Revista Envío-Honduras | Año: 12 - No. 41 - Marzo 2014 by Radio Progreso ERIC-SJ

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Año 12 • N° 41 • Honduras • marzo de 2014

Esta edición de la Revista Envío-Honduras es una producción del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (eric-sj). Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente.

• ¿Qué mentalidad y conciencia predominan en la sociedad hondureña, según los sondeos de opinión pública realizados por el ERIC?...............................1 • Sondeo de Opinión 2013: Balance desde la juventud hondureña........................................8 • Mujeres vulneradas en un sistema de impunidad y violencia.........................................................12

• Cuestiones básicas sobre el derecho a la consulta y el consentimiento previo..................................17 • El ascenso de la “nueva” derecha en el Partido Nacional (1): Tensiones entre modernidad y tradición en el Estado hondureño (1990-2014)................................................24 • La institucionalidad del Seguro Social en Honduras: Actores sociopolíticos y crisis del Estado de bienestar............32

Consejo de redacción: Ismael Moreno SJ, Isolda Arita, Marvin Barahona, Joaquín A. Mejía R. y Eugenio Sosa. Colaboran en este número: Ismael Moreno SJ, Gustavo Cardoza, Jennifer Ávila, Joaquín A. Mejía R., Marvin Barahona, Yesenia Martínez García, Philips Little y José Luis Rocha. Editores: Marvin Barahona e Isolda Arita Diagramación: Yasmin Pérez Impresión: Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras. Tiraje: 1 000 ejemplares

• Dos eucaristías y dos vivencias de comunión en Perú y Honduras............................................37 • Detenidos y deportados: xenofobia y dólares (2).....................40

Un punto y coma (…) Sectores de la sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos se metieron a fondo en la lucha por reorientar institucionalmente el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Y lo hicieron con alta responsabilidad y convencidos de que la institucionalidad del Estado hondureño ha de transformarse desde dentro de su institucionalidad... (…) El asunto es que los zorros del bipartidismo entendieron el calibre de los cambios que impulsan los organismos defensores de derechos humanos. Y como le entienden al trámite doraron la píldora, haciendo creer que en efecto se ponía en marcha un proceso transformador y transparente. Sin embargo, los cambios en el libreto no pasaron de ser de un punto y una coma. El punto y coma contribuyó a aceitar la imbatible maquinaria política del bipartidismo. No es cierto que los políticos quedaron al descubierto. A ellos eso ni les va ni les viene (…). Con el nombramiento del Conadeh, los políticos cachurecos y liberales dieron lección de estar dispuestos a aceptar todos los cambios que impulse la sociedad civil, con tal de que las cosas queden tal cual como ellos lo han decidido. Nuestra Palabra, 27 de marzo de 2014

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¿Qué mentalidad y conciencia predominan en la sociedad hondureña, según los sondeos de opinión pública realizados por el ERIC? Ismael Moreno, SJ*

Cuando los datos de los sondeos de opinión pública coinciden durante cuatro años consecutivos, algo fundamental quiere decir nuestra sociedad a los tomadores de decisiones en el Estado, la empresa privada, las ONG, las iglesias y las organizaciones sociales y populares. No atender a lo que la gente dice, siente y piensa, no solo es perder una oportunidad para aprender a escuchar, sino también una lamentable falta de visión estratégica en los liderazgos.

uchas cosas pueden decir los principales dirigentes y portavoces del Partido Nacional sobre los éxitos alcanzados en sus administraciones; no obstante, el cuarto sondeo de opinión pública llevado a cabo por el ERIC en 2013 establece claramente que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa fue reprobado, al tiempo que reafirmó que aquello de “seguridad y trabajo” que prometió durante su campaña fue, justamente, la causa principal de la reprobación pública. En sus cuatro años de gobierno, la sociedad hondureña sintió el peso del desempleo, la incertidumbre económica y la inseguridad personal, como no lo había experimentado en el pasado. Y si al momento de tomar posesión el nuevo gobierno presidido por Juan Orlando Hernández, este se hubiese tomado la

Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras.

molestia de buscar a un ciudadano de a pie para que le pidiera tres deseos, sin duda esa persona le pediría un empleo, seguridad y cárcel para los corruptos. Entre tantas percepciones negativas, llama la atención que en los cuatro sondeos nuestra sociedad mire su futuro con una alta dosis de esperanza y que se mire a sí misma, al menos, sobreviviendo en el territorio patrio, al afirmar la mayoría de los encuestados que no desea emigrar a otros países. A pesar de ello, estas percepciones contrastan dramáticamente con las oscuras percepciones que manifiestan sobre su situación socioeconómica y la desconfianza con que perciben a las instituciones y a los tomadores de decisiones del sector público y la empresa privada. La desconfianza, el trazo que más destaca Si los resultados obtenidos por estos cuatro sondeos de opinión se compararan con una foto del país,

el trazo que más destacaría, como fondo oscuro y tétrico, es la desconfianza de la mayoría hacia sus gobernantes. La sociedad hondureña desconfía hasta de su propia sombra. Las desconfianzas expresadas superan el cincuenta por ciento de los indicadores de percepción relativos a las instituciones públicas y sus funcionarios, siendo evidente, además, que rara vez una institución alcance el cincuenta por ciento de aceptación entre quienes afirmaron tener mucha o alguna confianza en estas. La única confianza que parece tener la sociedad hondureña, en un alto porcentaje, es en Dios; y, en menor medida, en las iglesias. La desconfianza no exime de responsabilidades Desde cualquier punto que se observen los resultados de estos cuatro sondeos, la percepción que los hondureños y las hondureñas tienen respecto de la sociedad en que viven es fuertemente contradictoria y muchas veces puede

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Sacerdote hondureño denuncia a policías por golpiza y torturas “Venía de Guarita en mi carro cuando de repente de una patrulla policial comenzaron a dispararme. Me paré, les pregunté a quién seguían. Ellos solo me gritaban: bájese, bájese. Me sacaron del carro, me rompieron la camisa y el pantalón. Me enchacharon y comenzaron a torturarme. Me ponían el cañón de la pistola en la boca y me decían: sos un narcotraficante”. Este es el relato del sacerdote Bonifacio Alvarado, párroco del municipio de Tomalá, Lempira, quien el 25 de marzo denunció en diario La Prensa los abusos de los que fue víctima el día anterior, por parte de un oficial y dos agentes de la Policía Nacional. El religioso, en compañía de las autoridades municipales y pobladores, presentó la denuncia contra los tres uniformados y demandó una investigación de los altos mandos policiales para frenar los atropellos que, según pobladores, son constantes en la zona. “Estamos muy molestos con la actitud de la Policía. Son atropellos con una persona que es respaldada por todo un pueblo. Esto no es nuevo, hay casos que no se denuncian, pero esto sobrepasó los límites”, señaló Esperanza López, alcaldesa de Tomalá, Lempira.

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resultar incoherente. Así, para el caso, mientras descalifican —hasta en un ochenta por ciento— a los partidos políticos y al Congreso Nacional, a la vez depositan en estos la responsabilidad de buscar solución a los graves problemas que padece el país, aunque en un porcentaje mucho menor. Sin embargo, en estas incoherencias aparentes se puede captar la veta de la sabiduría popular, porque una cosa es la desconfianza y otra muy distinta la responsabilidad. La gente percibe que los políticos siempre engañan, por eso la desconfianza en ellos es muy grande; y, en el extremo opuesto, deposita su menor desconfianza en las iglesias, en las que siempre percibe una dosis de engaño, pero nunca comparada con la conducta fraudulenta de los políticos. En la práctica, la gente busca en las iglesias apoyo espiritual para resolver sus problemas, pero al momento de identificar a quiénes les corresponde la responsabilidad de actuar, vuelve su mirada sobre los políticos y las instituciones del Estado para demandar respuestas a sus problemas más acuciantes. Por esta razón la sociedad hondureña descarga sobre los partidos políticos y las instituciones estatales la dosis más alta de desconfianza y, a la vez, les atribuye la mayor responsabilidad por el descalabro que actualmente viven el Estado y sus instituciones. Por lo mismo, a través de estos cuatro sondeos, la sociedad advierte a los partidos políticos su obligación de resarcir a la colectividad por los daños provocados por tal descalabro, y lo hace depositando en ellos una cuota importante de responsabilidad en la tarea de resolver los mayores problemas que aquejan a Honduras. Lo mismo cabe decir respecto del Congreso Nacional, la Corte

Suprema de Justicia y el Ejecutivo. Si estos poderes han llevado el país a la situación de inestabilidad y crisis que vive actualmente, con ello han contraído la deuda de buscar los caminos que conduzcan a la solución que la ciudadanía espera, convirtiendo de esta forma lo aparentemente contradictorio e incoherente de los datos recopilados por los sondeos, en una manifestación de profunda coherencia intuitiva de los sectores populares. Pese a todo, la gente tiene sus apuestas Lo que no queda claro en estas intuiciones populares es si los responsables de buscar solución a los problemas identificados deben ser los mismos partidos en los que se desconfía o si, por el contrario, la ciudadanía espera el surgimiento de nuevos liderazgos que contribuyan a la construcción de una nueva institucionalidad del Estado, a condición de impulsar profundas transformaciones internas. Para seguirle los pasos a estas pistas se debe volver a ver las esperanzas que la gente deposita en el futuro, que pueden ser una forma de ver el país desde la perspectiva de asumir compromisos en el presente. Esta pista se descubre en el deseo expresado por los encuestados de vigilar la conducta de los funcionarios públicos, participando a la vez en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales. Si a este deseo sumáramos la apuesta de la gente de quedarse a vivir en su propio país en lugar de migrar al extranjero, encontraríamos otra pista muy significativa relacionada con el interés de la gente en ser parte de un proceso que contribuya a construir una nueva ciudadanía, que a su vez proponga y ayude a encontrar solución a los problemas que más le preocupan.

actualidad Que Dios actúe y que Dios DIGA En esta interpretación de los datos subyace otra perspectiva que encuentra un fuerte sostén en los resultados obtenidos durante los cuatro años que el ERIC ha sondeado la conciencia pública: la confianza que se niega a los liderazgos políticos y a las instituciones estatales se transforma en una mentalidad providencialista que deposita toda su confianza en Dios para resolver los problemas terrenales de nuestra sociedad. Cuando en el cuarto sondeo (2013) la gente expresó su confianza en que será Dios quien ha de resolver los problemas que nos agobian, con ello habría ratificado la pérdida de fe en los seres humanos y en sus instituciones, depositando así toda su confianza en las instancias que Dios ha puesto en sus manos para resolver los problemas que otros no han podido solucionar: las iglesias, con lo cual llegamos a un círculo desmovilizador. Que Dios actúe y que Dios diga a través de quiénes y de qué instancias terrenales actuará, para que la gente deje que sean esas instancias y actores quienes resuelvan los problemas, porque Dios actúa a través de ellas. Esta percepción explicaría por qué los resultados de estos cuatro sondeos coinciden en señalar a cuatro actores e instancias específicas en quienes la sociedad hondureña deposita el mayor porcentaje de su confianza. El primero de estos cuatro actores es el eclesiástico-religioso, representado por las iglesias católica y evangélica a través de su jerarquía. Los porcentajes de quienes afirman tener mucha o alguna confianza en dichas iglesias oscila entre el 47 y 53%, un porcentaje que ha ido en aumento en cada sondeo y establece

la paridad de ambas instituciones en cuanto que receptoras de la confianza ciudadana. Este dato es el que mejor confirma la presencia de una mentalidad providencialista a la hora de buscar solución a los problemas sociales, la cual se diferencia de una fe religiosa comprometida porque, en esta, la confianza depositada en una confesión religiosa se une a la confianza que se le confiere a instancias sociales o seculares, públicas y privadas, que asumen la conducción de las transformaciones sociales. En el extremo opuesto, la mentalidad providencialista deposita una confianza ciega en la acción providencial de Dios, a falta de confianza en la acción humana autónoma. Para la mentalidad providencialista, una acción humana solo es válida si es conducida por la providencia divina o es el resultado inexorable de esta1. Cuando en los sondeos la gente acentúa su confianza en las instancias eclesiásticas, luego de afirmar que esperan que Dios resuelva, se puede interpretar que la sociedad hondureña se alimenta más de una fe providencialista que de una fe comprometida consigo misma y con su propio potencial para transformar su realidad histórica. Las iglesias, en su dinámica más general, promueven esta mentalidad, al tiempo que dejan una puerta abierta para que se acepte, como designio de la providencia divina, la irrupción de liderazgos religiosos que afirman que, por su medio, se cumple la voluntad de Dios, que no es otra que conducir los destinos del país, porque los políticos no lo han hecho bien. 1

Cfr., Pérez-Baltodano, Andrés, Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación: providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el desarrollo histórico de Nicaragua, Managua, UCA, 2003, pp. 25-29.

Ley de Secretos Oficiales Con la dispensa de dos debates, el Congreso Nacional aprobó en enero la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública que, para diversos sectores, representa un retroceso democrático. La legislación faculta a los titulares de las instituciones del Estado a declarar como reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta la información que se desprenda de sus quehaceres. “Podrán ser declaradas Materias Clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad, defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales”, señala el artículo 3 de la nueva ley, que ya fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, pese al rechazo ciudadano. Para las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el derecho a la información pública es inalienable porque Honduras es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3 marzo 2014

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Reducir la tasa de homicidios para aumentar el PIB El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) afirmó que, a pesar de los progresos en materia democrática, aún persiste un acelerado aumento de la violencia, el crimen y la inseguridad en la región. Un estudio de este organismo establece que si países como Honduras reducen la tasa de homicidios en por lo menos un 10%, podría aumentar el PIB per cápita anual hasta en 0,7%. Según explicó a Acan-Efe el director del Icefi, Jonathan Menkos, “la falta de acceso a la educación y la movilidad social son variables que inciden en la falta de seguridad. También la impunidad y el fácil acceso a las armas, el alcohol y drogas que se están dando en la región…”. Según Menkos, hay que seguir dos caminos: “uno, mejorar el bienestar social y la equidad, que significa progresar en educación, inserción al mercado laboral; y dos, fortalecer un camino de justicia que erradique la impunidad, que fortalezca la investigación criminal y que mejore la capacidad y control en las cárceles”.

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Un actor influyente Un segundo actor identificado en estos cuatro sondeos es el mediático, representado por los medios de comunicación, cuyo porcentaje de confianza ronda el 45%. Este actor, sin duda el más influyente en la percepción que la gente tiene de sus problemas, es también el factor que más pesa en la configuración de la conciencia pública. Lo que logra cuanto menor es el grado de escolaridad de la gente, como se deduce de los datos recabados por estos sondeos. Otras percepciones sobre la realidad hondureña se reparten en una diversidad de porcentajes, como ocurre con el tema de la violencia y la inseguridad ciudadana; pero la incidencia y el influjo de los medios de comunicación está siempre presente. En los cuatro sondeos se repite, por medio de elevados porcentajes, que la televisión es el medio de comunicación por el cual la sociedad hondureña se informa y entretiene. Y entre los canales de televisión que más destacan, se encuentran los que divulgan noticias relativas al crecimiento de la violencia social que, además, difunden simultáneamente brutales imágenes de víctimas desfiguradas con saña, e imágenes en las que el llanto e impotencia de los dolientes se funden en un solo cuadro. Si el escenario social es violento, la televisión se encarga de hacerlo más violento aún, provocando así una ola de miedo inducido que paraliza toda reacción de la población y convierte a la violencia en un monstruo del que solo Dios nos puede salvar. El resultado es obvio: la mentalidad providencialista se fortalece y se cierra el círculo que desmoviliza la conciencia ciudadana y fortalece los liderazgos y las

soluciones autoritarias desde el Estado, las iglesias y las confesiones religiosas más consolidadas. De esta forma, los medios de comunicación estarían jugando el papel de mediadores entre una realidad violenta y unas respuestas que no llegan desde la institucionalidad pública; de tal suerte que los medios de comunicación, especialmente la televisión —tan accesible desde el hogar aunque tan lejos de la conciencia ciudadana—, canaliza el imaginario político y social hacia el providencialismo religioso. Y, en el peor de los casos, hacia soluciones que solo pueden obtenerse recurriendo a más violencia, eliminando a los delincuentes que asesinan y violan, extorsionan y arrebatan la tranquilidad a las familias. Los mismos sondeos de opinión proporcionan el complemento que mejor se acopla a este tipo de soluciones: al no confiar en las instituciones de justicia, el imaginario político y social elige aplicar la justicia por cuenta propia, o crea la necesidad de una mano fuerte que, con firmeza y en nombre de Dios, castigue a los malvados. Los medios de comunicación legitiman de esta forma tanto la sed de justicia por mano propia como el “sálvese quien pueda” de la ideología neoliberal. Se confía en las soluciones de fuerza El tercer actor, en cuanto a la confianza otorgada por las personas encuestadas, son las Fuerzas Armadas, que alcanzan un porcentaje que ronda, en promedio, el 42%. Este es menor que los dos anteriores, al tiempo que, comparativamente, registra un porcentaje superior de desconfianza. No obstante, es notorio que la gente confía más en los militares

actualidad que en la policía, los políticos, los empresarios y las organizaciones populares. Se confía principalmente en su fuerza y, en consecuencia, se avalan las decisiones gubernamentales que promueven una mayor presencia de los militares en las calles y en otros espacios sociales, dejando así al descubierto una vida llena de incertidumbres y miedos, indefensión y fragilidad. Si los militares se asociaron en el pasado con la transgresión de la ley y lograron imponer la ley del más fuerte basándose en la arbitrariedad, ahora mucha gente se inclina a favor de la militarización de la sociedad como un recurso extremo que llene el vacío dejado por un sistema de justicia inoperante y desacreditado. Si los medios de comunicación moldean la conciencia social incentivando las soluciones de fuerza, los militares son el correlato histórico, en carne y hueso, de esa fuerza. La débil confianza en las autoridades locales El cuarto actor en importancia entre los indicadores de confianza, con un porcentaje cercano al 40%, es el municipio. A diferencia de los tres anteriores, el municipio vincula a la población y sus demandas con autoridades reconocidas localmente. Y así como el religioso ofrece alivios celestiales y los militares imponen la voluntad de la fuerza, el municipio es o debiera ser el espacio propicio para ejercer la voluntad ciudadana a la hora de definir políticas para prevenir o contrarrestar la delincuencia y la violencia social. No obstante, la confianza local en las autoridades es débil y registra niveles de confianza más bajos que altos.

Un paralelismo estéril En este escenario, y de acuerdo con las tendencias registradas por estos sondeos en sus cuatro ediciones, se requiere que los fines de la sociedad civil y de la sociedad política encuentren un camino común, en lugar de las vías contrapuestas que prevalecen actualmente en sus respectivas visiones al momento de encontrar las soluciones más adecuadas a la realidad nacional. Mientras estos dos cauces no confluyan en el bien común y no concentren su atención en las prioridades de la gente, el paralelismo entre sociedad civil y sociedad política seguirá produciendo un deterioro creciente de la institucionalidad del Estado y la calidad de vida de la población. Durante los últimos cuatro años, los sondeos de opinión del ERIC han reflejado los mismos problemas y desconfianzas, las mismas aspiraciones y percepciones sobre el país, lo que evidencia que existe en los sectores populares una conciencia clara del quebranto institucional del Estado, y también de la sordera del poder para no generar las respuestas que la población demanda y, muchas veces, también exige en las calles. La sociedad y los tomadores de decisiones no solo transitan por carriles opuestos; también piensan y sienten de forma distinta, lo que se concreta en lenguajes, concepciones e intereses antagónicos ante la realidad social y política del país y generan fricciones entre sí. Un ejemplo concreto es que, en cuatro años, aproximadamente el 80% de los encuestados se expresó a favor de una reforma agraria. Sin embargo, los tomadores de decisiones en el Estado y la empresa privada no solo han ignorado esta demanda social, sino que han atizado con su negligencia y parcialidad la agudización de los conflictos agrarios,

Tasa de Seguridad, un negociazo El informe de una investigación realizada por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), difundido el 18 de marzo, concluye que la Tasa de Seguridad es vulnerable a la corrupción. “El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad goza de absoluta discrecionalidad y no tiene ninguna obligación constitucional de rendir cuentas de sus acciones, decisiones y resultados”, afirma la investigación. La APJ señala que la Tasa de Seguridad es producto de una improvisación legislativa que, por la falta de transparencia y rendición de cuentas, levanta sospechas de malversación, politización y apropiación indebida de los recursos. Las recaudaciones que hace el Estado por este concepto no ingresan al Presupuesto de la República lo que “genera grandes oportunidades para la corrupción”. A juicio de la APJ, esta Tasa se ha convertido en un negociazo que tiene que ver con la compra y blindaje de vehículos para altos funcionarios y la construcción de canchas de fútbol con grama sintética, entre otros proyectos. En junio de 2011 el Congreso Nacional aprobó la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, conocida como Tasa de Seguridad, que obliga a los usuarios de la telefonía celular, a los clientes de comidas rápidas y a los dueños de cuentas bancarias superiores a los 120 mil lempiras, entre otros, al pago de un impuesto que debería ser utilizado en programas de prevención y combate a la inseguridad.

5 marzo 2014

actualidad Tolupanes retornan a sus tierras “Me siento bien alegre con mi familia, con mis hermanos tolupanes, con todos los amigos y con mi tierra”, expresaba con lágrimas en sus ojos Ramón Matute, uno de los indígenas tolupanes obligado a salir de su comunidad por sufrir persecución y amenazas a muerte, tras el asesinato de los indígenas María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez el 25 de agosto de 2013, en la comunidad San Francisco Locomapa, departamento de Yoro. El 22 de febrero, al igual que Ramón, regresaron Celso Cabrera, Firmo Matute, Consuelo Soto, Wilibran Chirinos, Ojer Ávila y Olvin Enamorado; seis meses estuvieron alejados de sus tierras y de sus familias. Su retorno se hace bajo la promesa de protección del Estado hondureño, que se comprometió a cumplir las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los seis tolupanes y sus familiares quienes, por defender sus tierras, fueron amenazados y criminalizados. La explotación minera y la deforestación del bosque en su territorio son denuncias constantes de los tolupanes de San Francisco de Locomapa; sin embargo, el gobierno ha hecho oídos sordos ante el clamor de estas comunidades. En el marco del retorno de los luchadores tolupanes se sembraron tres árboles en memoria de María Enriqueta, Armando y Ricardo como símbolo de lucha y resistencia pacífica.

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que ahora también se extienden al conjunto de los recursos naturales, contribuyendo así a generalizar tales conflictos. Las organizaciones populares, relegadas El distanciamiento entre las organizaciones sociales y populares y los tomadores de decisiones en el Estado es hoy cada vez mayor, a lo que se añade el empobrecimiento progresivo y dramático de amplios sectores de nuestra sociedad. No obstante, resulta llamativo que, en los cuatro sondeos de opinión, las percepciones sobre las organizaciones populares tienden a ubicarlas en un lugar muy secundario respecto de otros sectores a quienes la sociedad demanda mayor responsabilidad en la solución de sus problemas. Para el caso, en ninguno aparecen las organizaciones populares o el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) entre los actores que merecen la mayor confianza de la población. Esto refleja la enorme distancia que existe entre la influencia que ejercen las iglesias y los medios de comunicación, y la poca que ejercen las organizaciones populares y las entidades no gubernamentales en los sectores más empobrecidos. Esto no supone, sin embargo, que las propuestas de solución a los problemas que emergen de estas organizaciones y entidades carezcan de importancia o de seriedad; lo que se quiere destacar es que no logran penetrar en la realidad cotidiana de la gente con la misma profundidad que logran las iglesias y los medios de comunicación en la conciencia de sus clientelas respectivas. Entonces no debiera parecernos extraño que el lugar preferencial para analizar, debatir y proponer no sea la municipalidad, la casa comunal, la escuela

del barrio o la sede de las organizaciones populares, sino una sala de conferencias en un hotel de lujo ubicado en las ciudades más importantes, donde los dirigentes o los empleados de las organizaciones convocan a sus representados para discutir sobre los temas y demandas más apremiantes. Este viraje radical en cuanto al lugar preferencial para el debate, y eventualmente para la toma decisiones, implica que ya no es el dirigente popular quien se acerca a la realidad de sus bases, sino que, por el contrario, son los liderazgos de base los que han de acercarse a donde les convocan sus liderazgos y las ONG. Un distanciamiento peligroso El resultado obtenido es el cansancio de la población en cuanto a las promesas y al papel de los dirigentes de sus organizaciones. No obstante, no parece que los liderazgos populares y de las ONG estén dispuestos a asumir un papel distinto para mejorar la conducción de sus bases y asimilar las realidades más concretas de sus comunidades. El movimiento popular, las ONG y sus dirigencias son tan extraños a lo que vive y padece la gente en su cotidianidad, como lo es internet, que apenas llega al 3% de la población. Y aunque internet y sus redes sociales están transformando las relaciones humanas y las comunicaciones, para la cotidianidad de una población empobrecida sigue siendo un visitante extraño, como lo demostraron los datos del sondeo de 2013. Sin embargo, no parece evidente que las dirigencias populares y de las ONG sean conscientes de la enorme distancia que les separa de la realidad cotidiana de sus bases,

actualidad puesto que no enfrentan las mismas limitaciones, carencias y vicisitudes que la población empobrecida debe padecer en el día a día, aunque muchos dirigentes de las organizaciones populares y sociales sean de extracción popular. Este distanciamiento es muy peligroso, pero lo es todavía más la falta de conciencia que existe entre los dirigentes populares sobre este hecho. A ello contribuye también la exacerbación provocada por la ideología neoliberal en cuanto a la búsqueda de salidas individualistas, y el aislamiento, en espacios y temas limitados, de los liderazgos populares y sociales, que no logran avanzar hacia una agenda común de trabajo basada en el consenso con sus bases y siguiendo las prioridades establecidas por las demandas sociales. Esta lógica sigue impactando a los dirigentes populares y a las ONG, de manera que cada una acaba, sin darse cuenta, ofreciendo soluciones parciales a los problemas estructurales y coyunturales del país, como si fuesen recetas aplicables a todos los casos, sabiendo que al final de cuentas tienen una escasa relación con las prioridades de los sectores empobrecidos. Mientras los afanes de los liderazgos populares y las ONG se concentran en satisfacer demandas externas para garantizar la supervivencia de sus organizaciones a través de proyectos financiados, la vida cotidiana de la gente va siendo moldeada por iglesias que saben penetrar hasta el fondo de sus corazones y necesidades; y por los medios de comunicación, que siguen la misma dinámica desde una agenda propia para defender intereses opuestos al beneficio de las mayorías empobrecidas.

