Primer número de la revista Agitación Estudiantes En el actual marco de crisis capitalista y de ataques a los servicios públicos, en especial a la educación, la Organización Sectorial de Estudiantes de la Juventud comunista se dispone a editar el primer número ordinario de la revista Agitación Estudiantes. Proyecto importante políticamente y como herramienta comunicativa que pretende ofrecer un espacio donde las y los estudiantes comunistas podamos participar y trasladar a nuestro entorno cuál es nuestro análisis sobre la situación de la educación pública y las reformas y ataques que sufre tanto a nivel estatal como internacional, así como nuestra visión sobre el movimiento estudiantil y la organización de la respuesta al sistema, todo esto tanto en enseñanzas medias como en universidad y siempre con una perspectiva juvenil. El impulso de este espacio comunicativo se nos plantea como algo muy necesario en el actual marco de ataques a la educación y deterioro de la situación de la juventud, con una fuerte degradación de los derechos en todos los ámbitos de vida. Ante este panorama el discurso del régimen tiende a una confusión e individualización de los problemas, evitando una conciencia crítica de la juventud y sin perspectiva sobre su situación concreta, a lo que pretendemos plantar cara compartiendo nuestros proyectos, análisis y propuestas. Por ello, la salida de la revista Agitación Estudiantes supone un salto cualitativo para el Sectorial de Estudiantes de la UJCE y para animar a la juventud a dar la batalla por sus derechos, por un modelo diferente de educación y de vida que si es posible aunando fuerzas y sabiendo a lo que nos enfrentamos. Así, comenzamos este curso con una situación de expulsión del estudiantado de las universidades debido al recrudecimiento de los requisitos de becas y subidas de tasas, que fomentan el endeudamiento estudiantil y hacen de España el cuarto lugar de Europa más caro para estudiar. Situación de la que los bancos, que han provocado la crisis, se están beneficiando haciendo de la educación el nicho de mercado previsto por Bolonia y Estrategia universidad 2015, reformas de PP y PSOE. Además debemos remarcar el importante fenómeno de emigración juvenil que se está produciendo
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como consecuencia directa de la crisis. Igualmente los intentos de implantación de la LOMCE no buscan más que implementar esta elitización y mercantilización educativa también en las Enseñanzas medias, impidiendo el acceso a la educación superior y eliminando los recursos de las familias empobrecidas por la crisis, lo cual fomenta la exclusión social. Todo esto produce el robo sistemático de la fuente de conocimiento del pueblo, dejando ver la necesidad estructural del capitalismo de tener una clase trabajadora ignorante y sin cualificación para poder emplearse como mano de obra barata y sin derechos. Dentro de esta situación de crisis del sistema, es en el ámbito educativo donde el trabajo diario contra los ataques capitalistas y por los derechos de clase, está reflejando la necesidad de un proyecto que pueda canalizar todas las reivindicaciones, que sea capaz de dar una respuesta contundente y efectiva a todos los niveles. Por ello remarcamos la necesidad de trabajar entre todo el estudiantado por un Sindicato Estudiantil Estatal, democrático e inclusivo de todas las sensibilidades. Es este proyecto el que ha de impulsar un proceso más amplio que comparta toda la comunidad educativa y la sociedad, un movimiento social por la educación que derive en un proceso constituyente de un sistema educativo público, universal, laico, feminista y gratuito.
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Todo esto produce el robo sistemático de la fuente de conocimiento del pueblo, dejando ver la necesidad estructural del capitalismo de tener una clase trabajadora ignorante y sin cualificación para poder emplearse como mano de obra barata y sin derechos.” Aquí el movimiento educativo juega un importante papel, en contestatar ataques y extender luchas y experiencias a la juventud, por la construcción de un movimiento juvenil combativo fuerte y vivo, capaz de disputar sus derechos y construir su futuro. Teniendo este instrumento comunicativo como es la revista Agitación Estudiantes, dispondremos de un espacio propio donde plantear este discurso constructivo a todos los niveles.
