globalización? Muchas naciones poderosas están amparadas en la no ratificación de las convenciones antisoborno, para así defender sus intereses. ¿Qué hay entonces de la globalización? A. T. Kearney desarrolló una metodología que incluye una estrategia para medir el grado de globalización de un país. Se trata de cosas tan aparentemente triviales como las llamadas telefónicas al exterior, el uso del Internet, el número de empresas extranjeras aceptadas en un país, etc... La agencia busca perfilar cómo actúan los efectos de la llamada aldea global. La conclusión es muy alentadora: no es casual tampoco que exista una correlación entre grado de apertura y corrupción. A la inversa, los países cerrados en sí mismos, los países que no aceptan que los ojos ajenos entren a fiscalizar distintos ámbitos de la vida pública, los países que no aceptan la comparación sistemática de todo tipo de indicadores, tienden a ser países con altos niveles de corrupción. ¿Qué tanto se ha avanzado en la lucha contra la corrupción? Una forma de fijar una posición sería rastrear los altos índices de corrupción que todavía imperan en muchos países. Recordemos que el Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International sólo cubre alrededor de 130 naciones de las doscientas que conforman la comunidad internacional. Lo mismo ocurre con otros índices, como, por ejemplo, los de competitividad. El universo se ve aún más restringido, si vemos estudios como los de Price Water House Coopers. Sin embargo, esa forma de medir el avance en la lucha contra la corrupción podría llevarnos a falsas conclusiones. Hay un notable cambio cualitativo en la discusión. Comenzamos con Sócrates y la cicuta, con las treinta monedas, y casi terminamos el siglo XX con el imperio del factor “C”. Se trata de una larga historia en la cual la dimensión social del fenómeno estuvo oculta. Tratar los problemas de corrupción exclusivamente como cuestiones de índole penal o criminal delata una gran miopía. Hoy sabemos también que ese intangible que durante décadas llamamos “cultura” puede perfectamente ser empatado con mediciones científicas de actitudes hacia la legalidad, hacia el aspecto interpersonal, hacia las instituciones. En este principio de siglo XXI, estamos ciertos de que uno de los grandes obstáculos para el desarrollo se llama corrupción; por lo tanto, tenemos una nueva variable, sólida, que explica la miseria arraigada en la mitad de la población del orbe. Sabemos que la globalización bien entendida puede ayudar a que se multipliquen los vigías. Así, mientras que la participación interna

nos garantiza un seguimiento puntual de lo que acontece en un país, la caída de barreras comerciales puede ayudar a multiplicar a los vigías internacionales. Recordemos que el estado-nación, como un ámbito del imperio de la ley, de los derechos individuales, surgió también, en parte, por la necesidad de los mercaderes de contar con garantías mínimas que les permitiesen la operación de sus negocios. El comercio y el Estado de derecho tienen orígenes comunes. El comercio global y el avance del derecho pudieran ser una nueva fase de este mismo recorrido. ¿Qué tanto se ha avanzado? Si bien es cierto que el fenómeno sigue ahí, también lo es que contamos con muchos y mejores instrumentos, producto de la ciencia y la razón, para encarar esta pandemia. Se trata de un logro mayor. Soy optimista: aplicando medidas racionales, en un tiempo razonable empezaremos a notar los cambios.

rEFErEnciaS BRIN, David Ph. D.; THE TRANSPARENT SOCIETY. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1998. ETZIONI, Amitai; THE LIMITS OF PRIVACY, Basic Books, EUA, 1999. FUKUYAMA, Francis; TRUST, (The social Virtues and the Creation of Prosperity) The Free Press, Simon and Schuster, 1995 HIMMELFARB, Gertrude; THE DE-MORALIZATION OF SOCIETY, Alfred A. Knopf, New York, 1995. PUTNAM, Robert; MAKING DEMOCRACY WORK, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1993. REYES HEROLES, Federico; MEMORIAL DEL MAÑANA, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A., México, 1999.

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La moral pública en México se encuentra enferma

impera en el país la “quinteta de la muerte”: poder arbitrario, dinero, corrupción, impunidad y mentiras Jorge Carpizo

orge Carpizo es doctor en Derecho; investigador emérito de la UNAM, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas; investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Fue rector de la UNAM, abogado general, coordinador de Humanidades, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Comisión Editorial. Desempeñó la presidencia del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina. Ha desempeñado los cargos de ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurador general de la República, secretario de Gobernación y embajador de México en Francia. Ha participado en 112 congresos jurídicos, en México y en otros países. Ha impartido 150 conferencias en instituciones académicas y judiciales de México, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Honduras, Italia, Israel, Portugal, Suecia y Uruguay, y ha participado en la redacción de treinta y un proyectos de reformas constitucionales y legislativas.

as instituciones las hacen funcionar y las actualizan las personas. Instituciones correctamente estructuradas no funcionan adecuadamente si en los cargos directivos no se encuentran las personas idóneas. Cuando los servidores públicos son incompetentes, irresponsables, no comprometidos con su labor o corruptos, o una combinación de algunos o de todos estos aspectos, las mejores instituciones se encaminan ineluctablemente al fracaso. La situación anterior resulta más grave si se inscribe en un clima social de desprecio a la ley, de tolerancia a la corrupción, de impunidad, de pérdida de valores morales laicos y de mentiras. QUINTETA FATÍDICA En mayo del año 2000 dibujé, a grandes trazos, algunos aspectos del sistema político mexicano y el panorama moral del país, determinado por una quinteta de graves problemas: poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras. Durante la Segunda Guerra Mundial y los tres decenios siguientes, México vivió un trascendente crecimiento económico -el desarrollo estabilizador- en el cual el aumento del producto nacional bruto alcanzó porcentajes muy importantes; la inflación estuvo bajo control; en algunas épocas; el salario de los trabajadores aumentó realmente; se creó y fortaleció una clase media, y la educación

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pública -principalmente la universitaria- propició la movilidad social. La esperanza de mejores niveles económicos y sociales para gran parte de la población conformaba un ambiente estable, tanto en lo político como en lo social, aunque surgieron algunas inconformidades, algunas de especial gravedad. La deuda externa de México hasta 1970 -alrededor de tres mil millones de dólares- era aceptable, dado el tamaño de la economía. El país gozaba de prestigio mundial por su política internacional autónoma y su defensa del principio de no intervención, que en diversas ocasiones lo alejaron de los intereses y motivaron presiones estadounidenses. El sistema político era examinado con curiosidad e interés por propios y extraños; un remanso de estabilidad, aunque ya contenía los gérmenes de su deterioro, en una América Latina convulsionada por frecuentes golpes de Estado. Este sistema político giraba alrededor de dos ejes complementarios: un partido político hegemónico, cuyo jefe real era el presidente de la república, lo cual le permitía designar a gobernadores, legisladores federales y principales presidentes municipales. En esta forma, tenía en sus manos al Congreso de la Unión, en donde su partido, por décadas, controló en la Cámara de Diputados más del noventa por ciento de las curules, y en la de Senadores, el cien por ciento. Al no tener ningún contrapeso en el Senado, el presidente nombraba a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y éstos aceptaban la sugerencia presidencial acerca de quién los debería encabezar.

de libertades. Ese sistema no fue una dictadura ni un régimen totalitario. No obstante, tenía en sí los elementos de su propia destrucción. La pobreza de amplios sectores no pudo ser superada; la economía comenzó a perder su vigor y las crisis económicas recurrentes asolaron al país. La gran desigualdad social se profundizó cada día; los ricos fueron y son menos, pero más ricos, y los pobres más y más pobres.

LA PAZ DE LOS SEPULCROS El partido hegemónico se integraba -y se integra- por sectores, y las principales organizaciones laborales, campesinas y populares pertenecían a él; sus líderes eran parte de la élite política, en virtud de que se les premiaba primordialmente con gubernaturas, diputaciones, senadurías y magistraturas. Sólo existía un partido de oposición con alguna fuerza política; los otros, muy pequeños, eran satélites del hegemónico; postulaban como candidato a la Presidencia de la República a la misma persona que el partido hegemónico. La vida política estaba cercana a la paz de los sepulcros, salvo cuando surgían fuertes disputas por el poder en el partido hegemónico, las cuales en varios sexenios pudieron casi diluirse. Fue un sistema que supo cooptar a los opositores y críticos valiosos, encauzar y canalizar las inquietudes sociales. El sistema político fue mayormente aceptado -con sus honrosas excepciones-, y las críticas en esos años fueron muy escasas. Líderes intelectuales, religiosos, sociales; políticos de oposición con prestigio y fuerza, constituyeron sus soportes; las críticas, cuando las había, eran débiles. Incluso, muchos de los políticos que posteriormente han sido importantes en el proceso de la democratización del país, en esos años formaban parte de este sistema. Empero, hubo elementos positivos, como la estabilidad política, el crecimiento económico, un tinte social representado en aspectos como la educación pública gratuita, los derechos de los trabajadores, la reforma agraria, la seguridad social, la seguridad pública y un buen margen

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD La permanencia en el poder de un solo partido y el hecho de que la alternancia política no era una posibilidad cercana, trajeron consigo corrupción e impunidad, enfermedades que crecieron e invadieron todos los rincones del país. Desde el presidente de un municipio pequeño hasta el de la república, sabían que su sucesor -salvo pocas y no importantes excepciones- los protegería como salvaguarda del sistema del partido político hegemónico. La corrupción tenía un amplio margen de tolerancia social. Se robaba del presupuesto, pero más común era la realización de negocios aprovechándose del cargo; al dejar éste se tenía una fortuna chica, mediana o inmensa, según fuera el caso, pero no lícita; y quien lo hacía seguía siendo aceptado socialmente, incluso más, con la adición y prestigio que otorga el dinero. Hubo políticos honestos en el partido hegemónico; se les consideraba tontos, ya que no aprovechaban la oportunidad que se les presentaba. La corrupción fue permeando otras capas sociales: los empresarios que hacían negocios con el gobierno; los dueños de los medios de comunicación, que recibían “prebendas” y exención de obligaciones fiscales; los comunicadores, que se beneficiaban con los conocidos “chayotes”; los ministros de iglesias, que recibían “limosnas” de origen dudoso, pero especialmente la no aplicación de la ley. En otros niveles, líderes sindicales que aceptaban “regalos” de los patrones o que se convirtieron en grandes contratistas; ciudadanos que preferían dar una “mordida”

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al policía o al burócrata, que pagar una multa o realizar normalmente un trámite; jueces que fueron comprados por una de las partes en el juicio. La corrupción y la impunidad se fueron extendiendo, y haciéndose cada vez más grandes. El partido hegemónico y su jefe -el presidente de la república- tenían un poder casi absoluto, sin el equilibrio real de los otros dos poderes del sistema federal ni la posibilidad de la alternancia en el poder. La corrupción y la impunidad continuaron avanzando; invadieron algunos de los estratos más altos de la política, del empresariado, de las finanzas, de los medios de comunicación, e incluso de líderes religiosos. En cualquier país en que un partido político permanece indefinidamente en el poder, se dan casos -más o menos graves, generalmente muy graves- de corrupción e impunidad. La situación de México no es como es porque sea México específicamente, sino porque un poder que no posee contrapesos -y no tiene uno de los más importantes: la posibilidad de la alternancia en el poder, derivada de la decisión de una elección libre- caerá con más facilidad en la corrupción y la impunidad. Esa falta de contrapesos y la acumulación de facultades en el presidente comenzaron a tener consecuencias en la economía, debido a decisiones erróneas en este campo. Decisiones muy delicadas, que afectarían todo el marco económico del país, no fueron discutidas ni aprobadas en el Congreso ni encontraron mayor oposición, pero la realidad hizo pagar costos muy elevados al país y a su población: desempleo, inflación, crecimiento desorbitado de la deuda pública interna y externa, bruscas devaluaciones, profundización de las desigualdades sociales, pauperización de la clase media y trabajadora. DINERO, PODER, IMPUNIDAD Los niños y jóvenes nacieron y crecieron en este ambiente político y social, en el cual los dos valores más importantes y relacionados entre sí fueron y son: poder y dinero a como dé lugar. Lo único valioso es poseerlos, ya que ellos atraen todos los demás aspectos positivos de la existencia: felicidad, prestigio, reconocimiento. Poder y dinero fueron y son compañeros de un tercer factor: la impunidad. Se podía hacer casi de todo para adquirir poder y dinero, y las posibilidades de que nada adverso aconteciera eran muy altas; en lugar de castigos, se obtendrían premios; peor ejemplo no podía existir para niños1 y jóvenes. Para subir en la pirámide del poder, “todo se valía”, mucho más la simulación y el engaño. Una de las bases del sistema era y es la frase: “sí, señor”, la cual funcionaba desde la cúspide -el presidente de la república- hacia abajo, pasando por todos los niveles del poder político. No se

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sabía y no se sabe quién es quién; alguien podía trabajar junto a otro durante muchos años y, al llegar a un cargo muy importante, éste mostraba su verdadero rostro a los funcionarios que le estaban subordinados; para los de arriba, continuaba siendo el “sí, señor”. En varias ocasiones, el presidente designó a su sucesor, basado en una serie de cualidades que le había demostrado durante los largos años que habían trabajado juntos, pero durante la campaña presidencial, o a partir de que la banda presidencial cruzaba el pecho de su sucesor, veía con horror que se había equivocado; que el delfín era completamente diferente de lo que se había imaginado, y eso que se suponía que él estaba vacunado contra la simulación y el engaño, porque fueron precisamente los instrumentos que él mismo había empleado para escalar, y a él no lo iban a engañar. Estaba vacunado y alerta, pero… Los niños y los jóvenes veían y vivían en tal atmósfera social y política; eran temas en la conversación cotidiana de los mayores: corrupción, simulación, mentiras, engaños e impunidad. Nunca será acertado generalizar, pero la corrupción permeó y se apoderó de gran parte del sistema. El sistema propició la compra de jueces y magistrados; líderes sindicales obtuvieron grandes fortunas por contratos de obras o por un porcentaje de ellas; empresas proveedoras del gobierno vendieron, a precios altos, productos de baja calidad, e incluso inservibles o echados a perder; líderes sociales y políticos de “izquierda” vivieron como millonarios norteamericanos. Se decía: piensan como Carlos Marx y viven como Carlos Trouyet, uno de los hombres más ricos del país en aquel entonces; funcionarios-empresarios hicieron negocios jugosos y, cuando se podía, daban mordidas al presupuesto. La impunidad era pura y absoluta, a menos que un funcionario o autoridad importante hubiera caído de la gracia del señor presidente; entonces sí, todo el peso de la ley contra él, pero no como un acto de justicia, sino de venganza y de advertencia para los demás: se puede hacer todo lo que se quiera, menos molestar o disgustar al presidente, porque entonces sí se demostrará cómo se aplica la ley en el país. El dinero y el poder como valores supremos; la mentira, el engaño, la simulación, como sus parientes cercanos o instrumentos necesarios para su obtención, y la impunidad como el manto protector de esos “valores”. El éxito de quienes han obtenido poder y dinero sin importar los medios empleados; consideración y prestigio sociales para quienes escalaron la pirámide social y política, y representan esas desvergüenzas, sin importar sus biografías y sus ilícitos. IMPUNIDAD Y NARCOTRÁFICO Esta atmósfera moral se agravó por la impunidad, que hizo cada vez más audaces a los delincuentes de cuello blanco, y por el narcotráfico, el cual implica que pasan ríos de oro -decenas y cientos de millones

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de dólares- cerca o muy cerca de funcionarios públicos, empresarios, banqueros, comunicadores, jueces, sacerdotes, policías, y ya la opinión pública sabe -los casos aumentanque muchos no resisten la tentación. El narcotráfico ha sido un factor multiplicador de la corrupción en nuestro país, porque los valores morales ya habían sido lesionados por el sistema descrito. Así, por ejemplo, incluso en estados y ciudades conservadores, llegaban desconocidos y compraban grandes empresas, depositaban grandes cantidades en los bancos, adquirirían residencias lujosas, comenzaban a frecuentar a las mejores familias del lugar, las cuales aceptaban asistir a sus fiestas, e incluso a emparentar políticamente y a ser socios de los recién llegados. ¿Quiénes eran? No se sabía ni se quería saber, pero poseían fortunas inmensas y entonces eran bienvenidos. Ellos daban grandes limosnas y tampoco nadie preguntaba quiénes eran; para qué, si con ellas se podían construir obras extraordinariamente lujosas, como llegó a ocurrir en el seminario de Tijuana, en el cual, posteriormente, dormían buscados narcotraficantes. La regla del narcotráfico: plata o plomo, llegó primero a policías y fue subiendo de nivel: jefes, políticos de rango mediano, agentes del ministerio público, comunicadores de poco prestigio, jueces federales, soldados; poco a poco los niveles fueron subiendo hasta alcanzar a algunos de los más altos. La mentira y el disimulo -¿cinismo?- como parte del sistema. ¡Todos somos inocentes!: políticos, empresarios, banqueros, comunicadores, sacerdotes, líderes sindicales y sociales. Todos lo pregonan y cada quien defiende su caso. Todos dicen que pueden justificar las mansiones en que viven; su colección de carros; sus casas de campo aquí y en el extranjero; su esposa e hijas adornadas con las alhajas más caras; todo ese dinero proviene de fuentes lícitas, sostienen. Poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras: la quinteta de la muerte para México. UNA HIDRA DE UN MILLÓN DE CABEZAS Los escándalos florecen -porque ya es imposible ocultarlos-; la consolidación de una sociedad más crítica, alerta, cansada de tantos abusos, no ha podido detener el fenómeno de la corrupción ni disminuirlo; probablemente en algunos sectores haya aumentado, como todo lo relacionado con el narcotráfico, los contratos públicos y los rescates bancarios y de carreteras. La corrupción, una hidra de un millón de cabezas. La sociedad mexicana de nuestros días tiene que infor-

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marse, pensar y reflexionar: no creer a nadie, sino llegar a sus propias conclusiones. ¡Pobre sociedad mexicana, tan engañada! ¡Pobre sociedad mexicana a la que tanto se le ha mentido y se le sigue mintiendo! Si sólo la engañaran algunos líderes políticos, la situación sería preocupante, no alarmante; pero también se han acostumbrado a hacerlo algunos líderes empresariales, bancarios, sindicales, sociales, religiosos, de los medios de comunicación, académicos, intelectuales y del ambiente artístico. Poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras es el ambiente moral dentro del cual han crecido nuestros niños y jóvenes; es el ejemplo que generaciones y generaciones de mexicanos les han dado, y éstos -niños y jóvenes- es lo que han querido y quieren alcanzar en su existencia: poder y dinero a como dé lugar; además, si es hábil, inteligente y bien relacionado, gozará de impunidad. Las desvergüenzas de la quinteta de la muerte son vicios muy antiguos y arraigados en nuestra sociedad. Los conoció y sufrió la sociedad colonial; perduraron en el siglo XIX y en las tres primeras décadas del XX en nuestro país. Mis reflexiones en relación con el mencionado quinteto de la muerte, en mayo de 2000, versaron respecto a las décadas del partido hegemónico, debido a que mi existencia transcurrió en aquéllas; esa atmósfera moral no fue un relato sino un espectáculo vivo y cotidiano. Sin embargo, las páginas siguientes verifican que el peso que le asigné a la existencia del partido hegemónico fue exagerado. La realidad, por desgracia, así me lo demuestra, en virtud de que el partido hegemónico desapareció, y la quinteta de la muerte: poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras continúa gozando de estupenda salud y energía.

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En julio del año 2000, el Partido Acción Nacional ganó las elecciones presidenciales. Las expectativas fueron enormes desde los más diversos ángulos; la campaña del candidato presidencial ganador se había basado, en gran parte, en un discurso sobre la honestidad y la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. En ese momento, los entonces partidos políticos de oposición ya gobernaban a casi la mitad de la población de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios. Es verdad que se escuchaban rumores de corrupción en algunos de esos gobiernos, pero no se presentaban pruebas, lo cual se hizo pasados los años. Además, nos resistíamos a admitir que los gobiernos locales y municipales de los partidos de oposición, estuvieran incurriendo en los mismos vicios que el partido hegemónico, debido a que por decenios sus banderas habían sido la honestidad y la lucha contra la corrupción. Parecía inconcebible que al

llegar al poder, incurrieran en los vicios que tanto habían criticado. Se pensaba que la situación cambiaría cuando el partido hegemónico perdiera la presidencia de la República y, desde esa posición de poder, se lucharía por extirpar los cánceres que corroen la moral pública del país y que lo han conducido a crisis de proporciones mayores; una de las últimas fue la devaluación del peso en diciembre de 1994, la que se avisó con anterioridad a importantes banqueros y empresarios, quienes sacaron miles de millones de dólares del país -los extranjeros retiraron sus fondos hasta febrero de 1995. A fines de la década de los años ochenta, se vislumbró el comienzo del fin del partido hegemónico y la conformación de un sistema federal tripartito de partidos políticos2. Ese año, el partido hegemónico, aunque conservó una pequeña mayoría en la Cámara de Diputados, ya no contó con el quórum necesario para realizar reformas constitucionales por sí solo, y se generó un contexto en el

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que le era necesario negociar dichos proyectos; además, comenzó a perder gubernaturas: Baja California, Guanajuato y Chihuahua. En 1997, no contó con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y perdió las elecciones para jefe de gobierno en el Distrito Federal. El sistema tripartito de partidos políticos se consolidaba. No obstante, la quinteta apuntada: poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras, continuó. Los ejemplos sobran. Uno es más que suficiente por paradigmático: el FOBAPROA, que se creó para rescatar el sistema bancario del país. El gobierno no podía permitir el colapso de dicho sistema. Si los mecanismos que se crearon fueron los apropiados o no, no es asunto inherente a mi planteamiento; sí lo es la inmensa corrupción que existió en el manejo del mencionado FOBAPROA, y de la cual existen testimonios fidedignos. Los bancos se vendieron a consorcios extranjeros. Diversas voces señalaron esa inmensa corrupción; se aportaron pruebas, pero nada aconteció: continuó la corrupción y la impunidad, la mentira y el cinismo. Los beneficiados del FOBAPROA exhibieron su poder y su dinero sobre la pobreza y miseria de decenas de millones de mexicanos; algunos de ellos gozan de prestigio social y se les considera señores de respetabilidad. La atmósfera nacional cuajada de cinismo. En la última etapa del partido hegemónico, y cuando los partidos de oposición gobernaban estados y municipios, la quinteta apuntada continuaba estableciendo sus fueros, como si la realidad política no hubiera cambiado. Las esperanzas de que ¡al fin! la Presidencia de la República la ganara un partido de oposición se convirtió en realidad. Además, en 2000, en las dos cámaras legislativas federales, ninguno de los tres grandes partidos políticos obtuvo la mayoría de los asientos*. El sistema tripartito de partidos políticos se había consolidado en el país, cuando menos para los años venideros. Los pesos y contrapesos constitucionales, en un contexto como éste, podrían funcionar y, ahora sí, era posible comenzar a combatir la corrupción, la impunidad, los desvíos de poder y el ambiente lleno de mentiras en que el país había vivido. El gobierno federal 2000-2006 poco hizo al respecto, y en varios renglones se retrocedió en relación a los efectos de la mencionada quinteta mortal. Unos cuantos ejemplos dan idea de lo acontecido: los casos de: Amigos de Fox, Pemexgate, los supuestos negocios ilícitos de los hijastros de Fox, el aumento del narcotráfico y la impunidad de que gozaron algunos de los carteles de ese flagelo; el contubernio de sectores del gobierno con algunos empresarios, para realizar inmensos negocios. A su vez, en el gobierno del Distrito Federal, la situación no cambió: las “mordidas” crecieron en monto; la sociedad contempló videos en que funcionarios locales recibían miles de dólares en billetes, y obras cuyos costos nunca se transparentaron. Las anécdotas son interminables, pero reflejan bien el panorama del sexenio 20002006. Algunas de ellas: a un secretario del gabinete, muy cercano al presidente, le advirtieron lo peligroso de su reciente cercanía con un personaje probablemente ligado

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al narcotráfico. Su contestación fue: “me gustaría poseer la vigésima parte de su fortuna; continuará siendo mi amigo”. Se presionó a empresarios para que “donaran” fuertes cantidades de dinero a la fundación de la señora Fox, o regalos a la pareja presidencial, a cambio de favores y prebendas gubernamentales. México configura un sistema tripartito de partidos, pero la quinteta de la muerte continúa tan fuerte y vigorosa como siempre. La primera conclusión que se deriva de la anterior afirmación es preocupante: la raíz de esa quinteta no responde sólo o predominantemente a factores políticos. La enfermedad es más profunda y extendida de lo que parecía, y de lo que yo mismo consideraba. En México, el fin del partido hegemónico hasta ahora no ha afectado a la quinteta de la muerte, sino que en varios aspectos la ha fortalecido: el cinismo ha aumentado, las mentiras se han multiplicado y, por el hecho de que durante décadas estuvieron en la oposición política, muchos servidores públicos, federales, locales y municipales, ven justificado hacer lo que antes criticaron: utilizar el poder para enriquecerse, para establecer alianzas de toda índole en beneficio propio y para negociar impunidad. Los poderes públicos y los poderes de hecho se encuentran en una connivencia de beneficios mutuos, vista en pocas ocasiones, aunque existen excepciones. TOLERANCIA SOCIAL Existe un alto grado de tolerancia social a la corrupción y a la impunidad. Una oración resume lo acontecido en esos seis años -de 2000 a 2006-, que tienen décadas de antecedentes, aunque no tan burdos ni cínicos. Ante la repentina y exhibida riqueza de los hijastros del presidente, el padre de éstos declaró: “mal harían de no aprovechar la oportunidad que se les presenta”. La reacción social ante tal descaro fue mínima, más bien se prestó a bromas. No resisto la tentación de asentar lo que expresó uno de los jerarcas religiosos más importantes de México, en una cena, con una sonrisa parecida a la de la Mona Lisa: “el dinero no es Dios, pero casi lo es”. La moral pública en México se encuentra enferma, y es un estado difícil de superar, debido a que su saneamiento implica un cambio de mentalidad, y ello es lo más difícil y prolongado de alcanzar, pero es posible y debe ser posible por el bien del país. PARA COMBATIR A LA QUINTETA DE LA MUERTE Enuncio algunas acciones que serían efectivas para combatir la quinteta de la muerte: poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras, que asuela y denigra a nuestra nación: Lucha frontal y sin cuartel en contra de la corrupción, por parte del gobierno. Tolerancia cero. No más discursos, sino acciones y más acciones. Simplificación de trámites administrativos, para que el ciudadano cumpla en forma sencilla con sus obligaciones, y el margen discrecional del servidor público sea mínimo Campañas de concientización en los medios de comunicación, para que la sociedad se involucre en la lucha contra la corrupción, para ir desterrando la cultura de la “mordida”,

gratificaciones, pago de porcentajes, regalos a los servidores públicos. La corrupción aleja, entre otros factores, la inversión extranjera, lo que trae como consecuencia menor creación de empleos, cuando tenemos un déficit de los mismos. Hacer efectivo el principio democrático de que nadie se encuentra por encima de la ley, y nadie debe solicitar excepciones a su aplicación. Es decir, impunidad cero. Se debe comenzar con la aplicación de la ley en casos paradigmáticos para que la sociedad comprenda que no es una campaña más, que no son simples palabras; sino la manifestación de real voluntad política de aplicar la ley. Hay que propiciar cambios en las actitudes mentales; que los niños y jóvenes comprendan que los dos valores más importantes no son el poder y el dinero. El poder no pertenece al servidor público sino a la comunidad, y debe estar al servicio de ésta, y no del funcionario. Si no es así, a este último hay que exigirle responsabilidades. Toda persona tiene derecho a disfrutar el producto de su trabajo, obtenido dentro de los marcos legales. El dinero debe provenir de fuentes lícitas. La sociedad tiene que estar alerta. No es posible que le guarde respeto a quien ostenta una riqueza inexplicable -que generalmente es muy explicable-; a quien tiene “relaciones peligrosas”, como puede ser con gente próxima al crimen organizado, o a quien le miente y le vuelve a mentir. Abrir, con toda seriedad, el debate social sobre la quinteta de la muerte que aflige a nuestra sociedad. Convertir a los órganos fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación y sus análogas en las entidades federativas y en el Distrito Federal, en verdaderos órganos constitucionales autónomos; que no dependan de ninguno de los tres poderes, pero que sí sean responsables de sus actos. Mejor funcionamiento del poder judicial, desligándolo del poder político. Reforzar su independencia, preparación y remuneración en las entidades federativas que todavía presentan déficits en estos aspectos. Es necesario alcanzar la justicia rápida y expedita. En sectores sensibles a la corrupción como son, entre otros, los ministerios públicos, policías y servidores aduanales, así como, en las grandes empresas públicas, fortalecer el sistema de responsabilidades, al mismo tiempo que se creen estímulos sociales y económicos para los buenos servidores. O sea, aplicar la muy antigua ley de “la zanahoria y el garrote”, que sí funciona y que, además, es justa y legal.

notaS 1.- Me refiero a niños, dependiendo de su madurez intelectual, entre once y catorce años. 2.- No significa que sólo existan tres partidos políticos, sino que únicamente tres tienen la posibilidad de obtener el gobierno en las elecciones.

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combate a la corrupción en la administración pública Jorge Manjarrez Rivera ANTECEDENTES l Plan Anticorrupción, del gobierno de Nuevo León, presentado el 12 de octubre de 2011, es congruente con los postulados establecidos en el Programa Nacional Contra la Corrupción. Entre los propósitos de este último destacan: Recuperar el prestigio de la función pública y de las instituciones del Estado, como una necesidad inaplazable para recuperar la confianza de los ciudadanos y promover su participación activa en los asuntos públicos, que son elementos fundamentales para desarrollar nuestras instituciones y fortalecer la democracia. Asimismo, México se ha comprometido, en el ámbito internacional, a tomar medidas para combatir la corrupción, por lo que ha firmado y ratificado tres importantes convenciones anticorrupción: • La Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de los Estados Americanos (OEA). • La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU), también conocida como la Convención de Mérida. Entre los avances logrados en esa materia se encuentra la rendición de cuentas, la transparencia y la apertura activa de información, con lo que se busca cerrar espacios a la irregularidad y la corrupción. Aunque hay avances significativos, aún existen reglas de operación y ejercicio del gasto de los programas federales, como los subsidios, donativos, fideicomisos y procesos de contrataciones públicas, que representan un área de oportunidad en términos de transparencia. PAGOS EXTRAOFICIALES Con las acciones emprendidas por los gobiernos federal y estatal, se espera lograr efectos importantes, porque el impacto de la acción pública en la actividad económica del país es considerable, ya que representa el 22 por ciento del presupuesto de egresos anual. Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, señala que en México, por cada contrato que se adjudica, existen pagos extraoficiales del 8.5 por ciento, al que se agrega un 5 por ciento por burocracia administrativa.