El caldo de cultivo de las soluciones mesiánicas y del autoritarismo A fin de cuentas —nos dicen estos cuatro sondeos de opinión pública del ERIC—, el meollo de los problemas fundamentales de Honduras reside en lo siguiente: el grado de la conciencia social y política de nuestra sociedad es muy limitado, en correspondencia con el bajo nivel de escolaridad, el escaso desarrollo socioeconómico, las profundas debilidades del tejido político y social, y la acentuada marginalidad en las políticas estatales. Este es el caldo en el que se cultivan las soluciones mesiánicas y providencialistas, sin importar de dónde provengan, siempre y cuando llenen las carencias de la debilitada conciencia social y política, y los estómagos vacíos de los empobrecidos. Por eso, en el horizonte de la sociedad hondureña se dibuja una realidad que contribuye a reafirmar los gobiernos que favorecen un ejercicio autoritario y excluyente de la democracia y un Estado de derecho ficticio, como sucede actualmente. Estas realidades objetivas y subjetivas, prevalecientes en la conciencia de la mayoría de la gente, son el terreno más fértil para que florezcan en nuestra sociedad personajes con inclinaciones dictatoriales, autoritarismos y caudillismos pasados de moda en otras realidades y que, en el fondo, al margen de los populismos de izquierda y de derecha, no buscan resolver satisfactoriamente las demandas sociales, sino imponer sus arbitrariedades a la sombra de la ley del más fuerte o de un providencialismo ultraconservador.

Seguro Social en estado de coma El informe de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), presentado el 7 de marzo, confirma la crisis financiera de la institución a causa de los malos manejos de sus administradores, atrapados en las redes de la corrupción. Entre los principales hallazgos destaca la deuda del Régimen de Enfermedad y Maternidad que asciende a 6 mil 399 millones de lempiras. Otro de los hallazgos es que la institución realizó compras no justificadas, sin atender las prioridades y sin licitación presupuestaria. Vilma Cecilia Morales, presidenta de la Junta Interventora, expresó que la junta directiva del Seguro Social incumplió reiteradamente el artículo 58 de la Ley del Seguro Social, al efectuar préstamos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al régimen de Enfermedad y Maternidad (EM). Los interventores recomendaron gestionar ante el Poder Ejecutivo y Legislativo la aprobación de recursos que permitan cubrir las necesidades prioritarias del IHSS, así como establecer un mecanismo viable de pago de la deuda que el Estado mantiene pendiente con la institución que, a la fecha, asciende a 2 mil 720.47 millones.

7 marzo 2014

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Sondeo de Opinión 2013: Balance desde la juventud hondureña Gustavo Cardoza*

Los datos del Sondeo de Opinión 2013 confirman la gravedad de la situación que viven los jóvenes en Honduras. Atrapados entre la falta de oportunidades y la violencia e inseguridad, los jóvenes experimentan desencanto ante la institucionalidad estatal y perciben un futuro incierto. Por tanto, es tarea apremiante encontrar un camino que llene de esperanza el andar de nuestra juventud para que asuma su papel de constructora de un nuevo país.

mérica Latina está en movimiento y la juventud empuja. En los últimos años, hemos sabido de movimientos que han sido noticia a escala internacional. En Chile, los movimientos estudiantiles profundizaron un debate alrededor de la calidad y el acceso a la educación pública. En México, la aparición del movimiento Yo Soy 132 planteó el debate sobre la participación activa de la juventud en la política. Y las protestas estudiantiles en Venezuela que, tanto en el pasado como en el presente, han provocado debate y controversia en esa nación. Por la importancia que tiene la juventud en nuestros países, en este balance de los resultados del sondeo de opinión llevado a cabo por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), a finales de 2013, nos proponemos destacar aspectos relevantes de las percepciones de la juventud hondureña respecto de su situación, tratando de comprender la orientación del pensar y sentir de este segmento clave de nuestra población. Escribir sobre los jóvenes es un reto difícil de sortear, especialmente por la movilidad y las relaciones sociales complejas que la edad determina en este grupo poblacional. En el sondeo de opinión que comentaremos hay datos que confirman la gravedad de la situación que los jóvenes vivimos en nuestra vida cotidiana, para lo cual desagregamos la opinión general de la población consultada para centrarnos en lo que piensan hombres

Integrante del equipo de comunicación de los jóvenes de Radio Progreso.

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y mujeres ubicados en el rango de 18 a 34 años de edad. Este sondeo fue realizado entre el 6 y el 16 de diciembre de 2013, abarcando una muestra nacional de 1540 personas adultas. Esta medición cuenta con un error muestral de aproximadamente 2.5 por ciento y un 95 por ciento de confiabilidad1. La juventud hondureña en cifras En 2009, Honduras contaba con 3,7 millones de niños y niñas menores de 18 años, representando el 48 por ciento de la población total. Mientras que el segmento poblacional ubicado en las edades de 12 a 30 años, que abarca el periodo de juventud reconocido legalmente en Honduras, sumaba un total de 2,845,063 jóvenes, que representaban el 38 por ciento de la población total2. En mayo de 2011 se registró una tendencia de crecimiento confirmada por la Encuesta Nacional de Hogares3 efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reveló que el 40 por ciento de la población hondureña es joven, sumando más de tres millones doscientas mil personas. Este segmento fue ampliamente consultado por el sondeo del ERIC-SJ, ya que el 49.3 por ciento de los encuestados son hombres y 50.7 son mujeres, ubicados en el rango de 18 a 34 años de edad. 1 2 3

Boletín Sondeo de Opinión Pública, ERIC-SJ, El Progreso, Yoro, enero de 2014. INE, 2009. INE, Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, realizada en mayo de 2011.

actualidad Los jóvenes ante los problemas nacionales El 43 por ciento de los jóvenes cree que los principales problemas que enfrenta Honduras son la economía, la pobreza y el desempleo. En una proporción similar, el 43.1 por ciento piensa que el principal flagelo es la violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana. En síntesis, 9 de cada 10 jóvenes consultados consideran que los problemas de mayores consecuencias para ellos se ubican en la economía y la seguridad. Al consultar a este segmento sobre el principal logro del gobierno que presidió Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), los porcentajes más bajos se registraron, precisamente, en los relacionados con los problemas más sentidos por la juventud. La reducción de la pobreza y la mejora de la economía apenas sumaron un 2.5 por ciento en la percepción de los jóvenes; y el combate a la delincuencia, la depuración de la policía y las medidas de seguridad no pasaron del 3.6 por ciento. El desencanto de los jóvenes, respecto del incumplimiento o la falta de esfuerzos gubernamentales concretos para resolver estos grandes problemas, se confirmó en el significativo 42.4 por ciento que respondió que dicho gobierno no alcanzó ningún logro. Empleo contra desempleo, el desafío más serio “Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del mismo”4, establece la Convención Iberoamericana de la Juventud en cuanto al derecho laboral de la juventud. Y ante la angustiosa situación actual, el acceso a un empleo digno es una necesidad más que sentida por la juventud hondureña. Por otra parte, Honduras tiene alrededor de 800 mil jóvenes, entre 14 y 30 años, que no estudian ni trabajan. El profesor Manuel Flores, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), experto en economía y estudios de población, sostiene que, “para el año 2015 y como mínimo hasta el año 2040, Honduras tendrá la mayor cantidad de gente joven en edad de trabajar de su historia”5. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Honduras registra un altísimo porcentaje de desempleo. Un informe presentado en 2010 reveló que 4 5

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Derecho al trabajo, artículo 26, numeral 1. En, http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/ Unos-800-000-jovenes-ni-estudian-ni-trabajan-en-Honduras/ (notacompleta)/1

“el 68,3 por ciento de todos los desempleados del país son jóvenes. En efecto, de cada 10 desempleados casi 7 son jóvenes entre los 15 y 29 años de edad”6. ¿Qué hace el Estado hondureño para resolver la situación de los jóvenes desocupados? Esta pregunta requiere algo más que simples promesas de campaña y un debate a fondo en todos los sectores de nuestra sociedad. Irse o quedarse, esa es la cuestión Según algunas organizaciones dedicadas a la atención de adolescentes y jóvenes, el 60 por ciento de las personas que emigran al extranjero se encuentran entre 20 y 34 años de edad7. Por su parte, el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) proyectaba para 2013 el arribo forzado a Honduras de unos 35 mil deportados desde otras naciones, principalmente desde los Estados Unidos de América (EUA), la mayoría jóvenes8. No obstante, según el sondeo de opinión del ERIC, el 55.1 por ciento de los jóvenes encuestados no desea emigrar, ante un 44.8 por ciento que sí desea hacerlo. Aunque más de la mitad de estos prefiere enfrentar sus desafíos quedándose en Honduras, existe una tendencia cada vez más clara, y en proceso de aceleración, favorable a la migración de los jóvenes al extranjero, especialmente hacia los EUA. El mismo sondeo reveló que entre los jóvenes — en la desagregación de los datos por pertenencia de género—, son las mujeres quienes más reafirman su preferencia por seguir viviendo en Honduras. El 62.7 por ciento de ellas aseguró no querer migrar, mientras que este indicador solo registró el 47.2 por ciento entre los hombres. Entre quienes indicaron su preferencia por emigrar al extranjero, las mujeres (78%) y los hombres (82%), señalaron que la causa es “la mala economía” y la falta de oportunidades para mejorar sus ingresos en el país. Los jóvenes y los medios de comunicación El 55.2 por ciento de los jóvenes encuestados afirmó que se informa de lo que sucede en el país a través de las noticias difundidas diariamente por los medios de comunicación, especialmente la televisión. Un dato 6 OIT, Informe Trabajo Decente y Juventud, Honduras 2010. 7 Casa Alianza, 2008. 8 Diario El Heraldo, en http://www.elheraldo.hn/SeccionesPrincipales/Al-Frente/Exclusion-y-riesgo-golpean-a-juventudhondurena. 9 marzo 2014

actualidad relevante es que la mitad de los consultados no utiliza los servicios de internet para informarse, ni para ninguna otra actividad, por dificultades de acceso. La OIT reafirma este dato al informar que en Honduras “sólo el 16,2 por ciento de los jóvenes utiliza Internet, de los cuales el 28,4 por ciento son jóvenes urbanos y 5 por ciento rurales”9. La televisión sigue siendo el medio de mayor acceso para los jóvenes: el 79.3 por ciento de los consultados se informa a través de este medio. Los demás porcentajes son: un 12.2 por ciento que se informa por medio de la radio, y un 5.2 por ciento a través de la prensa escrita. Apenas el 3.3 por ciento lo hace por medio de internet. Los jóvenes y su participación política Cuando se les consultó sobre su interés en la política, el 56.5 por ciento respondió que tiene poco o ningún interés en la política, mientras que al 43.3 le interesa algo o mucho. No obstante, al ser consultados sobre su conducta ante el nuevo gobierno, los jóvenes respondieron señalando dos acciones puntuales: la vigilancia y la participación. La necesidad de que la sociedad ejerza vigilancia sobre sus gobernantes se ubicó en un 49.3, y la necesidad de participar en 46.8 por ciento. Estos datos entroncan, además, con los proporcionados por el PNUD, según los cuales el 72.7 por ciento de los jóvenes no confía en los partidos políticos10. Los jóvenes ante la violencia y la inseguridad Según la organización Casa Alianza, entre 1998 y 2010 fueron asesinados en Honduras por lo menos 5,200 jóvenes menores de 21 años, señalando entre sus victimarios a escuadrones de la muerte, bandas del crimen organizado, efectivos de la policía y disputas entre pandillas11. De acuerdo con el informe anual de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en 2013 se promedió 591 homicidios al mes y 20 por día, coincidiendo con los datos proporcionados por el Observatorio de la Violencia de la UNAH, que afirmaba que si persistían las mismas condiciones al final de ese año, la tasa de homicidios

9 OIT, Trabajo Decente y Juventud, Honduras 2010. 10 PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2008/2009: “De la exclusión social a la ciudadanía juvenil”, 2010. 11 Casa Alianza, 2010. 10 envío

por cada cien mil habitantes podría ubicarse entre 80 y 83 víctimas12. Los jóvenes ante la corrupción y la impunidad El sondeo del ERIC registró que para el 58.3 por ciento de los jóvenes encuestados la corrupción pública aumentó, mientras que para el 36.2 por ciento siguió igual; esto indica que la mayoría de jóvenes percibe graves y reiterados abusos de corrupción en la administración pública, en lo que coincidió el 94.5 por ciento de los encuestados. Por su parte, el ya citado informe del PNUD indica que el 60.8 por ciento de los jóvenes considera que existe “mucha” corrupción en Honduras, mientras que el 32.9 por ciento afirma que existe “bastante” corrupción, opiniones que representan el 93.7 por ciento de los encuestados, coincidentes con los datos del sondeo practicado por el ERIC. En cuanto a la impunidad, el 52 por ciento del segmento ubicado entre 18 y 34 años consideró que la aplicación de la justicia sigue igual, mientras que el 29.7 por ciento percibió que esta ha empeorado; apenas un 18.2 por ciento estimó que este indicador mejoró. Derechos Humanos, otra asignatura pendiente En 2009 se impulsó la denominada “Ruta Social para un Buen Gobierno por la Infancia, Adolescencia y Juventud, Honduras 2010-2015”, un pacto firmado por la sociedad civil y otros sectores, que exigían “respetar y hacer cumplir los derechos humanos y garantías de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, establecidas en nuestra legislación nacional y en los principales instrumentos internacionales vinculantes suscritos y ratificados por el Estado de Honduras”13. Este pacto sigue en espera de un cumplimiento efectivo por parte del Estado, como resulta evidente en las consecuencias que la violencia y la desprotección social tienen actualmente en la vida cotidiana de la juventud hondureña. Según la legislación internacional en esta materia, los Estados nacionales deben “reconocer el 12 Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras, Desafíos y Avances, 2013. 13 Pacto Ruta Social para un Buen Gobierno por la Infancia, Adolescencia y Juventud Honduras 2010-2015, 25 de noviembre de 2009. Impulsada por la Alianza por la Infancia, Adolescencia y Juventud.

actualidad derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales”14. Pese a estos compromisos nacionales e internacionales en cuanto al respeto, vigilancia, tutoría y promoción de los derechos humanos, nuestra juventud —como lo demuestran los datos recopilados por este sondeo de opinión— percibe como muy alejada de su vida diaria la cultura de respeto a sus derechos que tales instrumentos proclaman. Según el sondeo del ERIC, solo dos de cada diez jóvenes (19.9%) cree que la situación de los derechos humanos ha mejorado; el 22.3 por ciento considera que ha empeorado y el 56.8 piensa que el respeto a los derechos humanos ha seguido igual. Esto se refleja con mayor agudeza en las cifras obtenidas en cuanto a la violación de los derechos de las mujeres, según las cuales el 66.9 por ciento estimó que los derechos humanos de las mujeres se irrespetaron totalmente. En correspondencia con tales datos, 7 de cada 10 jóvenes desconfían de la institucionalidad estatal, lo que incluye a la Policía Nacional, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el gobierno central, entre otras instituciones que, por ley, tienen asignadas responsabilidades específicas para con los jóvenes.

terés o desapego de los jóvenes respecto de las prácticas religiosas predominantes en las iglesias mayoritarias en Honduras. Este aspecto de la relación de los jóvenes con las iglesias nos hace recordar las palabras, pronunciadas en la fiesta de Pentecostés de 1978, por Monseñor Romero que proclamó: “Jóvenes, en ustedes la Iglesia se renueva, en ustedes el Espíritu de Dios es como agua fecunda para la humanidad… en todo el ámbito de sus fronteras…, Que ustedes sean ese reverdecer”15. Para los jóvenes no todo está dicho Al iniciar el mes de marzo de 2014, Nuestra Palabra, voz editorial de Radio Progreso, resumía el pensar y sentir de muchos jóvenes ante los retos de la realidad actual: El respeto a la vida de nuestros jóvenes pasa por tener acceso a una educación de calidad, pasa por tener oportunidades de empleo con salarios dignos, pasa por tener espacios donde puedan desarrollar sus talentos. Tal y como se presenta nuestra realidad, van a continuar las repercusiones y asesinatos contra los chavos y chavas. Necesitamos transformar a la sociedad y a la institucionalidad del país para que responda a las necesidades de las mayorías, que vele por sus intereses y sobre todo que tenga en el centro de sus prioridades a la persona humana, de lo contrario estaremos condenando a que los chavos y chavas sigan creciendo en un país lleno de injusticia social acompañada de persecución y muerte, de la cual son las principales víctimas16.

Los jóvenes ante las iglesias En materia de religión, la pertenencia de los jóvenes está distribuida equitativamente, aunque la preferencia por las iglesias evangélicas se ubica en un 2.4 por ciento por encima de la Iglesia católica. No obstante, casi un tercio (29.4%) afirmó no tener ninguna afinidad ni con la Iglesia evangélica ni con la católica. Esto puede indicar un grado considerable de desconfianza, desin-

Todo lo anterior indica que la tarea más apremiante de este momento es encontrar un camino que llene de esperanza el andar de nuestra juventud, para que esta asuma su papel de constructora de un mundo nuevo en el que la paz prevalezca sobre la violencia, y la justicia se imponga sobre la desigualdad y la impunidad.

14 Convención Iberoamericana de la Juventud, artículos 2 y 3.

15 Fragmento de la vigilia de Pentecostés, del 13 de abril de 1978. 16 Radio Progreso, Nuestra Palabra, 1 de marzo de 2014.

11 marzo 2014

actualidad

Mujeres vulneradas en un sistema de impunidad y violencia Jennifer Ávila*

En el Sondeo de Opinión Pública realizado por el ERIC en diciembre 2013, las mujeres expresaron su preocupación respecto a la violencia que arrebata la vida a miles de hondureños y hondureñas, y colocaron este problema como el principal que enfrentan el gobierno y la sociedad. No obstante, las mujeres aún guardan esperanza y esta es más fuerte que el miedo.

n Honduras la violencia sigue siendo progresiva. Esa es la percepción de la gente, hombres y mujeres que a diario se rifan la vida en las calles. Miles ganan menos de lo que les permitiera sobrevivir. Muchos se la pasan aguantando condiciones precarias de trabajo o sosteniendo un nivel de vida por debajo de la sobrevivencia. Ante este panorama, la situación de las mujeres parece empeorar cada día, desde la falta de equidad en las oportunidades de desarrollo, hasta la muerte que las acecha tanto en los espacios privados como en los públicos. De la población total de Honduras, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), unos 8 millones 535 mil 692; el 52% son mujeres y el 48% hombres. Concentrada la mayor parte de esta población en el área urbana del Distrito Central y San Pedro Sula, la violencia es parte cotidiana de sus vidas. Ambas ciudades han sido catalogadas como las más violentas del país y escenario en los últimos meses de *

Integrante del equipo de comunicación de los jóvenes de Radio Progreso.

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los operativos militares propuestos como salida a la inseguridad por el actual gobierno nacionalista. En el Sondeo de Opinión Pública realizado por el ERIC en diciembre 2013, las mujeres expresaron su preocupación con respecto a la violencia que está quitando la vida a miles de hondureños y hondureñas y colocaron este problema como el principal al que se enfrenta el gobierno. A pesar que el 70.7% de las mujeres encuestadas se dedican a los quehaceres del hogar, es decir que pasan la mayor parte de su tiempo en el ámbito privado, y manifestaban no ser víctimas directas de esta violencia, su percepción sobre la realidad es muy cercana a lo que se vive en las calles y no le ven una salida pronta a pesar de conocer las medidas anunciadas por la nueva administración para atacar este flagelo. Solo para contextualizar, el 49.7% de las mujeres dijeron sentirse poco o nada seguras ante la Policía Militar del Orden Público y ante la policía preventiva un 57.5% dijo sentirse poco o nada seguras. El resto ya lo podemos imaginar, ellas

mismas dieron muy bajos porcentajes a estos entes como solución a la ola de violencia que califican como el principal problema del país. Femicidios En Honduras la tasa de femicidios aumenta cada año, ahora las cifras del Observatorio de la Violencia nos revelan que cada 12 horas es asesinada una mujer y que el 97% de los casos están en la impunidad. El gobierno saliente de Porfirio Lobo Sosa ha sido catalogado como el más violento contra las mujeres y ellas mismas lo expresaron en el Sondeo de Opinión Pública asegurando que la violación a los derechos de las mujeres no ha mejorado, sino empeorado. El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla ha registrado, entre enero y febrero de 2014, más de 40 asesinatos de mujeres a nivel nacional. Mientras que un informe reciente del Observatorio de la Violencia de la UNAH registró que solo en 2013 se presentaron 635 muertes contra mujeres, lo que incrementó la tasa de homicidios en 14.3 por cada cien mil habitantes. Cifras que evidencian que las fémi-

actualidad nas entre los 20 a 30 años son las más afectadas. La situación se agrava cuando prevalecen criterios discriminatorios y misóginos, presentes en cuanto las mujeres o familias de las víctimas exigen justicia y se ven enfrentadas a una revictimización. Las mujeres siguen siendo un grupo vulnerable en la sociedad hondureña porque desde el Estado las políticas públicas no atacan la violencia desde la percepción de seguridad que tienen las mismas mujeres. Ante este planteamiento, el Foro de Mujeres por la Vida, el ERIC y Radio Progreso impulsan desde el año pasado una campaña que ayuda a construir ese concepto de seguridad desde los derechos de las mujeres y la importancia de tener un acceso adecuado a la justicia. Nohemí Dubón es una mujer que ha trabajado en la defensa de los derechos de las mujeres por muchos años, primero apoyando procesos de obreras de la industria maquiladora ante las violaciones de sus derechos laborales. Ahora trabaja el tema de los femicidios con el Foro de Mujeres por la Vida y asegura que en estos tiempos las mujeres deben luchar por su derecho a la libertad y la justicia. “Ya no queremos vivir encerradas en nuestras propias colonias, en las calles militarizadas, en un país con un ambiente de guerra porque los fusiles están por todos lados”, expresa esta mujer a quien también le ha tocado desplazarse forzosamente a raíz de la violencia, como muchas otras mujeres en Honduras. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), existe una relación directa entre el fenómeno del desplazamiento con

el aumento de la criminalidad; en Honduras las principales zonas de riesgo y expulsión de víctimas de la violencia son los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón, Copán, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Comayagua, Yoro, Olancho y Choluteca. Fernando Protti, representante regional de ACNUR para Centroamérica, México y Cuba, asegura que muchas víctimas que buscan asilo o tienen que salir desplazadas de sus hogares son mujeres, pues en el caso de grupos criminales como maras y pandillas, éstas son más vulnerables a los secuestros, violencia sexual y asesinato. “La violencia contra nosotras es extrema, además de todas las violencias que sufrimos las mujeres en lo privado y en lo público, llegamos al extremo del feminicidio, crímenes de mujeres se dan y este gobierno no da respuesta. Hay un 97% de impunidad. No se están judicializando los casos”, explica Dubón. A pesar de que después de más de 10 años de lucha para que el delito de femicidio quedara en el marco legal hondureño, y que el 21 de febrero de 2013 el Congreso Nacional reformara por adición el Código Procesal Penal para su tipificación con una pena de 30 o 40 años de cárcel, los movimientos feministas aseguran que esto es solo una estrategia del gobierno para decir que se está haciendo algo, cuando en la realidad la situación no ha mejorado. Actualmente Honduras es signataria de dos importantes convenciones en materia de derechos de las mujeres: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Vio-

lencia Contra la Mujer. Además de convenios como el No. 100 Sobre la igualdad de remuneración, el No. 111 Sobre la discriminación en el empleo y ocupación, el No. 156 Sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. A nivel nacional se suman la Ley contra la Violencia doméstica y la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer. A pesar de estos convenios y leyes, según Dubón, el Estado tiene aún la venda en los ojos ante la realidad que desangra a las mujeres en el país. “La violencia contra las mujeres se expresa desde la discriminación y siempre va acompañada de violación sexual, mutilaciones, hay un ensañamiento contra nuestros cuerpos”, explicó. Es por eso que el ERIC y Radio Progreso, en coordinación con el Foro de Mujeres por la Vida, una plataforma que aglutina a distintas organizaciones de mujeres a nivel noroccidental, desarrollan desde hace algunos meses la campaña Ni encerradas Ni con miedos, “Seguridad para todas, en todos los espacios, con todos nuestros derechos”, cuyo propósito es construir y exigir una seguridad que abarque todos los derechos de las mujeres, una seguridad que se base en el acceso equitativo de estos derechos y a la oportunidad de desarrollarse plenamente. La violencia tiene muchas caras en Honduras. Una violencia enraizada Las mujeres consultadas por el Sondeo de Opinión dejaron clara su percepción sobre la violencia. El 66.3% de las encuestadas creen que la delincuencia aumentó en 2013, así como el 49.6% destacó que la presencia del narcotráfico también lo hizo. Al ver el aumento de la violencia, especialmente por los medios 13 marzo 2014

