Revista Envío N.40 by Radio Progreso ERIC-SJ

envio Esta edición de la Revista Envío-Honduras es una producción del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (eric-sj). Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente.

Año 11 • N° 40 • Honduras • diciembre de 2013

• Elecciones 2013: ¿Solución o expresión de la conflictividad nacional?................1 • Balance de las elecciones del 24 de noviembre de 2013.........10 • ¿Nació la oposición política parlamentaria en Honduras con Libre y PAC?................................................15 • Elecciones y ciudadanía en Honduras (1981-2013): La larga marcha hacia una democracia deficiente y un Estado de derecho incorregible........................................20 • Al cierre del proceso electoral 2013… ¿Vendrán los cambios deseados?.............................................32 • Detenidos y deportados: xenofobia y dólares (1).....................36

Consejo de redacción: Ismael Moreno SJ, Isolda Arita, Marvin Barahona, Joaquín A. Mejía R. y Eugenio Sosa. Colaboran en este número: Ismael Moreno SJ, Eugenio Sosa, Manuel Torres Calderón, Marvin Barahona, Honduras Debate, y José Luis Rocha. Editores: Marvin Barahona e Isolda Arita Diagramación: Yasmin Pérez Impresión: Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras. Tiraje: 1 000 ejemplares

Radio Progreso: dando razón de nuestra fe y esperanza Hace 57 años, el 15 de noviembre de 1956, se conocieron las ondas sonoras de esta emisora. A partir de 1970 somos un proyecto y una propuesta radial y comunicacional de los jesuitas, y actualmente, junto con el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, formamos parte de la misión del Apostolado Social de la Compañía de Jesús en Honduras. Desde nuestra inspiración cristiana, alimentamos la esperanza de los pobres y por eso tenemos una afinidad natural con los sectores populares más oprimidos, con las comunidades de fe que viven y se organizan en la base, las organizaciones comunitarias organizadas territorialmente, y con todas aquellas organizaciones que luchan en defensa y promoción de sus derechos y de sus demandas sociales, económicas, políticas y culturales… Quienes nos conocen entienden que nuestra palabra crítica, nuestra reflexión de fe y análisis forman parte de nuestro patrimonio. Y lo hemos forjado a lo largo de muchos años y turbulencias, en plena fidelidad a las comunidades pobres y las luchas de los sectores sociales y populares (…). Nuestra Palabra, 17 de diciembre 2013

actualidad

Elecciones 2013: ¿Solución o expresión de la conflictividad nacional? Ismael Moreno (SJ)*

Estos comicios han dejado en claro que la coyuntura política que se abrió a partir del 25 de noviembre deberá sostenerse sobre un pacto de gobernabilidad entre las fuerzas políticas más beligerantes. En este contexto, los próximos cuatro años se presentan como el escenario para que las agrupaciones populares y sociales en resistencia reformulen sus estrategias, evitando que se reduzcan a la política electorera y a prácticas políticas coyunturales, con la mirada puesta en un proceso de más largo aliento. Un bono decisivo para el triunfo del oficialismo El domingo 15 de diciembre centenares de familias pobres, documento en mano, se aglomeraban en escuelas y centros comunales para reclamar la porción del bono diez mil prometida por los activistas del Partido Nacional, cuando Juan Orlando Hernández fuese declarado presidente electo de la República. Una vez que cumplieron su parte, estas personas reclamaban el pago por el voto que vendieron al candidato oficialista. Con este hecho limosnero cerró el círculo del proceso electoral, dejando las cosas bien claras: pueden reformarse todas las leyes electorales y garantizarse una supervisión impecable de los comicios; pueden estar presentes todas las misiones de observadores internacionales de derechas y de izquierdas, pero lo

Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERICSJ).

que no parece sufrir cambio alguno es el negocio que los políticos saben hacer con las calamidades de la población más empobrecida. Los políticos han contribuido enormemente a la inseguridad económica de la gente. Y una vez convertida en masa humana miserable, la usan para fortalecer sus intereses y consolidar su poder en la institucionalidad del Estado. El bono diez mil —concebido por el Estado como medida de compensación social para paliar las calamidades de las familias pobres— se convirtió en factor decisivo para garantizar el triunfo del candidato oficialista, justamente porque los políticos saben “hacer lo que tienen que hacer” con el estómago vacío de la gente. ¿Estamos a las puertas un nuevo pacto político o continuarán los dinamismos del pasado? Las elecciones del 24 de noviembre dejaron en claro que los dinamismos de la crisis política desatados por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que ve-

nían fortaleciéndose en las últimas décadas, siguen intactos; y el ambiente poselectoral confirma que el proceso no solo está salpicado por los dinamismos propios de la inestabilidad, sino que las elecciones mismas forman parte de la conflictividad nacional. Es cierto que los resultados globales le dieron el triunfo al candidato oficialista, pero esos resultados no cambiaron el golpe frontal a la columna vertebral que sufrió el modelo bipartidista tradicional que ha gobernado el país durante más de tres décadas de democracia electorera. Ganara Juan Orlando Hernández o resultara victoriosa la esposa de Manuel Zelaya Rosales, nada anticipa que la vida política hondureña volverá a ser la que siempre ha sido conducida por el cogobierno liberalnacionalista. En todos los torneos electorales precedentes, desde 1981 hasta 2009, solo hubo dos posibilidades: o ganaba el Partido Liberal o ganaba el Partido Nacional. Los partidos restantes —dos entre 1981 y 1994, y tres desde 1997—, nunca tuvieron ninguna posibilidad de triunfo; jun1 diciembre 2013

actualidad

El país más corrupto de Centroamérica El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente a 2013, elaborado por Transparencia Internacional (TI), mantiene a Honduras como el país más corrupto de Centroamérica y entre los más corruptos del mundo. El informe califica a los países en una escala de 0 a 100, en la que 0 implica que un país es percibido como sumamente corrupto, y 100 significa que es visto como muy transparente. En el informe de 2013, Honduras apenas alcanza 26 puntos, lo cual representa un retroceso para el país, que obtuvo una calificación de 28 puntos en 2012. En cuanto a su posición relativa a otros países, Honduras también retrocedió. Entre los 177 países que fueron evaluados a nivel mundial, aparece en la posición 140; en otras palabras, hay 139 países percibidos como más transparentes que Honduras, mientras que solo 36 son percibidos como más corruptos. Esto representa un retroceso de 7 cupos, ya que en 2012, Honduras ocupaba el lugar 133. De acuerdo al IPC 2013, en la región de las Américas, Honduras solo es menos corrupto que Paraguay, Venezuela y Haití.

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tos alcanzaban un porcentaje que nunca superó el cuatro por ciento de los votos válidos. De igual manera, sin importar a quien le den el triunfo los resultados electorales, la coyuntura política que se abrió a partir del lunes 25 de noviembre deberá sostenerse sobre un pacto político de gobernabilidad entre las fuerzas más beligerantes de estas elecciones. Por mucho que busque concentrar poderes en torno a su persona, Juan Orlando Hernández no podrá impulsar una administración pública por su cuenta en la inestable, violenta e insegura realidad nacional. Ninguna fuerza política tiene capacidad para llevar por sí misma un proyecto político sin contar con alianzas y negociaciones firmes con otros sectores políticos. Dicho de otra forma: lo que se eligió en las elecciones del 24 de noviembre no fue un ganador con capacidad para gobernar en solitario y por encima de las demás fuerzas políticas, sino a alguien que deberá liderar el pacto político de gobernabilidad en corresponsabilidad con las fuerzas políticas que en estas elecciones lograron superar el tradicional cogobierno liberal-nacionalista. Una coyuntura política finaliza y otra comienza Con estas elecciones llegó a su final la coyuntura política iniciada el 22 de mayo de 2011 con la firma de los Acuerdos de Cartagena de Indias, que definieron un pacto político de gobernabilidad liderado por las fuerzas políticas responsables del golpe de Estado de 2009. El triunfo de Juan Orlando Hernández da inicio a una nueva coyuntura, con un nuevo pacto político de gobernabilidad que, no obstante, seguirá siendo liderado por las

elites políticas y empresariales que condujeron la coyuntura anterior. Aun cuando la Presidencia de la República no la haya ganado Xiomara Castro de Zelaya, candidata de Libre, el expresidente Zelaya emerge de estas elecciones como el mayor ganador personal al convertirse en el líder con el mayor margen de maniobra para negociar desde su puesto como diputado electo al Congreso Nacional que se instalará el 25 de enero de 2014. De acuerdo con la conducta y las alianzas que se han venido impulsando en los últimos años, es previsible que el diputado Manuel Zelaya Rosales se erigirá como líder indiscutible de la bancada del partido Libre para, desde allí, negociar con el sector liberal que lidera el político y empresario sampedrano Yani Rosenthal, ministro de la Presidencia en los primeros años de la truncada administración Zelaya; además, para buscar alianzas o acuerdos específicos con la bancada del Partido Anticorrupción (PAC), a fin de alcanzar una mayoría en el Congreso Nacional que presione con éxito al Poder Ejecutivo, que boicotee las iniciativas de ley de la bancada nacionalista y de la extrema derecha liberal, o introduzca iniciativas de ley exitosas en el Poder Legislativo. En el contexto de la inestabilidad política y económica, y del colapso de la institucionalidad del Estado que arrancó tras el golpe de Estado, las elecciones del 24 de noviembre representaron para el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea el cierre de la etapa que inició con el golpe; de ahí la importancia y la atención que le concedieron a asegurar el cumplimiento cabal del proceso electoral. No obstante, hasta los sectores que asumen que con

actualidad estas elecciones se está cerrando una etapa, no dudan en calificar su culminación como una operación de “lavado” del golpe de Estado. Los acuerdos firmados entre el presidente Porfirio Lobo Sosa y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, avalados por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el presidente venezolano Hugo Chávez, símbolos de los dos modelos políticos e ideológicos confrontados en América Latina, significaron el regreso al país de Zelaya Rosales, el retorno de Honduras a la OEA, el reconocimiento de la resistencia antigolpista como fuerza política beligerante y la legitimidad del proceso electoral como escenario aceptado por las fuerzas confrontadas para dirimir los conflictos políticos. La primera coyuntura que se impulsa tras el golpe de Estado se inició con la oposición masiva en demanda de la restitución del presidente derrocado, y se cerró con las elecciones del 29 de noviembre de 2009, de las que resultó triunfador Porfirio Lobo Sosa. Al asumir su cargo el 27 de enero de 2010, Lobo Sosa recibió del gobierno de los Estados Unidos y de los gobiernos de la Unión Europea un mandato preciso: pasar del pacto sustentado en la cúpula responsable del golpe de Estado a un pacto político de gobernabilidad que, obligatoriamente, incluyera a la expresión política de la resistencia liderada por Zelaya Rosales. Y Lobo Sosa dedicó esfuerzos importantes a poner en marcha el pacto político de gobernabilidad sustentado sobre esos nuevos pilares. Algunos observadores del acontecer político hondureño sostienen que los resultados de las elecciones de 2013 no bastan para asegurar la estabilidad política del próximo gobierno. Los resultados han dado

un ganador, pero este ha de recurrir a diversos factores para establecer una sólida base para la gobernabilidad futura. Esos factores son las alianzas y pactos con al menos tres partidos políticos con los que deberá negociar o confrontarse en el Congreso Nacional; con los sectores dominantes del empresariado, los principales líderes de las iglesias y los medios de comunicación afines al oficialismo. Y, además, conducir a reformas legales que contribuyan a concentrar las principales decisiones en el Poder Ejecutivo, desplazando así el gran poder concentrador que, por más de una década, ha tenido el Congreso Nacional. Estos podrían ser los rasgos de identidad del nuevo gobierno, sin descartar una alta dosis de represión y militarización de la sociedad, nota distintiva de la campaña electoral del candidato triunfador. Encuestas y resultados coincidieron, pero no en todo Los resultados coincidieron con los porcentajes anunciados por casi todas las encuestas. Al partido Libre se le atribuía un porcentaje que osciló entre el 28 y el 29%, coincidente con cerca del 29% que obtuvo en las urnas. El 20% que alcanzó el Partido Liberal en las encuestas coincidió con el porcentaje obtenido en las urnas. Al PAC las encuestas le adjudicaban un promedio del 15%, también coincidente con el resultado en las urnas. Sin embargo, el Partido Nacional aparecía en las encuestas con un porcentaje que fluctuaba entre el 27 y el 29%, pero en los resultados oficiales alcanzó más del 36% de los votos escrutados y válidos. Muchos testimonios e indicios establecen una relación estrecha

uno de los países más peligrosos del planeta La encargada del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, reveló que 2013 cerró con 109 masacres, y que la tasa de homicidios proyectada es de 83 por cada cien mil habitantes. Ayestas lamentó que, pese a la disminución de 2.5 en relación a 2012 —cuando hubo 85.5 muertes violentas—, no se logró bajar las cifras como inicialmente se proyectó, y el país continúa ubicado entre los más peligrosos del planeta. Detalló que 2013 cerró con más de nueve mil muertes por causas externas, entre las que mencionó 235 suicidios y más de siete mil homicidios, así como otra significativa cantidad de accidentes de tránsito. Se registraron 109 matanzas múltiples, con más de tres víctimas en cada evento, lo que sumó 400 homicidios solo en esta modalidad. Ayestas demandó mayores esfuerzos por parte de las autoridades: “Esperamos que este año haya una real depuración en la Policía, especialmente en los mandos superiores, pero también que haya mejoras en las condiciones de los agentes del orden”, afirmó. San Pedro Sula, Tocoa, La Ceiba, Juticalpa y el Distrito Central continúan siendo las ciudades más violentas del país, mientras que en muchos municipios de Intibucá y El Paraíso no se registraron homicidios durante todo el año.

3 diciembre 2013

actualidad

Larga vida para la Tasa de Seguridad El Congreso Nacional amplió hasta el 2021 la vigencia de la Ley Poblacional, más conocida como el “Tasón” o Tasa de Seguridad, mediante la cual el gobierno recauda más de mil millones de lempiras anuales; esta consiste en el cobro de un impuesto a las transacciones bancarias superiores a los 120 mil lempiras, y un impuesto anual a los titulares de tarjetas de crédito, entre otras disposiciones. Varios diputados liberales se quejaron porque no se ha presentado un informe detallado de la ejecución de los fondos, y se opusieron a que la ley se amplíe a “ciegas”, a pesar de que los primeros cinco caducan en 2016 y no se ha rendido cuentas correctamente. El diputado de Unificación Democrática (UD), Marvin Ponce, uno de los fervientes defensores de la ley original, pidió la presencia de los administradores del fondo para que expliquen los montos y criterios de ejecución, y sostuvo que los niveles de inseguridad persisten en el país. A pesar de los cuestionamientos y el retiro a mitad del debate de la bancada liberal, los nacionalistas lograron pasar la reforma aprovechando la mayoría simple, 65 votos, que tienen en el Congreso.

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entre el aumento del porcentaje del Partido Nacional con la disminución alarmante de los votos en los partidos Unificación Democrática/ Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (UD-Faper) que se presentaron en alianza; la Democracia Cristiana, el Partido Alianza Patriótica y el Partido de Innovación y Unidad (PINU). Hubo 16 mil Mesas Electorales Receptoras (MER), y en cada una se debía contar con un delegado propietario y otro suplente para representar a cada partido político. Pero, es de sobra sabido que la mayoría de los partidos pequeños, como ha ocurrido en todos los procesos electorales anteriores, no podría cumplir con tal requisito; sin embargo, hubo delegados de todos ellos en las MER. Sucedió que el Partido Nacional compró a los dirigentes de estos partidos las credenciales de sus delegados y las entregó a miembros de su partido; además, sobornaron a los delegados de los partidos pequeños en las MER para que, al momento de votar, lo hicieran por el Partido Nacional. Así se explica que en miles de mesas electorales no hubiera ni un voto a favor de ninguno de estos partiditos, no obstante haber acreditado oficialmente la representación de delegados propietarios y suplentes. Esto tiene al menos dos consecuencias: una, que miles de votos que debieron favorecer a los partidos pequeños se depositaron a favor del Partido Nacional; y, dos, que en muchas MER los delegados del partido gobernante se confabularon con los delegados de los partidos pequeños para sumar votos al candidato del oficialismo al momento del conteo. A lo anterior hay que agregar la compra burda de votos entre

los electores bajo la amenaza de que —de no hacerlo a favor del candidato oficial—, perderían los beneficios del bono diez mil, la limosna que da el partido gobernante a sus correligionarios. Así aseguró el Partido Nacional la cantidad de votos suficiente para romper a su favor el empate técnico que por varios meses revelaron las encuestas entre el candidato oficialista y la candidata de Libre. Al respecto, Envío-Honduras recogió testimonios en centros electorales de varias ciudades, cuyo contenido coincide en señalar la compra de votos por parte de activistas del Partido Nacional, siguiendo el mismo patrón de entrega de dinero a los votantes a cambio del voto confirmado a favor del candidato nacionalista. “Yo vi —aseguró un observador independiente— cuando un activista nacionalista le entregó un celular a una persona que iba a depositar el voto, y también me di cuenta cuando, al salir de ejercer el sufragio, la persona mostró al activista político la foto que había tomado a la papeleta a favor Juan Orlando Hernández. Entonces el activista le entregó un fajo de billetes, como cierre de la transacción acordada”. Tras varios testimonios, EnvíoHonduras constató que esta práctica no fue aislada. Los activistas del Partido Nacional —y previsiblemente activistas de algunos partidos pequeños— ofrecían entre quinientos y mil lempiras por cada voto. Quien aceptaba, recibía la mitad del dinero pactado antes de ir a la urna junto con un celular para que fotografiara el lugar donde marcaba su voto; una vez que el activista comprobaba que, en efecto, la persona había votado por el candidato oficialista, procedía a cancelar la segunda mitad de la suma acordada.

actualidad Una izquierda eufórica y de mirada corta La euforia de la burbuja, la devoción hacia la figura del líder y la estática mirada puesta en el cortísimo plazo de un sector de la izquierda tradicional hondureña cubrieron —así como un manto de espesa neblina oscurece la mirada de los caminantes— el fraude organizado y planificado con paciencia franciscana y cálculo maquiavélico por las elites que han venido conduciendo el pacto de cúpulas y el pacto político de gobernabilidad que han definido nuestro ambiente político desde el golpe de Estado. Bien dicen los expertos y la sabiduría popular que un hueso en boca de un perro bravo no se puede quitar sino con una fuerza superior a la del colmillo que lo sostiene. Las entusiastas consignas de quienes se metieron de cabeza en el atractivo escenario político electoral no podían ser más fuertes que los colmillos de las elites políticas y empresariales conducidas por la reducida y feroz oligarquía nacional. Y así como fue la subida, así fue el golpe al caer estrepitosamente a la realidad de la noche del 24 de noviembre. Tan alto fue el entusiasmo como profunda la frustración que acompañó a los sectores populares que apostaron por la bandera de Libre. Esta frustración ha impedido ver con calma los aciertos y los errores, de manera que el sentimiento de fracaso fue torpemente disimulado con los vivas que de inmediato se dirigieron hacia el gran líder cuando, habiendo llamado a una conferencia de prensa el lunes 25 de noviembre, las quinientas personas que lo acompañaban acallaron con gritos y burlas las voces de los periodistas independientes que se atrevieron a preguntar sin cortapisas.

Para ciertos sectores de la izquierda hondureña, la euforia alimentada con consignas ha sido su mayor escudo para ocultar debilidades y uno de los más eficaces mantos de protección ante las voces críticas y la palabra creativa y propositiva. Sin embargo, tan falsa e inútil es la euforia provocada por las consignas, como la frustración defensiva que agrede a tientas y a ciegas a molinos de viento convertidos en enemigos a muerte. La frustración que invadió a mucha gente que acarició el triunfo de doña Xiomara es la misma que surge cuando se guisa la liebre antes de cogerla; no tiene bases sólidas en qué sustentarse. Un dato básico y que cae por su propio peso es que doña Xiomara no alcanzó la Presidencia de la República. En parte, como consecuencia de un fraude meticulosa y pulcramente organizado. De no haber votado todos los delegados de los partidos pequeños por el candidato oficialista y de no haber existido la compra de votos, seguramente los resultados electorales hubieran culminado en un empate técnico, o con un escaso porcentaje a favor del candidato oficialista. Sin embargo, ni hubo de parte de Libre una firme defensa del voto como mucha gente esperaba, ni las instancias oficiales estuvieron dispuestas a satisfacer plenamente los reclamos que se les presentaron en esta materia. En todo caso, está a la vista que Libre logró convertirse en una fuerza política de gran peso en apenas dos años desde su constitución como partido político. Esta hazaña está por encima de cualquier sentimiento de euforia o de frustración. Es un dato objetivo. Y es un instrumento de lucha que, de consolidarse, podría contribuir a profundizar la ruptura del modelo

Más de 70 mil hondureños deportados en 2013 Los gobiernos de Estados Unidos y México deportaron, durante 2013, a 70 mil 658 hondureños, un 18% más que el año pasado, según informes del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR). “La situación es alarmante, porque al menos cuatro personas son deportadas cada hora de Estados Unidos, mientras una cantidad igual sale de aquí cada 60 minutos hacia esa nación”, dijo la portavoz del CAMR, Aracely Romero, citada por la AFP. Romero explicó que los repatriados son enviados a Honduras principalmente desde Estados Unidos pero también desde México, en aviones o autobuses fletados por el Servicio de Inmigración estadounidense. Cifras oficiales dan cuenta que, desde 1997, cuando sumaron 3 mil 922, la cifra de deportados hondureños desde EUA y México se multiplicó por 18. Es decir que, cada 15 minutos, como promedio, un hondureño viaja hacia EUA sin documentación en regla, pero apenas el 10% logra llegar a ese país. Cálculos del gobierno indican que unos 50 mil hondureños solicitan visa cada año a la embajada estadounidense para viajar legalmente, pero solo 10 mil la obtienen. Se calcula que actualmente hay alrededor de 1.2 millones de hondureños residiendo en EUA, la mayoría en condición ilegal.

