Políticas N° 09

políticas

ISSN: 1688-8715

u n p a ís e n co n s tru cció n y c a m b io

| julio 2012 | año 2 | número 9 |

16| Un cambio

estratégico en la geopolítica regional

El puerto de aguas profundas en Rocha

24| Un periodismo

no presionado por el rating

Las nuevas caras informativas de Televisión Nacional

28| Un presidente

Cuidar la vida

Autoridad, reciprocidad y convivencia | pág. 4

mundial

Repercusiones del mensaje de José Mujica en la Cumbre Rio+20

32| Las garzas podrán

estar tranquilas

El puente sobre la laguna Garzón

40| Cuando estar

ya es ganar

Uruguay de cara a los Juegos Olímpicos de Londres

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Las asperezas de la integración No fue con amotinamientos militares, no fue con marchas marciales en cadena, no fue con tanquetas en las calles. Ese tipo de golpes son de otra época, los de ahora son más sofisticados, ya se vieron varios intentos o ensayos en los últimos años. El avance de los pueblos y la democracia en América Latina obliga a sus enemigos a usar figuras menos burdas. Paraguay duele. Allí quebraron un proceso genuinamente democrático que no pudo cuajar en el formato político tradicional, conservado en la “última hegemonía construida” en el hermano país, la del stronismo.

“Resulta grave que una enorme fuerza ciudadana no tenga canales adecuados de expresión de su voluntad (de sus diversas voluntades). Esa carencia vuelve vulnerable la escena pública y, por ende, fragiliza la institucionalidad democrática. Por eso, aunque la mayoría de la población consiguió expresar su voluntad en las elecciones de 2008, esa voluntad, ya lo sabemos, fue violentada por grupos de poder obedientes a inmediatos intereses empresariales, corporativos o sectorial-partidarios”, afirma el reconocido intelectual paraguayo Ticio Escobar. El ex ministro de Cultura de Lugo caracteriza a la fuerza que “perpetró el golpe de Estado” como “una potencia ‘líquida’, diría el filósofo Bauman, es decir, invertebrada, no hegemónica, aliada fugazmente para proteger grandes intereses extrapolíticos que coinciden en un punto: el miedo ante cualquier signo de cambio del modelo que protege sus privilegios”.

Pero así como los golpes ya no son los de antes, las respuestas en el plano internacional y latinoamericano también son diferentes. La reacción de los países del continente fue unánime e inmediata. En las mismas horas que se perpetraba la destitución de Lugo, sin las garantías del debido proceso, “con alevosía y nocturnidad”, los presidentes de la UNASUR se reunían en Rio de Janeiro y enviaban a sus cancilleres a intentar lo imposible: una negociación que impidiera la ejecución sumaria de la destitución de un presidente electo democráticamente. (No es, como se ha dicho ligeramente, que no hubo intento de mediación, que no hubo negociación; es que el mero orden del día del Senado paraguayo preanunciaba la decisión, las mayorías circunstanciales no estaban dispuestas a escuchar a nadie.)

La unanimidad de los países de América del Sur volvió a expresarse una semana después del “golpe parlamentario”, como lo tipificara el Parlamento Europeo. No hay dudas en el texto aprobado en Mendoza: “Expresar su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático en la República del Paraguay, ejecutado mediante un procedimiento sumarísimo que evidenció una clara violación del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de las mínimas garantías para su adecuada defensa”. Sólo en la contumacia de su prédica contra el gobierno pueden entenderse las descalificaciones que se leen entre algunos políticos e intelectuales uruguayos. No les alcanza el vasto arco político de Latinoamérica: ignoran a Piñera y a Correa, a Dilma y a Humala, desde Argentina hasta Suriname.

Sin embargo, esa unanimidad frente a un golpe a la democracia no puede inducir a creer que la integración latinoamericana es un hecho irreversible, que transita un camino algodonado. Todo lo contrario, es una construcción permanente, compleja y desafiante. Hay muchos grupos locales y nacionales poniendo piedras, ya se ve. Pero, sobre todo, los desafíos de un mundo velozmente cambiante, donde también a escala planetaria suena atractiva la

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idea de “hacé la tuya”, ponen en entredicho la noción de unidad o convergencia.