Universidad: entre la expulsión y el endeudamiento En la Universidad, el final de este curso ha estado marcado por un fenómeno que la brutal subida de tasas contenida en el Real Decreto de regulación de los precios públicos de las universidades ya hacía previsible: la expulsión de miles de estudiantes de las universidades públicas por la imposibilidad económica de hacer frente al pago de las matrículas cuyo precio se duplicó en muchos centros debido al “tasazo”, a lo que se ha sumado la cancelación de miles de becas por parte del Ministerio –unas 35.000– , fruto de los recortes y endurecimiento de requisitos en el acceso a las mismas. El fenómeno de los desahucios estudiantiles deja unas cifras de en torno a 30.000 estudiantes en riesgo de exclusión universitaria. Por otra parte, el problema amenaza con crear una bolsa de deuda estudiantil de millones de euros, a cuyo saneamiento deben enfrentarse losestudiantes –a partir de ahora “morosos”– para poder reactivar su matrícula los cursos venideros. Como se ve en el reportaje de este número, la autoorganización estudiantil ha permitido hacer visible este drama social y obtener pequeñas conquistas a través de ella. Esta política universitaria guarda muchas similitudes con la aplicada en otros países donde la deuda estudiantil supone una suculenta fuente de beneficios para el capital financiero. En
Chile se estima una media de endeudamiento de 40000 dólares por estudiante al finalizar los estudios universitarios, endeudamiento ligado a créditos con aval del Estado para los colectivos sociales más vulnerables y con unas condiciones de devolución más “asequibles” o en su modalidad más radical de crédito CORFO a cargo directamente de entidades bancarias y financieras que en muchos casos alcanza un tipo de interés anual del 9%. Otro ejemplo es Colombia, donde fue directamente el Estado el que creó una institución oficial encargada de distribuir el crédito estudiantil, el ICETEX, cuyos efectos han sido y son brutales sobre el estudiantado. Los tipos de interés de los préstamos han alcanzado el 24 % en algunos casos, dato que está necesariamente relacionado con el negocio especulativo que supone la compra-venta de los activos financieros estudiantiles por parte de entidades privadas. Por las condiciones del capitalismo español la preeminencia del sector financiero puede suponer el desarrollo de una estrategia de endeudamiento programado. Contamos con dos ejemplos muy recientes que ejemplifican esta política: De una parte, la nueva política de becas planteada por el Gobierno introduce modificaciones que, tal como señala Estudiantes en Movimiento en su análisis sobre el decreto de
becas, reducen sensiblemente su cuantía y la ligan a un “plus” variable en función de criterios eelitistas como el expediente académico del alumno. Esta restricción social de las becas tiene su otra cara en la decidida voluntad del gobierno de promocionar las becas-préstamo como vía para mantener una masa estable de estudiantes en las universidades a los que poder succionar el cobro y los intereses de éstas. El segundo ejemplo está en el programa de préstamos-renta que desarrolló el gobierno de Zapatero en 2007 para estudios de máster mediante un sistema de crédito estatal que debería ir devolviéndose en distintos plazos, el cual no generaría intereses ni requeriría al pago hasta que no se tuviesen 22000 euros de renta anual. Como se explica en un artículo de esta revista, el PSOE incumplió una a una sus promesas, y en la actualidad ha generado una importante burbuja de deuda estudiantil que lleva a miles de jóvenes a un verdadero drama social. Si el esquema general de la juventud bajo el capitalismo neoliberal español, el de la corrupción y los casinos, aparece definido por el binomio paro-precariedad parece que el de la juventud estudiantil sigue la misma tónica bajo la lógica de expulsión-endeudamiento.
Las becas del PSOE que acabaron siendo hipotecas En el año 2007, antes de haber estallado la crisis económica, el gobierno de Zapatero, auspiciado por las recomendaciones de la socialdemocracia euroepea de la época, puso en marcha una nueva línea de financiación para quienes desearan realizar cursos de post-grado oficiales (másters) y no tenían disponibilidad económica. Ésta, denominada ‘Préstamo Renta Universidad’, se hacía a través de una línea de crédito ICO con condiciones ventajosas para los solicitantes, entre las que estaban la posibilidad de poder prorrogar su amortización si no se superaba una renta anual de 22.000 euros, así como el no devengo de intereses. Todo ello animó a muchos jóvenes a embarcarse en dicho préstamo para así mejorar su situación académica y tener más posibilidades de acceder a un empleo en un mercado laboral ya entonces difícil. Con el paso del tiempo las condiciones fueron endureciéndose en las siguientes convocatorias. Así, en el curso 2010/2011 se eliminó por completo ese límite de 22.000
convertido hoy en pesadilla para miles de jóvenes que siguen en el paro, igual que antes de estudiar el máster, pero debiendo una importante cantidad de dinero.
euros de renta anual para poder prorrogar la amortización, y se generaron unos intereses del 5% anuales. Finalmente, esta línea de préstamo fue eliminada poco antes del curso 2011/2012 por el ministro Wert sin que pudiera volver a utilizarse. La siuación que dejó este escenario para miles de jóvenes que habían recibido estas ayudas, teniendo en cuenta que el requerimiento al pago se inició el pasado curso, dejando a estos estudiantes con deudas que en algunos casos superan los 20.000 euros.
Ante esta situación han surgido iniciativas de organización de los damnificados por esta estafa, siendo el ejemplo de la Plataforma de Afectados por los préstamos-renta. Ésta exige no sólo la prórroga inmediata del periodo de carencia del pago de los préstamos sino que no se tenga que hacer frente al mismo hasta que la renta anual del solicitante supere los 22.000 euros, como establecían las condiciones iniciales, en una lucha que permita dar un respiro no sólo para las rentas de los jóvenes afectados sino también para las de sus familias que, en muchos casos, se ven obligadas a hacer frente a los pagos sin disponer tampoco de los medios económicos necesarios.