5 diciembre 2013

actualidad

La niñez, siempre desprotegida El exdirector de Casa Alianza, Manuel Capellín, en una entrevista a Proceso Digital manifestó que “los niños no han sido de interés para ninguno de los gobierno en los últimos años, la infancia ha sido siempre como un grupo desprotegido, un grupo marginado y olvidado…”. Es por eso, explicó, la mayoría de criminales son personas entre 18 y 30 años que no tuvieron el apoyo necesario durante su niñez. “Falta políticas de Estado, políticas de protección real; hay mucho discurso pero muy poca práctica, hay muy poca atención en temas como la desintegración de la familia; en educación, aunque hayamos conseguido los doscientos días, no solo se trata de cantidad sino de calidad”, y agregó que otros temas olvidados por los gobiernos son “la explotación sexual, la inmigración”. Afirmó que “lo que estamos teniendo en la actualidad es la acumulación de lo que hemos estado sembrando en los últimos años; entonces, hasta que no tengamos políticas de atención y de protección serias que van más allá de lo que puede durar un gobierno, seguiremos hablando de estos temas los próximos diez o quince años”. También expresó que el enfoque del gobierno al momento de combatir la criminalidad no es el más apropiado, ya que no solo debe incrementarse el número de policías en las calles, sino también llevar a cabo actividades de carácter preventivo.

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bipartidista tradicional. Todavía se puede observar la cara de asombro de personas que proceden del tradicionalismo político, que se niegan a aceptar que el indestructible Partido Liberal, el partido de “las milicias eternamente jóvenes”, el que siempre fue mayoritario, se resquebrajó y redujo su posición a un distante tercer lugar. Es cierto que esa ruptura se debió, en parte, a la migración de miles de liberales a las filas de Libre, pero también es cierto que, según los resultados de los sondeos de opinión del ERIC de los últimos tres años, este partido pasó, de tener en diciembre de 2011 un reconocimiento de 2.8 por ciento en la población encuestada, a un 14 por ciento en diciembre de 2012; un año después logró un porcentaje cercano al 29 por ciento, alcanzado en las elecciones del 24 de noviembre de 2013. Asumir retos, pese a la frustración Este rápido crecimiento ubica a Libre como un fenómeno político de gran repercusión en la vida nacional y en la historia política hondureña. Sin embargo, este dato objetivo no concuerda con el sentimiento de frustración que embarga a miles de simpatizantes de Libre, que esperaban alcanzar el cielo con su primera aparición en el complejo escenario político electoral. Convertir ese dato objetivo en factor de lucha, para pasar del predominio de los sentimientos a la construcción de estrategias de lucha es, sin duda, una tarea primordial para los militantes y la dirigencia de Libre. Y asumir tal reto implicará un esfuerzo consciente por recuperar y revalorar la fuerza movilizadora que nació como expre-

sión de rechazo al golpe de Estado, aglutinada en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Ahora Libre se verá obligado a garantizar la autonomía de este instrumento de lucha social, estableciendo una frontera clara respecto de la estructura y el funcionamiento partidario. En esta experiencia electoral, el frente social representado por el FNRP se subordinó al partido político, lo que provocó que mucha gente que estaba dispuesta a movilizarse por demandas populares bajo la bandera de un frente de lucha social se alejara de Libre, expresando así su falta de interés en identificar sus demandas con un partido político; un mensaje claro de la voluntad de algunos sectores populares de asegurar la independencia política de los movimientos sociales. Es importante señalar que Libre obtuvo casi un millón de votos a favor de su candidata presidencial. Esta cantidad supera con mucho el número de liberales que emigraron hacia el nuevo partido, lo que significa que muchos de los votos recibidos por Libre proceden de sectores distintos al bipartidismo, motivados probablemente por la búsqueda de una opción electoral que representara el cambio político y social que la ciudadanía exige. Por tanto, estos votantes no constituyen el “voto duro” de Libre, pero coyunturalmente coincidieron con este en la búsqueda del cambio. En caso de que este partido no responda a las expectativas de la gente, estos votantes podrían emigrar para seguir buscando nuevas propuestas partidarias o candidaturas que simbolicen el cambio y representen las demandas sociales más sentidas por la población.

actualidad El voto de una nueva generación Uno de los fenómenos más novedosos de estas elecciones lo representó el Partido Anticorrupción (PAC), fundado y liderado por el comentarista de deportes y presentador de televisión Salvador Nasralla. En el nuevo mapa político el candidato presidencial del PAC se ubica en la cuarta posición entre los más votados de este torneo; y, según testimonios y datos conocidos tras las elecciones, fue el partido cuyos votos sufrieron el mayor manoseo. No obstante, el PAC, con apenas un año y medio de existencia, logró captar el voto de decenas de miles de jóvenes en las áreas urbanas y el mundo universitario del valle de Sula, que votaron por primera vez. Son votos de una juventud desencantada de la política, o todavía más, que no se interesa tanto en la política. Se trata de una juventud que mantiene la mirada clavada en la televisión y las redes sociales, seguidora del fútbol nacional e internacional y de la farándula, saturada por los medios electrónicos con información sobre modas y consejos para mantenerse en forma. Salvador Nasralla es un ejemplo paradigmático que encaja, como anillo al dedo, con los intereses de estos jóvenes, a pesar de ser un sexagenario que sabe ocultar con esmero el paso del tiempo a través de cirugías y visitas cotidianas al gimnasio. El mayor servicio de Salvador Nasralla a la sociedad hondureña ha sido haber logrado interesar en la política a miles de jóvenes urbanos, lo que no se había conseguido por ningún otro medio ya conocido. Nasralla supo atrapar a estos jóvenes con un discurso breve, lleno de símbolos y pocas palabras, cargado de ejemplos y muy pocas definicio-

nes, pero todo apuntando hacia la lucha contra la corrupción, en un país donde los políticos y la corrupción entran en el mismo saco. Una oyente de Radio Progreso expresó una conclusión compartida por muchos hondureños y hondureñas al conocerse los resultados de estas elecciones: “Con esta cantidad de votos alcanzados en estas primeras elecciones, el próximo presidente de Honduras se llamará Salvador Nasralla”. La juventud que votó por el PAC se movilizó para que Nasralla se convirtiera, casi de la noche a la mañana, en un fuerte aspirante a la Presidencia de la República y para que quienes lo acompañaban en las listas de diputados y corporaciones municipales, alcanzaran sus objetivos. La mayor hazaña del PAC se produjo, precisamente, en la batalla que libró para ganar la principal alcaldía del departamento de Cortés: San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, donde protagonizó una reñida contienda con Armando Calidonio, candidato del oficialismo. Calidonio, hombre fuerte del nacionalismo en la Costa Norte y sobre quien los rumores lanzan múltiples sospechas que lo sindican como participante activo en “trances oscuros”, pudo representar un factor para que terminara enfrentándose al candidato del partido que enarboló la bandera contra la corrupción. No obstante —según los mismos rumores—, Calidonio tiene tanto poder que no existe fiscalía ni autoridad, ni siquiera la embajada de los Estados Unidos, que haya podido vincularlo públicamente con la comisión de alguno de los supuestos delitos que se le atribuyen. A estas sombras contribuye la afirmación de que el nuevo alcalde

El paquetazo La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, que contiene medidas lesivas para la población, fue publicada la tarde del 2 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, con lo que ya entró en vigencia. La publicación del paquete fiscal se hizo bajo el decreto 278-2013 del 30 de diciembre de 2013, y fue aprobado en el Congreso Nacional la madrugada del 21 de diciembre, con la aplanadora de los diputados nacionalistas. Entre los principales puntos del decreto destacan el aumento del Impuesto Sobre Ventas (ISV) del 12 al 15 por ciento en todos los productos, excepto la canasta básica, así como más tributos al precio del combustible y la telefonía móvil. Pero la nueva canasta básica sólo incluye 72 productos que quedan exentos del pago de ISV. Gloria Pérez, presidenta del Comité para la Defensa del Consumidor (CODECOH), denunció que en pláticas sostenidas con el gobierno habían consensuado un listado de más de 200 productos que quedarían libres del pago de este tributo, pero no cumplió. Por tanto, lo calificó como un “paquetazo en contra de las personas más pobres del país”.

7 diciembre 2013

actualidad Inundaciones en el Aguán Unas cuatro mil personas incomunicadas en Santa Rosa de Aguán, una persona muerta y más de 7500 hectáreas de plantaciones de arroz seriamente dañadas en la

de San Pedro Sula emergió “quién sabe de dónde” y al hecho de que, como viceministro de Seguridad en dos administraciones, se le señaló siempre como un funcionario ubicado por encima de la misma Secretaría de Seguridad. Si se atiende a tales rumores y sospechas, la alcaldía de San Pedro Sula habría sido ganada por uno de los intocables del país.

zona caribeña —lo que representa pérdidas de más de 200 millones de lempiras—, es el saldo preliminar de las inundaciones provocadas por el segundo frente frío que afectó al territorio hondureño el 7 y 8 de enero. Además, el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, manifestó que el daño a la infraestructura en siete puntos estratégicos, entre los departamentos de Atlántida y Colón, no permite sacar el producto que se salvó de las inundaciones. Jorge Lobo, un productor de arroz en el Aguán, demandó acciones inmediatas del gobierno de la República que ayuden a reactivar el sector arrocero, uno de los más afectados por las lluvias. “No nos imaginamos que este frente frío iba a causar tanto daño a las plantaciones de arroz, palma (africana) y maíz, por lo que pedimos que se declare estado de emergencia en el departamento de Colón”, manifestó este productor. Aída Lanza, otra productora, expresó que “estábamos ilusionados porque esta cosecha iba a ser muy buena, y pedimos el auxilio de las autoridades”.

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Elecciones fraudulentas, sistema político corrupto Los resultados y el escenario político desencadenados por el fraude son irreversibles. Y lo son, ante todo, porque el fraude no se reduce a resultados falseados o manipulados. Son irreversibles puesto que se sostienen sobre un modelo electoral que sistemáticamente ha mostrado un comportamiento fraudulento, que es esencialmente corrupto y ha hecho un uso perverso de la institucionalidad del “Estado de derecho” para acomodar la democracia al interés particular de los más fuertes. El fraude electoral en las elecciones de 2013 es el mismo que avaló las elecciones de 2009: sostenido con engaños, trampas, adulteración de la voluntad popular, con el uso de la fuerza, la amenaza y el chantaje contra los opositores al oficialismo. Es la continuidad del fraude electoral lo que sustenta las “elecciones estilo Honduras”, porque los sectores económicos y sociales que lo apadrinan son en su esencia un fraude para la sociedad hondureña. La esencia del fraude electoral en 2013 es que asegura la continuidad de los dinamismos que desataron el golpe de Estado de 2009; entre otros, un pacto político de gobernabilidad que consolida

una democracia autoritaria y excluyente, conducida por la ley de los más fuertes y legitimada por la comunidad internacional –llámese embajada americana, Unión Europea, OEA o misión de la ONU. La democracia autoritaria se construye a la medida de los intereses defensivos de la elite económica y política local, principal socia de los intereses de los tres actores internacionales de mayor peso: las multinacionales, el gobierno de los Estados Unidos y su política de seguridad y —último pero no menos importante—, el narcotráfico. Estos actores actúan con espacios y niveles de autonomía propios, pero sus conductas alimentan y complementan la inestabilidad política y social con su secuela de violencia e impunidad. Sin embargo, su fundamento más sólido lo constituye la voluntad transnacional y oligárquica de consolidar y afinar un modelo extractivo de los recursos naturales (tierras, aguas, bosques y subsuelo) para garantizar las fuentes de obtención de riquezas e insertar a Honduras en la economía global como un territorio de extracción de recursos y de aprovechamiento de sus reservas naturales para fines muy distintos al bienestar y el progreso de las centenares de miles de familias empobrecidas del país. ¿Qué sigue? Los actores internos decisivos, socios menores de los tres grandes actores internacionales, apuestan firmemente a consolidar en Honduras el modelo de democracia autoritaria excluyente que, además, pretende constituirse en barrera de contención ante las supuestas amenazas políticas e ideológicas que proceden del sur del continente. El estratega de campaña de Juan

actualidad Orlando Hernández, el venezolano Juan José Rendón, lo dijo con la mayor de las firmezas: “El triunfo de Juan Orlando Hernández fue una victoria contra el chavismo”. Como la cerecita para el pastel del triunfo de Juan Orlando Hernández, los medios corporativos de comunicación celebraron con entusiasmo la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que, ante las demandas presentadas contra los principales responsables del golpe de Estado y de las subsiguientes represiones, concluyó en el primer informe del examen preliminar que no existían bases para calificar de crímenes de lesa humanidad las acciones emprendidas por las autoridades hondureñas en respuesta a las manifestaciones contra el golpe de Estado. Este informe, más las primeras acciones represivas dirigidas contra los estudiantes universitarios organizados en el espontáneo movimiento “jóvenes de negro contra Juan Orlando Hernández”, se presenta como la antesala de lo que será un régimen con una alta dosis de autoritarismo, intolerancia y exclusión, con rasgos notables de dictadura en un marco de legitimación nacional e internacional por parte de las fuerzas más conservadoras, militaristas y fundamentalistas. Así, las elecciones confirmaron ser más un problema que una solución a los conflictos que sustentan la inestabilidad y el deterioro institucional del país. En lugar de abrir puertas, abrieron más las heridas que siguen sangrando desde el golpe de Estado. Y confirmaron, además, que el camino del movimiento social y popular no puede reducirse a buscar cambios a través de un gobierno, sino más bien a proponerse transformar el Estado por medio de procesos de lucha en los cuales las elecciones sean apenas un factor.

Participar en elecciones, sin tener fuerza en la organización social de base y territorial, es como querer transformar una casa deteriorada cambiando únicamente el techo. Las elecciones siguen siendo un campo para la batalla política y popular, pero la participación popular no debe limitarse a inscribir un partido, aceptando sin más las reglas del juego establecidas y sostenidas por elites fraudulentas y un modelo electoral tan viciado como agotado. Participar en elecciones ha de ser parte de un proceso continuo de convergencia de los diversos factores que surgen en las articulaciones políticas y sociales que vienen desde abajo y se amarran en la vida cotidiana. En este proceso de construcción de la sociedad desde la comunidad, tan importante es un partido político como la fuerza movilizadora y autónoma de los movimientos sociales, por ser complementarios entre sí. Esta articulación entre partido político y movimiento social debe sustentarse en el respeto mutuo a la identidad y la autonomía de cada actor en su dimensión política y social, única forma de potenciar el esfuerzo de construcción política y social desde la comunidad y las bases de la sociedad. Los cuatro años que siguen se presentan como el escenario para que las diversas agrupaciones populares y sociales en resistencia reformulen sus estrategias, para evitar que estas se reduzcan a la política electorera y a prácticas políticas coyunturales. Más bien se trata de situarse en un proceso amplio de lucha que, además de contar con una lectura clara del momento político inmediato, tenga la mirada puesta en un proceso de más largo alcance, hacia el camino que le queda por andar al movimiento popular y social de Honduras.

Rango constitucional para la Policía Militar La noche del 6 de enero, mediante la reforma a los artículos 274 y 329 de la Constitución de la República, el Congreso Nacional otorgó rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con el objetivo de blindar este nuevo cuerpo élite de seguridad del Estado. La norma fue impulsada por el presidente electo, Juan O. Hernández, ya que este fue uno de los principales temas de su campaña política. Al momento de la discusión, el diputado Ricardo Díaz solicitó que el decreto tuviera la dispensa de un debate, argumentando la seguridad que requiere el pueblo hondureño. El primer debate había pasado el 17 de diciembre. La PMOP contará en unos años con cinco mil efectivos y será una fuerza de choque que entrará a zonas conflictivas de las principales ciudades del país, que se encuentran en manos del crimen organizado y pandillas. El pasado 22 de agosto, el Congreso Nacional aprobó el decreto que dio vida a este nuevo cuerpo elite y, posteriormente, el 14 de octubre, la PMOP inició operaciones en la colonia Flor del Campo en Tegucigalpa, y la Central de Transportes en San Pedro Sula.

9 diciembre 2013

actualidad

Balance de las elecciones del 24 de noviembre de 2013 Eugenio Sosa*

De esta radiografía de las pasadas elecciones generales se derivan muchas conclusiones; quizás la más notoria es que la ciudadanía expresó su voluntad de introducir cambios en el escenario político. Por ello, a pesar de la persistencia de prácticas político-electorales perversas, conservadoras y viciadas, tiene sentido encontrar señales de optimismo y esperanza en los hombres y mujeres que se expresaron en las urnas.

n su comunicado del miércoles 11 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró a Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional (PN), como presidente electo con 1,149,302 votos, equivalentes al 36.89% de los votos válidos. En su orden le siguen Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 896,498 votos (28.78%); Mauricio Villeda, del Partido Liberal (PL), con 632,320 (20.3%) y, Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción (PAC), con 418,443 (13.43%). Muy por debajo quedaron los partidos restantes, viejos y nuevos. Un nuevo comunicado del TSE, emitido el viernes 13 de diciembre, oficializó las diputaciones y corporaciones municipales obtenidas por cada partido. Según las cifras divulgadas por el TSE, el Partido Nacional obtuvo 48 diputaciones y 183 corporaciones municipales; Libre 37 diputaciones y 31 corporaciones municipales; el Partido Liberal 27 diputaciones y 83 corporaciones municipales; el Partido Anticorrupción 13 diputaciones y ninguna alcaldía; el PINU-SD y Unificación Democrática obtuvieron una diputación y cero alcaldías, mientras que la Democracia Cristiana ganó una diputación y una alcaldía municipal. El fraude en su sentido más amplio Al igual que en las elecciones primarias e internas del 18 de noviembre de 2012, en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013 se presentaron dos discursos en torno a los resultados electorales: el discurso sobre las inconsistencias y el discurso sobre el fraude. * Sociólogo.