Doctor Jorge Manjarrez Rivera Contralor general del Estado de Nuevo León

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Una cultura de la legalidad, plena y consolidada, implica que los integrantes de una sociedad aceptan el imperio de la ley en función de sus convicciones personales, de sus valores, principios y razonamientos. Aceptan y ejercitan su ciudadanía y reconocen y respetan el valor de la ciudadanía de los demás, los derechos del otro, la dignidad de los demás ciudadanos. En una cultura de legalidad, las personas aceptan y acatan las leyes, no porque exista la amenaza de un castigo, sino por convencimiento personal. De acuerdo con el estudio de Transparencia Internacional del año 2011, nuestro país se ubicó en el lugar 100 en cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción, aplicado a un total de 182 países. Por otra parte, nuestro Estado se ubicó en el vigésimo segundo lugar nacional en 2010. Por lo tanto, resulta de especial importancia para Nuevo León reforzar una cultura de la legalidad y combatir la corrupción, lo que implica: la participación ciudadana, cumplir con la normatividad aplicable, detectar irregularidades y aplicar sanciones, y fortalecer los programas de control gubernamental orientados a inhibir la corrupción. PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN Los principales retos en el ámbito de control gubernamental son el fortalecimiento de las acciones preventivas, la modernización de las tareas de auditoría y de verificación, la ampliación de los procesos de rendición de cuentas y el combate a la corrupción; reforzar los mecanismos existentes para prevenir la corrupción, y fomentar la observancia de la ética de los funcionarios públicos y de la transparencia en el ejercicio de sus funciones, así como promover entre la sociedad los valores que dan sustento a la cultura de la legalidad. Por ello, se establece el Plan Anticorrupción del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, conocido como “Plan Anticorrupción”, con el objeto de prevenir y combatir actos de corrupción y opacidad de los servidores públicos, a través de acciones inmediatas enfocadas a detectar oportunamente conductas irregulares, establecer medidas correctivas e impulsar medidas de control interno y de ética pública. Para el debido cumplimiento del Plan Anticorrupción, así como para instrumentar las acciones específicas derivadas del mismo, la Contraloría y Transparencia Gubernamental coordinará las dependencias y entidades de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado, estableciendo y precisando las bases de colaboración y compromisos concretos para la materialización de las estrategias conjuntas que deban emprenderse. ESTRATEGIAS Las acciones y estrategias que integran el Plan Anticorrupción son: Denuncia ciudadana y recompensas Transparencia en adquisiciones y uso de subasta electrónica inversa Transparencia en proceso de obra pública

Programa de usuario simulado Participación ciudadana en adjudicación de obra pública Transparencia presupuestal Auditorías permanentes e inmediatas en áreas estratégicas Sistema Único de Control Interno Unidad Anticorrupción Acciones complementarias de vigilancia y buen gobierno de las dependencias y entidades de la APE. Con el fin de promover la participación ciudadana, se establecen montos de recompensa que van de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), a favor de ciudadanos que denuncien actos de corrupción, de conformidad con las condiciones referidas en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 2 de noviembre del año anterior. UNIDAD ANTICORRUPCIÓN El Plan Anticorrupción considera una Unidad Anticorrupción, que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones. La Unidad Anticorrupción tiene por objeto promover el desempeño honesto y ético de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal (APE), velar por la prevención de conductas irregulares, así como conocer y

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a estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. Promover la celebración de convenios de colaboración con el ámbito municipal y otras instancias del ámbito estatal para sumar sus esfuerzos a las acciones del Plan Anticorrupción. Proponer la realización de estudios socioeconómicos a servidores públicos para verificar que su nivel de vida y patrimonio sean congruentes con sus ingresos lícitos.

dar seguimiento a las acciones y omisiones de los servidores públicos, cuando incumplan con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Nuevo León, y en cualquier otro ordenamiento aplicable. FUNCIONES RELACIONADAS Entre las funciones relacionadas con las acciones y estrategias del Plan Anticorrupción, destacan: Coordinar y ejecutar los programas derivados del plan, relacionados con el operativo de usuario simulado y las denuncias ciudadanas, a través de la vía telefónica Corruptel (070), del sitio de internet en www.corrupnetnl. mx y demás mecanismos que se habiliten para tal efecto, así como llevar a cabo las acciones proactivas pertinentes para detectar actos de corrupción. Fomentar y fortalecer los mecanismos que ayuden

AVANCES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN A un mes y medio de la aplicación del Plan Anticorrupción, se han recibido 773 denuncias por medio de los mecanismos diseñados por este Plan: Corruptel, Corrupnet, Presenciales y Públicas. Las principales características de estas denuncias se presentan en el Cuadro 1. La mayoría de las denuncias, 62 por ciento, son anónimas. Esto es, del total de las 773 denuncias, en 482 no se identifica el denunciante. Sin embargo, conviene señalar que todas las denuncias recibidas son analizadas, atendidas y se les da seguimiento, ya que pueden proporcionar elementos importantes suficientes para su investigación. Por otra parte, en 291 denuncias, 38 por ciento del total, el denunciante sí se identifica. Las denuncias recibidas corresponden a los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). Esto es, el ciudadano considera relevante hacer su denuncia, independientemente del ámbito de gobierno. Del total de denuncias recibidas (773), casi el 50 por ciento (366) corresponden a municipios. Gran parte de ellas (66 por ciento) son anónimas (244), y 125 (34 por ciento), son identificadas. El proceso de clasificación de las denuncias garantiza que en menos de tres días son turnadas a las contralorías municipales para su debido seguimiento. Ha habido reuniones de la Contraloría del Estado con las contralorías municipales del área metropolitana de Monterrey, y se hará extensivo a los demás municipios, con la finalidad de establecer un Convenio de Coordinación Anticorrupción para todo el Estado. Adicionalmente a las denuncias de los municipios, también se recibieron 114 referentes a los poderes Legislativo y Judicial, así como al gobierno federal y sindicatos. Estas denuncias se canalizan a esas instancias y dependencias, para su atención y debido seguimiento. Las denuncias restantes, 293, corresponden a la Administración Pública Estatal (APE); 174 son anónimas, y 119, identificadas. A continuación se analizan las características y detalles del proceso de revisión. EL Cuadro 2 muestra que, del total de las 293 denuncias de la APE, 174 (59 por ciento), son anónimas y sólo las 119 (41 por ciento) restantes son identificadas. Sin embargo, todas ellas son analizadas, y resulta que, del total de las 293 denuncias de la APE, 146 son quejas o sugerencias, y 147 corresponden a presuntos actos de corrupción. De éstas, 87 son anónimas y sólo en 60 casos se identifica el ciudadano que presentó la denuncia. Un resultado del análisis de estas denuncias, también

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presentado en el Cuadro 2, muestra que de esas 147 denuncias de posibles actos de corrupción, 65 casos corresponden a las áreas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, y 82 casos corresponden a las demás áreas del gobierno central y paraestatal. Es importante señalar que existe coordinación con los titulares de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia, para el seguimiento de esas denuncias, de acuerdo a los procedimientos que llevan a cabo esas dependencias. El Cuadro 3 presenta las características de las 82 denuncias correspondientes a la Administración Pública Estatal. De los 82 casos de denuncias sobre supuestos actos de corrupción, se realizaron diversos procedimientos para recabar información, como usuario simulado, retroalimentación con el denunciante, información de internet, así como otras fuentes; 61 denuncias fueron anónimas y no presentaron datos suficientes para su seguimiento. En 21 casos de denuncias (14 identificadas y 7 anónimas), sí se obtuvieron datos suficientes para su investigación posterior; 9 están en proceso, y 12 fueron concluidas. Los resultados de los 12 casos concluidos, en los cuales se llevaron a cabo revisiones o auditorías estratégicas, se muestran en el Cuadro 4. En dos casos, las revisiones resultaron en recomendaciones sobre procesos de control interno que, al aplicarlas, llevarán a mejoras en el servicio público. Por otra parte, ocho casos derivaron en 14 promociones de responsabilidades administrativas; cuatro apercibimientos, una multa, una suspensión, y ocho están en proceso. Un caso derivó en sanciones, por no presentar manifestación de bienes; sin embargo, en éste se multó a 54 servidores públicos que no presentaron su declaración patrimonial. Finalmente, el cuadro muestra que hubo una denuncia penal, la cual está en proceso. COMENTARIOS FINALES En la conformación del Plan Anticorrupción, existen muchos aspectos que destacar, como el fortalecimiento de la participación ciudadana en el proceso de adjudicación de la obra pública, a través del acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de octubre, donde se amplía la participación del Consejo Ciudadano, no sólo para la Obra Pública relacionada con el Huracán Alex, sino para la Adjudicación y Fallo de los Concursos de Obra Pública previstos en la ley respectiva. Otro aspecto importante del Plan Anticorrupción, es el avance en el fortalecimiento de la Transparencia, con el fin de mejorar y ampliar la información de las adquisiciones de bienes y servicios del sector central y paraestatal de la Administración Pública del Estado (APE). La trasmisión por internet en tiempo real del procedimiento de la subasta electrónica inversa que será utilizado, de acuerdo a la ley, para las adquisiciones de bienes y servicios por concurso y licitación, también representa un reforzamiento de la transparencia de la gestión pública. El Plan Anticorrupción también contempla mejorar y ampliar la rendición de cuentas del ejercicio

del presupuesto de la Administración Pública Estatal, presentando información del presupuesto en forma accesible y didáctica en la sección de transparencia, que sea fácil de entender para el ciudadano. El Plan Anticorrupción considera complementariamente establecer, ordenar y estandarizar los procesos e instrumentos de control interno de la APE, con base en estándares internacionales, para evitar actuaciones deshonestas y mejorar la eficiencia del servicio público. En resumen, el Plan Anticorrupción comprende un conjunto de acciones que permiten la detección oportuna de irregularidades, y aplicar los procedimientos sancionatorios a que haya lugar, para inhibir y evitar la corrupción. Así, el Gobierno del Estado logra avances significativos para fortalecer la confianza ciudadana y conformar un buen gobierno en beneficio de la ciudadanía.

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Los costos de la corrupción Bonnie Palifka Doctora Bonnie Palifka Maestra en la Cátedra de Desarrollo Económico y Social Tecnológico de Monterrey

a corrupción tiene muchos costos. En el ámbito mundial hay varios estimados, pero todos coinciden en que los sobornos suman anualmente más de un billón de dólares norteamericanos (esto es, un millón de millones, trillion en inglés), que es aproximadamente el tamaño de la economía nacional de México. En África, la corrupción absorbe en promedio el 25 por ciento del Producto Nacional Bruto. En México, según la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, de Transparencia Mexicana, en 2010 se gastaron 32 mil millones de pesos en sobornos. En contraste, en el mismo año, el gobierno federal gastó menos de 30 mil millones de pesos en seguridad pública; invirtió menos de esta cifra en educación y salud pública, juntas.

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PRESTACIÓN INFORMAL Habrá quienes dirán: “¿Y qué? ¿Por qué tanto alboroto por la corrupción? A fin de cuentas, este dinero no desaparece, sino que cambia de manos, y las manos que lo reciben luego lo gastan”. Para algunos, el soborno es una prestación informal, que complementa el sueldo limitado que reciben, lo que permite que el Estado siga pagando sueldos bajos. Tiene sus beneficios, ¿no? Y, en todo caso, hay otros problemas mucho más severos que la corrupción —la pobreza, la inequidad, el cambio climático, la trata de personas, etcétera— en qué concentrar nuestros esfuerzos. Allí es donde entran los costos colaterales, los que no se incluyen en la cifra de un billón de dólares. La corrupción agrava todos los problemas arriba mencionados, entre otros. No hay espacio suficiente aquí para entrar en detalles sobre todas las áreas afectadas, por lo que me limitaré a mencionar algunas: ÁREAS DE AFECTACIÓN La recaudación. Cuando se paga un soborno para evitar el pago de impuestos, multas o trámites oficiales, el gobierno recauda menos fondos. (Esto es lo que Shleifer y Vishny1 llaman “corrupción con hurto”). Por consecuencia, hay menos dinero disponible para destinar a los programas nacionales de inversión en infraestructura y combate a la pobreza, por ejemplo. Hay menos recursos para la educación, la defensa nacional y la salud. El gobierno, entonces, se ve limitado en sus esfuerzos para que avancen la economía y la sociedad. La administración de proyectos. Los proyectos gubernamentales reciben dinero del mismo gobierno o de organismos internacionales para llevar a cabo su misión. La corrupción interfiere en el cumplimiento de estos proyectos a través del proceso de adquisición gubernamental, cuando el contrato se otorga al mayor sobornador, en vez de al mejor proveedor. (Transparencia Internacional estima que la corrupción puede aumentar el costo de las adquisiciones en un 25 por ciento). Un resultado de esto es una infraestructura de mala calidad, que se manifiesta en calles que requieren mantenimiento casi inmediatamente, y en puentes y edificios que se debilitan rápidamente o se caen ante un temblor, como se ha observado en muchos países —incluso México— en variadas ocasiones. Otro es que los proyectos no se llevan a cabo o se realizan parcialmente, debido a la desviación de fondos. Por ejemplo, Reinikka y Svensson revelan que en Uganda, entre 1991 y 1995, solamente el 13 por ciento de los fondos para la educación llegaban a las escuelas y que la mayoría de las escuelas no recibían nada2. Peor aún, muchos proyectos potenciales de inversión, a través de la asistencia extranjera, no se emprenden, porque se perciben como demasiado costosos para justificar el gasto. Los sueldos en el sector público. El hecho de tener un presupuesto limitado por la evasión de impuestos y la estafa, conduce al gobierno a pagar sueldos bajos, que atraen solamente a los más desesperados o a los más corruptos (o, en algunos casos, a personas con una vocación muy fuerte). En Uganda, por ejemplo, la eliminación de

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nóminas “fantasmas” permitió aumentar los sueldos de los maestros en 930 por ciento, y los de los policías y enfermeras en más de 1000 por ciento3.

http:// gokrizellenatasha. blogspot. com/2010/11/ corruptionfor-price-ofenvironment.html

La pobreza. La corrupción afecta desproporcionalmente a los pobres. Éstos, al depender más de los servicios públicos, están más expuestos a las prácticas de extorsión de algunos servidores públicos —para inscribir a sus hijos en las escuelas, para atenderse en los hospitales, para recibir los servicios de agua o electricidad. En México, según Transparencia Mexicana, el hogar típico gastó en 2010 el 14 por ciento de sus ingresos en sobornos, mientras que los hogares más pobres destinan hasta el 33 por ciento de sus ingresos a lo mismo. (Estos porcentajes han aumentado en los años recientes). La inequidad. Así como la corrupción contribuye a la persistencia de la pobreza, también aumenta la inequidad. Por lo general, los sobornos que pagan los pobres son costos por encima de lo que deben pagar legalmente, mientras que los ricos pagan sobornos para evitar los pagos legales, de tal forma que la corrupción beneficia a los ricos a la vez que perjudica a los pobres. En “A Comparative Study of Inequality and Corruption”, Jong-SungYou y SanjeevKhagram muestran que existe un círculo vicioso entre la corrupción y la inequidad. Una forma de reducir la inequidad, entonces, es combatir la corrupción. El crecimiento y el desarrollo. Según la ONU, “la corrupción es el mayor obstáculo al desarrollo económico y social”.4 Varios académicos, empezando con Paolo Mauro5, han demostrado que la corrupción impide o limita el crecimiento económico. Hay varios mecanismos a través de los cuales ocurre esto. Para empezar, en el gobierno se

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http://dinmerican.wordpress.com/2011/04/01/corruption-is-evil-say-malaysianpoliticians-yet/

favorecen los proyectos de construcción (por ejemplo, de autopistas), porque hay más oportunidades de sobornos en este tipo de proyectos, al tiempo que se desfavorecen áreas como la educación, que contribuyen al crecimiento de largo plazo, pero no ofrecen tantas oportunidades corruptas. Como antes he mencionado, la misma corrupción resulta en que estos proyectos de infraestructura sean de mala calidad, por lo que no contribuyen como deberían al crecimiento. A la vez, la corrupción causa incertidumbre y puede aumentar los costos para los inversionistas, lo que disminuye la inversión, tanto nacional como extranjera directa, en el país. Según la Encuesta sobre Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial6, un 57 por ciento de las empresas grandes en México estarían dispuestas a pagar un porcentaje (6.8 por ciento en promedio) de sus ingresos, para eliminar la corrupción en el sector público, mientras que el 62 por ciento de otras empresas estarían dispuestas a pagar en promedio el 9.3 por ciento de sus ingresos para eliminarla; estas cifras sirven como un aproximado del costo de la corrupción para los negocios. El cambio climático. La corrupción es el mejor aliado de la tala ilegal de madera y de la contaminación ilícita del agua y el aire. En algunos casos, la corrupción política inclusive mantiene un ambiente legal que no evita los daños ecológicos. Antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, varios políticos estadounidenses argumentaron que las empresas llevarían sus fábricas a México, porque aquí no se aplicaban los mismos estándares ecológicos que en Estados Unidos, lo que representa una ventaja desleal. La inseguridad vial. Si se puede deslindar fácilmente de las consecuencias legales de manejar a altas velocidades o bajo la influencia del alcohol, se reducen los incentivos para obedecer las leyes viales. Aunado a eso, la corrupción permite que personas no preparadas consigan sus licencias de conducir. En la India, por ejemplo, un estudio encontró que los examinadores reprobaron a los solicitantes independientemente de sus habilidades; para conseguir la licencia, la forma más segura era a través de un “agente”, quien sobornaba al examinador7. Según Publimetro, en Monterrey se ocupan “coyotes” para facilitar varios trámites de tránsito8. No debe sorprendernos la alta tasa de choques vehiculares, dado que hay conductores que nunca aprendieron el reglamento ni la necesidad de señalar y respetar los señalamientos de los demás. Cultura de la impunidad y la criminalidad. Cuando hay corrupción, la criminalidad florece, mientras que la gente honesta y trabajadora sufre. La corrupción del sistema político y de justicia ha permitido la ola de criminalidad y violencia que azota el país, con todos los costos que ésta implica, tanto materiales como de vidas humanas.

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POLICÍA, PARTIDOS, JUSTICIA Cada vez que se paga un soborno en vez de pagar el impuesto, la multa o el trámite correspondiente, se refuerza la actitud de que “no pasa nada”; cada vez que se le niega a un derechohabiente un trámite por falta del pago del soborno, se propaga la actitud de que “el que no transa, no avanza”. En México, según el Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional, la policía es el sector que se percibe como más corrupto, junto con los partidos políticos y seguido por el de la justicia. De quienes tuvieron contacto con policías en el año antes de la encuesta, el 50.4 por ciento pagaron un soborno, mientras que entre los que tuvieron alguna experiencia con el sector de justicia, el 48.4 por ciento pagaron un soborno. Cuando alguien se puede deslindar de la aplicación de la ley con un pago de dinero, cuando la ley solamente se aplica a los que no pueden pagar, no hay orden. Sin orden, no hay garantías de que se respeten los derechos de propiedad ni los derechos humanos. El costo para la sociedad va mucho más allá del monto monetario involucrado en un soborno. La corrupción es parte de un círculo vicioso. Por la corrupción, la gente desconfía del gobierno, y es renuente a pagar los impuestos. Por falta de recaudación, al gobierno le faltan fondos para pagar sueldos y para emprender programas de vigilancia de la corrupción. Al percibir sueldos bajos y poca vigilancia, los servidores públicos siguen las prácticas corruptas. Todo resulta en menor gasto gubernamental en programas sociales, menos inversión por parte de las empresas nacionales y extranjeras, menor crecimiento y desarrollo, mayor inseguridad, más daños ecológicos, más pobreza y más impunidad. El billón de dólares es sólo el comienzo.

rEFErEnciaS 1 Shleifer, A. and R.W. Vishny. 1993. “Corruption.” Quarterly Journal of Economics108: 599-617. 2 RitvaReinikka y JakobSvensson, 2004, “Local Capture: Evidence from a Central Government Transfer Program in Uganda.” Quarterly Journal of Economics.119, 2, 679-705. 3 Rachel Flanary y David Watt, 1999, “The State of Corruption: A case study of Uganda,” Third World Quarterly 20:3, 515-536.

Organización de Naciones Unidas, The Global Compact, Compact Quarterly Vol. 2008, número 2, Julio 2008.

5 Paolo Mauro, 1995, “Corruption and Growth,” Quarterly Journal of Economics 110:3, 681-713. 6 Centro de Estudios Estratégicos, ITESM, Campus Monterrey, 2002. 7 Marianne Bertrand, Simeon Djankov, Rema Hanna y SenhilMullainathan, “Does Corruption Produce Unsafe Drivers?” NBER WorkingPaper 12274 (2006), http:// www.nber.org/papers/w12274 8 Erika Ostos, “Acude el 20% a ayuda de coyotes,” Publimetro 30 noviembre 2011, pág. 2.

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corrupción en las alturas Gabriel Zaid Gabriel Zaid, poeta y ensayista mexicano, nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en 1934. En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey obtuvo el título de ingeniero mecánico administrador, y aunque ejerció varios años como consultor independiente, su pasión por la poesía lo llevó a dedicarse de lleno a la literatura, y en 1958 publicó su primer poemario. Como miembro del grupo editorial Vuelta, ha sido uno de los promotores y comentaristas de obra de Octavio Paz, nuestro Premio Nobel de Literatura. Ha destacado, en el plano del ensayo, por abarcar tanto el ámbito cultural, como el político y social, lo mismo que en la organización de las calles, colonias y zonas postales de la Ciudad de México. De él se ha dicho que “su poesía se ha depurado con el paso del tiempo, para que cuarenta años más tarde aparezca por su rigor y limpidez como uno de los avatares más afortunados del clasicismo en la segunda mitad del siglo veinte mexicano”. Desde 1989 es miembro de la Real Academia de Letras Mexicanas, y su obra le ha valido ser objeto de diferentes premios de carácter nacional e internacional.

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ace falta un mapa de la corrupción en el poder, con todas las dependencias, ventanillas, actos corruptos típicos y tarifas de los mismos. Así saltaría a la vista que la corrupción se concentra en las zonas de contacto externo y, por lo tanto, depende de los puestos, más que de las personas. Lo confirma un dicho cínico: “No quiero que me den, sino que me pongan donde hay”. Una persona dispuestísima a la corrupción puede tener pocas oportunidades de ejercerla. En el extremo opuesto, una persona íntegra puede quedar en situaciones donde la disyuntiva es renunciar o ser destruido (moral o físicamente, con plata o plomo). Los altos puestos se prestan para la corrupción. Operan “donde hay”. Disponen de muchos recursos y facultades legales, con un buen margen de libertad. Y, a diferencia de la corrupción visible, como las mordidas de tránsito, manejan operaciones invisibles: tan técnicas que nadie las entiende, y de un tamaño que nadie se imagina. Unas cuantas decisiones técnicas, dentro de una conducta por lo demás intachable, pueden ser más lucrativas que un millón de mordidas de tránsito. LA CALIDAD MORAL Los puestos subordinados no tienen tanta capacidad de decisión. De hecho, su moralidad depende en buena parte de la moralidad en los puestos superiores, donde el margen discrecional hace que la corrupción sea posible, pero no necesaria; y donde la conducta (buena o mala) es un ejemplo que presiona a los subordinados. Por eso, la calidad moral de los altos funcionarios hace mucha diferencia en la calidad moral del gobierno. Y, sin embargo, hace más diferencia todavía la apertura a la vigilancia externa. Sin transparencia, sin rendición de

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cuentas, sin escrutinio público y división de poderes, el poder corrompe. Un alto funcionario que autoriza operaciones irregulares de inmenso beneficio para el país y ningún beneficio para sí mismo debe ser castigado. Su actuación es patrimonialista, no porque sea en beneficio de su patrimonio personal, sino porque dispone de los poderes públicos como si fueran de su propiedad. Su robo no es de dinero, sino de poder. Y al robo hay que sumar la ocultación y la mentira, porque no admitirá públicamente que robó con buenas intenciones. La buena conciencia por encima de la rendición de cuentas es una forma del poder impune. Hay funcionarios ejemplares que no abusan porque no quieren, pero un gobierno cuya honestidad depende de esa buena suerte no es recomendable. Es mejor un gobierno en el cual nadie abusa porque no puede: porque ningún abuso se le va a perdonar. VIGILANCIA EXTERNA El buen reclutamiento y la buena suerte aumentan la proporción de funcionarios competentes, diligentes y decentes, que se vigilan a sí mismos y vigilan su dependencia. Pero, aunque todos fueran así, la vigilancia externa de los otros poderes, de la prensa y de la sociedad es imprescindible. Para esto, sería bueno:

1. Que todas las funciones de vigilancia de la Secretaría de la Función Pública salgan del poder ejecutivo y pasen a la Auditoría Superior de la Federación del poder legislativo. La secretaría (inventada para la “renovación moral de la sociedad”) lleva cinco sexenios de hacer el ridículo. 2. Que las declaraciones patrimoniales de todos los altos funcionarios (de director general para arriba) sean públicas. 3. Que todos los grandes pagos del sector público sean públicos. Se puede empezar por la publicación (el mismo día, en internet) de todas las pólizas de pago de más de cien millones de pesos; bajar después el umbral a diez mi-llones y, finalmente, a un millón. 4. Que las quejas y denuncias que llegan a la Secretaría de la Función Pública y a la Presidencia de la República puedan ser conocidas y apadrinadas por gestores registrados (periódicos, asociaciones, despachos de abogados) para darles seguimiento y agrupar las que se refieren al mismo funcionario o el mismo procedimiento; hasta llegar, si es necesario, a tribunales. Y que los éxitos (las quejas y denuncias que producen cambios de personas o de procedimientos) se publiquen, para animar a los que prefieren no quejarse ni denunciar, porque creen que es inútil, cuando no peligroso; o porque no tienen tiempo, dinero o conocimientos para gestionar su propio caso. 5. Que las sentencias judiciales contra los abusos de las autoridades beneficien a todos los que estén en el mismo caso, no sólo a quienes pagan abogados y ganan el juicio. Y que la ley esté tan clara que los procuradores de justicia no puedan inventar pretextos para no ejercer la acción penal correspondiente contra las autoridades sentenciadas.

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Fernando pérez correa Fernando Pérez Correa es originario de la Ciudad de México, donde nació el año de 1942. Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1966, y en 1967 en Ciencias Políticas y Sociales. En la Universidad de Lovaina, se graduó en filosofía en el año 1968, y más tarde obtuvo el grado de doctor en la misma institución. Es, pues, abogado, pero también politólogo y filósofo. En su Alma Máter –la UNAM- se ha desempeñado como profesor de Carrera desde 1969; coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades, de 1974 a 1977; secretario general, de 1977 a 1981; coordinador de Humanidades, de 1981 a 1983, y director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de 2000 a 2008. Ha sido investigador en la Universidad de Lovaina, y profesor en El Colegio de México, y en las universidades de Harvard y Oxford, así como en diversas universidades mexicanas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores; ha colaborado en las revistas Plural, Vuelta, Este País, Etcétera, y ha publicado textos de investigación en varias revistas académicas. En el sector público, fue subsecretario de Gobernación, a cargo del Sector Paraestatal, y coordinador de Estudios y Proyectos, a cargo de la consulta sobre la Reforma Federal. Fue, asimismo, director general del INEA, y presidente del Instituto Nacional para el Desarrollo Equitativo y Democrático.

La corrupción, amenaza para la viabilidad nacional

Fernando Pérez Correa

éxico es rehén de la corrupción. Los secuestradores de la moral pública no se ubican sólo en el gobierno; también están en la iniciativa privada (nacional y transnacional), los sindicatos, los medios de comunicación, las escuelas y aun las iglesias. El tema no es reciente: desde la fundación del orden colonial, cuando la metrópoli o sus representantes organizaron las primeras formas de gobierno, los conquistadores establecieron mecanismos que confundían los intereses públicos con los privados, para premiar a los vencedores y repartir los despojos de los vencidos. Con el tiempo, esta corrupción fundacional se generalizó dramáticamente. En particular, los cambios de régimen a lo largo de nuestra historia, hicieron más visibles e inaceptables los extremos de la ilegalidad, inexorablemente contrastados con los principios normativos formales que hemos adoptado. Registro una paradoja de nuestra historia; al avance de nuestra democracia ha correspondido el incesante y apresurado despliegue simultáneo de la corrupción. Admitamos lo obvio: no es fácil liberarnos de tan añejas y complejas cadenas. Lograrlo reclamaría grandes quiebres en el sistema político, que desnuden, revelen y sacudan complicidades entre los poderes, intereses y privilegios. Cierto: hemos presenciado golpes vistosos, aunque efímeros. Pero extirpar la corrupción precisa de medidas aparentemente menos espectaculares, pero más profundas y efectivas. De lo que se trata es de airear la gestión pública, abrirla al escrutinio general, impulsar sin cesar la acción ciudadana de registro y defensa de los intereses de la sociedad y confiar a la “contraloría social” la vigilancia de la autoridad. MAGISTRADOS DE LA LEGALIDAD En efecto, necesitamos que el ciudadano común, los integrantes de la sociedad misma, instituyan gradualmente costumbres limpias y se constituyan en ma-

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gistrados de la legalidad. Para luchar contra la corrupción no bastan los inspectores oficiales ni los sistemas de fiscalización institucionales; se requiere la participación comprometida de todos. La tarea parece fácil, pero constituye una empresa titánica. La corrupción implica una inmensa maraña de factores culturales, históricos, políticos, burocráticos y económicos; sustentada, por si fuera poco, en una solida red de intereses y complicidades. En esas condiciones, encontrarle la punta a la hebra, establecer caminos apropiados para empezar y mantener la lucha, y combatir eficazmente a esta hidra maligna, reclama contar precisamente con lo que no tenemos aún: una gran coalición ciudadana inspirada y decidida a fundar un nuevo clima ético. La realidad omnipresente y porosa del fenómeno impide a muchos confrontarlo; otros más contribuyen, como cosa natural, a su reproducción; en fin, menudean quienes responden con desaliento ante una situación que parece irremisible. Y, sin embargo, silenciosa y tenazmente, la conciencia ciudadana se ha movido en la dirección de una restauración de la dignidad de los espacios públicos. CAUSAS, RELACIONES Y CONSECUENCIAS Inspirados en el método de Montesquieu, que aconsejaba descubrir y hacer visible el “Espíritu de las Leyes”, es importante que analicemos el concepto de corrupción, sus causas, relaciones y consecuencias, y que hagamos el diagnóstico y la crítica de la situación que hace posible escamotear la aplicación de la ley e imponer impunemente su violación. Lo que se intenta, al proponer esta línea de acción, es explicar y comprender el calibre de un proceso social vicioso de gran envergadura, consistente en el establecimiento, la expansión y el afianzamiento de un sistema legal dual, formalmente impecable, aunque en la práctica sustituido por un orden informal, consagrado por la fuerza de los intereses y arraigado en una cultura de la simulación. La corrupción es un proceso que desborda lo que acreditan un acta, un video, o la sumatoria obtenida en el expediente por el funcionario que desahoga un proceso. Se trata de una cuestión de magnitudes, cuyo potencial pone al descubierto la fragilidad de los procesos sociales jurídicamente regulados… Es importante reflexionar también sobre los antídotos eficaces contra la corrupción, fundados en el conocimiento de las complejidades de la realidad, para desalojar esta práctica dominante y para erradicar, en particular, a cada una de sus diversas especies; en fin, para aportar propuestas prácticas que hagan posible la restauración de la convivencia en el derecho y confieran a esta plaga un papel de desviaciones marginales sometidas por el imperio de la ley. Conviene evitar que, en el combate a la corrupción, suceda algo análogo a la suerte que corrió la defensa de la ecología: ambos son temas que concitan un apoyo retórico entre la ciudadanía, tan unánime como vacio, y que convierten a las políticas públicas y sus estrategias en lugares comunes, dispositivos ideológicos, o pantallas para desviar la atención e impedir el registro de la ausencia de

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proyectos oficiales o, en el peor de los casos, el registro de simples instrumentos de venganza coyuntural entre la clase política. A no dudarlo, la corrupción pudo haber servido funciones económicas y sociales: acomodar la vigencia formal de la ley y el principio de igualdad entre las personas, con la palmaria profundidad de las brechas con que la desigualdad fragmenta a la sociedad. Sin embargo, el argumento cínico es pasmoso: si todos somos iguales para competir en el orden de los contratos, licencias, permisos, concesiones o subsidios, ¡dejemos las cosas así!, y reconozcamos, también, que no todos somos iguales en el acceso a las redes, favores, acuerdos y distribución de contraprestaciones. Al orden de la igualdad formal, se sobrepone entonces, sin ruidos ni aspavientos, la realidad concreta de la desigualdad de acceso a la atención y a la complacencia de la autoridad. Quedan cubiertos así los requisitos formales de la ley y las restricciones impuestas por las desigualdades concretas. La corrupción hace posible regular formalmente la producción, el comercio y la promoción de bienes y servicios, sin detrimento de la puerta trasera, la que permite otorgar y recibir informalmente gracias y favores. La expansión y profundización de la desigualdad poseen una dinámica propia: sin ofender visiblemente al Estado de derecho, hacen posible que la corrupción reconcilie la brecha entre norma y conducta. Pudiera incluso afirmarse que la corrupción alienta la formación de capitales y fortalece la inversión y el desarrollo, ambos resultados bienhechores y globalmente racionales para la expansión de mercados modernos.

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CORRUPCIÓN, LA PEOR ALTERNATIVA Pero el cinismo es interesado y falaz: no olvidemos que la corrupción tiene límites y desventajas de gestión, análogas a la expansión sin control del sector público, sin contar con ninguna de sus ventajas; y, sobre todo, carece del contenido de justicia de éste: al contrario, ofrece la peor alternativa: las rigideces del crecimiento no competitivo y los abusos de la apropiación privada del esfuerzo común. Hoy lo sabemos: el resultado estructural de estas formas atípicas es desastroso: viola los principios del orden público y las reglas de los mercados; en cambio, es funcional para preservar las reliquias de las sociedades primitivas y es fatal para los principios de la democracia. Pero reconozcamos que el cielo no está cerrado, que es perceptible la gradual generación de alternativas. Hoy, la transparencia en los espacios públicos se ha franqueado un camino incontrovertido; los ciudadanos contamos con medios eficaces para tener acceso a la información pública; ha cobrado fuerza el principio de rendición de cuentas, pese a sus aplicaciones parciales e incompletas; en fin, la impunidad ha dejado de ser el principio inconmovible que conduce a nuestras administraciones públicas.

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HAY AVANCES, PERO SON INSUFICIENTES Cierto, se trata de avances aun insuficientes y, acaso, de pasos apenas balbuceantes… ¡Razón de más para mantener sin concesiones la demanda en el ámbito de la responsabilidad! Me parece igualmente cierto que estos avances en algunos casos han atropellado las atribuciones de los gobiernos locales y los municipios; que en el orden federal subsiste una práctica opaca y reticente a la rendición de cuentas, y que la tarea está aún en un estadio muy tentativo: el proceso es reversible y las resistencias ya se estructuran mejor. Ya conocemos una parte de la historia. Como señala un clásico del tema, Stephen D. Morris: “La corrupción concede al gobierno el lujo de no cambiar nada, mientras aparenta estar promoviendo el cambio”. Ahora conviene agregar la otra parte: no hay ninguna resistencia sustantiva de la cultura mexicana a la ética pública, al espacio abierto, a la transparencia; lo que ha habido, ha sido una colección de avances parciales y la lucha por mantener la batalla por una revolución moral y estructural aún inconclusa. De este tema, fundamental para México, dependen tanto la viabilidad como la moral de la Nación.

