múltiples manifestaciones. Ejercen, a su vez, un derecho reconocido constitucionalmente. Por una parte están los de carácter institucional, agentes capitalistas que detentan el control económico directo de la producción y las organizaciones no gubernamentales –ONG–, como expresión de desarrollo, capacitación o investigación para incorporarse a la dinámica política, social y económica que prime en la sociedad. La iniciativa privada institucional se divide en dos categorías: la empresa capitalista privada y las organizaciones no gubernamentales. La empresa capitalista privada asume como agente social otras formas de acuerdo con los diversos sectores económicos urbanos en los cuales opera “(…) es un Agente Social que opera en diversos sectores económicos urbanos y bajo distintas modalidades de agregación o individualmente” (Torres, 1993). Entre otras las formas que asume la empresa privada son: a. Como constructores y urbanizadores privados entre los que se distinguen dos vertientes: los urbanizadores piratas o clandestinos y las compañías constructoras; b. La industria de productos para la construcción; c. La industria del transporte; y d. El comercio y la industria. Para las empresas o sociedades capitalistas privadas la acumulación es el objeto de su existencia, y sus productos (mercancías) son el soporte de su acción. Asumen las formas propias del mercado a través de sociedades en comandita, limitadas, anónimas y otras. Se rigen por la oferta y la demanda en el marco del libre mercado, siguiendo la regulación estatal, que desde la década de los noventa ha estado orientada a facilitar su accionar y a maximizar sus ganancias. Entre las formas características que asume las empresas en la construcción de ciudad, fundamentalmente en los procesos de los sectores de bajos ingresos se encuentran: 4.2.3.1 Urbanizadores privados y constructores
Hoy el urbanizador pirata no se caracteriza exclusivamente por no ser el dueño de la tierra, la cual en la mayoría de los casos pertenece a otras personas. Éste sirve como intermediario entre el propietario de los predios y la comunidad necesitada de vivienda. Casi siempre inicia la urbanización con solo promesas de compraventa que le da el propietario del terreno (Arango, 1986: 228). Sin embargo, el urbanizador pirata ha evolucionado, hoy entrega lotes con algunas formas de acondicionamiento que semejan servicios públicos domiciliarios, recebo en la vía de accesibilidad, electrificación provisional y sistemas de evacuación de excretas. - Compañías constructoras: Actúan en el campo de la construcción de inmuebles y están ligadas al sistema financiero y cumplen con las normas urbanísticas y financieras mínimas legales para poder operar. Su forma de actuación es la de un promotor inmobiliario dentro del conjunto de leyes de mercado de oferta y demanda de una mercancía, en este caso la vivienda. Paralelamente a las compañías constructoras operan la industria de productos para la construcción, la industria del transporte, el comercio y la industria de manufacturas, entre otras lógicas económicas que se articulan a la producción del hábitat y la vivienda. Así mismo, y debido a la consolidación de los barrios, se encuentra que la comunidad participa en el desarrollo y articulación de esta ciudad informal con la formal, con la presencia del comercio metropolitano y la industria, y la implantación de sitios de producción y adquisición de bienes de consumo e industriales. Las grandes industrias de alimentos, vestuario, medicamentos e insumos domésticos, en general, están presentes en las tiendas y comercios locales. 4.2.3.2. Cajas de compensación familiar
Estos se caracterizan porque su objeto, “(…) consiste en aprovechar las condiciones del mercado, cuyo sentido general es la acumulación de capital a través de la apropiación de la plusvalía generada en el proceso de conformación de los barrios o la construcción de soluciones habitacionales”30.
Se distinguen dos vertientes: los urbanizadores piratas, de carácter informal, y las compañías constructoras, de carácter formal. - Urbanizadores piratas: “Los urbanizadores piratas o clandestinos son personas o grupos inescrupulosos y mercantilistas que mediante la apropiación de terrenos y su parcelación vende sin cumplir con las mínimas condiciones de habilitación de los lotes para las viviendas en los barrios autoproducidos de origen informal, vendiendo con promesas de compraventa, sin valor legal, donde sólo transfieren la posesión” (Arango, 1986).
Tienen como fin promover el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, sus familias y la comunidad, para lo cual proporcionan bienes y servicios, de acuerdo con el dinero recaudado de los empleadores. Aunque su objetivo principal va encaminado a liberar la carga económica de los trabajadores de medianos recursos, otorgándoles el auxilio de subsidio familiar, créditos, entre otros, hoy han ampliado la cobertura a todos los trabajadores a través de programas sociales de vivienda, salud, recreación, cultura, turismo y capacitación. Las cajas de compensación familiar han dado prioridad al servicio de la vivienda de interés social (Asocajas, 2006), para lo cual se unen esfuerzos para ofrecer a los trabajadores con ingresos de hasta de cuatro salarios mínimos mensuales la posibilidad de adquirir vivienda propia. “El objetivo fundamental de los programas de vivienda en las Cajas de Compensación Familiar está relacionado con la adquisición, construcción o mejoramiento a los afiliados y sus familias. En este
Como señala Ángela Guzmán, los urbanizadores piratas son un pull, “(…) en los que se destacan (hasta fines de los años 80 en la ciudad de Bogotá o en el caso de Medellín la familia Cock) los Concejales Rafael Forero Fetecua y Alfredo Guerrero Estrada, quienes ejemplifican muy bien la ligación entre este tipo de Urbanizador y el Clientelismo Político” (Guzmán, 1987: 15).
La urbanización pirata era entendida como aquella que no llenaba la totalidad de los requisitos de la Ley 66 de 1968, tales como estar inscrito (el urbanizador) en la Superintendencia Bancaria, tener permiso de venta de lotes, contar con planos aprobados, disponer de servicios públicos y tener demarcadas zonas verdes (Arango, 1986).
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Ciudad informal colombiana 66