En esta revista se publican las palabras de Mujica en la Cumbre de Rio+20, cuyo video, no por casualidad, han reproducido espontánea y exponencialmente cientos de miles de personas en todo el mundo. Allí se plantean temas de fondo sobre el modo civilizatorio de desarrollo. Se marcan frontalmente las contradicciones de la economía de mercado, se desnuda a la globalización y se asume que “nos” gobierna, más allá de la voluntad de los gobiernos. Ese discurso es complementario, es otra parte, del que hiciera antes por radio y tevé con motivo de la celebración del natalicio de Artigas, como base de la estrategia por la vida y la convivencia. Y es también una parte –todo en una suerte de tríptico– de su enfático planteo en la última reunión del MERCOSUR y la UNASUR. Lo sustantivo es una convocatoria a la unidad continental para aportar, desde las diversas miradas e intereses, una estrategia común para un momento difícil de la humanidad.

Las asperezas del camino de la integración no sólo vienen con los atentados a la democracia en los países que la suscriben.

Incluyen una visión no ingenua sobre las relaciones económicas y comerciales de los países de la región. En especial cuando todas las señales se encienden para avisar que se atravesarán zonas de intensas turbulencias (véase el informe económico-financiero que presenta la Rendición de Cuentas de 2011). La búsqueda incluye, también en ese plano duro, superar el doble discurso: las trabas que se interponen en las fronteras no condicen con la exhortación a la suma; las maniobras clandestinas o las chicanas en los flujos de los intercambios no condicen con una vocación genuinamente integracionista.

Es casi un imperativo de supervivencia la participación de más países en una forma de integración continental más cercana.

Lo mismo que se resolvió con Venezuela en el MERCOSUR, que pasó de asociado a miembro pleno, sería ideal que sucediera – como lo propuso Mujica en la última asamblea– con otros países de la región. Este planteo que viene de lejos, de hecho Uruguay aprobó el ingreso de Venezuela hace seis años, supone reconocer las diferencias, asumir eventuales divergencias, sopesar el costo/ beneficio de actuar en compañía ante la inclemencia planetaria o de cortarse solos y asumir las consecuencias. La discusión sobre la determinación de un nuevo arancel externo común o la apertura a los “acuerdos ventana” logrados por el gobierno uruguayo son manifestaciones concretas de aquellas tensiones. Adoptar la decisión de converger con otros implica ir hacia un nuevo paradigma de la integración, como lo han suscrito recientemente Brasil y Uruguay.

En ninguno de los planos será simple o fácil operar el cambio cultural que se patrocina. Se trata de procesos largos y trabajosos, pero exigen que se comiencen a operar desde ya, desde ayer.

En el proceso de integración continental se requiere un cambio de cabeza, de concepción. Lo mismo que sucede entre nosotros, en la aldea: frente a los hechos de violencia que presenta nuestra sociedad, ante la necesidad de cuidar la vida y aprender a convivir con reciprocidad y respetando los límites de los derechos de los demás, todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución.

La Dirección.| Secretaría de Comunicación. (www.presidencia.gub.uy) ￭

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Autoridad, reciprocidad y convivencia

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“¿Qué nos está pasando?” La angustiante inquietud que lanzó el presidente José Mujica en su mensaje del 19 de junio, en el 248 aniversario del natalicio de José Artigas, estuvo sin embargo lejos de una expresión resignada.

Por el contrario, se trató de una mirada frontal y elevada, contemplativa pero no complaciente, sobre los problemas de convivencia que sacuden al conjunto de la sociedad, un análisis que ofició de preámbulo para la implementación de un conjunto de medidas que justamente abordan esa problemática desde una visión integral.

En su mensaje Mujica trascendió la dicotomía ideológica seguridad/inseguridad para ubicar el eje del problema en términos más complejos y abarcativos: “Parecería que en este tiempo tan especial, donde estamos un poco más ricos, donde estamos llenos de chiches nuevos, de buenas comunicaciones, de autitos, llenos de motitos, tal vez por tanta abundancia material en lo cotidiano terminamos olvidando que el valor central es la defensa de la vida. ¿Por qué esta afirmación? Porque nuestra crisis es de convivencia, de cuidar poco la vida nuestra y por lo tanto mucho menos la ajena”.