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no lo podemos evitar… dijeron los banqueros en Wall Street…

está en nuestra naturaleza a Rodrigo Soto

mí no me tocaron esas épocas, pero recuerdo cuando mi bisabuelo me decía que una de las cosas más valiosas que tenía un hombre era su palabra, y que sin ella no era nada. Recordando esas pláticas, me llamó la atención la descripción que hace Armando Fuentes Aguirre “Catón”, en su libro “La otra historia de México, Díaz y Madero, La Espada y el Espíritu”, la que describo textualmente a continuación: “Los hijos del Heroico Colegio Militar han hecho siempre honor a su plantel, y como muestra es este relato. “En el año de 1892 murió don Carlos Fuero. Una calle en la ciudad de Saltillo lleva su nombre. Ese homenaje y más merece por el hecho que ahora voy a narrar. “A la caída de Querétaro, quedó prisionero de los juaristas el general don Severo del Castillo, jefe del Estado Mayor de Maximiliano. Fue condenado a muerte, y su custodia se encomendó al coronel Carlos Fuero. “La víspera de la ejecución dormía el coronel, cuando su asistente lo despertó. El General Del Castillo, le dijo,

deseaba hablar con él. Se vistió de prisa Fuero y acudió de inmediato a la celda del condenado a muerte. No olvidaba que don Severo había sido amigo de su padre. “Carlos –le dijo el General–, perdona que te haya hecho despertar. Como tú sabes, me quedan unas cuantas horas de vida, y necesito que me hagas un favor. Quiero confesarme y hacer mi testamento. Por favor manda llamar al padre Montes y al licenciado José maría Vásquez”. - Mi General –respondió Fuero, –no creo que sea necesario que vengan esos señores–. -¿Cómo? –se irritó el general Del Castillo. Te estoy diciendo que deseo arreglar las cosas de mi alma y de mi familia, ¿y me dices que no es necesario que vengan el sacerdote y el notario? - En efecto, mi general –repitió el coronel republicano. –No hay necesidad de mandarlos llamar; usted irá personalmente a arreglar sus asuntos y yo me quedaré en su lugar hasta que usted regrese. Don Severo se quedó estupefacto. La muestra de con-

Maestro Rodrigo Soto Economía de las Ideas rsotomoreno@ yahoo.com

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fianza que le daba el joven coronel era extraordinaria. - Pero, Carlos –le respondió emocionado– ¿Qué garantía tienes de que regresaré para enfrentarme al pelotón de fusilamiento? - Su palabra de honor, mi General –contestó Fuero. - Ya la tienes –dijo don Severo, abrazando al joven Coronel. Salieron los dos y dijo Fuero al encargado de la guardia: –El señor general Del Castillo va a su casa a arreglar unos asuntos. Yo quedaré en su lugar como prisionero. Cuando él regrese me manda usted despertar. A la mañana siguiente, cuando llegó al cuartel el superior de Fuero, general Sóstenes Rocha, el encargado de la guardia le informó lo sucedido. Corriendo fue Rocha a la celda en donde estaba Fuero y lo encontró durmiendo tranquilamente. Lo despertó moviéndolo. - ¿Qué hiciste Carlos? ¿Por qué dejaste ir al general? - Ya volverá –le contestó Fuero– Si no, entonces me fusilas a mí y asunto arreglado. En ese preciso momento se escucharon pasos en la acera. - ¿Quién vive? – gritó el centinela–. – ¡México! –respondió la vibrante voz del General del Castillo– Y un prisionero de guerra. Cumpliendo su palabra de honor, volvía don Severo, para ser fusilado. El final de esta historia es muy feliz. El general Del Castillo no fue pasado por las armas. Rocha le contó a don Mariano Escobedo lo que había pasado, y éste a don Benito Juárez. El Benemérito, conmovido por la magnanimidad de los dos militares, indultó al General y ordenó la suspensión de cualquier procedimiento contra Fuero. Ambos eran hijos del Colegio Militar; ambos hicieron honor a la gloriosa institución”. Pareciera como si lo anterior no tuviera nada que ver con el tema de esta revista, ética y corrupción, pero para mi gusto tiene un alto grado de valía, pues si volviéramos a tener e inculcar la palabra como un código de honor que debe mantenerse, seguramente estaríamos menos expuestos a sufrir los duros embates de la corrupción que impera en el mundo y particularmente en nuestro país. WALL STREET Y LA CRISIS DE 2008 Entrando en materia, me gustaría hablar sobre lo que recientemente sucedió dentro de la crisis mundial, del 2008 en los Estados Unidos. Particularmente me voy a centrar en el comportamiento de Wall Street y de ciertas compañías nortemaericanas, donde podemos apreciar claramente que tanto los banqueros como los empresarios, sabían que los valores de ciertas compañías iban a estar por los suelos en cualquier momento, y sin importales eso, vendieron a sus clientes acciones de esas mismas compañías, con pleno conocimiento de que, en cuestión de días u horas, esas acciones iban a caer en picada. Como señala el reciente documental “Inside Job” del director Charles Ferguson y narrada por el actor Matt Da-

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mon, una de las causas de la crisis fue, aparte de malos manejos y la falta de regulación en los mercados, la avaricia de los dirigentes de diversas empresas del corazón financiero de los Estados Unidos, además de que contaban con información privilegiada, antes de colocar sus acciones, para engañar al consumidor, para sacar provecho de su posición y salir no solamente libres de sus actos, sino con ganancias millonarias, todo a costa de sus propios clientes y del mercado en general. Este documental nos señala que la crisis de 2008 costó decenas de millones de dólares a numerosas personas, pues acabó con sus ahorros, sus trabajos y también su patrimonio, reflejado en sus casas, debido a que los banqueros obtuvieron jugosas ganancias al especular con el dinero de estas personas para posteriormente destruir las empresas que dirigían y salir con indemnizaciones millonarias.

ENRIQUECIMIENTO ENFERMIZO Como dice el primer ministro de Singapur en el documental, Lee Hsien Loong: “cuando creas algo de la nada, es muy difícil resistirte”, en referencia a las burbujas que estos empresarios crean y que usan el dinero de los contribuyentes y del pueblo para enriquecerse de forma casi enfermiza y sin escrúpulos. La pregunta que surge es por qué no se investiga a fondo el punto y se detiene a los culpables, a lo que responde Nouriel Roubini, profesor de NYU Business School: “porque entonces encontrarías a los culpables”, aludiendo a que el gobierno americano no quiere actuar, ya que de cierta forma es cómplice de los malos manejos y de la falta de regulación en este mercado. Para Eliot Spitzer, ex gobernador de Nueva York, “los reguladores no hicieron su trabajo”; es decir, dejaron que los especuladores financieros hicieran su trabajo maquiavélico, a sabiendas de que podían perder el dinero de

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muchas personas, debido a que en muchos casos se ha ventilado que los mismos reguladores financieros recibían dinero por las burbujas creadas. CRISIS GLOBAL El documental señala que, en septiembre de 2008, la quiebra del banco Lehman Brothers y de la aseguradora AIG produjo una crisis global, que resultó al final en una recesión global, que le costó al mundo miles de billones de dólares; dejó alrededor de 30 millones de desempleados, y duplicó además la deuda del “país más poderoso del mundo”, los Estados Unidos. Para Nouriel Roubini, si vemos el panorama completo, tenemos una destrucción de la riqueza, de ingresos, de fuentes de trabajo, y 50 millones de personas más que quedaron por debajo de la línea de pobreza, lo que resulta ser una crisis demasiado cara.

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El mismo documental, Inside Job, señala que la crisis no fue accidental, sino que fue creada por una industria fuera de control y nuevamente por la avaricia desmedida de ciertos seres humanos, a los que no les importó dejar sin nada a millones de personas a costa de su riqueza enfermiza, misma que se transforma en adicción. Como si estuviese en su naturaleza comportarse de forma no ética y corrupta. Para entender un poco lo que sucede con estos individuos, recientes estudios en neurociencia, mencionados por el profesor Andrew Lo, del laboratorio de Ingeniería Financiera del MIT, señalan que los científicos han hecho experimentos con resonancia magnética, en donde ponen a individuos en un juego donde el premio es dinero, y sus resultados muestran que, cuando estos individuos obtienen el dinero, estimulan la misma parte del cerebro que estimula la cocaína. PAGARON LOS CONTRIBUYENTES Otro punto que preocupa en demasía, es lo también señalado en la exposición dirigida por Ferguson, en el sentido de que muchos de los rescates de las empresas salieron del bolsillo de los contribuyentes, y los responsables de las quiebras simuladas para enriquecerse, salieron sin rasguños de la crisis y no sólo eso, sino con grandes sumas de dinero por “su buen desempeño” en bonos empresariales. Por ejemplo, se nos dice que los cinco ejecutivos más altos de Lehman Brothers ganaron mil millones de dólares entre 2000 y 2007, y a pesar de que la firma quebró, a ellos no se les quitó su dinero. Otros que se mencionan son Angelo Mozillo, CEO de Countrywide, quien ganó 470 millones de dólares entre 2003 y 2008; Stan O´Neal, gerente general de Merrill Lynch, quien recibió 90 millones de dólares entre 2006 y 2007; posteriormente, cuando hizo que su firma quebrara, la junta directiva le permitió quedarse con 161 millones de dólares de indemnización. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Lo que se puede concluir de lo anterior es que, tanto los banqueros, como los empresarios de diversas compañías, hicieron malos manejos, gracias a que tenían información privilegiada que no revelaron al público, a sus consumidores y que se apegaron al “chapter 11” de la quiebra en sus países, para salir por la puerta de atrás, con jugosas ganancias, en tanto que los contribuyentes tuvieron que pagar el rescate de empresas y sanear el declive económico de sus bolsillos. Lo mismo sucedió con los banqueros y diversos corredores de bolsa, dentro de Wall Street, quienes se dedicaron a vender acciones y limpiar su cartera, como nos lo muestra la película “Margin Call”, gracias a que obtuvieron información de sus corridas financieras, en donde sabían claramente que los títulos que les estaban vendiendo a sus clientes y a otros corredores de bolsa, de un momento a otro no iban a valer nada. Urge que exista un mecanismo internacional que audite y regule a las empresas transnacionales, así como verifique los bonos que se están dando a los altos ejecutivos.

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No es justo que la avaricia lesione a millones de personas por el simple hecho adictivo de que una persona quiera más dinero a costa de lo que sea. Además, se deben revisar los sueldos de esas empresas transnacionales, para que no exista demasiada desigualdad entre lo que se percibe entre los diferentes puestos, desde el director general, hasta el obrero de línea de producción. PRIMATES SAMARITANOS Para comprender mejor lo que sucede en estos comportamientos no éticos, en ocasiones he hablado sobre la lucha, que parece eterna, entre la inteligencia maquiavélica versus los primates samaritanos, en donde tenemos que decidir entre utilizar nuestra mente de forma truculenta, con connivencia, o por otro lado trabajar en equipo, cooperar, mostrar empatía y estar en simbiosis con otros seres humanos, así como el resto de las especies del planeta. Por inteligencia maquiavélica entendemos lo dicho por los primatólogos Richard W. Byrne y Andrew Whiten, de la Universidad Saint Andrews, en Escocia, que con base en sus estudios argumentan que la explosión de la inteligencia en los primates fue debido a la necesidad de formas más sofisticadas de engaño social y manipulación, así como se sugiere que la complejidad social impulsó a nuestros antepasados a ser cada vez más inteligentes para negociar, fachendear (farolear), así como a la connivencia (confabulación o engaño). En tanto, por primates samaritanos nos apoyamos en lo que dice Frans de Waal, en relación a la era de la empatía, tomando la evolución de la misma para la promoción de la cooperación, trabajo en equipo, mediante la formación de grupos altruistas que se centren en que cada uno de sus miembros obtenga el mayor beneficio posible, sin lesionar las aspiraciones o necesidades de otros. “Retando” de cierta forma a la supervivencia del más apto, de Waal propone tomar la evolución de la empatía como el producto final de la selección natural, así como la promoción de grupos altruistas. Es una lucha entre la mente maquiavélica y la posición del primate samaritano, pero al final nosotros debemos tomar la decisión, sobre cuál vertiente cumple mejor con nuestras expectativas y cuál de ellas nos hará dar el siguiente paso evolutivo. Para mí, está claro que debe ser esa cooperación grupal, esa ayuda mutua, esa posición samaritana, así como la estrategia de legalidad, para que el beneficio se riegue no sólo a una comunidad, sino a todo un país… que es en el que supuestamente queremos incidir y transformar para que los mexicanos tengamos un mejor presente y un mejor futuro para los que vienen detrás de nosotros, así como para nuestros supuestos genes egoístas. SUPERVIVENCIA DEL MÁS JUSTO Se propone, así, que para dar el siguiente paso evolutivo, es necesario cimentar la hipótesis de la “supervivencia del más justo” dentro de nuestras comunidades, misma que debe estar sustentada por cinco pilares básicos, que son: la empatía, la cooperación, la honestidad, el altruismo y

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la simbiosis con nosotros y con el medio ambiente. Nuestra transición será entonces del “homo hominis lupus” (el hombre es el lobo del hombre), al “homo hominem iuvans” (el hombre en ayuda del hombre). Tal vez así tendremos verdadero progreso como especie, volviendo a ponerle el valor justo a dar la palabra y que nuestro honor dependa de ella. Puede costarnos… Pero vale la pena intentarlo.

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Moral pública, su campo de acción y su relatividad

José María Infante

a expresión “moral pública” puede ser un pleonasmo. Toda moral es siempre una construcción colectiva, social, y solamente el comportamiento de una persona o agente (social), cuando queda encerrado en un ámbito socialmente invisible y no tiene consecuencias para un otro, no es de ningún interés para una moral. O sea que sólo actos sin efectos o repercusiones para un otro escapan, en principio, a consideraciones morales. También debe tenerse en cuenta que, en muchos casos, los términos moral, ética y moral pública son conceptuados o usados como sinónimos. Aquí se considerará moral pública como aplicable a los juicios valorativos de aceptación o condena de los comportamientos de los individuos en sociedad. Una discusión que no puede desarrollarse aquí, concierne a si es aplicable a instituciones; es decir, si las acciones de las instituciones sociales pueden ser enjuiciadas o esto sólo cabe para individuos. Este enjuiciamiento se da en la misma práctica social, independientemente de la intervención de organismos determinados por la legislación positiva al respecto. Es decir, que puede haber y hay instituciones jurídicas capaces de sancionar las faltas a la moral social, pero la dinámica de ésta supera la vigencia o autoridad de esas instituciones. LOS NIÑOS MEXICANOS Y EL TRABAJO Un ejemplo de cómo funciona la moral social se puede encontrar en la condición de los niños mexicanos con relación al trabajo: aun cuando nuestra Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, de la ONU (ratificada por México en 1990), señalan la necesidad de proteger a los niños, otorgándoles lo necesario para su desarrollo

integral, en especial alimentos, salud, educación y esparcimiento, tenemos alrededor de tres millones de niñas y niños en el país que están obligados socialmente (por imperativos del sistema social) a desempeñar alguna actividad económica (por la que en algunos casos no reciben ninguna remuneración) que les impide ese desarrollo integral del que hablan las propuestas ideales, ya sea que no pueden asistir a la escuela, o tener un esparcimiento adecuado a su edad y necesidades. Suele ocurrir que, en el entorno familiar y social de estos niños, se toma esa condición como natural; es decir, que nadie en particular asume lo negativo que estas prácticas pueden tener ni las consecuencias inadecuadas de mediano y largo plazo para toda la sociedad mexicana. ¿A quién deberíamos sancionar por esto? POBREZA EXTREMA Lo mismo podríamos decir de la condición de pobreza extrema: más de cinco millones de niños mexicanos están en esa condición, y también se trata de un caso de moral pública. Algunos creerán que eso está mal o no debe ocurrir, y se involucrarán en acciones tendientes a corregir esta deficiencia; otros ignorarán, consciente o inconscientemente, el hecho, y otros más ensayarán algún tipo de justificación o, como ocurre cuando a un niño se le sorprende en falta, tratarán de endilgarle la culpa a un otro (en ocasiones a esos mismos niños, calificándolos de deficientes o carentes de alguna habilidad), o expresar que no es algo de su responsabilidad (yo no fui). Lo que suele ocurrir es que no se encuentra, en el imaginario social, una clara conciencia de la transgresión o de la necesidad de respetar alguna norma. Cuando se

Doctor José María Infante Profesor e investigador Facultad de Filosofía y Letras / UANL Miembro de la International Society of Polítical Psychology, de la World Association for Public Opinion Research, y de la International Sociological Association jose.infante @uanl.mx

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participa en alguna acción de corrupción, por ejemplo, suelen no aparecer las manifestaciones de una conciencia sobre las consecuencias de esos actos; se toma la acción como el resultado inevitable de las costumbres existentes (y no debe olvidarse que en la raíz latina del término moral aparece el significado de costumbres). Suele también limitarse el problema de la moral social a la dimensión sexual del comportamiento. El Código Penal Federal de México establece como delitos contra la moral pública la producción y difusión de material gráfico o impreso considerado obsceno, y también la invitación, de un “modo escandaloso”, al “comercio carnal”. Es evidente que nuestros legisladores han tenido una concepción muy limitada y estrecha de la moral pública. El problema es, justamente, cuáles actos pueden y deben ser sancionados como tal. USOS Y COSTUMBRES En casi todos los países democráticos occidentales, el municipio es la unidad territorial del dominio de lo que se conoce como “usos y costumbres”, lo que nos hace pensar en innumerables versiones de la moral pública, tantas como número de municipios disponemos. En Barcelona (España), por ejemplo, está permitido circular desnudo por la calle, pero tenemos pocas noticias de que haya otros municipios en el mundo que permitan una norma similar. En la misma línea, hace poco tiempo se desató en Suiza una polémica por la práctica del senderismo nudista; esta forma de deporte parece ser relativamente común entre ciudadanos alemanes, donde existen rutas y senderos habilitados legalmente para ello. Pero el Tribunal Supremo de Suiza ha determinado que los municipios de ese país pueden aplicar multas a quienes lo hagan. El incidente demuestra la relatividad de lo que se puede entender por moral pública, las variaciones culturales en este rubro y la superposición de jurisdicciones en materia reglamentaria, por lo cual la moral pública deja de ser una categoría metafísica y se convierte en una condición práctica. En particular, ha desatado prejuicios de índole cultural entre suizos y alemanes. En México, no sólo podemos encontrar variaciones con relación a otros países, sino que encontramos esas variaciones en el mismo país, variaciones que nos presentan contradicciones o discrepancias relacionadas con los juicios entre comportamientos de lugares dispares. MECANISMOS ELECTORALES Quizá los usos y costumbres que más afectan a la moral pública y suscitan polémica en México están vinculados a los mecanismos electorales con predominio de etnias indígenas. Si estudiáramos a fondo esos usos y costumbres, encontraríamos que no son rígidos, sino que han cambiado con el tiempo, de manera que apelar a la tradición es contradictorio en sí mismo; pero no se trata de la única contradicción, ya que el mecanismo es utilizado para la elección de autoridades políticas municipales, pero no se aplican para la elección de otros cargos políticos, como es el caso de los diputados estatales o federales.

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Lo anterior nos obliga a relacionar la estructura de la moral pública con las virtudes ciudadanas y, asociado a ello, con las responsabilidades en la transmisión de valores: ¿quiénes deben estar encargados, quiénes autorizados y quiénes vetados en el proceso de la transmisión de los contenidos y las actitudes válidas de la moral social? En la tradición de los países americanos sometidos al dominio español, fueron las iglesias -en especial la católica- las que se instituyeron como dominantes en la construcción de los valores a utilizar. Pero esa hegemonía, por razones que no pueden analizarse aquí, se ha visto disminuida, cuando no dejada a un lado, en casi todos los países, aunque debe reconocerse que a diferentes ritmos y dinámicas. ¿Es posible llegar a un consenso mínimo sobre los valores a impulsar y transmitir en una comunidad o sociedad, admitiendo de manera implícita que en las comunidades auténticamente democráticas no se debe ni se puede implantar un canon único? Reemplazar una religión (cualquier religión) por un credo laico impuesto por el Estado puede ser más peligroso que permitir el libre juego de las instituciones religiosas o solicitar a éstas que se hagan cargo de la formación oral de los ciudadanos. Debiera ser una tarea donde la comunidad asuma colectivamente esa responsabilidad, con arreglo a criterios racionales. CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Al mismo tiempo, toda sociedad debe aspirar a un compromiso cívico de sus integrantes, lo que supone, en sí misma, la práctica de una moral. Este compromiso debe orientarse al logro de una sociedad de convivencia democrática (en el sentido de considerar las posiciones de cada ciudadano iguales a las de cualquier otro), donde se dé un absoluto respeto a la ley, donde cada ciudadano asuma su responsabilidad en la búsqueda de soluciones para los problemas comunes, donde aparezca la cooperación y solidaridad con quienes se enfrenten a dificultades o manifiestan deficiencias, y donde se impulse, como política oficial, el desarrollo personal y la calidad de vida de todos y cada uno de sus miembros. Difícilmente la familia o una religión podrán encargarse de estas tareas, ya que ambas instituciones tienden a ser egoístas por naturaleza propia, y tienden a favorecer y privilegiar a sus propios miembros por encima del resto de los habitantes o ciudadanos. Problema aparte es quién debe asumir la responsabilidad de la orientación y coordinación de esas tareas de transmisión de valores, ya que esto nunca podrá encargarse a una instancia específica del sistema social, aunque algunas de las instituciones, como es el caso de las escolares, deban asumir y hacer un esfuerzo especial. Y, por último, su condición práctica, porque todos los comportamientos ponen en juego valores que los ciudadanos concretos no están en condiciones de controlar en ciertas ocasiones. Si cada ciudadano no incorpora en su estructura psicológica un código de la moral social necesaria, tendremos siempre dificultades en los procesos sociales.

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Ética para la sustentabilidad

Beatriz Liliana De Ita Rubio ALGUNOS PROBLEMAS PRIORITARIOS éxico afronta graves problemas que obstaculizan el desarrollo económico y social, así como la construcción de una gobernabilidad democrática, y ponen de manifiesto que la posibilidad de alcanzar la sustentabilidad está muy lejana. Al analizar los problemas sociales y económicos más importantes, es posible apreciar que tienen como factor común la corrupción, que por tal motivo se ha convertido en el problema más grave para México. Como se ha mencionado, la corrupción es una de las principales causas de la gran mayoría, si no es que de la totalidad, de los asuntos que afectan a nuestro país y se hace presente en todos los ámbitos y dimensiones de nuestra vida cotidiana, sin distinción de género, estrato social, ni edad, prácticamente, -con excepción de los niños. Debido a que la corrupción es un tema directamente vinculado con los valores, es, por esencia, una cuestión de índole ética. Como su nombre lo indica, la corrupción refiere una descomposición social generalizada de los valores que se requieren para constituir lo que debiera ser

Maestra Beatriz Liliana De Ita Rubio Docente e investigadora Facultad de Filosofía y Letras / UANL Doctorante en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable / UANL ldeitarubio@gmail. com

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la virtud cívica y, como consecuencia, crea un ambiente propicio para la inseguridad, la violencia, la pobreza, así como obstáculos a la sustentabilidad en sentido amplio. La corrupción ocasiona otros elevados costos sociales y económicos, que es importante valorar. Desafortunadamente, en el México contemporáneo se incrementan, la corrupción, la pobreza, la inseguridad, la violencia, el desempleo y la falta de oportunidades educativas, y se afrontan graves carencias en términos de equidad y bienestar social. MÉXICO, EN CONDICIÓN CRÍTICA Por lo anterior, resulta difícil sostener que nuestro país experimente un proceso hacia la sustentabilidad, pues estos indicadores inciden en forma negativa en términos económicos y de política social e impiden el desarrollo de los seres humanos. La dimensión y la trascendencia de estas desfavorables circunstancias que presenta nuestro país y que lo mantienen en una condición crítica, pueden apreciarse en primera instancia, mediante el análisis de algunos de los más relevantes índices e indicadores relativos

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a la corrupción y a la pobreza en México. Estos elementos permiten, además, captar relaciones entre los diversos factores participantes y valorar sus efectos en la sociedad. ENCUESTA SOBRE CORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO El organismo Transparencia Internacional realiza anualmente la Encuesta Nacional sobre Corrupción y Buen Gobierno y presenta el Índice de Percepción de la Corrupción. El análisis de los datos para nuestro país, comparando los resultados de los años 2008 a 2011, muestra que se ha ido generando un incremento en tal indicador. Actualmente, México ocupa el lugar 100 entre 183 países y obtuvo una calificación de sus propios habitantes, de 3.0 en una escala en la que el 0 es la mayor percepción de corrupción y 10 la menor, mientras que en el año 2008 ocupó el lugar 72 con puntuación de 3.6. (Transparencia Mexicana, 2011) También en materia de corrupción, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2011), ubica a México en el último lugar de los 34 países evaluados en ese grupo. Con respecto a los resultados que nuestro país obtiene cuando es comparado con los países que forman el grupo de los 20 (G20), ocupa la posición 16 de 19 países evaluados, entre los cuales Rusia se ubica en el último lugar. En el grupo BRIC (Brasil, India, China y Rusia), México ocuparía la cuarta posición, seguido de Rusia. SITUACIÓN QUE SE AGRAVA De acuerdo con los datos anteriores, México está considerado entre los países más corruptos en el mundo y, en lugar de mejorar, esta condición se ha agravado con el transcurso de los años. Es por ello que necesitamos iniciar en forma inmediata el proceso de formación y transformación ética y cívica, de las creencias y prácticas preponderantes. Aunado a lo anterior, los últimos datos presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2010), muestran que la pobreza se ha incrementado en nuestro país, en comparación con los indicadores del año 2008. De esta manera, 52 millones de habitantes (46.2 por ciento) se encuentran en situación de pobreza, 11.7 millones de personas en pobreza extrema (10.4 por ciento) y 6.5 millones de personas (5.8 por ciento) en situación de vulnerabilidad, debido a su ingreso. Si se suman las cifras antes indicadas, es posible afirmar que 70.2 millones de habitantes de nuestro país sufren, en mayor o menor medida, esta grave condición de pobreza. Si consideramos, que según el Censo de Población y Vivienda 2010, nuestro país cuenta con 112 millones 336 mil 538 habitantes, resulta que más del 60 por ciento de la población mexicana afronta esta condición. Debemos preguntarnos seriamente por qué en México y en Honduras se han incrementado la pobreza y la desigualdad, mientras que en el resto de países de América Latina han disminuido, sobre todo si tenemos en consideración que nuestro país es uno de los que posee mayor riqueza en recursos naturales, biodiversidad y cultura, y se sostiene que los aspectos macroeconómicos han

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mostrado crecimiento. La respuesta a esta interrogante parece encontrarse en las grandes carencias que se presentan en las cuestiones éticas, de justicia social y de gobernabilidad democrática. POR QUÉ CONSIDERAR ÉTICOS ESTOS PROBLEMAS Los datos son alarmantes por sí mismos, y adquieren mayor trascendencia cuando se analizan las relaciones que mantienen entre sí los diversos factores, lo que hace más complejos los problemas que se presentan en el contexto. Es sumamente grave que dos terceras partes de la población mexicana vivan en condiciones de pobreza y la situación se vuelve inmoral ante la enorme desigualdad socioeconómica. Coexisten, en forma polarizada, los más de 70 millones de mexicanos en situación de pobreza, con los muy pocos que incrementan exorbitantemente su riqueza, considerados entre las personas más ricas en el mundo, que no muestran ningún interés o preocupación por participar activamente en la transformación de tales asimetrías hacia la equidad. Según investigaciones llevadas a cabo por distintos economistas, citados por Bernardo Kliksberg (2005), existe una correlación entre desigualdad y corrupción, que forman un círculo perverso: mientras mayores son los niveles de inequidad, mayor corrupción se genera y a su vez, ésta es una de las principales vías para que se multiplique la desigualdad. Dichos estudios evidencian que en las sociedades que tienen mayor polarización, los grupos más favorecidos económicamente son los que tienen más posibilidades e incentivos para prácticas corruptas, así como posibilidades de impunidad, pues, además del poder, gozan de mayores niveles de organización y articulación política, en contraste con los pobres, que son débiles para defenderse de estas prácticas, que, no obstante, se presentan en la totalidad de los estratos socioeconómicos. MÚLTIPLES EFECTOS NEGATIVOS La corrupción genera mayor desigualdad, afecta el crecimiento económico, el gasto social, la inversión externa, el comercio, así como la vida democrática. Los altos costos que genera la corrupción repercuten en la disminución de la inversión en gasto social. El Banco Mundial (2011) estima que la tasa de crecimiento del PIB es frenada entre un .5 y 1.5 anual, que el Estado pierde en sus ingresos,

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18 por ciento, en proporción al nivel salarial, según estimaciones de la misma fuente. La corrupción ocasiona la pérdida de la confianza de los ciudadanos entre sí y hacia las autoridades e instituciones; por ello afecta las relaciones éticas de la sociedad y pone en riesgo los procesos democratizadores. Prácticas ilegales y acuerdos por encima de la ley, benefician tan sólo a particulares y perjudican al resto de los sectores sociales, debido a que debilitan a las instituciones, propician la proliferación del crimen organizado y diversas actividades ilícitas. CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD En México, la corrupción está intrínsecamente asociada a la impunidad, ya que con gran frecuencia se transgreden las leyes sin que se aplique ninguna sanción por parte del Estado, lo que ha estimulado su incremento. Según los resultados del citado estudio de la OCDE, algunos gobiernos no protegen de forma adecuada a sus ciudadanos ante la corrupción, ya que permiten el abuso e incluso el desvío de los recursos públicos, los sobornos y la toma de decisiones, sin informar a los ciudadanos, entre otros; más aún, revela la OCDE, que es en el ámbito guber-

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namental en donde se presenta mayor incidencia de actos de corrupción y es más alta en aquellas empresas con mayor presupuesto. Algunos investigadores consideran que la elevada incidencia con que se presenta la corrupción, es estimulada por la falta de legislación adecuada y suficiente, así como por la ausencia de supervisión y aplicación de sanciones ante hechos de transgresión de las leyes; es decir, por la impunidad. Además, debido a su frecuencia y a su permanencia en el tiempo, se ha convertido en un aspecto arraigado de nuestra cultura y de nuestras formas de vida, y permea todos los espacios de nuestra vida cotidiana, por lo que las generaciones de niños y jóvenes aprenden que pueden recurrir a dichas prácticas, para satisfacer intereses o solucionar problemas personales. No pretendo afirmar que la corrupción sea un rasgo de identidad de los mexicanos, sino que, diversos factores y circunstancias se han combinado, de manera que la población de nuestro país ha encontrado una forma de dar una aparente solución inmediata a ciertos problemas, sin medir las consecuencias que ello acarrea y que son per-

judiciales tanto personal cono socialmente. Por su naturaleza, la corrupción es un acto egoísta. Cambiar este rasgo cultural requiere una transformación profunda tanto en los valores, como en las formas de pensar y las prácticas. Una transformación como la que se requiere supone un proceso largo, que debe surgir del interior de los seres humanos y generalizarse, lo que será posible fundamentalmente, mediante la educación. Es necesario que todos los poderes de la Unión, los niveles de gobierno, las instituciones y los miembros de la sociedad civil se organicen y participen activamente en la eliminación de estos graves males. Considero que, además del fortalecimiento de los aspectos jurídicos, se requiere la generación de empleos, la creación y consolidación de instituciones democráticas y el diseño de propuestas de formación cívica, ética y política, que son las que pueden incidir en forma directa para lograr el cambio. Se convoca a la sociedad civil a participar en el diseño y operación de diversas propuestas orientadas a la transformación, especialmente las pedagógicas.

rEFErEnciaS 1. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Medición de la pobreza. 2010. http://www.coneval.gob.mx/ cmsconeval/rw/pages/medicion/index.es.do 2. Kliksberg, Bernardo. Más ética, más desarrollo. (2005) Buenos Aires: Ed. Temas. 3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Combate a la corrupción” 2011. http://www.oecd.org/document/29/0,3746,es_36288 966_36288607_42799837_1_1_1_1,00.html 4. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Informe sobre Desarrollo Humano. México 2011. Julio 2011. México. http://www.undp.org. mx/IMG/pdf/Informe_sobre_Desarrollo_Humano_ Mexico_2011.pdf 5. Ramales Osorio, Martín Carlos. “México: desigualdad social y pobreza. Saldos del <<gobierno del empleo>>.” En Observatorio de la Economía Latinoamericana. No 132, 2010. Revista académica de economía. http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ mx/2010/mcro2.htm 12 de diciembre de 2011. 6. Sen, Amartya. ¿Qué impacto puede tener la ética? (2000) Conferencia Internacional sobre Ética y Desarrollo. BID, gobierno de Noruega. Diciembre 7. Transparencia México. Capítulo de Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2011. http://www.transparenciamexicana.org.mx/ 8. Yikona, Stuart. “Cómo la corrupción y la evasión de impuestos alteran al desarrollo” Banco Mundial. 9 diciembre de 2011. http://blogs.worldbank.org/ meetings/es/c-mo-la-corrupci-n-y-la-evasi-n-deimpuestos-alteran-al-desarrollo Imagen tomada de la página: http://www.ejes.com.mx/2007/Feb07/Feb07Saco.htm

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aproximaciones desde la Ética y la Educación para un México sin corrupción Doctor Rafael M. de Gasperín Gasperín Organización México sin Corrupción http://www. mexicosin corrupcion.com/ Departamento de Filosofía y Ética http://www. mexicosin corrupcion.com/ index.

Maestro Enrique Raúl Alanís Dávila Organización México sin Corrupción http://www. mexicosin corrupcion.com/ Departamento de Filosofía y Ética http://www. mexicosin corrupcion.com/ index.

Rafael M. de Gasperín Gasperín Enrique Raúl Alanís Dávila José Rodrigo Abud Madrid RESUMEN a organización de la sociedad civil “México sin corrupción”, junto con el Departamento de Filosofía y Ética y la Cátedra de Investigación en Ética del Campus Monterrey, a través del proyecto honor´s (http://www.mty. itesm.mx/HonorsProgram/) de la materia ética, persona y sociedad, lleva a cabo la elaboración de una metodología mediante la cual es posible promover la transparencia y la honestidad en los procesos ciudadanos, y con ello minimizar las formas de corrupción. “México sin corrupción” es una organización ciudadana autónoma, que desarrolla herramientas que promuevan la cultura de la transparencia y honestidad en el sector público y privado, contribuyendo a un país más democrático. Su misión se funda en la promoción de la cultura de la transparencia de los procesos públicos y privados, pretendiendo con ello ser una organización que detone una nueva conciencia social de claridad y cultura cívica, que coadyuve a transformar las diversas formas y expresiones educativas mexicanas, en un motor de cambio.

La metodología fue elaborada mediante un proceso de reflexión grupal, que partió del conocimiento y comprensión de las teorías éticas, pues, como menciona Jungen Habermas, “sólo pueden pretender validez aquellas normas que pudiesen contar con el asentimiento de todos los afectados, como participantes en un discurso práctico”. Este proceso consiguió -entre otros aspectos- la elaboración de un decálogo, basado tanto en la noción de la virtud aristotélica, como en el principio de autonomía kantiana. Ambas líneas de pensamiento dan base y fundamento a la gestión de programas de desarrollo educativo y al ejercicio de la práctica ciudadana, tanto pública como privada, que promueve la restauración de los procesos rotos que son generadores de corrupción y falta de transparencia. PALABRAS CLAVE México, ética, ciudadanía, transparencia, desarrollo, metodología, proceso roto.