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El alegato sobre las inconsistencias es sostenido por el poder nacional e internacional, buscando minimizar los problemas que enfrentó el proceso electoral, identificados por estos sectores como “inconsistencias normales” en la democracia hondureña. La denuncia de fraude es esgrimida principalmente por Libre y el PAC, así como por organizaciones internacionales y nacionales provenientes, fundamentalmente, del área de derechos humanos y en general de la sociedad civil. Más allá de estos discursos, la democracia electoral hondureña ha venido sufriendo un deterioro progresivo en las últimas elecciones generales. En 2005, por primera vez, aun con el predominio del bipartidismo tradicional, el candidato perdedor (Porfirio Lobo Sosa del PN), se negó a aceptar su derrota y el triunfo del ganador (José Manuel Zelaya Rosales del PL), quedó bajo sospecha. Poco después se expandió el rumor de que la derrota electoral del Partido Nacional fue aceptada tras la mediación del embajador de los Estados Unidos. Las elecciones de noviembre de 2009 fueron también cuestionadas por amplios sectores nacionales e internacionales, por haberse llevado a cabo a pocos meses de un golpe de Estado y bajo un gobierno de facto. Ahora, las elecciones del 24 de noviembre de 2013 son cuestionadas por dos de las cuatro fuerzas políticas más importantes y, a la vez, por amplios sectores de la sociedad civil y la ciudadanía hondureña. En lo esencial, el sistema político hondureño se ha caracterizado por ser corrupto y excluyente. Es un sistema perverso que todavía conserva, quizás mucho, del modelo político electoral conocido como “elecciones estilo Honduras”. En este contexto, es preciso analizar el discurso sobre el fraude en un sentido amplio, más

actualidad allá de la alteración de cifras en las actas elaboradas en las mesas receptoras. El fraude, en su sentido más amplio, implica considerar prácticas como el tráfico de las credenciales asignadas a los representantes partidarios en las mesas electorales, particularmente entre los partidos pequeños y el partido gobernante; el uso indiscriminado de los recursos estatales; el clientelismo político desarrollado a partir de la focalización de la política social en ciertos sectores de la población, y la compra de votos, entre otras ya conocidas y denunciadas ampliamente. El bipartidismo, erosionado pero con vida El bipartidismo tradicional salió muy erosionado de estas elecciones, pero sigue con vida. En más de tres décadas de procesos electorales continuos, los Nacional y Liberal lograban a su favor más del 95% de los votos. En las elecciones de 2013, ambos partidos obtuvieron únicamente el 57.19% del total de votos válidos. Es decir, su caudal electoral se redujo en un 42.81%, una disminución significativa si se toma en cuenta la larga cultura política bipartidista que ha predominado en la sociedad hondureña. Esta erosión se expresa con mayor claridad en el Congreso Nacional. El PN no logró obtener la mayoría simple para gobernar y no puede aprobar una sola ley por su propia cuenta. Sin embargo, el viejo bipartidismo puede obtener una mayoría simple al reunir en conjunto 75 diputaciones. Pero, por primera vez, no logra obtener la mayoría calificada —compuesta por dos tercios de los diputados electos—, aun sumando las tres diputaciones logradas por tres de los partidos pequeños (PINU-SD, UD y DC), sobrevivientes de esta campaña. Para que el Partido Nacional logre la mayoría calificada, necesitará además los votos de los otros partidos mayoritarios (Libre, Liberal y PAC). Esta nueva conformación del Congreso Nacional tiene relevancia por varias razones. En primer lugar, en sí misma representa un mayor pluralismo político y una nueva correlación de fuerzas políticas en el Poder Legislativo. En segundo lugar, Libre y PAC tendrán la posibilidad, en conjunto, de evitar el manoseo a la Constitución, como ha ocurrido en los últimos años con la aprobación de reformas sobre las reformas. En tercer lugar, en la nueva legislatura se elegirá a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia1, 1

Se elegirán el 26 de enero de 2016 (La Tribuna, 9 de diciembre de 2013).

del Tribunal Superior de Cuentas2 y el Tribunal Supremo Electoral3, que requieren una mayoría calificada4. Lo anterior no significa que se haya producido una ruptura del bipartidismo o que este haya muerto, pero se ha erosionado notoriamente. El bipartidismo tiene la fortaleza necesaria para seguir al frente del Estado. El Partido Nacional retuvo el Poder Ejecutivo y, junto al Partido Liberal, controla, en términos de mayoría simple, el Congreso Nacional. Sin embargo, la erosión actual del bipartidismo tradicional forma parte de su crisis de hegemonía, lo que le da un carácter muy particular. La crisis de hegemonía Esta crisis en la hegemonía bipartidista se expresa en dos hechos políticos significativos: uno, el gobierno electo no ha podido erradicar el fantasma del fraude; gran parte de la ciudadanía continúa creyendo que las elecciones no se ganan en las urnas, sino “en la contada” o en “la trasmisión de datos”. Es un gobierno surgido de una vieja institucionalidad electoral, que ya no da más en la nueva realidad política que vive Honduras. Y, dos, el bipartidismo tradicional no tiene voluntad y tampoco capacidad política para enfrentar los principales problemas nacionales. El hecho de que el bipartidismo tradicional se encuentre ante una crisis de su hegemonía política no significa que “tiene los años contados”. Su crisis actual se puede prolongar por más tiempo, puede desarrollarse en un largo periodo en el que “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”; o pueden surgir esos periodos de alta morbosidad, donde emergen todo tipo de monstruos políticos. La salida a esta crisis no se resolverá en el seno del bipartidismo. Sin embargo, la posibilidad de renovarse a sí mismo, por muy lejana que parezca, siempre estará en el horizonte político. No obstante, potencialmente, la ruptura y sustitución del bipartidismo tradicional puede surgir de fuerzas políticas alternativas. Para entender mejor este punto de vista vale la pena echar 2 3

Se elegirán el 14 de octubre de 2014 (La Tribuna, 9 de diciembre de 2013). Se elegirán el 14 de mayo de 2014 (La Tribuna, 9 de diciembre de 2013). También se elegirá a otros funcionarios, como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Procurador General de la República, que solo requieren una mayoría simple (65 votos). Las dos terceras partes para obtener una mayoría calificada en el Congreso Nacional equivale a 86 votos.

11 diciembre 2013

actualidad una mirada en perspectiva a cada uno de los partidos políticos, sobre todo a los que tienen la representación más significativa en el Congreso Nacional. Partido Nacional Por primera vez, en más de tres décadas de democracia electoral, gobernará en dos periodos consecutivos. Esto se debe, en buena medida, a que es el partido que resultó menos afectado por la crisis del golpe de Estado de 2009. El golpe, por el contrario, le permitió romper la “lógica” anterior de dos gobiernos continuos del PL y uno del PN. La paradoja, en este caso, es que el PN triunfa a pesar de los altos niveles de percepción negativa de la ciudadanía sobre el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, también nacionalista, y pese alto porcentaje de opinión negativa sobre su candidato presidencial, Juan Orlando Hernández, quien ganó las elecciones, fundamentalmente, con el “voto duro”. Tres dinámicas pesarán sobre el gobierno que presidirá Juan Orlando Hernández. Una, la conformación del Congreso Nacional, en la que encontrará una importante oposición. Dos, la crisis fiscal y de legitimidad del Estado. Tres, la demanda de cambio de la ciudadanía —incluyendo a quienes lo favorecieron con sus votos—, ante los problemas nacionales más urgentes: inseguridad, desempleo, salud y educación. Pero, ¿qué tipo de cambio podría ofrecer el Partido Nacional? Las políticas de bonificación dan para construir una clientela política, pero no para satisfacer las expectativas de cambio de la ciudadanía. ¿Podría ser, la Asamblea Nacional Constituyente, una opción del gobierno de Juan Orlando Hernández para salir a flote? El argumento de que la Constituyente sería posible se basa en que existiría interés de parte de Juan Orlando Hernández y los expresidentes —Manuel Zelaya, Ricardo Maduro, Carlos Flores, Rafael Callejas y Roberto Micheletti— en la posibilidad que esta representa para una reelección. A lo anterior hay que agregar que la Constituyente tiene una amplia opinión favorable en la ciudadanía, pero a la vez genera la oposición de los poderosos grupos económicos y políticos. ¿Abordaría la Constituyente un tema de fondo como la inclusión política y social, o serviría solo a la reelección presidencial? Es otra preocupación compartida por diversos sectores políticos y sociales. Partido Liberal El 24 de noviembre de 2013 el PL sufrió la peor derrota política de las últimas décadas. Fue relegado 12 envío

a la condición de tercera fuerza política en el nivel electivo presidencial y de diputados; no así en el nivel municipal, en el que se mantiene como segunda fuerza. Atrás quedó su historia como el partido más grande del país, el único que podía ejercer dos gobiernos continuos. En tres décadas (1980-2010), el PL gobernó durante veinte años. ¿Tiene ahora posibilidades de volver a competir por la Presidencia de la República? La respuesta a este interrogante sigue abierta. Lo obvio es que el PL enfrenta el desafío de sobrevivir a su propia crisis en la llanura política. Ante el próximo gobierno se encuentra entre la disyuntiva de aliarse con el PN y garantizarle a este la gobernabilidad a costa de su institucionalidad partidaria, o hacer oposición y distanciarse del partido gobernante. Sin embargo, esta segunda alternativa enfrenta la oposición de los grupos de poder enquistados en el bipartidismo. Partido Libertad y Refundación Libre ha sufrido la amargura de la derrota, tras sus grandes expectativas de triunfar en el nivel electivo presidencial. Estas expectativas llevaron a que su candidata presidencial, Xiomara Castro, se declarara presidenta a pocas horas de haberse cerrado las votaciones, y cuando el TSE aún no hacía público su primer conteo. A partir del 25 de noviembre, y a medida que fueron pasando los días, Libre fue desarrollando, no sin ambigüedades, el discurso del fraude y sosteniendo que en el nivel presidencial —según su propio recuento de acta—, Xiomara Castro había triunfado. Poco después declaró que no aceptaba los resultados divulgados por el TSE, que le concedían el triunfo a Juan Orlando Hernández. En un primer momento, Libre demandó el recuento de las más de 16 mil actas y, posteriormente, el 4 de diciembre, presentó ante el TSE una impugnación de las elecciones. El TSE denegó tal petición y, ante esa postura, la dirigencia de Libre determinó proseguir los mecanismos jurídicos que corresponden para sustentar su posición. Desde otra perspectiva, el peso del discurso del fraude está impidiendo que Libre valore la acumulación de fuerzas que logró durante el proceso electoral. Ahora Libre enfrenta nuevos desafíos, entre los que cabe mencionar: uno, demostrar que tiene una propuesta de cambio y que actúa conforme a esta desde su bancada en el Congreso Nacional y los gobiernos locales que gobernará. Dos, desarrollar la organización y la institucionalización partidaria. Tres, fortalecer sus

actualidad vínculos con la sociedad canalizando las demandas de la ciudadanía en el Congreso Nacional. Partido Anticorrupción El PAC y los resultados que obtuvo han sido calificados por analistas y medios de comunicación como el “fenómeno” de este proceso electoral. Esto se debe a que en la papeleta presidencial obtuvo una considerable cantidad de votos y, además, trece escaños en el Congreso Nacional. A mi juicio, estos resultados tienen que ver con tres factores: uno, su discurso sobre la antipolítica generó la adhesión de la ciudadanía desafecta con la política. Dos, la reconocida figura de su candidato presidencial, Salvador Nasralla, valorada positivamente en el ámbito nacional. Tres, la consigna anticorrupción que con mayor claridad enarboló el PAC, en comparación con sus competidores. No obstante, el PAC enfrenta el desafío de transitar de la lista electoral a la condición de partido político. Es decir, el desafío de cohesionarse en torno de una identidad política. Adicionalmente, tiene el desafío de cohesionar su bancada en el Congreso Nacional y actuar coherentemente desde la oposición. En este camino enfrenta la amenaza de ser cooptado por el bipartidismo, de manera colectiva como bancada, o individualmente como diputados. Hasta el momento, Salvador Nasralla y el diputado electo Rafael Virgilio Padilla han expresado su voluntad de ser oposición política en el Congreso Nacional. ¿Será el PAC capaz de conducir su propia bancada en el Poder Legislativo? Todavía es muy temprano para dar una respuesta sólida, pero a partir del 25 de enero de 2014, el PAC ya no solo tendrá discurso sino también una práctica política. Los partidos enanos, viejos y nuevos Los partidos enanos viejos5 y nuevos6 sufrieron un duro golpe de parte de la ciudadanía. En el nivel electivo presidencial Alianza Patriótica obtuvo 6105 votos (0.20% del total de votos válidos); la Democracia Cristiana 5194 votos (0.17%); el PINU-SD 4468 votos (0.14%), y la alianza Faper/UD, 3118 votos (0,10%). Los partidos enanos viejos nunca lograron presentar una praxis (discurso y acción) diferenciada del bipartidismo 5

Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) y Unificación Democrática (UD). Partido Alianza Patriótica (AP) y Frente Amplio Electoral en Resistencia (Faper).

tradicional; por el contrario, en su momento, cada uno se fue poniendo a disposición del partido gobernante. El PDCH —que nació estrechamente vinculado con el movimiento campesino—, mantuvo su autonomía política durante los años ochenta, pero a finales de la década de los noventa ya le había “entendido al trámite”, a tal grado que, desde el gobierno de Ricardo Maduro, se convirtió en un verdadero apéndice del Partido Nacional. El PINU-SD no fue capaz de desarrollar una verdadera praxis socialdemócrata y, aunque de manera menos vulgar que la Democracia Cristiana, también apoyó las acciones del bipartidismo durante los gobiernos nacionalistas y liberales. Unificación Democrática, partido surgido de los Acuerdos de Paz en los años 90, se presentó siempre como una opción de izquierda. Su crisis empezó con el canibalismo político interno con que se presentaba a las elecciones generales, y a partir de las elecciones de 2005 exhibió sus deseos desenfrenados por el poder; esto lo llevó a avalar las elecciones de noviembre de 2009, en pleno golpe de Estado, acción que fue premiada con una de las vicepresidencias del Congreso Nacional y la titularidad del Instituto Nacional Agrario (INA). Estos tres partidos han pagado caro su pragmatismo político y, de no ser por la excesiva indulgencia de la Ley Electoral vigente, ya habrían perdido su inscripción partidaria. Los dos nuevos partidos políticos enanos (Alianza Patriótica y Faper), no lograron obtener la certificación de inscripción en las urnas, pues fueron rechazados por la ciudadanía. Lo que el sistema de justicia no pudo cumplir de manera decente —enjuiciar al general Romeo Vásquez Velásquez por dirigir el golpe de Estado del 28 de junio de 2009—, lo hizo la ciudadanía en las urnas. Mientras que el Faper recibió el castigo, seguramente, por “confundir los papeles” entre lo que es defender los derechos humanos y lo que es hacer política. Estos cinco partidos políticos juntos no alcanzaron la cuota de votos necesaria para mantener su inscripción como tales. En total, en el nivel electivo presidencial apenas alcanzaron el 0.61%, y en votos apenas llegaron a 18,885, un poco más del número de representantes propietarios que se le exige a un partido político en las Mesas Electorales Receptoras (16,135), faltando aún la representación de suplentes. Según la Ley Electoral vigente, una de las causales para cancelar un partido político se produce “cuando no haya obtenido en las elecciones generales para cargos de elección popular por lo menos el dos por ciento (2%) del total de los votos válidos tomando como base el nivel 13 diciembre 2013

actualidad electivo de mayor votación obtenida, salvo el caso que el Partido Político obtenga por lo menos un Diputado al Congreso Nacional”7. Los tres partidos viejos enanos salvaron su inscripción electoral por el diputado que cada uno obtuvo, por residuo electoral. Como lo señala uno de los protagonistas afectados, Marvin Ponce, candidato a la reelección como diputado por UD, “los tres partidos salvaron su categoría porque están sacando un diputado por cociente electoral, ya que en el nivel presidencial no lograron el dos por ciento de los votos para subsistir. Estos partidos como marcas en el mercado electoral…, el pueblo los desechó”8. Una observación internacional complaciente Un hecho distintivo de estas elecciones, es que fueron muy observadas por actores internacionales y nacionales. Tanto en el momento preelectoral como en el poselectoral, organismos como la embajada de los Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvieron un papel activo. Una vez concluido el proceso, estos declararon que las elecciones fueron participativas, transparentes y pacíficas. Lo anterior a contracorriente de una cantidad considerable de denuncias e impugnaciones que presentaron los partidos Libre y PAC9. Pero los organismos mencionados no fueron los únicos en participar en la observación electoral; también lo hizo, entre otros, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que evidenció una serie de violaciones a los derechos humanos durante todo el proceso. Al interior de los organismos oficiales de observación internacional, como la Unión Europea, surgieron voces disidentes, como la de Leo Gabriel, quien afirmó que la Comisión Oficial prefirió una “dictadura estable” a una “democracia inestable”. En conclusión, se reafirmó el hecho de que la observación electoral internacional oficial es un observador complaciente. De regreso a la institucionalidad Es importante regresar a la institucionalidad. Asistimos a un proceso electoral en el que la ciudadanía 7 8

Artículo 96 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Declaraciones del diputado de UD Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso Nacional, en El Heraldo, 29 de noviembre de 2013, p. 16. Ante el Tribunal Supremo Electoral se presentaron 147 impugnaciones: 3 en el nivel presidencial, 40 en el nivel municipal y 104 en el de diputados. Véase Diario Tiempo, 10 de diciembre, 2013, p. 4. 14 envío

manifestó un alto porcentaje de desconfianza respecto de las medidas para garantizar un proceso transparente y limpio. Este aspecto, más allá de las elecciones en sí mismas, se relaciona con el funcionamiento del Estado hondureño, caracterizado por su alto nivel de corrupción e impunidad. Por ejemplo, para las elecciones del 24 de noviembre de 2013 se conformó en el Ministerio Público la Unidad Contra Delitos Electorales, pero hasta la fecha no se conoce ningún informe elaborado por este organismo para dar cuenta de los hechos de su competencia y responsabilidad. Por otra parte, la iniciativa del Portal de Transparencia, impulsada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), fue un fracaso completo. Ninguno de los partidos políticos realizó una rendición de cuentas sobre el financiamiento (monto y origen), de sus campañas políticas. En conclusión, asistimos a unas elecciones generales en el marco de una nueva realidad política, más compleja y con nuevos actores; pero realizadas con el viejo TSE y la vieja Ley Electoral, hechos a la medida del bipartidismo tradicional. Buscando la esperanza desde la ciudadanía Para finalizar, es importante lanzar una mirada a los comicios desde la ciudadanía. Los hondureños y hondureñas tuvieron, efectivamente, una participación masiva en las elecciones del 24 de noviembre de 2013. Según el TSE la participación llegó al 61%, sobre la base de un censo de 5,355,112 inscritos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este censo no es real, ya que solo en los Estados Unidos se encuentra más de un millón de compatriotas. Si partimos de que el censo real puede estar en unos cuatro millones de personas, la participación de votantes que se encuentran en el territorio nacional alcanzó el 82%. Desde la ciudadanía también tiene sentido rescatar el alto porcentaje que votó por un cambio político, más allá de la discusión relativa a si los partidos políticos realmente pueden garantizar ese cambio. Esta forma de votar es la que ha permitido la conformación de un Congreso Nacional más plural, que puede abrir oportunidades al planteamiento de las demandas provenientes de los movimientos sociales, la sociedad civil y la ciudadanía en general. En conclusión, la ciudadanía expresó su voluntad de introducir cambios en la cultura política tradicional. Por ello, a pesar de la persistencia de prácticas políticoelectorales perversas, conservadoras y viciadas, tiene sentido encontrar señales de optimismo y esperanza en la ciudadanía que participó en este último torneo electoral.

actualidad

¿Nació la oposición política parlamentaria en Honduras con Libre y PAC? Manuel Torres Calderón*

Por primera vez en su historia, Honduras tendrá una representación parlamentaria significativa de dos nuevos partidos políticos que, se supone, conformarán una fuerza opositora al bipartidismo. De esta oposición la ciudadanía espera, entre otras cosas, que su visión sea amplia, plural, nacional, efectiva y transparente. Que posibilite frenar el continuo pillaje nacional, que no tolere sus propios excesos, y que no se le ocurra pensar que hay una corrupción buena y otra mala.

ara cualquier sistema democrático o que aspire a serlo, el papel de la oposición es fundamental, más aún en el caso de Honduras que, por primera vez, tendrá una representación parlamentaria significativa de al menos dos fuerzas políticas nuevas: Libertad y Refundación (Libre), con 37 diputados y el Partido Anticorrupción (PAC) con 13. La era de los partidos tradicionales dominantes, con bancadas de 70 o más parlamentarios cada uno, clausuró por ahora. Hay mucho por discutir al respecto; pero aunque el telón electoral inmediato parece haber revelado las cifras, priva mucha oscuridad. Los hábitos de la desconfianza y el recelo persisten. Se lee el panorama poselectoral con escepticismo. Quienes ven pasar zumbando las moscas todavía advierten que hay desechos sobre la mesa. Desde hace tiempo se hace referencia a la necesidad de romper con el bipartidismo y a la necesidad de un estatuto diferente de la opo* Periodista.

sición. Esa es una posibilidad, pero no una realidad. El bipartidismo es más que dos partidos políticos; de la misma forma que una “República bananera” no necesariamente la caracteriza ser productora de bananos. La Italia dirigida por Berlusconi, por ejemplo, no tenía nada que envidiarle a uno de nuestros tantos países del trópico. El bipartidismo hace referencia a una manera de ejercer el poder y entender la cultura política. De hecho, dentro de esa perspectiva, el próximo ungido como presidente del Congreso Nacional debe tener credenciales de “cultura bipartidista”, es decir, alguien que trascienda las reglas y le “entienda al trámite”. El “clientelismo” en la política hondureña tiene al menos dos dimensiones: la vertical, que se establece entre las organizaciones políticas y la población, y la horizontal, que es entre los propios partidos políticos. Ambas pervierten las aspiraciones democráticas y frustran una genuina representación de los intereses de los electores.