Lejos del reduccionismo conceptual que asocia los problemas de seguridad con los episodios delictivos más impactantes de la crónica roja, el presidente prefirió hablar del fenómeno de la violencia en sentido integral, de esa que “campea en todos los estamentos de la sociedad”: la violencia en el deporte, la violencia intrafamiliar, la violencia en el tránsito, la violencia que determina que “seamos el país de América Latina con mayor cantidad de presos en términos proporcionales”.

Lejos también del mensaje que confunde al ciudadano con el “contribuyente” que debe exigirle al Estado protección por los impuestos que paga, Mujica sostuvo que el Estado no puede eludir la responsabilidad de brindar seguridad a la ciudadanía, “pero esto es recíproco: el conjunto de la ciudadanía tiene que empezar por entender que hay que revisar y preguntarnos qué nos está pasando, por qué tanta violencia, por qué tanta dificultad para lo elemental: aprender a convivir. Porque si la vida es el valor primero, nada más importante que la paz, nada más importante que la tranquilidad”.

Dicho de otro modo, “como presidente les tengo que pedir a los compatriotas de todos los colores que se den cuenta de que el Estado tiene límites infranqueables: los estados no pueden entrar en el corazón y en la mente de los ciudadanos. Sólo el amor a nuestros hijos, a nuestros

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compatriotas, puede ser la llave maestra que haga colocar este tema como un tema central de nuestra etapa histórica”.

Luego de plantear el problema en estos términos, el presidente pidió al conjunto de la sociedad que “dedique un mes entero a colocar el tema de cuidar la vida como primer tema cotidiano a considerar, a darle valor en todas sus formas y variantes”.

Al día siguiente de su mensaje, y como continuidad del mismo en otro plano, los ministros Eduardo Bonomi (Interior), Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa) y Daniel Olesker (Desarrollo Social), junto al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, presentaron públicamente un paquete integral de medidas denominado “Estrategia por la vida y la convivencia”. La iniciativa era el resultado de un análisis de varias semanas en el Gabinete de Seguridad, y posibilitaba que el Poder Ejecutivo retomara la iniciativa política con un nuevo enfoque en el debate sobre seguridad pública.

“Estrategia por la vida y la convivencia” está basado en un diagnóstico integral, se articula en base a tres definiciones clave (el ejercicio de la autoridad, la práctica de la reciprocidad y el desarrollo de la convivencia), se estructura en cuatro pilares programáticos que construyen su integralidad (adecuación normativa para fortalecer la convivencia, mejoramiento de la eficacia y la transparencia policiales, creación de centros de mediación de conflictos en el área metropolitana, y equipamientos e infraestructura para la convivencia y el uso intensivo de los espacios públicos), y se materializa en 15 medidas de política pública. A su vez, incorpora la dimensión territorial como escenario de privilegio priorizando el área metropolitana, donde ocurre el 96% de los delitos violentos en el país (véase nota aparte sobre una síntesis del documento).

Pese a esta integralidad del enfoque, buena parte de la atención mediática fue colocada en dos de las 15 medidas: la legalización regulada y controlada de la marihuana y la incorporación de los informativos televisivos a la norma que regula el horario de protección al menor (quedó en un lejano segundo plano, sin embargo, la medida de promover, en diálogo con los medios de comunicación, sus trabajadores, universidades y la sociedad civil, la adopción de formas de autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a seguridad y violencia).

No obstante esta lectura, habría que informar que el grueso de las medidas propuestas cuenta con la aprobación de buena parte del sistema político. Como ejemplos

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cabría citar la reparación a las víctimas de delitos mediante la constitución de un fondo nacional de indemnización, el agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base, las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia respecto a la normativa que rige para los menores infractores, o la creación del sistema de información especializado en denuncias de violencia doméstica.

También habría que destacar otro tipo de medidas tan escasamente difundidas como revelantes para recrear los espacios de convivencia. Por ejemplo, la que propone el fortalecimiento del sistema de centros de mediación y negociación de conflictos de algunas zonas del área metropolitana en dos niveles: el ámbito barrial y los centros educativos. O también la que propone combinar en la educación media una intervención que amalgame la participa-

ción y la organización estudiantil, junto a la mediación de conflictos, a través la figura de los “jóvenes mediadores” en los liceos.

Una mención aparte, por la novedad de su enfoque en materia de seguridad, merece la propuesta de generar nuevas centralidades en algunos barrios del área metropolitana mediante plazas de convivencia equipadas con infraestructura deportiva y espacios para actividades culturales, sociales y recreativas.

