DEMANDAS para la futura política de turismo rural en Andalucía
La asociación autonómica de Turismo Rural RAAR – Red Andaluza de Alojamientos Rurales, ante las próximas elecciones en Andalucía, presenta una serie de demandas a los partidos políticos y futuros parlamentarios andaluces, sobre la política del turismo rural en nuestra comunidad, de cara a la próxima legislatura. El objetivo es relanzar un sector que durante los últimos años ha sido relegado a un papel marginal que no hace justicia a su potencial. Propone posicionar al turismo rural de Andalucía en el más alto nivel de competitividad nacional e internacional, a través de propuestas con visión de futuro, en un contexto de globalización de productos específicos. La RAAR es una entidad decana, avalada por sus cerca de 21 años de experiencia en el sector. Tiene clara vocación internacional y está estrechamente vinculada a la Federación Europea de Turismo Rural, EuroGites. Este hecho le otorga un amplio conocimiento del contexto internacional, lo que le permite hablar con propiedad sobre la materia.
(1) Regulación simplificada del turismo rural La regulación del sector rural en la nueva Ley de Turismo de Andalucía, aprobada en diciembre 2011, es confusa1. Contiene graves errores materiales2, y establece criterios al margen de la realidad e imposibles de vigilar, incentivando el fraude3. El marco reglamentario general en Andalucía y España es claramente desfavorable comparando con la situación en los países líderes en el sector, como queda patente en un estudio comparativo realizado en 2011. La consecuencia es un alarmante nivel de economía sumergida que perjudica tanto a la imagen, como a la calidad del producto. En el ámbito nacional, más de 70 figuras diferentes que regulan el sector en las distintas Comunidades Autónomas solo confunden al consumidor. Demandamos la revisión y simplificación, tanto de la normativa turística como de cualquier otra regulación de tipo administrativo, fiscal, y legal que afecte la actividad de los micro-negocios turísticos, incluso en zonas urbanas, para alcanzar una situación de carga similar o menor que los países que son competencia directa. Este proceso debe realizarse de manera similar, homogénea, y comparable, preferentemente en todo el territorio de España.
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Frente a la norma anterior, elimina la identidad de requisitos técnicos y de equipamiento entre Casa Rural y Vivienda Turística de Alojamiento Rural, creando diferencias en algo que principalmente es lo mismo. 2
Establece la figura de Vivienda Turística de Alojamiento Rural en el art. 48, sin embargo, la Disposición Transitoria Tercera establece que sus titulares se tienen que transformar en Casa Rural, en el plazo de 18 meses, lo cual supone una clara contradicción e incoherencia dentro de la Ley. 3
La limitación a tres meses en la prestación de servicio para una figura alojamiento que es mayoritaria en el turismo rural andaluz (VTAR – 67% de la oferta), carece de argumentos y es imposible de controlar. Además no está claramente definida, caben diversas interpretaciones del texto (suma de días ocupados, duración de apertura, estancia máxima de un mismo cliente).
(2) Gestión territorial del turismo rural e interior Existe una dispersión territorial y de titularidad, en los servicios y recursos rurales, que requieren una gestión integrada para ser atractivos y visibles como conjunto. Las zonas referentes en turismo rural-interior están organizadas por entidades específicas de gestión que cubren un ámbito que se podría describir como “microdestino”: Un territorio que el visitante percibe como el espacio donde va a pasar la mayor parte de su estancia y que le sirve como atractivo para su decisión. Sería un territorio similar a una comarca, pero visto desde la perspectiva de homogeneidad turística y sin tener delimitaciones administrativas. Ejemplos: Las Alpujarras, Subbética, Serranía Ronda, Cazorla, … Dentro de estos micro-destinos, se debe establecer una gestión integral de recursos para así facilitar el movimiento del visitante (DMO-Destination Management Organisztions). Modelo a seguir: los “Syndicats d’initiatives” en Francia o la estructura existente en las regiones de Austria, especialmente en el Tirol. Demandamos la consideración expresa de estas estructuras en la Ley de Turismo de Andalucía, así como la definición de su financiación (problemática de una eventual tasa turística) y su estructura básica, donde debe garantizarse una mayoritaria participación privada.