A esto se suma la situación general, marcada por la elevada tasa de paro juvenil, lo que supone que el sueño que vendieron los sucesivos gobiernos de PSOE y PP se haya
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Nuevo decreto de becas: hacia una educación al servicio de las élites El Real Decreto 609/2013 de becas para el curso 2013/2014 supone una reducción de la cuantía de las becas y un recrudecimiento de las condiciones para poder optar a ellas. Estas medidas tienen un objetivo evidente: expulsar y precarizar la educación de las y los estudiantes con pocos recursos económicos, esto es, de las hijas e hijos de familias trabajadoras, cada vez más asfixiadas por la crisis, que difícilmente pueden hacer frente ya a unas tasas cada vez más altas. Las y los estudiantes venimos sufriendo una serie de ataques a nuestros derechos debidos a las medidas de los sucesivos gobiernos de PSOE y PP, que se han fijado como objetivo desmantelar el sistema público de educación para convertir un derecho básico en un nuevo producto con el que obtener beneficios económicos. Uno de los objetivos del decreto que el gobierno disfraza bajo palabras como “eficiencia” o “eficacia” es forjar su modelo de sociedad en la que cada vez sea más difícilacceder a los estudios a los hijos de las capas populares acabando así definitivamente con la y precarizando las condiciones de los que consiguen acceder a través de los recortes y la degradación académica. Cabe destacar que para poder optar a la beca de movilidad, la o el estudiante deberá justificar la necesidad de la beca por falta de transporte adecuado desde su domicilio, y sobre todo, no se concederá en caso de que pueda mudarse a casa de un familiar, sin entrar a valorar opción de que ese traslado sea imposible, ya sea por conflictos familiares, motivos socio-económicos u otros. A la cantidad fija de 1500 en becas salario y de residencia euros se tendrá que añadir una cantidad variable, que como mínimo será de 60 euros, con esto se pretende compensar la reducción de la cuantía, ya que antes era de 3500. Pero esta, además de retrasar aún más el pago de las becas,el cual, en algunas universidades se hacía prácticamente a finales de curso, introduce variables como el presupuesto sobrante ministerial o las notas medias, fomentando así la competencia entre los estudiantes saliendo perjudicados, como viene siendo habitual en este sistema de becas, los y las hijas de la clase trabajadora, que disponen de menos recursos y tiempo para el estudio. En este sentido, si bien el Ministerio reculó con respecto a su propuesta inicial y finalmente la nota para obtener beca de matrícula seguirá en 5,5; la nota para acceder a las beca salario y a la beca de residencia subirá hasta un 6,5 suponiendo un nuevo obstáculo elitista para poner barreras al estudiantado de condición más humilde en el acceso a
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las mismas. Los estudiantes de primer curso de Másteres que habiliten o que sean condición necesaria para el ejercicio de una profesión regulada deberán acreditar una nota media de 6,50 puntos en los estudios previos que les dan acceso al Máster. En los restantes estudios de Máster dicha nota media será de 7,00 puntos. Cabe destacar que los másteres son precisamente la parte los estudios más difícilmente asumible para los estudiantes de clase trabajadora. Además también busca sustituir la función que realizaban las becas como fuentes de financiación de los estudiantes porlas conocidas como “becas préstamo” las cuales son concedidas por entidades ya de sobra conocidas (Banco Santander, BBVA…), las mismas que se encuentran incrustadas en órganos de las universidades, por lo que esto muestra como una vez más se identifica lo que el gobierno llama “interés de la nación” con los intereses de los poderosos y no con los del pueblo. Este decreto cumplirá con su objetivo aumentar las ganancias de los grandes bancos y empresas, pero lo hará a costa del endeudamiento de los estudiantes que soliciten estos créditos, por lo que, además de seguir imponiendo un modelo económico basado en la especulación, provocara que, aún una vez acabados los estudios, muchos estudiantes no puedan hacer frente a estos pagos (no olvidemos que el paro juvenil en estos momentos es del 60%). No podemos olvidar que este decreto se sanciona en un momento en el que, las tasas universitarias no paran de aumentar, causando ya miles y miles de expulsiones económicas de estudiantes, que no pueden afrontar el pago de sus estudios, por lo que no debe considerarse como un hecho aislado, sino que es necesario enmarcarlo dentro de la sucesión de agresiones que se vienen produciendo a los estudiantes de clase trabajadora, expulsándonos de las universidades o bien obligándonos a endeudarnos para poder acceder a ellas.
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spaña ha pasado de ser el 10º al 4º país más caro de la UE para cursar estudios universitarios debido a la política de austeridad según un informe de Universia.
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a Conferencia de Rectores calcula que los recortes en financiación y el retraso en los pagos suponen una suma de 1.240 millones de euros que las administraciones públicas deben a las universidades desde 2010.
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l Consejo Superior de Investigaciones Científicas podría desaparecer si el gobierno no financia los 25 millones que necesita la institución para equilibrar su presupuesto. El CSIC nunca ha sido deficitario; sin embargo los recortes de presupuesto que inició el gobierno del PSOE lo han puesto entre la espada y la pared.