En el siguiente informe se presenta una síntesis de las definiciones conceptuales que guían la estrategia del gobierno, mientras los ministros Daniel Olesker (Desarrollo Social) y Eduardo Bonomi (Interior), junto con Julio Calzada (secretario general de la Junta Nacional de Drogas), profundizan el alcance del paquete de medidas propuesto. ￭

Los proyectos que el gobierno remitió al Parlamento “Como presidente les tengo que pedir a los compatriotas de todos los colores que se den cuenta de que el Estado tiene límites infranqueables: los estados no pueden entrar en el corazón y en la mente de los ciudadanos. Sólo el amor a nuestros hijos, a nuestros compatriotas, puede ser la llave maestra que haga colocar este tema como un tema central de nuestra etapa histórica.”

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En el marco de las 15 medidas presentadas el 20 de junio en el documento “Estrategia por la vida y la convivencia”, el Poder Ejecutivo remitió el 27 de junio al Parlamento cuatro proyectos de ley.

Por iniciativa personal del presidente José Mujica, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que pretende la adopción de medidas y procedimientos para preservar la integridad física y psíquica –así como procurar la recuperación– de las personas adictas al consumo de estupefacientes.

Las personas que se encuentren consumiendo estupefacientes, o se presuma que acaban de hacerlo, o portándolos en lugares públicos o privados no habilitados, y que la situación signifique un riesgo para sí o para terceros, serán conducidas por funcionarios del Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes (SAVCE) a un centro de atención, donde serán asistidas por un equipo interdisciplinario.

Una vez ingresadas y registradas las personas en el centro de atención, donde no podrán permanecer por más de 24 horas, se dará cuenta inmediata al juez letrado, quien determinará si se mantiene la internación en una institución pública o privada dispuesta especialmente para este tipo de tratamientos.

El SAVCE se integrará con recursos humanos, financieros y de infraestructura aportados por los ministerios de Salud Pública, Interior, Defensa y Desarrollo Social, pero también por la Junta Nacional de Drogas, la ASSE, el INAU y la Universidad de la República.

Un segundo proyecto remitido al Parlamento crea el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, con pensiones u otras compensaciones para familiares. El Fondo funcionará en el ámbito del BPS y estará integrado por los aportes provenientes del 1% de los seguros que se recauden tanto por el BSE como por las aseguradoras privadas. Un 25% del Fondo se destinará anualmente al Ministerio del Interior para fortalecer el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, en tanto el resto será para la pensión a las víctimas de delitos violentos.

Otra de las iniciativas se refiere al agravamiento de las penas en casos de corrupción policial y cuando se incurra en el delito de tráfico de pasta base. Se propone que las penas vayan de un mínimo de cuatro a un máximo de 15 años de penitenciaría.

Por otro lado, se agravarán las penas en un tercio de su mínimo y su máximo para los delitos de peculado, peculado con aprovechamiento del error de otro, concusión, cohecho simple, cohecho calificado, tráfico de influencias y fraude cometidos por funcionarios policiales.

El cuarto proyecto propone modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en el caso de los menores que cometan delitos graves (homicidio intencional, lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad agravada, secuestro, extorsión y tráfico de estupefacientes), a quienes se les aplicará una privación de libertad no inferior a los 12 meses. ￭

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Síntesis del documento “Estrategia por la vida y la convivencia”

Un enfoque integral

La seguridad y la convivencia democrática avanzan con más y mejores escuelas o empleos, pero ello no es suficiente. Tampoco avanzan únicamente con el incremento de penas, policías en las calles y personas encarceladas. Es necesario articular un conjunto de acciones que logren un equilibrio dialéctico y una síntesis, y que permitan revertir una tendencia basada en la intolerancia que se ha profundizado en la sociedad uruguaya.

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La estrategia que proponemos se sustenta en un conjunto de acciones Sin duda que estamos, desde hace varios años, ante la emergencia de “la violencia” como desde el ámbito problema prioritario para la población.