actualidad de comunicación, a los cuales dicen tener confianza, inmediatamente vinculan la actividad del narcotráfico y del crimen organizado como la guerra silenciosa que está cobrando tantas vidas en Honduras. La droga ha entrado hasta en las más pequeñas células delictivas y ha construido también un imperio donde grandes grupos son capaces de mover las estructuras del Estado y la sociedad. Jóvenes, blanco de los crímenes Ocho de cada diez muertes violentas ocurridas en el país son de jóvenes menores entre los 14 a 35 años. De parte de la oficialidad las muertes ocurren producto de las actividades ilícitas que realizan a lo interno de bandas criminales o dentro de las “tan temidas maras y pandillas”. Estos grupos que desde su reestructuración han incluido como negocio fundamental la venta y distribución de droga después de la extorsión. Existen muchos factores económicos, sociales y personales que hacen que un adolescente, hombre o mujer, decida ingresar a una pandilla. A muchos los arrastró la pobreza extrema en que viven en sus hogares, la violencia sexual, el maltrato infantil, el desempleo, el fácil acceso a las armas y las drogas y, en todos los casos, crecer en un entorno de violencia donde las pandillas se disputan los territorios y se convierten en familias. En el caso particular de las mujeres, las motivaciones que las arrastran responden a la necesidad de pertenecer a un grupo, de tener identidad; la búsqueda de protección y afecto; la necesidad de dinero; el deseo de reconocimiento y de escapar de un entorno familiar conflictivo y de violencia. Muy poco 14 envío

se ha estudiado el papel de las mujeres en las pandillas, sin embargo ahora con la reestructuración de estos grupos, están volviendo a aparecer especialmente como víctimas de hechos violentos y son estigmatizadas con el sello de criminales. Para estas adolescentes salir de la pandilla no es nada fácil, ya que el estigma es muy pesado, no poder tener un trabajo fijo porque muchas veces andan huyendo, o porque no las emplean por su pasado las expone en esas mismas condiciones que las llevaron al crimen. Cuando hay hambre y desesperación esas ideas vuelven a la cabeza. Así muchas mujeres viven este fenómeno de forma distinta, muchas son madres de pandilleros. Mujeres que se han comprometido con internos en centros penales y luego no pueden salir de esa vida. Mujeres que han tenido que desplazarse porque las han amenazado o han asesinado algún miembro de su familia. Mujeres que han caído en la inmensa red de prostitución que desde el crimen organizado se teje. Y las mujeres que han sido víctimas, las que se quedan como víctimas y las que se convierten luego en victimarias, un círculo que está lejos de romperse y que supone una responsabilidad para toda la sociedad. Violencia económica La mayoría de las mujeres encuestadas en el Sondeo de Opinión son jefas de hogar, un trabajo que en Honduras no tiene remuneración ni beneficios laborales, por lo cual entran en la población económicamente activa que no trabaja y en muchos casos tampoco estudia. De allí esta cifra: del total de la población que trabaja el 69.3% son hombres y el 30.7% son mujeres. Entre los que sólo estudian no existen diferencias significativas

entre ambos sexos, pero sí la hay entre los que ni estudian ni trabajan (NINIS), donde las mujeres son mayoría: 80.3% contra 19.7% de hombres. Este dato solo corrobora que en Honduras no se considera como empleo el trabajo doméstico, una de las causas por las que en este país no existen las mejores condiciones para que las mujeres se desarrollen en iguales condiciones que los hombres. Otra forma de violencia contra las mujeres. Hay analistas que coinciden en que el mayor problema de las mujeres no es el desempleo sino el subempleo que se traduce en trabajo doméstico no remunerado o trabajos a domicilio o por cuenta propia que no permiten a las mujeres ni trabajar formalmente ni estudiar. Es por esta realidad que las mujeres encuestadas en un 43.3% señalaron que una de las principales acciones que esperan del nuevo gobierno de Juan Orlando Hernández, es la creación de fuentes de empleo y en segundo lugar con 18.7% esperan que el gobierno mejore la economía nacional. Migración Cada año, el Foro Económico Mundial publica el informe The global gender gap report, en el cual enlista a los países según el acceso que como Estados garanticen a las mujeres para su desarrollo económico, político, de salud y educativo. En conjunto, la disparidad de género se redujo ligeramente en todo el planeta en 2013, ya que 86 de los 136 países estudiados, que representan más del 93% de la población mundial, mostraron mejoras. Pero “el cambio es definitivamente lento”, dijo una de las autoras del reporte, Saadia Zahidi, al presentarlo en noviembre pasado.

actualidad El único país latinoamericano que aparecía en la lista de los primeros diez, fue Nicaragua. A pesar que frente al nuevo mundo, Honduras ha quedado atrás en el respeto y acceso a los derechos fundamentales, especialmente de las mujeres —que aún siguen en la lista de grupos vulnerables— las mujeres encuestadas en el sondeo de opinión del ERIC aseguran no tener deseos de migrar, a pesar de que son conscientes de la realidad cruda que está afectando al país y a sus más allegados, su familia. El 83% de los emigrantes hondureños en ruta hacia los Estados Unidos de América son hombres y 17% mujeres, según el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR). Sin embargo esta migración afecta directamente a las mujeres ya sea que trabajen fuera de la casa o dentro. En la encuesta, estas mujeres señalaron como segundo problema grave la pobreza que provoca la migración de unos 100 mil habitantes al año, según las cifras del Foro Nacional para las Migraciones (Fonamih). El 57% dijo que en su familia la situación económica siguió igual y el 24% que empeoró. El que los porcentajes entre siguió igual y empeoró sean tan reñidos o cercanos significa que la economía viene en picada y al decir que ha seguido igual, significa que ha seguido igual de mal. En cuanto a la pobreza fueron claras: el 47% dijo que empeoró en el país y el 45% que siguió igual, ha seguido igual de mortífera para las familias hondureñas, que ya viven en un 70% con menos de un dólar diario. Derechos humanos Con el sondeo de opinión pública se puede verificar que es una

necesidad general hablar del respeto a los derechos humanos pues la mayoría de las encuestadas y encuestados identificó que está ausente por parte del aparato estatal encargado de velar por los mismos. Aunque la respuesta siguió igual predominó en estas preguntas, el panorama es desalentador pues el que siga igual, sin acceso a los derechos es reflejo de la impunidad con la que se mueve todo el engranaje social y denota cierta indiferencia o poca esperanza por parte de las mujeres en que las cosas puedan cambiar si se atiene a la voluntad política del Estado. Si hablamos de la administración del Estado, a través de la cual las políticas públicas deberían canalizarse, actualmente el Estado de Honduras cuenta con un mecanismo nacional responsable de coordinar las políticas públicas para el avance de las mujeres: el Instituto Nacional de la Mujer. Esta entidad cuenta con una planta de cincuenta empleados y empleadas, quienes generalmente son removidos con los cambios de las gestiones gubernamentales, perdiendo con ello la experiencia técnica y política acumulada, indispensable en un Estado históricamente androcéntrico. A ello se suma el poco presupuesto otorgado que corresponde al 0.001% del presupuesto nacional y el 0.026% del presupuesto de la administración central. Según el Centro de Derechos de Mujeres, en Honduras existen 75 instituciones de gobierno, dependientes de los tres poderes del Estado y solo 4 de ellas tienen en su estructura organizacional una Unidad de Género que promueva las políticas públicas sectoriales en esta materia. La Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa siguió de cerca en su momento la situación

de los derechos humanos desde que ocurrió el golpe de Estado el 28 de junio de 2009, incluyendo la situación de los derechos humanos de las mujeres. Concluyó que hubo un deterioro general en la protección de los derechos humanos en Honduras. La Embajada ha reportado sobre el deterioro a la mínima protección que ya existía antes del 28 de junio hacia los derechos humanos de comunidades vulnerables, incluyendo las mujeres. Así también organizaciones como ACI-Participa ha segregado a la población, incluyendo en los grupos vulnerables a las mujeres. “Las muertes de mujeres y de jóvenes en Honduras son invisibilizadas”, cuestionó Leo Valladares, ex Comisionado Nacional de Derechos Humanos y director de la organización. Ante esta situación, campañas como Ni encerradas Ni con miedos se enfrentan a la pared que el mismo Estado pone en la materia y hasta se convierte en un enemigo cuando las políticas públicas sobre seguridad van en contra de los nuevos conceptos que de la misma tienen las mujeres. Hablamos de las políticas represivas de seguridad como la salida a las calles de los militares, acción por la cual la campaña y otras muchas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se han pronunciado en contra. Un modelo de justicia ideal En el Sondeo de Opinión Pública, el 54.3% de las mujeres dijeron creer que el acceso a la justicia ha seguido igual y un 29.1% que ha empeorado. La realidad habla por sí sola, el aumento en los asesinatos es solo el producto de la impunidad que da cuentas de apenas un 3% de los casos de femicidios judicia15 marzo 2014

actualidad lizados y en los casos de denuncia por violencia sexual y otras formas de violencia, ya son muchos los expertos que plantean que el sistema violenta a las mujeres en su forma de proceder. Desde la raíz al sistema de justicia hay que reformarlo y eso es lo que ha querido demostrar la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia que tiene seis años de trabajar en procesos de prevención de la violencia basada en género, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida. La Red contra la Violencia hacia la Mujer conformada por organizaciones de sociedad civil, entre ellas Udimuf, el Observatorio de la Violencia de la UNAH y organizaciones de iglesias, lleva un proceso de auditoría a las instancias de denuncia y ejecución de justicia para que se lleven procesos respetuosos a las mujeres y justos. “Es toda una estrategia de acompañamiento, demanda y denuncia en este tema. De manera conjunta se ha formado y sensibilizado y ahora también hacemos inspectoría de la Casa Refugio que depende de la alcaldía de La Ceiba porque queremos tener un espacio para garantizar la seguridad de las mujeres en un proceso penal”, explica la abogada María del Carmen García, quien forma parte de esta unidad.

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La propuesta de montar un Modelo de Atención Integral que hasta ahora funciona de lunes a viernes solamente en La Ceiba se pretende exportar a todo el país. Este modelo une al Ministerio Público, la Secretaría de Salud y la Corte Suprema de Justicia para que se ejecuten procesos judiciales que no revictimicen a las mujeres, como actualmente sucede en el sistema nacional. “Tenemos la atención de una psicóloga que hace uso de una cámara Gesell y trata de minimizar la revictimización, las mujeres no llegan a la Fiscalía sino al hospital y esto funciona de tal manera que las mujeres víctimas tienen acceso a atención médica. Solo en La Ceiba se ha logrado coordinar estos sectores, tenemos 3 o 4 años de estar en esto y es difícil. La diferencia se nota cuando la mujer es atendida con este modelo, las mujeres han dado testimonio, pero estamos en proceso de construcción”, explicó García. Sin embargo, aún hay muchos obstáculos para que este modelo “ideal” se exporte a todo el país. Obstáculos que van desde leyes arbitrarias hasta conflictos de las organizaciones de mujeres con la institucionalidad, que se agudizaron desde el golpe de Estado. Por ejemplo, en Honduras la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE)

es ilegal, y por esto no se ha podido establecer un protocolo de seguridad y salud integral para la atención de víctimas de violencia sexual ni siquiera con el MAI de La Ceiba. “Tiene que haber voluntad política de las instancias encargadas de la seguridad y la justicia en Honduras, ahora hay un proyecto de ley para que se impulse este modelo de forma nacional y esperamos se logre”, concluyó García. Aun se desconoce si las mujeres encuestadas saben lo que implica cada respuesta, cada puntuación. Pero con los resultados de este sondeo se corrobora la crisis que la gente percibe y en el caso de las mujeres se agudiza cuando se conoce que forman parte de la población más vulnerable, no solo por razones de pobreza sino por su género. Lo que no se puede obviar y lo que las autoridades actuales deben escuchar es ese clamor que con mucha esperanza tienen estas mujeres, violentadas por muchos años. Estas mujeres aún guardan esperanza y eso es más fuerte que el miedo. Aun creen que llegará el cambio que necesitan y que el Estado les garantizará un buen empleo y la mejora de la economía en sus hogares, algo que puede comenzar a bajar los índices de migración y violencia que ahogan a Honduras hoy por hoy.

debate

Cuestiones básicas sobre el derecho a la consulta y el consentimiento previo Joaquín A. Mejía R.*

En los últimos años se está promoviendo un proceso agresivo de concesiones de los recursos naturales que no fueron previamente consultadas con las comunidades afectadas. Como se explica en este bien fundamentado artículo, si el Estado de Honduras no quiere seguir apareciendo como violador de derechos humanos, debe revisar todas las concesiones autorizadas sin consulta previa, así como aquellas que, aunque hayan respetado dicho derecho, estén provocando daños ecológicos significativos, ya que se tornan ilegales y deben ser revocadas de inmediato. Introducción El Estado de Honduras ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante Convención Americana o el Pacto de San José) el 5 de septiembre de 1977 y reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) el 9 de septiembre de 1981. De esta manera, el Estado hondureño asumió de forma soberana la obligación de cumplir las disposiciones establecidas en el texto convencional y cedió al tribunal interamericano la potestad de vigilar dicho cumplimiento, cuyas interpretaciones y resoluciones deben ser asumidas y consideradas por los órganos internos en el ámbito de sus facultades y atribuciones. Un aspecto fundamental de las normas de la Convención Americana es que no impiden ni desalientan el desarrollo, pero exigen que este se realice respetando y garantizando los derechos de las personas y comunidades que pudieran ser afectadas, ya que el progreso social y la prosperidad económica solo puede sustentarse si las poblaciones viven en un medio saludable y los bienes naturales son gestionados con cuidado y responsabilidad1. *

Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, investigador del ERIC-SJ y Radio Progreso. 1 CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96. Doc. 10 rev.1. 24 de abril de 1997.

Por tanto, los Estados y las poblaciones tienen derecho al desarrollo, lo cual implica que tienen la libertad de explotar sus bienes naturales, incluyendo el otorgamiento de concesiones y la apertura a inversiones internacionales, pero de manera tal que sea necesariamente compatible con los derechos humanos, ya que no hay propiamente desarrollo sin respeto pleno a tales derechos. Para garantizar la compatibilidad de los proyectos de desarrollo con los derechos humanos, la Convención Americana impone a las autoridades estatales ciertas limitaciones y deberes de obligatorio cumplimiento para que se gestionen en forma sostenible y aseguren la protección del medio ambiente, particularmente cuando se trata de bienes naturales que se encuentran en territorios de los pueblos indígenas y tribales. En los últimos años, particularmente a partir del golpe de Estado, se está promoviendo un proceso agresivo de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos, en proporciones percibidas como intolerables por las comunidades afectadas y sin que previamente fueran consultadas acerca de la viabilidad de los proyectos y de su impacto en la vida y la salud de sus miembros2. 2

NAJARRO, Tania, ¿Cuál es el impacto de las concesiones de recursos naturales (agua, bosque, minería) en territorios indígenas de Honduras? Oxfam/OCDIH, Tegucigalpa, 2011. La riqueza forestal que caracteriza al país (aproximadamente 87.7% del territorio) generó el desarrollo de actividades económicas que han ocasionado un enorme daño ambiental. En SANDOVAL COREA, Rigoberto, “El aprovechamiento forestal y la vulne17 marzo 2014

debate Así, por ejemplo, se han derogado normas que prohibían la ejecución de proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas del país3 y que ponen en riesgo la vida y la salud de las comunidades ubicadas en los territorios cuyos ríos están siendo concesionados, como sucede con la gestación de 24 proyectos hidroeléctricos solo en el departamento de Atlántida, la mayoría sin contar con suficientes estudios técnicos4. A la vez, se ha aprobado una nueva Ley de minería que, de acuerdo con varias organizaciones de la sociedad civil, fue elaborada sobre la base de garantizar la seguridad jurídica para las inversiones, aunque entren en conflicto directo con varios derechos humanos que el Estado hondureño está obligado a proteger, respetar y garantizar5. Ante este escenario, las comunidades se han organizado para enfrentar y denunciar los impactos sociales y ambientales de este tipo de proyectos, por lo que muchos de sus líderes han sido víctimas de una escalada de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, asesinatos y criminalización6.

rabilidad ambiental”, en Revista Envío-Honduras, Año 4, N° 12, ERIC-SJ, Tegucigalpa, septiembre 2006, p. 16. El régimen de facto de Roberto Micheletti aprobó el Decreto 2332010 que derogó los decretos ministeriales 001-96 y 158-2009 que prohibían los proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. MEJÍA GUERRA, Juan y FERNÁNDEZ, Martín, Situación jurídica y técnica de los recursos hídricos del departamento de Atlántida, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, La Masica, Atlántida, 2010, p. 3. Informe presentado a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la audiencia temática sobre consulta previa y megaproyectos en Honduras, MADJ, CEHPRODEC, CIPRODEH, COPINH, ERIC-SJ y Convergencia por los Derechos Humanos, Washington, D.C., 28 de octubre de 2013. Solo por poner unos ejemplos recientes: el 15 de julio de 2013 un soldado del Primer Batallón de Ingenieros asesinó al líder indígena Tomás García, durante una manifestación en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca; el 25 de agosto de 2013 fueron asesinados los indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, por realizar acciones contra la explotación ilegal de los bienes naturales en sus territorios; el 20 de septiembre de 2013 se dictó prisión preventiva contra Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), acusados de los delitos de usurpación, coacción y daños a la empresa DESA, que pretende llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en territorio ancestral del pueblo indígena lenca. A principios de

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Uno de los detonantes de esta situación es la falta de voluntad del Estado de respetar el derecho a la consulta previa de las comunidades donde se pretende realizar proyectos de desarrollo de cualquier tipo; en este sentido, el presente artículo tiene como objetivo esbozar de forma general las obligaciones del Estado de establecer salvaguardias y mecanismos adecuados para asegurar que las concesiones de explotación de bienes naturales se realicen con irrestricto respeto a los derechos humanos; esto es fundamental para las organizaciones sociales en la defensa de sus territorios, teniendo en cuenta que el gobierno electo es encabezado por Juan Orlando Hernández quien, desde la presidencia del Congreso Nacional, impulsó iniciativas legislativas de entrega de territorios y bienes naturales, como las ciudades modelo y una nueva Ley de minería, entre otras. 1. Generalidades sobre las obligaciones del Estado de cara a los proyectos de desarrollo En términos generales, el Estado de Honduras se comprometió a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos contenidos en la Convención Americana y otros instrumentos internacionales similares, lo cual implica, por un lado, la prohibición absoluta al abuso de poder estatal, ya que “el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado”7 (obligación respetar); y, por el otro, el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención Americana, el deber de restablecer los derechos conculcados y, en su defecto, reparar los daños producidos (obligación de garantizar). En otras palabras, la obligación de respetar tiene un carácter negativo que implica que el Estado debe abstenerse de realizar toda acción que constituya una violación de los derechos reconocidos en el Pacto de San José; la obligación de garantizar tiene una naturaleza

marzo de 2014, siete individuos intentaron asesinar a María Santos Domínguez, coordinadora de organización del Consejo Indígena de Río Blanco y del Sector Norte de Intibucá, líder emblemática en la lucha por la defensa del Río Gualcarque y del territorio lenca; igualmente, fueron atacados su hijo Paulo Domínguez de 12 años y su esposo Santos Roque Domínguez, ambos también luchadores comunitarios. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 165.

debate positiva, que implica que debe organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, lo cual incluye la adopción de medidas legislativas o de otro carácter8. Aunque prima facie es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención Americana cometida por un acto del poder público, o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial, la responsabilidad estatal también puede verse comprometida cuando “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”9. De esta manera, la Corte IDH ha considerado que un Estado incumple su obligación de respetar los derechos reconocidos cuando, por ejemplo, no delimita y demarca los límites de la propiedad comunal de las comunidades indígenas, y cuando otorga concesiones a terceros “para la explotación de bienes y recursos ubicados en un área que puede llegar a corresponder, total o parcialmente, a los terrenos sobre los que deberá recaer la delimitación, demarcación y titulación correspondientes”10. En este sentido, la obligación de respetar requiere que el Estado organice el poder público para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, extendiéndose esta obligación a todos los niveles de la administración, así como a otras instituciones a las que el Estado delega su autoridad. Por ende, el Estado hondureño tiene la obligación de proteger a las personas sujetas a su jurisdicción de los actos y omisiones imputables a los agentes que ejercen el poder público y también a personas o grupos particulares, y no debe tolerar que estos últimos “actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos reconocidos en la Convención”11. 8 Ibíd., párr. 166. 9 Ibíd., párr. 172. 10 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 153. 11 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras… op. cit., párr. 176.

En el contexto de los procesos de concesión, la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana es fundamental, ya que es posible denunciar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) y la Corte IDH si, por ejemplo, permite que alguna empresa transnacional contamine un río con consecuencias negativas para la salud o la vida de las personas, o si otorga concesiones a terceros para la explotación de los recursos pertenecientes a las comunidades indígenas, sin escuchar su opinión y sin tomar en cuenta sus intereses12. Como lo señalamos al inicio, el Estado hondureño tiene la libertad de otorgar concesiones para explotar sus bienes naturales y abrirse a las inversiones internacionales, pero la ausencia de regulación, la regulación inapropiada o la falta de supervisión en la aplicación de las normas de la Convención Americana, puede crear serios problemas al medio ambiente y a la salud que se traduzcan en violaciones a derechos humanos, por lo que está en la obligación de que en caso de cometerse anomalías en la explotación de los bienes naturales, tanto el Estado como las empresas concesionarias son responsables de las mismas y ambos tienen la obligación de corregirlas. El Estado, además, tiene la obligación de verificar que tales anomalías sean corregidas13. En el mismo sentido, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, cuando el Estado permite concesiones para la explotación de bienes naturales debe garantizar la participación efectiva de los miembros de los pueblos en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de sus territorios; que dichos pueblos se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo; y que no se emita ninguna concesión dentro de tales territorios, a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión estatal, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental14. 12 Para un excelente análisis al respecto véase, MELISH, Tara, La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Manual para la presentación de casos, Orville H. Schell, Jr. Center for International Human Rights Yale Law School y Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Quito, 2003, pp. 171-211. 13 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador… op. cit. 14 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párrs. 126-158. 19 marzo 2014

debate Bajo esos parámetros, la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos que normalmente tiene sus efectos en las relaciones entre los Estados y los individuos sometidos a su jurisdicción, también proyecta sus efectos en las relaciones entre particulares, puesto que son los Estados los que determinan en su ordenamiento jurídico la regulación de las relaciones entre particulares (derecho privado); por tanto, también deben velar por que en esas relaciones privadas entre terceros se respeten los derechos humanos, so pena de resultar responsables internacionalmente por la violación de tales derechos por parte de actores no estatales15. Así las cosas, las obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana se concreta en tres vertientes respecto de los Estados: (a) Como una responsabilidad directa; (b) como una responsabilidad de adecuar el derecho interno a los estándares convencionales; y (c) como una responsabilidad subsidiaria cuando, mediante sus políticas públicas, fomenta y/o tolera acciones y prácticas de terceros que constituyan violaciones de derechos humanos16. Como señalé anteriormente, de la doble obligación de respetar y garantizar se derivan los deberes de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos. Para los efectos de este trabajo nos centraremos en la obligación de prevención17, que requiere del Estado la adopción de todas las medidas necesarias de carácter jurídico, político, administrativo 15 Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03. 17 de septiembre de 2003, párrs. 146-147. Para un análisis al respecto véase, MEJÍA R., Joaquín A., “Tratados de libre comercio y derechos humanos: Un desafío para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en: Revista CEJIL. Debates sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, Año IV, Nº 5, San José, Costa Rica, diciembre de 2009, pp. 1-12. 16 MIJANGOS Y GONZÁLEZ, Javier, “La doctrina de la Drittwirkung Der Grundrechte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en: Teoría y Realidad Constitucional. Nº 20, UNED, Editores: Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2007, p. 603. 17 Sobre el deber de investigar, sancionar y reparar, me permito remitir a mis trabajos: Una mirada a la justicia constitucional hondureña desde la óptica de los derechos humanos, Editorial Casa San Ignacio/Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2012. (Con

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y de cualquier otro orden que promuevan la tutela de los derechos humanos y que aseguren que las posibles violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, acarrea sanciones para quien las ordena y ejecuta, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales18. Entre tales medidas se encuentra, en primer lugar, la de regular o imponer límites legales a la conducta de los agentes públicos y privados para evitar que pueda afectar el ejercicio de los derechos humanos, y establecer las sanciones correspondientes para quienes sobrepasen dichos límites. Por ello, la Convención Americana, en su artículo 2, establece una obligación independiente de la doble obligación de respetar y garantizar, en el sentido de que si el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, el Estado se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones interamericanas, las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Además de las medidas legislativas para suplir eventuales lagunas o insuficiencias del derecho interno, o para realizar las modificaciones necesarias que aseguren el fiel cumplimiento de las obligaciones estatales, se requiere que el Estado hondureño adecúe su actuación conforme a la normativa prescrita en la Convención Americana; en otras palabras, se precisa que tanto la adopción de medidas normativas, como de conducta, sean efectivas en el sentido de que tengan un impacto real en la vida cotidiana de las personas19. De esta manera, cuando el Estado hondureño no ha establecido la necesaria legislación que evite la violación de los derechos protegidos o mantenga vigente leyes, reglamentos o cualquier otra norma que sea inadecuada para la prevención efectiva de posibles violaciones, cualquier daño concreto a esos derechos, sea cometido por la autoridad pública o por terceros, puede imputarse al Estado20 pues, en virtud de una regla básica del derecho internacional, “todo Estado Parte en un tratado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para la colaboración de Omar Menjívar y Víctor Fernández); y, Honduras y los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, Editorial Casa San Ignacio, Tegucigalpa, 2010. 18 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras… op. cit., párr. 175. 19 Corte IDH. Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile). Sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 87. 20 MELISH, Tara, op. cit., pp. 178-180.

debate cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legislativas o de otra índole”21. Bajo estos parámetros, una manera en que el Estado de Honduras puede violar un derecho reconocido en la Convención Americana es mediante la omisión de dictar las normas adecuadas para hacer efectivo un derecho, y a través de la acción de dictar normas que no sean conformes a su espíritu y letra; incluso si tales normas fueron adoptadas respetando los procedimientos estipulados en el ordenamiento jurídico interno, ya que “el hecho de que se trate de ‘leyes internas’ y de que estas hayan sido ‘adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución’, nada significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades protegidos”22. En otras palabras, el Estado hondureño no cumpliría con su obligación de garantizar los derechos humanos si no estableciera la estructura legal necesaria que procure evitar eficazmente la violación de los derechos humanos23. En segundo lugar está la función de monitorear, que implica que el Estado debe realizar una evaluación constante sobre la situación de los derechos humanos, ya que no es suficiente el simple establecimiento de una estructura legal que regule los límites del poder público y privado frente al ejercicio de los derechos humanos, sino que es necesario que la legislación sea efectiva en la práctica, pues es de sobra conocido que muchas violaciones de los derechos humanos persisten aun en Estados con constituciones políticas y legislación secundaria garantistas24. De esta manera, para prevenir efectivamente las violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana, es imperativo que el Estado hondureño realice un monitoreo constante sobre la situación real de tales derechos para elaborar políticas públicas en las 21 Corte IDH. Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986, párr. 30. 22 Corte IDH. Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-13/93, del 16 de julio de 1993, párrs. 26-27. 23 CIDH. Informe Nº 3/98, Caso 11.221. Tarcisio Medina Charry (Colombia). 7 de abril de 1998, IV. 2.g., párr. 107. 24 Discurso del Presidente de la CIDH, Dr. Álvaro Tirado Mejía, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 6 de febrero de 1995, en: CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1995, 28 de febrero de 2006, Anexos. Discursos de la CIDH.