Por ahora, aunque el ganador no se lo llevó todo, sí aspira a mantener la vigencia del derecho de pernada parlamentario. Bajo su óptica, la Presidencia del Congreso Nacional le corresponde; lo demás puede negociarse. En el colectivo, buena parte de los votantes desea que los presidentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo provengan de diferentes instituciones políticas, que se complementen en lugar de ser compinches, pero esa ventana aún está lejos de abrirse. Los acuerdos entre las élites lo impiden. ¿Adónde lleva la política huérfana de contexto? Pero no sólo quienes detentan el poder están deshabituados a entender la oposición, sino que la oposición a entender su verdadero papel. La existencia de los partidos minoritarios o comparsas, como la DC, el PINU o Unificación Democrática lo confirman y, probablemente, a eso se debe la indiferencia

15 diciembre 2013

actualidad —más que castigo— de los votantes en los paupérrimos resultados que obtuvieron esos partidos en estas elecciones. Una vez, hace muchos años, cuando mi cuñado Matías Funes lanzó su segunda candidatura presidencial a través de Unificación Democrática se me invitó, sin militar en esa organización, a colaborar en la redacción de una propuesta de gobierno. Mi plan fue retomar las ideas de amplios sectores de la sociedad y tratar de reflejarlas en una serie de iniciativas escalonadas. La propuesta fue rechazada por la mayoría, orientada por voces que decían lo siguiente: “son buenas ideas, pero no es un plan revolucionario; lo que necesitamos es una propuesta revolucionaria”. Claro, yo pensaba en una propuesta viable para hacer oposición; los detractores pensaban en la toma del poder, aunque no tuvieran el mínimo asidero de radicalidad para lograrlo. Eso es típico en los partidos políticos minoritarios: ofrecer todos los cambios posibles a sabiendas de que no importan los excesos de imaginación, cuando se sabe que a lo mucho la aspiración serán unas cuantas curules. Francamente, una actitud de esas oscila entre la insolación y la incapacidad manifiesta de saber dónde se está parado. Algo de eso, paradójicamente, contagió a Libre en la actual coyuntura. Sin ser un partido revolucionario, sus discursos pretendían ser revolucionarios, incluso, varios de ellos, pronunciados con nomenclatura y acento caribeño. No se prometía el cambio, sino el cambio total una vez ganada la Presidencia. Siendo un partido con posibilidades reales de triunfar, se comportó propositivamente como si no las tuviera, y eso lo aisló de 16 envío

votantes nuevos y necesarios para afrontar el fraude o la aplanadora gubernamental. Ante los graves problemas nacionales, Libre prometió el sol rojo, no respuestas terrenales, efectivas, convincentes y viables. Incluso su dirigencia llegó a pensar que la contienda se definía como una “guerra entre clases”, sin ninguna evidencia plausible de que Mel Zelaya o Xiomara Castro, para citar dos casos, hayan abandonado previamente la suya. Evidentemente, en Honduras hay un conflicto de clases sociales, pero no era este el escenario donde se dirimía. La promesa de convocar al día siguiente del triunfo a una Constituyente de la que saldría una Constitución socialista reflejó los imponderables de Libre para concebirse como un proyecto democrático y reformista. Se le pretendía proyectar como revolucionario cuando, a lo sumo, llegaba a un neoliberalismo social. Las constituciones que dan vuelta de calcetín a todas las normas legales sobre las que descansan las estructuras de un Estado y que surgen unilaterales de parte de un partido, no salen de las urnas, sino de las armas; no emergen de elecciones, sino de guerras. Y eso no estaba, ni está planteado. La pregunta hacia dónde lleva la política carente de contexto, sigue dando vueltas en el aire. La república bipartidista, lamentablemente, aún no termina. El Partido Liberal se partió en dos, pero más parece un fenómeno de mitosis celular que de verdadera ruptura, y ya lo veremos en el comportamiento de las negociaciones parlamentarias por venir. Lo que verdaderamente se de-be romper del bipartidismo es la disposición que consagra el monopolio político de los dos partidos

y proscribe el ejercicio de la oposición democrática autónoma. En el fondo nunca hemos tenido alternabilidad real en el poder. La creación de nuevos partidos no representó un problema para esa mancuerna liberal-nacional a inicios de la década de los 80, porque en la práctica no existían, ni existen, condiciones equitativas de contienda. El aporte inédito del PAC La novedad más interesante, al menos desde el punto de vista teórico, en este proceso electoral recién concluido fue la irrupción del PAC, con su motor, Salvador Nasralla. El PAC es lo más cercano a un antipartido que hayamos tenido en las últimas décadas. Confieso que me cuesta diferenciar en su líder el político y el showman, y probablemente sea un error separar ambos trajes. Es un único traje, como el de Pepe Grillo en Italia u otros clones de la política que surgen en el mundo a partir de su notoriedad mediática o desparpajo. La manera en como Nasralla conectó con la juventud de los principales centros urbanos del corredor central habla no sólo de que pudo acceder a ciertos altavoces mediáticos, con mayores dificultades y limitaciones de las que había imaginado, sino que entendía su lenguaje y sus demandas. Ese es un aporte sustancial e inédito. En una sola presentación en escena, el PAC superó lo que durante treinta años intentaron los llamados partidos “emergentes”, que hace tiempo abandonaron esa condición, sin llegar a entender (o no querer hacerlo) que habían sido tolerados como una oposición restringida, clientelar, que no dispondría nunca de la representación parlamentaria requerida para re-

actualidad formar la Constitución y establecer otro tipo de juego democrático. A Nasralla, y esta es su clave del éxito, no le interesó la convivencia, sino la franqueza. Incluso para tapar sus propias debilidades personalísimas de líder. En el PAC, previo a las elecciones, su voz y voluntad lo era todo; después de las urnas, la historia será otra. No obstante, con el PAC se revelan los cambios que experimenta la sociedad hondureña, buenos y malos, esperanzadores y frustrantes; entre ellos la nueva movilidad urbana y migratoria. Quedó claro que hay una creciente franja de electores independientes, muchos clasemedia, que se resisten a perecer. Son los fastidiados, los que no quieren saber de Ramos Soto (aunque lo impongan), de Billy Joya, de Valentín Suárez, de Gámez, de Velásquez Nazar, de Toribio Aguilera, de Guillian Guifarro, de Chang Castillo y de tantos otros que naufragaron en su enésimo intento para reelegirse. ¿Es Nasralla el outsider aguardado durante tanto tiempo? Tengo mis dudas, pero su aporte es histórico y lo hizo libre de riesgos y temores. Su propuesta es simple y convocante: unir a los ciudadanos alrededor de la lucha contra la corrupción y la recuperación de la institucionalidad, sin ataduras al resto de los partidos políticos. Ese es su perfil reformista provocador, porque en lo demás sus actitudes y respuestas eran de un talante ultraconservador; por ejemplo, sus comentarios hacia la comunidad gay o las ideas de izquierda. En ambas es un troglodita. Sin embargo, el hecho de encarar un movimiento más que un partido, no implica que en el presente inmediato quede al margen del sistema político, es decir, de las negociaciones, de pactos y pactitos. Lo

ideal, lo utópico, sería que el PAC se estructurara de una manera novedosa, escapando a las trampas de la institucionalidad clásica, pero no se ve factible, no se lo permitirán. En este país, partido político que cede en las reglas del electoralismo, cae en la red de su propia deformación. Cuando el fin justifica los medios, el camino está expedito para que la oposición se parezca a los que se ha presuntamente opuesto, que actúe igual, que no se diferencie. De esa manera no es extraño, por ejemplo, que el fraude que denuncia en otros, lo practica en su propio fuero interno. Las rutas que Libre ignoró Libre es diferente al PAC. Surge de la coyuntura excepcional derivada del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, del caudillo en desacuerdo, de las tendencias sudamericanas que encarnaba Chávez, de movimientos sociales y gremios, pero también refleja, al menos entre 2009 y 2010, la voluntad de un sector ciudadano que reclama el derecho a oponerse civilizadamente, a disentir y a ser escuchado, sin que por eso lo marginen o lo maten. Para la Resistencia era un reto intelectual y político comprender que bajo la sombrilla del antigolpismo se agrupaban diversas voluntades democráticas, no una sola, renuente a la voluntad tradicional de establecer monopolios. No todo antigolpista era zelayista o estaba anuente a aceptar a la Pichu como encarnación musical del pop de protesta, o era seguidor de Edgardo Casaña o de Rasel Tomé, o se sentía conforme viendo las banderas liberales poblar las manifestaciones. Pero había puntos de contacto centrales entre ambos sectores que requerían la construcción de un

puente y de concesiones recíprocas a base de objetivos de largo plazo. Es probable que si la dirigencia de la Resistencia hubiese permitido el lanzamiento de la candidatura presidencial independiente de Carlos H. Reyes en noviembre de 2009, pese a todas las triquiñuelas que iba a enfrentar, otra podría haber sido la historia de los comicios de 2013. Aquella habría sido una experiencia inédita para la oligarquía conservadora y también para la oposición ciudadana. Un pulso en el momento caliente, cuando las contradicciones al interior de la Resistencia no afloraban. Era el instante del antigolpismo unido, enardecido, compacto y con espíritu solidario y combativo. Hubo voces partidarias de intentarlo, pero ya otras mandaban a callar en aras de cálculos desbordados. La dirigencia limitando a las bases. Los Acuerdos de Cartagena allanaron el camino Los Acuerdos de Cartagena, que trajeron de retorno al caudillo, marcaron una ruta para Libre diferente a la que pudo haber tomado al inicio del proceso. Mientras que para la Resistencia esos acuerdos eran políticos e ideológicos, para los golpistas, además de políticos, eran económicos y sociales. Curiosa la paradoja posterior: mientras la oligarquía se fortaleció, al grado de dominar la yugular financiera del Estado, la oposición se debilitó, como lo prueba el incierto derrotero del gremio magisterial. En las negociaciones, la oligarquía se podía dar el lujo de dar al caudillo un instrumento político de masas, pero no correr el riesgo de que ese instrumento actuara al margen de las reglas del juego y que se le arruinaran los negocios por 17 diciembre 2013

actualidad estar enfrascados en el desgastante camino de la discordia. Optaron por lo de siempre: tolerancia y represión. Recuérdese que el Acuerdo de Cartagena se llamó “Para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del sistema democrático en la República de Honduras”, con la mediación de los gobiernos de Venezuela y Colombia. El punto 6 de los acuerdos decía textualmente: Velar por el cumplimiento de todas las garantías que la ley concede para que el Frente Nacional de Resistencia Popular solicite su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y participe democráticamente en los procesos políticos electorales de Honduras y para que pueda integrar los organismos oficiales de carácter político electoral en igualdad de condiciones. En este contexto y con total respeto de los procedimientos y atribuciones legales, encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos a seguir para la inscripción del Frente de Resistencia Popular en un ambiente de cooperación y transparencia.

Y algo más, el punto 7 de los Acuerdos de Cartagena, Reitera que la reforma al Artículo 5 de la Constitución Hondureña regula la convocatoria de plebiscitos con procedimientos claramente establecidos… por tanto la solicitud que el ex presidente Zelaya ha manifestado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente se enmarcará en esos mecanismos de consulta (el subrayado aparece en el texto del Acuerdo).

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¿Soñaron los líderes de la Resistencia que, pese a las concesiones derivadas del indulto, nada podría evitar su eventual triunfo en las urnas? Es posible, pero el sistema bipartidista se fundamenta en la instrumentalización del Estado para su control electoral; por eso no hay equidad en las normas y en las prácticas. Ese desequilibrio lo emplean siempre para favorecer sus intereses y excluir lo que no les conviene. La simple conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es una prueba de ello. ¿Por qué los Acuerdos de Cartagena no incluyeron la exigencia de modificar la conformación del TSE y modificar los principales factores de fraude electoral, si es que esa era la hoja de ruta a seguir? Es una pregunta de la que en algún momento se sabrá la respuesta. La nueva etapa de Libre Pero no se trata en este artículo de valorar lo que se hizo o no se hizo, lo que se pudo hacer o no se pudo. El punto más bien es que con las recientes elecciones culmina una etapa de Libre bajo el mando de su caudillo, aunque no su influencia. ¿Seguirán el partido y Mel con la misma película o habrá cambio de guión? Es posible que el país esté a las puertas de que las principales banderas de Libre sean retomadas desde la derecha y esta ponga en práctica, a su manera y conveniencia, algunas propuestas de la oposición, incluyendo la Constituyente. Eso no es descartable. La derecha ha ido robando los conceptos sociales más importantes de los últimos años, acomodándolos a su antojo, mientras que la llamada izquierda se queda mirando en desventaja mediática. La derecha es tan avezada en las mañas que salió ganando con la

irrupción del PAC, puesto que impidió a Libre el usufructo total de oposición al sistema y permitirle encarnar la única opción de disentimiento o resentimiento popular. Sin ni siquiera enarbolar un programa populista, el PAC sustrajo miles de votantes jóvenes que Libre suponía en su haber, por ejemplo en las universidades, y le propinó un estrepitoso revés electoral en el departamento de Cortés, especialmente en San Pedro Sula, el segundo escenario de las grandes protestas antigolpistas de 2009. El quid ahora será saber si Libre, consolidado en la oposición parlamentaria, seguirá siendo guiado de la misma forma en que lo ha estado bajo el puño del caudillo —reciclado ahora a diputado—, si surgirá alguna masa crítica que analice lo ocurrido desde una perspectiva autocrítica, o intelectuales que escapen al overol de activistas que se colocaron bajo su propia voluntad y se regodearon convenciendoconvencidos, sintonizando día y noche Radio Globo o Cholusat Sur. Los sueños de una insurrección popular contra el fraude no se dieron, y eso ya da a pensar en rectificar los pasos. Habrá que esperar si surgen variantes en la conducción y en la orientación política de Libre ante la nueva y prolongada coyuntura que se abre. La oligarquía aún sueña con rematar su labor. Recuérdese que el control de Libre no estará en la dirección de esa organización política, ni en el Frente Nacional de Resistencia Popular, sino en su representación parlamentaria. El corazón del poder de Libre estará en el Congreso Nacional, no en las calles. En cuanto la bancada comience a concertar acuerdos con los sectores oficialistas, en ese momento sabremos si será una oposición real

actualidad o una oposición mediatizada. La derecha aspira a que Libre sea el relevo natural del partido Unificación Democrática y que, en lugar de fortalecerse, se debilite con el tiempo. Los desafíos de la oposición parlamentaria Las evidencias de qué tipo de oposición serán Libre y el PAC estarán pronto sobre la mesa. La primera de ellas será la integración de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Allí está la amenaza inicial para la pérdida de la identidad ideológica de los partidos y la subyugación al reparto de la administración pública y privilegios entre las diferentes facciones. En la tradición hondureña, y latinoamericana en general, siempre se presenta como una necesidad para los parlamentarios negociar cuotas de poder, o migajas del mismo, para crear su propio clientelismo electoral. En los próximos cuatro años la presión de los activistas no será el discurso ideológico, sino el empleo. Las relaciones de poder dentro de los partidos electoreros cambian irremediablemente una vez concluidos los comicios y al interior se abre otro tipo de batallas políticas. Ya se habla en Libre, por ejemplo, de la disputa de la próxima papeleta presidencial entre Esdras Amado López y Rasel Tomé. Falta mucho, pero eso es precisamente lo que asusta a muchos seguidores de Libre: que la meta está lejana, pero las cuchillas afiladas están atadas en los espolones de los gallos. Luego vendrán otras pruebas del rumbo que tomará la oposición parlamentaria. ¿Exigirán o no una verdadera reforma al Reglamento Interno? ¿Suprimirán los subsidios departamentales que reciben in-

condicionalmente? o, ¿qué posición adoptarán cuando les toque elegir a los 28 altos funcionarios que el Legislativo nombra, entre ellos el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Superior de Cuentas. Además les corresponderá, entre algunas de sus 43 funciones constitucionales: • Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno de la República. • Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República e instituciones descentralizadas. • Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. • Interpelar a los secretarios de Estado y a otros funcionarios del gobierno central, organismos descentralizados, empresas estatales y cualquiera otra entidad en que tenga interés el Estado, sobre asuntos relativos a la administración pública. • Decretar la restricción o suspensión de derechos de conformidad con lo prescrito en la Constitución y ratificar, modificar o improbar la restricción o suspensión que hubiere dictado el Poder Ejecutivo de acuerdo con la Ley. La oposición que desea la ciudadanía Nadar en esas aguas, llenas de proyectos y ambiciones, ha sido una práctica natural para libera-

les y nacionalistas. El que queda de segundo entre ellos no es que va a la llanura, como suele decirse, sino que se acoge a una especie de oposición restringida y oportunista. Ambos son partidos de una ideología contaminada, de fronteras casi indistinguibles. Claro, ahora tienen un desafío inédito enfrente, pero no se sabe cómo lo interpretarán. Sus alternativas, sin embargo, son restringidas: o abren una relación política civilizada y democrática entre las bancadas, o la restringen mediante la marginación o la compra. La oposición que, como ciudadanía deseamos desempeñen Libre y PAC, con una que otra incorporación beligerante como la de Doris Gutiérrez, no es ingenua ni utópica. Nadie que marcha a la guerra sale sin un rasguño, pero sí deseamos que su visión sea amplia, plural, nacional, efectiva y transparente. Que puje por abrir la política en las instancias regionales, locales e independientes, que posibilite frenar el continuo pillaje nacional, que no tolere sus propios excesos, y que no se le ocurra pensar que hay una corrupción buena y otra mala. Una oposición que no instrumentalice las organizaciones sociales y que tenga la suficiente madurez de entender que construir una verdadera alternativa es aún un proyecto político y que, de su buen manejo, dependerá que efectivamente se convierta en una opción frente al bipartidismo. Hay todo un programa de reformas institucionales que rescatar para devolver la credibilidad al Estado. La reconciliación, sin duda, pasa por crear canales para la protesta democrática, combatir la corrupción, solucionar pacífica y legalmente los conflictos sociales, frenar al crimen organizado y renacer la esperanza entre una población escéptica. 19 diciembre 2013

Reflexión

Elecciones y ciudadanía en Honduras (1981-2013): La larga marcha hacia una democracia deficiente y un Estado de derecho incorregible Marvin Barahona*

En el largo proceso iniciado en 1981, las elecciones, la ciudadanía, la democracia y el Estado de derecho solo han sido ficciones útiles para remendar la ruina institucional del Estado. Esa es la principal conclusión de este incisivo artículo que explora las decadentes relaciones entre los procesos electorales programados para legitimar la democracia y sus administradores cada cuatro años, y el carácter de la participación ciudadana para ejercer sus derechos cívicos. Introducción La última elección del siglo XX —rezaba un titular de primera plana de diario Tiempo de San Pedro Sula el día de las elecciones de 1997— y acotaba: “Por primera vez los ciudadanos votarán en papeletas separadas”. Todo un acontecimiento en una democracia parsimoniosa y un Estado de derecho insolvente para responder adecuadamente a las demandas políticas y sociales de una ciudadanía cada vez más beligerante por el respeto a su derecho de elegir libremente a sus gobernantes. Votar en listas que por primera vez separaban las figuras presidenciales de los postulantes a una diputación al Congreso Nacional o a las corporaciones municipales era un anhelo largamente acariciado por una sociedad deseosa de elegir, en el marco de una diversidad de opciones, a quienes la gobernarían desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El “voto en cascada”, que arrastraba bajo la figura presidencial los votos para diputados, alcaldes y regidores municipales, llegaba así a su final y se convertía en una noticia digna de ocupar la primera plana de uno de los decanos del periodismo nacional. Pero lo *

Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social. 20 envío

trascendente no era la noticia en sí, sino la revelación subyacente de una forma de ejercicio del poder refractaria al cambio, reacia a cualquier modificación que altere su tradición de dominación y enemiga de toda actualización histórica que abra los cerrados compartimientos que son las relaciones de poder en Honduras. La tardía decisión de separar las papeletas electorales, aunque satisfizo una demanda popular y preparó el terreno para otros cambios en la legislación electoral, evidenció también los enormes obstáculos que la sociedad hondureña ha debido enfrentar para superar las barreras que se le han opuesto desde la transición política de 1982 para convertirse, de simple “votante”, en ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos. Pero si este ha sido el reto de mayor envergadura para los electores, el desafío para la democracia ha sido más grande: superar su condición de “democracia electorera” para convertirse en una democracia real. Sin embargo, ambos retos se han visto limitados en sus respuestas por la existencia de un Estado de derecho que avanza a cuentagotas para reafirmar la institucionalidad y la funcionalidad que allanen el camino a la democracia y a los procesos que contribuyen a construir la ciudadanía que debe ejercerla. En el largo proceso iniciado en 1981, las elecciones, el ciudadano, la democracia y el Estado de derecho solo han sido ficciones útiles para remendar la ruina institucional del Estado, tantas veces derrumbado por

Reflexión los golpes de Estado y condenado a reiniciar, una y otra vez, no solo su propia reconstrucción, sino también la búsqueda de un camino para superar la concepción de “Estado-botín” desde la que lo perciben las elites políticas. Por añadidura, la reconstrucción de la institucionalidad —a partir de una concepción opuesta a la prevaleciente en las tres últimas décadas—, vendría a ser el único medio para que el Estado asuma el papel que le corresponde como regulador eficaz de las relaciones sociales, promotor del progreso social y garante de la evolución política y social de la ciudadanía que ha de sustentarlo. Este artículo —partiendo de hechos constatables que han tenido lugar desde las elecciones de 1981 hasta las de 2013— explora el universo de las relaciones existentes entre los procesos electorales programados para legitimar la democracia cada cuatro años y el carácter de la participación ciudadana para ejercer sus derechos cívicos. El propósito final es comprender la naturaleza de los procesos electorales y definir la esencialidad de la condición ciudadana en Honduras. Una exploración similar, pero cuya atención se focaliza en las relaciones entre la democracia y el Estado de derecho, se propone identificar los rasgos que permitan caracterizar el modelo de democracia y de Estado de derecho que ha prevalecido en el país en el periodo 1981-2013, determinado en gran medida por el carácter de los vínculos que, en el curso de dicho periodo, se forjaron entre los pares elecciones-ciudadanía y democracia-Estado de derecho, cuya interacción continua configuró al Estado hondureño desde la transición política de 1982 hasta la actualidad. La complejidad de dichas relaciones, así como la aproximación a su explicación, contribuyen a revelar el contenido esencial de la categoría analítica que engloba a estos pares: las relaciones de poder y su dinamismo particular en el caso hondureño. Para ello, se utilizan como referencia básica —aunque no la única— las ediciones de diario Tiempo de San Pedro Sula correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de cada año electoral (1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009 y 2013) para así captar la atmósfera política prevaleciente en el mes de las elecciones en cada año electoral (noviembre) y en el mes posterior a las mismas (diciembre). Se tomó como referencia básica a diario Tiempo, particularmente su sección editorial, por ser este uno de los medios escritos que cubre todo el periodo considerado en la investigación y, además, por ser uno de los periódicos que ha mostrado mayor empeño en la defensa del Estado de derecho, la demo-

cracia y los derechos ciudadanos. A ello se agrega la identificación de algunos columnistas y editoriales de diario El Heraldo de Tegucigalpa, igualmente destacados por su visión crítica y un tratamiento puntual de los temas principales de esta investigación. No obstante, la interpretación de la información recopilada en las fuentes antes señaladas es responsabilidad exclusiva del autor de este breve estudio. I. Las elecciones (1981-2013) “Etapa histórica de restauración de la democracia”, se le llamó al gobierno presidido por Roberto Suazo Córdova, el liberal de talante e ideología conservadora que venció en los comicios de 1981 —los primeros en la transición de los gobiernos militares a los gobiernos civiles— y que, por una multitud de hechos, marcó las pautas que determinaron la evolución sui géneris de los procesos electorales hondureños, el perfil dominante en la concepción del ciudadano y en la definición de la condición de ciudadanía, la democracia y el Estado de derecho vigentes durante el periodo 1981-2013. Por el peso de tales hechos en la historia política contemporánea, es pertinente identificar sus rasgos principales para utilizarlos como un modelo de referencia que permita dar un seguimiento más preciso a la evolución de las pautas identificadas.