Los afectados por las tasas universitarias se rebelan contra Wert El final del pasado curso académico sorprendió en multitud de universidades por un grado de conflictividad no visto años atrás en estas fechas en que finalizan las clases y comienzan los exámenes finales. El “desahucio” directo de las y los estudiantes de sus centros de estudio –recordemos que son más de 30.000 los estudiantes que se encuentran en riesgo de exclusión de la educación– llevó a la creación de mecanismos de concienciación como la Plataforma de Afectadas por las Tasas que permitió el sostenimeinto de luchas en diferentes puntos del estado en torno a trés reivindicaciones básicas: la prórroga en el pago de las tasas de matrícula, el fraccionamiento para posteriores cursos de dichos pagos, y la creación de fondos de becas de emergencia para evitar el riesgo de expulsión estudiantil. En muchas localidades y universidades estas luchas disversas entre sí han conseguido resultados desiguales, que en todo caso han permitido suavizar momentáneamente los efectos más duros de la política de tasas y becas del gobierno del PP. Sin embargo, las protestas han conseguido poner en el foco del debate social la situación que viven cada vez más estudiantes, han permitido que el movimiento estudiantil tenga un altavoz con el que dirigirse a las masas, y han posibilitado que sus reivindicaciones entren en el terreno del sentido común mayoritario, ganando terreno en la batalla hegemónica a los capitalistas. Frente a planteamientos maximalistas que de facto rehuyen afrontar las problemáticas concretas que sufre la comunidad educativa universitaria, puede demostrarse el valor las victorias parciales conseguidas en estas últimas semanas. Ciertamente, hay que enmarcarlas en la lucha global por el derecho a la educación pública que no se va a detener por estas pequeñas conquistas. Pero de igual forma cabe subrayar su importancia de cara a fuera para sumar a los conflictos a más sectores de una comunidad universitaria mayoritariamente aletargada hasta el momento, con vistas a construir movilizaciones sociales amplias por la educación pública. A continuación, reproducimos los ejemplos de lucha más notables de este conflicto: Barcelona: La Plataforma de Afectados por las Tasas de Barcelona empezó a funcionar a mediados de abril para organizar a las más de 3.000 expulsadas que se calcula que hay en Catalunya y que seguramente se ampliará este curso 2013-14 por los recortes en becas. Muchos activistas de la PAT procedían de la UB, así que se planteó una primera acción en esta universidad, basándose en las reivindicaciones conseguidas por los compañeros de la UCM
en esas fechas: mayor fraccionamiento de los pagos de la matrícula, creación de un fondo de becas de emergencia para todos aquellos alumnos que lo necesitaran, dietas del consejo social destinadas a este fondo de becas de emergencia, posicionamiento del rector en contra de cualquier recorte a las universidades públicas, creación de una comisión para el estudio de los diferentes casos de impagos, etc. Buscando una negociación directa con el equipo rectoral de la UB, el 26 de junio se ocupó el despacho del rector. Si bien la protesta no alcanzó todos los objetivos planteados, si que se consiguieron los principales, como el mayor fraccionamiento o la creación del fondo de becas. Aún así, el equipo rectoral de la UB no aplicó las medidas de la forma en que la PAT de Barcelona deseaba, ya que la cuantía de los pagos y el tiempo entre ellos no mejoran sustancialmente la negativa situación que tienen muchos estudiantes, o la comisión para el estudio de los casos queda restringida a los estudiantes que participan en la institución excluyendo a los estudiantes organizados en la PAT. Con estas dos acciones, la PAT de Barcelona deja clara sus intenciones y sin ninguna duda se expandirá a otras universidades catalanas hasta conseguir que no haya ningún desahucio de las aulas. Madrid: En toda la Comunidad de Madrid se estimaron en unos 7.000 los estudiantes en riesgo de expulsión. La Universidad Politécnica contaba con unos 700 estudiantes en esta situación, y el movimiento estudiantil pronto empezó a denunciar esta situación ante sus autoridades académicas y ante el resto de la sociedad. También el conflicto levantado por el movimiento estudiantil de la Universidad Complutense en lucha contra la expulsión de la universidad de 3.000 estudiantes por impago de las tasas ha tenido una destacada repercusión. En este caso, la deuda total de los estudiantes que no pudieron abonar la matrícula por problemas económicos llegaría a 2.400.000 euros, un 280% más que el curso pasado, cuando rondó los 673.000€. Los estudiantes consiguieron sostener un encierro en el Rectorado por varias semanas y que consiguió una prórroga de pagos hasta el 20 de septiembre así como un compromiso verbal acerca del fraccionamiento en 8 plazos de la matrícula para el próximo curso, cuestión sobre la que la última palabra la tiene la Comunidad de Madrid.