Una violencia que emerge con fuerza, resultado de largos procesos acumulados de excludel Estado que tienen por objetivo sión y que se expresa en muy variadas maneras, algunas más públicas, otras más privadas. garantizar la plena tevideo y extendiéndose luego al interior del país. Por ende, el barrio y vigencia de los Entre ellas destacamos: La violencia en los espectáculos deportivos, y la participación el espacio público como segundo factor clave de socialización fueron derechos ciudadanos masiva de personas en grescas callejeras. perdiendo centralidad. Y finalmente, además del trabajo y el barrio, otros dos ámbitos específicos de inclusión y sentido de pertenencia sufrieron La violencia sistemática hacia los espacios públicos. para la mejora El fuerte aumento de la violencia contra las personas en robos alteraciones significativas: la educación y la familia. de la convivencia y asaltos.

La crisis de 2002 terminó de consolidar definitivamente en La violencia entre alumnos y entre alumnos y profesores en es- Uruguay ese proceso creciente de marginalidad social y cultural, una social. Pero la sola de cuyas características sobresalientes es el cambio de las pautas de cuelas y liceos. acción del Estado, La violencia silenciosa en el hogar y contra las mujeres, los niños convivencia que existían en la sociedad uruguaya.

No es casual que una parte significativa de este problema esté si bien es condición y personas en la tercera edad.

Los accidentes de tránsito, en particular con las motos y la falta asociado a niños y adolescentes nacidos en los años noventa y luego de necesaria, no es de prevención, así como las nuevas maneras de circular, como las pica- la crisis de 2002.

En términos de seguridad, durante años la izquierda ha tenido suficiente, es preciso das u otros “juegos” similares.

Los sucesos ocurridos, aunque aislados, en el sistema de salud. un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los involucrar en este Todo ello va en línea con una pérdida de respeto por la vida factores sociales y económicos derivados, casi exclusivamente, del imhumana y la convivencia ciudadana, y es ese el corazón del problema pacto de las políticas neoliberales implementadas en el país y la región proceso al conjunto a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hoy esta explicación, aunque que la sociedad uruguaya toda (Estado y ciudadanos) debe enfrentar. de las fuerzas El estudio, la educación, la cultura, no tienen hoy una alta valo- real, en la visión integral aparece como insuficiente.

En el marco de un país que crece, en el que cada vez más sectosociales, culturales, ración en términos de reconocimiento social (no sólo de ascenso social), res sociales acceden a un conjunto de bienes materiales e inmateriales como lo tuvieron hasta la década del 70. Es un cambio en los valores económicas. El Poder que asume la sociedad, fenómeno al cual no se le ha dado una res- más amplio, en el que se reducen tanto la indigencia como la pobreza, la integral y suficiente en términos académicos, sociales ni políticos. marginalidad persiste y se acrecientan diversas formas de anomia social Ejecutivo será un puesta Las expectativas de reconocimiento social están centradas hoy no en los y transgresión. protagonista central logros educativos y culturales sino en la realización de meteóricas carreY ello está ligado a una manera de encarar la vida desde la ras en mundos que terminan siendo irreales para la mayoría y generan visión del éxito individual y la búsqueda incesante de mayores niveles de este proceso, pero frustraciones que inciden en la situación de violencia actual. de consumo, que expresan en esta escala de valores distorsionada la es necesario que éste Una estrategia que pretenda abordar la inseguridad pública satisfacción individual.

El consumo se expande y, con la ayuda de los medios de coproblema debe plantearse la convivencia como solución y tener sea acompañado como como objetivo principal vencer el miedo en la sociedad, a partir de ga- municación que promueven la idea de la felicidad asociada a éste, los por el conjunto del rantizar los derechos humanos y la seguridad de sus habitantes. La po- individuos generan medios múltiples para la obtención de esos fines de seguridad no puede estar construida sobre el temor, ni ser una consumistas que alteran la propia convivencia ciudadana y mercantilisistema político, por lítica respuesta intempestiva a éste. La fractura social y el quiebre cultural que zan el concepto de felicidad.