Primera pauta: desconfianza en los resultados electorales

Una caricatura del reconocido artista nacional Doumont, publicada en víspera de las elecciones de 1981 —mostraba a los cuatro contendores en el torneo electoral como atletas a punto de iniciar la carrera decisiva hacia el poder, haciendo pender sobre sus cabezas el mensaje siguiente: “Y recuerden que un mundo nos vigila”1—, no dejaba lugar a dudas respecto de cuál sería la pauta principal de los procesos electorales y de la percepción ciudadana sobre estos: la desconfianza sobre su transparencia y un sometimiento de la legitimidad de los resultados al escrutinio de observadores internacionales y naciones extranjeras, llamadas a reemplazar a una ciudadanía ausente en las labores de vigilancia social para garantizar la legalidad y legitimidad de las elecciones, como siguió sucediendo hasta las elecciones del 24 de noviembre de 2013. La representación hecha por Doumont fue la concreción gráfica de la realidad política hondureña de ayer y de hoy, en que la desconfianza revela la inexistencia 1

Tiempo, San Pedro Sula, 28 de noviembre de 1981, p. 32.

21 diciembre 2013

Reflexión de una institucionalidad estatal que garantice efectivamente los procesos fundamentales, dejando así al descubierto la vulnerabilidad del Estado de derecho y la práctica de una democracia más aparente que real. La elite política bipartidista nunca se quedó atrás en aportar insumos para fortalecer esa atmósfera de desconfianza, descreimiento y duda racional o irracional sobre los resultados de las elecciones, a pesar de que siempre manejó a su antojo la institucionalidad electoral. Los titulares de prensa del periodo 1981-2013 no dejan dudas al respecto, como este de 1981: “Advierten Zúniga y Mario Rivera: Si hay fraude no habrá posibilidad de que sea respetado el proceso electoral”2.

Segunda pauta: ausencia de consenso político

Las mismas elecciones sentaron otras pautas, que en el presente resultan aún más evidentes por expresar una de las carencias fundamentales del régimen político hondureño: “No hay condiciones para un gobierno unipartidista y desgraciadamente, no fue posible convenir en un programa común antes de las elecciones entre las organizaciones políticas participantes, si bien puede haber puntos de coincidencia en sus declaraciones programáticas”. Tal “programa común” era indispensable para encarar con solvencia los grandes retos de aquel momento; por ello, se argumentó: “Es necesario organizar al país para hacer frente a la crisis y es necesario también combatir la corrupción y el sectarismo, al mismo tiempo que se trabaja por la paz…”3. La ausencia de consenso entre los partidos políticos, en torno a un proyecto nacional que definiera los criterios fundamentales para asegurar la gobernabilidad, debía ser una prioridad en el contexto de la crisis política centroamericana que despuntó al finalizar la década de 1970, cuyo impacto aceleró en Honduras el traspaso del poder de los militares a los civiles tras la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1980 y a elecciones generales en 1981. La cúpula bipartidista fue capaz de negociar una salida honrosa para los militares que usurpaban el gobierno, pero no así de pactar un consenso político que impulsara el desarrollo nacional y forjara una ins2

Ricardo Zúniga Augustinus (1916-1987) y Mario Rivera López, candidato presidencial el primero y “hombre fuerte” el segundo, ambos del Partido Nacional, considerados como “ultraconservadores” y aliados de los militares. Cfr., Tiempo, 30 de noviembre de 1981, p. 8. “Y ahora a organizar la nación para el trabajo” (Editorial), Tiempo, 1 de diciembre, 1981, p. 6.

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titucionalidad efectiva para administrar una gobernabilidad democrática en el caos regional. ¿Es la falta de consenso político la explicación última de los gobiernos “unipartidistas”, que prefieren gobernar bajo efímeras alianzas coyunturales para ejercer un poder absoluto, o hay algo más? ¿Qué factores reales han impedido a los partidos políticos concretar un proyecto nacional que viabilice las prioridades sociales, políticas y económicas?

Tercera pauta: corrupción y militarismo

La promesa de luchar contra la corrupción y de organizar la paz fueron otros dos elementos aportados por las elecciones de 1981 y que se mantuvieron constantes durante el periodo estudiado. La primera derivó de la crítica de los civiles a los gobiernos militares, a los que señalaban como “los más corruptos de la historia”, y que en la campaña electoral liberal de 1981 se transformó en la consigna: “Por la revolución del trabajo y la honestidad”. La consigna anticorrupción se posicionó en el mercado electoral, pero en los hechos solo contribuyó a que los gobiernos “más corruptos de la historia”, en este nuevo periodo, fuesen civiles. La organización de la paz, tarea urgente desde 1981 e imperativa en el actual contexto de violencia, criminalidad y antagonismo político, evolucionó negativamente hacia la vía militarista de la doctrina de seguridad nacional, y ahora hacia la “seguridad ciudadana”, no menos militarista y autoritaria.

Cuarta pauta: ausencia de debate político

Otro rasgo que caracterizó a las elecciones de 1981 —presente en todas las elecciones que siguieron hasta 2013—, fue la ausencia de un auténtico debate de ideas y propuestas entre los partidos políticos; este fue reemplazado por lo que diario Tiempo llamaba, en 2001, “niveles clásicos” en las elecciones hondureñas, con lo que quería decir: “propuestas sintetizadas”, “priorización de los insumos publicitarios simbólicos” y “críticas erosivas” de los oponentes políticos, a veces con “episodios casi dramáticos”4. Es probable que la ausencia de debate político se deba a un “vacío ideológico” y a la inexistencia de propuestas políticas serias y confiables, pero también podría revelar la falta de voluntad entre los partidos para convencer a los electores presentándoles su agenda política real, casi siempre mantenida en la sombra por su carácter demagógico y escasamente pragmático. 4

“Cierre de campaña” (Editorial), Tiempo, 21 de noviembre de 2001, p. 10.

Reflexión Como se reconoció en la campaña electoral de 2005, en lugar de debate político y programas de gobierno, los electores fueron sometidos a una “abrumadora propaganda”, “saturada de violencia verbal”, “de sistemáticas acusaciones y argumentaciones calumniosas”, “exaltación de antivalores en el campo cívico-cultural”, “transgresiones a la ley y abuso de poder”. En conclusión: a la hora de votar, la ciudadanía “no elige el gobierno que merece, sino que tiene el gobierno que se hace”5. A ello se agregó, desde 1981, la persecución ideológica, siniestro acompañante de la ausencia de debate político, hasta constituirse en un “grave obstáculo para las organizaciones políticas nuevas y las candidaturas independientes”6.

Quinta pauta: votar “por el menos malo”

Otro aporte de la campaña electoral de 1981 fue una aseveración —ampliamente difundida— hecha por el banquero y político liberal Jorge Bueso Arias, que adquirió todas las características de una consigna política que perduró hasta las elecciones de 2013, según la cual: “El pueblo nunca votará por las extremas”, porque prefiere el sistema bipartidista para fortalecer la democracia, ya que este representa a dos grandes fuerzas ubicadas una al centro-derecha y otra al centroizquierda donde, según el empresario, se situaba la mayoría de la población, llegando a considerar que las elecciones de 1981 mandaron “al entierro” a la extrema izquierda y la extrema derecha7. Con el paso del tiempo, esta aseveración se fue modificando, hasta convertirse en la única alternativa al alcance de los electores, presentada bajo la forma de “votar contra el peligro mayor” o “por el menos malo”. Esto contribuyó a generar, durante todo el periodo, una atmósfera de miedo y temor generalizados, en una población altamente sensible ante los rumores de disturbios y poco acostumbrada a reflexionar críticamente sobre la manipulación oculta tras una consigna política. En el caso específico de las elecciones de 1981, se afirmó que “El temor [difundido en esa ocasión por el Partido Nacional] empujó la votación hacia el otro lado, hacia la candidatura liberal, bajo la consideración de que así se reducía la posibilidad de instaurar un gobierno abiertamente represivo y a la vez ultraconservador”8. 5 6 7

“A votar” (Editorial), Tiempo, 26 de noviembre de 2005, p. 31. “El Partido Nacional y las elecciones” (Editorial), Tiempo, 3 de diciembre de 1981, p. 6. “El pueblo demuestra su repudio al extremismo: Jorge Bueso Arias”, entrevista del periodista Manuel Gamero, Tiempo, 4 de diciembre de 1981, p. 3.

Sexta pauta: “el poder absoluto corrompe absolutamente”

Por otra parte —una pauta de gran actualidad—, desde 1981 se viene reiterando que “la oposición es indispensable si queremos un gobierno democrático”, sustentando tal postura en la necesidad de fiscalizar la gestión gubernamental para evitar los abusos, para bien del gobierno y la ciudadanía. Esto explica que, probablemente, en ninguna de las campañas electorales entre 1981 y 2013 haya dejado de citarse la consabida frase “el poder absoluto corrompe absolutamente”, difundida por los nuevos partidos incorporados en las elecciones de 1981, dirigida contra el bipartidismo gobernante y su férreo control sobre la institucionalidad estatal. Esa advertencia dejaba entrever que un gobierno administrado sin control ni vigilancia social podía pervertirse y abrir las puertas a la corrupción pública como fuente de enriquecimiento para las minorías que ejercieran un poder absoluto, como en realidad ocurrió. No obstante, en 1981, políticos y empresarios vinculados al bipartidismo consideraron que, en gran medida, el voto popular fue “contra la corrupción, contra el despilfarro, y contra todos esos vicios que se habían aumentado en los últimos años, sobrepasando los límites de lo tolerable”9.

Séptima pauta: la “fiesta cívica”

Otra pauta marcada por las elecciones de 1981 fue la de establecer el hábito de “felicitar” al pueblo por su buen comportamiento durante los comicios, acuñando la expresión “las elecciones fueron una verdadera fiesta cívica”, para indicar con ello la civilidad de los electores y su apoyo masivo a los comicios y al hecho mismo de votar. El complemento de la “fiesta cívica” fueron otras frases, no menos repetidas desde 1981 hasta la fecha, entre otras: “elecciones pacíficas”, “somos ejemplo de madurez cívica”, “elevación cívica”, “extraordinaria muestra de civismo y devoción democrática”, “unos comicios indiscutiblemente masivos y ejemplares en cuanto al comportamiento de los votantes”, “el electorado ha dado una muestra de gran perspicacia política”.

Octava pauta: abstencionismo creciente

Pese a los reiterados elogios a los votantes, los procesos electorales siguieron dejando insatisfecha a la población, no solo por los resultados obtenidos por los gobernantes cuatro años después, resentidos por 8 9

Ibíd. Ibíd. 23 diciembre 2013

Reflexión una población cada vez más empobrecida, sino por las ejecutorias de los procesos que culminan en las elecciones, como lo demuestra el crecimiento del índice de abstencionismo desde las elecciones de 1985. A pesar de los repuntes registrados en los periodos de mayor antagonismo político, la caída de las elecciones como instrumento renovador de la democracia fue constante, acelerándose entre 2005 y 2013. La campaña electoral de 2005 “estuvo marcada por una confrontación verbal, por ataques, hubiese sido muy oportuno el debate de ideas, pero rescatamos que la plaza pública no reflejó la violencia verbal que la campaña marcó”, afirmó Moisés Benamor, jefe de la Misión de Observadores de la OEA en dichos comicios, después de urgir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a aclarar cómo se transmitirían los resultados preliminares de las elecciones, afirmando haber recibido “quejas” sobre el temor de un fraude electoral a la hora de contar los votos10. Mientras, el editorial de diario Tiempo calificó los hechos como “… irresponsabilidad de los dirigentes políticos que no se apartan de las prácticas viciadas para mantenerse en el poder o para conseguirlo a como haya lugar”11. Lo relevante en las elecciones de 2005 fue que la “calidad del mandato electoral”, ante un abstencionismo del 42% —el más alto entre los registrados hasta ese momento—, se vio “muy enrarecido, casi inexistente porque casi la mitad del electorado se mantiene sin compromiso y a la expectativa del comportamiento y desarrollo del nuevo gobierno”, creándose de esa forma un “ambiente francamente proclive a la ingobernabilidad”12.

Un tenso paréntesis: las elecciones de 2009

Durante las elecciones de 2009, realizadas en el marco del golpe de Estado del 28 de junio —cuando el contexto político dejó atrás su propensión a la ingobernabilidad para convertirse en la única realidad palpable en el país—, los actos de cierre de campaña y la víspera 10 Declaraciones de Moisés Benamor, jefe de la Misión de Observadores de la OEA, Tiempo, 24 de noviembre de 2005, p. 14; y, “Quejas a misión de la OEA…”, Tiempo, 27 de noviembre de 2005, p. 15. 11 “Volatilidad” (Editorial), Tiempo, 29 de noviembre de 2005, p. 27. En ese año el costo de las elecciones se elevó a mil millones de lempiras, alcanzando tal suma por primera vez. 12 “Abstencionismo” (Editorial), Tiempo, 30 de noviembre de 2005, p. 31.

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de las elecciones se llenaron de tensión. Esto derivó en el señalamiento de que “Todo el andamiaje y la maquinaria electoral están militarizados, en lo cual subyace la naturaleza castrense del proceso electoral, puesto que lo han convertido en instrumento para justificar el golpe de Estado militar del 28 de junio, y en el fondo, para restablecer la militarización de la política y de la sociedad hondureña, con la comparsa de los partidos políticos”13. Más tarde se señaló a estas elecciones, como a las siguientes, de sustentar una política de “borrón y cuenta nueva” para lavarle la cara al golpe de Estado y legitimar electoralmente a los gobiernos que sucedieron al régimen de facto14.

Se cierra el ciclo con un saldo negativo

Las elecciones de 2013 continuaron en la misma pendiente de deslizamiento iniciada en 2005, aunque sin repetir el nivel de abstencionismo de aquel año, mostrando así una de las secuelas de la crisis política de 2009: los elevados requisitos que ahora se requieren para que un gobierno obtenga legitimidad ante la opinión pública y el cuestionamiento permanente de su legalidad por la falta de correctivos fundamentales en la institucionalidad electoral. Los titulares de prensa de los días inmediatamente posteriores a las elecciones del 24 de noviembre así lo confirman: “Nasralla solicita el recuento de actas”; “Libre rechaza resultados del TSE por desconfianza”; “Darán informe exacto de las denuncias de delitos electorales” (Ministerio Público); “Llaman a presidenciables a respetar los resultados” (G-16); “Mel no reconoce resultados del TSE”15. Mientras que el editorial de Tiempo se refería a “peligros de sublevación por denuncias de fraude” y agregaba que “La ocurrencia de un resultado ilegítimo ya no tiene lugar en la tolerancia colectiva…”; argumentó que la ilegitimidad en este contexto no era relativa únicamente a la votación, sino que “comprende las prácticas vergonzosas mediante las que, por las vías del amedrentamiento y la compra de votos, se pretende aventajar el resultado final”, hasta concluir en que todavía queda por resolver la cuestión “del dinero sucio circulando a torrentes en procuración de votos…”16. 13 “Al cierre” (Editorial), Tiempo, 23 de noviembre de 2009, p. 19. 14 “Borrón y cuenta nueva” (Editorial), Tiempo, 27 de noviembre de 2009, p. 21. 15 Véase: Tiempo, 26 de noviembre de 2013, pp. 10, 13 y 28; y, El Heraldo, Tegucigalpa, 26 de noviembre de 2013, primera plana. 16 Editorial, Tiempo, 22 de noviembre de 2013, p. 19.

Reflexión Las elecciones de 2013 cerraron así el ciclo iniciado en 1980 con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y a elecciones generales en noviembre de 1981, con un saldo negativo para la legalidad, la legitimidad y la imparcialidad que deben caracterizar a los procesos electorales. En lugar de culminar el proceso con una demostración de conocimiento y experiencia acumulada en por lo menos 30 años de continuidad electoral, de evidenciar su eficacia en la administración electoral y honrar el sacrificio del país ante los onerosos costos del último proceso electoral, se concluyó más bien en una demostración de agotamiento y de persecución de una legitimidad política más mediática que real. En este contexto de descrédito, corrupción pública y legalidad a medias, es difícil saber si las elecciones “estilo Honduras” —como se les califica cada vez que este drama se escenifica— están falleciendo por muerte natural o por muerte civil, pero —como dijera el poeta de la antigüedad romana Marco Valerio Marcial— “Más triste que la muerte es la manera de morir”. II. La democracia (1981-2013) “Esperamos que la voluntad del pueblo sea respetada”, decía el informe preliminar de WOLA, organización estadounidense que participó como observadora en las elecciones de 1981, destacando en su numeral 3 que: “Preocupaciones de un posible golpe de Estado fueron expresadas por muchos”. Partiendo del hecho fehaciente de que los comicios de ese año recibieron un “impresionante” respaldo popular, WOLA se atrevió a vaticinar que: “Las elecciones pueden representar un paso importante en la evolución hacia un sistema político más representativo, más libre y más honesto. Hasta en los hondureños más pobres, donde existe un entendimiento perspicaz de un apuro económico, había un énfasis continuo en la importancia de sus derechos políticos”17. Este vaticinio parecía ser una recomendación justificada y dirigida al sistema político hondureño que, sin embargo, solo se cumplió a cuentagotas. Por su parte, Jorge Bueso Arias se refería igualmente en términos elogiosos al civismo popular, argumentando que el pueblo hondureño merecía más respeto “por estar por encima de sus líderes políticos”; aunque utilizaba tal aserto para justificar el fortalecimiento del 17 “Esperamos que la voluntad del pueblo sea respetada: WOLA”, Tiempo, 3 de diciembre de 1981, p. 10. Véase, además, “Delegados de WOLA recibidos a tiros en sede nacionalista”, Tiempo, 30 de noviembre de 1981, p. 2.

bipartidismo, considerando los 634 mil votos obtenidos por el Partido Liberal y los 488 mil del Partido Nacional que, en su opinión, revelaban “la autenticidad de su base popular” y, con ello, “Estamos probando que somos un pueblo maduro, y ese mismo hecho da confianza aquí y afuera”18.

El desencanto gana terreno

No obstante el civismo popular y su reconocimiento público, la democracia comenzaba a generar cierto desencanto entre los electores, que comenzaron a responder con el abstencionismo, en principio tímido y ubicado en el 15% en las elecciones de 1985, para duplicarse en las elecciones de 1989; ascendió al 44% en 1993 y retornó a un elevado 42% en 2005. En 1989 todavía se hablaba del rechazo de los electores a “ser conducidos como borregada” y, para demostrarlo, utilizaban sus votos contra unos “dirigentes políticos que han demostrado una increíble incapacidad y abusaron de su propio partido [el Liberal] en una grotesca lucha por posiciones y prebendas”19. En el mismo año se hablaba ya de la pérdida de vitalidad y de la salud quebrantada de la democracia, aludiendo a la necesidad de un partido “fuerte” de oposición que actuara como contralor del partido gobernante, para reemplazar la recurrente práctica del bipartidismo de repartirse el “Estado-botín” entre los partidos Liberal y Nacional20. Los nuevos partidos políticos (PINU, Democracia Cristiana y Unificación Democrática), que nacieron entre 1968 y 1992, surgieron con la finalidad de llenar con sus propuestas el vacío ideológico dejado por los partidos tradicionales, a los que Gautama Fonseca calificaba como “el cero absoluto” en la materia21. No obstante, ninguno de ellos pudo superar la etiqueta de partidos “incipientes” y “minoritarios” que les endilgaron desde su integración en el sistema político formal, hasta convertirse en “márgenes deprimidos” de la institucionalidad política. Como resultado, al concluir las elecciones de 1997, se señaló que estas habían confirmado “la fortaleza casi 18 “El pueblo demuestra su repudio al extremismo: Jorge Bueso Arias”, op. cit. 19 “Un presidente electo con un mandato definitivo” (Editorial), Tiempo, 28 de noviembre de 1989, p. 6. 20 “Reconocimiento provisional y liderazgo liberal” (Editorial), Tiempo, 30 de noviembre de 1989, p. 6. 21 Gautama Fonseca, “Los partidos tradicionales: ¿un anacronismo?”, Tiempo, 6 de diciembre de 1993, p. 9. 25 diciembre 2013

Reflexión inexpugnable de los partidos tradicionales”, dejando a los “nuevos” partidos con “muy pocas probabilidades de salirse del contexto residual en donde están ubicados”, reduciéndolos a un papel “muestral”, como para “simular una imagen pluralista del sistema político hondureño”22.