áreas de mayor prioridad25, y pueda ejercer un mayor control sobre las actuaciones de los poderes públicos y privados de conformidad con el respeto de los derechos humanos. En tercer lugar, se encuentra la función de realizar estudios de impacto con el objetivo de prevenir posibles efectos negativos sobre los derechos humanos cuando se ejecutan programas, políticas o proyectos públicos o privados, y en caso de que tales efectos puedan ser negativos, se tomen las medidas adecuadas para evitar cualquier menoscabo a la vigencia de esos derechos. Además de prevenir posibles afectaciones de derechos, la realización de estudios de impacto ambiental, cultural, social, económico o político fortalece el diálogo democrático en el sentido que exige que las probables comunidades afectadas sean consultadas sobre la pertinencia y seguridad de las medidas propuestas26. De acuerdo con la jurisprudencia interamericana, para garantizar los derechos humanos de los pueblos y comunidades que puedan ser afectadas por este tipo de acciones, el Estado debe asegurar la participación efectiva de sus miembros, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se ejecute dentro de sus territorios; garantizar que se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo; y asegurar la realización de un estudio previo de impacto por parte de entidades independientes y técnicamente capaces, y bajo la supervisión estatal27. Para garantizar la participación real de estas comunidades, el Estado debe realizar consultas efectivas y absolutamente informadas que permitan que sus miembros den su consentimiento pleno e informado a la realización de cualquier proyecto en sus territorios, lo cual requiere “como mínimo, que todos los integrantes de la comunidad estén plenamente enterados de la naturaleza y consecuencias del proceso”28, y de los posibles riesgos ambientales y de salubridad que podrían correr, si es que los hubieran, en caso de aceptar la realización de un proyecto, plan de desarrollo o de inversión29. 25 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 1 (1989). Presentación de informes por los Estados Partes, párr. 3. 26 MELISH, Tara, op. cit., pp. 182-183. 27 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párrs. 126-158. 28 CIDH. Informe 40/04, Fondo. Caso 12.053. Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo vs. Belice. 12 de octubre de 2004, párr. 142. 29 Corte IDH., Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam… op. cit., párr. 133.

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debate En cuarto lugar se encuentra la función de remover los obstáculos estructurales, que implica la remoción de aquellos impedimentos que limitan el disfrute efectivo de los derechos humanos, los cuales pueden ser de tipo fáctico o normativo que mantienen la discriminación e impiden la igualdad. Por ello, el Estado de Honduras tiene la obligación de reformar sus estructuras básicas económicas y políticas estatales que impidan garantizar a todas las personas el acceso a sus derechos humanos; de garantizar un ambiente económico que permita a los sectores pobres participar en los procesos de decisión en materia política y económica; de asegurar que los sectores socialmente más vulnerables no sufran desproporcionadamente las consecuencias de las políticas económicas, sobre todo con la implementación de programas de ajuste estructural; y de evitar que empeore la condición de pobreza de los sectores más desaventajados de la sociedad, debido a la implementación de tales programas económicos30. 2. Requisitos mínimos para implementar planes o proyectos de desarrollo o inversión, o para otorgar concesiones extractivas31 Antes de aprobar u otorgar concesiones extractivas, o de realizar planes y proyectos de inversión y desarrollo que afecten los bienes naturales en territorios de las comunidades, el Estado de Honduras debe consultar previamente, garantizar la participación de las comunidades de beneficios razonables derivados de tales proyectos, y realizar estudios de impacto. En relación con la consulta previa y el consentimiento de las comunidades, el Estado debe asegurar la 30 CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993. 11 de febrero de 1994. Capítulo V. I. VI. Recomendaciones, puntos 1-4. 31 Este apartado está basado en lo desarrollado de forma amplia en los siguientes documentos: CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.I/V/II. Doc. 56/09. 30 de diciembre 2009; Fundación para el Debido Proceso Legal, El derecho a la consulta de los pueblos indígenas en Perú, Instituto de Defensa Legal, la Fundación para el Debido Proceso Legal y la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, Washington, D.C., 2010; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El derecho a la consulta de los pueblos indígenas La importancia de su implementación en el contexto de los proyectos de desarrollo a gran escala, Oficina en México del ACNUDH, México, 2011.

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participación efectiva de los miembros de las mismas de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se ejecute dentro de sus territorios. Para ello, la consulta debe regirse por unos principios rectores que son fundamentales. En primer lugar, se encuentra el principio de buena fe que implica que el Estado realice la consulta en un clima de confianza, con la intención de tomar en cuenta la opinión que expresen los pueblos consultados sin que se les trate de engañar, traicionar o brindar información sesgada o parcial. Así, los procesos de consulta y la decisión de las comunidades no deben considerarse una mera formalidad para legitimar los proyectos. En segundo lugar, está el principio de previa consulta, ya que el momento en que esta se realice es clave para un verdadero ejercicio de decisión por parte de las comunidades posiblemente afectadas. La consulta debe realizarse en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión, y no solamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. El aviso anticipado proporciona un tiempo para la discusión dentro de las comunidades y para ofrecer una respuesta apropiada al Estado. En tercer lugar se encuentra el principio de libertad, en tanto que un verdadero ejercicio de consulta exige que se realice libre de injerencias externas, de coerción, intimidación y manipulación. Por lo tanto, condicionar servicios sociales básicos, como la educación o la salud, mediante la construcción de escuelas o centros de salud, supone una coerción respecto a la libre decisión de las comunidades consultadas, además de una violación a sus derechos económicos, sociales y culturales, que jamás deben ser condicionados a la realización de un proyecto. De esta manera, pretender plantear a las comunidades el dilema entre desarrollarse o continuar en la pobreza, puede ser considerado como una forma de coerción. Y en cuarto lugar está el principio de información, en el sentido de que las comunidades deben contar con la suficiente información que les permita tomar una decisión respecto al proyecto consultado. Esta información debe incluir: (a) la naturaleza, envergadura, impacto y alcances del proyecto; (b) la razón u objetivo del proyecto; (c) su justificación; (d) duración y tiempos del proyecto; (e) lugares y zonas que serán afectadas; (d.6) evaluación del probable impacto económico, social, cultural y ambiental; (f) posibles riesgos y beneficios; y (g) elementos de un posible desplazamiento. En cuanto a la participación en los beneficios, el Estado debe garantizar que los miembros de las comu-

debate nidades se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. El Estado hondureño tiene la obligación de garantizar la participación de las comunidades en la determinación de los beneficios que producirán los planes o proyectos propuestos, a través de procedimientos apropiados. Por ello, el Estado debe garantizar que, en el marco de los procedimientos de consulta previa, se establezcan los beneficios que serán percibidos por las comunidades, y las posibles indemnizaciones por cualquier daño ambiental, teniendo en cuenta sus propias prioridades de desarrollo. La determinación de los beneficios debe ser hecha en consulta con las comunidades y no unilateralmente por el Estado o por las empresas beneficiarias de las concesiones. Es importante insistir en que no debe confundirse la participación en los beneficios de un proyecto con la dotación de servicios sociales básicos que, de cualquier modo, corresponde al Estado proporcionar en virtud de sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tales como centros de salud, pavimentación de calles, construcción o reparación de centros educativos, desarrollo de proyectos de electrificación o de servicios de agua potable, entre otros. Finalmente, en relación con los estudios de impacto, es importante reiterar que el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro de los territorios de las comunidades, a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental que evalúe la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre tales comunidades. El objetivo de estos estudios no es solo tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre los bienes naturales y las personas, sino también asegurar que los miembros de las comunidades tengan conocimiento de los posibles riesgos ambientales, culturales, sociales, económicos y de salud, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Evidentemente, los estudios de impacto deben realizarse y concluirse de manera previa a la aprobación y otorgamiento de las concesiones respectivas, ya que uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho de las comunidades a ser informadas acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio. De cualquier manera, el Estado no debe aprobar un proyecto que pueda amenazar la supervivencia física o cultural de una comunidad.

3. Reflexiones finales Frente a la grave situación que enfrentan las comunidades indígenas y no indígenas debido a la pretensión estatal de concesionar y explotar los bienes naturales ubicados en sus territorios, el Estado de Honduras tiene la obligación de revisar los mecanismos a través de los cuales está otorgando licencias ambientales y aprobando proyectos para la realización de proyectos mineros, madereros e hidroeléctricos, con el objetivo de pasarlos por el test de la convencionalidad; es decir, si tales mecanismos cumplen con los estándares internacionales establecidos por la Convención Americana, por las interpretaciones y resoluciones de la CIDH, y por la jurisprudencia de la Corte IDH. En este sentido, el Estado no solo tiene la obligación de garantizar el ejercicio de la consulta previa en los términos interamericanos señalados en este artículo, sino también establecer salvaguardias y mecanismos adecuados para asegurar que las concesiones de explotación de bienes naturales no causen daños ambientales que afecten la vida, la salud y la cultura de las personas y las comunidades; de esta manera, debe tomar medidas para evitar daños a las personas afectadas debido al comportamiento de los concesionarios y actores privados, así como cerciorarse de que existan medidas de protección para que no ocurran incidentes de contaminación ambiental que amenacen la vida de los habitantes de las comunidades. Si el Estado de Honduras no quiere seguir apareciendo ante la comunidad interamericana como un Estado violador de derechos humanos, debe realizar una revisión urgente de todas las concesiones autorizadas sin consulta previa, así como de aquellas que, aunque hayan respetado dicho derecho, estén causando daños ecológicos significativos, ya que se tornan ilegales y deben ser suspendidas y revocadas inmediatamente. Del mismo modo, los daños ambientales deben ser reparados, y los culpables investigados y sancionados32. 32 El 28 de octubre de 2013, la CIDH realizó una audiencia temática sobre el agravamiento de la situación de las comunidades y defensores y defensoras de derechos humanos en torno a conflictos territoriales y megaproyectos de minería e hidroeléctricas en Honduras. El 24 de diciembre de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de varios líderes y defensores de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida. Para este organismo internacional, dichos líderes se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal están amenazadas y en grave riesgo, debido a la defensa de sus territorios contra la explotación minera. 23 marzo 2014

reflexión

El ascenso de la “nueva” derecha en el Partido Nacional (1): Tensiones entre modernidad y tradición en el Estado hondureño (1990-2014) Marvin Barahona*

A través de una cuidadosa lectura e interpretación de la coyuntura política de la época, este artículo se propone identificar las pautas aplicadas a la modernización del Estado iniciada en 1990, con el ascenso de Rafael Callejas, y su impacto en tres actores clave: el Partido Nacional, el Estado y la sociedad civil. Un propósito complementario es identificar los conflictos subyacentes al proceso, como los desajustes entre los planes para modernizar el orden político y la práctica de una cultura política reacia al cambio.

as elecciones generales de noviembre de 1989 trajeron buenas noticias para el Partido Nacional: un triunfo arrollador en las urnas1 y el inicio de una “nueva era” en el desempeño de su papel como principal instrumento político de la derecha hondureña. Las novedades —según lo anunciado— se relacionarían con una visión modernizadora de la economía, la reorientación de los objetivos y funciones del Estado y una nueva manera de gobernar, integrando en la toma de decisiones a la sociedad civil organizada a través de *

Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social. Fue el primer triunfo electoral del Partido Nacional desde que en las elecciones de 1981 el Partido Liberal (PL) se hiciera con la mayoría; la última vez que el PN obtuvo mayoría absoluta en el Congreso Nacional fue en las elecciones generales de 1971 y el efímero gobierno de Ramón Ernesto Cruz en 1972. La nueva correlación de fuerzas en el Poder Legislativo, tras las elecciones de 1989, era de 71 diputados del PN; 55 del PL; y, dos del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD), del total de 128 diputados. Véase al respecto: “Congreso con mayoría azul se instaló ayer”, Tiempo, San Pedro Sula, 26 de enero 1990, p. 16. 24 envío

la concertación nacional. Todo sugería un vuelco del Partido Nacional hacia el futuro, sorprendente incluso para los propios nacionalistas: la modernización de su ideario político, de sus estructuras partidarias y de su imagen pública. Sin embargo, la “estelar” aparición de Rafael Callejas y su gobierno (1990-1994) fue fugaz tanto por la débil asimilación del cambio en las estructuras partidarias como por las dos derrotas consecutivas sufridas por el nacionalismo ante el Partido Liberal (PL) en 1993 y 1997, y por la conflictividad de intereses económicos y de grupo representados por dicho partido. Pese a su aparente discontinuidad, los primeros años del decenio de 1990 y el gobierno de Rafael Callejas marcaron el punto de partida en la modernización de la derecha hondureña —principalmente de la representada por el Partido Nacional—, al haber establecido pautas concretas en la conducta política a seguir a mediano y largo plazo, y al elaborar una agenda completa para reorientar la participación de Honduras en los procesos económicos globales. Prueba de ello es que el retorno del Partido Nacional a la conducción del gobierno, en 2002, 2010 y 2014, retoma lo principal de la agenda establecida en el periodo 1990-1994 y le da una plausible continuidad a los objetivos políticos, económicos y sociales fijados en el programa partidario en los primeros años de su modernización.

reflexión Este artículo se propone identificar, en los rasgos principales de la historia política del periodo 19902014, las pautas aplicadas a la modernización iniciada en 1990 con el ascenso de Rafael Callejas y su impacto en tres actores clave: el Partido Nacional, el Estado y la sociedad civil. Un propósito complementario es identificar las desarmonías y conflictos subyacentes al proceso y a las interacciones que se produjeron entre estos actores; para el caso, los desajustes entre los planes para modernizar el orden político y la práctica de una cultura política reacia al cambio. En suma, se trata de encontrar las tensiones, desajustes y conflictos subyacentes al ensayo de modernización de la derecha en el Partido Nacional, sus impactos en la modernización del Estado y el comportamiento de la sociedad civil ante este fenómeno. Este trasfondo contribuye a explicar la confusión que aflora cuando la atención se focaliza en las apariencias del acontecer político cotidiano, ignorando muchas veces el telón de fondo que otros hechos y relaciones aportan para otorgarles sentido y significado a la explicación esencial sobre la vida política. Para ello se recurre al estudio del discurso político sustentado por los cuatro gobiernos del Partido Nacional entre 1990 y 2014, para extraer evidencias que permitan elaborar un perfil de la modernización de la derecha hondureña; identificar con mayor precisión las tensiones entre modernidad y tradición política en la conducción del Estado; y, establecer un acercamiento a los procesos en que la sociedad civil participa como actor, con una agenda propia o como interlocutora en procesos originados por otros actores. ¿Por qué y para qué se modernizó la derecha en el Partido Nacional? ¿Por qué tal hecho condujo a tensiones entre el proceso modernizador y la práctica política tradicional? ¿Qué contexto político, económico y social se propuso transformar la modernización política del PN? y ¿Qué logros y fracasos obtuvo en el proceso? Estas son, en síntesis, las preguntas básicas a las que intenta responder esta reconstrucción en la que se compara el discurso de la “nueva” derecha con la situación específica de los contextos que se propuso transformar con su acción política en los periodos gubernativos (1990-1994), (2002-2006), (2010-2014) y unas consideraciones parciales sobre su nuevo ascenso en 2014. Como en el artículo anterior, la principal fuente de información fue diario Tiempo de San Pedro Sula, el medio informativo que, en la coyuntura que se estudia, dio cabida en sus páginas a la mayor diversidad de actores sociales y políticos para dar a conocer sus

puntos de vista, sustentado en una opinión editorial crítica y propositiva. La transformación del contexto: ¿Objetivo y fin último de la modernización política y de la “nueva” derecha? El contexto general de la realidad económica y social al iniciarse la etapa de modernización de la derecha hondureña fue descrito por el periodista Noé Leiva Bardales con cifras escandalosas para esos años: una deuda externa de 3300 millones de dólares, una tasa de desempleo que afectaba al 25% de la población y una moneda nacional severamente debilitada frente al dólar. Aparte de los 300 mil campesinos sin tierra, un analfabetismo superior al 50%, una precaria atención en salud y un déficit habitacional calculado en 500 mil unidades2. La situación de las dos principales alcaldías del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, no era menos dramática. En la capital, la deuda acumulada ante diversos acreedores era superior a los 200 millones de lempiras; en la administración del Distrito Central prevalecía el desorden, las calles lucían destruidas y la ciudad entera se había convertido en un enorme depósito de basura por la ineficiencia de los servicios públicos; no obstante, seguía siendo la principal receptora de migrantes del campo. La capital albergaba a más de medio millón de habitantes, dos terceras partes de los cuales vivían en covachas ubicadas en la periferia urbana en unos 300 barrios y colonias marginales. A pesar de su ineficiencia, la alcaldía capitalina contaba con 3300 empleados, 1500 de los cuales eran considerados “supernumerarios”3. Por su parte, el alcalde saliente, Rodimiro Zelaya Fuentes (PN) —señalado en ese momento por la prensa y el rumor popular por construir lujosas mansiones para su beneficio personal—, reconocía en su defensa que al Partido Nacional no le había quedado otra alternativa para satisfacer la demanda de su clientela política que darle “trabajo” en la alcaldía, por lo que se contrató a unas 4500 personas4. Mientras que en San Pedro Sula el júbilo por el triunfo nacionalista fue mayor, considerando que nin2 3 4

Noé Leiva Bardales, “Nacionalistas regresan al poder”, Tiempo, 27 de enero, 1990, p. 2. “Deuda de 215 millones y la ciudad en ruinas heredará hoy Nora Melgar”, Tiempo, 25 de enero, 1990, p. 4. “A más de 4000 personas dio trabajo, confiesa Rodimiro”, Tiempo, 24 de enero, 1990, p. 8.

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reflexión gún alcalde nacionalista había sido electo por el voto popular desde 1961. A pesar de ello, Héctor “Tito” Guillén asumiría el cargo con una situación que tendía también al deterioro constante y la disminución consiguiente de la calidad de vida de la población5. A ese contexto se sumaron los datos aportados por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), según los cuales, en 1989, fueron asesinadas ocho personas por motivos políticos; 241 personas habían sido torturadas, 73 homicidios fueron atribuidos al abuso de autoridad y hubo 39 ejecuciones extrajudiciales; aparte de 1291 detenciones ilegales, 16 allanamientos, 27 atentados personales, 45 amenazas a muerte, 34 atentados contra bienes y 17 atentados contra la libre expresión del pensamiento. El CODEH reafirmó que en 1989 continuaron las violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos; la mayoría de las violaciones a los primeros les fueron imputadas a efectivos militares, y al Estado los segundos. La organización criticó agudamente al gobierno liberal saliente y a las autoridades civiles por su apatía o desentendimiento para investigar e impartir justicia en todos los casos de violación a los derechos humanos6. Por su parte, las autoridades sanitarias reconocían que la epidemia de sarampión, que afectaba a la población menor de cinco años desde mediados de 1989, había cobrado la vida de más de 125 personas, por falta de vacunación7. En tanto, medios de prensa informaban que las Fuerzas Armadas consumían más de 500 millones de lempiras (en ese momento aproximadamente 250 millones de dólares) “para una actividad improductiva que consume un tercio del presupuesto del gobierno central”, por lo que se pedía la eliminación de partidas presupuestarias disfrazadas a favor de la institución castrense y se exigía una política de austeridad en la administración gubernamental8. Todo lo anterior se inscribía en los últimos años de la “guerra fría”, y en la llamada “década perdida”, de las que Honduras salía con enormes deudas financieras, económicas y políticas y un déficit social inocultable. Ante los retos que emergían de este contexto, la nueva derecha del Partido Nacional y Rafael Callejas, 5 6 7 8

Véase, por ejemplo, “Tito Guillén asume mando hoy del gobierno municipal”, Tiempo, 25 de enero, 1990, p. 10. “8 asesinatos políticos en 1989”, Tiempo, 27 de enero, 1990, p. 10. Tiempo, 24 de enero, 1990, p. 10. Tiempo, “Saneamiento económico” (editorial), 24 de enero, 1990, p. 6. 26 envío

candidato presidencial por segunda vez y nuevo líder de esta agrupación política, se presentó en 1989 como alternativa electoral prometiendo resolver todos los problemas y mostrando una imagen que no había sido la habitual entre los candidatos nacionalistas precedentes. Su discurso, durante la toma de posesión presidencial, se desmarcó del tradicionalismo político al tocar temas que hoy serían tachados de “populistas”; por ejemplo, al comparar los países ricos con los países pobres, describiendo a estos como “conglomerados gigantescos invadidos por lacras de amargo sabor feudal, arrastrando cadenas enmohecidas que construyeron el explotador, el caudillo providencial, los poderosos estamentos oligárquicos, los saqueadores de los tesoros públicos y los aliados sumisos y ambiciosos de cada una de estas figuras siniestras construidas en el pasado con la colaboración espontánea de voluntades externas a las del pueblo soberano”. A la vez, identificaba la crisis económica como el mayor problema que le hubiese tocado vivir a Honduras en toda su historia republicana, proponiendo como solución “una economía creciente, de ritmo sostenido, no enfermiza, y que sea capaz de ser el basamento material para el desarrollo nacional”. Para lograrlo se requería recobrar la confianza de los organismos financieros internacionales en procura de los recursos indispensables para enderezar la economía nacional, lo cual volvía urgente la necesidad de “absoluta seguridad jurídica” a los bienes y la explotación de los recursos en el agro. Su gobierno asumió, además, un compromiso de austeridad sobre el gasto público para estabilizar los precios, reducir la inflación y generar un crecimiento económico progresivo. Este incluía una administración rigurosa del presupuesto nacional aplicando criterios transparentes en su ejecución y supeditando el gasto al cumplimiento de metas y resultados. Tampoco podía faltar una advertencia categórica contra otro de los males que heredaba su gobierno: “Ya conocen los hondureños donde pagarán sus pecados los agentes de la corrupción”. El cambio parecía abarcar, tanto en el diagnóstico como en el discurso, todos los aspectos de la realidad nacional, cuyo objetivo era “sentar las bases permanentes de la nueva Honduras”, una finalidad que implicaba, además, una ruptura evidente con el pasado y una reorientación urgente de la conducción del Estado. Lo anterior podía generar nuevas tensiones, en un encontronazo previsible con los más antiguos actores políticos, sociales y económicos, ante lo cual el nuevo gobierno impulsaría una política preventiva de “concertación nacional” para plantear objetivos comunes, ampliar las conquistas democráticas, avanzar en garan-

reflexión tías de participación popular en la toma de decisiones, organizar la participación política de la ciudadanía, incluso de los marginados al reactivar la economía para generar empleo; en fin, apartar del camino los obstáculos al progreso con producción y productividad. Lo anterior debía insertarse, como obligación para todos los sectores económicos, políticos y sociales, en “un reencuentro con las leyes del país” para hacer respetar el “principio de la vida jurídica” que debe regir la nación. El mismo discurso promovía también una nueva visión respecto de la funcionalidad del Estado al afirmar que “La concertación nacional nos llama a ver en las estructuras del Estado un instrumento de avance y progreso y no una forma para enriquecernos ilícitamente. La ética debe informar todos los actos del Estado y sus trabajadores deben ser disciplinados, diligentes y responsables”. Acto seguido, después de jurar solemnemente una dedicación exclusiva al servicio del pueblo, el presidente Callejas demandó “la colaboración de todos los hondureños para que procedamos a dar por cancelada la historia de las promesas incumplidas”9. El discurso presidencial en la toma de posesión continuó en la alocución del nuevo presidente del Congreso Nacional, el diputado (PN) Rodolfo Irías Navas, quien articuló su discurso en torno a la afirmación presidencial de que solo el sistema democrático tiene la capacidad de generar el bienestar económico como complemento de los derechos políticos; por lo que el nuevo Congreso Nacional se comprometía a crear “la plataforma institucional y jurídica indispensable para el establecimiento de un sistema económico ajustado al anhelo nacional”. Desde esa perspectiva, el Congreso Nacional asumía la función de “instrumento integrador del Estado y la nación, y como contralor de la administración de los demás poderes del Estado”. Sobre esa base, los principios y conceptos elaborados por la nueva derecha del Partido Nacional para regir el Poder Legislativo se articularían en torno a la “concertación nacional, el pluralismo ideológico, la autodeterminación ciudadana, la libertad de expresión, los derechos humanos y la integración con justicia social”. El presidente del Legislativo proclamó, además, la necesidad de que los “pesos y contrapesos funcionen efectivamente porque son beligerantes y no se confabulen para erigirse en poder absoluto, al margen y en detrimento de la soberanía popular”. Desde este ideal, el Poder Legislativo demandó del Poder Judicial “im9

