Procesos
urbanos informales y territorio
para la institución (gastos administrativos por concepto de asistencia de profesionales en el proceso de autoconstrucción, inmovilización de recursos en los períodos en los que los autoconstructores no realizaban ninguna actividad, etc.), el ICT consideró más efectivo construir por contrato las viviendas para luego adjudicarlas. De acuerdo con Rafael Machado, el ICT antepuso la complejidad administrativa del sistema constructivo a su beneficio social: “El enorme interés de las familias que aportaban sus horas libres al trabajo en comunidad, viendo que su objetivo podía conseguirse, las llevó a procurarse recursos adicionales como producto de la motivación, haciendo aportes en dinero para acelerar la terminación de las viviendas. Ante estas circunstancias, el ICT dedujo que tenían capacidad de pago para adquirir una vivienda contratada con firmas constructoras y prácticamente desmontó el sistema” (Machado, 1986: 5).
Para entonces, la Caja de Vivienda Popular –CVP–117 ya venía realizando proyectos de vivienda a escala distrital para familias de escasos recursos gracias al sistema de ayuda mutua. En tal sentido, desde su creación hasta finales de la década de los años setenta cuando dejó de promover el sistema de ayuda mutua para estimular el sistema de autoconstrucción por “esfuerzo propio” con la dotación a cada familia de una vivienda mínima que pudiese ser desarrollada progresivamente, presentaba las siguientes realizaciones (ver tabla 11):
117
Creada en 1942 por el Concejo Municipal de Bogotá, la CVP tenía por objeto dotar de vivienda a los empleados y trabajadores vinculados al Distrito Especial de Bogotá. Luego su labor se extendió a familias de escasos recursos para aminorar el déficit de vivienda y servicios complementarios en la capital de la República
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