Ello implica entonces dar satisfacción a la demanda cotidiana los comunicadores, aún existen en el país explican en parte una situación negativa que no de mayor seguridad ciudadana, sin contradecir los objetivos de una queremos que se consolide en forma definitiva. por artistas y La profundidad y permanencia de los procesos de fractura estrategia sostenida de mejorar la convivencia social, en un marco de social, el quiebre cultural y la segmentación educativa y residencial en plena vigencia de los derechos de todos los uruguayos. deportistas, por La seguridad y la convivencia democrática avanzan con más y nuestro país, sumados al creciente desafío impuesto por las nuevas forel conjunto de mas del crimen organizado, ciertos patrones de consumo de drogas y mejores escuelas o empleos, pero ello no es suficiente. Tampoco avanzan los actores de la el incremento en el número de personas que reinciden en modalidades únicamente con el incremento de penas, policías en las calles y personas violentas de actividad delictiva, suponen la necesidad de pensar los pro- encarceladas. Es necesario articular un conjunto de acciones que logren sociedad, por el PIT- blemas de seguridad ciudadana en su integralidad. A ello se suma la un equilibrio dialéctico y una síntesis, y que permitan revertir una tenCNT y las cámaras instalación de comportamientos en nuestra sociedad marcados por la dencia basada en la intolerancia que se ha profundizado en la sociedad intolerancia y la falta de respeto hacia formas tradicionales de conviven- uruguaya. empresariales, cia pacífica, y que vienen definiendo el paisaje cotidiano en nuestro país Estamos convencidos de que esa tendencia no es el destino.

Las pautas de convivencia en una sociedad son parte de un conjunto de desde hace ya varios años. las iglesias, las Este es un proceso que no arranca hoy, pero al que hay que valores y actitudes que socialmente están validados y funcionan como universidades, por darle respuesta hoy para garantizar el mañana. un acuerdo. En definitiva, “el pacto de convivencia es un pacto de obviey debemos potenciar valores alternativos.

Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta la influencia los dirigentes de los que han tenido sobre esta situación los procesos de exclusión del merca- dad”, y podemos Se puede cambiar, y estamos utilizando toda la capacidad púequipos deportivos do de trabajo, de los espacios urbanos, de la circulación en la ciudad, del blica para construir sociedad y convivencia en Uruguay. Hay que actuar cultural, que se generaron desde los años setenta en la dicta- sobre las causas pero también sobre los efectos de la violencia. Es imy los generadores de desarrollo dura y que fueron progresivamente consolidándose en los años noventa. prescindible que la sociedad uruguaya (y el Estado debe ser un actor opinión de los medios Porque en la década del 90 se transformó drásticamente la relevante para ello) se cohesione y construya una alternativa social y estructura productiva del país y el trabajo como pilar central de sociali- cultural al pensamiento y los valores dominantes y mercantilizados. de comunicación: zación comenzó a ser cuestionado. Se consolidó además la generación La convivencia que la enorme mayoría de los uruguayos aspor la sociedad toda. de asentamientos urbanos, en primera instancia en la periferia de Mon- piramos a disfrutar se enfrenta a una variada gama de situaciones de

Un diagnóstico

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violencia en la sociedad actual. Ejemplo de esto, como está dicho desarrollo en determinadas zonas de la ciudad, orientadas a su más arriba, es la violencia familiar –en especial contra niños y mu- transformación. Debemos recurrir a una “acupuntura urbana”, en jeres–, la violencia en los centros educativos, en el tránsito, en los tanto dispositivo preciso de intervenciones plurales pero combiespectáculos deportivos o culturales y en el espacio público, que nadas en un territorio. Los puntos de intervención se constituyen se suma a los fenómenos delictivos que ocurren en la sociedad. en los nodos de una red de integración de servicios sociales que Por ello la estrategia propuesta combina la convivencia se deberá ir tejiendo en la nueva piel de la ciudad. Para que su social y la seguridad ciudadana. La convivencia, en tanto ejercicio contacto nos llame a la caricia y no a la distancia. de convivir y vivir en compañía de otros, requiere que se promueva Superar el temor colectivo en el espacio público debe ser la en las personas el apego a las normas básicas de comportamien- estrategia prioritaria para recuperar la ciudad como un escenario to y respeto a la ley. La seguridad ciudadana requiere la acción de tránsito, intercambio y generación de encuentros. El propósito del Estado en procura de proteger al ciudadano, combatiendo los es dotar de equipamientos para la convivencia y el disfrute de la delitos y las faltas. vida con fino sentido estético y alta funcionalidad. Lo mejor para La estrategia que proponemos se sustenta en un conjunto quienes más lo necesitan, para poder saldar una deuda histórica de acciones desde el ámbito del Estado que tienen por objetivo y garantizar la viabilidad del país como proyecto de vida común. garantizar la plena vigencia de los derechos ciudadanos para la Y es en ese sentido que las políticas sociales en el territomejora de la convivencia social. Pero la sola rio, articuladas y no dispersas, autoacumuacción del Estado, si bien es condición neceladas en sus impactos y coordinadas por el La seguridad y la MIDES, juegan un rol clave en el proceso de saria, no es suficiente, es preciso involucrar en este proceso al conjunto de las fuerzas convivencia democrática construcción de una estrategia de convivensociales, culturales, económicas. El Poder cia ciudadana.