“Nadie debe quedarse atrás en la construcción nacional: Rafael L. Callejas” (Discurso en la toma de posesión presidencial), Tiempo, 29 de enero, 1990, pp. 10 y 35.

parcialidad y honestidad, para ganar confianza en la sociedad, en lo político, lo económico y lo social y cultural”; exigiendo de este una reafirmación de los valores éticos, cívicos y morales que requiere “un Estado de derecho actuante, y no meramente formal”. Según el Presidente del Congreso Nacional, una justicia de tal naturaleza requería “hombres letrados y probos, de auténticos servidores públicos para quienes la ley es su campo de acción pero también su límite, y que se deben al conglomerado dándole seguridad, orden armonioso, y deseo y alegría de vivir, producir y progresar en y para su país”10. Estos llamados al cambio, que la nueva derecha proclamaba desde el PN, no eran gratuitos o injustificados, por cuanto respondían al reconocimiento generalizado del agotamiento en que había entrado el primer decenio de la transición política a la democracia; en esto coincidía incluso el presidente saliente, el liberal José Azcona, quien comentaba tras el traspaso presidencial: “Siento como que le quitan a uno un gran peso de encima”. Luego aseveró que no se enorgullecía de las obras de su gobierno, que solo le dieron “alguna satisfacción”. Con la misma franqueza sugirió al nuevo mandatario que se esforzara en no atender todas las recomendaciones que le llegaran de algunos sectores, a los que “poco les importan los estragos que pueden hacer algunas medidas en los sectores económicamente débiles”11. Esperanza y alegría pasajeras El ascenso de la nueva derecha del PN al gobierno generó grandes expectativas en diversos sectores sociales, en buena medida por su esfuerzo en responder de manera coherente y abarcadora a los graves problemas nacionales del momento y por la alta dosis de “esperanza y alegría” que el propio Callejas y sus colaboradores más cercanos le insuflaron a su discurso político para ponerlo a la altura de las circunstancias. Entre los sectores con mayores expectativas estaban las centrales obreras, cuyos dirigentes fueron incluso más allá de sus esperanzas habituales, al afirmar la CTH que esperaba que el nuevo gobierno cumpliera sus promesas “aunque sea en un 80%”; mientras que la FUTH cifraba 10 “Se requiere de Estado de derecho actuante y no meramente formal” (Discurso del diputado Rodolfo Irías Navas en su toma de posesión como presidente del Congreso Nacional), Tiempo, 26 de enero, 1990, p. 17; y, “Congreso se compromete apoyar el cambio: Rodolfo Irías Navas”, 29 de enero, 1990, p. 40. 11 “Siento que me quitan un peso de encima: Azcona”, Tiempo, 27 de enero, 1990, p. 4.

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reflexión sus esperanzas en que el nuevo gobierno combatiera el desempleo, aplicara una verdadera reforma agraria, sustentara una política patriótica ante los organismos financieros internacionales y defendiera los intereses nacionales ante la embajada de los Estados Unidos. Por su parte, la FECESITLIH le dio un plazo de 90 días al gobierno para cumplir sus promesas y llegar a “grandes acuerdos”, aseverando que, de no producirse en ese plazo el cambio prometido, se vendría “a complicar aún más la situación crítica que vive la nación”12. Otros gremios sociales y económicos se pronunciaron en términos similares, señalando demandas propias, a la vez que respaldaban la nueva gestión gubernamental; entre otros, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que elaboró un documento en el que sus agremiados respaldaban una liberalización gradual de la economía, sin disminuir la privatización de las empresas estatales, pero se oponían a la devaluación del lempira. La gremial empresarial pidió la reducción del déficit fiscal a través de una mejora de la recaudación impositiva, al tiempo que exigía eliminar las franquicias aduaneras a todos los sectores. Y, respaldando la postura de los organismos financieros internacionales, la ANDI demandaba consolidar o reducir los organismos descentralizados del Estado o su traslado a lugares donde su actividad tuviese mayor impacto (la COHDEFOR a Olancho, la ENEE a Río Lindo), además de reducir el tamaño del gobierno. Sus críticas iban dirigidas contra el establecimiento de techos en la reforma agraria, sugiriendo en su lugar la coinversión en el campo13. En respaldo al gobierno, los industriales se comprometían a no subir el precio de sus productos, como parte de los acuerdos considerados en la concertación nacional proclamada por la nueva administración. En tanto, la Asociación de Ganaderos de Sula (AGAS), una de las más poderosas en su gremio, se limitó a pedir “seguridad e incentivos”14. Por su parte, la Iglesia católica recomendó al nuevo gobierno “buscar la propia identidad y fomentar nues12 “En 100 días los obreros quieren ver el cambio” (recoge opiniones de Francisco Guerrero, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH); Ayax Irías, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUTH); José Ángel Meza, presidente de la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras (FECESITLIH), Tiempo, 27 de enero, 1990, p. 19. 13 “Promesa de no subir precios hizo la ANDI”, Tiempo, 24 de enero, 1990, p. 10; y, “Un ofrecimiento de la ANDI y el retorno de los capitales” (editorial), 25 de enero, 1990, p. 6. 14 Tiempo, 29 de enero, 1990, p. 3.

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tros valores sin claudicar ante los intereses extranjeros ni tampoco adoptar patrones culturales ajenos a nuestra idiosincrasia”. Y el gremio de los abogados pedía al nuevo gobierno “respeto a la independencia del funcionario judicial” ante las presiones de políticos influyentes que buscaban imponerse en litigios y casos judiciales contraviniendo los preceptos de la ley; apoyo a la Carrera Judicial; protección a las garantías individuales; un cambio radical en cuanto a la corrupción administrativa en todas las instituciones públicas y, que se cumpliera la Ley de la Carrera Judicial15. La luna de miel entre los gremios que, en principio, simpatizaron o cifraron sus esperanzas de cambio en el gobierno de la nueva derecha del PN, duró apenas dos meses, hasta que a fines de marzo el gobierno decretó las medidas económicas que le fueron alejando de los sectores que se sintieron defraudados en sus expectativas. El nuevo discurso político y la práctica política tradicional Apenas unos días antes de la toma de posesión presidencial, la coherencia del ideario político de la nueva derecha que emergía en el PN fue puesta a prueba con la elección de la junta directiva del Congreso Nacional y de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, hechos que suponían negociaciones con el Partido Liberal, segunda fuerza política por sus resultados electorales. En tales negociaciones se manifestaron desfases de evolución entre ambos partidos y se observaron pautas de comportamiento que ilustran la esencia de la práctica política tradicional, cuya recurrencia y trascendencia en el ámbito político amerita un análisis más detallado. La postura del Partido Liberal respecto de dichas negociaciones fueron expuestas por Delmer Urbizo Panting, uno de sus líderes en San Pedro Sula, quien consideraba “incorrecto” negociar cargos directivos en el nuevo gobierno sin el aval del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), argumentando que “El mismo partido no aceptó los resultados electorales por la serie de irregularidades en el proceso, y al aceptar cargos se están validando los mismos”. El político liberal fustigaba que se continuara la práctica de los “pactitos políticos” celebrados en 1971 y 1986 con el Partido Nacional, por los efectos desastrosos que provocaban en su partido16. No obstante, los señalados 15 “Abogados esperan una mejor administración de justicia”, Tiempo, 27 de enero, 1990, p. 30. 16 “A espaldas del liberalismo negoció el Central Ejecutivo”, Tiempo, 24 de enero, 1990, p. 3.

reflexión por negociar un “pactito” a espaldas de las bases liberales eran Rafael Pineda Ponce (presidente del CCEPL), Roberto Micheletti Baín y Carlos Montoya, también directivos del órgano partidario y representantes de las corrientes internas en que se dividía dicho partido: el “florismo”17 y el “rosenthalismo”18. El contundente triunfo electoral nacionalista había caldeado los ánimos y suscitado innumerables controversias y divisiones en las filas del PL. Ramón Villeda Bermúdez, otro líder liberal, destapó el trasfondo de las controversias internas al amenazar con dejar de asistir a las reuniones del CCEPL “en caso de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean escogidos por políticos que piensan en intereses particulares”19, refiriéndose a los cabecillas de las corrientes internas ya mencionadas. Otro dirigente liberal, William Hall Rivera, además de responsabilizar a las autoridades de su partido por la “derrota catastrófica” en las elecciones, sostenía que “lo único que han estado haciendo es tratando de meterse en las directivas de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional, para lograr prebendas personales y privilegios y no para favorecer al pueblo… son unos oportunistas”20. Mientras que Mario Ramón López, electo síndico municipal (PL) de San Pedro Sula, arremetía contra los miembros del CCEPL y les adjudicaba el mote de “extraditables”, definiendo tal término como “aquellos que no caben en un marco disciplinario y hay que retirarlos”; sostenía, además, que eran “inmorales” por participar en el reparto de cargos en la Corte y el Congreso, por lo que exigía “purgas” para limpiar el partido21. Por su parte, Rafael Pineda Ponce, 17 Aludiendo al nombre de Carlos Flores Facussé, exdiputado y ex ministro de la Presidencia en el primer gobierno de la transición política, candidato presidencial del PL derrotado en las elecciones de 1989; y posteriormente, considerado “hombre fuerte” del PL, hasta alcanzar la Presidencia de la República en el periodo 1998-2001. 18 Seguidores del político y banquero liberal de San Pedro Sula Jaime Rosenthal Oliva, precandidato presidencial por su partido en varias ocasiones. 19 “RAVIBER no irá a sesiones del CCEPL protestando por chamberismo”, Tiempo, 25 de enero, 1990, p. 2; y, “Liberales no se ponen de acuerdo para escoger magistrados a la Corte”, 25 de enero, 1990, p. 2. 20 “Liberales chamberos contribuirán a justificar incumplimiento de promesas”, Tiempo, 25 de enero, 1990, p. 8. 21 “Bautizan como los ´extraditables´ a liberales que negocian con PN”, Tiempo, 25 de enero, 1990, p. 8.

presidente del CCEPL, sostenía en defensa de dicho organismo que el ex candidato presidencial, Carlos Flores Facussé, “en todo momento estuvo de acuerdo con las negociaciones que llevaron a cabo con los nacionalistas en cuanto a la repartición de cargos…”, y calificó a los críticos del CCEPL como “activistas de radio y de poca militancia”22. El procedimiento para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador y Subprocurador General de la República tampoco estuvo exento de disputas, acusaciones y recriminaciones relativas a los dolosos mecanismos utilizados, todo lo cual representaba un antecedente funesto para sustentar el discurso a favor del Estado de derecho y una vida parlamentaria pluralista y tolerante, como lo pregonaba la nueva derecha del PN. Según el diputado Jaime Aguilar Smith (PL), lo irregular de la situación consistía en que algunos candidatos no cumplían con los requisitos de ley para ocupar tales cargos, y algunos diputados fueron electos como magistrados de la Corte sin haber renunciado previamente a sus curules; entre otros, Oswaldo Ramos Soto, quien además resultó electo presidente del órgano judicial. El diputado Ramos Soto solicitó una licencia en el Congreso para asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a lo que se opusieron varios diputados liberales y por lo menos un nacionalista, quienes exigían su renuncia como diputado antes de ser electo magistrado del órgano judicial. Después de prolongadas discusiones “atiborradas de conceptos jurídicos”, se admitió que en la ley respectiva había “lagunas”, alternando en el debate las posturas que sostenían que un caso así no estaba previsto en la Constitución de la República, pero sí en el Reglamento Interno del Congreso Nacional. En último caso, se dijo, si un diputado asume cargos en el Poder Judicial, no se debiera permitir su regreso al Congreso Nacional para recuperar su curul. Al final, “…los nacionalistas pusieron en práctica su mayoría mecánica en confabulación con algunos liberales para aprobar por mayoría de votos la petición del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia”23. La elección del Procurador y Subprocurador General fue criticada por “la celeridad y el procedimiento que se utilizó para la elección…”. El parlamentario liberal Jorge Maradiaga señaló, irónicamente, que el secreta22 “Carlos Flores estuvo de acuerdo con repartición”, Tiempo, 25 de enero, 1990, p. 8. 23 “Querían ahumarle el ayote a Ramos Soto de ir a la Corte”, Tiempo, 26 de enero, 1990, p. 18.

29 marzo 2014

reflexión rio del Congreso Nacional, Marco Augusto Hernández Espinoza, había utilizado una “rapidez espantosa” para someter a votación los cargos electos cuando decía “se aprueba, queda aprobado”, y lo consideró incluso más veloz en este trámite que su antecesor, el liberal Óscar Melara Murillo24, también electo magistrado de la Corte Suprema. Con la conducta asumida en el reparto de cargos en Congreso Nacional, la Corte Suprema y los órganos contralores del Estado, el PL expresó su preferencia por el “maridaje” con el PN, asumiendo como propia la pauta establecida por este partido tras su derrota en las elecciones de 1985 bajo el liderazgo del mismo Rafael Callejas. Durante la administración Azcona Hoyo, la connivencia de liberales y nacionalistas en la conducción del gobierno fue conocida con el nombre de PUN, aludiendo de manera abreviada a un supuesto “Pacto de Unidad Nacional” que, en la práctica, actuaba como un cogobierno en el que los liberales mostraron “una increíble incapacidad y abusaron de su propio partido en una grotesca lucha por posiciones y prebendas”25. En el gobierno de Callejas los papeles se invertían, por lo que el diputado liberal olanchano, Manuel Zelaya Rosales, afirmaba que “ahora ellos nos dan a nosotros y en el pasado nosotros les dimos a ellos”; el presidente del CCEPL, Rafael Pineda Ponce, lo negaba y sostenía que lo que existía entre ambos partidos era “un simple arreglo de concertación nacional” 26. Pero otros diputados y líderes liberales aseveraban que el beneficiario principal del reparto del “Estado botín” no era el Partido Liberal como tal, sino individuos y grupos de interés que se escudaban en sus corrientes internas, cuyos propietarios fueron señalados con nombre propio en el nuevo reparto de 1990. Con su postura, el PL desoía las voces que, desde los últimos meses de 1989, clamaban por fortalecer la democracia a través de un partido fuerte que actuara como contralor de la actuación del partido gobernante27, lo que no era del caso ante el contubernio y la com24 “Elegidos los 16 magistrados, Procurador y subprocurador”, Tiempo, 26 de enero, 1990, p. 18. 25 “Un presidente electo con un mandato definitivo” (editorial), Tiempo, 28 de noviembre, 1989, p. 6. 26 “No hay pacto de Unidad Nacional: Pineda Ponce”, Tiempo, 24 de enero, 1990, p. 2. En el reparto de cargos, el PL obtuvo tres puestos en la junta directiva del Congreso, la mitad de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la titularidad de la Procuraduría General de la República. 27 “Reconocimiento provisional y liderazgo liberal” (editorial), Tiempo, 30 de noviembre, 1989, p. 6. 30 envío

plicidad de ambos partidos en el cogobierno iniciado en 1986. Como resultado, el PL resultó gravemente afectado, especialmente tras el abandono temporal de la sala de sesiones del Congreso Nacional por parte de veinte diputados liberales que alegaron irregularidades en el proceso de elección de los magistrados de la Corte, que culminó en la madrugada del día siguiente. Poco después, estos se declararon “independientes o no alineados”28; con lo que el PL quedó dividido, además de sus corrientes internas, entre los “extraditables” y los “no alineados”. Esto constituyó un impacto considerable en su capacidad de maniobra en la nueva coyuntura abierta por el ascenso de la nueva derecha en el PN. Después de un proceso tan irregular como controversial para elegir a las autoridades de los poderes Legislativo y Judicial, las promesas públicas de los nuevos titulares de ambos poderes resultaban más cínicas que irónicas: “Trabajar con moralidad promete presidente de la Corte Suprema de Justicia” (Oswaldo Ramos Soto) y “Congreso se compromete a apoyar el cambio” (Rodolfo Irías Navas); sin olvidar la principal promesa de campaña del nuevo titular del Poder Ejecutivo: “Era de transformación y bienestar promete Callejas”29. Las críticas al programa económico de la nueva derecha Algunos estudiosos de la realidad hondureña consideraron, anticipadamente, que las principales repercusiones del ascenso de la nueva derecha en la mayoría de la población estarían en la aplicación de su programa económico. Entre otros, el economista Efraín Díaz Arrivillaga deducía que, con la integración del equipo económico del nuevo gobierno, se podía anticipar que “la política económica y social que se ejecutará, no guardará relación con las aspiraciones de los votantes, el de lograr un auténtico bienestar para la mayoría de los hondureños”. Asimismo, calificaba el programa económico del gobierno como “reformas estructurales de corte neoconservador”, cuyo énfasis se centraría en la disminución de los controles y regulaciones estatales, la reducción del déficit fiscal, la privatización de empresas públicas, la merma de subsidios, la liberalización comercial, el estímulo a la inversión extranjera directa, el congelamiento de los salarios y el debilitamiento

28 “Pleito dentro de bancada liberal durante escogencia de magistrados”, Tiempo, 26 de enero, 1990, p. 18. 29 Tiempo, 29 de enero, 1990, pp. 1, 38 y 40. Tiempo, 29 de enero, 1990, p. 6.

reflexión de la organización popular. En conclusión, Díaz Arrivillaga sostenía que bajo el disfraz “del realismo y el pragmatismo de la tecnocracia económica” se buscaba “una mayor cohesión ideológica con los postulados de los organismos financieros internacionales (FMI, AID) y el nuevo acento de la estrategia de seguridad de la administración Bush, que mediante el impulso de reformas macroeconómicas estructurales en los países del tercer mundo, consolida su hegemonía internacional alrededor de su modelo de sociedad”30. Reservas y cuestionamientos ante la concertación nacional El otro flanco débil en el discurso del nuevo gobierno era la denominada “concertación nacional”, complemento político clave de su discurso económico, y cuestionado por algunos gremios incluso antes de la toma de posesión presidencial. El sustento principal de la crítica era que la concertación nacional nunca fue definida claramente por los líderes de la nueva derecha del PN, quedando así expuesta a diversas interpretaciones. Algunos la percibían como un consenso entre los sectores económicos, políticos y sociales más importantes; en tanto que para otros era solo una “sintonización de políticas”. La excusa para ocultar la falta de realidad concreta en la concepción de la concertación nacional era la necesidad de aplicar políticas urgentes ante los apremios de un contexto en crisis; por tanto, algunos sectores se resignaron a concederle una tregua al gobierno para la aplicación de sus políticas31, reservándose a la vez el derecho a ejercer una “oposición constructiva”. Como el señalamiento de que el momento histórico “no da lugar para la demagogia ni el escapismo”, considerando desde esa perspectiva

30 Efraín Díaz Arrivillaga, “El rostro no tan nuevo del neoconservatismo hondureño”, Tiempo, 29 de enero, 1990, p. 6. 31 “El presidente Callejas asume el liderazgo nacional” (editorial), Tiempo, 27 de enero, 1990, p. 6.

como “conmovedoras las afirmaciones del presidente Callejas en cuanto al cumplimiento de la ley y el establecimiento de un régimen probo, con funcionarios capacitados, responsables y honestos”32. Desde esa perspectiva, la discursividad sobre la creación de un orden político basado en un nuevo marco legal que contribuyera a superar las carencias y desajustes que se le reconocían al Estado, no dejan lugar a duda respecto de su intención de dotar al Estado y su institucionalidad de un marco liberal exacerbado por la doctrina neoliberal para viabilizar su proyecto político, económico y social en una coyuntura de aguda crisis interna. Así lo demuestra el proyecto para modernizar el Estado (1990-1993) y aspectos clave de su institucionalidad, como la creación del Ministerio Público; pero el ejercicio político continuó fiel a las prácticas establecidas por la tradición política. Lo anterior remite a una falta de voluntad política efectiva para utilizar en su favor el peso de su triunfo electoral y la mayoría parlamentaria que este le dio, a fin de enderezar los entuertos institucionales provocados por las más antiguas prácticas políticas. A ello se sumó la ausencia de un auténtico consenso nacional para impulsar una reforma institucional que desembocara en un proyecto nacional concertado, que permitiera a Honduras avanzar hacia una modernización completa de su régimen político. En su lugar se privilegió una demagógica sintonía discursiva, tanto en el orden político como en el económico, que al final decantó el proceso hacia prácticas políticas antimodernas. ¿Fue el bipartidismo el principal freno de la modernización de los partidos políticos y de la institucionalidad del Estado? ¿Se transformó, verdaderamente, la derecha hondureña y el Partido Nacional? Continuará…

32 “La palabra empeñada del presidente Callejas” (editorial), Tiempo, 29 de enero, 1990, p. 6.

