Procesos
urbanos informales y territorio
Bogotá como centro económico y político del país es una de las principales ciudades receptoras de población desplazada, según datos de la Secretaría de Gobierno existen aproximadamente 31.061 familias desplazadas (120.059 personas). Codhes, por su parte, registra un total de 259.195 habitantes. El desplazamiento no es nuevo en Colombia, durante el siglo XIX la tierra jugó un papel muy importante lo que la convirtió en un botín de guerra, así las tierras de quienes eran derrotados pasaban a ser de quienes vencían. Posteriormente, durante los años cincuenta, cuando la importancia del negocio del café fue fundamental y los grandes hacendados querían expandir su negocio, patrocinaron a los llamados “pájaros” quienes estaban encargados de amedrentar a los pequeños caficultores en la búsqueda de expropiar sus fincas; esta situación suscitó su migración hacia la ciudad. La violencia actual tiene como objetivo la expropiación de las tierras más aptas para la agricultura y la expansión de las zonas de pastoreo para la ganadería, el control de las tierras productoras de coca y amapola y el control de las zonas donde la nación realizará sus megaproyectos. En la actualidad el número de personas víctimas del desplazamiento continúa en ascenso, sin embargo, uno de los problemas más relevantes que se encuentra cuando se realizan análisis y caracterizaciones es la falta de datos exactos de la población en situación y condición de desplazamiento. Entre los diferentes sistemas de medición existen datos que varían unos de otros, por ejemplo en el Sistema de Identificación de Población Desplazada – Sipod– que para el 31 de octubre de 2006 registraron 1’896.160 personas mientras que en los datos analizados para el mismo período por Cohdes existían 3’832.527, donde la diferencia es de 1’936.367. Para el período 2000-2006 en el SIPOD se encontraban registradas 1’796.797 personas y los análisis de Cohdes presentaban 2’049.644, con una diferencia de 252.847 personas (Codhes, 2006: 15), mientras tanto, las últimas cifras del Departamento Nacional de Estadística –DANE– son de solo 756.000 personas. Estas diferencias hacen que existan elementos de desconfianza respecto a las cifras oficiales. Las discusiones sobre la variación de las cifras se centran exclusivamente en las metodologías utilizadas para la captura de la información, pero más allá de los enfoques utilizados, lo verdaderamente importante es la evidencia de un gran número de hombres, mujeres, jóvenes y niños víctimas del desplazamiento que día a día llevan a cabo procesos de exigibilidad de sus derechos. Otra explicación se centra en los procedimientos poco claros para incluir a las personas en los registros oficiales, esto lleva al rechazo de solicitudes, con lo cual a los afectados se les dificulta el acceso efectivo a los derechos; además, aquellos que no son incluidos presentan apelaciones y acciones legales que generan congestión en los juzgados y que podrían ser resueltas en primera instancia. Los datos exactos son indispensables para la implementación y evaluación de políticas públicas pues sin visualizar los alcances reales de la crisis humanitaria se vulnera la garantía de los derechos de las personas y las comunidades. En estudios realizados se estima que un 30% de las solicitudes 124