Durante las negociaciones se alcanzó también un principio de acuerdo acerca de la apertura de un fondo de becas para este colectivo en situación de riesgo de exclusión de cara curso que viene; sin embargo, los estudiantes continuaron con el encierro pues exigían la aplicación de ese fondo con carácter inmediato para que ningún alumno se vea “desahuciado” de las aulas por motivos económicos y, en última instancia, de la clase social a la que pertenecen. Finalmente, para el conjunto de la comunidad autónoma se ha conseguido un fraccionamiento del pago en 6 plazos, si bien es cierto que el gobierno ha vuelto a subir las tasas un 20% de nuevo este curso. Sevilla: En la Universidad de Sevilla se estimaban unos 2.500 estudiantes en situación de riesgo de expulsión. Con la aprobación del Real Decreto 14/2012, la organización Movimiento de Acción Estudiantil (MAE), de Sevilla plantea la petición del pago fraccionado de la matricula. A pesar de que Andalucía sea una de las comunidades autónomas con las tasas más bajas, en segundas y sucesivas matrículas, estas embolsan gran parte de las tasas universitarias del estudiantado, que junto a las altas condiciones para acceder a la beca se convertía en una barrera de entrada más para el acceso a la universidad. En Sevilla, tras múltiples reuniones con las diferentes direcciones universitarias, cartas para reunirse con el Rector no contestadas, 8.400 firmas recogidas, reuniones con las secciones sindicales, el MAE decide el día de la huelga educativa del 9 de mayo encerrarse en las puertas del rectorado hasta que no fueran recibidos por el Rector. Tras la petición consiguieron una cita con el mismo en una mesa en la que se encontraría el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS) el MAE, y el equipo de gobierno. A partir de aquí se consiguió un documento que sería aprobado por Consejo de Gobierno y llevado al CAU (Consejo Andaluz de Universidades, donde se encuentran los rectores de las universidades andaluzas y la Junta de Andalucía). Actualmente, el decreto de precios públicos universitarios de Andalucía recoge el pago fraccionado en tres partes para aquellas estudiantes que no cumplan los requisitos académicos pero si económicos de la beca del Ministerio, siendo opcional para las universidades andaluzas, las cuales se encuentran con una deuda por parte de la Junta de Andalucía quien le deben 150 millones, por lo que a esperas de la aplicación en cada uno de los centros , es una opción que antes no existía, aunque insuficiente, ya que no elimina el problema real para todas las estudiantes.
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Los sistemas de evaluación del PP Desde que el PP ha vuelto al gobierno, estamos montados en una máquina del tiempo, pero que nos lleva siempre hacia atrás. Estos días por ejemplo, el ministro de justicia Gallardón, ha confirmado que en octubre se votará la reforma del aborto que tanto ansían en el Partido Popular y en la Iglesia, y que nos hará retroceder a la Ley que existía en 1985. En este artículo vamos a analizar el nuevo sistema de evaluación a través de la LOMCE (Ley Organica para la Mejora de la Calidad Educativa) y que nos llevará a 1970 con la Ley General de Educación del Franquismo. Como todos sabemos, la LOMCE corresponde a un modelo eminentemente academicista, centralizado y cerrado, totalmente predescriptivo, que aboga por un aprendizaje repetitivo de contenidos, fragmentados en materias, con escaso protagonismo de los centros educativos y su profesorado. A la LOMCE se le asocia un modelo llamado “evaluación sumativa”. Se aplica de tal forma que relaciona el proceso de enseñanza y aprendizaje con una clasificación de selección y prescripción. Los procesos de evaluación quedan prácticamente reducidos a exámenes.
Como hemos analizado, a simple vista la LOMCE tiene planteamientos muy similares a las evaluaciones de la LOE. Sin embargo vamos a ver algunos de los cambios más llamativos del PP que llevan más allá este tipo de evaluación y de Ley Educativa. En el nuevo sistema de evaluación se suprime la prohibición de que los resultados académicos de los alumnos se utilicen para establecer rankings entre centros, algo que por ejemplo ya venía pasando en CCAA controladas por el PP como Madrid. Otro de los cambios que establece la LOMCE, son las “pruebas externas de cierre de etapa”. Se trata de imponer un sistema de reválidas desde los 11 años, imitando el sistema educativo de países como Inglaterra o Corea del Sur, y volviendo a la etapa de la dictadura. Muchos estudios sostienen que este sistema de evaluació, de imponer una selectividad desde los 11 años, no consigue ni mucho menos mejores resultados, tan solo somete a los alumnos a una constante presión, ya que suspendiendo solo ese examen repetirían. Vemos por ejemplo, que Corea del Sur tiene la media más alta de suicidios de adolescen-
tes y la juventud más deprimida. Este sistema confunde evaluar con examinar, mejorar con clasificar y jerarquizar. Evaluar es mucho más que un examen. Examinando no se mejora, solo se comprueba lo conseguidp en una pequeña parte del currículo. Las pruebas externas estandilirizadas miden la fiebre o la temperatura académica del conjunto, pero son incapaces de diagnosticar las causas y remediar los fallos. Anulará la capacidad del profesorado de enseñar, para ser meros inspectores. Endurece las condiciones de conseguir titulaciones de enseñanza obligatoria y no obligatoria. El Gobierno colgó en la web del Ministerio de educación para convencernos un enlace de la OCDE titulado “Education at Glance” que trata sobre la relación entre los exámenes externos basados en estándares y el rendimiento de los estudiantes. Pero la realidad, es que los datos no son opinables, y los mejores resultados son de sistemas educativos sin reválidas como Cuba, Finlandia o China, mientras que países que si las tienen obtienen resultados mediocres como EEUU o consecuencias alarmantes como en Corea del Sur.