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INTRODUCCIÓN México es un país honesto, de gente trabajadora y creativa, que día a día muestra con su esfuerzo y dedicación el amor que profesa a su nación. En la historia de nuestra cultura, la promoción de la integridad y las justas relaciones humanas son el motor que anima a cada ciudadano a entrar en relación con el otro y convivir con él o ella. Nuestras formas culturales que delinean desde las tradiciones judeo-cristiana e ilustrado racional, y que se manifiestan en el comportamiento humano, tanto personal como colectivo, nos han enseñado que es por medio de “la virtud” y/o “el deber ser” como se definen los derroteros del quehacer humano, ya que, tanto en lo singular como en lo plural, se exteriorizan desde su mayor o menor organización y desarrollo. MAL ENDÉMICO Culturalmente, la corrupción es un mal endémico que enferma a las instituciones justas y daña las relaciones entre las personas; por ello, “México sin Corrupción” se ha dado a la tarea ética de construir -entre otros instrumentos- un decálogo sustentado en las Virtudes y el Deber ser, y que constituye el marco de lo mínimos éticos y ciudadanos para una reflexión desde la acción, orientada al desarrollo de programas educativos y a la propuesta de nuevas políticas públicas. Con la mentalidad “fresca” de una generación cansada de “malas formas sociales” y con el apoyo de la experiencia teórica de la Cátedra de Ética, se presentan diez líneas que auspician y patrocinan la autoría para futuros proyectos éticos y ciudadanos. DESARROLLO Aristóteles menciona que todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parecen tender a algún bien; y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran (ética a Nicómaco p.3). En México sin corrupción se pretende buscar esta noble aspiración a la que cada ser humano –por su naturaleza- ha sido llamado, sin olvidar que la virtud moral es fruto de la costumbre de la cual ha tomado su nombre…y que los actos semejantes nacen de los hábitos. Es preciso, por tanto, realizar determinados actos, ya que los hábitos se conformarán a su diferente condición. (Ética a Nicómaco p.18-19). Como primer paso, y por medio del trabajo colaborativo, los estudiantes del programa honor´s del curso de ética persona y sociedad (que en consecuente llamaremos EPS) realizaron la reflexión sobre la importancia de los hábitos como constructores de virtudes, y acordó trabajar sobre cinco grandes líneas que se convertirán en los mínimos constructos que deben ser integrados en la formulación de futuros programas educativos: DIGNIDAD – IDENTIDAD – RESPONSABILIDAD –CAMBIO-CRECIMIENTO. El segundo paso consistió en la revisión del texto de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde I. Kant enseña que existen imperativos categóricos, a los

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que define como aquéllos que, sin poner como condición ningún propósito a obtener por medio de cierta conducta, mandan esa conducta inmediatamente (Fundamentación de la metafísica de las costumbres p.59). La tarea consistió ahora en elaborar las siguientes preguntas: ¿Sólo es posible que las cosas se hagan siempre de la misma forma? ¿Las formas actuales convierten a la persona sólo en un medio y no en un fin en sí mismo? Si tú fueras un legislador universal, ¿aprobarías que las formas fueran las actuales? Con ello se acordó trabajar sobre cinco grandes líneas que se convertirán en los mínimos constructos que deben ser integrados para la formulación de futuras políticas públicas: DIFERENCIA - PERTENENCIA - PROPUESTA - COMUNIDAD – DESARROLLO. El resultado consensado fue la construcción de diez grandes líneas de pensamiento que, desde los fundamentos de la virtud aristotélica y los principios de autonomía kantiana, dan razón a la elaboración de futuros programas de desarrollo educativo y/o políticas públicas, para que, con ello, la transparencia, desde la dignidad con diferencia, la identidad con pertenencia, la responsabilidad con propuestas, el cambio en comunidad y el crecimiento con desarrollo promuevan, tanto desde la singularidad de la persona como desde la pluralidad social, nuevas formas de convivencia para la construcción de sociedades justas.

ARISTÓTELES

Maestro José Rodrigo Abud Madrid Organización México sin Corrupción http://www. mexicosin corrupcion.com/ Departamento de Filosofía y Ética http://www. mexicosin corrupcion.com/ index

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El resultado final fue el siguiente: 1. Anteponer el valor de todo ser vivo, sin importar sus diferencias. 2. Reconocer y respetar la dignidad de las personas, animales y naturaleza. 3. Conocer las raíces de los problemas sociales y culturales que impiden la consolidación de una identidad cultural nacional. 4. Buscar la identidad social y cultural de cada comunidad, para fomentar el sentido de pertenencia. 5. Reconocer como obligación ciudadana que todas las acciones generen consecuencias que afecten tanto al individuo como a su entorno. 6. Proponer soluciones a aquellas situaciones con las que se difiera, siempre fundamentando las razones. 7. Ser agente de cambio en tu persona y promover el cambio en los demás. 8. Promover las acciones del individuo a favor de la comunidad. 9. Fomentar la educación integral para impulsar altos estándares de crecimiento social. 10. Comprometerse con el desarrollo social por medio de la educación integral y de la transparencia. LA FELICIDAD Aristóteles llama justo a lo que produce y protege la felicidad y sus elementos en la comunidad política (ética a Nicómaco p.59). Kant llama dignidad a nunca utilizar al otro sólo como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. (Fundamentación de la metafísica de las costumbres p.59). Bajo estas líneas de acción humana, se pretende que cualquier proceso individual o colectivo que violente los mínimos acordados por la mayoría, y con ello la felicidad y dignidad de la misma, se considerará un “proceso roto” tanto para el ejercicio de la virtud como del deber público o privado. Un proceso roto consiste en una cadena de comportamientos humanos donde los hábitos y las normas dañan la búsqueda intencionada del bien común y personal, del justo medio; generan miedo o ignorancia e impiden el acuerdo y el diálogo. (De Gasperín 00) y por ende conducen a la creación de círculos viciosos y vacios legales, generadores de corrupción. CAPITALIZACIÓN Además del aprendizaje de las grandes teorías éticas que han marcado el comportamiento de los habitantes de la cultura occidental, el curso de EPS logró la construcción consensada de los mínimos éticos para la elaboración de programas educativos y propuestas de nuevas políticas públicas.

rEFErEnciaS Aristóteles (2000) Ética Nicomaquea. Versión Antonio Gómez Robledo. México: Porrúa. Bilbeny, N. (1997) La revolución en la ética. Hábitos y creencias en la sociedad digital. Barcelona: Anagrama. Kant (1921) Fundamentación de la metafísica de las costumbres, traducción Manual G. Morente. Madrid: Calpe

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Sería el inicio de una cruzada nacional

propone la coparMEX institucionalizar la figura del Zar anticorrupción CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD Una parte importante del desencanto de muchos mexicanos respecto de la transición democrática se debe a que, como nación, hemos fallado en la asignación de dejar de ser un país con tanta corrupción, en el cual delincuentes de todo tipo operan con casi absoluta impunidad. Menos del dos por ciento de los delitos que se cometen son sancionados, y este porcentaje se ha mantenido prácticamente invariable a lo largo de los años. En su reciente visita a nuestro país, el filósofo español Fernando Savater dijo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que corrupción e impunidad son dos males intrínsecamente relacionados. Los mexicanos no tenemos una predisposición genética para ser corruptos, y nuestra cultura tampoco explica este fenómeno. La causa primordial es que no se hacen cumplir las leyes y, por tanto, los infractores tienen muchos incentivos para violarlas.

Gerardo Gutiérrez Candiani

Licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani Presidente nacional de COPARMEX

l combate a la corrupción y a la impunidad sigue siendo uno de los grandes pendientes en nuestra agenda nacional y uno de los mayores lastres que enfrenta nuestra nación en términos de desarrollo económico, justicia y convivencia social. No podemos soslayar este problema, tan enraizado en nuestra cultura e instituciones, y contra el cual, lejos de avanzar, todo indica que hemos empeorado. Desafortunadamente, el pasado 9 de diciembre llegamos con malas noticias al Día Internacional contra la Corrupción, instituido por la ONU. Unos días antes, Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2011, en el que México quedó en el lugar 100 de 182 países, con una puntuación de 3, donde cero es lo más corrupto y 10 lo más honesto. Si comparamos esa evaluación con la de 10 años atrás, vemos que estamos casi 19 por ciento por debajo de la calificación que teníamos hace 10 años, la más alta que hemos tenido en la historia de esta medición, de 3.7. Este retroceso debe servirnos para la reflexión y como un acicate para dejar de ser un país conocido internacionalmente por una corrupción e impunidad endémicas, algo que los mexicanos mismos reconocemos.

PROGRAMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Hace poco más de diez años se anunciaba que la corrupción le costaba al país casi el 10 por ciento del PIB, y que el Gobierno Federal pondría en marcha un Programa Nacional contra la Corrupción. Se advertía que se aplicaría todo el rigor de la ley contra los corruptos. Se creó el IFAI y la antigua Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo cambió de nombre a la actual Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, hoy la corrupción sigue costando aproximadamente el 9 por ciento de nuestro PIB. Se estima que entre las empresas, en México, se destina hasta el 10 por ciento de los ingresos en sobornos, el doble que el promedio mundial. Siete de cada diez empresas ven mermada su competitividad por esta situación. No recurrir al pago de sobornos, a menudo provoca lentitud en los trámites, multas injustificadas, pérdida de contratos de forma arbitraria y aumento de los costos, sin contar los efectos de actividades como el contrabando, que vulneran a muchas industrias y miles de negocios formales. El gasto anual que hacen las familias mexicanas por concepto de corrupción es sólo 15 por ciento menor que el presupuesto federal aprobado para seguridad pública en el año 2011. VERGÜENZA PARA EL PAÍS Desde hace décadas vemos escándalos de corrupción que nunca se han esclarecido y que son una vergüenza para el

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país. Hoy vemos a gobiernos que endeudan a sus estados, comprometiendo su futuro a través de prácticas opacas, y que inclusive lindan en el terreno de la ilegalidad, con total impunidad. Los mexicanos no queremos pasar de la omnipotencia y arbitrariedad en los poderes centrales de otros tiempos, a la omnipotencia y arbitrariedad en el ámbito local. Ahí radica la responsabilidad de combatir y castigar los delitos del fuero común, que no siempre se asume, transfiriendo la obligación a otros niveles de gobierno. Además, se obstaculiza el acceso a la información y se evade o simula la rendición de cuentas. Hace casi 20 años, el gobierno en turno promovía una renovación moral de la sociedad. Como hace 10 años, todo quedó en gran medida en la retórica. La lucha contra la corrupción y la impunidad tienen que figurar en los programas de gobierno de los candidatos y aspirantes a la Presidencia. Si hay un compromiso en impulsar el crecimiento económico y abatir la inseguridad, estos temas necesariamente tienen que ser prioridad, con propuestas viables y compromisos. En 2012, Coparmex multiplicará esfuerzos para poner a la lucha contra la impunidad y la corrupción en el centro de la agenda pública, para lo cual sumará fuerzas con todas las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos que estén comprometidos con la transformación en este gran pendiente nacional. CRUZADA CONTRA LA CORRUPCIÓN Coparmex tiene una propuesta concreta, sobre la que buscamos la postura específica y compromisos de los candidatos: una cruzada contra la corrupción, que vaya en serio y logre movilizar a la sociedad, con un Zar Anticorrupción ciudadano para darle proyección nacional y amplitud transexenal. El Zar Anti-corrupción sería el encargado de propiciar los acuerdos necesarios para echar a andar esta cruzada, darle continuidad, fungir como enlace institucional y del Estado con la sociedad civil. Sería representante y gestor de la ciudadanía, con capacidad para recibir denuncias y propuestas, a fin de canalizarlas a las instituciones competentes y dar seguimiento hasta que se dé una solución definitiva. Entre las tareas de este ombudsman, estarían la clasificación de los temas y casos más relevantes: los que más indignan a la sociedad, como la corrupción en altas esferas. Articularía y coordinaría programas nacionales y emitiría recomendaciones con carácter vinculante, además de servir como testigo en indagatorias y juicios. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Coparmex propone iniciar un esfuerzo nacional, con el respaldo e involucramiento de la ciudadanía; una cruzada que cuente con el compromiso institucional -no partidario- de los tres poderes de la Unión y todos los niveles de gobierno. Buscamos que el nuevo presidente de la república, sea del partido que sea, esté dispuesto a asumir un liderazgo en este reto de la nación.

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Será un gran logro unir a los mexicanos en esta causa; un problema que a la mayoría nos indigna; que cuesta dinero y vidas, corroe nuestras instituciones, como un mal crónico y degenerativo. Ésta es una tarea de todos. Somos responsables, por comisión u omisión, al tolerar la corrupción. Igualmente, la solución está en cada uno de los ciudadanos. Como sociedad, tenemos que fijarnos el objetivo del cambio. Es un esfuerzo de largo plazo, pero es mejor empezar hoy que mañana, con la determinación de ir más allá de las buenas intenciones.

1.- Las propuestas de Coparmex: • Emprender una Cruzada Nacional contra la Corrupción y la Impunidad *Esfuerzo nacional con el respaldo y participación de la ciudadanía *Compromiso institucional de los tres poderes y tres niveles de gobierno *Liderazgo y compromiso de la Presidencia de la República *Enfoque de largo plazo y de Estado (no partidario): planeación transexenal • Enfoque multifactorial: *Acciones en educación, gobierno, piratería, corrupción cotidiana, fraudes, altas esferas, • Programa Nacional contra la Corrupción y la Impunidad • Activar un Pacto contra la Corrupción y la Impunidad firmado por autoridades y sectores 2.- Zar anti-corrupción • Consejo y presidente (Zar) propuestos por el presidente de la república y ratificados por el Senado • Oficina autónoma con recursos propios • Encargado de generar los acuerdos necesarios para echar a andar el proyecto *Dará seguimiento y continuidad (perspectiva de largo plazo) *Será el enlace institucional y del Estado con la sociedad civil *Representante y gestor de la ciudadanía en la lucha contra la impunidad *Recibe denuncias y propuestas; las gestiona con las instituciones competentes; da seguimiento hasta su solución definitiva e informa a la opinión pública durante todo el proceso *Respaldado por un Consejo Ciudadano

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Ética y corrupción en los funcionarios públicos

M.P.P. José Manuel Vázquez Godina Secretario Académico Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública / UANL

José Manuel Vázquez Godina Víctor Néstor Aguirre Sotelo

M.P.P. Víctor Néstor Aguirre Sotelo Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública

CONCEPTO DE CORRUPCIÓN e acuerdo a la Organización México sin Corrupción (2009), la corrupción es un mal endémico que enferma a las instituciones justas, y daña las relaciones entre las personas; el Diccionario de la Real Academia Española nos indica que una de las acepciones de corrupción es “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Por otra parte, define “ética” como el “conjunto de normas morales que rigen la conducta humana” y finalmente se define “moral” como “ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia”. Kant enseña que existen imperativos categóricos a los que define como aquellos que, sin poner condición y ningún propósito a obtener por medio de cierta conducta, mandan esa conducta inmediatamente.

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MEXICO Y LA CORRUPCION Según revela el informe de Transparencia sobre la corrupción en el mundo, África, América Latina y Asia (en este orden) son los continentes con peor reputación. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) mide la forma de cómo es percibida la corrupción vigente entre los políticos y funcionarios públicos, por medio de entrevistas que realizan diversas instituciones internacionales a

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hombres de negocios, académicos, analistas de riesgos y expertos nacionales. En el caso mexicano la legislación designa a los partidos políticos como los únicos instrumentos para acceder al poder político, pero si tales instrumentos están viciados, en poco o nada podrán contribuir a que se fortalezca la democracia de nuestra nación, ya que la corrupción encontró puertas abiertas en la administración pública. Esos problemas tienen su base en la falta de ética profesional por parte de algunos funcionarios públicos. CORRUPCIÓN EN EL VIRREINATO Si tomamos la corrupción como el caso de aquél que busca el beneficio propio desde un puesto público, nos encontramos con que en nuestro país surge desde la misma época de la colonia, cuando las leyes se “acataban” pero no se obedecían; los puestos públicos se vendían al mejor postor, y una vez posicionado, había que sacar lo que se había invertido. Todo esto nos ha ido arrastrando a lo largo de nuestra historia independiente. Del régimen de la revolución surge un sistema de partido único, en que los funcionarios pueden realizar los actos de corrupción, siempre y cuando tengan el visto bueno de su superior. Los actos de corrupción rayan en el cinismo. No hay consecuencias jurídicas, aunque haya pruebas y “todo mundo lo sepa”. Únicamente cuando se deja de tener el favor del ejecutivo, ya sea federal, estatal o municipal, se empieza a investigar, y aparecen los actos de corrupción a la luz pública; se condena al funcionario corrupto, y tiene que renunciar. En muchas ocasiones, los actos de corrupción eran ciertos, pero el resto de la población sabía que no se despidió al funcionario por corrupto, sino porque hizo algo que disgustó al poderoso. En consecuencia, tanto pueblo como gobernante saben que eso es una práctica cotidiana. Gobernantes y gobernados se acostumbran a ella, y la ven como lo más natural del mundo. ÉPOCA DEL NEOLIBERALISMO Prácticas de corrupción flagrantes también las encontramos en la época del neoliberalismo, cuando se privatiza todo lo que se puede privatizar. Sin embargo, las compañías prácticamente se entregan a aquellos afortunados amigos del titular del ejecutivo. Algunos consideran que es el presidente el que vende y compra para sí, utilizando prestanombres. Cientos de compañías públicas pasan por esta suerte, y aparecen ahora como entidades privadas. El estado queda sin compañías, sin dinero, y endeudado, todo producto de la corrupción. ¿Cómo exigirle por lo tanto a la población común que se porte bien, que respete el estado de derecho, si son las mismas élites políticas las que ponen el mal ejemplo? Los mayores actos de corrupción saltan a la vista cuando suceden tragedias, como los niños nuestros en una guardería de Sonora, donde lo que menos importa es el bienestar de los pequeños; donde esposas de funcionarios públicos reciben dicha concesión del IMSS; donde, por cada niño registrado, perciben cierta cantidad de dinero;

donde se acondiciona una bodega que no cumple con los requisitos exigidos por el mismo IMSS, para no pagar renta. En México pueden morir niños en una guardería que no cumplía con las medidas que exige la misma autoridad; puede morir gente en un casino que no cumplía con las normas que establece Protección Civil; en una mina donde encontramos trabajadores que no contaban con seguro social, etcétera; pero no pasa nada; ni un solo funcionario acepta su responsabilidad; ni un sólo funcionario es cesado; nadie es inculpado; todo sigue igual. Se pueden cometer errores garrafales, puede morir gente, incluso niños, y a los gobernantes no les importa; a ellos no se les toca; hay como un pacto no escrito: la clase política no se hace daño a si misma por cuestiones de falta de honestidad. Cuando uno de esos errores afecta incluso la vida misma de otras personas, y sale a la luz pública, los ciudadanos esperan aunque sea por milagro que haya justicia, mas ésta no se da. Incluso cuando la autoridad pretende castigar a los corruptos, la gente no cree que los acusados sean los verdaderos culpables; los “meros meros” nunca caen; siguen impunes, cometiendo sus fechorías, sin recibir ningún castigo. PERCEPCIÓN DE LA GENTE La percepción de la gente es que nos encontramos en un país sin rumbo, lleno de corrupción; las alternativas para salir de esto no están a la vista. La corrupción de nuestros altos funcionarios, la falta de ética en ellos, el fastidio de la gente hacia los asuntos del gobierno tal parece que están llevando a nuestro país hacia el caos y la anarquía; los delincuentes y el crimen organizado están obteniendo la misma legitimidad que nuestros gobernantes; incluso algunos de ellos son mayormente respetados y admirados por la gente de las clases populares. La lucha, la guerra, la corrupción están acabando con nosotros.

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Pero, ¿cómo podemos revertir todo esto? A través de la rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos; que la sociedad civil comience a utilizar las herramientas que otorga el Instituto de Transparencia; es necesario establecer un código de ética para la función pública, realizar una campaña permanente para llegar a una toma de conciencia, por parte de los funcionarios públicos; que cuando se cometa un delito, el culpable renuncie al cargo para ser juzgado. Por fortuna, algunos avances han ocurrido en este país, particularmente en los últimos quince años, que pueden señalarse como elementos valiosos para la erradicación de la corrupción; sobre todo la creación de instituciones públicas, leyes y entidades que proveen mejoras para combatir este fenómeno y defender a los particulares del carácter predatorio del gobierno. Es sorprendente observar cómo en los países desarrollados los funcionarios públicos se retiran al momento de cometer una falta administrativa, o bien cuando son juzgados por las autoridades competentes; sin embargo, en países en desarrollo, los funcionarios se cansan de cometer faltas administrativas y es muy triste darse cuenta que no existen formas, ya que nunca van a renunciar a sus cargos y no van a ser juzgados en el futuro. Lo que la gente percibe es un México en el cual frecuentemente existen actos de corrupción, con la comercialización de la vía pública por parte de los funcionarios; la financiación de campañas electorales con fondos públicos; la falta de claridad en los procesos de licitación y, sobre todo, la incapacidad de sancionar este tipo de faltas. LA ÉTICA EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Por otra parte, nos encontramos con la falta de una ética gubernamental, la cual concierne a la rendición de cuentas, con respecto a las promesas de campaña. Esto se relaciona directamente con la efectividad del gobierno en el mejoramiento del bienestar y la utilización honesta del poder una vez que éste se consolida. La condena social a la falta de ética y la sanción pública a la ineficiencia del gobierno tiene mayor eficacia a través de instrumentos de participación directa del pueblo, como es la creación de comités o bien a través de los observatorios ciudadanos, que se encargan de una u otra manera de vigilar la acciones llevadas a cabo por el gobierno y su administración. SED DE ÉTICA EN AL De acuerdo con Kliksberg, hay una sed de ética en América Latina. La opinión pública reclama en las encuestas y por todos los canales posibles, comportamientos éticos de los líderes en todas las áreas, y que temas cruciales como el diseño de las políticas económicas y sociales, y la asignación de recursos, sea orientada por criterios éticos. Lo que una sociedad hace respecto de los valores éticos puede tener importancia decisiva en su economía. En contra, tenemos los casos de Enron, Collor de Mello, Fujimori y la grave crisis de corrupción en la Argentina en la década de los noventa. Pero, así como existen situaciones en contra, también existen a favor, como es el caso de Noruega, que es el número uno, donde la sociedad trata por todos los medios de mantener altos los estándares de ética. Stiglitz menciona que un código de ética debería incluir, inicialmente, por lo menos tres principios; primero, no recomendar a los líderes públicos de los países en desarrollo teorías no probadas por la realidad; segundo, no decirles que hay una sola alternativa; y, tercero, ser sensible a los efectos de sus recomendaciones sobre los sectores desfavorecidos y transparentar los costos que van a pagar dichos sectores por ella. El mentir es uno de los problemas principales hoy en día de los políticos, y vemos los casos de Italia y España, donde los candidatos oficiales han perdido por causa de que los gobiernos les han mentido a sus ciudadanos en torno a la crisis económica que existe en Europa. Los valores éticos predominantes en una sociedad influyen a diario en el funcionamiento de su economía y de su política. Eludir esa relación significaría crear un terreno propicio para que ese vacío de discusión ética favorezca que

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se desplieguen, sin sanción social, los valores antiéticos que encabeza la corrupción y continúan con la falta de solidaridad y la insensibilidad frente al sufrimiento de tantos. De esta manera nos enfrentamos a gobiernos deshumanizados, a los que solamente les interesa el bienestar económico de unos cuantos, sin importar el sufrimiento de otros. Al hablar de ética, tenemos que mencionar la importancia que tienen los valores positivos y cómo éstos conducen en direcciones diferentes. Así, por ejemplo, existen sociedades que han estimulado y cultivado valores favorables a al equidad, y los han reflejado en múltiples expresiones, desde sus sistemas fiscales, hasta la universalización de servicios de salud y educación de buena calidad, ya que tienen actualmente buenos niveles en esos campos, y que al mismo tiempo facilitan el progreso de su economía, la tecnología y su competitividad. Nos referimos a los países nórdicos, así como a Canadá, Japón e Israel entre otros (Kliksberg, 2005).

PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES Es necesario actuar a través de las universidades, para que los principios éticos formen parte de una actividad profesional; que los hombres de Estado, quienes fueron formados por las universidades, se humanicen y piensen en la gran cantidad de seres humanos que se están muriendo de hambre; que las políticas públicas que implementen se descentralicen; que lleguen a todos y cada uno de los ciudadanos que lo necesitan; que otros actores del sistema político mexicano actúen de acuerdo a su rol, como es el caso de los partidos políticos, los empresarios y los lideres de diferentes organizaciones no gubernamentales, para que pueda funcionar el modelo y que no se dejen llevar por decisiones antiéticas.

rEFErEnciaS Kant, Emmanuel. Fundamentos de la metafísica de las costumbres. Manuel G. Morente, Madrid, 1921: Calpe. Mazcorro, G. (2006), Corrupción Política en México: Integridad, Ética y Control de Gestión Píblica. IPN. Organización México sin Corrupción (2009), www.mexicosincorrupcion.com KLIKSBERG, B.(2005), Más ética más desarrollo, temas, STIGLITZ, J.(2003) Ética, Asesoría económica y política económica. www.iadb.org/ética

Gerardo Saúl Palacios Pámanes Doctor en Derecho, Summa Cum Laude / UANL Rector fundador de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León Profesor Investigador Facultad de Derecho y Criminología, UANL Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACyT

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corrupción y Estado de Derecho Gerardo Saúl Palacios Pámanes ROMPIMIENTO DE LA PRIMERA REGLA sted viaja a bordo de su vehículo por una calle del centro de la ciudad, a media noche. Detiene la marcha, para esperar que el semáforo marque verde. Mira a su alrededor. No hay peatones; tampoco coches. ¿Qué hace entonces? ¿Avanza o aguarda al cambio de luz? Se pregunta: “¿Para qué perder tiempo, si a nadie afecto?”. Quizá busque una justificación: “¿Todos cruzarían en luz roja si estuvieran en mi situación?” En algunas ciudades de Estados Unidos de América se han colocado cámaras de video en los semáforos. El Departamento de Policía encontró en esta medida una buena alternativa para disminuir de manera significativa el

rompimiento de la regla “alto total en luz roja”. El conductor se siente observado. Se produce una suerte de efecto “observador”, que incide en la conducta del individuo. Tal estrategia podrá funcionar para hacer cumplir la ley, pero no para construir una cultura de la legalidad. Esto explica por qué, en la época de la sociedad del riesgo, las grandes ciudades se están convirtiendo en ciudades panóptico. El fracaso de la educación para una cultura de la legalidad se sustituye con la omnipresencia del Gran Hermano. En México no hay suficientes cámaras ni agentes de tránsito; tampoco policías para obligar a los ciudadanos, con su sola presencia, a cumplir las reglas. Además, cuan

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do sí existe presencia física de la autoridad, esto no siempre significa que el oficial haga cumplir la ley. Generalmente, ni los ciudadanos viven una cultura de la legalidad, ni los responsables de hacer cumplir la ley. ESTADO DE DERECHO. TODOS HABLAN DE ÉL, PERO NADIE LO DEFINE Cuando en un país, la mayoría de las veces, la mayoría de la gente respeta las reglas, con o sin vigilancia de la autoridad, entonces se puede decir que vive un Estado de Derecho. Es común escuchar a actores políticos, en los medios de comunicación, pronunciar frases como ésta: “¡Qué prevalezca el Estado de Derecho!”. La usan mucho cuando algún caso de corrupción se ventila ante la opinión pública. Pero un Estado de Derecho va más allá de la sola existencia de leyes y de instituciones para hacerlas cumplir (policías, jueces, cárceles). El concepto “Estado de Derecho” es una moneda de dos caras. Por un lado, representa una situación en que la mayoría de las veces, cuando se viola una norma, el infractor recibe el castigo. Por el otro, quiere decir que la mayoría de las veces, la mayor parte de la gente respeta la norma por convicción, no por presión de la autoridad. Lo primero corresponde al gobierno; lo segundo, al gobernado. Este artículo comenzó con el caso hipotético en que usted pasaba por alto la luz roja del semáforo. A este caso le llamaré “el dilema del semáforo”. En el dilema del semáforo, ¿a quién le corresponde cumplir con el Estado de Derecho, a usted o a la autoridad? “Estado de Derecho” no significa aplicar la ley sin miramientos; esto resulta imposible. Aun cuando a la diosa Temis se le representa con una venda en los ojos, el motivo no está del todo claro. JUSTICIA CIEGA El foro se divide en dos: los unos piensan que los ojos aparecen vendados, en efecto, para significar que la “justicia es ciega”. En otras palabras, que la ley se aplica por igual al indigente que al lugarteniente. Ésta es la opinión dominante. Los otros cuentan la historia que comienza con un abogado litigante, dolido debido a la sentencia injusta dictada por el juez contra su cliente. El postulante, dicen, salió del edificio de juzgados y prosiguió su caminata hasta llegar al pie de la estatua de Temis, que, majestuosa, se erguía en la plazuela de aquel recinto judicial. Allí, de alguna manera, el abogado se las ingenió para trepar hasta quedar cara a cara con la hermosísima deidad, a quien le cubrió los ojos con una tela a guisa de venda, denunciando así la ceguera de la justicia. Como puede verse, en la primera versión, la frase “la justicia es ciega”, es una alabanza a la imparcialidad; en la segunda, una crítica a la imparcialidad. La primera denota capacidad; la segunda, incapacidad. Ambas versiones son incomprobables. En cambio, lo que se puede comprobar es que la ley no puede aplicarse sin miramientos, sin provocar injusticias de grandes proporciones. Si no se mirara a quién se ajusticia, sería

imposible saber si se está ante un delincuente adulto, o ante un menor infractor y, entonces, resolver la aplicación de un código penal para adultos, o una ley para menores. PRINCIPIO DE IGUALDAD También estaría fuera del alcance del juez hacer excepciones al principio de igualdad ante la ley, que a veces resultan, precisamente, la única manera de adoptar una decisión justa. Tal sería el caso de superponer el derecho de un niño a recibir alimentos, al del padre a percibir íntegro su pago cada quincena, en los casos de embargo de nómina, para pago de pensión alimenticia; o valorar principios del derecho internacional con sentido de humanidad, como, por ejemplo, privilegiar la atención médica y alimentaria de niños y ancianos sobre la de los adultos. En cambio, el principio de igualdad sí significa que la ley se aplique con el mismo rigor y sentido en contra o a favor del indigente que del lugarteniente. En otras palabras, que el estatus social, poder económico y, sobre todo, nivel de influencias del ajusticiado no determinen el sentido de la sentencia. Estado de Derecho no es, entonces, que se aplique la ley sin distingos. Es, sobre todo, que todos cumplan la ley sin distingos. El Estado de Derecho no existe por el solo hecho de que haya leyes vigentes. Tampoco, porque existan policías, procuradurías, tribunales y cárceles. El Estado de Derecho tiene dos caras: (1) Cumplir la ley. (2) Hacer cumplir la ley. Estado de Derecho, en su concepción más amplia, es una situación donde la mayoría de los habitantes de un país cumplen la ley por decisión propia, más que por presión de las autoridades. En un Estado de Derecho, un conductor no reanudaría la marcha de su vehículo ante la luz roja del semáforo, instado por la ausencia de policías y bajo el flaco argumento de que “no viene nadie”. No caben consideraciones como: “A nadie le hago daño por pasarme una luz roja”. En un Estado de Derecho, la persona que devuelve la cartera que encontró en la calle no es fustigada por sus amistades, ni considerada torpe; antes bien, se le felicita por hacer lo debido. CULTURA DE LA LEGALIDAD Como puede verse, el Estado de Derecho es resultado de un nivel bajo de co-

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rrupción, y opera con cierta independencia del Derecho. Naturalmente, la ley se obedece, porque se considera que ella es fiel expresión de la moral del pueblo. La cultura de la legalidad en un Estado de Derecho no es producto del temor al tirano, pero tampoco de la adoración fetiche al texto promulgado. A todos corresponde obedecer la ley. A las policías, procuradurías, tribunales y cárceles concierne, además, hacerlas cumplir. Si todos cumplimos la ley casi siempre, entonces las autoridades la harán cumplir “subsidiariamente”, en casos excepcionales. Si todos incumplimos la ley casi siempre, entonces las autoridades tendrán que hacerla cumplir casi siempre. Es decir, siempre que una persona viole la norma. Esto último es imposible, en Finlandia o en México, con o sin corrupción gubernamental. Pensar que para tener un Estado de Derecho basta con que el gobierno siempre compela al ciudadano a cumplir la norma, aunque exista una arraigada cultura de la ilegalidad, es desear la instauración de una sociedad como la que George Orwell reseñó en su apocalíptica novela 1984. En otras palabras, opinar así es sólo posible cuando se confunde Estado de Derecho con totalitarismo. La impunidad, entendida como la no aplicación de la sanción al infractor de una norma, siempre existirá. Lo importante es saber con qué frecuencia. El nivel de impunidad en México es alto, debido a dos razones: (1) alto índice de desobediencia ciudadana; y (2) baja capacidad gubernamental para imponer la sanción. Todo aquel que incumpla voluntariamente una ley es corrupto. En México, nos reservamos esa palabra, de tan fuerte connotación social y sonido fonético, para los burócratas, pero esta focalización del tema es parte del problema. ¿QUIÉN CORROMPE? La autoridad sólo debe intervenir cuando la norma ya se rompió. Este principio está previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, entre otros, y los correspondientes de las constituciones estatales. Alejándonos del lenguaje jurídico, lo llamaremos “principio de no intervención”. Se traduce en un deber de la autoridad, que consiste en no molestar al ciudadano mientras éste no dé motivo legal suficiente. Es un derecho humano de todos los habitantes del país. Los derechos humanos son también una moneda de dos caras. La una es el derecho para el gobernado; la otra, una obligación para el gobernante. Los derechos humanos imponen a la autoridad obligaciones de dar, hacer o no hacer. Ejemplo de una obligación de dar sería brindar servicios de salud pública; de hacer, legislar lo necesario para garantizar que los centros de salud reciban recursos públicos para lograr su propósito; de no hacer, abstenerse de negar el acceso a la atención médica por discriminación negativa (raza, sexo, religión, preferencia política, etcétera). En el dilema del semáforo, si usted rompiera la regla “alto total en luz roja”, ¿qué habría sucedido primero: (1) desacato del deber ciudadano de respetar la regla, o (2) inobservancia, por parte del gobierno, de su deber de estar presente para hacer cumplir la ley? En este orden estrictamente cronológico, la corrupción empieza con la conducta del ciudadano. Naturalmente, éste sería un punto de vista miope si dejara de lado que, con independencia del orden cronológico de las cosas, la moneda del Estado de Derecho sigue teniendo dos caras. En efecto, tan cierto es que el dilema del semáforo empezó en la mente del conductor, como también es verdadero que los automovilistas, muchas veces, violan la norma, porque saben que la autoridad aplica la sanción en pocas ocasiones. ¿QUÉ SE CORROMPE? ¿Es corrupción violar una regla de tránsito? ¿Una persona es corrupta sólo cuando rompe normas muy importantes o cuando la conducta implica obtener dinero o algún bien de manera ilegal? Para responder a estas preguntas, primero debemos conocer cuál es el significado de la palabra “corrupción”. El Diccionario de la Real Academia Española la define como: “Acción y efecto de corromper”. Corromper es “alterar y trastocar algo”.