La siempre ausente oposición política

Casi diez años más tarde, la socióloga Julieta Castellanos se preguntaba: “¿Existe la oposición o ambos partidos son opositores?”, aludiendo con ironía a la teatralidad del bipartidismo para presentarse en la escena pública del modo más conveniente. Según J. Castellanos, “Para que la oposición se gane el respeto de la ciudadanía, debe actuar con sentido crítico, controlar el gobierno en sus excesos, ser vigilante y controlador de las políticas del gobierno, pero sobre todo, debe orientar sus acciones hacia el interés de la mayoría nacional. (…) La oposición es garantía de avance, de cambio, de revisión de políticas y lo más importante de rectificación. (…) ¿No es suficiente ser mayoría para impulsar los cambios políticos? Llegado el momento se agotarán las excusas”23. Las elecciones de 1993, a pesar de la siempre ausente oposición política, se llevaron a cabo “en el ambiente de mayor tensión que se haya visto en las elecciones de las últimas dos décadas”, en alusión al enconado antagonismo entre el nacionalista Oswaldo Ramos Soto y el liberal Carlos R. Reina durante la elección del cuarto presidente civil del periodo iniciado en 198124.

La inevitable erosión de los partidos políticos

La institucionalidad de los partidos políticos lucía erosionada a inicios de 1997, cuando ya se hablaba abiertamente de un “círculo de descomposición” de su vida institucional, agobiados por una crisis de “conciencia, moralidad y ética” en que habían asumido la característica de ser propiedad de unos pocos; el Estado mismo tenía la apariencia de ser un Estado patrimonial y oligárquico. A la vez, los partidos políticos no demostraban capacidad para encontrar una salida a su peculiar situación en el contexto de una democracia que existía a condición de ser la representación popular y no 22 “Los partidos pequeños” (Editorial), Tiempo, 4 de diciembre de 1997, p. 14. 23 Julieta Castellanos, “¿Existe la oposición o ambos partidos son opositores?”, El Heraldo, 16 de septiembre de 1997, p. 7. 24 “Todos a votar”, Tiempo, 28 de noviembre de 1993, primera plana.

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de las cúpulas oligárquicas. La razón de tal incapacidad provenía del “círculo de descomposición” creado por ellos mismos, caracterizado por disponer de un arsenal con “miles de trampas, conductas truculentas y vicios arraigados en la conciencia y la práctica diaria”, por lo que se les exigía públicamente una nueva institucionalidad, con cambios profundos, pensamiento propio, transparencia en la acción y mucha decencia25. La tragedia del huracán Mitch (octubre, 1998), pudo ser el revulsivo que los partidos políticos necesitaban para redirigir la democracia, pero una vez más no respondieron al llamado urgente del cambio; en las dos oportunidades que se les presentaron antes de la ruptura de la institucionalidad por el golpe de Estado de 2009 (elecciones de 2001 y 2005), no modificaron sus posturas para fortalecer la democracia, transformar el modelo socioeconómico que la sustentaba y modernizar la institucionalidad política. Por el contrario, se conformaron con integrar en su agenda dos nuevos temas acuciantes: la seguridad ciudadana y la vulnerabilidad ambiental. La primera con un enfoque militarizado, y la segunda con un tono demagógico y una voluntad explícita de ganar clientela política explotando la elevada vulnerabilidad socioeconómica de la población, en un momento en que pudo hablarse, sin exageración, de una democracia harapienta. En este contexto, apenas una semana antes de las elecciones de 2005, Luis Chávez sugería desde su caricatura “Para que las elecciones no se detengan”, que “La clave es albergar a los damnificados en la misma escuela donde les toca votar”26. Mientras, el editorial se titulaba “Inundaciones” y dos titulares dramáticos ilustraban una situación apremiante en la Costa Norte: “Colón despedazado” y “Gamma dejó 11 muertos y 13 desaparecidos”27. En tanto, los jesuitas de la norteña ciudad de El Progreso denunciaban que “Políticos están pidiendo votos a cambio de calmar el hambre”28; y Doumont titulaba “Disco rayado” a una caricatura suya en la que vinculaba la vulnerabilidad ambiental con la demagogia política, representando con sus trazos el cinismo político tradicional que prometía a los electores: “Castigaremos a los depredadores del bosque, construiremos sistemas de control de inundaciones…”. 25 “Regeneración o degeneración” (Editorial), El Heraldo, 23 de febrero de 1997, p. 6. 26 Caricatura de Luis Chávez, Tiempo, 21 de noviembre de 2005, p. 21. Del mismo autor, véase también: “No fui yo, fue Gamma”, Tiempo, 23 de noviembre de 2005, p. 31. 27 Tiempo, 21 de noviembre de 2005, pp. 1 y 2. 28 Tiempo, 23 de noviembre de 2005, p. 22.

Reflexión Y al final, la pregunta que el caricaturista repitió seis veces: “¿Cuándo?”29. No obstante el descrédito de los partidos políticos y el debilitamiento del sentido y del significado de la democracia en los tiempos difíciles posteriores al huracán Mitch y a varias tormentas tropicales devastadoras, el bipartidismo siguió siendo la “fortaleza inexpugnable” que era en 1981 y 1997; pero en 2005 ya lucía lastimero: “Maíz y láminas para conseguir el voto”30. Durante tres meses consecutivos, el bipartidismo sometió a los electores a una “abrumadora propaganda, saturada de violencia verbal, de sistemáticas acusaciones y argumentaciones calumniosas, así como de exaltación de antivalores en el campo cívico-cultural, de transgresiones a la ley y de abuso de poder…”. Hasta que sus críticos llegaron a la conclusión de que la “experiencia democrática” hondureña dejó de ser “incipiente” para convertirse en “deficiente”, asumiendo que lo aprendido “Lo hemos logrado en parte por decantación del instinto colectivo…”, porque las alternativas políticas seguían reducidas a dos propuestas ya conocidas y en proceso de desgaste31.

El apego al bipartidismo continuó… pese a todo

Lo que siguió fue una desnaturalización del proceso democrático en la que confluyeron diversos factores, desde los de orden político hasta los ambientales y psicológicos, llegándose incluso a la dramatización burlesca de la situación de la democracia y de los partidos políticos. De tal modo, que el creciente malestar hacia el bipartidismo se fue transformando en quejas de fondo que enfatizaban en los problemas no resueltos, que se juntaron para presionar a unos partidos deprimidos y unos electores descreídos y desesperanzados. La Misión de Observadores de la OEA, para el caso, señaló que “persiste el temor de un fraude a la hora de contar los votos”, en tanto que el representante de la misma entidad aseguró que “preocupa el tema de la corrupción porque mina a las democracias”32. Mientras, en una caricatura, una serie de recuadros ilustraba una coyuntura política que sobrepasaba lo ya conocido en la democracia hondureña33 y la ubicaba en una situación 29 Caricatura de Doumont, Tiempo, 22 de noviembre de 2005, p. 31. 30 Tiempo, 27 de noviembre de 2005, p. 12. 31 “A votar” (Editorial), Tiempo, 26 de noviembre de 2005, p. 31. 32 Tiempo, 27 de noviembre de 2005, p. 15. 33 Los recuadros reflejaban la realidad de la propaganda electoral de ese año y sus motivaciones para atraer electores. “Nada personal. Tontas formas de votar”, caricatura de Luis Chávez, Tiempo, 27 de noviembre de 2005, p. 18.

crítica que un editorial caracterizó, poco después de las elecciones de 2005, como “un estado sicológico de terror colectivo, con desplantes propios de una patología dictatorial”34, que se desplegaría con mayor esplendor durante las elecciones de 2009 y 2013. Solo otra caricatura podía representar gráficamente la tragicomedia en que la democracia se había convertido desde 1997. Su autor la tituló “Violencia doméstica”, y dibujó a una vigorosa figura masculina, símil de la clase política, estrujando a una escuálida figura femenina, semejante a la empobrecida población del primer decenio del siglo XXI, seguida por un texto en el que se lee: “Pero si él me lo pide, le vuelvo a dar el voto”; con esta representación de género y de cultura macho-hembra, evidenciaba el reiterado apego político de la población al bipartidismo y las débiles bases que cimentaban la democracia en ese momento. III. El Estado de derecho (1981-2013) A la euforia de las elecciones de 1981 le siguió un gobierno liberal de talante conservador que generó controversias desde su inicio, principalmente por su irrestricto compromiso con la política de seguridad nacional de Estados Unidos en Centroamérica y el nombramiento de militares de línea dura en la conducción de las Fuerzas Armadas, hasta concluir en un régimen militarizado y poco interesado en fortalecer el Estado de derecho. Y así fue percibido por los contemporáneos que evaluaron su gestión al señalar que: “Una de las causas de mayor deterioro de la imagen del actual gobierno [de Suazo Córdova] ha sido la inseguridad jurídica proveniente de la festinada administración de la justicia, sometida a la orden superior. (…) En nuestro país siempre hubo un acondicionamiento del Poder Judicial a los dictados políticos sectarios, promovidos por el gobierno de turno, pero durante este gobierno la situación llegó a niveles inéditos en nuestra historia”35. La deficiencia que se le atribuyó al gobierno de Suazo Córdova (1982-1985) siguió siendo una de las mayores debilidades del republicanismo hondureño, caracterizado por un Poder Judicial débil, sumiso a los dictados del Ejecutivo y el Legislativo, constituyéndose así en el flanco más débil del Estado de derecho; y, en uno de los factores que más ha incidido en su erosión progresiva en razón de sus elevadas responsabilidades 34 “Triunfo liberal” (Editorial), Tiempo, 28 de noviembre de 2005, p. 25. 35 “La misión del Poder Judicial en el siguiente régimen liberal” (Editorial), Tiempo, 29 de noviembre de 1985, p. 6.

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Reflexión en la aplicación de la ley y la justicia, y la salvaguarda de la legalidad y la legitimidad jurídico-política del Estado.

La corrupción, un agravio a toda la sociedad

Uno de los principales indicadores de la elevada vulnerabilidad del Estado de derecho durante el periodo en referencia es el crecimiento progresivo e incontenible de la corrupción pública, que ya en 1993 obligaba a los candidatos presidenciales a prometer en sus campañas “acabar con la corrupción”, el virus que “ha emponzoñado todo el cuerpo político-social”, hasta convertirse en una consigna política que ejercía “un gran atractivo para mover a la ciudadanía a votar por el nuevo mesías”. A la vez, la lucha contra la corrupción pasó a ser un objetivo internacional vinculado al fortalecimiento de la democracia, de tal modo que las parejas “democracia versus corrupción” y “democracia-civilidad” predominaron en la agenda de la comunidad internacional y de los gobiernos nacionales que proclamaron su adhesión a la “cruzada internacional anticorrupción”, sin ir más allá de ofrecer el “patíbulo moral” contra los corruptos36. En el contexto del gobierno de la “revolución moral” (1994-1998), la expansión de la corrupción pública, así como su combate, alcanzaron mayor difusión que en otras administraciones; se respondía así a los intentos de modernizar el Estado y afianzar el Estado de derecho durante casi toda esa década. No obstante, no fue durante ese periodo cuando más se hizo por institucionalizar el combate a la corrupción pública. Pero su difusión, en tanto que problema digno de atención, mejoró notoriamente en comparación con la década anterior. En marzo de 1997, el reputado jurista argentino, Luis Moreno Ocampo, sostenía en una conferencia que la corrupción representaba otra forma de autoritarismo y de abuso de poder, dándole así una connotación eminentemente política al tema. Moreno Ocampo sostuvo que “La clase política que hacía de la corrupción un modo de financiar la política no había sido reemplazada por ninguna otra. Esto me enseñó que la lucha contra la corrupción no pasaba por la Fiscalía”. Un aporte sustantivo de Moreno Ocampo fue su convencimiento de que la corrupción no solo era un problema de las personas corruptas, sino de “sistemas corruptos”, a los que oponía para su combate los 36 “La promesa de combatir la corrupción” (Editorial), Tiempo, 16 de noviembre de 1993, p. 8.

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“sistemas de integridad”. Hasta concluir en que la corrupción es siempre “un arma política”, sosteniendo que “si en una empresa hay un caso de corrupción, es un problema del auditor. Pero si hay un fenómeno de corrupción masivo, se trata de un problema del gerente general”. Este ejemplo, aplicado a la situación de los países afectados por la corrupción, se traducía en una responsabilidad del Presidente de la República, que “elige a los funcionarios, los controla y los mantiene en los cargos y tiene el poder de definir cómo será su administración”37. Pocos meses después se publicaron nuevos aportes en la dirección señalada por Moreno Ocampo, de vincular estrechamente el problema de la corrupción con la responsabilidad en la toma de decisiones políticas al más alto nivel para su combate; destacan entre estos las contribuciones de la socióloga Julieta Castellanos, quien sostuvo que “La corrupción no tiene partido y la lucha para erradicarla debe estar libre de sectarismo político”, y poco después su señalamiento de que este fenómeno “es un agravio a toda la sociedad”38. Sin embargo, las críticas y sugerencias dirigidas al Estado, que tuvieron alguna relevancia mediática, fueron insuficientes para consolidar la institucionalidad y reafirmar la voluntad estatal de combatir a fondo la corrupción, permitiendo que esta avanzara al grado que, en 2013, alcanzó niveles de reconocimiento internacional al aparecer Honduras entre los países más afectados por la corrupción pública. Las preguntas obligadas a este respecto son: ¿En qué magnitud afectó la corrupción pública las bases constitutivas del Estado de derecho? ¿Qué impidió al bipartidismo gobernante comprometerse en un combate a fondo de la corrupción pública? Al margen de otras respuestas probables, las elecciones de 2013 no dejaron lugar a dudas respecto de para qué sirve el tema de la corrupción, cuando este no ha sido asimilado por el Estado y la sociedad civil como un grave problema de orden político, sino como una consigna electorera que se utiliza por conveniencia: “El 25 de enero se les terminará la fiesta a los corruptos”39. 37 Luis Moreno Ocampo, “Haciendo memoria”, El Heraldo, 19 de marzo de 1997, p. 7. 38 Julieta Castellanos, “La contraloría: ¿Una institución para el chantaje?”, El Heraldo, 17 de junio de 1997, p. 7; “La corrupción es un agravio a la sociedad”, El Heraldo, 23 de septiembre de 1997, p. 7; y, “Los cuestionamientos al sistema judicial”, El Heraldo, 30 de septiembre de 1997, p. 6. 39 Tiempo, 22 de noviembre de 2013, p. 18.

Reflexión Desmilitarización y civilidad, desafíos no resueltos

Otros temas acapararon el interés para llenar las notorias carencias en el fortalecimiento del Estado de derecho; entre estos, la necesidad de institucionalizar y profesionalizar la investigación y sanción del delito criminal con la creación del Ministerio Público en 1993, “libre de mediatizaciones e influencias políticas y gubernamentales”, lo que fue considerado en su momento como “un logro positivo de la mayor trascendencia”. Sin embargo, la percepción que en sus orígenes se tuvo del Ministerio Público iba más allá al considerársele como “el primer paso en firme para la desmilitarización del sistema policial en Honduras… para el ulterior traspaso de todo el sistema de seguridad del Estado al control civil”. Un tema que ayer como hoy sigue acaparando la atención pública por “el involucramiento institucional policíaco en actos de criminalidad”40. A diferencia de lo que ocurre actualmente, cuando el Estado de derecho trata de fortalecer la institucionalidad policial mediante su depuración, en el decenio de 1990 se trataba de fortalecer la civilidad en la democracia y dotar al Estado de derecho de instrumentos bajo control civil que mejoraran la aplicación de la ley y la justicia. Sin embargo, poner la institución policial bajo control civil significaba, además, un paso decisivo para la desmilitarización social, “como debe ser en un Estado democrático liberal”. La situación de la Policía en 1993 era evaluada como un fracaso en los últimos 40 años por su falta de profesionalidad y por no tener “una vinculación natural a la sociedad civil”, prevaleciendo en su lugar un “régimen y filosofía militarista”; de ahí que algunos sectores sociales y políticos propusieran un sistema de seguridad nacional puesto enteramente bajo el control civil “para evitar la desviación a un Estado policial de signo autoritario”41. En una medida nada desdeñable, las discusiones más actuales sobre la “depuración policial”, las reformas al sistema de justicia y seguridad, así como las proclamas lanzadas al viento en la campaña electoral de 2013, del estilo: “Policía Militar será clave en mi gobierno: Juan Orlando Hernández”42, hacen que el Estado de derecho retorne a las preocupaciones e inquietudes ya debatidas desde 1993. 40 “El Ministerio Público y la revolución moral” (Editorial), Tiempo, 13 de diciembre de 1993, p. 8. 41 “El Estado democrático de derecho y el civilismo policial” (Editorial), Tiempo, 14 de diciembre de 1993, p. 8. 42 Tiempo, 22 de noviembre de 2013, p. 6.

La cuestionada institucionalidad electoral

La institucionalidad electoral ha sido una de las más cuestionadas desde su primer ensayo en las elecciones de 1981, hasta la actualidad en que se acepta como válida la afirmación popular de que en Honduras las elecciones “no se ganan en las urnas sino en la contada de los votos”, lanzando así una espesa sombra sobre la institucionalidad electoral, con gravísimas consecuencias para la legalidad y la legitimidad del Estado de derecho. Las claves de lectura de la institucionalidad electoral se fundamentan en sus múltiples articulaciones con las elecciones, la democracia, los derechos ciudadanos, el Estado de derecho y la paz social. En 1993, cuando el programa de modernización del Estado y un ambiente internacional favorable a las reformas institucionales coincidieron, la institucionalidad electoral fue también cuestionada y desde ese momento se le introdujo reformas, hasta llegar a la conclusión actual de que la única solución posible es elaborar una nueva ley electoral. El tema fundamental en esta materia, tanto ayer como hoy, es la democratización del sistema político. En 1993, a la legislación electoral se le señalaron “lagunas” en su contenido, que “se antojaban creadas a propósito para dejar a merced de la maniobra sectarista la solución de diversos problemas y conflictos políticos…”43. Las reformas introducidas en diversos momentos no lograron romper el hermetismo del sistema y tampoco subsanaron los “graves trastornos” enfrentados en todos los procesos electorales, incluyendo el de 2013, a pesar de la apertura del sistema en este último torneo electoral. La participación de nuevos partidos en estos comicios no respondió tanto a reformas sustantivas a la legislación electoral, sino más bien a una obligación impuesta por el quiebre institucional de 2009 y a los Acuerdos de Cartagena de Indias, suscritos con mediación internacional. Este apretado resumen sobre la institucionalidad más relacionada con los temas de este estudio, revela que su comportamiento y funcionalidad se presenta actualmente como incorregible, a pesar de las reformas que la han modificado formalmente. Destacar este comportamiento del Estado de derecho, estrechamente vinculado al ya observado en los procesos electorales y en la “experiencia democrática” del país, busca identificar el contexto en que se ubica la situación de la ciudadanía y sus respuestas ante los estímulos que para 43 “La reforma de la ley electoral y el cambio en el sistema político” (Editorial), Tiempo, 16 de diciembre de 1993, p. 8. 29 diciembre 2013

Reflexión esta han representado las elecciones, la democracia y la construcción del Estado de derecho, como se verá a continuación. IV. La ciudadanía (1981-2013) Desde las elecciones de 1981 la ciudadanía, concebida en términos de “electores” o “votantes”, ha sido objeto de una elaboración social en el imaginario político según la cual es a la vez héroe y víctima en el contexto de las elecciones. Este imaginario político fue concebido por la elite bipartidista gobernante para elogiar o condenar al “pueblo”, y consiste en despojarlo de sus demandas políticas, económicas y sociales para transformarlo en elector ejemplar. Los elogios y la victimización, en tanto que instrumentos de control político y social, aparecieron desde las elecciones de 1981 y se concretaron en la pauta de felicitar al “pueblo” por su comportamiento “cívico” en los comicios. Tal comportamiento se tradujo, en el imaginario político, en “ejemplo de madurez cívica” y en “elevación cívica”: una palmada en el hombro para agradecerle su participación en la validación electoral de cada cuatro años. Es una manifestación de la euforia de los vencedores, que al “pueblo” le dura un abrir y cerrar de ojos. Como se comentó apenas tres semanas después de las elecciones de 1981, el sentimiento predominante en la ciudadanía no era fácil de definir, pero se sospechaba que su componente principal era una “mezcla de esperanza, de temor, de optimismo y de duda”, para convertirse poco después en “desconfianza crítica” y un “escepticismo”44 que, lentamente, cobraba conciencia del abismo existente entre el valor concreto del eslogan ganador y su situación socioeconómica. El “pueblo” se transformaba así, de héroe de las elecciones, en víctima de los vencedores en los comicios. Pero esa no es la única paradoja de esta historia. La más obvia es que, a pesar de tantos elogios sobre el civismo popular y de tantas certificaciones internacionales sobre la legitimidad de las elecciones, pocos de estos procesos han escapado a la sospecha de fraude y de ilegitimidad del triunfo electoral, lo que ha dado asidero a la afirmación de que “aquí se gana en la contada y no en las urnas”, hasta que la “contada” cayó en un descrédito total en las elecciones de 2013. Así, el “pueblo” se fue convirtiendo en un mito que celebra su propio civismo en las urnas, para luego ser festejado por otros que lo felicitan por lo bien que lo 44 “Una gran responsabilidad en un momento difícil” (Editorial), Tiempo, 18 de diciembre de 1981, p. 6. 30 envío

hace. La “fiesta cívica” de las elecciones se convierte de esta manera en parte de un amplio proceso de manipulación de la legalidad y de la legitimidad del resultado obtenido en la “contada”. ¿Se produce una operación de “lavado” de una votación legítima a través de una “contada” cuestionada y calificada de ilegítima?