Formación Profesional: privatización y explotación La Formación Profesional en España ha sufrido, al igual que el resto de niveles educativos, una gran cantidad de modificaciones de las leyes promulgadas, sobre todo tras la dictadura franquista. Muchas de ellas entraban en contradicción y dificultaban el desarrollo de la FP, un ejemplo claro es la Ley de 1970, cuyos sectores más interesados fueron la Iglesia y los sindicatos verticales de la época. Fue ya en los años 90 con la LOGSE cuando se empieza a reorientar la FP hacia el modelo actual (ciclos formativos, estructura modular, especializaciones...), siempre focalizando en los intereses de las empresas. Actualmente, la situación de la Formación Profesional es desastrosa. Con motivo de la crisis económica del capitalismo, el gobierno recortó a las Comunidades autónomas para elaborar materiales de la plataforma digital de FP a distancia, impidiendo así el desarrollo de esta modalidad necesaria para muchas personas y que evita desequilibrios territoriales. La partida dedicada a los programas para investigación e innovación en FP disminuye un 63% y muchos de los módulos ofertados han tenido que desaparecer. Los y las estudiantes dispondrán de menos becas, ya que los requisitos para pedirla se han endurecido y el número de becas que
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se ofertan ha disminuido considerablemente. Dicha política de becas llevada a cabo por el ministro Wert fue alabada por la OCDE. Tendrán que optar, entonces, por estudios menos actualizados con una oferta mermada, por lo que habrá mayor competencia para adquirir las plazas. También se verán forzados a desplazarse, disfrutando de una enseñanza menos personalizada y mucho más costosa para las familias. Es evidente el modelo que se quiere imponer: un sistema educativo en el que sólo pueda estudiar el alumnado con más recursos económicos. Por otra parte, la implantación de tasas y copago en Catalunya, Madrid o Aragón ya se ha traducido en dramáticas consecuencias para muchos estudiantes, y es muy probable que se extienda al resto del país. Como dice el propio texto de la LOMCE e incluso señaló Esperanza Aguirre, “el bachillerato y la FP no son etapas obligatorias y, por tanto, podrían no ser gratuitas”. No se trata de una posibilidad, es ya un hecho que el alumnado debe ingresar entre 200 y 400 euros anualmente, según la comunidad autónoma, si quiere cursar una FP de grado superior. Otro de los grandes cambios que se producirá en el sistema educativo junto con la LOMCE será la implantación de la Formación Profesional dual, modelo extraído de Alemania que tendrá unas consecuencias no muy alenta-
doras para el estudiantado. Dicho modelo fue probado ya el curso pasado en la comunidad de Madrid, y los resultados no fueron positivos. En primer lugar, sale más costoso, ya que las empresas que se adhieren a estos programas son financiadas a través de fondos públicos, concretamente el 67% del coste del alumno proviene del sistema público y sólo un 33% es aportado por la empresa. Además no se garantiza la calidad del proceso formativo, ni que se cumplan los objetivos y material correspondientes a cada ciclo, ya que el 70% del tiempo de formación, se desarrolla en la empresa y es ésta la que decide la aptitud del alumno sin que intervenga el centro educativo. Otra de las desventajas es que el modelo no se ha adaptado a nuestro modelo productivo, muy diferente del alemán, por lo que reina el desorden y la incertidumbre entre docentes y alumnado. Las debilidades de este sistema son incontables: la organización de la parte escolar está sujeta a los flujos del mercado laboral, lo que impide una planificación a medio plazo; la formación dual es una formación muy ligada a los intereses productivos de una determinada empresa descuidándose los aspectos metodológicos de aprender a formarse o de la polivalencia; en la década de 2009 la bajada en la contratación de alumnos por parte de las empresas fue de 65000 alumnos, un 10% en diez años, lo que prueba que el sistema dual depende mucho de la situación económica.
La MANE: Unidad estudiantil frente a un nuevo paradigma en Colombia. A lo largo de la década de los 90 Colombia entró en una etapa de agudización de las políticas neoliberales, en la que se sometió al conjunto de la clase obrera y sectores populares a las necesidades y mandatos del imperialismo. En la última década se han firmado alrededor de 6 Tratados de Libre Comercio, a resaltar el firmado con la UE y EEUU, que han acelerado el proceso de desposesión de la riqueza natural Colombiana, que han violentado gravemente la soberanía nacional y, especialmente, han coartado las mínimas libertades democráticas y políticas de las que gozaba el conjunto de la sociedad colombiana.