31 marzo 2014

reflexión

La institucionalidad del Seguro Social en Honduras: Actores sociopolíticos y crisis del Estado de bienestar1 Yesenia Martínez García*

El Instituto Hondureño de Seguridad Social se coció a fuego lento, en un contexto histórico de larga duración que inicia en la década de 1920. Ahora, convertido en una cantera inagotable de actos de corrupción y reducido a millonarias deudas, es válido preguntarse sobre el papel de los actores sociopolíticos que lo hicieron posible. De ahí la pertinencia de este artículo, que no deja cabo suelto sobre los orígenes de una institución merecedora de mejor suerte. Introducción Hoy en día, la institucionalidad de la Seguridad Social en Honduras se encuentra en una situación crítica, cuyas causas más notorias son la corrupción y la carencia de coordinación entre los actores sociales y políticos que, por décadas, le dieron vida y estabilidad desde su creación, en 1959. De alguna manera, la situación actual del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) no es particular a Honduras y su coyuntura actual. No debemos perder de vista el contexto de la institucionalidad de la seguridad social y la crisis del Estado de bienestar en América Latina y otras regiones del mundo durante las últimas décadas. Pero, sobre todo, debemos ubicar al IHSS en el contexto histórico hondureño de larga duración, en su relación 1

Este ensayo se deriva de un estudio próximo a publicar titulado “Honduras: Seguridad Social y Estado abortado, 1921-1963”. Historiadora, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Premio Estudios Históricos Rey Juan Carlos I, 2012. 32 envío

con distintos actores sociales y políticos, y la construcción de un Estado de bienestar en su momento fundacional, entre 1949 y 1963. La construcción del Estado de bienestar en Honduras se nutrió de procesos y legados de distintas coyunturas económicas, sociales y políticas que tuvieron lugar desde fines del siglo XIX y principios del XX, en particular entre 1920 y 1929, y desde 1929 a 1949. Por tal razón, presentaré la evolución de una institución que pudo ofrecer bienestar a la sociedad hondureña desde una perspectiva histórica, a fin de comprender a quién corresponde la responsabilidad de su descalabro actual. Releyendo al pensador francés Michel Foucault, surgen preguntas como: ¿Por qué el Estado hondureño aún no es capaz de administrar el IHSS? ¿Acaso el Estado no valora la importancia de una institución que debió ofrecer bienestar social desde hace ya casi seis décadas? Es de hacer notar que los organismos internacionales de crédito, en su afán de reformas neoliberales, desde mediados de 1980 prestaron interés a la Seguridad Social en Honduras, supuestamente en un plan de rea-

justes y estudios de infraestructura, pero no en función del acceso que la sociedad hondureña tenía a este servicio, y mucho menos si el Estado concebía esta institución como parte de una política social encaminada a una economía de bienestar2. La institucionalidad de la Seguridad Social y sus actores entre 1921 y 1948 Eduardo L. Arnoletto plantea que la institucionalización es “un proceso de transformación de un grupo, práctica o servicio, desde una situación informal e inorgánica hacia una situación altamente organizada, con una práctica estable, cuya actuación puede predecirse con cierta confianza e interpretarse como la labor de una entidad dotada de personalidad jurídica propia, con continuidad y proyección en el tiempo”3. 2

Roberto Echavarren, Foucault, una introducción, Buenos Aires, Quadrata, 2011, pp. 52-53. Eduardo Jorge Arnoletto, Glosario de Conceptos Políticos Usuales, Córdoba, Argentina, Ediciones Triunfar, 2000.

reflexión En ese sentido, los inicios de la institucionalización de la seguridad social —como un servicio público del Estado de Honduras—, se ubica en el momento que comienza un proceso de organización e integración de nuevos actores sociales y políticos en Centroamérica, entre 1920 y 1929, en el marco de las economías cafetaleras y las plantaciones bananeras y su incidencia en los entornos urbanos. Estos nuevos actores, obreros, intelectuales, mujeres, organizaciones o fuerzas políticas y sociales, así como el Estado mismo, fueron los que gestionaron demandas sociales que encaminaron a un proceso de reformas sociales, en el marco de una propuesta de Estadonación más incluyente. Para el caso de Honduras, este proceso se dio en el marco del legado de un liberalismo abortado, que se originó en el periodo de 1873 a 1919. Entre 1920 y 1929 se reconocen los primeros intentos organizativos que perfilan la agenda social de nuevos actores en la sociedad hondureña. De alguna manera, en esta agenda se transita, en materia de seguridad social, de “una situación informal e inorgánica hacia una situación altamente organizada, con continuidad y proyección en el tiempo”. No obstante, se debe reconocer que fue la organización del movimiento obrero en Centroamérica —con antecedentes en ideas y planteamientos de la Revolución mexicana de 1910—, la que hizo posible, desde inicios de la década de 1920, levantar la bandera de demandas relacionadas con la organización gremial, las mejoras salariales, la reducción de la jornada laboral, el mejoramiento de la alimentación y del alojamiento. En algunos casos se planteaban los seguros de accidentes de trabajo, por lo que se

podría afirmar que esto contribuyó al inicio de un proceso de búsqueda de un Estado de bienestar, y de la seguridad social en particular. En aquella década, en Honduras, los obreros y el Estado presentaron propuestas de seguros de accidentes y de un código del trabajo; el Partido Comunista, por ejemplo, propuso crear un instituto de reformas sociales. Igualmente, en algunos países de la región, como Costa Rica y Guatemala, inició un proceso gradual y tímido de los Estados al instalar infraestructura para ofrecer mejores condiciones de salud a los trabajadores. Así comenzó el largo camino hacia la institucionalización de las políticas sociales, que no se consolidó sino hasta mediados de la década de 1940 y 1950. La seguridad social en Honduras, hasta 1929, solo fue parte de la agenda del Partido Comunista, aunque en la agenda del Estado ya asomaba de manera incipiente, puesto que en la Constitución de 1924 se incluyó: la necesidad de establecer el Instituto de Reformas Sociales, lo cual vendría a armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo; una ley sobre accidentes de trabajo para establecer las responsabilidades del patrono; la construcción de viviendas y la regularización de las horas laborables. Lo antes citado fue la base de lo que el gobierno de Juan Manuel Gálvez, en la década de 1950, proyectó en relación con un Estado de bienestar. el inicio de la modernización del estado Luego de la crisis económica de 1929, las estrategias de control de los intereses estadounidenses, con el fin de proteger sus inversiones en las bananeras, se reorientaron a tal grado, que lograron instalar

gobiernos dictatoriales con el objetivo de reprimir cualquier movimiento o fuerza social que afectara sus inversiones. Es por ello que en Honduras y Centroamérica, la etapa comprendida entre 1930 y mediados de la década de 1940, fue una coyuntura importante no solo para el movimiento obrero, sino para la historia centroamericana en general. Las décadas de 1930 y 1940 se pueden considerar como una etapa de transición entre el final de la reforma liberal y el inicio de la modernización del Estado, que incluyó la creación de políticas públicas que, en cierta forma, sentaron las bases para un futuro Estado de bienestar. No obstante, la institucionalización de la seguridad social aun no superaba su condición de informalidad e inorganicidad. La neutralización de los avances reformistas registrados en la Constitución de 1924 se dio en el marco de una nueva propuesta de la relación Estado-trabajo, que perfiló un corporativismo laboral con tintes fascistas, promovido por los principales intelectuales del régimen del general Tiburcio Carías: Julián López Pineda y Carlos Izaguirre. Los fundamentos filosóficos de estos intelectuales fueron los insumos de las ideas que estaban tras criterios jurídicos sobre “la cuestión social” durante la dictadura del general Carías, que se prolongó desde 1936 hasta 1949. Esa visión ideológica se plasmó en la Constitución de 1936. Al comparar las constituciones de 1924 y 1936, se puede afirmar que ambas son explícitas en cuanto a la necesidad de atender los accidentes y enfermedades. La de 1936 insiste en que el Estado debe velar por la salud pública y el bienestar higiénico, mientras que la Constitución de 1924 lo había planteado 33 marzo 2014

reflexión como medidas higiénicas y construcción de viviendas. Por otro lado, ambas constituciones se refieren a la responsabilidad de crear una ley sobre accidentes de trabajo, y enfatizan en la protección de mujeres y menores de edad. La diferencia radica en que la Constitución de 1924 plantea un Instituto de Reformas Sociales, que no retoma la de 1936. En resumen, los comienzos de un proyecto de institucionalización de la seguridad social deben ubicarse en un proceso larga duración de reformas sociales que ya estaban en la agenda de nuevos actores sociales y políticos entre 1920 y 1929, con referentes centroamericanos. Estos nuevos actores, obreros, intelectuales, mujeres (destaca Visitación Padilla, vinculada a la red Gabriela Mistral en Chile), organizaciones o fuerzas políticas (Partido Comunista) y sociales, así como el Estado mismo, encaminaron las primeras iniciativas de las reformas sociales en Honduras. Escenarios Históricos, actores y redes: 1949-1956 El gobierno de Juan Manuel Gálvez (1949-1954) nombró una comisión en el Congreso Nacional para que hiciera las recomendaciones sobre la creación del Instituto Hondureño de Seguridad Social, un fondo acumulativo para su fundación, y un plan de vivienda, junto a otras iniciativas reflejadas en la Carta Constitutiva de Garantías del Trabajo, como la Ley de Accidentes de Trabajo, la creación de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, y del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social. Las presiones de diferentes actores pudieron encaminar estas propuesta hasta 1954. De igual manera, escenarios histórico-coyunturales, especialmente en Centroamérica, como la 34 envío

implementación de los sistemas de seguridad social en Costa Rica en un proceso de reformas entre 1941-1948, y la Revolución de Octubre de Guatemala, en la década de 1944-1954, así como las redes y organizaciones de los actores sociales y políticos, fueron factores externos que incidieron en el proceso de institucionalización de la seguridad social entre 1949 y 1956. Sin duda, el entorno centroamericano influyó en la agenda de algunos partidos políticos (Partido Nacional y Partido Democrático Revolucionario de Honduras, PDRH), mediante el viaje de las ideas entre intelectuales, líderes obreros y el mismo Estado hondureño. Hasta ahora, la historiografía solo ha identificado como importantes las reformas sociales en Honduras en el período 1954-1963, desconociendo que el incipiente Estado de bienestar fue posible en un escenario de liberalismo abortado en las primeras décadas del siglo XX, y luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de 1949, durante el gobierno de Juan Manuel Gálvez (1949-1954), cuando se proyectó la modernización del Estado mediante nuevas políticas económicas y sociales, luego de 16 años de dictadura cariísta. En este amplio contexto de cambiantes escenarios en el sistema político hondureño —como legado del liberalismo abortado—, la batalla más fuerte que libraron los líderes del movimiento obrero y los profesionales e intelectuales fue por las reformas sociales, que se lograron gracias a agudas presiones de distinta índole y niveles de coordinación (huelgas, manifiestos y difusión en los medios); y, en algunos casos, con cierta educación y concientización sobre el significado de la institucionalización de la

legislación laboral y social, conectadas a un intercambio de ideas, luego de que el tema se integrara a la agenda del Estado a partir de 1949. Fue entonces cuando se dio el florecimiento de la organización social, seguido de la búsqueda de los derechos políticos de las mujeres, y de los derechos sociales para todos los trabajadores. En este periodo deben caracterizarse los diversos actores sociales y políticos involucrados, como gestores u opositores, en el contexto de los movimientos reformistas que surgieron en Centroamérica en las décadas de 1940 y 1950, y que tenían como uno de sus principales ejes el surgimiento de un Estado de bienestar. Pese a la oposición del gobierno de Estados Unidos a la organización gremial con tendencias comunistas —el embajador de EE.UU. John Erwin afirmaba que Honduras era maravillosa porque “no había terremotos, volcanes, sindicatos, ni legislación sobre sueldos o seguridad social”4—, el hecho es que al calor de la Revolución de Octubre (1944-1954) en Guatemala, que creó la Ley del Seguro Social en 1946 y la implementa a partir de 1948, actores clave gestionaban los derechos sociales en Honduras; entre estos destaca el Estado —representado en el gobierno de Gálvez—, los obreros y los intelectuales. Este argumento contradice la historiografía actual, que solo asocia la institucionalización de la seguridad social con la gran huelga bananera de 1954, o con las políticas del go4

Despacho de Erwin al Departamento de Estado, 815.00/2-1847. Citado en Thomas Leonard, The U.S. and Central America, 1944-1954: Perceptions of Political Dynamics, Birmingham, University of Alabama Press, 1984, p. 109.

reflexión bierno de Ramón Villeda Morales (1957-1963). Debe reconocerse que la huelga en las plantaciones bananeras, de mayo a junio de 1954, fue el detonante, pues los obreros no solo pusieron de manifiesto la necesidad de reglamentar su problemática laboral, sino también que era el momento oportuno de integrar sus demandas en una ley de seguridad social. Es de señalar que este proceso se da cuando el gobierno de los EE.UU. ya había montado el proyecto para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, con el visto bueno del gobierno del presidente Juan Manuel Gálvez, quien siempre creyó —como se lo confió a un muy bien informado intelectual norteamericano—, que la huelga de 1954 fue promovida por comunistas aliados con líderes obreros comunistas guatemaltecos. El preámbulo de las peticiones de los obreros en huelga hacía referencia a la Carta Interamericana de Garantías Sociales, a la cual el Estado de Honduras se adhirió en marzo de 1949. En diciembre de 1954, el Congreso Nacional decretó el establecimiento de un Ministerio de Trabajo. Según un documento oficial de la época, el propósito era proporcionar más eficiencia en los servicios que corresponde prestar a las instituciones de gobierno, así como ampliarlos a los campos social, económico, de salud y beneficencia. En consecuencia, se creó la secretaría de “Trabajo, Asistencia Social y Clase Media”. De particular importancia fue la creación de una oficina para colocar desempleados, la Oficina de Conflictos Laborales y la Dirección de Asistencia Social, para vigilar las condiciones de trabajo de las mujeres y de los menores, así como las condiciones higiénicas de la empresa privada. Así comenzaba un

proyecto de Estado de bienestar en Honduras con tendencias hacia un Estado reformista, por lo menos en su sentido formal, particularmente entre 1957 y 1963. De esta manera, no se puede considerar a los obreros agroindustriales y sus nexos con un grupo de intelectuales hondureños en el exilio, sobre todo en Guatemala, y al gobierno de Gálvez, como los únicos gestores de un proyecto de reformas sociales. También están los partidos políticos y sus candidatos, con los mecanismos y medios que utilizaron para socializar y presionar por este proyecto. Fue en este contexto histórico en el cual, poco a poco, se transitó hacia el diseño administrativo y la proyección de la institucionalización (de la seguridad social). Los intelectuales afiliados al Partido Comunista, influidos por la Revolución de Octubre en Guatemala, el Club Rotario en Tegucigalpa, algunos afiliados al Partido Liberal y otros al Partido Nacional, y el Estado mismo, fueron los actores en una primera etapa de ideas reformadoras, en un momento de transición entre dictaduras y democracias (1949-1956). Si bien es cierto que las presiones y discursos iniciaron en décadas anteriores, el Estado asumió con mayor responsabilidad las reformas sociales y la seguridad social hasta inicios de 1950. Por ejemplo, a finales de 1955, el gobierno de Julio Lozano creó el Programa de Servicio Rural de Salud Pública con apoyo de la Organización Mundial de Salud (OMS) y la UNICEF, con el objetivo de reorganizar, coordinar y extender los servicios básicos de salud pública en todo el país. El siguiente año, se inauguró un Subprograma de Servicio Rural de Sanidad, en coordinación con la Dirección General de Sanidad y la OMS; también

se programó la inauguración de la Escuela de Servicio Social de Honduras con la cooperación de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Según el discurso del subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Francisco G. Velásquez, el Gobierno de la República, estaba haciendo fiel interpretación de los anhelos populares, de atender múltiples necesidades colectivas planteadas por los nuevos conceptos en materia de previsión social. La incipiente institucionalización de la seguridad social y sus alcances: 1957-1963 En la antesala del golpe de Estado contra Julio Lozano Díaz, en octubre de 1956, el gobierno de El Salvador inauguraba el Seguro Social. Esto llevaría, en los años siguientes, a los gobiernos de Honduras a mantener una relación con este país en materia de seguridad social. Testigo de ello fue el entonces inspector de Trabajo, el intelectual hondureño Efraín Moncada Silva, quien viajó a la capital cuzcatecla para conocer la experiencia institucional de la seguridad social. Así lo expresó el mismo Moncada Silva: “Bueno, la historia comienza así: la OIT mandó un experto, cuyo nombre no recuerdo, pero el apellido era Millanov, de origen francés. Él era experto en seguridad social y estuvo hablando alrededor del tema de la seguridad social, cuando se produjo el golpe de las Fuerzas Armadas. Luego, cuando comenzó el gobierno de Villeda Morales, el ministro de ese entonces, Óscar A. Flores, empezó, me imagino, a identificar a algunas personas que podían ayudar a concretar esa idea que había sido una promesa de campaña de Villeda Morales. Yo, en ese entonces, estaba en el Ministerio del Trabajo, como 35 marzo 2014

reflexión inspector de Trabajo, y cuando me hablaron de ir a El Salvador, pasar por Costa Rica y echar una mirada a Guatemala, pues me pareció buena la idea, aunque ponía en peligro el curso de mi profesión, porque estaba en el quinto año de la carrera. Sin embargo, fui a El Salvador, pasé por Costa Rica, y rápidamente me di cuenta que era un sistema muy avanzado, porque era caja, la caja costarricense; pero el sistema que quería Millanov y la OIT era de seguro social obligatorio, como institución, no como caja. Entonces, cuando regresé, venía más influido por las ideas de la organización y el funcionamiento de El Salvador, que de otro país. Guatemala estaba también un poco alejada de lo que queríamos”5. Esta relación con El Salvador continuó por lo menos hasta el golpe de Estado al gobierno de Ramón Villeda Morales en 1963. Con las referencias anteriores, se sobreentiende el papel del Estado en lo que se refiere a crear las bases de un Estado de bienestar. Pero se debe anotar que la intención era formalizar un plan más amplio, que conllevara a un sistema nacional de salud y de institucionalización de la seguridad social. Este esfuerzo no fue fácil, debido al sistema político en que se proyectó la modernización del Estado; en este largo período, Honduras continuaba inmersa en los legados del liberalismo abortado, luego de la crisis de la reforma liberal. Después de la caída de Arbenz en Guatemala, en 1954, y con las nuevas redes que se tejen después del golpe de Estado a Lozano Díaz en 1956, la Junta Militar de Gobierno, en octubre de ese año, planteó reformas a la Constitución, que se implementaron el año siguiente. 5

Entrevista al abogado Efraín Moncada Silva, Tegucigalpa, 1 de marzo de 2012.

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En esta nueva agenda se integró las políticas sociales, entre otras la seguridad social, como una de las prioridades. Fue así que, como producto de la Constitución de 1957, el Estado se convierte en el foco de acción de la política pública de seguridad social. Si bien es cierto que el proceso se descarriló un tanto con el golpe de Estado de octubre de 1963, la nueva constitución de 1965 asumió los mismos principios de seguridad social que la de 1957. Sin embargo, el proceso de las conquistas sociales —aunque fue impulsado por la clase obrera—, no contó con mayor acompañamiento de otros actores, como partidos políticos no tradicionales, como lo fue en Costa Rica y Guatemala. Es más, los nexos que existieron entre la izquierda comunista guatemalteca y la hondureña se quebrantaron a finales de la década de 1950. El éxito fue, sin embargo, el logro del derecho a la organización para todos los trabajadores. Esto trajo consigo un florecimiento gremial que, en pocos años, desembocó en la creación del Código del Trabajo (1957) y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (1959). El compromiso de establecer el Seguro Social como una institución de derecho público, de forma gradual y progresiva, tanto en beneficios como en cobertura geográfica, se incluyó en la Constitución de 1957. La ley del seguro social se emitió en mayo de 1959, pero la institución funcionó hasta en marzo de 1962, con los problemas ya conocidos. Consideraciones finales Como lo expone Mahoney, es muy difícil que se desarrolle la institucionalidad en un Estado donde los efectos del liberalismo abortado y del sistema político se agudizan

por la falta de esfuerzos de un grupo económico nacional que fortalezca las decisiones del Estado, y cuando se violenta la soberanía, entre otros factores que hacen a un Estado débil e incapaz de sostener sus instituciones. El proceso de institucionalización en Honduras, entre 1949 y 1963, fue un proyecto abortado, elemento nada positivo para un Estado de bienestar. Este se proyectó entre 1920 y 1963, en el escenario de un sistema político heredero de la reforma liberal, que hizo la transición de Estado moderno a una primera etapa del Estado desarrollista, que hoy en día sufre una profunda crisis. Por todo lo anterior no es casual que, a inicios de 2014, el gobierno emitiera el Decreto Ejecutivo PCM011-2014 para organizar una junta interventora que se encargara de evaluar la situación del IHSS; mejor dicho, la crisis actuarial en se encuentra la institución. La junta presentó su informe en marzo, con los resultados ya conocidos, donde señala, además, los compromisos que el Estado debe asumir para restablecer una institucionalidad que, a lo largo del tiempo, siempre ha estado en crisis. Esta incertidumbre nos lleva a reflexionar sobre el Estado de bienestar en plena era neoliberal. Y cabe preguntarse: ¿Cuándo será capaz el Estado de ofrecer a la sociedad hondureña un Estado de derecho en lo que a política social de bienestar se refiere? La intervención actual, ¿sirvió solo para revisar lo actuarial y dar recomendaciones, culpar a una persona o a un grupo de administradores, mientras que el Estado nunca ha atendido las necesidades de cobertura del IHSS, por mencionar una de tantas? Las respuestas quizás hay que esperarlas para el futuro lejano.

Reflexión

Dos eucaristías y dos vivencias de comunión en Perú y Honduras Philips Little*

La eucaristía, para recuperar algo de su sentido original, tiene que volver a lo cotidiano. Si comienza con lo espiritual, sin pasar por lo común, se arriesga a transformar lo sagrado en un rito frío, desconectado de la gente. De eso se habla en este testimonio en el que dos madres —una quechua y una campesina hondureña—, al preparar y compartir su comida, hicieron posible una comunión con las fuerzas creativas que algunos llaman Dios, de donde viene vida.

esde mi niñez, durante los años del seminario, y años después de algunas aperturas iniciadas por el Concilio Vaticano II, la eucaristía era algo que solo podía hacer el sacerdote con sus dedos oleados para cambiar el pan en Dios y el vino en la sangre de Cristo. Los fieles “escuchaban” la misa y, aun cuando se les permitía más participación, su papel era más teatral que esencial (música, lecturas, o tal vez un sociodrama antes de la homilía), pero lo esencial le pertenecía al sacerdote. Sin sacerdote no había misa. En los lugares donde una creciente escasez de curas exigía celebraciones comunitarias sin sacerdote, fue permitida una liturgia de comunión usando hostias consagradas por un sacerdote en una misa previa y a veces en otro lugar. La eucaristía todavía dependía de un sacerdote ausente y, probablemente, sin vínculo alguno con la comunidad. Los sacramentos en la Iglesia católica llegaron a ser propiedad de los gerentes de esa transnacional que se llama “iglesia”. Ellos decidían quiénes podían recibir los sacramentos y a la vez podían exigir ciertas condiciones para permitir a los creyentes recibir estos sacramentos. El cura podía negar el sacramento, basándose en criterios estipulados por la oficina central (el Vaticano), o a veces por el director de la zona (el obispo); y muchas veces el cura mismo inventaba condiciones que exigían cierto comportamiento de la persona que quería recibir este bien. Muchas veces estas condiciones *

Educador canadiense, jubilado y residente en la isla de Vancouver, extremo Este de Canadá. Trabajó en el Perú durante ocho años, en la década de 1970.

no tenían nada que ver con la fe, sino con la voluntad de estas autoridades para tener un mayor control sobre el ejercicio del poder en favor de sí mismos o de los poderosos y ricos dueños de la tierra. La eucaristía comenzó como un acto conmemorativo en las primeras comunidades cristianas que se reunían en memoria de aquel Jesús de Nazaret, asesinado por los romanos. Esas comunidades eran judías y, según la costumbre de aquel tiempo, debía ser la mujer principal de la casa quien ofreciera las oraciones y la bendición. Al recordar las palabras de Jesús y compartir el pan y el vino (típico de la comida judía), las comunidades tenían una experiencia cercana con el profeta y maestro Jesús. Esta experiencia les daba ánimo y confianza en que, a pesar de su muerte, su cercanía con sus discípulos continuaría. Dos vivencias profundas Este año tuve dos experiencias que me tocaron hasta los huesos. En ninguna había oraciones religiosas ni lecturas de las escrituras. Pero de todas maneras ambas fueron experiencias de “eucaristía” profunda. Fueron momentos de compartir entre quienes tenían menos con quienes llegábamos de visita. Fueron comidas de brazos abiertos y preocupación por los demás. Generosidad fue el mandato principal. Y los que compartían estas comidas eran hermanos y hermanas seguidores de aquel maestro de Galilea de hace 2000 años. En agosto estuve viajando por el sur del Perú con mi hija menor y una sobrina. Un amigo insistió en que visitáramos su pueblo, cerca de la ciudad de Cuzco. 37 marzo 2014

Reflexión Fue un viaje de cuatro horas; subimos en un camión hasta cinco mil metros de altura, antes de bajar al poblado de Lares, un pueblo quechua. Era un día frío y lluvioso y el viaje no fue tan sencillo. Nos recibió en su casa doña Rudisinda Yupanqui, la mamá de nuestro amigo Nicanor. Estaba también Eulalia, hermana de Nicanor, quien habla español y quechua, y por medio de ella pudimos conversar con doña Rudisinda, quien solo hablaba el quechua, idioma del imperio incaico. Entramos en una cocina pequeña, donde había una mesa igualmente pequeña y al otro lado un fuego ardiendo en el horno de barro. En la cocina pudimos calentarnos, mientras observábamos la preparación de la comida de bienvenida. Nicanor había llamado a Eulalia el día anterior para avisarle de nuestra llegada. Había una olla grande, con agua caliente ya preparada, para el pobre gallo de la familia que no sospechaba que él sería la ofrenda principal de la comida. El agua caliente ayudó a pelar el gallo con rapidez, y luego Eulalia ayudó a su madre a cortar en pedazos pequeños toda la carne, que luego metieron en otra olla grande, con agua y algunas hierbas. Doña Rudisinda salió de la cocina a su huerta varias veces, regresando siempre con verduras frescas: una col grande, zanahorias, cebollas y diferentes variedades de papa. Todo entró en la olla mientras nos distraíamos con los pequeños cuyes que corrían por el suelo de la cocina, comiendo un poco de cebada y las cáscaras de algunas verduras. ¡Seguramente celebraban no haber sido ellos los invitados a ser la comida de ese día! Durante este tiempo, varios miembros de la familia de Eulalia vinieron a saludarnos, y trajeron más leña para el horno. Pasamos varias horas en este espacio pequeño, pero sin quejas, porque estuvimos calientes en este hogar tan sencillo y acogedor. Como es mi costumbre, saqué mi cámara para tomar algunas fotos para recordar este día. En la mesa no había espacio para todos, pero cada uno recibió un plato sopero grande con el guiso hecho por doña Rudisinda con los productos de su propio jardín. De la “chacra a la olla” no podía ser más vívido. Doña Rudisinda suele estar en la plaza principal de Lares, donde paran los carros y camiones con viajeros. Tiene una mesa y una pequeña cocina de kerosene donde calienta el agua y prepara bebidas con hierbas tradicionales para los malestares comunes. Allí gana sus centavos para ayudar al presupuesto familiar. Nos dimos cuenta de que esta comida fue preparada con mucho cariño, dándonos lo mejor que podía ofrecer la familia. Fuimos recibidos con cariño a pesar de ser extraños, y honrados con esta comida especial. No era 38 envío

posible ser recibidos con mayor respeto y mejor hospitalidad. Nos dieron lo mejor, y con esto nos hicieron parte de su familia. Una nueva familia en Honduras Unos meses después estuve en otro país —Honduras—, para acompañar a un hermano menor quien es muy querido por mi familia. Es un sacerdote jesuita que trabaja en la ciudad de El Progreso, en el norte del país. El padre Melo, como es conocido, es director de una radioemisora (Radio Progreso) y también director de un centro de investigación y derechos humanos (ERIC). Dos veces acompañé al padre Melo al centro penal de La Ceiba, un viaje de más de dos horas desde El Progreso. Fuimos a visitar a un preso político, un campesino analfabeto que por más de cinco años ha estado encarcelado por defender las tierras de su pueblo contra intereses poderosos que desean someter a la gente pobre para apropiarse de sus tierras. José Isabel (Chabelo) Morales todavía se encuentra encarcelado, a pesar de una orden de la Corte Suprema de Justicia para liberarlo, claramente por interferencia política. Lo curioso de estas visitas es que no tuvimos que entrar al centro penal. Todo el mundo reconoce que Chabelo no es una amenaza para nadie. El director del penal le permitió recibir a sus visitantes afuera de la puerta principal de la cárcel, donde Chabelo colocó unas bancas bajo la sombra de unos árboles frutales. En la segunda visita Chabelo nos avisó que también llegarían su mamá y otros parientes y amigos. El padre Melo salió con su camión para encontrarlos en la carretera, un recorrido de cuatro kilómetros hasta el lugar donde los dejaría el ómnibus en el que habían viajado durante unas tres horas desde su comunidad. Pronto llegó con doña Ramona, la mamá de Chabelo, con su hermano y un estadounidense “observador de paz” que se llama Gregorio y vive en la Guadalupe Carney, la comunidad de la familia de Chabelo. Después de los saludos y abrazos, unas palabras entre madre e hijo preso, doña Ramona anunció que había traído comida. Insistimos en que era mejor guardarla para que Chabelo comiera en la prisión, pero ambos insistieron en que todos debíamos comer juntos. Doña Ramona sacó de una bolsa tortillas envueltas en una manta y de otra bolsa sacó una gallina que había cocinado para la ocasión. Dijo que la gallina venía de su propia huerta. El padre Melo recordó que tenía una bolsa con algunas galletas en el camión y las añadió a la comida. Chabelo fue a la cafetería del penal para comprar una botella de gaseosa sabor naranja, y unos vasos y platos plásticos para todos. Tortillas, galletas y gallina: un