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¿Qué cosa es lo que se altera o trastoca? Opciones: a. Las leyes. b. Las autoridades. c. La sociedad. d. Los valores. e. Ninguna de las anteriores. En nuestra opinión, la respuesta correcta es la “e”: ninguna de las anteriores. Lo que se altera o trastoca es el Estado de Derecho. Si tenemos razón, corrupción es la afectación al Estado de Derecho. En consecuencia, no se puede estudiar el problema de la corrupción sin tener en cuenta el objeto que se corrompe. ¿ES CORRUPTO SÓLO QUIEN ROBA MUCHO? Nosotros, como subordinados de la ley, ¿tenemos derecho a ponderar la regla antes de cumplirla; es decir, medir su importancia para, con base en esa evaluación, optar por cumplirla o romperla? El habitante que participa de una cultura de ilegalidad, respondería: “Romperé la regla, pues ésta tiene poca importancia”. Un habitante inmerso en la cultura de la legalidad, replicaría: “Si no eres capaz de respetar las reglas menores, menos observarás las mayores”. Éste es el enfoque adecuado de la cuestión. El Derecho (conjunto de leyes aplicables en un lugar y tiempo determinados), poco puede ayudar a la disminución de la corrupción. ¿Por qué? Porque la ley no se aplica sola. Sin el acatamiento voluntario por parte del ciudadano y sin la imposición por parte de la autoridad, la ley no es más que simple literatura (con mal estilo literario, por lo general). La corrupción es un problema que está fuera del alcance de la ley. En suma, la ley no se aplica precisamente por corrupción. A pesar de esto, los legisladores reforman las leyes y crean otras con el propósito, dicen, de combatir el fenómeno. Se legisla al respecto, en efecto, como si estuviera en manos de la ley resolver el problema, y no en las de quienes sostienen la ley con sus manos. La ley, en una cultura de la ilegalidad, es como una medicina que no se aplica: se puede aumentar la dosis, pero si ésta no se inyecta, el paciente seguirá enfermo. Si queremos que Temis lleve vendados los ojos para que aplique la ley sin miramientos, todos los ciudadanos debemos comenzar por cumplir la ley sin miramientos.

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Economía y corrupción Enrique Raúl Alanís Dávila

Maestro Enrique Raúl Alanís Dávila Socio fundador de la Organización México sin Corrupción http://www. mexicosin corrupcion.com/

l referirse a la corrupción, el Fondo Monetario Internacional establece que “un ambiente con un sistema de gobierno débil ofrece mayores incentivos y mayor oportunidad para la corrupción. Muchas de las causas de la corrupción son económicas en principio, al igual que sus consecuencias”i. Transparencia Internacional menciona en su página principal de Internet: “La corrupción arruina vidas. Enfréntala. Haz algo”ii. Con estas declaraciones, ambos organismos internacionales refieren un grave efecto negativo de la corrupción; el primer organismo -como parte de su función principal de estabilizador de mercados-, en el ámbito macroeconómico del país, y el segundo, en el social e individual. Vale la pena reconocer que la medición de la corrupción, por su naturaleza, es una tarea complicada, tanto en términos monetarios como no monetarios. ¿Cómo saber y medir algo que generalmente se encubre y no es público? Es decir, la magnitud económica estimada de un hecho de corrupción sólo se conoce cuando se descubre; del resto se pueden tener estimaciones y percepciones.

Una de las mediciones más reconocidas para estimar la corrupción en los diferentes países es el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)”, de Transparencia Internacional, el cual se basa en percepciones de expertos y encuestas de opinión. Dicha medición se realiza desde 1995, y ha servido como un estándar global para comparar el grado de corrupción en los países. Aun y cuando algunos puedan argumentar que el IPC no es un dato exacto, al analizarlo a través de los años, muestra coherencia, y se considera efectivo para tener un punto de comparación. LA CORRUPCIÓN Y EL PIB En este artículo, se muestra brevemente la correlación de la corrupción con una de las variables macroeconómicas más importantes: el Producto Interno Bruto (PIB)i. Se asume -como práctica frecuente de los modelos económicos-, que el IPC del año 2010iii es una estimación válida, con una variación de error aceptable, lo cual permitirá hacer algunas inferencias al compararlo con el PIB del año 2010, según el Banco Mundialiv.

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1 PIB: Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. PNB (Producto Nacional Bruto): Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado, generado por los factores de propiedad de residentes dentro y fuera del país en cuestión.

PIB (Producto Interno Bruto) en millones de dólares norteamericanos / Corrupción “0” = Altamente Corrupto.

La gráfica anterior permite identificar rápidamente que los países más desarrollados y ricos del mundo tienen bajos niveles de corrupción (por cuestión de espacio, sólo se muestran algunos países representativos). Los gobiernos de los países frecuentemente miden y utilizan una diversidad de variables para determinar los factores que se necesitan administrar y controlar para incentivar el crecimiento y desarrollo económico. La correlación de la gráfica sugiere que la corrupción es un problema macroeconómico serio, que afecta el desempeño y el desarrollo de una economía. Si el objetivo de un país es incrementar su riqueza y desarrollo, ¿no debería ser la corrupción uno de los aspectos a medir y atender frecuentemente como parte de su agenda nacional? Acorde a la gráfica, existe un impacto directo y significativo entre bajos niveles de corrupción y mejores niveles del Producto Interno Bruto de un país. CORRUPCIÓN Y COSTO DE OPORTUNIDAD Uno de los conceptos fundamentales de la teoría económica es el Costo de Oportunidad, el cual, definido de manera simple, es lo que se deja de hacer o ganar debido a la utilización de los limitados recursos en una actividad específica; es decir, si existe la opción A y B, y los recursos alcanzan para elegir una sola opción, al elegir A, se dejará de obtener el beneficio de B. ¿Cuál es el costo de oportunidad generado por la corrupción? La corrupción distorsiona la utilización efectiva de los recursos destinados al beneficio de la sociedad. Por ejemplo, la corrupción en forma de enriquecimiento ilícito generará un costo de oportunidad al menos igual a los beneficios y proyectos que dichos recursos económicos podrían haber generado. El cómo cuantificar la magnitud del costo de oportunidad sería una tarea difícil que re-

queriría de múltiples supuestos y cálculos. Para ilustrar de manera más clara el concepto, la siguiente pregunta invita a la reflexión: ¿cuál es el costo para lo sociedad de una desviación significativa de fondos para la educación? Si se limitara a la inmediata medición de los recursos económicos, se podría decir que el costo de oportunidad sería igual a la cantidad de fondos desviada, que, en lugar de haber beneficiado a un grupo de alumnos, un solo individuo o grupo de individuos resultaría beneficiado para utilizar los recursos con otro fin distinto al que se había establecido. No obstante, se considera que los efectos de dicho acto son múltiples y de mayores dimensiones, por lo que es necesario tener una visión holística de la medición del costo de oportunidad cuando se trata de corrupción. Dicha desviación de fondos no sólo dejará de brindar educación a cierta cantidad de alumnos; eso sería el efecto inmediato, pero ¿cuáles serían los efectos en el mediano y largo plazo si esos alumnos ya no pudieron recibir educación? Las posibilidades son múltiples y no se limitarían al ámbito de la educación solamente. Una sociedad con bajos niveles de educación –en calidad y en cantidad- resiente la pérdida de productividad y competitividad de la fuerza laboral del país en el mediano y largo plazo, lo cual, sabemos, finalmente se traduce en resultados económicos. Otra posibilidad es que los mismos alumnos que no fueron educados, debido a la desviación de fondos, sean incapaces de generar los recursos necesarios para vivir dignamente, lo cual finalmente se traduce en un mayor costo para el gobierno y la sociedad, y en un incremento en las estadísticas de pobreza. Lo anterior requerirá generar más proyectos de asistencia y beneficencia social. Es decir, la sociedad y el mismo gobierno terminan asumien

CONOCIMIENTO 2 Brunetti, Kisunko, Weder; Gupta, Davoodi, Alonso; Lengwiler; Mauro; Myint; Orttung; Tanzi; entre otros.

do el costo. Se podría continuar especulando en la multiplicidad de efectos en distintos ámbitos. Las suposiciones anteriores son sólo algunas posibles opciones, mas es de esperar que diversos ámbitos (e.g. educativo, económico, social) se vieran impactados por el acto de corrupción. MÚLTIPLES EFECTOS COLATERALES Aun y cuando el ejemplo es hipotético, sabemos que es posible, y el objetivo con ello es mostrar que no es fácil determinar el costo de oportunidad económico de un acto de corrupción. Los efectos colaterales pueden ser múltiples en el corto, mediano y largo plazo. El enriquecimiento ilícito de un individuo puede provocar graves daños a la economía de una sociedad. ¿Cuántos casos como éste ocurrirán en un país con alto grado de corrupción? ¿Cuál será el costo de oportunidad? Para simplificar, podríamos decir que serían todos aquellos beneficios en el corto, mediano, y largo plazo que la sociedad dejaría de recibir en diversos ámbitos (e.g. económico, social, político, educativo). Además, como parte del costo estarían una serie de efectos colaterales negativos, difíciles de pronosticar; por ejemplo, el cambio de prioridades en la toma de decisiones de un gobierno al establecer su presupuesto, en el que, debido a la corrupción, pudiera estar asignando recursos de manera improductiva y poco efectiva. De momento, no se considera que exista una metodología simple para cuantificar el costo de oportunidad originado por los actos de corrupción, mas el objetivo del artículo es crear conciencia de las múltiples dimensiones que puede tomar. CONCLUSIÓN A través de evidencia empírica, diversos académicos2, en distintas geografías, han demostrado que la corrupción provoca menores niveles de ingreso per cápita, y menores niveles de inversión y crecimiento, lo cual se traduce en finanzas públicas débiles para un país. Debido a lo anterior, un gobierno recibe menos impuestos, lo cual lo lleva a asumir mayor deuda para mantener su burocracia y la provisión de servicios públicos. En México, un estudio estimó que, en promedio, las empresas destinan diez por ciento de sus ingresos para el pago de sobornosv, mientras que en países de Europa Central y del Este, se estima que los “pagos no oficiales” pueden llegar a representar hasta seis por ciento de los ingresos de las empresas. En Nigeria, estimaciones similares mencionan una pérdida para las empresas de 100 billones de dólares en un periodo de 15 añosvi. Tomando en cuenta los argumentos previos de cómo la corrupción afecta el Producto Interno Bruto de un país, aunado a los múltiples y altos costos de oportunidad que genera, podemos concluir que la corrupción deteriora la economía de un país, e impide su sano crecimiento y desarrollo. Los gobiernos deberían tomar más en serio la medición y combate a la corrupción. Así como los altos niveles de corrupción se traducen en múltiples externalidades negativas, los bajos niveles de corrupción podrían generar múl-

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tiples ciclos virtuosos para las economías. La decisión de los gobiernos de cómo enfocar sus esfuerzos para cumplir con sus objetivos siempre estará limitada a los recursos disponibles, mas quizá el combate a la corrupción debiera tomar mayor importancia y relevancia en las estrategias del proyecto país. International Monetary Fund, http://www.imf.org/ external/np/exr/facts/gov.htm

Transparency International http://www.transparency.org

Transparency International http://www.transparency. org

iii

World Bank http://www.worldbank.org/

El Norte (www.elnorte.com), Abril 12, 2010

Department of Public Service and Administration, South Africa (2002). Public Service Anticorruption Strategy

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corrupción y opacidad en compras, adquisiciones y asociaciones público-privadas Irma Eréndira Sandoval Ballesteros

Doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros Investigadora y Directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) Universidad Nacional Autónoma de México http://www.unam. mx/iisunam http://www. corrupcion.unam. mx http://www. irmaerendira. blogspot.com/

odas las evaluaciones nacionales e internacionales demuestran que la alternancia en el poder no ha tenido gran impacto en el combate a la corrupción. Mientras en 2001 los mexicanos tuvimos que pagar “mordidas” en 10.6 de cada 100 trámites gubernamentales, en 2005 este indicador se ubicó en 10.1; para 2007, la cifra quedó en 10.0 y para 2010 el índice volvió a caer tres décimas, registrando 10.3 por ciento. En otras palabras, durante esta larga década, las políticas en materia de combate a la corrupción no han tenido absolutamente ningún impacto1. Anualmente, las familias mexicanas gastan millones de pesos en mordidas, coimas y sobornos menores. Transparencia Mexicana ha calculado que el ocho por ciento de los ingresos de las familias pobres y hasta el 18 por ciento de los ingresos de las familias más empobrecidas, se desembolsan para este tipo de gasto. Pero si los ciudadanos en general emplean tanto dinero para agilizar la conexión de la luz, sacar su coche del corralón o inscribir a sus hijos en la escuela, ya podemos imaginar la cantidad de recursos que los empresarios están dispuestos a ofrecer para lograr jugosos contratos con el gobierno. SOBORNOS DEDUCIBLES DE IMPUESTOS Cálculos recientes han estimado que la corrupción involucrada en las licitaciones y asignaciones de contratos gubernamentales llega a representar más del 30 por ciento del

dinero público invertido en este tipo de procesos. Incluso, de forma cínica, muchos gobiernos de países desarrollados cómodamente permiten a sus empresarios locales la deducción de impuestos de los montos dedicados a los sobornos en el exterior. No es gratuito, a este respecto, el incremento de las comisiones que se pagan a los “representantes locales” de empresas multinacionales que tienen asignada la tarea de lograr los millonarios contratos de las instancias gubernamentales, para lo cual reciben por adelantado generosos recursos a fin de “afinar” los detalles de la operación. La encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008, elaborada por la consultora KPGM, dio a conocer los niveles de fraude y corrupción en las empresas del sector privado que operan en México. De acuerdo con este estudio, el 77 por ciento de las empresas que operan en México han tenido cuando menos un fraude en el último año. Los países con alta incidencia de fraudes son: Malasia, México y Estados Unidos, con un 83, 77 y 74 por ciento de incidencia, respectivamente. En el ámbito internacional, se presenta una tendencia hacia la disminución de los fraudes y las corruptelas; sin embargo, en México esta tendencia es contraria. Las incidencias de fraudes en el mundo son del 30 por ciento en promedio, y en México son del 51 por ciento, como se observa en la gráfica siguiente:

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FUENTE: Pricewaterhouse Coopers, Encuesta Global sobre Delitos Económicos, Suplemento México (en línea), Noviembre de 2009. Página 3. (Fecha de consulta: 7 de mayo de 2010). Disponible en: http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/archivo/crimesurveymx.pdf

TRÁFICO DE INTERESES Los escándalos que involucran corruptelas empresariales y corporativas se repiten constantemente en todos los países del orbe, mostrando que, hoy por hoy, el sistema económico y la competencia internacional funcionan a partir de un continuo tráfico de intereses empresariales y lobbies políticos, que continuamente son desvirtuados por prácticas ilícitas. Enron, World Com, el caso del estafador estadounidense Bernard Madoff, el FOBAPROA mexicano, empresarios como Carlos Cabal Peniche, Roberto Hernández, Ángel Isidoro Rodríguez “El Divino”, el actual escándalo de Mexicana de Aviación, etcétera, están ahí, a la vista de todos. CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS La reacción inicial a la creciente condena pública de la corrupción empresarial y corporativa se ha centrado en la redacción de códigos de buenas prácticas, gobiernos corporativos y firmas de pactos de integridad, que, si bien son acciones dignas de encomio, en realidad constituyen estrategias gradualistas y a la postre ineficaces para el combate de la corrupción, especialmente en contextos en que este fenómeno se encuentra arraigado de manera tan estructural, como ocurre en México. Las investigaciones auspiciadas desde el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, de la UNAM, han demostrado que hay un gran desaseo en materia de compras gubernamentales en México. La mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones públicas, y dan preferencia a las adjudicaciones directas o a las invitaciones restringidas, donde tienen mayor margen de maniobra y discrecionalidad. Asimismo, cuando se realizan licitaciones públicas, las empresas proveedoras frecuentemente buscan influir de manera ilegal en los funcionarios a cargo de los concursos, o coludirse entre sí, para inflar los precios. Esta situación ha llegado a extremos sumamente peligrosos, en instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex). RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN La gravedad del diagnóstico exige soluciones de fondo. Desafortunadamente, las reformas recientes sólo han empeorado las cosas. La actual Ley de Petróleos Mexicanos estableció un régimen de excepción para las com-

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pras de bienes y servicios en todas las “áreas sustantivas” de la empresa, removiéndolas del control del Congreso de la Unión. Para cualquier producto relacionado con la exploración, la producción y la refinación, simplemente ya no es necesario aplicar la Ley de Adquisiciones, sino las disposiciones propias que hoy elabora el Consejo de Administración de la empresa a su leal saber y entender. Asimismo, el artículo 57 de la Ley de Petróleos Mexicanos incluye ya una larga lista de áreas donde Pemex puede simplemente “optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa”, independientemente del monto del contrato respectivo y de que “se trate de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo”. Estas áreas o “actividades sustantivas incluyen asuntos tan sensibles como los “servicios financieros”, el “desarrollo de innovaciones tecnológicas”, la “instalación, mantenimiento o conservación de equipos industriales”, y cualquier servicio de “consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación”. Ello, como es evidente, en lugar de reducir el margen de discrecionalidad, promete hundir aún más a la empresa en el pantano de la corrupción. Para las compras en las áreas no sustantivas de Pemex, así como para todas las licitaciones de las dependencias del gobierno federal, se continúan aplicando las disposiciones de la nueva Ley de Adquisiciones, que hoy ya incluye la figura de las subastas públicas por Internet. En teoría, esta nueva modalidad obliga a las empresas proveedoras a competir entre sí de manera pública y en tiempo real, para ofrecer los mejores precios al gobierno. En la práctica, sin embargo, cuando una docena de empresas controlan la economía nacional, lo más seguro es que esas poderosas empresas utilizarán las nuevas subastas electrónicas no para reducir sus precios sino para aumentar sus ganancias. LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS La urgencia por hacer de los concesionarios y corporaciones sujetos obligados de las leyes de trasparencia, y por debatir los supuestos “poderes purificadores de mercado” en contextos de alta concentración económica, se redobla, debido a la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Público Privadas, cuya aprobación por el pleno del Senado de la República ocurrió el 17 de octubre de 2010, y que actualmente se encuentra en revisión en las comisiones de Economía y de la Función Pública, en la Cámara de Diputados. Las Asociaciones Público Privadas permitirán el establecimiento de contratos de largo plazo, hasta por 50 años o más “cuando la ley que rija la autorización establezca un plazo inicial mayor” (Artículo 81, Fracción II inciso b), con empresas privadas nacionales e internacionales, para que éstas controlen y operen la infraestructura básica del país, para la prestación de uno o varios servicios al sector público. Bajo el discurso de buscar equilibrar riesgos entre Estado y los agentes económicos privados, la LAPP busca liquidar la rectoría del Estado en áreas neurálgicas para el desarrollo, como educación, salud, seguridad pública, comunicaciones,

1 Ver Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2011. Transparencia Mexicana, disponible en: http://www. transparencia mexicana.org. mx/documentos/ INCBG/2010/4_ Comunicado_ ENCBG2010.pdf

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e infraestructura, entre otros, para entregarlo en charola de plata a las grandes corporaciones, sin las regulaciones aplicables al sector público. De hecho, los antecedentes directos de este nuevo instrumento económico y jurídico fueron los llamados Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), a través de los cuales la Secretaria de Hacienda, aprovechando subterfugios y recovecos legales, empezó a privatizar de forma ilegal, desde 2003, amplios sectores de la infraestructura hidráulica, autopistas, puentes, hospitales, centros educativos y hasta penitenciarios, en diversos estados de la república. Sin embargo, aun con todos los beneficios que los PPS ya generaban de por sí a los empresarios e inversores privados, este tipo de proyectos se tenían que seguir gestionando a través de licencias, permisos, autorizaciones, que hoy por hoy, los empresarios ya no están dispuestos a seguir tolerando. No se tratará más de “concesiones”, sino de “coinversiones”, que, de acuerdo a los redactores de esta ley, exigen un marco jurídico más completo y con mayores garantías para el capital; es decir, menores controles, obligaciones y compromisos con el interés público. ADIÓS A CONTROLES Y TRANSPARENCIA La minuta de LAPP establece que a los proyectos de asociaciones público-privadas no les serán aplicables ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ni tampoco los reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, y que, bien que mal, incluían controles y cláusulas orientadas a fomentar niveles de transparencia y a impedir conflictos de interés, incompatibilidades accionarias, parlamentarias, o incluso políticas. Hoy todo eso quedará en el pasado. De acuerdo con la LAPP, cualquier dependencia, organismo descentralizado o fideicomiso federal o estatal tendrá manga ancha para el establecimiento de este tipo de contratos. Hasta ahora, por regla general, el sector público determinaba la necesidad de llevar a cabo los proyectos, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación o a través de los portales de Internet de las dependencias públicas. Sin embargo, a partir de ahora, se permitirá que el sector privado sea el que detecte las “necesidades” y presente motu propio las propuestas a la dependencia o entidad federal competente, para la realización de los proyectos de coinversión. Lo anterior constituye, a todas luces, una vulneración de la rectoría del Estado en materia económica, dado que el tipo y alcance de los proyectos financiados con los recursos públicos se establecerán sobre la base de incentivos financiero-mercantiles más que con base en las prioridades establecidas por los gobiernos en instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales respectivos. Para los proyectos público-privados, los bienes necesarios podrán ser adquiridos en su totalidad por la dependencia o entidad convocante, por el desarrollador o ambos, según se establezca en las bases del contrato respectivo. Dicha adquisición podrá realizarse ya sea por

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negociación con los titulares de los derechos o mediante la expropiación. En otras palabras, la ley permitirá que, de ahora en adelante, el Estado financie las inversiones económicas de privados hasta en un cien por ciento, y que ahora sea posible también decretar expropiaciones a favor de empresas privadas nacionales e internacionales. Todo ello, como es evidente, implicará reformas regresivas a las leyes de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras. Otra “innovación” procedimental muy preocupante, que presenta la nueva ley, es la relativa al proceso de los avalúos. En el pasado, para los procesos de adquisición o expropiación de los bienes necesarios para la realización de los proyectos de desarrollo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) era el único autorizado a emitir avalúos de tal importancia. Con la nueva LAPP, las instituciones de crédito que operen en el país (es decir, los bancos extranjeros, que tampoco cuentan necesariamente con las mejores credenciales de probidad y legitimidad, ni en México ni en el mundo) quedan posibilitadas e inclusive incentivadas a realizar los nuevos avalúos, que evidentemente favorecerán el interés privado, al considerar el valor comercial sobre el valor social de los bienes, o al determinar una plusvalía futura mucho mayor, quizás incluso inflada, para los bienes o inmuebles que el proyecto genere, todo

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con objeto de producir mayores ganancias privadas. Es también sumamente preocupante que los derechos de los contratos de APP podrán “cederse (total o parcialmente), darse en garantía a favor de terceros” o afectarse de cualquier manera, “siempre y cuando se cuente con la autorización previa de la autoridad o dependencia contratante”. En otras palabras, áreas neurálgicas para el desarrollo de nuestro país, como la educación, la salud, la seguridad pública, las comunicaciones, y todo tipo de recursos e infraestructura, podrán darse en garantía o “cederse totalmente” a favor de nuevas apuestas financieras o especuladoras de los inversionistas privados. La nueva ley también auspiciaría el esquema de endeudamiento encubierto y anticonstitucional de los famosos Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Gasto (Pidiregas). La LAPP, en su artículo 21, señala que “en la presupuestación de cada ejercicio, las dependencias y entidades contratantes darán prioridad a las obligaciones contraídas en los contratos de asociación público-privada que hayan celebrado”. Esta “priorización” de las obligaciones con las grandes empresas será un pesado fardo en los presupuestos anuales de las dependencias federales, estatales y municipales. Esta disposición es también anticonstitucional, ya que viola flagrantemente el artículo 73, que requiere el aval del Congreso para cualquier endeudamiento público. Finalmente, la eventual aprobación de la LAPP también tendrá un impacto desastroso en materia de transparencia. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, únicamente las dependencias gubernamentales deben entregar información sobre su funcionamiento a los ciudadanos. Pero, una vez que el dinero público pase a manos de un particular, la obligación se esfuma. SEVERO REVÉS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Así, de nada servirá a los ciudadanos tener acceso a los

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contratos que celebre el Estado con las corporaciones responsables de administrar nuestros hospitales, escuelas y carreteras, si no podremos conseguir mayor información sobre el funcionamiento cotidiano de tan importantes servicios públicos, dado que dicha información seguramente será protegida con el famoso “secreto industrial o comercial”. La rendición de cuentas sufrirá un grave revés. Por ello, habría que considerar una modificación a la fracción VI del artículo sexto de la Carta Magna, que prevenga la opacidad en el futuro. Más que únicamente transparentar los recursos públicos “entregados” a personas físicas y morales, como lo estipula hoy la norma, habría que convertir a estas personas en sujetos obligados de la ley de transparencia. De igual manera, las personas morales obligadas no tendrían que ser únicamente las que reciban recursos públicos, sino también aquéllas que ejerzan una función pública de primer orden, presten algún servicio a nombre del Estado o exploten algún bien nacional. Por todo lo anterior, aquí sostenemos que la única forma de empezar a combatir la corrupción privada presente en los intercambios mercantiles y en particular en los procesos de compras, adquisiciones y contrataciones en el sector público, dependerá de que los actores privados, empresarios, concesionarios y corporaciones se conviertan de una vez por todas en sujetos obligados de las leyes de trasparencia. En lugar de repetir la fallida fórmula neoliberal de más ganancias privadas con mayores costos públicos, que nos atrapará en un laberinto de intereses económicos, políticos de grandes proporciones, habría que reafirmar la rectoría del Estado para asegurar un desarrollo económico, dentro de un renovado marco de democracia, transparencia y bienestar común.

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El ángulo empresarial

corrupción:

un mal que no respeta instituciones

Maestro Rodrigo Plancarte de la Garza Licenciado en Administración de empresas; con maestrías en Recursos Humanos y en Ciencias en Desarrollo Organizacional plancarte.rodrigo@ gmail.com

Rodrigo Plancarte de la Garza

L “El peor impuesto de los pobres es la corrupción” Doctor Andrés Pastrana Arango, ex presidente de Colombia

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INTRODUCCIÓN a corrupción es una condición que ha existido desde hace muchísimos años en el mundo. Curiosamente, la corrupción no la tienen las personas en el ADN; esto es, no se puede decir que los latinos por nacimiento son mas corruptos que los europeos, africanos o asiáticos. Es importante reconocer que la corrupción está en los sistemas, en las estructuras y en las instituciones que conforman las culturas y las sociedades en las que co-habitamos, y todos sabemos que hay pueblos más corruptos que otros, por el diseño de sus normas y leyes que lo permiten. Si aceptamos lo anterior, entonces tenemos que la corrupción es resultado de un mal arreglo institucional y de la no existencia de incentivos que busquen prevenirla.

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Los países con menos corrupción, según el índice 2010 de Transparencia Internacional, son, en los tres primeros lugares, Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur; en cuarto y quinto lugares siguen Finlandia y Suecia, y en sexto está Canadá. En contraparte, los más corruptos son Somalia (último lugar, el 180); Myanmar, Afganistan, Irak y Uzbekistán. Entre 180 países, México se encuentra en el lugar 98.

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7. La impunidad, como factor fundamental y un buen caldo de cultivo para que la corrupción florezca y se mantenga presente. Es de todos sabido que sólo dos de cada diez delitos se castigan en México. Por lo tanto, podemos afirmar que ser delincuente en México es un gran negocio. La imperante impunidad y el no poder hacer las cosas por DERECHO, sino tener que hacerlas con permiso, es la clave de la corrupción. TENDENCIA A LA CORRUPCIÓN Tal parece que el ser humano tiende a la corrupción, a fin de lograr sus metas y satisfacer necesidades por vías no apropiadas. Permítanme mostrarles, mediante un ejemplo muy sencillo, cómo inculcamos ciertas conductas sin querer hacerlo así. En ocasiones promovemos la corrupción, y lo curioso de esto es que sin pensar o estar conscientes, lo enseñamos desde la escuela, como puede ser el llevarles regalitos a los maestros, para quedar bien. Inconscientemente, estamos buscando la aprobación de la autoridad, y con estos actos, por mínimos que sean, de paso les estamos modelando conductas inapropiadas a nuestros hijos.

La corrupción en los países implica menos ingreso, menos empleo, menos inversión y menos oportunidades de desarrollo. La corrupción distorsiona el mercado y ahuyenta el comercio.

Expertos en el tema, como el doctor Miguel Carbonel, de la UNAM, mencionan que existen ciertos actos de corrupción que dominan en el tema. Éstos son: 1. Soborno. 2. Extorsión. 3. Arreglos entre las partes. 4. Alteraciones del mercado, que propician que se muevan variables económicas, en beneficio de alguna de las partes (controles de precios, etcétera). 5. Malversaciones de fondos. 6. Especulación financiera con fondos públicos. 7. Parcialidad, al brindar ciertos beneficios o canonjías a alguna de las partes. 8. Colusión privada. 9. Uso de información privilegiada, como puede ser, por ejemplo, el tener con antelación los planes de Desarrollo Urbano en una determinada zona. Muchos de estos actos de corrupción también se dan en las empresas privadas, por lo cual éstas, además de tener que enfrentar las realidades con el sector público, deben ver hacia adentro, en sus propias organizaciones, para poder manejar el problema.

¿Cuáles son algunas de las fuentes de corrupción? Entre las principales se encuentran: 1. Excesivas regulaciones y controles 2. Gobiernos estatistas 3. Sistema económico y/o economías estatistas, más proclives a ser corruptas, que las economías donde se promueve la libertad de emprender sin restricciones ni coerción del gobierno. 4. Los bajos niveles educativos. 5. El relajamiento de controles, la ausencia de políticas apropiadas, y la no presencia de códigos de ética. 6. La oportunidad de los funcionarios de tomar decisiones discrecionales, que afectan los intereses de la gente.

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ACCIONES ANTICORRUPCIÓN ¿Qué tipo de acciones se realizan comúnmente en el sector privado para contrarrestar los actos de corrupción? 1. Filtros de la Selección en sus procesos de reclutamiento. En la iniciativa privada, cada vez son más importantes sus fuentes de reclutamiento, al igual que los procesos en si mismos. Y súmele usted ahora el fenómeno de las redes sociales, en las que, por ejemplo en EUA, más del 50 por ciento de las empresas revisan las redes sociales para sus decisiones de contratación. Para los jóvenes, es muy claro que deben estar conscientes del tipo de información de texto y gráfica que suben a la red, ya que no se imaginan cuántas personas podrán estar viendo, en un futuro, su información, y lo delicado que este tema puede ser en su vida profesional. 2. Establecimiento de un juego de valores, soportado con una misión y visión del negocio. En los valores se plasman de manera implícita las conductas observables que las compañías desean que tengan sus empleados. Don Eugenio Garza Sada, ilustre regiomontano, plasmó en 17 Máximas lo que el deseaba que sus colaboradores hicieran en el día con día. Comparto sólo dos de esos 17 mensajes, que ilustran en mucho el sentir, para evitar actos de corrupción. *No alterar la verdad Lo que uno afirme, debe hacerlo reflexionando; y lo que prometa, debe cumplirlo. Las verdades a medias pueden ocultar errores, pero por poco tiempo. La mentira opera como un búmerang. *Pensar en el interés del negocio más que en el propio Es buena táctica. La fidelidad a la empresa promueve el propio beneficio. 3. La palabra ética proviene del griego ethikos (“carácter”). Se trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Una sentencia ética supone la elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad. La ética sugiere aquello que es deseable, y condena lo que no debe hacerse. La ética, entonces, está vinculada a la moral, y establece lo que es bueno, lo que es malo, y/o lo permitido o deseado respecto de una acción o una decisión. Aun cuando existen la Misión, la Visión y los Valores, éstos son reforzados con lo que hoy se denominan los Códigos de Ética, que no todas las organizaciones implementan en nuestro país. Generalmente los vemos en las medianas y grandes empresas, y es raro verlos en las pequeñas empresas. Un código de ética, por lo tanto, fija normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de una empresa u organización. Aunque la ética no es coactiva (no impone castigos legales), el código de ética supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio. Algunos enunciados que suelen estar incluidos en los códigos de ética pueden ser: No divulgar información confidencial, no discriminar a los clientes o los compañeros de trabajo por motivos de raza, nacionalidad o religión y no aceptar sobornos.

Las normas mencionadas en los códigos de ética pueden estar vinculadas con las normas legales (por ejemplo, discriminar es un delito penado por la ley). El principal objetivo de estos códigos es mantener una línea de comportamiento uniforme entre todos los integrantes de una empresa. Al incluir instrucciones por escrito, no resulta necesario que un directivo explique a cada momento cuáles son las obligaciones que tiene un empleado. 4. Otro aspecto fundamental que están haciendo las empresas en su lucha incesante contra los actos de corrupción son los procesos de capacitación y desarrollo, mediante los cuales buscan hacer conscientes a los empleados de tener una ética constante en su actuar diario. Tales procesos de desarrollo se llevan también en la cadena productiva, hacia Adelante y hacia atrás de la misma; esto es, con clientes y proveedores, respectivamente. En México, el 57 por ciento de las empresas considera que la corrupción es el mayor obstáculo para el ambiente de los negocios. El porcentaje más alto lo manifiestan los países de Latinoamérica .