Esta coerción de los derechos de la sociedad colombiana también han afectado gravemente el sistema educativo. La universidad pública Colombiana se encontraba (y se encuentra) en una crisis estructural, a punto de llegar al colapso y a la pérdida de cualquier mínima garantía de estudio para la juventud de las clases obrera y popular. Podemos encontrar los orígenes de ésta crisis en dos aspectos fundamentales: El primero es el cese de financiación a las instituciones públicas educativas. El porcentaje de presupuesto nacional destinado a educación superior lleva más de diez años sin incrementarse, a pesar de que las necesidades aumentan - mantenimiento, mejora de las infraestructuras, la planta docente, la tecnología requerida... - repercutiendo directamente en el incremento de las matrículas. Al mismo tiempo que se implantaron, desde los diversos gobiernos, políticas de endeudamiento estudiantil para acceder a las instituciones privadas de educación1. Desatendiendo de esta forma la responsabilidad del estado de garantizar el acceso universal a la educación, y como si fuera poco, fomentando la creación de instituciones privadas con ánimo de lucro. El segundo factor de crisis universitaria
es la calidad educativa, la auto no m í a universitaria y la relación entre universidad-sociedad, que giró hacia una co ncep c ió n ut i l it a r i st a y acientífica del rol de los conocimientos generados en las aulas universitarias, desate nd ie ndo la función de transformación social de la universidad mediante la generación de conocimiento para la mejora de la sociedad. La autonomía universitaria se vio violentada en tanto que la comunidad educativa perdió capacidad de decisión sobre el futuro y dirección de las políticas universitarias, dando paso a organismos privados representantes de interés individuales y/o empresariales.
Ante este panorama, las organizaciones estudiantiles de Colombia y el estudiantado realizaron una apuesta histórica por unir sus fuerzas en pro de la defensa de la educación pública, y además, realizar una apuesta firme por la transformación social y política de Colombia emprendiendo la redacción de una Ley Alternativa de Educación Superior que supere la crisis de las universidades y cumpliese una función social de transformar la sociedad hacia la igualdad de clase. “Ley 30” fue el nombre que recibió el intento de reforma del Gobierno de Juan Manuel Santos. Dicho proyecto fue hundido con la movilización creativa y social que construyó la MANE en cada centro de estudios y, donde el principal protagonista fue el conjunto del estudiantado que masivamente se unió al llamado de la MANE. El Paro Nacional Estudiantil de aproximadamente 4 semanas logró que el Gobierno retirara la Ley 30. El pasado 29 de Agosto la MANE emprendió un nuevo ciclo de movilización social por la educación pública y presentó al pueblo Co-
lombiano la Ley Alternativa de Educación. Bajo el contexto de Paro Agrario y Popular el pueblo Colombiano, y particularmente su juventud respondieron al llamado y desbordaron las calles y plazas con marchas en todo el país. A día de hoy, la MANE prepara un nuevo Paro Nacional Estudiantil para defender con protesta la propuesta del estudiantado sobre el modelo de educación que quieren para una Colombia con Soberanía, Democracia y Paz. La MANE nació del endurecimiento de unas políticas neoliberales que ahogaron a la sociedad hasta quitarle sus derechos más básicos, hasta hacerla reaccionar y ver la necesidad de organizarse. La Juventud Comunista aprende de la lucha de la MANE. Por eso hacemos un llamado para hacer frente a las ofensivas neoliberales, en el marco de crisis estructural capitalista. Apostamos por la unidad estudiantil para triunfar en la lucha por la educación pública. La comprensión del momento histórico que vivimos es imprescindible para forjar las bases de una movilización sostenida, propositiva y creativa, y podamos ganar la batalla. Desde la UJCE celebramos la heroica lucha de la MANE y el movimiento estudiantil de Colombia. Afirmamos nuestra más rotunda solidaridad con sus justas demandas y estaremos, con nuestros valores internacionalistas, al pie de la lucha de la MANE por una educación para un país con Soberanía, Democracia y Paz.
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Obreros y estudiantes unidos y adelante: la lucha del movimiento estudiantil contra la dictadura franquista dependencia de salarios fijos en contraposición a su nivel de conocimientos, así como a la confrontación con la composición rentista del capitalismo franquista que ponía barreras a su desarrollo social y económico. Los estudiantes, como subsector de la clase obrera en formación para los puestos anteriormente señalados, y la Universidad, como espacio en que operaba la división del trabajo que permitía el funcionamiento descrito, eran un actor y un espacio que se hizo de especial relevancia para los comunistas. Finales de los 60 principios de los 70, los últimos años de la dictadura franquista empezaban a tocar su final. La oligarquía española comenzaba a percatarse y preparaba ya la “reconversión democrática” para entrar en el juego institucional de los países occidentales y especialmente en la Comunidad Económica Europea. Los estudiantes en los centros de estudio preferían ser consecuentes y exigir una democratización real del sistema educativo español. El objetivo fundamental era derribar la dictadura, y por tanto los distintos conflictos debían teñirse de antifranquismo, englobarse bajo el paraguas de una misma estrategia común. El carácter político del que el PCE quería impregnar el movimiento social era claro, la conquista del poder político se planteaba como premisa inexcusable para cualquier tipo de transformación social favorable a las masas trabajadoras, y por ello los movimientos tácticos y la política de alianzas debían girar en torno a esta lógica revolucionaria, entre ellos por supuesto el movimiento en defensa de la educación pública. La lucha de los trabajadores y estudiantes universitarios suscitó un especial interés para los comunistas en aquella época. El capitalismo