La temida soberanía popular

Lo importante es cobrar conciencia de que las elecciones son un mecanismo de consulta a la ciudadanía, por lo que en su análisis debe considerarse también lo ya ocurrido, cuando se ha tratado de establecer figuras jurídicas de consulta directa, como es el caso de la discusión de 1993 sobre el plebiscito y el referéndum, que enfrentó a la “consulta popular” con el “poder delegado”. Las reticencias interpuestas por el sistema político y la institucionalidad electoral en esta materia contribuyeron a debilitar la iniciativa de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones fundamentales, representando además un aporte decisivo al desequilibrio en las relaciones de poder, a la erosión de la legitimidad del Estado de derecho y la inefectividad de la democracia, en menoscabo del consenso político y social. En 1993 “…la sola mención de la posibilidad de incluir en el texto constitucional el plebiscito y el referéndum como procedimientos de consulta popular, ha desatado un mar de especulaciones, de poses demagógicas y de agrios debates en la tarima política”45. La actitud reticente o la franca oposición a la consulta directa a la ciudadanía se atribuyó a determinadas “camarillas del sistema político” que, con la aprobación de tales figuras, verían limitado un poder delegado que, en la práctica política, se tornaba en poder absoluto. Por ello se descartaba la supuesta “conspiración reeleccionista”, considerándola como un “enmascaramiento del aspecto esencial del problema… el miedo a la soberanía popular”. Según tal enfoque, “Los 2.7 millones de electores hondureños solo son buenos para delegarles el poder [a las ´camarillas retrógradas´]. De ahí en adelante, deben ser simples espectadores hasta la otra elección, cuatro años después… para lo mismo”. En conclusión, la fortaleza de tales camarillas descansaba en el absolutismo del poder delegado, usufructuado por unos pocos; de esa forma, la “soberanía popular” desaparecía, para ser suplantada por una “camarilla soberana”46. 45 “Soberanía popular y camarillas soberanas” (Editorial), Tiempo, 17 de diciembre, 1993, p. 8. 46 Ibíd.

Reflexión A pesar de que las polémicas figuras de la consulta directa fueron finalmente aprobadas, paralelamente, el Congreso Nacional aprobó, a finales de 1993, un “decreto de inmunidad” para los expresidentes de este poder del Estado, al que sus opositores denominaron “decreto de la impunidad perpetua”47. La pregunta salta a la vista: ¿Existe algún vínculo entre la “camarilla soberana”, el temor a la consulta directa y las denuncias de fraude o manipulación de los resultados electorales? Y, en caso de haber conexiones precisas: ¿En qué medida esos vínculos han contribuido a debilitar la soberanía del pueblo y los derechos ciudadanos, la vigencia de la democracia y la legitimidad del Estado de derecho en Honduras? Es en este sentido que párrafos atrás se habló del pueblo como “un mito” y se puso en perspectiva el auténtico carácter de la “fiesta cívica” como instrumento de manipulación con el objetivo de mantener

el desequilibrio en las relaciones de poder para que, una vez pasadas las elecciones, el pueblo-héroe se transforme súbitamente en pueblo-víctima. ¿Es esta la explicación última sobre la condición ciudadana y el funcionamiento de una democracia para pobres, administrada por ricos? Un pertinente mensaje dirigido a fines de 1981 al primer gobierno de la transición política, resulta más pertinente aún en la nueva coyuntura política abierta por las elecciones de 2013:

47 “La revolución moral en el nuevo régimen liberal” (Editorial), Tiempo, 21 de diciembre de 1993, p. 8.

48 José María Tojeira, SJ, “El arte de gobernar”, Tiempo, 3 de diciembre de 1981, pp. 6 y 25.

En definitiva, lo que legitima a un gobierno no son fundamentalmente los votos, sino el respeto a los derechos ciudadanos y la colaboración prestada al individuo en el cumplimiento de sus deberes. (…) En definitiva, se requiere una práctica gubernamental que realice su poder en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, en vez de buscar prioritariamente… la satisfacción de las necesidades del Poder48.

31 diciembre 2013

Debate

Al cierre del proceso electoral 2013…

¿Vendrán los cambios deseados? Honduras Debate*

Sin lugar a dudas, el desarrollo del proceso electoral demostró que el pueblo hondureño persiste en su deseo por la paz, de fortalecer y mejorar su sistema democrático. Aunque son muchos los desafíos pendientes, la mayoría impostergables para el corto plazo, la democracia real y para todos y todas, sigue siendo la única opción que tenemos como país.

otivados por estos avances, los abajo firmantes nos dirigimos a la ciudadanía hondureña llamando a la sensatez a la clase política por el momento histórico por el que atraviesa nuestro país, afectado por el irrespeto constante y generalizado de la Constitución de la República, la ausencia de justicia, insolvencia pública, corrupción, inseguridad, desempleo y creciente poder de grupos económicos, políticos y delincuenciales que deliberan y gobiernan a nombre de todos, pero en contra de nuestros intereses. Esperamos se nos haya escuchado porque una vez que el telón electoral cayó, entre la conformidad de algunos y la inconformidad de otros, es de nuevo el país, sus carencias y esperanzas de cambio las que sobresalen, sin que haya habido las propuestas reales, viables y participativas para enfrentarlas. Hoy el panorama presenta algunos cambios por la voluntad ciudadana. Le dio al Partido Nacional la titularidad del Poder Ejecutivo, pero no el control del Congreso Nacional, donde destacan otras tres agrupaciones políticas con una representación parlamentaria significativa: Libertad y Refundación (Libre) 37 diputados, Partido Liberal, 27; y Partido Anticorrupción (PAC), 13. *

Espacio integrado por: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH). Este documento fue publicado el 12 de diciembre de 2013 en diario El Heraldo de Tegucigalpa. 32 envío

Los nacionalistas bajaron de 71 curules a 48 y se suman tres más sobrevivientes en representación del PINU; Democracia Cristiana y Unificación Democrática. Dos de los nuevos no lograron traspasar la barrera legal, el FAPER y la Alianza Patriótica Hondureña. El mensaje es claro tanto a los que gobernarán la administración pública, incluyendo corporaciones municipales, como a los que integrarán la oposición política, ya sea como diputados o regidores: Honestidad, transparencia, compromiso nacional, propuestas viables, concertación y respeto al disentir, sin que ello suponga hostigamientos, exclusiones o represión. La ciudadanía, todavía con altibajos y contradicciones, apostó por la renovación, como lo evidencia el prolongado listado de diputados no reelectos, algunos de los cuales eran piezas de antigüedad legislativa, y también de alcaldes en numerosas corporaciones municipales. Eso de que “lo bueno debe seguir” no funcionó, cuando había cuestionamientos serios en el trasfondo. Infortunadamente, la decisión del 24 de noviembre no fue tan favorable a las mujeres candidatas, pero eso refleja un problema de fondo que tiene múltiples dimensiones y que está pendiente de encarar y resolver. Al margen de los detalles que se precisarán con la declaratoria final de resultados, la ciudadanía, sin asomo de duda, demanda cambios en todas las áreas del quehacer institucional y en la relación de los políticos con los electores. Gobierno y oposición deben comprender que si no atienden las demandas de transformación que surgen desde las bases de la sociedad, no habrá estabilidad ni gobernabilidad. Hacer más de lo mismo, o lo de siempre, conducirá a la confrontación o al caos.

Debate COMO GRUPOS CIUDADANOS ACTIVOS TENEMOS DERECHO A DECIR: Respecto al proceso electoral

1. El modelo de gestión institucional de las organizaciones políticas y partidos políticos frente al proceso electoral, debe cambiar. La organización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es tan atrasada como el sistema de partidos políticos que rige. Las características fundamentales con las cuales surge en 1982 se mantienen y representan un freno a la expansión democrática. La forma en cómo son electos o seleccionados sus integrantes, a lo largo de toda su estructura, responden más a las agrupaciones políticas que los acuerpan que a la defensa del derecho a elegir en democracia. El derecho al sufragio se encuentra limitado por la afiliación y participación partidarista del TSE; sus miembros son quiénes, de una u otra manera, amplían o reducen el umbral para la legalidad de los resultados. En su formato actual no hay suficiente credibilidad en la resolución de las impugnaciones porque son jueces y partes del proceso. En suma, debe crearse una nueva Ley de Organizaciones y Partidos Políticos, así como los roles y atribuciones que esta consigne a un nuevo Tribunal Supremo Electoral, producto de una amplia deliberación y consenso político, inclusión de las fuerzas políticas y ciudadanas, como máximo órgano jurisdiccional en la materia. 2. Debe haber un sistema efectivo de justicia electoral. Los principios de legalidad y legitimidad de los procedimientos y resultados son cuestionados elección tras elección, como ocurrió con las primarias de noviembre de 2012 y con las generales recientemente realizadas. Para que haya certeza debe haber instituciones que actúen en apego a los hechos, y que los datos sean completamente verificables, fidedignos y confiables. En nuestro país la impunidad al delito electoral corroe el principio de credibilidad. Es evidente que la Fiscalía especializada del Ministerio Público en delitos electorales no está a la altura del mandato que la ley le impone. 3. La reforma al Registro Nacional de las Personas (RNP) debe ser inmediata. Se requiere separar los intereses partidaristas del trabajo de identificar a las personas, que se enmarca en los derechos ciudadanos y en la defensa estratégica de la seguridad nacional. El RNP no puede seguir siendo una caja chica de activistas políticos, sino

una institución técnica. Los muertos siguen apareciendo en los listados electorales y a muchos de ellos se les usurpa la memoria para manipularlos como votantes. De la manera en que está organizado actualmente el censo, el voto en Honduras no es realmente Universal, Libre, Secreto, Directo, Personal e intransferible. 4. Debemos avanzar hacia la construcción de un sólido programa nacional de formación democrática para la ciudadanía. El proceso electoral interno de los partidos políticos 2012, así como el proceso electoral general 2013, evidencia falencias que ponen en precario una verdadera transparencia en el proceso electoral. El trasiego de credenciales revela también una profunda debilidad ciudadana que lanza dudas sobre la implementación inmediata de otro tipo de integración de las mesas electorales. Una ciudadanía informada, consciente y en capacidad de ejercer sus derechos y deberes con la sociedad, y no con sus partidos o padrinos políticos, es la única garantía de que la voluntad soberana se respete. La formación democrática debe comenzar desde los niveles básicos de enseñanza educativa formal y no formal. Y, ojalá, en valores familiares. Este debe ser un proceso estructurado e intencionado sin manipulación sectaria o visión conservadora. Los maestros deben formarse en una pedagogía democrática que en este proceso no existió, salvo excepciones. Sólo una buena formación podrá garantizar para próximos períodos un escrutinio limpio en todas las mesas electorales, acorde con el avance actual de ser un acto público e ininterrumpido. 5. Debe haber procedimientos y reglas claras que reduzcan la inequidad de los procesos electorales, sobre todo en la financiación de las campañas, acceso a los medios y en el sistema de comunicación de los resultados electorales. Campañas electorales multimillonarias sólo pueden explicarse por la falta de transparencia en sus orígenes, tanto de recursos públicos como privados. La penetración de dineros ilícitos apoyando candidaturas para todos los niveles electivos es una denuncia permanente que no se investiga. La disparidad en los recursos provoca desbalances extraordinarios en el acceso de las candidaturas a los medios masivos de comunicación social, lo que se agrava con una inflación mediática electoral incontrolable. Y en el caso del sistema de comunicación de resultados electorales sigue ofreciendo dudas 33 diciembre 2013

Debate de cuántos conteos reales existen, antes de que el dato "oficial" llegue al público final. Todo redunda en falta de transparencia democrática. 6. Construcción de una verdadera oposición política como aprendizaje ciudadano de la democracia y como instrumento que contribuya al equilibrio de poderes, la práctica del pluralismo político y los procesos de integración social a través del debate político. La construcción de esta verdadera oposición política debe obligatoriamente contar con la integración de la ciudadanía y la sociedad civil organizada. 7. Finalmente, sin ánimo de ser exhaustivos en una temática tan amplia, es vital la modernización y democratización de los partidos políticos y su reflejo democrático en los procesos electorales. Honduras estrenó en este proceso un sistema multipartidario que deparó el resultado inesperado y cuestionador del Partido Anticorrupción (PAC), con amplio arraigo entre la juventud de los principales centros urbanos, y la insurgencia de Libre como principal fuerza parlamentaria de oposición, al menos por el número de diputados que incorpora al Congreso Nacional. Sin embargo, el multipartidarismo no es garantía per sé de amplitud democrática. La ciudadanía fraccionó el Congreso Nacional para fortalecer el Estado de Derecho y ejercer un contrapeso al poder caudillesco y presidencialista, pero eso está por verse. Si la diversidad de representaciones partidarias se entrampa en las negociaciones de siempre, volverá la frustración ciudadana. Su papel debe ser distinto en la configuración del gobierno nacional, sobre todo en la elección de autoridades tan importantes como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Superior de Cuentas. El verdadero sistema de contrapesos que debe existir es entre honradez y corrupción, entre participación y autoritarismo, entre transparencia y opacidad. La representación multipartidaria en el parlamento podría llegar a ser responsabilizada de un colapso gubernamental eventual si su agenda de trabajo no es nacional e integradora. Honduras debe contar con una verdadera oposición política, clara y consciente de su labor. Debe haber una renovación de dirigentes y líderes, no sólo un cambio de rostros y nombres. Respecto al cambio esperado ante la crisis nacional

En el pronunciamiento que hicimos público antes de los comicios, planteamos que se juega demasiado la 34 envío

Patria en esta coyuntura como para dejar a los políticos en el control omnímodo de las decisiones. Para ello exigimos la definición de una Agenda Mínima que dé gobernabilidad social y económica al país, indispensable para que nuestra ciudadanía recupere la esperanza y encuentre sentido al gasto multimillonario, casi derroche, que implicó el proceso electoral. Queremos subrayar que los resultados electorales a nivel presidencial, legislativo y municipal no cambian por ahora ninguna de las prácticas políticas tradicionales, entre otras cosas porque la política sigue siendo vista como un negocio clarísimo con los recursos del Estado y con los bolsillos de la gente común y corriente. Si hay un cambio, entonces se dilucidará si las decisiones que se toman en la transición de un gobierno a otro y en los primeros cien días del próximo la reforma se impone a la contrarreforma, la participación al autoritarismo, la consulta a la imposición. En tal sentido, reiteramos la exigencia de precisar una estrategia integral que contenga un conjunto clave de metas y compromisos a ejecutar en el primer año del gobierno entrante, y que involucre no sólo al partido que ganó, sino a todas las fuerzas políticas participantes y que anticipan un Congreso Nacional fragmentado. Esa agenda demanda:

1. La reforma inmediata al Reglamento del Congreso Nacional para que, en lugar de ser instrumento de una dictadura, permita un ejercicio deliberativo transparente y en base a intereses nacionales, no personales o corporativos. 2. Un Pacto Económico-Fiscal, Social y Político que, por un lado, asegure la equidad fiscal sobre el principio de que deben pagar más quienes más tienen y más ganan, el combate real de la pobreza y el fortalecimiento a la institucionalidad democrática. 3. El fortalecimiento de los mecanismos de combate a la corrupción y evasión fiscal, incluyendo una cancelación efectiva de las exoneraciones y exenciones fiscales que representan una fuga tolerada de capital y recursos para el Estado, y no constituyen un efectivo instrumento de incentivos a la inversión productiva y social. 4. Una reforma del sistema financiero, evitando que la especulación, vía tasas de interés, distorsione las transacciones bancarias con el Estado y la sociedad en general, sobre todo teniendo en su control una deuda interna superior a los 59 mil millones de lempiras. 5. Un cambio en el funcionamiento del modelo económico que busque el fortalecimiento del tejido social,

Debate conformado por pequeñas y medianas empresas de producción y de servicios, urbanas y rurales. 6. Por la reactivación de la producción agrícola e industrial, para la que es necesario cambiar radicalmente las políticas de impuestos y de estímulos. 7. Una revisión de los procesos de "rescate" de las empresas públicas, a fin de privilegiar el control público de las mismas antes que sus concesionamientos. Esto implica, por ejemplo, en el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la revisión de los contratos con las empresas vinculadas a la generación de energía térmica y de los fideicomisos creados en este marco. 8. Una revisión de las concesiones de recursos naturales otorgadas por el gobierno sin consentimiento y participación de las comunidades territorialmente involucradas, al tiempo que se diseñe, discuta y apruebe una política medioambiental que aproveche socialmente nuestros bienes naturales, sin acabar con ellos. 9. Dar una efectiva continuidad a la reforma del sistema judicial y de seguridad pública, evitando que siga siendo manipulada políticamente. 10. Promover consensos políticos y sociales que conduzcan a un proceso ordenado de reforma integral del sistema de justicia que fortalezca el acceso de la ciudadanía a la justicia y su aplicación imparcial, potenciando por esta vía el combate a la corrupción, la impunidad y la desigualdad de oportunidades que generan inequidad y desintegración social y económica.

11. Crear una nueva Ley de Organizaciones y Partidos Políticos, la normativa que rige el ejercicio del sufragio, la inclusión de las nuevas fuerzas políticas en el Tribunal Supremo Electoral, garantizar las acciones de trasparentar y profundizar la democratización de la toma de decisiones en el TSE. 12. Convertir la reforma educativa en una prioridad nacional puesto que en ella descansa buena parte del fracaso de nuestro Estado y sociedad. 13. Garantías reales al respeto de los derechos humanos, garantizando la libre expresión de la ciudadanía. 14. Por la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas, separando con claridad las funciones de defensa nacional y de seguridad pública. Ni optimistas, ni pesimistas

Las reflexiones antes expuestas dejan en claro que nuestras organizaciones y la ciudadanía que representamos no está ni optimista ni pesimista ante los resultados electorales y la eventual reconfiguración del presidencialismo y el parlamentarismo, pero sí expectantes y dispuestas a participar en la reforma política y la reforma económica del país, conscientes de que ambas son indispensables para la gobernabilidad social que reclamamos. La sociedad hondureña se fragmentará aún más si la ciudadanía no es incorporada a la toma de decisiones. Lo advertimos antes de que una nueva gran crisis fracture esta nación, irremediablemente.