En opinión de expertos, como John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Lorenzo Meyer del Colegio de México, el actual sistema jurídico, así como el gobierno, no son un medio representativo de los intereses de la sociedad. Y un servidor agregaría que no suman en la gran mayoría de los casos por una mayor y mejor cultura ciudadana anti corrupción. Los expertos marcan claramente que la corrupción es parte de la agenda gubernamental de conflictos a eliminar; sin embargo, no se ha tomado en cuenta con el peso y la preocupación que se debiera. Apunto lo que con gran atingencia mencionan el filósofo Samuel Ramos y Octavio Paz: “el mexicano es desconfiado por cultura”. PARA RECUPERAR LA CONFIANZA Ackerman y Meyer afirman que, para recuperar la confianza, hay que: 1. Hacer cumplir la ley. Una ley sin sanción es una hipocresía.

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2. Fortalecer las instituciones. 3. Mejorar la capacidad de eficiencia y eficacia del estado. 4. Impulsar la congruencia. 5. Tener un gobierno abierto y decisiones horizontales. 6. Impulsar la gobernanza. 7. Reforzar la ley de transparencia. 8. Impulsar la cultura de la legalidad y transparencia. La transparencia es sinónimo de una gobernanza impecable, y todo avance en transparencia es igual a un mejor gobierno. La transparencia es: Revelar o transparentar la gestión pública, mediante la difusión de la información que genere cualquier autoridad, dependencia, unidades administrativas, entidad, órgano u organismo de la federación, estado o municipios. Formar una cultura de Transparencia es que las autoridades rindan cuentas a los gobernados de las decisiones que realizan en la función pública, y crear una cultura ciudadana de participación, respeto y ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. Si queremos que exista un nivel de confianza en todos los niveles y órdenes de gobierno, al igual que en el resto de los sectores en el país, debemos empezar por construir un buen gobierno, que inspire credibilidad y confianza. La ética pública es un compromiso del estado, de la sociedad civil y de los políticos y servidores públicos. RETOS PARA LA ÉTICA La ética, tanto en el sector público, como en el sector privado, tiene que ver con corrupción, conflicto de intereses, abandono de valores y liderazgos auténticos y congruentes. Los retos son enormes para la ética en general, independientemente del sector, ya sea público o privado. Éstos consisten en: • Contar con un orden económico justo. • Aplicar un Sistema de Justicia confiable. • Considerar el impacto de la globalización. • Tomar en cuenta la complejidad de la Diversidad Cultural. • Retomar la Educación Cívica desde la educación básica y hacerla presente en todos los niveles. • Considerar el orden y la complejidad mundial, con todas sus variables sociales, macroeconómicas y políticas. • Considerar la Información y su manejo, así como la transparencia a través de la tecnología, para evitar cada vez más los actos de corrupción. Finalizaré mencionando que aspirar a tener cada día menores niveles de corrupción implica necesariamente contar con sociedades educadas y desarrolladas, las cuales son sinónimo de países desarrollados, con buenos y aceptables niveles de crecimiento.

Transparencia = Confianza = Gobernanza Gobernanza es una nueva forma de gobernar; es una gestión pública transparente, flexible y creativa. El 80 por ciento de los condenados en México, no habló ni vio al juez que lo condenó, y éste no vio a quién condenó. La confianza en la justicia no ha mejorado por la oralidad; la participación, sí (esto en Argentina). A mayor corrupción, menor inversión y menor crecimiento económico: DOING BUSINESS. AL tiene los peores índices, según el Banco Mundial. • La noción de “gobernanza” es a la vez polisémica y polémica. Se confunde muy a menudo con el término “gobernabilidad”. Aunque estos dos conceptos no son sinónimos, hay debate sobre los criterios que permiten distinguirlos. Ambos traducen la noción anglosajona de “governance”, aunque sólo gobernabilidad traduce “governability”, que se usa de manera más restringida. • Los términos gobernanza y gobernabilidad son muy utilizados en los ámbitos del management privado, de las organizaciones internacionales, de las ciencias sociales y de las instituciones políticas, tanto nacionales como regionales (por ejemplo, la Unión Europea). • La gobernanza es una noción que busca -antes que imponer un modelo- describir una transformación sistémica compleja, que se produce a distintos niveles -de lo local a lo mundial- y en distintos sectores -público, privado y civil-. Tipos de gobernanza: Gobernanza global • Artículo principal: Gobernanza global • En contraste, con el significado expuesto hasta ahora, algunos autores, como James Rosenau, han usado este término para denotar la regulación de relaciones interdependientes, en ausencia de una autoridad política global. El mejor ejemplo de ello es el sistema internacional; o sea, las relaciones entre estados independientes. El término puede aplicarse también a un grupo formado por agentes libres e iguales que necesitan formar una relación regular. Gobernanza corporativa 5. El conjunto de procesos, costumbres, políticas, leyes e instituciones que afectan a cómo se dirige, administra o controla una empresa (corporación). También incluye las relaciones entre los muchos agentes implicados en ellas (desde la propiedad a la dirección, los controladores externos, acreedores, inversores, clientes, suministradores, empleados y el entorno y la sociedad entera).

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a partir de un estudio interdisciplinario

La corrupción, como enemigo del Estado constitucional, y su tratamiento

Michael Núñez Torres INTRODUCCIÓN l Estado Constitucional es un complejo institucional de naturaleza jurídico-política, que constituye la forma más avanzada de comunidad política en la actualidad. Ciertamente, el Estado es una construcción moderna, que arranca en el siglo XVI, y que se ha venido desarrollando del Estado absolutista al Estado liberal burgués, pasando por las versiones totalitarias de principios del siglo XX (el Estado fascista y el Estado comunista)1, y que al final llega al establecimiento del Estado social y democrático de derecho. Este último refleja las cláusulas institucionales que determinan la estructura, el funcionamiento y los fines que persiguen los poderes públicos del Estado Constitucional. En primer lugar, es un Estado Democrático, en el sentido de que sus instituciones se encuentran legitimadas por el pueblo; en segundo lugar, es un Estado Social, con lo cual desaparece esa oposición Sociedad-Estado, típica del liberalismo decimonónico, y se reconoce al Estado como el mejor vehículo institucional para el desarrollo de esa sociedad; y, por último, se trata de un Estado de Derecho, en tanto que todos los poderes están sometidos a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, cuya expresión principal es la Constitución. Dicho en breve, así funciona el Estado Constitucional a la luz de la teoría. Sin embargo, un profesor de medicina, que impartía la asignatura de fisiología, me explicaba hace ya un par de décadas, de manera muy simple, que en su cátedra enseñaba a los futuros médicos cómo funciona el cuerpo humano cuando no padece ninguna enfermedad. Justamente, la teoría constitucional puede ser objeto de una explicación análoga, si pensamos que su principal objeto de estudio es definir el funcionamiento de los poderes públicos dentro de situaciones de “normalidad”; es decir, si el Estado no se encuentra “enfermo”. El problema es que el Estado siempre está enfermo, lo cual obliga a situaciones de excepción, que buscan salvaguardar su estabilidad. Son muchas las “enfermedades” que ha tenido el Estado en general, pero quisiera llamar la

Doctor Michael Núñez Torres Subdirector de Investigación Centro de Investigación Técnico Jurídica y Criminológica Facultad de Derecho y Criminología / UANL michael.nunez@ uanl.com

atención sobre el problema que implica uno de los peores padecimientos que exhibe el Estado Constitucional: la corrupción. La preocupación se agrava cuando ponemos nuestra atención en América Latina, donde el Estado se ve sobrepasado por una cultura de la ilegalidad, la impunidad y una crisis de valores. Es así como la teoría constitucional, con el auxilio de un estudio interdisciplinario, debería dar explicación al fenómeno, para luego ser capaz de ofrecer soluciones dentro del ordenamiento jurídico. TAN ANTIGUA COMO EL ESTADO La corrupción, como fenómeno social, se remonta a la antigüedad, y se encuentra en la Edad Media, tanto en el reino como en el imperio, con lo cual podemos decir que es anterior al propio Estado; sin embargo, no se puede hablar con seriedad de la corrupción como fenómeno socio-político sino hasta la llegada del Estado y su administración pública. En el caso de América Latina, la cláusula de Estado Social nos habla de un Poder Ejecutivo muy complicado; específicamente, de la administración pública, como de un elemento que alcanza un grado de complejidad que se intensifica en proporción a la actividad administrativa –en especial, los servicios públicos- que lleva a cabo el Estado en la actualidad, con el consiguiente crecimiento desorbitado de la burocracia. Esto ha supuesto un problema estructural, en tanto que la cantidad de dinero que se maneja es un caldo de cultivo propicio para la corrupción, de tal suerte que la pesadilla webberiana termina por ser un agente que conspira en contra de la propia legitimidad del Estado Constitucional, por demás débil en América Latina. ENEMIGO DE LA DEMOCRACIA Habría que explicar este fenómeno atendiendo a los métodos y categorías propias de cada ciencia o disciplina del conocimiento, para poder así diseñar las instituciones adecuadas capaces de combatir este enemigo de la democracia. Esta operación es propia de la ingeniería constitucional, la cual debe partir de la teoría, para in-

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cidir en la realidad de las instituciones del Estado Constitucional latinoamericano. De esta manera, la historia del Derecho debería dar cuenta de la aparición y evolución de este fenómeno en las instituciones indianas. No obstante, los datos que nos ofrecen la historia y la antropología, deben ser capaces de darnos pistas que sirvan de indicios explicativos, pero en ningún caso de conclusiones deterministas, que en ocasiones llegan a ser racistas. En otras palabras, la corrupción no puede ser un estigma en razón de nuestra cultura hispano-católica; como la leyenda negra, primero, y el positivismo sociológico pesimista, después, pretendieron hacer creer. De ser así, no se podrían explicar los avances positivos en la actividad administrativa española, o el hecho de que Chile, al momento de medir la percepción de la corrupción, se encuentre muy bien ubicado en comparación con países industrializados como Italia, Portugal o Grecia2. PROBLEMAS DEL SISTEMA POLÍTICO LATINOAMERICANO Ahora bien, es un hecho que la corrupción ataca el sistema institucional de los países menos desarrollados. Por ello, la ciencia política nos debería ofrecer herramientas para poder comprender el fenómeno de la corrupción como variable explicativa de los problemas que enfrenta el sistema político latinoamericano; por ejemplo, el clientelismo o la utilización ilegal de recursos económicos en las campañas electorales. Del mismo modo, el derecho penal y la criminología nos deberían dar herramientas para explicar la corrupción a partir de la tipificación de delitos en contra del patrimonio público, en razón del bien jurídico tutelado. En este punto, llama la atención cómo, en la legislación penal, la jurisprudencia y en la doctrina, se apela a la tesis de Jakobs sobre el “derecho penal del enemigo”3, al momento de hacer referencia a los delitos de la delincuencia organizada, pero no se tiene la misma consideración cuando se trata de delitos que tienen que ver con corrupción. Quizás la criminología debería aportar datos que expliquen los factores sociales, biológicos, psicológicos, que rodean a la corrupción en su relación con el individuo que la realiza y con la sociedad que aparentemente la acepta; en otras palabras, determinar por qué esta conducta se convierte en lo que Sosa Chacín denomina “anormalidades normales”4. FENÓMENO GLOBAL Asimismo, es claro que la corrupción no escapa a la globalización. Es por eso que el derecho internacional público debe ofrecer herramientas que nos permitan darle a este fenómeno un tratamiento supranacional, específicamente en el sistema de fuentes del derecho internacional público. No es casualidad el hecho de que haya sido Latinoamérica la primera en comprender la gravedad que supone para las democracias en el continente el flagelo de la corrupción; en efecto, el primer Tratado que desarrolló este tema fue la “Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos” firmada en Caracas el 29 de marzo de 1996, siete años

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antes de la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la corrupción. La revisión de los mecanismos de seguimientos es importante al momento de evaluar la idoneidad de las instituciones del sistema interamericano y de la ONU, para llevar a cabo los fines de estas convenciones. Sin embargo, sólo el Estado Constitucional puede enfrentar a sus enemigos a través de sus instituciones políticas, en tanto que se encuentran claramente legitimadas por el ordenamiento jurídico que integra la Constitución. En este sentido, son los valores y los principios los que deben ser manejados al momento de explicar la problemática. Por ejemplo, el principio de responsabilidad de los servidores públicos es un imperativo del Estado social y democrático de primer orden. En el caso de México, la búsqueda de la transparencia, a través de la legislación respectiva, en las administraciones de los tres órdenes de gobierno, es muy significativa de la comprensión del problema. La jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana nos da un ejemplo muy interesante, con el desarrollo del concepto de moralidad administrativa como derecho colectivo, como principio que inspira la actividad administrativa, y que llega a imponer límites al principio de buena fe, cuando sirve de excusa en las contrataciones públicas, en razón de que el interés general y el bien común hacen constitucionalmente válidos dichos límites5. No es éste el espacio para desarrollar un trabajo de investigación que movilice todas estas disciplinas, pero sí constituye una oportunidad de oro para reclamar que los investigadores lo hagan. Regresando a las analogías médicas, no debemos olvidar que la corrupción constituyó un “cáncer” para el Estado comunista, al igual que ha puesto en jaque al sistema financiero, e incidido de manera negativa en las instituciones de la Unión Europea, lo que significa un retroceso en su unificación. El Estado Constitucional no puede pasar por alto los peligros que enfrenta, y los investigadores de la ciencia del derecho tenemos una responsabilidad muy grande, si queremos coadyuvar en hacer del derecho una herramienta de cambio positiva para el ser humano.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA 1 Para este tema, donde la bibliografía es sumamente abundante, sólo citaremos a R.H.S. Crossman, Biografía del Estado Moderno, trad. J.A. Fernández de Castro, Fondo de Cultura Económica, México, 2003. 2 Véase la Evolución del índice de Percepción de la Corrupción, documento de Trabajo N° 6, abril, 2009, p. 12. 3 G. Jakobs, “Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo”, trad. Canció Meliá en G. Jakobs y M. Polaino Navarrete, El derecho penal ante las sociedades modernas, Flores editor, México, 2006. 4 J. Sosa Chacín, El hombre y el crimen, U.C.V., U.C.A.B., Fundación Vollmer, Caracas, 1986, p. 710. 5

Sentencia C-088 del 2000 de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.

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Bases de las sociedades sin corrupción Benigno Benavides Martínez

MC Benigno Benavides Martínez Facultad De Filosofía y Letras División de Posgrado UANL benignobenavides @yahoo.es

n problemas como la corrupción, lo primero que sorprende es la prolongada historia que tiene, además de que parece ser algo inherente a la propia humanidad, presente en todas las sociedades, a pesar de los controles legales, religiosos o morales que se han establecido, incluso en aquéllas que se consideran sociedades ejemplares, modelo para las demás. Lo que a continuación apreciamos es un panorama de generalización del fenómeno de la corrupción en las sociedades, en cada una de las cuales la diferencia estriba en el grado o nivel con el que se hace presente. La historia y la generalización de este fenómeno nos hacen pensar consecuentemente en que la corrupción es algo casi imposible de erradicar; no obstante lo anterior, la presencia de sociedades con niveles ínfimos de corrupción nos hacen reconsiderar que socialmente se puede reducir su presencia hasta mínimos manejables que no contrapongan las aspiraciones de desarrollo humano de las sociedades. BASES SOCIALES La interrogante consiste en identificar los factores o bases sociales que hacen que la corrupción prolifere o que se inhiba, por lo que en este artículo anteponemos las instituciones como los factores que principalmente se relacionan con el fenómeno mencionado. El análisis del fenómeno establece como un punto pre-

vio la presentación de datos referentes a la corrupción y un manejo conceptual operativo; para ello, la organización llamada Transparencia Internacional ofrece los elementos necesarios para el cumplimiento de esta tarea. La organización mencionada es de carácter civil, global y no gubernamental; tampoco se encuentra comprometida con ningún gobierno o empresa privada o partido político. Para cumplir con sus fines ofrece un concepto que abarca todo abuso de poder o de confianza para lograr ciertos beneficios, lo cual perjudica o pone en riesgo el bienestar de las personas. La idea que rige la actuación de esta organización es, como su nombre lo establece, la transparencia, como acceso a la información, como lo contrario a la corrupción, lo cual obliga, sobre todo a los gobiernos y a sus dependencias, a difundir la información concerniente a sus asuntos; pero, además, la idea abarca también a los individuos y a las organizaciones privadas, para que denuncien los hechos de corrupción, públicos o privados, en los que se hayan visto inmiscuidos. Aunque la corrupción se realiza en actuaciones individuales, el ambiente en el que se genera es eminentemente social, lo mismo que sus efectos, por lo que se considera un fenómeno social, y su análisis debe realizarse igualmente en este nivel. En este sentido, las estimaciones se hacen como comparaciones entre países, a los que se les otorga una calificación de entre 1 y10 puntos, con base

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en diferentes criterios para asignar las puntuaciones correspondientes, conforme a las percepciones que se hacen de cada país. En las estimaciones hechas para el año 2008, los países con menos corrupción fueron Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda, mientras que los percibidos como más corruptos fueron Somalia, Myanmar, Irak y Haití. Nuestro país obtuvo una calificación de 3.6, por lo que ocupó el lugar 72 entre los 180 países evaluados. POBREZA Y CORRUPCIÓN Una mirada inicial sobre estos resultados nos induce a pensar en la existencia de una relación entre pobreza y corrupción, si atendemos a que los países más corruptos son pobres, con escaso desarrollo social y humano, ubicados principalmente en África, Asia y Centroamérica. A su vez, la población de los países menos corruptos goza de bienestar; se trata de estados democráticos que se ubican principalmente en el norte de Europa y en Oceanía, en el caso de Nueva Zelanda. Si atendemos a los resultados, un factor que favorece que se presente la corrupción es la pobreza. Como consecuencia de ello, si se quiere acabar con la corrupción, se debe acabar con la pobreza, lo cual complica el problema de la corrupción, al hacerla depender de una situación social. Al tratar de interpretar los resultados, podemos explicar la corrupción como una alternativa a las severas condiciones en las que tiene que sobrevivir la persona, por lo que la corrupción sería explicable y hasta cierto punto justificable, debido a que el individuo se ve prácticamente obligado a realizar estas prácticas o a poner en riesgo su vida, salud y acceso a los satisfactores elementales. Como causa de pobreza se encuentran los bajos salarios, el desempleo, la falta de educación y la falta de medios de producción, entre otros. Las soluciones, por lo tanto, estarían condicionadas a mejorar el nivel de vida de las poblaciones. Sin embargo, nos encontramos con que el problema de la corrupción se presenta no sólo en sociedades pobres, sino también en sociedades reconocidas por su bienestar económico. En estos casos, la corrupción no se puede explicar por la urgencia de satisfacer necesidades elementales, ni se puede decir que los individuos se vean obligados a conductas de corrupción. La pobreza y los fenómenos asociados ya no aparecen en estas sociedades, y, sin embargo, la corrupción sigue presente, aunque no en la misma medida que en las sociedades pobres. Probablemente la definición de la corrupción no sea aplicable a ambos casos, ya que en uno de ellos estamos hablando de corrupción como alternativa a la pobreza, mientras que, en el otro caso, nos referimos a un deseo desmedido de lucro. CALIFICACIONES DESALENTADORAS En el caso de nuestro país, las calificaciones son desalentadoras, si consideramos que, según Transparencia Mexicana, en el año 2010 se cometieron 200 millones de actos de corrupción, tan sólo en el uso de servicios públicos de los diversos niveles de gobierno, y el costo de las llamadas

“mordidas” fue de 32 mil millones de pesos. Los costos y las dimensiones de la corrupción son de por sí apabullantes para una sociedad que pretende el desarrollo. Como posibles causas de esta situación, podemos pensar en la pobreza, los bajos salarios y la complejidad de los trámites burocráticos, a diferencia de las mencionadas sociedades que presentan elevadas calificaciones. En general, podemos considerar que la corrupción tiene causas sociales que pueden ser identificadas al analizar los elementos que intervienen en las diferentes sociedades. Para el propósito mencionado, es necesario apuntar que la acción de los individuos se manifiesta a través de instituciones, por lo que es de suponer que las instituciones sociales de los países de baja corrupción serán diferentes a las instituciones de los países en los que la corrupción presenta elevadas frecuencias. Como una de las instituciones fundamentales en la sociedad moderna, se encuentra el Estado, el cual es diferente en cada caso, pues mientras que en los países de baja corrupción se practica la política del Estado mínimo, reducido sólo a lo necesario, en los países de alta corrupción, el Estado pretende estar presente en todos los ámbitos de la vida, a través del ordenamiento de las actividades de los particulares y con un verdadero ejército de burócratas. Además, el Estado es el principal contratante de empleados y proveedor de muchos servicios. La relación individuo familia constituye también una condicionante para la corrupción, desde el momento en que, en las familias numerosas y de corte tradicional, en las que sólo el jefe de familia trabaja, las necesidades económicas son apremiantes y se tienen que valer de todos los medios para aprovechar los escasos recursos. En las sociedades de alta calificación, el individuo ocupa un lugar preeminente, por lo que cada quien se tiene que valer por sí mismo, sin tener que depender de otros, aun de sus familiares. Respecto a la institución educativa, los niveles de estudio son muy diferentes, lo cual incide a su vez, en el acceso al empleo, tanto de hombre como de mujeres. Con base en los datos y los razonamientos anteriores, podemos estimar que la alternativa más conveniente para el combate a la corrupción inicia en las instituciones, en este caso en la principal de ellas, que es el Estado, desde luego que manteniendo la relación con las demás instituciones, como la educación y las políticas de empleo, para tratar de llegar finalmente a instituciones privadas, como la familia y la religión.

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La ética en la transparencia, para combatir la corrupción Sergio A. Moncayo González I. SINERGIA ENTRE ÉTICA-VALORES Y TRANSPARENCIA iertamente, la corrupción ha existido desde tiempos antiguos, desde la creación del hombre; por tal razón, no es posible erradicarla por completo,1 pero lo que sí podemos hacer es disminuirla mediante la creación de dispositivos institucionales que tiendan a obstaculizarla, a hacerla más difícil de realizar o llevarla a cabo; para lograrlo, se hace necesario contar con mecanismos especializados para ello, como lo es, sin duda alguna, la transparencia de los actos gubernamentales.2 Así pues, la éticavalores y la transparencia se entrecruzan y se entrelazan como un cordón de tres dobleces, que no puede romperse pronto.3 Desde el punto de vista etimológico, las expresiones “ética” y “moral” significan lo mismo. El vocablo “ethikéética” procede del griego ethos, que significa “hábito”, “carácter” o “costumbre”; igual que el término latino “mosmoris”, del que procede “moral” que significa “costumbre” o que tiene “buenas costumbres”.4 La axiología, como estudio de los valores, deviene a ser una fundamentación principal de la ética. Recordemos que los valores pueden ser positivos o negativos, objetivos o subjetivos, fijos o dinámicos; incluso se habla de una jerarquía de valores,

Maestro Sergio A. Moncayo González Comisionado Presidente Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León seramongon@ hotmail.com

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todo ello, dependiendo de la mayor o menor importancia que les demos a las cosas; en fin, el punto central es cómo queremos llegar a ser en el futuro, en un estado mejor. En tal virtud, estamos totalmente de acuerdo en que la mayor solución contra la corrupción es la educación y la difusión de valores que fortalezcan la moralidad, la honradez y la responsabilidad de ciudadanos y funcionarios.5 II. BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS El Estado tiene a su disposición una serie de instrumentos o mecanismos que pueden ser utilizados en contra de la corrupción; así, González Llaca nos lo indica de la siguiente forma: “Para prevenir este tipo de corrupción, el Estado cuenta con varios instrumentos: el control, la rendición de cuentas y las sanciones; instrumentos que deben ser apoyados por las siguientes políticas: el amplio acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana. Es una lucha en la que todos los antídotos están correlacionados, todos se necesitan, todos deben apoyarse para cerrar el cerco al trinquetero, (sic) siempre escurridizo y jabonoso.”6 III. TIPOS O MODALIDADES DE LA CORRUPCIÓN Para poder proceder contra el indeseable fenómeno que abordamos en este artículo, el tratadista Miguel Carbonell menciona que una tipología mínima o básica de la corrupción comprendería al menos los siguientes nueve subtipos:7 Soborno.- Recompensa irregular para influir en la conducta de un agente o servidor público, en una decisión que debe ser gratuita e imparcial. Extorsión.- Amenaza de un agente o servidor público hacia un particular, para obligarlo a realizar una contraprestación irregular en beneficio del primero.

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rEFErEnciaS Carbonell, Miguel. Transparencia, ética pública y combate a la corrupción. Una mirada constitucional. Universidad Nacional Autónoma de México, México UNAM, 2009. Eclesiastés. Sagradas Escrituras, versión Reina-Valera 1960. González Llaca, Edmundo. Corrupción. Patología colectiva, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2005. Huerta Treviño, Graciela. “Gobierno transparente - La administración pública y la participación ciudadana”. Texto de la conferencia impartida el día 07 de octubre de 2011, dentro del Seminario “Ética y transparencia en el Sector Público”. Zagrebelsky, Gustavo y Martini, Carlo María. La exigencia de justicia, traducción de Miguel Carbonell, mínima Trotta, Madrid, 2003.

Arreglos.- Pacto de beneficios recíprocos entre el agente o servidor público y un particular, en perjuicio del bien público. Alteraciones del mercado.- Regulación o manipulación del mercado por parte del agente o servidor público, para favorecer a un particular o a sí mismo (autocorrupción), o bien, para perjudicar a un tercero. Malversaciones y fraudes.- Utilización de recursos públicos para fines u objetivos distintos a los previstos por las normas aplicables a su funcionamiento. Especulación financiera con fondos públicos.- Obtención de beneficios irregulares mediante la realización de inversiones de fondos públicos en el mercado financiero (cuentas clandestinas, fondos no contabilizables). Parcialidad.- Favorecimiento a una determinada persona o agente, mediante la discriminación en la toma de decisiones. Colusión privada.- Elevación artificial de precios de productos o servicios, por parte del acuerdo de dos o más empresas del sector privado, perjudicando a la administración pública. Uso de información privilegiada.- Toma de decisiones económicas, sociales o políticas, con información obtenida ilegalmente, en beneficio de una persona o agente, siempre en perjuicio del interés general de la población. IV. PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE LA ÉTICA EN LA TRANSPARENCIA En la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, hemos conjuntado, como una forma para prevenir la corrupción y transparentar los actos gubernamentales o de gobierno, la creación del primer seminario denominado “Ética y Transparencia en el Sector Público”,8 en coordinación con el Gobierno del Estado (Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental), y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde hemos privilegiado precisamente la Ética, los Valores y la Transparencia, como formas o mecanismos para disminuir la corrupción en los actos de Gobierno de los funcionarios de nuestro Estado. Termino con las palabras de Martini: “No existe un sistema legal o jurídico, por más perfecto que sea, que pueda funcionar si el corazón permanece enfermo.”9 Esperamos en un futuro corto, poder ver los resultados.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA 1 Como acertadamente nos lo menciona González Llaca “–que no erradicarla, pues eso es imposible-“, en González Llaca, Edmundo. Corrupción. Patología colectiva, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2005, p. 24. 2 Carbonell, Miguel. Transparencia, ética pública y combate a la corrupción. Una mirada constitucional. Universidad Autónoma de México, México 2009, p. 4. 3 Tomado de las Sagradas Escrituras, véase Eclesiastés 4: 9-12: “…Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.” 4 Conferencia impartida el día 07 de octubre de 2011, por la Lic. Graciela Huerta Treviño, dentro del Seminario “Ética y transparencia en el Sector Público”, denominada “Gobierno transparente - La administración pública y la participación ciudadana”. 5

González Llaca, Edmundo. Op. Cit., p. 153.

Idem, p. 113.

Carbonell, Miguel. Op. Cit., pp. 5 – 8.

8 Consecuencia del convenio específico de colaboración firmado entre la CTAINL y el Gobierno del Estado, así como del diverso firmado entre la UANL y el Gobierno del Estado. Realizado en distintas instalaciones del Gobierno del Estado, desde el 05 de agosto al 28 de octubre de 2011, (diferida su última sesión del 28 de octubre para el mes de noviembre). Dicho seminario estuvo integrado por los siguientes módulos: I. Ética pública (enfoques y paradigmas). II. Rendición de cuentas (responsabilidad administrativa). III. Ética, valores y transparencia (en la administración pública). IV. Buenas prácticas gubernamentales. Entre los ponentes nacionales y extranjeros, tenemos a los siguientes: Dr. Alfredo Chirino (Poder Judicial de Costa Rica), Dr. Rafael Aguilera Portales (investigador, España), Dr. John Wilson (Organización de Estados Americanos), MEI. Benjamín Fuentes Castro (Auditoría Superior de la Federación), Lic. Roberto García Ramírez (Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León), Lic. Francisco Javier Gutiérrez Villarreal (consejero del Consejo de la Judicatura), Lic. Isaías Rodríguez Arizpe (Iniciativa privada), Lic. Patricia C. Villarreal Martínez (conferencista internacional), Lic. Graciela Huerta Treviño (directora de Estudios e Investigaciones de la CTAINL), Dr. Miguel Carbonell (investigador de la UNAM), Lic. Pedro Quezada Bautista (Secretaría General de Gobierno), y Dr. Jorge Manjarrez Rivera (Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León).

Zagrebelsky, Gustavo y Martini, Carlo María. La exigencia de justicia, traducción de Miguel Carbonell, mínima Trotta, Madrid, 2003, p. 60. En donde cita a Mc 7, 21-22: “Porque de dentro, del corazón del hombre, salen las malas ideas: inmoralidades, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraudes, desenfreno, envidias, calumnias, arrogancia, desatino.”

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El Servicio civil de carrera, antídoto para la corrupción Rina Aguilera CONTEXTO a tarea de los gobiernos es cada vez más comprometida, debido a los contextos hipercomplejos que han de encarar para institucionalizar las demandas y problemas sociales. Tienen a su cargo la responsabilidad de articular intereses, satisfacer demandas y encauzar las presiones que tienen su gestación y desarrollo en los diversos espacios de la vida pública. La tarea de gobernar con la orientación de las reformas institucionales no es sencilla ni admite que el conocimiento ordinario se convierta en una alternativa para institucionalizar los conflictos y las expectativas de los ciudadanos. La tarea de gobernar implica la utilización del conocimiento profesional1, el cual permite el análisis y la explicación que se vinculan con los contextos de la vida pública y social. En este sentido, el servicio público no es únicamente una idea de trámites de oficina, sino más bien se requiere una mayor profesionalización en los asuntos del gobierno,

Maestra Rina Aguilera Profesora / Taller de Iniciación a la Investigación Social Facultad de Ciencias Políticas / UNAM rina.aguilera@ gmail.com

por lo que es imprescindible contar con capacidades para enfrentar los retos de un mundo de grandes complejidades; por lo tanto la profesionalización del servicio civil2 público implica capacitar a los responsables y ejecutores de las decisiones de la acción de gobierno. AMORIGUADOR DE EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN Sin embargo, podemos señalar que El Servicio Civil de Carrera es parte del mundo de las instituciones que México requiere para fortalecer su inserción en la complejidad de lo público nacional y lo público internacional, que se encuentra vigente en las dependencias gubernamentales de la Administración Pública Federal; con este servicio profesional se han podido amortiguar efectos que se provocan con la corrupción, al proclamar que el mérito, la competencia y la evaluación sean el modo de ingresar a sus reglas de operación. No obstante el desprestigio del Estado administra-dor3 en el sentido de que no es eficiente ni competitivo, la

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Podríamos poner en práctica lo que a la letra señala la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado de Chile, en su artículo 11 bis.- “Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan. La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.” Pareciera que conceptos como probidad, honradez, ética y rectitud no tendrían que ver con la corrupción, lo cual es mentira porque justo éstos son los que deben estar presentes en la mente de los funcionarios públicos y los ciudadanos y ponerse en práctica todos los días en cada una de las dependencias de gobierno y en las acciones de la sociedad. Es necesario que el servicio público no incurra en rendimientos medios, decrecientes o irregulares, ya que es factible, tal y como está sucediendo, que los ciudadanos se decepcionen de la administración pública, debido a la baja calidad de su desempeño. Para el Estado, la decepción de los ciudadanos en lo que realiza, vía el trabajo de los administradores públicos, lo expone a situaciones que conllevan la pérdida de confianza en las autoridades electas y a la reprobación de lo que realiza como institución al servicio de la sociedad. En esta perspectiva, el servicio profesional de carrera está comprometido con los objetivos del bien común, y tiene un ángulo político que se vislumbra por su contribución a la vigencia de la democracia, de acuerdo con el mejoramiento constante de los niveles de vida de las personas y los grupos sociales.

administración pública tiene en la era de la globalidad la oportunidad de desenvolverse como una institución útil y necesaria para la vida en común. Por lo tanto, la claridad en el desempeño de las actividades de los funcionarios públicos debe ser una estrategia pública para favorecer que las oficinas administrativas y gubernamentales sean más visibles a los ojos de los ciudadanos, las empresas, los organismos y demás formas de organización social, que esperan que los asuntos públicos no sólo estén en manos de profesionales, sino que sean objeto de una gestión honrada, que generen ambientes de confianza y aceptación, para que el gobierno no sea calificado como una entidad que funciona de forma corrupta, distante de los valores de la rectitud y la eficiencia4. LA TRANSPARENCIA GENERA CONFIANZA Por tanto, se debe entender la transparencia como el “deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos”5; debe ser uno de los controles democráticos sobre la administración pública, que tiene su origen en la presión de los ciudadanos, para que no sea una institución ajena a los mismos. Lo anterior significa que si la transparencia se adopta como una política que acerca a los ciudadanos con la administración pública, se propicia un clima institucional más legítimo y, en consecuencia, aumenta la confianza6 en el orden establecido.