español venía insertándose en la lógica del desarrollo del “estado del bienestar” y sociedad de consumo propios del capitalismo occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial, si bien con los retrasos propios del régimen franquista. La oligarquía, formada poruna casta empresarial en alianza con el sector financiero en alza, el ejército y la Iglesia, obtenía concesiones por parte del Estado (régimen de monopo-lio, rentas, etc.) para mantener sus privilegios económicos. Lós avances científico-técnicos empujaron al desarrollo de capas sociales (técnicos, especialistas, científicos, etc.) encargadas de la manipulación de nuevas fuentes de valor para el aparato productivo de los estados, capas que fueron denomindas por el PCE como “fuerzas de la cultura”. Estas fuerzas de la cultura estaban destinadas a tener un relevante papel en la lucha de clases del momento. Por su composición, se entendía – y más tarde se demostraría – que las condiciones estructurales del capitalismo tenderían hacia su proletarización y
La alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, la unidad entre el movimiento estudiantil y la clase obrera actuando ésta como actor de vanguardia en la lucha por el derrocamiento del franquismo y la construcción socialista, fraguaría una escalada de conflictos en los centros de estudios del país al tenor de las con-diciones que sufrían trabajadores y estudiantes y al impulso del PCE y las fuerzas de la izquierda. Los cierres de facultades y la presencia policial permanente en los campus, la capuchinada de Barcelona, o el asesinato de Enrique Ruano en Madrid, son ejemplos gráficos de lo que significó la lucha estudiantil contra la dictadura y su feroz represión. Pero también son importantes los ejemplos de auoorganización y desarrollo de luchas estudiantiles concretas, en el marco en que el régimen estaba desarrollando una Ley General de Educación (1970) y planeaba una serie de reformas universitarias (el Informe Matut de 1969 es un ejemplo de ellas) que iban destinadas a garantizar que la inevitable masificación que acabaría produciéndose en las universidades fuera totalmente funcional a los intereses de la oligarquía que iba a seguir gobernando el país, con propuestas como la segregación de los titulados según su nivel de conocimientos, la selectividad, o la reducción del número de estudiantes en carreras técnicas como las ingenierías. En este contexto especialmente destacable fue la fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes en la Universidad de Barcelona en marzo de 1966. Frente al Sindicato Español Universitario (SEU), controlado por el aparato del régimen, y a las Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE), creadas por los sectores tecnócratas para desviar la lucha estudiantil hacia posiciones corporativas y gremialistas, el Sindicato Democrático aparecía como una herramienta para la lucha sociopolítica. Si bien la represión franquista y los debates en el seno del movimiento provocaron que el proyecto finalizase trascurridos dos años, es un ejemplo significativo de lucha sectorial que, ala par que reivindicaba los derechos cotidianos desde la base del estudiantado, exigía una democratización tanto interna como externa de la institución universitaria que pudiera permitir el
acceso de las capas populares a la misma y que traía consigo un combate implícito al régimen franquista. Y es que de hecho para el PCE y la UJCE apareció claro el papel revolucionario de las luchas concretas, la noción de que la denuncia diaria, concreta era la vía para que las amplias masas estudiantiles con una madurez política menor engrosaran las filas de la movilización social que en último término podía y debía devenir en movilización política que explicitase que sólo un cambio radical de las estructuras del régimen acabaría en una solución real para los problemas concretos. Una vía que giraba en torno a la cuestión de la conquista del poder y el objetivo estratégico del derribe de la dictadura. A nivel de profesorado era también notable la situación de miseria que imponía la dictadura. En torno al 80% de profesores en las universidades era personal contratado en régimen administrativo, con unas condiciones pésimas en comparación con sus colegas catedrátios. El movimiento de Profesores No Numerarios, el cual estuvo siempre apoyado por los comunistas, se opuso firmemente a esta situación de precariedad y exigió mejoras salariales y contratación permanente en régimen laboral, reivindicaciones que en buena medida guardan vigencia hoy en día. También es destacable la posición coherente de muchos catedráticos a los que se les expulsó de la docencia por mostrar su apoyo a estas luchas y las del movimiento estudiantil. A estas alturas ya sabemos las derrotas con que se saldó este periodo, y los compromisos que acabarían por convertirse en el paro y precariedad que vivimos actualmente. Sin embargo, el movimiento estudiantil antifranquista ha dejado lecciones políticas que nos son irrenunciables en la actualidad: el análisis concreto del capitalismo concreto que vivimos nos permite comprender la posición de los distintos subsectores de la clase trabajadora y su potencial revolucionario y anticapitalista, y por otra parte el trabajo diario con las masas nos permite despertar su conciencia revolucionaria a través de luchas concretas que si son orientadas estratégicamente acabarán por suponer una confontación con el poder político del que se vale la oligarquía. Y es que si en los años 60-70 las demandas estudiantiles que exigían una democratización de la enseñanza eran incompatibles con el régimen político franquista, hoy las demandas que exigen una educación pública al servicio de los trabajadores son incompatibles con un régimen que no puede institucionalizar estas posiciones sin sustanciales transformaciones en su estructura, y por ello las voces que en el pasado exigían Democracia ante un régimen obsoleto y asesino son las que vuelven a cobrar hoy toda su vigencia ante un régimen que ha vendido la soberanía del pueblo a la Troika y la oligarquía de la Unión Europea.