(3) Co-responsabilidad publica-privada La Administración asume en la actualidad de manera exclusiva la gestión de temas como clasificación, promoción, o calidad turística. Así, se institucionalizan y burocratizan tareas que por su propia naturaleza, son dinámicas y evolucionan más rápido que la capacidad de reacción del sector público para adaptarse a estos cambios. Conscientes de ello, dentro y fuera de España están ganando terreno modelos que delegan estas tareas en el sector privado o en entes mixtos, capaces de gestionar con mayor eficacia y agilidad. Por lo que proponemos que sea el modelo a seguir también para Andalucía. Áreas temáticas: 3.1) Clasificación y control de servicios turísticos. Ejemplos: Alemania (sistema enteramente privado de clasificación); Reino Unido (ente mixto); Francia (norma pública, pero delegando la competencia para realizar las clasificaciones en entidades privadas). Demandamos el impulso expreso de estas soluciones, pasando por la correspondiente homologación y reconocimiento administrativo. 3.2) Calidad. Situación similar. El sistema español de la “Q” de calidad es demasiado ambicioso para la mayoría de las micro-empresas turísticas, no solo del mundo rural. Debe complementarse con el apoyo de sistemas más sencillos de gestión privada, que son capaces de alcanzar un gran número de servicios y con ello, contribuir a elevar la media del nivel general del sector. Demandamos el impulso y el apoyo necesario a los citados sistemas privados, previa homologación con criterios básicos comunes (modelo “paraguas”). 3.3) Promoción. La promoción turística de Andalucía a través de la antigua EPTA (“Turismo Andaluz”, ahora Empresa Publica para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía) depende exclusivamente de decisiones de la Consejería del ramo. No cuenta con ningún órgano colegiado donde se pueda producir un
consenso, coordinación, o puesta en común entre acciones públicas y necesidades del sector privado. Demandamos la creación de un Consejo de Promoción, con fuerte representación empresarial y con claras competencias en la materia. 3.4) Formación y prospectiva. El Decreto 20/2002 de Turismo Rural y Activo prevé establecer planes de formación en coordinación entre sector público y privado: pura teoría que solo se ha cumplido en los años 2004/5. Las acciones del extinto CENTIA - “Centro de Turismo Interior” en Úbeda (cerrado hace varios años) se definieron sin participación del empresariado. No se ha realizado – o no consta – actividad continuada relevante en materia de prospección, observatorio sectorial, o similar que pueda dar apoyo a planteamientos y decisiones estratégicas del sector. Demandamos una revitalización del CENTIA en colaboración público-privada, como centro monográfico de conocimiento, prospección, investigación, y formación, en apoyo del turismo interior.
(4) Coordinación inter-administrativa El turismo es una actividad transversal que afecta – y se ve afectada – por múltiples políticas: turística, urbanística, cultural, medioambiental, formación … entre otras. Existe una dispersión completa entre estas políticas, sin gremio ni entidad que pueda coordinar o por lo menos, mantener una comunicación entre estas distintas áreas. Multitud de normativas aplicables desde estructuras diferentes, de una misma administración, son contradictorias entre sí, creando conflictos “eternos” e infranqueables para micro-empresas. Para corregir esta situación, las figuras formalmente establecidas en la anterior, y actual, Ley de Turismo de Andalucía han mostrado ser puramente formales sin tener “vida” ni funciones o competencias relevantes. Demandamos la creación de un gremio transversal a través de todas las administraciones que afectan a la actividad turística, con competencias concretas y de impacto real (p.ej. formular propuestas de tramitación obligatoria, veto sobre nuevos reglamentos, entre otros aspectos).