35 diciembre 2013

Centroamérica

Detenidos y deportados: xenofobia y dólares (1) JOSÉ LUIS ROCHA*

“¡Que no nos agarre como juguete, que cumpla sus promesas!”. Así le reclamaba a Obama un latinoamericano el 21 de enero, día de su toma de posesión para un segundo mandato. Y en la manifestación, una silla vacía exhibía una cifra escandalosa: un millón y medio de deportados en el primer mandato de Obama. Este texto recoge otras cifras escandalosas, que reflejan graves violaciones de derechos humanos y sustantivas ganancias en el “negocio” de las redadas, las detenciones y las deportaciones de inmigrantes.

n Jena Detention Facility los migrantes indo cumentados allí retenidos vestían uniformes de tres colores —azul, anaranjado y rojo—, que advertían de sus niveles de peligrosidad. Azul para los inofensivos. Anaranjado para los de cuidado. Rojo para los temibles. Era esta una segunda segmentación de los seres humanos. La primera y más radical era la dicotomía “legales” e “ilegales”. En Jena están encerrados los ilegales, nueva cabeza de turco del Estado-nación y enemigos número uno de la seguridad nacional, arrinconados en el mismo banquillo junto a terroristas y narcotraficantes. Les corresponde el lugar que ocuparon los “rojos” desde fines del siglo 19 hasta el ocaso de la Guerra Fría, cuando ser tenido por comunista fue el más mortífero estigma en muy diversas latitudes, como expone el escritor brasileño Graciliano Ramos cuando, en sus Memórias do Cárcere, narra su detención y encarcelamiento en 1934. Durante el arresto le espetaron la acusación que justificaba su confinamiento: —Comunista. Espanto, inmenso desprecio, la convicción de encontrarse en presencia de un traidor. Una palabra apenas, y la indignación, el asco, la rabia fría manifiesta en ligeras arrugas: —Comunista. Ese epíteto me aniquilaba. Ingrato. Y cualquier añadido, de gesto o palabra, era redundancia. Los guardianes del orden ahora gritan “ilegal”. Y cualquier gesto o palabra que añadan es redundante. ilegales=industria de las deportaciones

La construcción de la “ilegalidad” ha sido tarea relativamente reciente en la historia de Estados Unidos. 36 envío

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, recibió un vigoroso empujón que la mantiene en estado de permanente aceleración. Desde México y Centroamérica, oteando hacia el norte, notamos el filtro de hierro —no impenetrable, pero sí multiplicador de los riesgos— que produce la combinación del reforzamiento del muro fronterizo en la guardarraya mexicano-estadounidense, las políticas migratorias que penalizan el cruce ilegal de la frontera, la fungosa proliferación de leyes xenófobas que muchos legisladores han regalado a sus Estados, la avalancha de fondos para infraestructura de detención, deportación y patrullaje fronterizo, el reforzamiento del patrullaje por grupos de civiles paramilitares (Minute Men, Ranch Rescue, entre muchos otros) y la aplicación del programa “Comunidades seguras”, incubado por Bush, pero aplicado con fervorosa diligencia por Janet Napolitano, lugarteniente de Obama en el Department of Homeland Security. La combinación de todos estos elementos da por resultado la industria de las deportaciones que tiene, como “daño colateral”, la multiplicación de las detenciones de migrantes. usa: la mayor infraestructura de detención del planeta

Los informes sobre las condiciones en los centros de detención se han disparado en los últimos seis años. Los autores parecen suponer que la reclusión de migrantes no escapa a las leyes productivas: un repentino y acelerado incremento de las detenciones sin instalación adicional de capacidades, deviene en deterioro de las condiciones. Esta es una posibilidad. Otra, mucho más temible e irreparable, es que las condiciones jamás

centroamérica fueron óptimas ni se ajustaron a los estándares legales, porque tales estándares nunca han sido establecidos de forma efectiva: existen enormes áreas sin ser normadas, hay políticas etéreas sin polo a tierra, muchas normas que carecen de obligatoriedad jurídica, el monitoreo interno es débil y autocomplaciente. Si un informe del Migration Policy Institute, construido sobre la base de datos del Immigration and Customs Enforcement (ICE), reveló en 2009 que había un ciudadano chino detenido desde hacía cinco años —y otros casos de personas con mucho más tiempo que el cacareado promedio de 31 días—, eso significa que el problema de violentar los derechos humanos de los migrantes y tratarlos como criminales convictos tiene raíces que preceden al monitoreo que hoy informa de ellos tan prolijamente. En cualquier caso, los informes de los que daré cuenta han sido muy elocuentes. Para empezar, mostraron que Estados Unidos mantiene la mayor infraestructura de detención de migrantes de todo el planeta. En 2012, la capacidad de detención de migrantes alcanzó su pináculo: un promedio de 34,069 camas ocupadas y más de 400 mil procesados al año (225,390 con cargos criminales), dejando muy atrás las 6785 camas de 1994 e incluso a las 27,500 de 2006. En los últimos 18 años, la maquila de las detenciones creció a razón de 1512 camas al año y casi 126 al mes. A los más de 30 mil encarcelados, en 2009 había que añadir los 5400 monitoreados mediante un localizador espacial ceñido al tobillo por una banda, el famoso grillete electrónico. Un informe del Migration Policy Institute, recién salido del horno en enero de 2013, reveló que entre 2005 y 2012 el presupuesto del ICE —agencia estadounidense encargada de detener, custodiar y deportar migrantes— creció en un 87%: de 3.1 a 5.9 miles de millones de dólares. El ICE, el Customs and Border Protection —responsable de la vigilancia fronteriza— y el Visitor Immigrant Status and Informational Technology (VISIT) —fundamentalmente los sistemas de identificación biométrica— acapararon 18 mil millones de dólares: superaron los 14.4 mil millones del FBI, la DEA, el Servicio Secreto, el US Marshals Service y el Buró para el control del alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. En 2013, 1.96 mil millones de dólares serán destinados solo a sufragar los costos de mantener detenidos a los migrantes irregulares. Los migrantes aparecen en el presupuesto como la amenaza más acuciante y onerosa a erradicar. El número de detenidos por el ICE en 2010 quintuplicó la cifra de criminales procesados

por delitos federales. En 2011 el ICE realizó 642 mil aprehensiones, repatrió a 324 mil migrantes sin orden de deportación y mantuvo detenidos a 429 mil indocumentados, con un peso considerable en los 288,581 mexicanos, 38,450 guatemaltecos, 26,416 hondureños y 23,792 salvadoreños. 2009: Primera denuncia contundente

Este avasallador crecimiento trajo consigo un mayor interés de la sociedad civil estadounidense en lo que estaba ocurriendo con los detenidos. En marzo de 2009, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un informe titulado Jailed without justice: immigration detention in the USA. En cuestión de días, más de 10 millones de personas supieron de las violaciones a los derechos humanos que estaban teniendo lugar diariamente en los centros estadounidenses de detención de migrantes. Cientos de congresistas recibieron copia del informe. Los ánimos se crisparon. Y no era para menos. El informe arrancaba con la narración del caso de Mr. M., albanés beneficiario de asilo en Estados Unidos, con más de doce años de residencia legal y tres hijos estadounidenses al momento de su detención. Acusado de haber comprado un vehículo robado y haber llenado con información falsa un formulario de préstamo para vivienda, Mr. M. fue clasificado como carne de deportación. La primera acusación debería ser desechada por el principio del tercero adquiriente de buena fe, que desde la Edad Media eximió de responsabilidad a los compradores de objetos robados. La segunda acusación apunta a un delito muy común y de discrecional determinación. Después de cuatro años de arresto, Mr. M. pudo salir por fin de prisión para esperar la resolución final de su caso. Con este caso emblemático y otros, AI mostró al pueblo estadounidense que el crecimiento descomunal de la industria de las deportaciones significaba que las autoridades migratorias habían tenido que suscribir contratos con alrededor de 350 cárceles estatales y condales para poder “hospedar” a los migrantes procesados. El 67% es alojado en esas prisiones, mientras que el restante 33% queda detenido en centros federales o bajo contratistas privados, a un costo promedio de 95 dólares al día por detenido. La proliferación de las detenciones ha derivado en multiplicación de los abusos. El informe mencionó que existen alternativas de detención que mantienen una tasa de 91% de cumplimiento de sus compromisos en la corte y que tienen un costo de apenas 12 dólares al día. A pesar de esta evidencia, las formas convencionales de detención 37 diciembre 2013

centroamérica continúan vigentes a costa de los derechos humanos y de los bolsillos de los contribuyentes. depresiones, extorsiones, suicidios...

Un informe del ICE —autoridad estatal para velar por la aplicación de la legislación migratoria—, mencionó un tiempo de detención promedio de 37 días. Pero AI reveló que para gran parte de los migrantes su detención había durado meses o incluso años. Más aún: un estudio anterior, realizado en 2003, mostró que los solicitantes de asilo —los que sí lo obtuvieron— habían pasado un promedio de diez meses detenidos. Y algunos aguardaron hasta 3.5 años un proceso de incierto final. Con frecuencia los migrantes detenidos desesperan de su situación y se sumergen en letales depresiones. Crece el número de quienes cometen suicidio, sin que las autoridades puedan anticiparlo o prevenirlo. AI narra el caso de Geovanny García-Mejía, joven hondureño de 27 años, detenido en el Newton County Correctional Center de Texas. Remitido a la unidad médica, fue encontrado escribiendo en el suelo con su propia sangre, y fue retornado a la galería común después de que un psicólogo anotara en su expediente: “No tengo idea de por qué está en la celda de suicidio.” Doce días después, el 12 de marzo de 2006 —día de su 27 cumpleaños—, su cuerpo sin vida fue encontrado colgando en su celda. El sheriff local concluyó que los guardias, que deberían haberlo estado chequeando cada quince minutos, no hicieron rondas nocturnas. AI expone ampliamente casos sobre las sumas exorbitantes que los jueces piden como fianza a quienes enfrentarán juicios migratorios y tratan de recurrir a esa opción para evitar la prisión. Son frecuentes los casos de 15 mil y 25 mil dólares. Una vez la tarifa alcanzó los 80 mil dólares. La arbitrariedad y abuso de los jueces fue patente en casos como el que enfrentó un hijo de madre estadounidense, con excelente récord de trabajo y comportamiento, y con más de diez años de residir en Estados Unidos, a quien el juez pidió 30 mil dólares. También reveló el informe lo que se creía imposible: la deportación de residentes legales y de ciudadanos, acusados de haber cometido delitos menores que sirvieron como excusa barata para expulsarlos del país en el que habían vivido la mayor parte de sus vidas. el dedo en las llagas

El informe de Amnistía dio a conocer que, según estimaciones del Departamento de Justicia, el 58% de los inmigrantes enfrenta un proceso de deportación sin representación legal. Esta cifra asciende al 84% 38 envío

entre los migrantes detenidos. Semejante indefensión es excepcional en un sistema político que ofrece representación legal gratuita a quienes carezcan de medios para costearla. Pero el migrante —o el estadounidense cuya ciudadanía sea puesta en tela de juicio— pertenece a otra categoría distinta de los ciudadanos de pleno derecho: si no puede pagar un abogado, estará librado a su propia y flaca suerte. Más aún: mientras en el pasado era posible aplicar a una reapertura del caso alegando la falta de efectividad del representante legal, actualmente es imposible rectificar los errores de los abogados mediante ese recurso. Los migrantes no tienen previsto el derecho a un abogado y si tienen uno que se equivoca, el error y su rectificación ya no están previstos en la ley. Buena o mala, la asesoría legal es determinante: está demostrado estadísticamente que quien tiene representación legal enfrenta su juicio con cinco veces más probabilidades de éxito que quien no la tiene. Los que osan autoasesorarse enfrentan la dificultad de que los manuales, compendios de leyes y explicaciones del sistema legal estadounidense muy pocas veces se encuentran disponibles en sus lenguas en las mal abastecidas bibliotecas de los centros de detención. Entre otros abusos, negligencias y deficiencias a corregir, AI también denunció el inapropiado y excesivo uso de aparatos para restringir el movimiento —esposas y cadenas en el abdomen—, el limitado acceso a teléfono y a contactos con familiares y abogados, la reclusión mixta de migrantes y criminales, el precario acceso a medicinas y atención médica, la falta de ejercicio físico y el abuso verbal y físico. A pesar de que el informe de AI descansaba, en su mayor parte, en testimonios individuales y pocas veces en datos con representatividad estadística, puso el dedo en la llaga; fue enormemente revelador y estableció los parámetros que luego habrían de seguir otros informes. Dio un paso más allá de los precedentes al desafiar el principio de soberanía colocado por encima de los derechos humanos. En una perspectiva del derecho más amplia que la que concede al principio de soberanía licencia para abusar, conculcar derechos y encarcelar a extranjeros, estableció su oposición al uso de la detención como herramienta de control migratorio: toda persona tiene derecho a libertad y seguridad, incluyendo la protección contra el arresto arbitrario y la detención, independientemente de su estatus legal, de acuerdo al artículo 9 de la Convención Internacional de la ONU sobre derechos civiles y políticos.

centroamérica 2006: cómo capturar “ilegales”

Ya en 2006 se había disparado el interés de la opinión pública estadounidense hacia las políticas migratorias y las detenciones. Hubo dos detonantes en forma de proclamas. En noviembre de 2005 el Department of Homeland Security (DHS) anunció un plan llamado Secure Border Initiative, orientado a reforzar la aplicación de las políticas migratorias para reducir la migración “ilegal”. En abril de 2006 el DHS develó una faceta desconocida del plan: el ICE expandiría sus operaciones para capturar a todos los trabajadores indocumentados e individuos que hubieran violado las leyes migratorias, abarcando refugiados, migrantes con residencia legal permanente y aquellos que, aunque con permiso de residir en Estados Unidos, hubieran sido acusados de cualquiera de los delitos consignados en una extensa lista, incluyendo robo no violento, hurto, consumo o comercio de drogas, falsificación, recibir propiedad robada, perjurio, fraude, engaño y evasión fiscal. Todos estos delitos serían causa suficiente para la detención y deportación, de acuerdo a leyes aprobadas en 1996: la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act y la Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act, que solo diez años después encontraron plena aplicación. A los residentes legales se les privó de las audiencias a las que anteriormente podían recurrir. Y el ICE empezó a usar la categoría “fugitivos migratorios” —immigration fugitives, que clona aquella de fugitive slaves y recuerda demasiado a la Fugitive Slave Act de 1850— para referirse a quienes fueron sentenciados con una orden de deportación, pero rehusaron cumplir la orden. No importa si la sentencia —como se ha comprobado en muchos casos— fue dictada en ausencia y enviada por correo a una dirección equivocada. Con el avispero alborotado y muchas miradas escrutadoras encima, en 2006 la Office of Inspector General (OIG), perteneciente al DHS, realizó un estudio sobre las condiciones de detención en cinco centros del ICE. La mayoría de los hallazgos se limitó al funcionamiento del sistema: preocupaciones sobre el ambiente sanitario y la seguridad en tres de los cinco centros, ausencia de manuales sobre derechos y deberes de los reclusos en dos centros, e inadecuación respecto de lo que el ICE ha normado sobre las condiciones generales, sobre todo en la política disciplinaria, inventario de la propiedad personal de los reclusos, clasificación de los reclusos y alojamiento con confinados de distintos niveles de peligrosidad. Una pasajera mención de que no existen procedimientos para que los detenidos puedan denunciar las

violaciones a los derechos humanos fue el hallazgo que más abiertamente rompía con el sentido común de lo que se puede o no conceder a los migrantes indocumentados. La principal denuncia, ligada a la condición de los latinos, fue constatar que en tres de los cinco centros los manuales de orientaciones y procedimientos no estuvieran en español. 2007: la salud en los centros de detención

En 2007 Human Rights Watch realizó el estudio Chronic Indifference: HIV/AIDS Services for Immigrants Detained by the United States, donde quedó en evidencia el pobre monitoreo realizado por el ICE para prevenir muertes por VIH/Sida, proporcionar cuidados básicos a quienes estaban afectados y supervisar esos cuidados. Consecuencias: infecciones no tratadas, creciente resistencia a los medicamentos y muertes. El estudio da cuenta de los muertos por “indiferencia crónica”, que pudieron haber sobrevivido con tratamientos oportunos y a quienes la negligencia del sistema no palió sus sufrimientos y les quitó la vida. En contraste con estos hallazgos, y quizás con la voluntad de desmentirlos, en 2008 el OIG del DHS emitió otro informe sobre las políticas del ICE relacionadas con la muerte de los detenidos y la supervisión de los centros de detención. 33 migrantes detenidos murieron entre enero de 2005 y mayo de 2007. Únicamente se analizan dos casos y se concluye que esas muertes fueron ocasionadas por malas condiciones de salud previas a la detención. Un año después, el Custody Florida Immigrant Advocacy Center dio a luz su informe titulado Dying for Decent Care: Bad Medicine in Immigration Miami, donde da a conocer variedad de testimonios de acceso a tratamiento médico denegado o retardado, prescripciones médicas denegadas o erróneas, tratamiento no adecuado para pacientes con enfermedades mentales, conducta abusiva y cruel de parte del personal médico, condiciones insalubres en las instalaciones y ausencia de monitoreo independiente. El informe indica que, en contraste con el costo de más de 100 dólares por detenido, hay alternativas a la detención que costarían no más de 12 dólares. En 2009 el ICE destinó a estas alternativas apenas el 3.7% (63 millones de dólares) de su presupuesto anual. También en 2009, Human Rights Watch presentó Detained and Dismissed: Women’s Struggles to Obtain Health Care in United States Immigration Detention, un informe sobre la atención médica a las mujeres en 39 diciembre 2013

centroamérica los centros de detención del ICE. Este informe profundizó en la casi total insatisfacción de necesidades específicamente femeninas por negligencia y reducción de costos. Las internas no tenían acceso a mamografías prescritas antes de ser detenidas, a papanicolaou, a anticonceptivos, a cuidados durante el embarazo, a extractores de leche materna y ni siquiera a suficientes toallas sanitarias. Con estos dos informes, carentes de representatividad estadística, pero ricos en testimonios específicos, la credibilidad del autocomplaciente informe del ICE fue rigurosamente cuestionada. Naciones Unidas, la sociedad civil y la academia denuncian

En marzo de 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes presentó un informe de su misión en Estados Unidos. Hace valientes denuncias, con particular énfasis en los arbitrarios traslados de los migrantes hacia centros donde se les dificulta el contacto con sus familias, redes sociales y abogados. La prohibición de trabajar se convierte, para muchos, en imposibilidad de pagar abogados y ganar el juicio migratorio. Insiste en el efecto aterrorizante de las redadas en las comunidades y entre los hijos pequeños de los migrantes. Pero, al concentrarse en los efectos negativos de la correcta aplicación de las leyes migratorias, su informe cae en una comprometedora ambigüedad. Por un lado, al censurar la aplicación de las leyes —incluso en su versión más apegada a derecho—, emite una condena global de las actuales políticas migratorias estadounidenses y, en ese sentido, su denuncia es penetrante y sistémica. Por otro lado, al no desarrollar los abusos y violaciones de los derechos humanos abiertamente opuestos a la legislación vigente —o al hacerlo de forma muy somera, a pesar de la abundancia de fuentes disponibles a un Relator de la ONU—, difunde tácitamente la falsa percepción de que las actuaciones del ICE siempre están ceñidas a derecho. Ulteriores denuncias mostraron que no existe tal pulcritud legal en el ICE. Seis meses después, la rama de Massachusetts de la American Civil Liberties Union (ACLU) dio otro deli-

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berado bofetón al ICE con un extenso informe titulado Detention and Deportation in the Age of ICE, en el que dedica una sección a exponer la inadecuada provisión de servicios médicos en los centros del ICE. En 20042007 murieron 66 personas bajo la custodia del ICE. Un migrante murió de cáncer, mientras sus guardianes hicieron caso omiso de sus dolores. La autopsia reveló que tenía la espalda fracturada. Todos los entrevistados por la ACLU dijeron aguardar semanas para conseguir una cita con el médico. La gravedad de esta situación adquiere dimensiones letales, sabiendo que no se permite el ingreso de medicamentos, y la Tylenol es la única medicina accesible sin prescripción médica. El informe de ACLU hizo revelaciones aún más estremecedoras: migrantes tratados con sedantes y físicamente sometidos, obligados a firmar y estampar sus huellas digitales en documentos que no podían leer o entender, deportados sin previo aviso, encarcelados por años mientras esperaban la resolución de laberínticos procesos legales, alojados de tres en tres en celdas apenas aptas para un interno o hacinados en galerías sobrepobladas donde durmieron amontonados en el suelo, maltratados por cancerberos malhumorados que les gritaron insultos racistas y les negaron el acceso a los baños, obligados a compartir celdas con violentos criminales, desnudados para revisiones periódicas, mal alimentados y bebiendo agua sucia, privados del acceso a una biblioteca de leyes, servicios educacionales, periódicos y otros materiales de lectura. ACLU denunció que el automonitoreo del ICE se efectúa anunciando las visitas a los centros para darles tiempo a que presenten su mejor rostro y que se concentra en la metafísica de las políticas y no en las condiciones reales de los detenidos. A inicios de 2009, la Universidad de Arizona dio a conocer su informe Unseen Prisioners: A Report on Women in Immigration Detention Facilities in Arizona. Mostró hallazgos idénticos a los del Relator de la ONU y la ACLU. El coro anti ICE había sumado voces de variados registros: Naciones Unidas, la sociedad civil y la academia. Continuará…

Nuestra Palabra

La política de los políticos La luna de miel del electorado con Juan Orlando Hernández duró apenas un mes. Y desde entonces se empieza a hablar de la urgencia de asegurar un acuerdo con el FMI y realizar un ajuste fiscal en la economía nacional. El caso es que, tempranamente, el aumento al impuesto sobre ventas es lo que aparecía en el horizonte como inevitable. Para finalizar el año, el equipo económico de la Comisión de Transición publicó un campo pagado en el cual expone cómo encontró la economía del país, y en el que culpabiliza a la administración Zelaya de la situación actual. Allí se nos dice que “la irresponsabilidad y la mala administración del gobierno del presidente Zelaya generó un descalabro financiero y un desastre de tal magnitud que continúa siendo una bola de nieve fiscal que representa un gran reto que deberá ser enfrentado con seriedad y disciplina por parte de las autoridades entrantes”. Estas palabras hablan por sí mismas y constituyen una especie de proclama para “curarse en salud”. Es decir, justifican el “paquetazo” recién aprobado y los que están por venir. Haciendo un recorrido histórico por la política económica desde el presidente Maduro hasta el presente, argumentan que solo los nacionalistas han sacado a flote económicamente el país. Curiosamente, dejan por fuera la administración de Pepe Lobo, que es la herencia más inmediata y la que obliga al ajuste fiscal. Sin embargo, otros analistas señalan que este paquetazo, con el que se inaugura el mandato nacionalista y siguiendo los lineamientos neoliberales, hace recaer sobre el pueblo hondureño el déficit fiscal y la enorme deuda pública acumulada los dos últimos años. La recaudación de impuestos se hace vía impuesto sobre ventas y no sobre los ingresos y la riqueza, sobre los impuestos indirectos y no los directos. El aumento del impuesto sobre ventas, la reducción de las exoneraciones a más de cien productos de la canasta básica, el aumento a los derivados del petróleo, la reducción del subsidio a la electricidad y el aumento a las tarifas de energía eléctrica y el peaje en las carreteras, reducirá la capacidad de consumo de las familias. La sociedad civil afirma que las medidas contempladas en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti Evasión, “están más bien orientadas a erradicar la pobreza de una manera inimaginable… Matando a la gente de hambre”. Además, dejará 100 mil nuevos pobres. En definitiva, el gobierno argumenta ideológicamente para justificar y encubrir una política económica que pone al descubierto, como diría el Papa Francisco, “una economía de la exclusión y la desigualdad”. Por tanto, no estamos de acuerdo ni con la política electoral, ni con la política de la transición por la parcialidad social que trae consigo y por desentenderse de las mayorías del país.

Radio Progreso y ERIC-SJ 10 de enero 2014