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CONCLUSIÓN Se puede concluir que, en México, el Servicio Profesional de Carrera ha perdido su esencia de profesionalizar a los servidores públicos e ingresar por mérito a la Administración Pública Federal, ya que se ha convertido en una simple herramienta de trámite, donde el abuso del Artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en todos los niveles, ha sido una constante y ha servido para favorecer a los candidatos que imponen los altos mandos. Otro aspecto que destacar es que la parte de capacitación y certificación no opera como tal; se siguen dando cursos sin que estén alineados directamente a las capacidades de los servidores públicos o bien a cubrir el perfil del puesto; en muy pocos casos se hace una verdadera identificación de necesidades de capacitación. En general, tampoco en los demás subsistemas opera la evaluación del desempeño, ya que funciona a través del establecimiento de metas individuales poco retadoras y de poco impacto, que no necesariamente están alineadas con los aspectos estratégicos de las instituciones Por lo dicho, se requiere que, en México, las distintas comunidades que integran la burocracia gubernamental tiendan más a la lealtad personal, no a la lealtad institucional; éste es un requisito fundamental de todo gobierno democrático. Implica, también, la lealtad institucional, la preservación de los intereses primordiales del gobierno y la administración pública, no los valores partidistas del cuerpo burocrático que luego se formalizan como intereses públicos, cuando en sentido estricto no lo son. Si la creación del servicio profesional de carrera tiene como objetivo evitar que la administración pública sea motivo de prácticas partidistas, repartos corporativos de poder y la recompensa generosa a la lealtad personal, se ha comprobado que esto no se ha cumplido. El camino todavía es largo; la tarea es conjunta; tanto autoridades como ciudadanos, tenemos que trabajar conjuntamente, de manera coordinada, para que lo que se plasma en las leyes se cumpla. Las instituciones están ahí, pero las personas son las que no las obedecen; por lo que, si exigimos, debemos iniciar con nuestro granito de arena y no prestarnos para actos de corrupción de ningún tipo. En el momento en que se tenga la cultura de la no corrupción, en ese momento, sabiendo que se castigará cualquier acto ilícito, tendremos cuidado para no caer en la tentación de corrompernos; es tarea de todos, no sólo de nuestros gobernantes. Que ellos respeten la parte que les toca cumplir.

NOTAS DE PIE DE PÁGINA 1

la seguridad de empleo y la capacitación, el servicio civil disminuye el patrimonialismo y la corrupción, mejora el desempeño administrativo, y por lo tanto, la eficacia y la eficiencia del gobierno. Todo lo anterior favorece, supuestamente, la recaudación de impuestos, la prestación de servicios, la promoción económica, la honestidad, la respuesta al público y la continuidad de los programas” Juan Pablo Guerrero Amparán, “Trabas y oportunidades para el Servicio Civil en un México Democratizado”, en Visión Muldimensional 2

Arellano Gault, David. (2004) ¿Por qué un Servicio Profesional de Carrera es importante para una democracia? Los retos del Servicio Civil en México, en Revista Servicio Profesional de Carrera Vol. 1 núm. 1 México, primer semestre. Ayala Espino, José. (1999) Instituciones y economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. México, Fondo de Cultura Económica. Dror Yehezkel (1997), “El profesionalismo en el arte de gobernar”, en Revista de Administración Pública Núm. 91, México, Instituto Nacional de Administración Pública. Guerrero Amparán, Juan Pablo. (1999) “Trabas y oportunidades para el servicio civil en un México democratizado” en Visión Multidimensional del Servicio Público Profesionalizado (Coordinadores) Ricardo Uvalle Berrones y Marcela Bravo Ahuja Ruiz. México, coedición Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Editorial Plaza y Valdés Editores. Luhmann, Niklas. 1996 (1973) Confianza. México, Antrhopos/UIA, Schmitt, Carlos. (1981) Teoría de la Constitución, México, Editora Nacional.

“La función más importante de un Servicio Civil en una

democracia es reducir la discrecionalidad de los políticos en el manejo de la administración pública. Evitar el sistema de botín, en que cada partido político, al llegar al poder, define y recrea la estructura de la administración pública, es fundamental para evitar politizar la administración pública…”David Arellano Gault. P. 60 ¿Por qué un Servicio Profesional de Carrera es importante para una democracia? Los retos del Servicio Civil en México. en Revista Servicio Profesional de Carrera Vol. 1 núm. 1 México, primer semestre de 2004. 3

“El Estado aparece como el servidor, rigurosamente con-

trolado, de la sociedad; queda sometido a un sistema de normas jurídicas o, sencillamente identificado con ese sistema de normas, así se convierte en solo una norma o procedimiento…” Carlos Schmitt. Teoría de la Constitución, 1981 p. 145. 4

“Una institución es eficiente en la medida en que genera

condiciones económicas estables y propicia la coordinación de decisiones colectivas…” José Ayala Espino,

Instituciones y economía. Una intro-

ducción al neoinstitucionalismo económico, 1999, p 74. 5

De acuerdo al artículo 1 numeral 13 de la Ley que Dicta

Normas para la Transparencia en la Gestión Pública, establece el Hábeas Data y Dicta otras Disposiciones, de 22-1-02. Gaceta Oficial de la República de Panamá no. 24.476. 6

rEFErEnciaS

“Es aceptado que un servicio público profesionalizado

combate el clientelismo en el desempeño gubernamental; por

“La confianza constituye una forma más efectiva de re-

ducción de la complejidad” en Niklas Luhmann. Confianza. México, Antrhopos/UIA, 1996 (1973) p. 14.

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La sociedad civil como antídoto para la corrupción Mariana García

n el presente artículo se expone la corrupción como un problema público que afecta el desarrollo y el crecimiento de las naciones. En primer lugar, con datos de la Encuesta Nacional de Valores 2010 (ENVUD), se documenta la percepción de los mexicanos en torno al fracaso que representa la corrupción para el México independiente, y se dimensiona su presencia en cada entidad federativa. Posteriormente, se hace referencia al tejido social y a la participación ciudadana, como las principales alternativas para frenar la corrupción y la ilegalidad. Sin embargo, datos de la misma encuesta revelan la ausencia de confianza entre los mexicanos y la casi nula participación en grupos organizados. Lo anterior abre espacio para que sean las organizaciones civiles en México las que desarrollen, principalmente, la labor de monitoreo y contraloría social hacia el gobierno, en un afán de promover una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Finalmente, se presenta el papel de México Evalúa en el monitoreo de la gestión pública, y su intención de contribuir desde su ámbito de acción como un antídoto adicional para controlar la corrupción imperante en el país. LA CORRUPCIÓN COMO PROBLEMA PÚBLICO La corrupción, como un fenómeno que tiene efectos considerables sobre la economía, el crecimiento económico, la competitividad, la inversión extranjera y la imagen de un

país, ha sido ampliamente documentada por estudios académicos de carácter nacional e internacional, que buscan explicar su vínculo cercano con el desarrollo y la prosperidad de las naciones. Si bien no existe una definición universalmente aceptada de corrupción, ni tampoco una causalidad definida en la relación de la corrupción con el desarrollo1 (mayor desarrollo igual a menos corrupción o menor corrupción favorece mayor desarrollo), se pueden establecer consensos generales en torno al fenómeno: En primer lugar, la corrupción (en la definición del Banco Mundial) se refiere, generalmente, al abuso del poder público en beneficio propio, lo cual implica que existe una afectación al bien común. En segundo lugar, la corrupción es un fenómeno que, en definitiva, tiene costos importantes en la ruta hacia el desarrollo de las naciones. Es fundamental, por ello, cuantificar la dimensión del fenómeno y su impacto sobre la economía, la legalidad, la fortaleza de las instituciones y la democracia (aunque esto ha generado enormes desafíos, dada la clandestinidad en que opera). En tercer lugar, existe naturalmente un interés por prevenir y controlar la corrupción en todas sus manifestaciones, tanto desde algunas instancias del gobierno (por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública), como desde organismos autónomos (IFAI) e instituciones indepen

Mariana García Investigadora en temas de transparencia, rendición de cuentas y gasto público en México Evalúa, A.C. Centro de Análisis de Políticas Públicas www.mexicoevalua. org

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dientes y ciudadanas (organizaciones de la sociedad civil). Exploremos, para empezar, el sentir ciudadano en torno a la corrupción. LOS MEXICANOS ANTE LA CORRUPCIÓN En un esfuerzo por enriquecer el argumento presentado en este artículo, haré uso de la Encuesta Nacional de Valores 2010: Lo que Une y Divide a los Mexicanos (ENVUD)2, coordinada por la Fundación Este País y Banamex, para documentar la naturaleza de las creencias de los mexicanos en torno a la corrupción, así como los valores que podrían contribuir a contenerla o bien a exacerbarla. En una pregunta de la encuesta, se cuestiona a los mexicanos3 sobre los fracasos de México como nación independiente; las menciones de la corrupción en los primeros lugares apuntan a la relevancia del fenómeno en el imaginario colectivo. Al preguntar sobre el principal fracaso del México independiente, la corrupción aparece como la segunda mención después de la violencia que azota al país. Al cuestionarlos sobre el segundo fracaso, la corrupción se lleva el primer lugar, incluso por encima de la pobreza, que se erige también como uno de los enormes desafíos que México, en sus 200 años de vida independiente, no ha logrado remontar. Lo anterior es el primer botón de muestra de cómo, a la par de los efectos reales que tiene la corrupción sobre los indicadores económicos, los cuales son generalmente muy complicados de medir, existe la percepción social de que sigue siendo una materia pendiente en la que el gobierno mexicano ha fracasado a lo largo de los años. Una gran ventaja de la ENVUD es que permite observar las percepciones de los mexicanos en cuanto al nivel de corrupción presente en su Estado4: entre el 80 y el 90 ciento de los encuestados aseguran que en su Estado hay mucha corrupción, lo cual nuevamente señala la enorme penetración del fenómeno en la conciencia de los mexicanos. Aunque, desde luego, existen particularidades socioeconómicas y culturales en cada Estado, que permitirían entender la percepción de la corrupción entre los habitantes, la principal lección que nos dejan los datos es que, para los mexicanos de todo el país, la corrupción es concebida como uno de los grandes fracasos de la política gubernamental y como un fenómeno presente, invariablemente, en su entorno y en su vida cotidiana. En esta contribución no se analizarán las manifestaciones y costos del fenómeno5, los cuales, como ya se mencionó, son complicados de medir; aquí se presentarán propuestas para prevenir y combatir la corrupción, con dos simples antídotos: participación e información.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO ALTERNATIVA Los argumentos que vinculaban el involucramiento ciudadano y el papel de la participación social con el desarrollo democrático cobran relevancia a partir de los trabajos de Francis Fukuyama y Robert Putnam a finales de los años noventa6. Por un lado, Fukuyama aseguraba que la cantidad de “confianza” desplegada por las sociedades en las relaciones no familiares (conocidas como asociaciones voluntarias) son la clave para el desarrollo económico de una nación. En este sentido, el bienestar de un país y su capacidad para competir en el mercado global están altamente condicionadas por una característica cultural inherente a las sociedades: la confianza. Por otro lado, Putnam enfatiza la importancia de una sociedad civil activa y vibrante para la consolidación democrática. Más allá de las nociones de capital físico y capital humano, Putnam desarrolló el concepto de “capital social”, para referirse a organizaciones y redes sociales que fomentan el compromiso cívico y permiten la emergencia de la confianza social. La esencia de ambas tesis es: sociedades con un gran capital social, redes de asociación voluntaria y compromiso cívico generan confianza, que se traduce en mayor desarrollo económico, fortaleza institucional y democracias funcionales. COMPROMISO CÍVICO ¿Cuál es la relación de la confianza y el capital social con el combate a la corrupción? Existe evidencia empírica importante que demuestra el impacto positivo que tienen las redes de compromiso cívico sobre la calidad de la vida pública y el funcionamiento de las instituciones. Los resultados exitosos en términos de educación, pobreza urbana, desempleo, control del crimen, abuso de drogas e incluso salud pública son más frecuentes en comunidades con compromiso cívico.

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“Para nuestros fines, vale destacar simplemente que ahí donde el capital social se quiebra, la evasión fiscal aumenta, los litigios también crecen, y el uso del aparato legal, con costo sobre los ciudadanos y la productividad, también asciende. Sin ser una medición precisa sobre la corrupción, sí queda clara una mayor incidencia en la violación de la ley a partir de una caída del capital social”7. Lamentablemente, el estado de la confianza y el capital social en México es desalentador. La ENVUD 2010 nuevamente arroja luz a este respecto: 81 por ciento de los mexicanos encuestados creen que no se debe ser tan confiado al tratar con la gente, mientras que sólo 18 por ciento asegura que se puede confiar en la mayoría de las personas. Asimismo, sólo entre el 2 y el 5 por ciento de los encuestados aseguraron pertenecer a una asociación voluntaria de carácter vecinal, profesional, gremial o comercial8. El escaso capital social en México, nuestro poco compromiso cívico y la ausencia de confianza entre los mexicanos no han permitido que los ciudadanos puedan erigirse como un control efectivo contra la corrupción en nuestro país. La apatía social, la poca confianza interpersonal y la baja participación ciudadana son ingredientes esenciales del caldo de cultivo que ha permitido a la corrupción insertarse con tanta profundidad en nuestra sociedad. Sirva como corolario a esta sección, mencionar que la escasa cultura de la legalidad que prevalece entre la sociedad mexicana es también uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y una gran promotora de la corrupción. Más del 60 por ciento de los mexicanos cree que los gobernantes rara vez o nunca respetan las leyes; al mismo tiempo, los propios ciudadanos confiesan que la mitad de ellos tampoco suele hacerlo (ENVUD 2010). En un país urgido de una ciudadanía participativa y vibrante y de una cultura de mayor respeto a la legalidad, el papel de organizaciones de la sociedad civil y su labor han sido quizás el antídoto más eficaz para controlar y combatir la corrupción que aqueja al país. LAS OSC’S COMO ANTÍDOTO Si bien la corrupción se atribuyó en un tiempo a las prácticas autoritarias del régimen priísta, la transición democrática del año 2000 no cumplió con las expectativas de la población de combatir con mayor severidad ese flagelo. Pero si algo es digno de celebración en los años que antecedieron a la transición electoral del año 2000 y los que han transcurrido en el régimen post-priísta, es el surgimiento de una serie de actores e instituciones que han actuado como contrapesos para

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evitar los abusos desde el poder público. En ese nuevo espacio de derechos y libertades se erigieron importantes controles a los posibles excesos de la acción gubernamental, entre ellos: el Poder Legislativo y Judicial, como contrapesos efectivos al Ejecutivo; instituciones como el IFAI, el IFE y la CNDH, como instancias autónomas de protección de derechos fundamentales; emergieron medios de comunicación más vigilantes, y se consolidaron organizaciones ciudadanas independientes con vocación de evaluar la calidad y el desempeño del gobierno. Son estas últimas las que este artículo considera como uno de los antídotos más eficaces contra la corrupción. Desde la década de los 90 surgieron en México instituciones independientes del gobierno dedicadas al análisis de temas públicos9. Existieron dos fuerzas motoras que impulsaron la proliferación de las mismas: la primera, la existencia de temas alrededor de los cuales se organizaron individuos con diversos objetivos, como expresar ideas, avanzar intereses particulares o contribuir al debate público. La segunda fuerza fue la disponibilidad de fondos no gubernamentales que dotaron de independencia, viabilidad y permanencia a esas instituciones. Muchas de esas organizaciones civiles se han dedicado a temas relacionados con los derechos humanos o civiles; otras están a favor de la competencia, la productividad y el desarrollo económico; algunas más enarbolan ideales democráticos y de eficacia gubernamental. El elemento unificador entre todas ellas, a pesar de sus objetivos disímiles, es la misión de avanzar una agenda destinada a cambiar la forma de operar del gobierno en beneficio de la sociedad. La principal labor de estas organizaciones ha estado enfocada en evaluar el quehacer gubernamental a través de análisis e investigaciones que permitan mejorar la cali

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dad de los servicios que provee el gobierno y el funcionamiento de las instancias públicas. Ha sido a través de esta ardua labor de monitoreo desde la sociedad civil como se ha logrado señalar al gobierno mexicano las áreas susceptibles de mejora para diseñar e implementar políticas públicas más eficaces. La mayor contribución de las OSC’s (organizaciones de la sociedad civil) ha sido precisamente hacer saber al gobierno que su actuar y sus decisiones están bajo el escrutinio público, para con ello generar incentivos a la transparencia y la eficiencia gubernamental. A continuación, se presentará brevemente la forma en que México Evalúa, como organización de la sociedad civil, contribuye con esa misión. MÉXICO EVALÚA, EN EL MONITOREO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL10 México Evalúa nace en 2009, como un centro independiente dedicado el monitoreo y evaluación de la gestión gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que permitan transparentar y monitorear las acciones y los resultados del gobierno. Los temas principales en los que México Evalúa ha destinado sus esfuerzos de evaluación son: la seguridad y el gasto público, dos de los temas que más inciden en la vida de los mexicanos, pues se relacionan directamente con su bienestar personal y económico, e influyen en las expectativas futuras de mejores condiciones de vida. La labor de monitorear la gestión gubernamental para la institución es fundamental, pues no sólo facilita la rendición de cuentas y la transparencia; ayuda a mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos otorgados por el gobierno y, aún más, empodera al ciudadano con información valiosa para combatir y denunciar la corrupción. La institución tiene la firme convicción de que la información generada por el monitoreo y las evaluaciones al gobierno son un bien público. Aquí, uno de los antídotos más poderosos contra la corrupción: la información, como bien público que fluye desde las organizaciones de la sociedad civil hacia los tomadores de decisión y hacia los ciudadanos, esperando eficientar la labor de los primeros e incentivar la participación de los segundos. Uno de los principales objetivos de México Evalúa, en estos tres años de trabajo, ha sido que los estudios, los indicadores y la información generados por la institución sirvan como puente de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Si logramos comunicar al gobierno el funcionamiento de los programas públicos y a los ciudadanos las acciones y decisiones detrás de la acción pública, estamos generando el ambiente propicio para que surjan y se implementen mejores políticas públicas en México. No obstante, para monitorear la gestión gubernamental y controlar la corrupción de manera eficaz, es necesario contar, en lo nacional y local, con estadísticas y datos más confiables, así como promover una mayor cultura de la rendición de cuentas desde la función pública, en todos los niveles de gobierno. La falta de información oportuna

para evaluar el desempeño gubernamental, y una escasa cultura de la rendición de cuentas hacia el ciudadano siguen siendo dos de los grandes retos por superar en los años que han sucedido a la transición electoral del año 2000. Si el monitoreo de las acciones de gobierno y la participación activa de las organizaciones independientes y los ciudadanos desatan el potencial transformador de la sociedad civil en México, tal vez no sólo logremos alentar al gobierno a trabajar con mayor transparencia y efectividad; podríamos controlar y reducir la corrupción que tanto afecta al desarrollo económico, social e institucional del país. Y, sin duda, estaríamos más cerca de lograr mejores y más eficaces políticas públicas que permitan una mayor calidad de vida para los mexicanos.

notaS aL piE 1.- Ver Reyes Heroles, Federico (2003). Corrupción: de los ángeles a los índices. Cuadernos de Transparencia: IFAI. , pg. 12-14 En un inicio la tesis conocida como “desarrollista” aseguraba que la corrupción se reducía conforme los niveles de desarrollo incrementaban. No obstante, a finales de la década de los 90 con el surgimiento de Transparencia Internacional esa tesis comenzó a tambalearse, pues la relación podía leerse a la inversa: los países son más desarrollados por ser menos corruptos. Las excepciones encontradas en la clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción con países ricos y corruptos, por un lado, y pobres pero menos corruptos, por el otro, exigieron un análisis más profundo de esta causalidad. 2.- Para revisar los datos y la nota metodológica de la Encuesta Nacional de Valores 2010: lo que Une y Divide a los Mexicanos ir a la siguiente liga: http://www.banamex.com/envud/ 3.- Es importante destacar la alta representatividad de la ENVUD: 16 mil entrevistas con desagregación a nivel estatal. 4.- Se recodificó la variable de la ENVUD 2010: ¿En su estado, cuánta corrupción hay?, para dejarla en sólo dos categorías: No hay nada (valores 1-5) y Hay Mucha (valores 6-10). 5.- Para mayor información sobre mediciones e indicadores de corrupción disponibles ver: UNDP (2008). A User’s Guide to Measuring Corruption. UNDP-Global Integrity. 6.- Para mayor referencia y detalle revisar: Fukuyama, Francis (1995). Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity. The Free Press: Simon and Schuster,y; Putnam. Robert (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy 6:1. 7.- Reyes Heroles (2003), p. 19. 8.- Sólo las organizaciones religiosas alcanzan una mención del 11% de los encuestados declarados miembros activos. 9.- Para un análisis más detallado del surgimiento y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en México, ver: Rubio, Luis (1994). Democracy and Institution Building in Mexico: A Case Study en Citizen Strengthening Global Civil Society. Duke: Civicus. 10.- Algunas de estas ideas ya han sido expuestas en: Jaime, Edna; García, Mariana (2011). La evaluación del bienestar en México. Una perspectiva desde las organizaciones de la sociedad civil. Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía. Vol. 2. Num. 2. MayoAgosto-2011. México: INEGI.

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La corrupción: un constructo de la dinámica del sistema social Juan Lauro Aguirre Villafaña

DINÁMICA DEL SISTEMA CONYUGAL as parejas que tenemos veinte o más años de matrimonio algunas veces nos ponemos a analizar: ¿de dónde vienen nuestra armonía conyugal… o nuestras desavenencias? Existen respuestas prefabricadas, tales como: tenemos una magnífica comunicación, me salió con muy buenos sentimientos, proviene de una familia muy educada, etcétera… En todas ellas, considero yo, puede haber una parte de razón, pero la respuesta que a mí más me gusta es que la armonía conyugal se construye en pareja; es un capital intangible en cuya cuenta la pareja realizó más depósitos que retiros. Los buenos sentimientos y la educación familiar son como la pequeña inversión con la que la pareja abre su cuenta, para generar, a la larga, un gran capital de armonía conyugal. Lo contrario, o sea un mal ambiente familiar, en donde abundan los malos ejemplos, es como abrir la cuenta con una inversión negativa, que primeramente se tiene que remontar, para después empezar la verdadera acumulación de capital. Algo muy cercano al concepto anterior se lo oí a Stephen Covey, autor del libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, en una conferencia en Monterrey. Él se refirió al balance de la cuenta emocional. Volviendo a la cuenta de ahorro de capital de armonía conyugal, en ella no siempre se realizan depósitos; sería lo ideal, pero muchas veces no se logra. En ocasiones se reali-

zan retiros, y el balance de la cuenta disminuye, según sea la gravedad del retiro; incluso podría ser un retiro mayor que el ahorro disponible. Lo importante es arreglar pronto las cosas, para cubrir el desfalco y volver a números negros. Es fácil imaginar qué cosas son los retiros de la cuenta en mención: llegadas tarde sin avisar, gastar dinero en forma indebida, faltar a la palabra comprometida, hacer algo impropio, etcétera, pero por ahora nos interesa analizar cómo se hacen los depósitos, cómo se hacen los grandes depósitos. LOS GRANDES DEPÓSITOS Mencionamos anteriormente la necesidad de mantener la comunicación. ¿Para qué? No como un fin en sí mismo, sino como un medio para planear los depósitos en forma conjunta; porque la mayoría de los retiros no se hacen en forma conjunta, sino personal. Los depósitos provienen de las cosas que realizan los dos miembros de la pareja; un viaje que se planea y se realiza con la participación y el interés pleno de ambos, es un depósito. Una nueva casa, cuando se planea y se disfruta con la participación y el interés de ambos, es otro depósito. Un nuevo automóvil, cuando lo deciden y lo disfrutan ambos, es otro depósito. Pero no sólo los casos anteriores son depósitos, que por supuesto no se pueden repetir todos los días. Hacer y compartir el desayuno, después de tender entre ambos la cama; preguntarse mutuamente los planes para el día

Doctor Juan Lauro Aguirre Villafaña Director de Prospectiva Científica y Tecnológica COCYTENL juanlauroaguirre@ gmail.com

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y para la semana, para brindarse unas palabras de apoyo emocional, también son depósitos pequeños, que se pueden realizar con gran frecuencia. Lo que estoy analizando un poco es la dinámica de la pareja conyugal, que extenderé un poco a la dinámica familiar, para llegar posteriormente a la dinámica social. Hay un dicho, atribuido a Albert Einstein, que dice que si siempre hacemos lo mismo, siempre obtendremos lo mismo. En un sistema dinámico, cualquiera que éste sea, existe un cierto grado de complejidad que lo hace difícil de manejar. Mientras más complejo sea un sistema, más difícil será anticipar que pasará si el sistema se ve perturbado. En una pareja, esas perturbaciones son los depósitos y los retiros anteriormente mencionados. Sin embargo, si apoyándonos en la frase de Einstein, hacemos cosas enteramente nuevas, como inscribirnos ambos cónyuges, junto con los hijos, en clases de canto, o de baile, o de pintura, o en un círculo de lectura, podríamos generar otro gran depósito en la cuenta de armonía familiar que estaríamos disfrutando siempre y que les permitirá a los hijos aportar más a sus futuras familias. En un sistema complejo, cuando se cambian las reglas de interacción entre los miembros del sistema, o entre ellos y el exterior, pueden emerger nuevos capitales. DINÁMICA DEL SISTEMA QUÍMICO Antes de pasar al caso social, haré una pequeña introducción científica, basada en la dinámica de los sistemas químicos reactivos. Pensemos en una reacción química en

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la cual una molécula A se combina con una molécula B, para generar una molécula C, o sea: A + B -> C. Esa abreviatura significa, o debe significar, que el choque de una molécula del compuesto A con otra molécula del compuesto B genera una molécula del compuesto C. Si una molécula choca con otra idéntica, esa interacción no genera ningún cambio, pero si choca una A con una B, y viceversa, esa interacción genera tres cambios; desaparece una molécula de A, desaparece una molécula de B y aparece una molécula de C. Desde hace más de cien años se construyó una teoría de la dinámica o cinética química, llamada teoría de la acción de las masas, que dice que en un recipiente en donde existe una cierta concentración de A, otra de B, y una tercera de C, las razones de cambio con el tiempo de esas tres concentraciones están determinadas por las ecuaciones: ΔA / Δt = - k (A) (B); ΔB / Δt = - k (A) (B); ΔC / Δt = k (A) (B). La lectura de ellas es muy simple: la primera dice que el cambio de la concentración de A durante un tiempecito Δt es igual a una constante k, llamado la constante de velocidad de reacción, por la concentración de A multiplicada por la concentración de B; la segunda dice que el cambio de la concentración de B es idéntico al cambio de la concentración de A, porque por cada molécula de A que desaparece, desaparece también una de B, y la tercera dice que el cambio de la concentración de C es igual a cualquiera de los cambios anteriores, pero con signo positivo, porque cada reacción genera una molécula de C. Querido lector, si consideras que lo anterior es muy difícil de entender, por favor, vuelve a leer con más cuidado los últimos cuatro parrafitos, porque los necesitaremos para justificar el título de este artículo; la corrupción: un constructo de la dinámica del sistema social. DINÁMICA DEL SISTEMA SOCIAL Para empezar, pensemos que en un sistema social; por ejemplo, la ciudad de Monterrey y su área conurbada, en donde vivimos cerca de cuatro millones de habitantes, existen diversos tipos de agentes sociales, cada uno con una cierta función. En un matrimonio, existen dos agentes: la esposa y el esposo; en una familia existe un tercer tipo de agente, los hijos. Aun cuando cada uno de los agentes posee una función específica, el capital de armonía conyugal o familiar, como ya lo explicamos, proviene de las interacciones de los diferentes agentes. Sin tratar de ser exhaustivo, podemos enumerar los siguientes agentes, cada uno con su función característica (trate el lector de definir cada una de ellas): Maestros Estudiantes Obreros Empleados Empresarios Médicos Enfermeros Funcionarios públicos Políticos

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Líderes sociales (culturales, deportivos, artísticos, etc.) Amas de casa Jubilados Desempleados, etc. A través de la actuación de esos agentes, y de la interacción de varios tipos de ellos, la sociedad construye en forma constante un Sistema de Capitales, entre los cuales podemos ubicar a los siguientes (trate el lector de definir cada uno de ellos): Educativo Laboral Sanitario Legislativo Económico Vivienda familiar Infraestructura Institucional Infraestructura de Telecomunicaciones Infraestructura de Carreteras, etc. Pero también de la actuación de esos agentes, y en algunos casos de la interacción de varios tipos de ellos, la sociedad construye en forma constante un Sistema de Pobrezas, entre las cuales podemos ubicar (trate el lector de definir cada una de ellas): Moral y ética (corrupción) Material (pobreza usual) Educativa (ignorancia) Delictiva (crimen) Sanitaria (enfermedad), etc. El punto fundamental de este artículo es que tenemos el Sistema de Capitales y de Pobrezas que nos merecemos, en gran parte por no imaginar e implementar nuevos mecanismos de interacciones de diversos tipos de agentes, para realizar más depósitos a las cuentas de los diferentes capitales sociales y simultáneamente realizar más retiros a las cuentas de las diferentes pobrezas sociales, empezando por la corrupción que ahora y aquí nos interesa. En la primera parte mencioné que la mayoría de las pobrezas conyugales, que impiden la creación del capital conyugal, provienen de acciones individuales, o indivi-dualistas, que se realizan sin una planeación conjunta. De igual manera, si nos ponemos a analizarlo, la mayoría de las pobrezas sociales, empezando por la corrupción, provienen de acciones acordadas entre un mismo tipo de agente o bien con la acción encubierta de miembros de otros tipos de agentes.

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AMPLIA GAMA DE POSIBILIDADES En lo que estoy pensando es en muchas nuevas ecuaciones de dinámica social, dirigidas específicamente a denunciar, desde dentro de otros tipos de agentes, la corrupción observada en otro cierto tipo de agentes. Existe una gran gama de posibilidades: alumnos que delatan la corrupción de sus maestros… y viceversa; amas de casa que delatan la corrupción de los políticos; enfermos que delatan la corrupción de los médicos y enfermeros, etcétera, etcétera. En cada caso tendremos una ecuación del tipo: Δ (Pobreza por Corrupción) / Δt = disminuye por la interacción óptima de dos tipos de agentes = - k (Un tipo de agente) (Otro tipo de agentes) Naturalmente, para lograr la disminución de la pobreza por corrupción, por unidad de tiempo, digamos cada mes, se requieren tres cosas: 1.- Buscar la forma de operar con el valor más alto posible de k 2.- Buscar involucrar a la mayor cantidad de delatores, de uno o más tipos 3.- Buscar que la interacción llegue al mayor número posible de agentes corruptos, para que modifiquen su comportamiento y al menos ya no hagan más depósitos en la cuenta de corrupción. Hace poco tiempo ocurrió que una chica texana delató a su padre, un juez civil, de haberla golpeada sin piedad, utilizando un video de YouTube. El efecto no solamente fue el despido inmediato del juez, sino que muchos agentes corruptos dejaron de serlo por miedo a ser delatados de la misma forma… quizás hasta encontrar una nueva forma de protegerse, para lo cual es preciso que la dinámica social encuentre una nueva forma de delatar. CONCLUSIÓN Para concluir: No es cierto que la sociedad se construye mediante la participación ciudadana. A ese término le falta estructura. Cuando ya tiene la estructura óptima, estamos hablando de imaginar e implementar nuevas formas de interacción social; por ahora, se requiere subirle a la denuncia de los diversos tipos de corrupción y bajarle al elogio (¿autoelogio?) y a la construcción artificial de personajes.

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La legitimidad, la representación y el desempeño gubernamental José Alejandro Treviño Terán

no de los grandes retos para los arquitectos de los sistemas políticos contemporáneos con tendencia democrática estriba no sólo en fortalecer el grado de representación social en la selección de los líderes políticos, sino también en la efectividad y atención misma de la problemática que aqueja a la sociedad que dirigen. Por lo tanto, resulta pertinente retomar los conceptos de legitimidad y representación que pueden ayudar a identificar de manera sustancial el grado de aceptación social, desde el período eleccionario, hasta el desempeño político-gubernamental de un representante determinado.

Doctor José Alejandro Treviño Terán Doctor en filosofía con acentuación en Ciencia política. Catedráticoinvestigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública / UANL. Imparte la unidad de aprendizaje de Ciencia Política, Historia del pensamiento político y Partidos políticos en Licenciatura, y Sistemas Políticos y Estructuras de Poder en posgrado. alejandro. trevinotr@uanl. edu.mx

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LEGITIMIDAD Y REPRESENTACIÓN Para Deutsch , “la legitimidad es un concepto relativo, antes que absoluto... Es la promesa que se hace a todo actor político de una configuración viable (es decir, un conjunto organizado) de sus propios valores. Mientras exista acuerdo sobre lo que es legítimo, la política y el gobierno funcionarán más suavemente”. A su vez, este autor menciona tres tipos específicos de legitimidad: a) por procedimiento; b) por representación; y c) por resultados. Al observar la legitimidad por procedimiento, desde la óptica de un representante popular, hablaríamos de cómo éste llegó a tomar posesión de dicho cargo; es decir, si el representante en análisis se condujo por el camino correcto estipulado previamente por el sistema político y aceptado por la sociedad que representa, entonces hablaríamos de un representante legítimo.