Reflexión banquete al lado de una prisión de mala fama. El pan fueron las tortillas y la bebida una gaseosa de sabor naranja. La carne de la gallina estaba sabrosa. Algunos sentados en las bancas y otros de pie, juntos comulgamos esta experiencia compartiendo con el preso político Chabelo Morales. Todo el sufrimiento a causa de la defensa de la tierra de la comunidad Guadalupe Carney, nombrada así por un sacerdote jesuita asesinado por identificarse con el pueblo campesino. Con la esperanza de que se hiciera justicia en el caso de Chabelo y se le permitiera salir libre antes de la Navidad, como lo ordenó la Corte Suprema. Las lágrimas de una madre dolida por su hijo oprimido y preso por un Estado corrupto e injusto. El sudor y la solidaridad de muchas personas que han trabajado por su libertad, incluyendo una marcha de mil personas en marzo de 2013 hacia Tegucigalpa, la capital hondureña. Todo esto lo celebrábamos con tortillas, carne de gallina y una bebida con sabor a naranja. La comida no tenía ceremonia. Doña Ramona era la única que hablaba, siempre asegurándose de que todos recibieran más, hasta acabar con toda su ofrenda para las personas que apoyaban a su hijo preso. Al comer me emocioné al sentir dentro de mí una cercanía con Chabelo y su familia. Fue más que estar físicamente al lado de él. Esta comida tan sencilla, fue una comunión con este hombre oprimido y su causa, y por medio de él entrar en la lucha por su libertad, una acción ya en marcha por los esfuerzos de muchos, entre ellos el padre Melo. Compartir es un mandato importante para los pobres Dos comidas sencillas, cotidianas, pero llenas de significado y cercanía. Comidas para quitar el hambre, que también nos unían como hermanos de la misma familia. Dos comidas compartidas con los que tienen menos, mucho menos, en bienes y seguridad. Compartiendo el pan de hoy y de mañana porque la hospitalidad, el compartir con otros, es un mandato muy importante para los pobres. Y con estas dos comidas me pregunto si, con todas las rúbricas y oraciones formales, la eucaristía ha perdido algo muy importante a través de los siglos. Al comer juntos el pan entramos en la vida del prójimo que está a nuestro lado. ¿Compartimos en la misa los gozos y sufrimientos, pecados y éxitos, la vida entera del vecino o del comunero? Escuchamos la misa, recibimos la hostia y luego regresamos a nuestras devociones privadas y a una vida alejada de un compromiso con el otro. El sacramento toma algo tan común de la vida humana y lo eleva a ser algo más, tocando la vida hu-

mana y proponiendo que somos mucho más que seres que solamente existen en este mundo. Somos seres en comunión con toda la realidad creada: con la naturaleza, los seres vivos y en especial con la historia de nuestra humanidad. En la comida-comunión estamos presentes con la humanidad de todos los tiempos. La tortilla, hecha del maíz transformado en pan de cada día, me invitaba a estar presente con el preso político Chabelo y con todos aquellos que sufren injustamente. Estar presente es entrar en la historia del otro. Y posiblemente la tortilla y los pedazos de gallina nos llevan a una comunión con las fuerzas creativas que algunos llaman Dios, de donde viene toda vida. Los evangelios le dan importancia a Jesús compartiendo la comida con otros, a veces escandalizando a los piadosos porque comía con “pecadores” o con los menos apreciados en la sociedad. Parece que le gustaba también la fiesta, las bodas donde se tomaba en cantidad (tal vez demasiado) el vino, y alguna vez se le encargó hacer algo para que la fiesta continuara con más vino. No recuerdo adónde, Jesús celebraba una comida religiosa solamente simbólica. La última cena fue una cena llena de ritos y palabras de importancia para la tradición hebrea, conmemorando los mitos de la creación del pueblo hebreo —por cierto—, una comida donde las mujeres de la comunidad jugaron sus papeles tradicionales. También fue una cena con bastante comida y bebida, recordada años después por las comunidades cristianas, porque fue para los discípulos la “última” con su maestro Jesús. Cuando se reunían, años después de su asesinato, los amigos de Jesús compartían la comida recordando sus palabras y enseñanzas y, al hacer esto, las primeras comunidades cristianas tenían una experiencia de cercanía o de presencia de Jesús con ellos. El sacramento, tal vez para recuperar algo de lo original, tiene que aceptar que es lo cotidiano lo que nos lleva a otro nivel. Si comienza con lo espiritual, sin pasar por lo común, se arriesga a transformar lo sagrado en un rito frío y desconectado, y fácilmente apropiado por otros intereses como ahora lo tenemos. Dos madres —doña Rudisinda, mujer quechua de Lares, y doña Ramona, mujer campesina del caserío Guadalupe Carney—, mujeres trabajadoras, tomaban lo que tenían en sus huertos y transformaban la comida en comunión de solidaridad y fraternidad. Los obispos, con su clero en las catedrales, tal vez nunca han podido hacer algo igual, desde que esta celebración de memoria y compromiso con los que sufren, con los que buscan la paz y la justicia, pasó a ser un ritual de los religiosos del imperio romano. 39 marzo 2014

Centroamérica

Detenidos y deportados: xenofobia y dólares (2) JOSÉ LUIS ROCHA*

Ahora sí sabemos por quién doblan las campanas. No por el luto, tocan a rebato celebrando el triunfo de los mercenarios de las ergástulas. Y es que, en la era neoliberal, los emprendedores empresarios ofrecen servicios de confinamiento al gobierno estadounidense. A la postre, las políticas migratorias son diseñadas en Wall Street. Así, el grillete que atenaza los derechos humanos de los migrantes tiene dos brazos: xenofobia y capital. México: Carcelero de centroamericanos

Un informe de la International Federation for Human Rights (FHR) de marzo de 2008 logró profundizar en la situación específica de los migrantes —mayoritariamente centroamericanos— detenidos en México. El objetivo era dar cuenta de las violaciones a los derechos de los migrantes indocumentados en su tránsito hacia Estados Unidos y por eso dedicaba amplio espacio a las muertesen el desierto, a los peligros en el cruce de la frontera y a los abusos durante el arresto. También abarcó las violacionesa los derechos humanos en los centros de detención de México. La FHR visitó tres de los 119 centros de retención migratoria mexicanos, 51 permanentes y 68 adicionales para temporadas altas con abundancia de extranjeros “que no pueden demostrar su estatus legal” y señaló la incompatibilidad de la normativa del Instituto Nacional de Migración, que establece para las detenciones un máximo de 90 días —y en algunos casos reclusión indefinida— y el artículo 21 de la Constitución mexicana, que limita las sanciones administrativas a un máximo de 36 horas. También denunció que los menores estaban siendo sometidos a los mismos períodos de detención que los adultos, amparados en un cuerpo legal que no establece distinciones ni excepciones, salvo para exacerbar su rigor. Reportó extorsiones, maltratos, abuso sexual, ofensas verbales y robos contra los migrantes en las esta

Miembro del Consejo Editorial de la revista Envío de Nicaragua. Instituto de Sociología-Philips, Universidad de Marburg, Alemania. 40 envío

ciones migratorias, que suelen estar sobrepobladas y pobremente dotadas de servicios de salud. La estación de Tapachula destaca por su hacinamiento: los migrantes deben dormir en los corredores y exponerse a enfermedades por servicios sanitarios saturados, comida de baja calidad y falta de acceso permanente a agua potable. En ninguno de los centros existen mecanismos para que los migrantes puedan presentar sus quejas. Los migrantes detenidos en México no solo carecen de información básica sobre su proceso (por qué fueron detenidos en México, el tiempo de la detención, los procedimientos a seguir, la resolución tomada) y de acceso a representación legal, sino que también, con frecuencia, son amenazados por los oficiales (subdirectores de centros, personal de custodia y agentes de servicios sociales) con una detención prolongada si emprenden una acción legal, como recurrir a un juicio de amparo o presentar cargos criminales contra los oficiales que reiteradamente violan sus derechos. La organización Sin Fronteras declaró que jamás había encontrado un solo deportable que tuviera en sus manos una orden escrita de deportación. otros dos informes prueban que migrar es un delito

Con el informe de Amnistía Internacional de 2009, el monitoreo recibió una guía de qué analizar y con qué medios. Florecieron entonces dos monitoreadores que se han mantenido en el tiempo y han hecho un esfuerzo por proporcionar cuestionamientos con representatividad estadística, basados en las bases de datos del Immigration and Customs Enforcement (ICE).

centroamérica El Global Detention Project denunció que de los 32 mil inmigrantes detenidos que había en marzo de 2009, casi el 60% no tenía cargos criminales, ni siquiera el cargo de haber ingresado ilegalmente al país o haber cruzado la frontera sin documentos. Tengamos presente que en Estados Unidos la detención solo es obligatoria para personas con récord criminal. Más de 400 internos sin récord criminal habían guardado prisión por al menos un año. Una docena, por tres años o más, y un inmigrante de China tenía más de cinco años de estar recluido. Casi 10 mil habían permanecido más de 31 días, la cifra promedio con la que el ICE ilustra su eficiente manejo de las detenciones. El tiempo promedio de reclusión se catapultó desde los 2.7 a 26.3 días, 874% de aumento entre 1978 y 1992. En 2009 alcanzó los 114 días, si sumamos los días previos y posteriores a la orden de remoción. En septiembre de 2009 Donald Kerwin y Lin YiYing dieron a conocer un devastador informe sobre las detenciones: Immigration Detention. Can ICE Meets Its Legal Imperatives and Case Management Responsabilities? Algunos hallazgos son similares a los del Global Detention Project. Otros son aún más espeluznantes. Según las estimaciones de Kerwin y Yi-Ying sobre la base de datos del ICE, de los 32 mil detenidos que había en centros del ICE el 25 de enero de 2009, 18 mil 690 eran inmigrantes con casos pendientes. En promedio tenían 81 días de confinamiento. El 74% tenía menos de 90 días, el 13% entre 90 días y seis meses, el 10% entre seis meses y un año, y el 3% un año o más. Los 10 mil 873 detenidos que habían recibido órdenes finales de remoción tenían un promedio de 72 días de reclusión posteriores a la orden de deportación. El 58% de los detenidos no tenía cargos criminales. Cuando los tenían, los cargos más serios eran el coyotaje (13%) y ofensas inmigratorias (6%). En la era de la búsqueda de terroristas, migrar se había convertido claramente en un delito. Niñas y niños capturados y recluidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un extenso informe en 2010: Inmigración en Estados Unidos: detenciones y debido proceso. El texto reafirma la posición esencial de Amnistía: “La detención migratoria debe ser excepcional y atender a circunstancias procesales muy específicas como asegurar la comparecencia del o la inmigrante o a la necesidad de proteger la seguridad pública en casos muy limitados”. La crítica de fondo: en ausencia de un sistema de detención civil, los migrantes reciben el

tratamiento de convictos penales. El punto de la OEA: mientras se encuentren detenidos por el ICE, incluso los migrantes con antecedentes penales deben estar sometidos a una detención civil. La OEA observó que, pese al insuficiente monitoreo del ICE, esta institución desaprobó en 2008 y 2009 el cumplimiento de los estándares de detención en el 40% de los centros. Además de reiterar estas violaciones, siguiendo el mismo esquema de AI, la OEA añadió una nueva e imprescindible problemática: la detención de niños con sus familias o no acompañados. La OEA denuncia casos de padres que han perdido la custodia de sus hijos tras haber permanecido detenidos poco más de un año. La Ley Federal de Adopción y Familias Seguras establece que, cuando un niño o niña ha permanecido bajo la custodia del Estado durante 15 de los últimos 22 meses, el padre y/o la madre pierden la custodia. En los años anteriores al informe, la patrulla fronteriza detuvo un promedio anual de 90 mil menores no acompañados. La OEA mostró su preocupación porque, debido a su ubicación rural, muchos albergues para niñez no acompañada tienen notorias dificultades para contratar y retener personal calificado en las áreas de salud, trabajo social y otras. Pero su principal queja apuntaba a problemas más graves: carencia de un sistema de observación efectiva y confidencial, y demandas judiciales por abusos físicos y sexuales. “sentía y creía que yo era malo”

El antecedente de estas denuncias fue un informe de la Women’s Refugee Commission titulado Halfway home: Unaccompanied Children in Immigration Custody, publicado en febrero de 2009. El informe fue hecho en coautoría con una firma legal que incluye a 1100 abogados de 21 oficinas en Asia, Norteamérica y Europa. Sus clientes incluyen cien empresas de la lista de Fortune. El trabajo de campo del informe denunció condiciones de las patrullas fronterizas inapropiadas para niños, cantidad de menores no transferidos a los albergues en el establecido plazo de 72 horas, concentración de los albergues en áreas rurales que afectan su calidad, albergues proporcionando información al DHS, lo que dificulta la reunificación familiar, carencia de representación legal y ambientes con excesivas restricciones. Retomando con apasionamiento esta bandera en 2012, la International Detention Coalition lanzó su informe Captured Chilhood, que recoge testimonios de menores detenidos en diversos centros alrededor del mundo. Carolina —hondureña de 16 años, detenida en 41 marzo 2014

centroamérica Estados Unidos— cuenta: “Teníamos libertad en esa casa, como qué comer, cuándo jugar, pero no podíamos salir. Yo lloraba mucho porque eso me recordaba cuando fui encerrada durante mi secuestro”. Inmediatamente después de su captura, Sergio, salvadoreño de 16 años, fue enviado a la “caja de hielo”, un cuarto sin ventanas ni luz natural. El aire acondicionado estaba tan fuerte que no podía dormir. Fue sometido a esa estrategia de los patrulleros fronterizos para desincentivar su ingreso irregular en Estados Unidos. Los efectos psicológicos de estos confinamientos son devastadores. Carlos, hondureño de 16 años, relata que lo pusieron en “el hoyo” —un cuarto sin ventanas— por tres días: “Me sentía como un animal. Sentía, yo mismo creía, que yo era malo, que yo tenía algo que otra gente podía ver y yo no. Y por eso ellos me hicieron creer que yo actué mal, que me comporté mal, que merecía estar ahí. Empecé a creer que lo merecía”. secuelas familiares de la detención

Con la preocupación por los menores detenidos se fue gestando una creciente atención por las secuelas que la detención sedimentaba en los menores y las consecuencias para su vida familiar. Destaca el informe In the Child’s Best Interest? de la Universidad de California, que reveló que no solo los migrantes irregulares estaban siendo afectados. La aplicación de la Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act significó que, entre abril 1997 y agosto 2007, el gobierno estadounidense deportara a 87,884 migrantes con residencia legal permanente, una cuota promedio anual de aproximadamente 8700 migrantes. Más de la mitad tenía al menos un hijo. Esa marejada antinmigrante expulsó del país a los padres de 103,055 niños, de los cuales 88,627 (86%) eran ciudadanos estadounidenses. Más de la mitad de esos niños (44,422) no tenía siquiera cinco años de edad cuando su padre y/o madre fueron repatriados. A la afectación de esos niños hay que sumar la de 217,068 familiares estadounidenses: maridos, esposas, hermanos y hermanas. El informe de la Universidad de Berkeley insistió en la vulnerabilidad de los derechos de esos niños y en la perniciosa impronta que la separación había dejado sobre su salud física y mental. Pero, al enfocarse exclusivamente sobre los residentes legales —quizás buscando un golpe de efecto sobre la opinión pública estadounidense, mejor predispuesta hacia este grupo que hacia los indocumentados— el informe había vuelto a trazar una línea que otros informes, activistas

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y académicos se habían esforzado en borrar: la línea donde un documento y una autorización estatal son los únicos salvoconductos para garantizar el ejercicio de los derechos. Cualquiera que sea la justificación para ese enfoque exclusivo en residentes legales permanentes, puede ser refutada con la propuesta de analizar todos los casos, distinguiendo entre la situación y cifras de cada grupo de migrantes: naturalizados, residentes, trabajadores con permiso temporal, indocumentados con menos de dos años de haber llegado e indocumentados con más de dos, cinco, diez, veinte años de residir. El Centro de Derechos Humanos y Justicia Internacional del Boston College ha realizado análisis anuales de esta temática, pero con una óptica no excluyente, pues la mayoría de sus encuestados y entrevistados son indocumentados. El trabajo con familias deportadas en Guatemala y El Salvador dio lugar a por lo menos dos trabajos científicos sobre el impacto de la detención y la deportación en los niños migrantes latinos y sus familias. Entre sus hallazgos señalaron que los padres con mayores niveles de vulnerabilidad legal reportan un mayor impacto en el ambiente familiar durante la detención y deportación que afecta su bienestar emocional, su capacidad para proporcionar ingresos y el mantenimiento de sus relaciones familiares. Sus hijos, a menudo, tienen problemas en la escuela. Estos estudios también revelan que muchos hijos de inmigrantes viven en familias de “estatus mixto”, donde uno de los progenitores es indocumentado y el otro es residente o ciudadano estadounidense. Entre los latinos, el 40% de los niños migrantes de segunda generación tienen un progenitor indocumentado. Son los más propensos a que sus familias terminen fragmentadas o incluso desintegradas por la deportación. La política de dejar a los niños estadounidenses hijos de deportados viviendo en Estados Unidos, adoptada para que “prevalezca el interés del menor”, termina produciendo un enorme daño, con períodos de detención que empobrecen a las familias y llenan a los niños de furia, confusión y ansiedad. 2012: vuelve Amnistía Internacional

En 2012, con la Operación “Comunidades seguras” trabajando a todo gas —pues aunque Bush la engendró, Obama le regaló opíparos banquetes—, Amnistía Internacional publicó un nuevo informe: En terreno hostil: Las violaciones de los derechos humanos en la aplicación de las leyes de inmigración en el suroeste de los Estados Unidos.

centroamérica La sección dedicada a la detención es relativamente breve, pero contiene testimonios muy elocuentes, como el de un mexicano de 33 años —que reside en Estados Unidos desde 1998— describiendo su experiencia en un centro de procesamiento de detención en Tucson, Arizona: Ellos me explicaron algunos de mis derechos, pero me dijeron que no tenía derecho a estar en este país, que mi país es México, que estaba perdiendo mi tiempo con el proceso inmigratorio porque era imposible. Yo sentí como que estaban tratando de lavarme el cerebro. Me dijeron que yo tenía que estar en la cárcel por lo menos seis meses si yo quería un juez de inmigración. Trataron de poner mi huella del pulgar en una hoja de papel. El agente me torció un brazo atrás de mi espalda y me jaló el otro brazo hacia adelante cuando traté de poner las manos en mi bolsillo. Él continuó preguntando por qué yo no firmaba, ya que no tenía ningún derecho a estar en el país. Él me estaba gritando para asustarme y hacerme firmar.

Este mexicano no había cometido ningún delito. Otros detenidos, cuyos testimonios acopia el informe, habían cometido delitos menores. Entre 2010 y 2012 hubo una creciente criminalización de conductas antes permitidas y ONG y periodistas profundizaron en la trayectoriay las razones económicas de esa multiplicación de lo criminal. EL NEGOCIO DE LA DETENCIÓN: UNOS SUFRIENDO Y OTROS GANANDO

Las prisiones solían ser un monopolio del Estadonación. En la mayor parte de los países —si no en casi todos— las cárceles son propiedad del Estado y únicamente pueden ser administradas por sus funcionarios, entrenados y acreditados como miembros de la policía o del sistema judicial. En la era neoliberal, los empresarios emprendedores ofrecen servicios de confinamiento al gobierno estadounidense. Alquilan celdas y cancerberos. Entre 1999 y 2010, las cárceles privadas en Estados Unidos pasaron a acoger del 10% al 16% de todos los detenidos. El emprendedurismo no tiene límites. Ofrece lo que jamás se pensó que tendría un comprador: vende cautiverio. Es decir, vende un servicio cuyo consumo el Estado impone a ciertos individuos. El Estado sigue determinando quién ha de consumirlo, pero renunció a la exclusividad de su provisión. La privatización de la seguridad ciudadana ha llegado a este extremo, que parece extraído de una novela de Orwell.

¿Por qué esa renuncia? El gobierno federal de Estados Unidos sostiene que la subcontratación deriva en una reducción de costos: en las cárceles administradas por el ICE el costo diario por detenido fue de 119 dólares en 2007 y el sector privado de las mazmorras cobraba menos: 88 dólares por cliente. Los bajos salarios obraban el milagro: los carceleros privados reciben un salario de 28,790 dólares anuales, mientras los públicos tienen un salario medio de 38,380. Pero la factura que las cárceles privadas transfieren a los contribuyentes se ha venido abultando. Hace una década el gobierno pagó 760 millones a las empresas privadas. En 2012 el costo a los contribuyentes sobrepasó los 5 mil millones, cancelados en 13 contratos de variada duración por custodiar a 23 mil “criminales inmigrantes”. El costo unitario por día, que fue de 80 dólares en 2004, llegó a 166 en 2012. Y ahora el gobierno no puede decir no a los carceleros privados. Para costear esta ola creciente, Barack Obama —carnal de los latinos cuando está en campaña— solicitó 97 millones de dólares extra en 2011 y otros 50 millones más en 2012. Corrections Corporations of America (CCA) es el consorcio que más contratos obtiene por vender encarcelamientos. Su página web proclama que es el America’s Leader in Partnership Corrections y, curándose de la lluvia de ataques, advierte: Bienvenido a CCA, el líder nacional en proporcionar soluciones correccionales al gobierno federal, estatal y local. Nuestra compañía —la primera en su tipo— fue fundada en 1983. Nuestro enfoque de sociedad pública-privada en correccionales combina la reducción de costos y la innovación en los negocios con el seguimiento de estrictas directrices y una supervisión gubernamental sostenida. CCA beneficia a los Estados Unidos protegiendo la seguridad pública, empleando a los mejores con sólidas carreras, rehabilitando internos… Todo ello mientras ahorra los dólares de los esforzados contribuyentes. geo: líder mundial en cárceles privadas

El activista Peter Cervantes-Gautschi nos dio a conocer que en los últimos cuatro años aproximadamente un millón de inmigrantes han sido encarcelados en peligrosos centros de detención en el sistema privado de cárceles. Un número creciente de reportes e investigaciones confirman que para muchos de los empujados a este sistema, es una gran pesadilla. Niños fueron abusados, mujeres fueron violadas, y hombres se murieron por falta de 43 marzo 2014

centroamérica atención médica básica. Estos centros son manejados por dos empresas apoyadas por Wall Street: CCA y el Grupo GEO. Recientemente, GEO acordó pagar indemnización por el abuso físico de sus empleados hacia presos que fueron desnudados y registrados en Pennsilvania, Illinois, Texas y Nuevo México. En otro caso, GEO tuvo que pagar 40 millones de dólares por la muerte injusta de un preso detenido en Raymondville, Texas. GEO también ha enfrentado una demanda de siete niños que fueron abusados sexualmente por un guardia durante su detención en un centro de GEO.