La legitimidad por representación observa la búsqueda y compenetración de intereses con ciertos grupos o con la sociedad en su totalidad; es decir, un representante popular es considerado como legítimo en tanto que se encargue de atender y satisfacer los intereses de las personas, grupos u organizaciones que representa en ese momento. Finalmente, tenemos la legitimidad por resultados, que abarca todas las acciones y decisiones que realizan los representantes en la búsqueda de la atención de las demandas sociales; es decir, el grado de legitimidad con el que cuente un representante político-gubernamental depende, en gran medida, de su preocupación por atender las problemáticas sociales, y a su vez, de alcanzar beneficios positivos. Cuando se crean las condiciones necesarias para alcanzar resultados deseables en estos tres tipos de legitimidad, seguramente se conseguirá un respeto y fortalecimiento de las instituciones políticas que establecen los mecanismos de la representación y, por otro lado, tendremos una mayor concientización e interés por parte de la ciudadanía en participar de diferentes maneras en la esfera pública. LEGITIMIDAD POR PROCEDIMIENTO Las elecciones son el claro ejemplo de la integración de los tres tipos de legitimidad antes mencionados. Podemos ubicar la legitimidad por procedimiento en todo el desarrollo o proceso que requiere llevar a cabo el candidato a representante popular para la obtención de dicho cargo,

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desde el cumplimiento de los requisitos para su registro ante las autoridades electorales pertinentes, pasando por el cumplimento de las normatividades y observancia de las mismas durante su campaña, hasta la finalización de la contienda electoral, con la entrega de los resultados obtenidos el día de la jornada electoral y la resolución de las impugnaciones por los Tribunales competentes. Por lo tanto, un candidato que haya cumplido con todos los parámetros que regulan el proceso electoral y haya alcanzado la posesión del cargo en disputa, es un representante legítimo por procedimiento; es decir, es un representante considerado legítimo por la sociedad al cumplir desde su perspectiva, con los parámetros establecidos previamente por las diversas autoridades durante el proceso de su selección. LEGITIMIDAD POR REPRESENTACIÓN Si bien es cierto que en el caso de la legitimidad por representación tendríamos que observar los grupos e intereses que representa un candidato, también lo es que debemos tener especial consideración en el sistema electoral en el que se manifiesta tal contienda, ya que como sucede en todo el territorio nacional, éste puede estar constituido no sólo por el principio de mayoría relativa, donde se entrega la posesión del puesto de representación a aquél que logre obtener la mayor cantidad de votos posible, sino que, como es el caso de las diputaciones federales, una cantidad considerable de escaños se entregan “en teoría” para el fortalecimiento del término “representatividad” en aquellas minorías que no logran alcanzar el apoyo necesario en las elecciones, pero que, sin embargo, constituyen una organización importante en una delimitación geográfica, bajo la tutela de un partido político determinado. Esta observación nos permite entender la complejidad del fenómeno en cuestión, donde la representación política no solamente se muestra condicionada por la legitimidad, sino que la primera abarca un espectro mayor, que termina por ser la esencia y la razón de la existencia de esa garantía o promesa de la compatibilidad de valores entre diversos actores políticos, denominada legitimidad. En otras palabras, la legitimidad puede considerarse como un indicador que mide el grado de representación que se viene gestando en tres aspectos diferentes, para la manifestación de la representación, donde ciertos individuos: 1) logran posesionarse a través de un proceso; 2) para velar por las demandas sociales y; 3) actuar efectivamente en la atención de las mismas. Es necesario mencionar que el respaldo electoral, el cual es sinónimo de apoyo y simpatía de ciertos grupos, organizaciones y ciudadanos hacia un candidato o partido político determinado, no debe condicionar en “teoría” la acción política-gubernamental, una vez obtenido el cargo de representación, ya que el ahora representante debe atender no solamente los intereses de aquéllos que lo respaldaron, sino de toda la comunidad o constructo social del que se encuentra a cargo, a menos que en el término de representatividad imperen, entre otras delimitaciones, las socioeconómicas, culturales, étnicas, que condicionen la conducta de los representantes.

LEGITIMIDAD POR RESULTADOS En cuanto a la legitimidad por resultados, poco podemos agregar en el ámbito electoral, ya que las posibles evidencias para evaluar la trayectoria laboral en los sectores público y privado de los candidatos, termina por verse cuestionada o beneficiada por los diversas estrategias de marketing político que ellos mismos proponen, con la finalidad de crear una imagen positiva o negativa para manipular la opinión del ciudadano, y que éste a su vez, decida entregar su voto a alguien en específico. Sin embargo, podríamos cuestionarnos el grado de legitimidad que tienen los representantes una vez elegidos, en función de los resultados obtenidos, con respecto a los intereses de aquéllos que participaron en el proceso electoral, con la finalidad de observar la opinión sobre aquél candidato que fue elegido y que actualmente toma decisiones político-gubernamentales en representación de su comunidad. Tal análisis requiere concentrarnos en tres teorías específicas que menciona Sartori , que podrían considerarse como dimensiones: 1) representación como idem sentire; 2) representación y responsabilidad y; 3) representación consensual; donde podemos incluir fácilmente y de nueva manera si así conviniera, la legitimidad por procedimiento y la legitimidad por representación. Es importante destacar que, vistas desde la legitimidad, la primer teoría nos permite sentar las bases para hacer uso de las otras dos, con la finalidad de evaluar el desempeño político-gubernamental del representante en cuestión, con respecto a la atención de las principales problemáticas percibidas por la ciudadanía. LA RELACIÓN REPRESENTATIVA Al hablar de la relación representativa en el desempeño gubernamental, necesariamente se debe hacer alusión a tres grandes teorías de la representación que podrían ayudarnos a evaluar el “quehacer gubernamental” de nuestros representantes, desde la óptica ciudadana: a)Representación como idem sentire; b) Representación como responsabilidad; y c) Representación consensual. La teoría de la Representación como idem sentire, nos permite conceptualizar el grado de “identificación fundamentalmente ideológica entre representantes y representados. Es observar a un representante preocupado por identificar las problemáticas que aquejan a la sociedad, y llevar a cabo acciones encaminadas a atenderlas. Más aún, es observar a un representante y a un representado que caminan por el mismo rumbo, donde el segundo identifica y consiente la dirección que llevan ambos, la cual ha sido marcada u orientada por el primero; es decir, se encuentran en sintonía uno y otro actor. En el momento en que la ciudadanía percibe y construye un criterio con respecto a que el desempeño político-gubernamental no incursiona en la misma dirección para lograr la satisfacción de las demandas o la mejora social misma, como lo asegura Yannunzzi, ésta cuenta con la posibilidad de buscar una nueva

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opción en los próximos comicios, para intentar enderezar el rumbo que se debe seguir para mantenerse en sintonía y caminar en coparticipación para la búsqueda de intereses determinados. En cuanto a la representación como responsabilidad, Bobbio menciona que en las democracias representativas, el representante, “en cuanto goza de la confianza del cuerpo electoral, una vez elegido, ya no es responsable frente a sus electores, y en consecuencia no es revocable; y no es responsable directamente frente a sus electores, precisamente porque él está llamado a tutelar los intereses generales de la sociedad civil y no los intereses particulares de ésta o aquella profesión”. También destaca que, en la democracia representativa, “las deliberaciones colectivas; es decir, las deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas que son elegidas para éste fin” . Sin embargo, Sartori menciona que en la representación existen dos tipos de responsabilidad: a) personal; y b) funcional. En cada una, el representante busca intereses diferentes, aunque la primera sacrifica los intereses colectivos, para beneficiar intereses parciales o particulares; mientras que la segunda busca anteponer por sobre cualquier interés el colectivo, lo cual generaría una conducta responsable. Con una responsabilidad funcional, se daría paso a un gobierno responsable, que contaría con dos características principales. En primer lugar, sería un gobierno receptivo, que es aquél que responde por lo que hace. Y, en segundo lugar, sería un gobierno eficiente, que es aquél que se comporta responsablemente, y actúa con eficiencia y competencia. A su vez, el autor nos advierte que un gobierno responsable puede ser altamente irresponsable, afirmando que “cuanto más receptivo sea, menos se encuentra en condiciones de actuar responsablemente. Por esto, representatividadsensibilidad y responsabilidad-eficiencia no pueden eludirse” . SELECCIÓN DE REPRESENTANTES Con referencia a este punto, debemos recordar que la selección de representantes versa en elegir a personas especializadas para atender los asuntos político-gubernamentales. En el momento en que el representante condiciona gran parte de sus decisiones a intereses y/o percepciones de individuos, grupos o de la sociedad misma, se corre el riesgo de orientar el rumbo político de manera imprecisa, carente de especialización alguna. Sin dejar a un lado y caer en el absurdo de la aplicación de tal afirmación, es necesario entender que el tema de la representación no queda aislado sólo a la selección de los representantes por los gobernados, sino que trasciende —en el mejor de los casos— a otra perspectiva que va estrechamente ligada a regular y responsabilizar al gobernante, así como satisfacer los intereses colectivos; cumplir sensiblemente con las demandas sociales, y llevar a cabo acciones eficientes y competitivas. Por el contrario, en caso de que el ciudadano percibiera que el gobierno no ha llevado a cabo acciones para atender las principales problemáticas de la sociedad, ni ha buscado alcanzar los intereses colectivos, podemos dar por hecho que su percepción está encaminada a observar el desempeño gubernamental egoísta y llevar a cabo acciones para satisfacer intereses personales. Por lo tanto, estaríamos hablando, en el ámbito de la representación política, de una responsabilidad personal e ilegítima en la representación de los intereses de su comunidad. Finalmente, en la Representación consensual se requiere, desde nuestra perspectiva, distinguir dos acepciones que proponemos para determinar rumbos diferentes: consenso partidista y consenso fáctico. En el primero, si hablamos de un sistema político democrático que se caracteriza por desarrollarse dentro de un sistema de partidos, desde la perspectiva de Lijphart , nos permite observar un sistema con un imperativo de inclusión, donde no sólo los partidos políticos vencedores en los diferentes procesos electorales toman las decisiones políticogubernamentales, sino que aquellos partidos que no alcanzaron la victoria electoral también participan en tales decisiones.

En la segunda acepción, aunque también puede desarrollarse en las democracias que cuentan con un sistema de partidos, consideramos que los partidos políticos pueden ser uno de tantos actores, para alcanzar el consenso. Bajo este supuesto, observamos la representación consensual como fáctica, porque ésta puede realizarse con diversos actores, siempre y cuando exista una postura permisible del representante o autoridad en cuestión; es decir, al observar a una representación consensual de facto, se toma como punto de partida la ausencia de un imperativo que estipule o presione a un representante para buscar el consenso. MAYORÍAS Y MINORÍAS Sólo su buena voluntad permitiría la participación de diversos actores, quienes no poseen atribución alguna para decidir de manera directa en los asuntos político-gubernamentales. La razón por la que el representante llevaría a cabo tal acción, sería para incluir tanto a las mayorías como a las minorías en tales decisiones. Sin embargo, aunque sea inexistente esta flexibilidad o reconocimiento consensual, puede observarse el grado de aceptación o efectividad de las acciones político-gubernamentales del representante o autoridad —donde no existe un imperativo para desarrollar actos consensuales— desde la percepción de la sociedad, ciudadanía o de alguna otra clasificación que determine sujetos o grupos específicos, por lo que estaríamos observando un sondeo de la relación representativa consensual entre éstos, sobre tales acciones o decisiones; es decir, observaríamos el grado de aceptación o efectividad que percibe el sujeto que estemos estudiando sobre el desempeño de las decisiones y acciones político gubernamentales del representante o autoridad en cuestión. La conclusión de dicha evaluación recae en dos resultados específicos: un buen o mal desempeño gubernamental. Con ello, podríamos también conocer el grado de su legitimidad basado en sus resultados. Al considerar a los tres tipos de legitimidad y de representación anteriormente mencionados como transparentes y constantes indicadores para la evaluación del desempeño político-gubernamental, seguramente tendríamos representantes preocupados por contar con mayor sensibilidad y responsabilidad ante sus representados.

rEFErEnciaS BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia. FCE. México. 2008. DEUTSCH, Karl, W. Política y Gobierno. FCE. México. 1993. SARTORI, Giovanni. Elementos de teoría política. Alianza Editorial. Madrid. 2007. YANNUZZI, María de los Ángeles. En PRIETO, Osvaldo, E. Representación política y participación: un debate permanente. Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina. 2004. LIJPHART, Arend, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. Ariel Ciencia Política. Barcelona. 2004.

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El canje por Keith Raniere

ay manzanas de muchas formas, colores, tamaños y linajes. Las manzanas Golden Delicious todas descienden de un árbol que al parecer creció aparte de los demás árboles de manzana—surgió de la nada. Un cuidadoso joven decidió cortar alrededor del brote intruso de 50 cm en vez de arrasar con él. Así empezó el linaje que a fin de cuentas habría de convertirse en la fruta estatal del estado de West Virginia. ¿Era este misterioso árbol alguna clase de reversión o retoño de una mucho más ancestral, mítica semilla— aquella hecha famosa por la autora de la tentación original, Eva? Bueno, no todas las manzanas—incluso las perfeccionadas Golden Delicious son malvadas o malas—sólo unas cuantas.

Si una manzana fuera perfecta, probablemente no la reconocería: me gusta tirar mis manzanas sobre la mesa, magullándolas para endulzarlas, o a veces simplemente con rapidez las corto en trozos o las muerdo—para mí, las manzanas son meramente herramientas para alejar a los doctores y elevar la glucosa sanguínea. Me gusta especialmente la dulzura de las Golden Delicious. La mayoría de las manzanas parecen podrirse de afuera hacia adentro; en algunos casos, se pudren completamente. No sé si sea de hecho posible que una manzana se pudra desde el centro, pero sospecho que sí. Eventualmente, si sigo cortando a mi presa por la mitad, puede que me encuentre una que sólo esté podrida del centro. Hasta la fecha no me ha tocado ser testigo de esto. Por supuesto, no podemos rebanar a la gente para saber si tienen podrido el centro—es cierto que la mayoría de nosotros tenemos magulladuras, partes podridas o incluso áreas “malas” en la superficie, pero muy adentro, la mayoría de nosotros creemos que todas las personas son frutas similarmente buenas. Esto no es verdad. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. El humano Golden Delicious de fruto dulce, si se le mide de cierta forma, es de hecho un modelo inferior en cuanto a evolución. Verá Ud., parece ser que algunas personas nacen sin la capacidad de sentir empatía; para todos los miembros de esta especie diferente, todas las demás personas son como objetos. Si la empatía es el dulce fruto de la humanidad, estos individuos podrían ser vistos como podridos hasta el corazón, o desde, el corazón. Resulta que en muchos modelos de civilización, toma de decisiones y teoría de juegos, la empatía no es tan buena como pareciera. De hecho es un impedimento. Sólo en situaciones interdependientes, donde el honor, y el sacrificio compasivo por un principio son virtudes ventajosas, triunfan los individuos empáticos.

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Este es el problema: a la mayoría de nosotros nos gustaría que el mundo fuera de esta forma, pero actualmente no lo es. Por lo tanto, el pequeño porcentaje de gente desprovista de esta capacidad emocional, tiene una decidida ventaja en la jungla política que es nuestro mundo. La escalera sociopolítica es mucho más fácil de escalar para el sociópata. No todos los líderes son sociópatas, y a veces, en situaciones más pequeñas y controladas la gente de conciencia prevalece.

El anarquista con convicción Había un profesor de filosofía en mi universidad que era controversial. Era un anarquista auto-proclamado; se ponía sandalias para dar clase y traía una larga y extendida barba canosa que le llegaba hasta la panza. La única cosa que le colgaba aún más abajo que este notoriamente presente y lanudo vello facial era el cabello que a veces portaba en una cola de caballo. En una universidad tecnológica—llena de nerds incipientes insensibles a la moda—sobresalía más que un poco. Muchas de sus ideas sobre educación y conducta social—incluso las discusiones en sus clases—eran subversivas. Retaba a la gente a escupir copiosamente en un vaso de agua y bebérselo—¿por qué no? Incluso propuso la idea de

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acercarse a la gente en el supermercado, y sin decir una palabra empezar a examinar sus comestibles— una clara violación de las normas de decencia social. Después de todo, tales clientes no eran aún propietarios de la comida en sus carritos; a estos artículos candidatos de “potencial propiedad” no necesariamente aplicaban los derechos de propiedad convencionales. Para los estudiantes de camisa de botones, lentes con armazón de carey y pantalones de poliéster, él era a veces temido, con frecuencia querido pero considerado muy diferente.

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Un semestre, su enfoque poco tradicional por poco le cuesta su trabajo—o así parecía. La historia dice que fue llamado a la oficina del Decano de Estudiantes porque las calificaciones de su clase de ética eran demasiado bajas. En nuestra escuela de ingeniería, los cursos de humanidades eran considerados fáciles y se les daba un menor peso—no queríamos que nuestros premiados ingenieros bajaran sus valiosos promedios al obtener una mala calificación en un curso de filosofía. No sólo eran abismalmente bajas estas calificaciones, si no que representaban que algunos de los mejores estudiantes recibieron sietes, seises e incluso cincos. Esto era claramente inaceptable. Pero supuestamente este astuto profesor fue exonerado de mala gana cuando reveló que el curso en deontología era auto-calificado. Los estudiantes de hecho intencionalmente perjudicaron sus expedientes académicos por lo que les parecía una causa justa. No todas las manzanas están podridas—la mayoría de ellas son dulces si se les cultiva apropiadamente.

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imposible perderlo de vista desde casi cualquier parte de la feria—actuó como recordatorio móvil de que había oro al final de la escalera inclinada de cuerda.

El juego de la cuerda Nuestro sentido del olfato no es muy bueno en realidad. Aunque es difícil recrear un aroma en nuestra mente (es mucho más fácil recrear una imagen), nuestro aparato olfativo está diseñado para que los olores puedan detonar fuertes memorias y asociaciones. El olor del azúcar—en particular el del algodón de azúcar—hace esto para mi. El olor o sabor del algodón de azúcar siempre me recuerda una feria en particular donde aprendí una interesante lección de ética, marketing, física y atletismo; todavía recuerdo al niño con el oso grande. Había un juego que involucraba trepar por una escalera de cuerda inclinada 45 grados y amarrada en ambos extremos a un solo punto giratorio. Sólo era necesario viajar como 6 metros y sonar una campana; se ganaba uno entonces el oso grande. Persona tras persona de toda clase intentó esta proeza. El operador del juego les ayudaba a subirse a la escalera manteniéndola firme. Subían una corta distancia, perdían estabilidad y giraban hasta caer en un colchón de aire que estaba abajo. Sin importar lo atléticos, rápidos o inteligentes que fueran los concursantes, se encontraban con la misma suerte: un tembloroso e incierto ascenso inicial; un momento de dificultad para mantener el equilibrio como a la mitad del camino; una creciente vaivén oscilante rotativo; seguido de un rápido giro hacia el colchón. Esta prueba de habilidad no era fácil—excepto para el operador del juego; él subía sin dificultades hasta la campana y la hacía sonar repetidamente para atraer una multitud. Trabajar por muchas temporadas en esta actividad seguro debe haberle brindado la simple habilidad necesaria para conquistar el juego. Sospeché que él podría ser el único hombre en el mundo con esta rara destreza. Pero justo cuando la multitud estaba dispersándose debido a la imposibilidad de la tarea, un niñito peleó hasta llegar al objetivo y ganarse el oso grande. Por el resto del día, el oso—tan grande que era

Llegué a entender la habilidad necesaria para ganar el premio; no era lo que Ud. se imaginaría. Como dije, al subirse a las cuerdas el participante, el operador de ayudaba a “estabilizar” la escalera—sólo el niñito que ganó no recibió esta “ayuda”. Al aplicar peso extra a un lado del aparato, el participante sentía un falso sentido de equilibrio. Una vez que esta mano era removida, el cambio resultaba en la perdición del posible ganador. Tenga cuidado con la mano que ayuda aplicando peso: tenga cuidado con la gente que ayuda que tiene intereses de peso invisibles.

Descripciones de puesto La fortaleza del carácter de una persona es la fuerza que ejercen para luchar contra la tentación; el carácter de una persona es desconocido hasta que ha sido probado. La tentación puede ser impulsada por el miedo o motivada por el placer. Es fácil confundir estos casos— a veces lo que parece ser simplemente impulsado por el placer, es en realidad impulsado por el placer de evitar el miedo. Ambas condiciones pueden ser resistidas si se desarrolla la conciencia apropiada en torno a la cuestión. Para aquellas manzanas que contienen el fruto interior de la dulce empatía, la conciencia es con frecuencia una cuestión de visión—ver cómo el sucumbir a la tentación afecta a otras personas. Para aquellos pocos no tan dulces de corazón podrido, la conciencia sólo se logra a través del miedo directo e ineludible o un placer futuro aún mayor a través de la abstinencia—las consecuencias para los demás no tienen peso. Los puestos de poder son herramientas para la sociedad cuando los detentan aquellos con carácter, y armas

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contra la misma en manos de un sociópata o una persona con mala motivación y carácter débil. Todos los demás individuos, gente bien intencionada con carácter débil, se vuelven gasolina para el arma. En las organizaciones, grupos o gobierno, cada persona involucrada tiene el deber de seguir las responsabilidades de su posición. Con frecuencia estos imperativos van contra el interés personal. Por ejemplo, un empleado de gobierno que se levanta temprano en la mañana, contra intensas sensaciones de cansancio, para ir a trabajar y desempeñarse está demostrando carácter. Más que sólo una descripción de puesto, cada posición en la sociedad necesita tener una descripción de carácter. Esto sería una explicación de las tentaciones ofrecidas por el puesto y las fortalezas y tipos de carácter necesarios para cumplir con las responsabilidades requeridas. La delineación del carácter correspondiente a cada puesto parece simple al principio, pero rara vez se lleva a cabo. Por ejemplo, se podría describir el puesto de un director de una institución financiera diciendo que está en posición de desviar más de $10 millones de dólares para beneficiarse personalmente. Entonces la cuestión se vuelve, ¿creería Ud. que el candidato para esta oportunidad de trabajo tiene el carácter necesario para resistir esta tentación?

A muchos de nosotros nos gustaría pensar que sí sabemos estas cosas, pero como ejemplo tome al presidente de un país. ¿Cuál es la cantidad máxima de daño que puede hacer debido a la tentación (miedo o placer)? Muchas personas sólo pueden contestar “mucho”, sin ser capaces de cuantificar. Si el actual presidente de su país viera la posibilidad de enriquecerse por más de $100 millones de dólares con simplemente ignorar una responsabilidad, ¿cree Ud. que tenga el carácter para hacer lo correcto? La elección de funcionarios, la evaluación de solicitantes para un puesto, y los juicios sobre individuos que ya ocupan puestos debe hacerse con las preguntas sobre carácter: primero, ¿cuál es el valor del puesto que ostenta

(lo fuerte de la tentación)? Segundo, ¿ha demostrado el carácter para mantenerse firme frente a esta tentación? Un jardinero que trabaja en una colonia modesta no tiene mucha tentación en su puesto—su labor y su vida son más valiosas que el puesto mismo. Es más probable que se sintiera tentado a no trabajar para hacer cosas menos nobles. Mantenerse en su puesto es de hecho una demostración de carácter si existe la tentación del dinero fácil mediante el crimen. Los menos afortunados en la sociedad con frecuencia tienen mayor carácter demostrado que aquellos de nosotros que hemos vivido una vida afortunada y sin pruebas. La buena fortuna no construye carácter. No se cura al ladrón de corazón con dinero en la mano.

CONOCIMIENTO La colisión ¿Por qué las personas de carácter débil son gasolina para lo innoble y soldados contra lo noble? Si una persona es del carácter apropiado para una responsabilidad, entonces dentro del alcance de esa responsabilidad, será capaz de tomar las decisiones necesarias éticamente. Cuando alguien está abusando de una posición de poder—usándola como arma para el beneficio personal inapropiado—mientras más poder pueda subvertir, mientras mayor sea su capacidad de intimidar, mayor será su ganancia personal. El miedo intimida a aquellos de carácter débil reclutándolos como conductos y participantes en el mal. El miedo es la herramienta de reclutamiento más efectiva con la gente de carácter subdesarrollado. En este caso, el silencio es consentimiento, la inacción es participación, y así nace un ejército. Así que la ecuación es: mayor poder da la habilidad de generar más miedo, lo cual permite mayor enrolamiento y participación de los débiles, resultando en aún más poder. Eventualmente, es nuestra esperanza, esta escalada se topa con la persona de carácter mayor y más fuerte que la ola de miedo. Cuando esto sucede empieza la guerra, pero la paz finalmente tiene un baluarte. ¿Cuándo la ola de creciente poder ilegítimo, acumulado a través del miedo, alimentado por el carácter débil, encontrará a su oponente en México? ¿Quién será la persona, o personas, que dejarán la tentación por la civilización? ¿Quién se atreverá a boicotear todo lo que haya sido tocado por el miedo—incluso a los bien intencionados débiles de carácter—y levantarse humanamente contra la creciente corrupción? ¿Quién se mantendrá puro contra las tentaciones del poder, la riqueza, el estatus, la posición y el bienestar para ser leal a esta tierra? Es hora de que aquellos con carácter, sin importar su quehacer o clase social, se pongan de pie contra el miedo por un nuevo México. Es necesario que ninguna violencia, injusticia, o indignidad los desvié de su tarea.

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Su tarea es proteger lo que queda de un bello pueblo, sin importar el costo, hasta la muerte de ser necesario ya que esta es la máxima amenaza. El carácter debe construirse. Es más probable encontrarle entre la gente modesta y simple. Pero para toda la gente bien intencionada, por favor no canjeen su responsabilidad como humanos por confort o para aliviar el miedo. El acto primario de maldad es intercambiar la responsabilidad del amor para aliviar el miedo a un opresor. Todos los individuos deben estar conscientes de estas decisiones, y todos los individuas deben luchar contra la tentación. No necesitamos comernos la manzana: esa fatídica, original, metáfora de las malas decisiones bien intencionadas. Aún si Adán se involucró por amor a Eva, posiblemente para evitar perderla para siempre, tal vez para saciar su curiosidad, o cediendo al ejemplo primordial de presión social, se unió con ella en asociación con un principio malévolo. Sin importar cuan amoroso o inocente, toda inocencia es perdida por esta participación. Así que ahora a cada persona, en algún momento oscuro, o tal vez sólo en un momento de apatía—la cual es una maldad mucho mayor—se le ofrece la ancestral y sagrada elección entre lo que es correcto y más difícil, y un dulce confort motivado por el miedo. Este confort promete aliviar el dolor causado por el miedo; pero en el proceso, ataca al amor, embotándolo, destruyéndolo, matándolo, adormeciéndonos, lenta e irrevocablemente, hacia un lugar muy oscuro. Jamás ingiera este tipo de confort. Las manzanas podridas no caen bien al estómago. Jamás lo han hecho.

Traducción del inglés por Farouk Rojas

Acerca de Executive Success Programs, Inc. Executive Success Programs, Inc.MR (ESP) ofrece programas de entrenamiento enfocados en crear consistencia en todas las áreas y ayudar a desarrollar las habilidades prácticas, emocionales e intelectuales que la gente necesita para alcanzar su máximo potencial. Todos los programas de ESP utilizan una tecnología punta con patente en trámite llamada Cuestionamiento Racional MR, una ciencia basada en la creencia que entre más consistentes sean las creencias y patrones de conducta de un individuo, más exitoso será en todo lo que haga. El Cuestionamiento RacionalMR permite a las personas volver a examinar e incorporar percepciones que pueden ser la base de limitaciones autoimpuestas. Mayores informes: info@nxivm.com

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Este año hubo récord de asistentes y de proyectos evaluados

premia gobierno del Estado a los ganadores del certamen internacional “tecnos 2011”. Reciben participantes de Nuevo León y el resto del país incentivos por cinco mil dólares para el desarrollo de nuevas tecnologías

l gobierno de Nuevo León otorgó preseas, reconocimientos e incentivos económicos por cinco mil dólares, a cada uno de los nueve ganadores del premio internacional “Tecnos 2011”. En el evento realizado el 22 de noviembre en el Centro Internacional de Negocios de Monterrey, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Arrambide Garza, fue el encargado de entregar los premios, en representación del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Este año, la convocatoria del certamen sentó precedentes nacionales, al participar 26 estados de la República, el mayor número de asistentes en sus 19 años de trayectoria, por lo que al mismo tiempo se impuso un récord de 302 proyectos de desarrollo tecnológico evaluados, lo que representa un 10 por ciento más que el año anterior. El Premio Tecnos se instauró en 1992, con la finalidad de impulsar la actividad tecnológica, como una estrategia de competitividad. Los reconocimientos y apoyos financieros se otorgan a los desarrollos tecnológicos más creativos, útiles y modernos, y en esta edición, cuatro nuevoleoneses recibieron el premio en los sectores de Industria, de Tecnología de la Información, y Biotecnología . El funcionario exhortó a una mayor participación en este rubro, a fin de posicionar a Nuevo León en los nuevos mercados mundiales, bajo el modelo de la triple hélice, donde coparticipan los sectores público, privado y académico, para impulsar las actividades económicas basadas en el conocimiento y las nuevas tecnologías. Arrambide Garza detalló que estas acciones allanarán el camino para que Nuevo León acceda en el mediano y largo plazo a ser una de las 25 regiones más competitivas del mundo. “Es un verdadero privilegio para el gobierno del Estado el atestiguar el creciente dinamismo que muestra este certamen, ya que cada año es mayor el núme-

ro de participantes en el mismo. Como ejemplo, podemos mencionar que de 2004 a la fecha, en los últimos siete años, ha aumentado el número de proyectos presentados de 96 a 302, y de estados participantes, de 7 a 26”. “En Nuevo León –dijo Arrambide Garza- estamos convencidos de que el desarrollo tecnológico es el responsable hasta en un 80 por ciento del crecimiento económico de las regiones y los países, y, por lo tanto, el interés de todos ustedes en la innovación y en la competitividad nos da fundadas esperanzas de lograr un futuro de mayor desarrollo y prosperidad para las regiones aquí representadas”. En la entrega del premio “Tecnos 2011”, estuvieron presentes Jaime Parada Ávila, director general del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología; Federico Vargas Rodríguez, subsecretario de Industria, Comercio y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico, y Luis Eugenio Todd Pérez, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León (CECyTENL). Por parte del sector académico, acudieron David Garza Salazar, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la zona Metropolitana; Antonio Dieck Assad, rector de la Universidad de Monterrey (UDEM); Rodrigo Guerra Botello, rector de la Universidad Regiomontana (UR), y Ricardo Viramontes Brown, director regional del CONACYT.

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Para una sociedad productiva, justa y democrática

impulsa la uanL el proyecto: cambiar México con participación Social Presentan en el Aula Magna libro sobre el mismo tema

n México, la pobreza de un creciente y enorme segmento de su población; los profundos abismos existentes entre una pequeña élite y la mayoría de los habitantes; la devastación del medio ambiente y de los recursos naturales caracteriza nuestro panorama social. En los tiempos recientes, se ha sumado a estas realidades un proceso de creciente destructividad social, impulsado por la delincuencia, organizada o dispersa, que golpea a la población y pone en jaque a las instituciones. La actual situación de crisis aguda por la que transitamos hizo urgente impulsar la reflexión sistemática sobre el proyecto de nación que aspiramos a desarrollar en el siglo XXI, para poder lograr que la República recupere sus niveles deseados de crecimiento moral y material, integrándose de manera provechosa para los mexicanos en las estructuras y las políticas mundiales. Con una posición responsable y comprometida, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, generó un nuevo espacio de reflexión en ambientes universitarios y sociales para la construcción de alternativas para el proyecto de nación. Fue así como, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, se invitó a prestigiosos especialistas de diferentes disciplinas culturales a participar en el Foro Nacional: participación ciudadana en el proyecto de nación, con el fin de analizar el estudio de los problemas nacionales. A través de la realización de 16 conferencias magistrales, llevadas a cabo de septiembre de 2010 a junio de 2011, se recorrió un trayecto que condujo a la formulación de un proyecto nacional, entendido como el trazado de un camino hacia la reconstrucción de un México productivo, seguro y justo. La elaboración de nuevas estrategias nacionales sobre pobreza y desempleo, violencia y delincuencia, la destrucción del medio ambiente, la falta de oportunidades para los jóvenes, la vulnerabilidad nacional frente al cambio climático, el incumplimiento de la ley y pérdida de la legitimidad y credibilidad de las instituciones, la pérdida de la identidad nacional y crisis cultural,

la participación ciudadana y reforma del Estado, el atraso científico y tecnológico ante la sociedad del conocimiento, entre otros temas, están contenidos en el libro Cambiar México con participación social, el cual fue presentado el miércoles 23 de noviembre en el Aula Magna de Colegio Civil Centro Cultural Universitario de la UANL, en acto presidido por el doctor Jesús Áncer Rodíguez, rector de la máxima casa de estudios. En el evento participaron, además, el ingeniero Fernando Gutiérrez Moreno, secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León; el Senador Eugenio Govea Arcos, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, del Senado de la República; el licenciado René Delgado Ballesteros, director editorial del Grupo Reforma, y comentarista del libro; la doctora Esthela Gutiérrez Garza, secretaria de Desarrollo Sustentable de la UANL, y destacados miembros de la comunidad universitaria, instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil. Cambiar México con participación social constituye una obra en la cual se ha otorgado preeminencia a lo político, porque el momento actual reclama definiciones. Sus análisis se encuentran vinculados y abarcan todos los espacios de la realidad mexicana. Constituye una convocatoria para Cambiar México, que parte de una convicción: la conciencia nutrida de conocimiento y transformada en compromiso colectivo, a favor de un proyecto de nación incluyente, que sentará las bases para la construcción de una sociedad sustentable, productiva, justa y democrática.

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Exposición individual de rubén González Garza

presenta la pinacoteca “añoranzas”

Durante la inauguración de la exposición “Añoranzas”, en la Pinacoteca de Nuevo León, aparecen, de izquierda a derecha: licenciado Jorge García Murillo, licenciado Rogelio Villarreal Elizondo, licenciada Carmen Junco, presidenta del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León; el expositor, Rubén González Garza; señora Elvira Lozano de Todd, directora del espacio cultural, y maestro Armando Fuentes Aguirre “Catón”. (Foto: Isabel González Avitia, Pinacoteca de Nuevo León).

l pasado miércoles 30 de noviembre 2011, la Pinacoteca de Nuevo León inauguró la Exposición Individual “Añoranzas”, de Rubén González Garza. La señora Elvira Lozano de Todd, directora del recinto cultural calificó al decano del teatro nuevoleonés, como “una figura destacada del medio cultural de la entidad, por su labor de más de 60 años en los escenarios, como actor, director, dramaturgo, escenógrafo y maestro de diversas generaciones. La pintura ha sido para él una disciplina paralela que ha desarrollado a través de los años”. Por su parte, durante la ceremonia de inauguración, la licenciada Carmen Junco, presidenta del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, hizo entrega de un reconocimiento a Rubén González Garza, por su destacada trayectoria artística de más de 60 años en el teatro y en la plástica, con lo que ha contribuido al enriquecimiento cultural de Nuevo León. La exposición “Añoranzas” presenta una selección de 45 pinturas de pequeño y mediano formato, realizadas desde 1950 a la fecha, y en dichas obras podemos apreciar cómo el maestro González Garza plasma, a través de su pintura, escenas plenas de colorido y placidez, con

paisajes, naturalezas muertas, retratos y autorretratos, cuyo eje central es la contemplación del transcurrir del tiempo. La selección de las obras y la museografía fueron realizadas por el crítico de arte Jorge García Murillo. La exposición se encuentra ubicada en la Sala Temporal de la planta baja de la Pinacoteca de Nuevo León y permanecerá abierta al público hasta finales de marzo del año en curso.