CCA, con sede en Nashville, Tennessee, y el Grupo GEO, con sede en Boca Ratón, Florida, son las dos mayores empresas en el negocio de la reclusión. Obtuvieron 1.73 y 1.6 mil millones de ganancias en 2011. Según Cervantes-Gautschi, juntas son la fuerza más potente tras las bambalinas de los esfuerzos legislativos antinmigrantes. George Zoley, presidente de GEO, ayudó a recaudar más de 100 mil dólares para las campañas de Bush-Cheney en 2000 y 2004. Por eso, fue premiada en 2003 con un contrato para manejar el Campamento de Detención de Guantánamo en Cuba. Se trata de un negocio transnacional: GEO es el mayor proveedor mundial de prisiones: 101 centros, 73 mil camas y 18 mil empleados en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Sudáfrica. Se anuncia con la verborrea comercial y la conciencia libre de culpa de quien vende refrigeradoras o pañales biodegradables: “Como proveedor líder en la industria desde 1984, ofrecemos a nuestros clientes alta calidad, servicios con costos eficientes, programas innovadores y enfoques revolucionarios”. Lo sepan o no, lo quieran o no, los estadounidenses son los mayores compradores de los servicios de GEO. En Estados Unidos, GEO tiene 59 centros y 61,279 camas. Con este cliente, GEO logró pasar de un ingreso neto de 16.9 millones en 2000 a 78.6 millones de dólares en 2012. 11 de septiembre: el parteaguas salvador El 11-S operó un milagro. Fue el parteaguas salvador en el mercado de las reclusiones. Steve Logan, antiguo CEO de Cornell, en una conferencia a inversionistas comentó sobre el futuro de la industria carcelaria: “Es claro que los eventos del 11 de septiembre dispararán las detenciones en las fronteras y al interior de los Estados Unidos. Más gente será capturada. Y eso es positivo para nuestros negocios. Los eventos del 11 de septiembre elevarán el nivel de esos negocios”. El

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11-S los salvó de la bancarrota, al borde de la cual se encontraban a fines de la década de los 90. La persecución contra los migrantes desatada tras el ataque a las torres gemelas los rescató. Ahora sí sabemos por quién doblan las campanas. No por el luto, tocan a rebato celebrando el triunfo de los mercenarios de las ergástulas. Las cifras cantan solas: en 2002-2011, el número de reclusos en prisiones privadas creció en un 355%, en contraste con un crecimiento del 28% y 67% en el sector público federal y estatal. Seis estados alojan a más del 25% de sus presos en centros privados: New Mexico (46%), Montana (36%), Hawaii (35%), Vermont (34%), Alaska (29%) y Idaho (29%), según un informe que en 2009 emitió CCA. Casi 2 millones y medio de migrantes han recalado en estos centros de detención desde 2003. cómo crece un “mercado cautivo”

Este nuevo dinamismo del mercado no ocurrió por generación espontánea. CCA declaró en su informe anual de 2010 que “la demanda de nuestros centros y servicios puede ser adversamente afectada por la relajación de los esfuerzos en aplicar la ley, la indulgencia con los convictos o los estándares de libertad bajo palabra y el tipo de sentencias o la descriminalización de ciertas actividades que son actualmente proscritas por nuestra legislación penal”. Ergo: la clave está en extender el área de lo jurídicamente punible. Por eso, en diciembre de 2006, coincidiendo con —o alentando— la ola de redadas, GEO y CCA sacaron de sus monederos 6 millones de dólares para presionar a los políticos hasta lograr que se aplicara la legislación de 1996 con todo su rigor: los capturados en las redadas fueron procesados por delitos como portación de documentos falsos, fraude en sus declaraciones fiscales, suplantación de identidad, etc. De esta forma se creó un “mercado” potencial —¡un mercado cautivo, nunca mejor dicho!— de más de 35 millones de nuevos delincuentes en un abrir y cerrar de atónitos ojos. La inmensa clientela podía incluir a los más de 10 millones de indocumentados y a muchos más millones de residentes e incluso ciudadanos penalizados por su portación de rostro. Para proporcionar carne de celda en 2007 el ICE organizó 30,407 redadas, el doble que en 2006, y por eso el número de inmigrantes detenidos saltó de 256,842 a 311,169. Esta repentina “demanda” tuvo un impacto que se reflejó en el termómetro de Wall Street: las acciones de CCA, que en 2004 se cotizaban a 12.15 dólares, en marzo de 2008 fueron elevadas a 26.86 por la confianza

centroamérica de los inversionistas, quienes saben que CCA sabe hacer un cálculo costo-beneficio a ojo de buen carcelero: en algunos casos cobra 200 dólares al día por cada detenido, cuando el promedio nacional es de 54 dólares. Los costos para los contribuyentes se dispararon. De 2006 a 2012, el presupuesto del ICE para la captura, detención y deportación de inmigrantes se incrementó en 51%. En 2011, el sitio web Seeking Alpha, ducho en análisis de Wall Street, reportó que el ingreso de GEO por servicios de cuidado de salud en las cárceles llegó a 1 mil millones de dólares en marzo de 2009, una ganancia de 5.8%. El margen de ganancia para CCA, en el mismo período y en 19 estados, fue superior a 1 mil 900 millones de dólares. Así se consolidó una tríada concatenada por la división del trabajo: los migrantes penando, los carceleros ganando y los contribuyentes pagando. carceleros, políticos y legisladores: intereses comunes

Por descabellado que parezca, esta bonanza no bastó para retener a los peces gordos como J.P. Morgan, uno de los principales accionistas de GEO. Calculando que había terminado el tiempo de las vacas gordas —posiblemente alarmado por las presiones de los migrantes que se manifestaron en 2006, valorando equivocadamente la victoria de los demócratas y temiendo la insuficiencia de personal policíaco para sostener un número creciente de capturas—, J.P. Morgan vendió sus acciones. Wells Fargo —nuevo accionista mayor de GEO— y Bill Ackman, director de Pershing Square, dueño principal de CCA —junto con Bank of America— no se quedaron de brazos cruzados. GEO y CCA volvieron la vista hacia el nivel estatal y local. Así se incubó la ley SB1070 de Arizona. Jan Brewer, gobernadora de ese Estado, recibió financiamiento de CCA y en su equipo, como asesores principales, tenía a dos antiguos cabilderos de CCA: Chuck Coughlin y Paul Sensman. Russell Pearce, exsenador de Arizona que funcionó como pieza clave en el impulso a la SB1070, era entonces miembro ejecutivo de la fuerza de tarea sobre seguridad pública y elecciones del American Legislative Exchange Council (ALEC), presidida por la National Rifle Association e integrada, entre otros, por CCA. Con más de dos mil legisladores estatales en su bolsillo —un tercio del total—, ALEC es la más voluminosa asociación no partidaria de legisladores estatales, según tamborilea su bullicioso sitio web. Las 200 corporaciones y grupos de interés que la integran también la convierten en la mayor asociación públicaprivada, con socios de tanta prosapia como Exxon Mobil,

Blue Cross, Boeing y Wal-Mart. Antes de someterla al senado de Arizona, Pearce sometió su propuesta de ley a la habitual revisión de 30 días por parte de los abogados de ALEC, representantes de corporaciones y legisladores. El borrador de la temida SB1070 se cocinó en los hornos de ALEC. Investigadores han mostrado que, tras cada asamblea de ALEC, cada legislador regresa a su terruño con mil proyectos de ley, 20% de los cuales logran cristalizar en leyes. las leyes antinmigrantes nutren la industria carcelaria

La SB1070 de Arizona provocó un efecto dominó de legislación antinmigrante que CCA y GEO supieron empujar y continúan alentando mediante el financiamiento de campañas electorales, a menudo repartiendo parejo entre demócratas y republicanos. Según Cervantes-Gautschi, esta ola legislativa xenofóbica pudo extenderse como mancha de aceite debido a la falta de acción por parte del Congreso federal, ocasionada por una combinación de inversiones de la industria carcelaria en cabildeo y campañas electorales, y a una peligrosa asociación de intereses personales. La mayoría de los miembros del Congreso, dice, tiene inversiones personales en CCA y GEO. Por ejemplo, el senador de Wyoming, Mike Enzi, es inversionista de Pershing Square, el fondo de protección que tiene el mayor número de acciones en CCA. En el pico de las redadas, el entonces vicepresidente Dick Cheney estaba invirtiendo sus ahorritos en Vanguard, uno de los accionistas mayores de GEO. Estos y otros legisladores reciben miles para sus campañas. El senador republicano de Arizona, John McCain, recibió 71 mil dólares de parte de CCA para su fallida campaña presidencial. El representante republicano de Kentucky, Hal Rogers, recibió alrededor de 59 mil dólares. Rogers dirigió el primer subcomité sobre seguridad nacional y a menudo critica al ICE por no disponer de suficientes camas para los detenidos. De 2003 a la primera mitad de 2012, los candidatos a las cámaras estatales y los partidos políticos recibieron más de 5.32 millones de dólares de las compañías privadas de prisiones. En los diez estados donde más cabildean, estas compañíasllegaron a invertir 8 millones de dólares en los últimos diez años. En 2003-2010, CCA se hizo con el control de la mitad de las camas con el que el sector privado participa de la industria carcelaria, al invertir 14.5 millones de dólares en cabildeo ante el DHS, el 45 marzo 2014

centroamérica ICE, el Department of Justice, la Office of Budget Management, el Federal Bureau of Prisons y las dos cámaras del Congreso. Según Detention Watch Network, en 1999-2009, entre las cinco corporaciones que venden servicios carcelarios al ICE, destinaron más de 20 millones de dólares al cabildeo. El grueso fueron 18 millonesde CCA y 2 millones de GEO. Con estas picas en Flandes, en 2005-2009, por cada dólar que GEO gastó presionando al gobierno federal, recibió 622 en contratos hasta redondear la gordita suma de 996.7 millones. CCA recibió un retorno de 34 por cada dólar invertido en cabildeo hasta llegar a los 330.4 millones. Los intereses económicos personales de los políticos están tan ligados a las empresas correccionales y estas ejercenun cabildeo tan agresivo, que no es previsible un descenso de la industria carcelaria a corto plazo. En su calidad de miembros del ALEC —colaboración entre corporaciones multinacionales y políticos conservadores—, CCA, GEO y la National Rifle Association hicieron alianza para conseguir la aprobación de dos iniciativas legales: la llamada truth-in-sentencing y la tres strikes y estás out. La primera obliga a que los delincuentes violentos cumplan con al menos el 85% de la pena antes de optar a la reducción de condena. La segunda implica que la tercera condena deberá ser penalizada con cadena perpetua. Ambas apuntan a prolongar el consumo de las prisiones, a dilatar la demanda. Tom Ridge, primer director del DHS, fue miembro de la fuerza de tarea que promovió estas iniciativas. Una investigación de la revista In These Times mostró que los promotores de la SB1070 estaban tan dedicados a la seguridadfronteriza como a la promoción de las fortunas de CCA y GEO. HÉCTOR, MARIBEL, FABIANA, LETICIA, JOSUÉ...

La aplicación de la SB1070 y de las leyes de 1996 sigue incrementando el encarcelamiento de migrantes, extendiéndose indiscriminadamente desde los indocumentados hasta los ciudadanos. Nadie está a salvo de la denigrante combinación de lo penal con lo venal. La ACLU de Arizona, en su documento In their own words, sobre los abusos en los centros de detención de Arizona, expuso en junio de 2011 historias de migrantes capturados que muestran la expansión del mercado de los cautivos contra tiempo (de residencia), marea y documentos en regla. Héctor había vivido en Tucson desde que, a los cinco años de edad, fue adoptado por un matrimonio estadounidense. Tiene una licenciatura en ciencias 46 envío

políticas. En 2010 fue detenido por una infracción de tránsito. Con la coartada de que sus huellas digitales no lo identificaban como ciudadano estadounidense, fue retenido durante cinco meses en Florence Correctional Center, una de las cárceles privadas subcontratadas por el ICE. Maribel fue detenida mientras conducía. Solo porque sí. No había cometido infracción alguna: “Me detuvo porque tengo pelo oscuro y luzco como latina”. Mostró su carnet de identidad y el policía sentenció: “Esa no eres tú. El documento es falso”. La enviaron un mes a Florence y solo pudo salir bajo fianza para continuar peleando su caso. Fabiana vive en Estados Unidos desde que tenía 12 años. Es residente legal. Madre y esposa de estadounidenses. Fue detenida por la policía de Maricopa durante una redada. Después de un interrogatorio fue transferida a celdas del ICE, de donde la retornaron a las celdas del condado. Al comprobarse su carencia de antecedentes penales, fue retransferida al ICE. En lugar de liberarla, el ICE le recetó tres semanas en Florence hasta que pudo salir bajo fianza para seguir su proceso en las cortes migratorias. Leticia, guatemalteca madre de dos estadounidenses y con veinte años de residir en Estados Unidos, fue recluida durante 21 meses en Eloy y Florence Detention Centers, ambos propiedad de CCA. El estadounidense Josué fue detenido por conducir bajo efectos del alcohol. A pesar de que presentó su certificado de nacimiento como estadounidense, fue transferido al ICE para hacerle el negocio a las empresas privadas. el delito de “portación de rostro”

También Tennessee acusó la expansión de las detenciones. En Consequences & Costs, ACLU se concentró en lo que estaba ocurriendo en el condado Davidson de Tennessee: conducir se había convertido en un delito en Davidson, desde que en 2006 se cortó la emisión de licencias de conducir a indocumentados. El 41% de los extranjeros arrestados lo fue debido a infracciones menores de tránsito, cargos que solo se imputaron al 20.7% de los estadounidenses bajo arresto. Un policía llegó a decir sobre unos latinos: “No están haciendo nada malo, pero tienen una apariencia sospechosa”. El look, la portación de rostro, se había convertido en motivo de detención. ACLU denuncia el pronunciado sesgo étnico de los arrestos en Davidson. Las consecuencias comunitarias de esta persecución claramente enfocada fueron: la reducción de las denuncias por des-

centroamérica confianza en la policía (42% de los latinos entrevistados sabían de delitos y no los reportaban) y comunidades aterrorizadas. Las consecuencias para CCA y GEO: más presos a sus cárceles, más dólares a sus arcas. En el cuestionamiento de este sistema se apela con frecuencia al sentido práctico de los estadounidenses. Es lo que podríamos calificar también como un recurso al egoísmo, visible en informes que no enfatizan o ni siquiera mencionan los abusos a los derechos humanos y que tampoco cuestionan el derecho a deportar y a separar familias, como el emitido por el Immigration Policy Center en octubre de 2011, que calcula que 166 dólares por detenido al día significan 60,590 dólares por detenido al año, y que, en contraste, alternativas a la detención enfocadas en una buena supervisión pueden abaratar los costos desde 14 dólares hasta 30 centavos por persona al día. las políticas migratorias están al servicio del capital

El rechazo del sector más comprometido de la sociedad civil estadounidense a la privatización de la seguridad y sus esfuerzos por eliminarla hunde sus raíces en motivaciones éticas: lucrarse mediante la reclusión de personas, fomentar la creación de un mercado de cautivos y tratar con idéntica asepsia moral la inversión en chocolates que el negocio de las prisiones son razones suficientes para el rechazo, pero no necesariamente se relacionan con una perversidad novedosa en las ambiciones del capital. Este rechazo a veces llega más allá e implica dos novedades —una práctica y la otra en la concepción de fondo—, que ponen de manifiesto, en este terreno, la contradicción entre la estrategia del capital y el marco liberal de los derechos humanos. La novedad práctica es el deterioro de la calidad de la reclusión, ligado a la privatización de los servicios carcelarios: varios estudios han demostrado que la reducción de costos y el afán de lucro se traducen indefectiblemente en personal menos entrenado, trabajadores frustrados por sus bajos salarios y rotación de empleados, rasgos que a su vez multiplican los casos de violencia, abuso, negligencia y bajos estándares en cuidados de salud. El desmedido afán de lucro también implica que a esa —nunca mejor llamada— “clientela cautiva” se le imputan precios leoninos por servicios elementales. Esos precios imposibilitan el contacto frecuente con familiares y abogados. El mayor centro de detención de migrantes en Estados Unidos —Stewart Detention Center, prisión administrada por CCA en Lumpkin, Georgia— cobra

a los reclusos cinco dólares por cada doce minutos de llamadas a teléfonos fuera del Estado. Las raciones de comida son tan espartanas, que algunos migrantes deben pagar 40 dólares semanales por raciones extra. Para poder pagar por estos servicios, a los internos se les ofrece la envidiable oportunidad de ganar entre 1 y 3 dólares al día por jornadas de ocho horas como cocineros, limpiadores y barberos. 1752 internos son sometidos a este régimen de trata laboral. También hay otra novedad —con suficiente base empírica pero poca reflexión en los informes— referida a la concepción del sistema de justicia. La aplicación cotidiana de las políticas migratorias estadounidenses ha dado un giro jurídico radical al colocar los derechos humanos bajo la tutela del capital. Este tratamiento mercantil de la punición estatal —cuyos derivados forman parte de la mayor parte de las denuncias expuestas en los informes— no solo segrega un deterioro de la calidad de vida de los reclusos por mor de la reducción de costos, el fomento de las redadas y las políticas antinmigrantes para expandir la demanda y el desbocado incremento del consumo de los servicios carcelarios inducido mediante la extensión de los períodos de reclusión. También coloca las políticas públicas al servicio de particulares y somete los derechos humanos al principio del cálculo costo-beneficio. A la postre, las políticas migratorias son diseñadas en Wall Street y en los mentideros donde cuchichean sus intrigas el conservatismo y los preso-dólares. “teme a tu prójimo como a ti mismo”

Existen diversas organizaciones que presentan batalla contras las detenciones en Estados Unidos y globalmente. Destacan el Global Detention Project, la International Detention Coalition, la Detention Watch Network y los reporteros de The Business of Detention. Su lucha más encarnizada se dirige contra la detención de niños migrantes. También suelen tener otras propuestas más abarcadoras. Grosso modo asumen y repiten las atrevidas propuestas que, en su informe de 2009, lanzó Amnistía Internacional: 1. La aprobación por parte del Congreso estadounidense de una prohibición de las detenciones a inmigrantes y solicitantes de asilo. La detención sería un último recurso. 2. El gobierno estadounidense debería asegurarse de que medidas alternativas —como reportarse periódicamente o pagar una asequible fianza— estén siempre explícitamente consideradas antes de recurrir a la detención. 47 marzo 2014

centroamérica 3. La aprobación de una ley que asegure a todos los inmigrantes y solicitantes de asilo el acceso individual a audiencias sobre la legalidad, necesidad y adecuación del confinamiento. Podría recurrirse a la detención sólo si el gobierno demuestra —en cada caso individual— que es una medida necesaria y proporcionada. Todas las decisiones de detención deberían estar sujetas a una revisión formal, regular y ceñida a un cuerpo judicial para evitar toda discrecionalidad por parte de los funcionarios del ICE. Los inmigrantes deberán ser aconsejados sobre las opciones disponiblespara poner fin a su detención y sobre cómo acceder a las mismas. 4. El gobierno estadounidense debería asegurar la adopción de los estándares de detención compatibles con el ejercicio de los derechos humanos en todos los centros de detención que alojen migrantes. Lo hará por medio de leyes o de políticas y procedimientos de aplicación obligatoria emitidos por el Department of Homeland Security. Deberá haber una supervisión independiente y efectiva para asegurar la compatibilidad con los estándares de detención y la rendición de cuentas por cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Estas propuestas dibujan un horizonte de posibilidades ceñido a derecho. Pero se asientan sobre un tenebroso paisaje donde el temor a los otros va urdiendo una maraña donde unos se recluyen voluntariamente en ciudadelas y otros caen en los reclusorios de alquiler. Teme a tu prójimo como a ti mismo fue el título de una charla con la que el filósofo esloveno Slavoj Zizek buscaba enunciar la filosofía más diseminada de nuestro tiempo. Para Zizek, el ejemplo máximo de la implementación de esa ideología es Estados Unidos, la tierra donde todo puede ser una agresión: “Tocar a alguien, mirarlo demasiado... Igual que queremos pasteles sin azúcar, queremos a un prójimo descafeinado”. del estado de bien-estar al estado de preso-estar

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman nos recuerda que “Bourdieu observó que el estado de California, elogiado por ciertos sociólogos europeos como el paraíso mismo de la libertad, dedica a la construcción y el mantenimiento de las prisiones un presupuesto que

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supera de lejos el total de los fondos públicos asignados a la educación superior”. El estado de preso-estar ha sustituido al estado de bien-estar. En este ambiente, no solo los migrantes están expuestos a esta marea criminalizadora. Las detenciones de migrantes son quizás la manifestación más desvergonzada, pero no la única, de esa propensión a socorrer al prójimo poniéndolo tras las rejas. A las pruebas me remito: USAID concedió a México 28 millones de dólares en 2010. Ese año los deportados mexicanos fueron el 73% de la producción del ICE. Para que la ayuda externa que Estados Unidos brindó a México ese año hubiera sido al menos equivalente al financiamiento de las deportaciones de mexicanos, USAID debería haber transferido no 28 sino 4 mil 179 millones de dólares. Ahí está el detalle. la prisión: rito simbólico de exclusión

Pero Estados Unidos insiste en que cárcel y deportación es la mejor medicina para la osadía de instalarse en su territorio sin pedir permiso. ¿Por qué? Bauman tiene una respuesta que no va a gustar a muchos: El confinamiento espacial, el encarcelamiento con diversos grados de severidad y rigidez, siempre ha sido el principal método para tratar con los sectores no asimilables de la población, difíciles de controlar y propensos a provocar problemas. Existían barracas para los esclavos, así como para los leprosos, los locos y los forasteros étnicos o religiosos… En un sentido, todo el proceso policíaco-judicial que culmina en la prisión es un rito extenso y rígidamente estructurado de rechazo simbólico y exclusión física. El rechazo y la exclusión son humillantes con toda intención; su objetivo es que el rechazado-excluido acabe por aceptar su imperfección e inferioridad social.

Ese es el sentido de los rituales en los que Arpaio —reelegido en 2012 para su sexto período como rudo sheriff del condado de Maricopa— hace circular por las calles de Phoenix a migrantes encadenados: véanlos, migrantes animalizados. Ahora también sabemos que el atavismo ritualizado tiene un sentido práctico: el lucro con los preso-dólares. El grillete que atenaza los derechos humanos de los migrantes tiene dos brazos: xenofobia y capital.

Nuestra Palabra

Pastores como Monseñor Romero Si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño, dijo Monseñor Romero pocos días antes de que un francotirador profesional le estallara una bala en el corazón mientras elevaba el vino en el altar de la Eucaristía, en una capilla de un hospital de enfermos cancerosos, a muy pocos pasos de su sencilla y austera habitación. Nunca una predicación evangélica tuvo una repercusión sociopolítica tan grande como la de Monseñor Romero, en el tiempo transcurrido entre marzo de 1977 y marzo de 1980, comparada tan solo a los años de alta predicación de la llamada época de los Padres de la Iglesia, quienes pagaron con su sangre su osadía de insertar la fe cristiana en la realidad histórica en defensa de los más oprimidos de la sociedad. Monseñor Romero predicó con su humildad y sencillez. En su relación personal cotidiana era muy tímido, pero su palabra se agigantaba cuando había que predicar ante el pueblo, tanto para proclamar su fe en el Señor como para defender con su voz la causa de los pobres por encima del derecho a la propiedad privada. Monseñor habló del destino universal de los bienes, base de la Doctrina Social de la Iglesia, y eso lo entendieron los cristianos pudientes de su tiempo como un ejemplo de la manipulación comunista de Monseñor. Y todavía hoy a muchos le suena a comunismo cuando se habla de que es pecado amontonar riquezas, y todavía más exhibirlas y malgastarlas mientras a la par hay tanta gente que sufre de necesidades extremas. Monseñor Romero no fue de ningún partido político. Fue simplemente un cristiano generoso, puesto por la gracia de Dios como Arzobispo en un trozo muy denso de la historia salvadoreña. Monseñor Romero fue un hombre libre que cuando palpó a fondo los dolores de su pueblo, no se dejó manipular por nadie. Monseñor Romero es hoy un ejemplo eximio de fe viva impregnada de solidaridad, diálogo, cercanía humana y amor. Y por eso mismo, nos remite claramente a Jesús de Nazaret, a quien toda la Iglesia está llamada a seguir. 34 años después, Monseñor Romero no sólo ha resucitado en el pueblo salvadoreño, sino en la vida de los pueblos que luchan por la dignidad y la vida. Cuando fue investido como Arzobispo, Monseñor Romero tenía 60 años, y recibió los aplausos de la gran oligarquía salvadoreña. Tres años después, este mismo sector celebró con champán y vivas su muerte ingrata. Monseñor Romero fue en su vida un hombre fiel a Dios, fiel a la Iglesia, fiel a la verdad y fiel su pueblo. Sus tres últimos años no se pueden entender sin estas fidelidades de su vida entera. La realidad de violencia salvadoreña y la cercanía a la sangre de los asesinados injustamente, su frustración ante la búsqueda de justicia y de verdad, le dieron a Monseñor Romero la clave para su misión de pastor en las circunstancias dramáticas en las que vivió la última etapa de su vida como Arzobispo de San Salvador. Monseñor Romero vino a dar vida a la Iglesia, y ha trazado con nitidez un camino para que la Iglesia entera sea hoy fiel a Jesucristo. En una sociedad en que se aplastan los derechos y la vida de los pobres, se eleva con mayor fuerza lo que para nosotros es un gran clamor de nuestros tiempos: Que el Señor se digne darnos el regalo de pastores como Monseñor Romero.

Radio Progreso y ERIC-SJ 24 de marzo de 2014