Ejecutivo será un protagonista central de avanzan con más y mejoeste proceso, pero es necesario que éste sea res escuelas o empleos, pero Tres definiciones clave acompañado por el conjunto del sistema político, por los comunicadores, por artistas ello no es suficiente. TamLas tres definiciones clave que very deportistas, por el conjunto de los actores poco avanzan únicamente tebran el enfoque de la estrategia son: el de la sociedad, por el PIT-CNT y las cámaras ejercicio de la autoridad; la práctica de la reempresariales, las iglesias, las universidades, con el incremento de penas, ciprocidad y el desarrollo de la convivencia.

El ejercicio de la autoridad impor los dirigentes de los equipos deportivos policías en las calles y persoplica que el gobierno, legitimado por la voy los generadores de opinión de los medios nas encarceladas. Es nece- luntad popular, cumple sus cometidos dende comunicación: por la sociedad toda.

A modo de resumen, y como hemos sario articular un conjun- tro de las reglas del Estado de derecho y con estricto respeto de la institucionalidad demarcado antes, el quiebre social y cultural ha impactado en un Uruguay donde desciende to de acciones que logren mocrática y de los derechos de las personas. la pobreza y el desempleo y aumenta el mie- un equilibrio dialéctico y En función de esto utiliza todos y cada uno de los instrumentos legales para hacer efecdo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando valores de integración tradicio- una síntesis, y que permi- tivo el derecho a la seguridad y la protección ante el delito y la violencia. nales. Dado que este es un fenómeno multan revertir una tendencia de las personas La práctica de la reciprocidad tidimensional y cuyos orígenes son de largo aliento, la seguridad no puede concebirse basada en la intolerancia implica que existen derechos y obligaciones. El Estado debe garantizar la seguridad sólo como el conjunto de políticas estatales contra el crimen. Éstas son clave, pero en que se ha profundizado en respetando los derechos humanos. No responderemos a la violencia ilegítima de la su soledad no son eficaces. Por este motivo la sociedad uruguaya. delincuencia con más violencia irracional urbanismo y seguridad deben confluir, en la desde el Estado. Las políticas de “mano medida en que el mejoramiento de las infraestructuras y el uso adecuado de los servicios y de los espacios dura” han demostrado ser poco eficientes, y en no pocas ocasiopúblicos urbanos contribuyen a facilitar la convivencia y a aumen- nes se desplazaron hacia la “mano bruta e injusta”. Apelaremos tar la seguridad en las ciudades. Al mismo tiempo esta estrategia a la prevención como norte estratégico y filosófico, porque estamos convencidos de ello, pero no dudamos en aplicar en todo tiene un componente transversal en su diseño: el territorio.

Debe incorporarse el factor de la integración social a partir momento medidas disuasivas o represivas, dentro del marco de la de potentes intervenciones en infraestructura para la convivencia. Constitución y la ley, cuando ello sea necesario para garantizar el Hay que construir comunidad en los territorios, en el sen- derecho a la seguridad ciudadana.

El desarrollo de la convivencia es la garantía de una tido de favorecer el sentimiento de pertenencia a un proyecto común en términos de valores por parte de las personas. Hay que sociedad más segura. El problema no es sólo el delito, sino tamconstruir ciudad en aquellos lugares donde se visibiliza el Estado bién la cultura de intolerancia, crispación y violencia cotidiana que fracasado y ausente. Intervenir la trama urbana con acciones inte- ha construido la sociedad uruguaya en los últimos años. El pilar grales cuyo sentido central sea recuperar lugares para estar, para central es promover y desarrollar la cultura ciudadana entendivivir, para intercambiar. La desigualdad territorial que también se da como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes expresa en la relación de metros cuadrados de espacio público por y percepciones que comparten los miembros de una sociedad y que determinan las formas y la calidad de la convivencia, influyen barrio favorece la inseguridad pública.

Creemos con mucha firmeza que es posible re-tejer la frac- sobre el respeto del patrimonio común, y facilitan o dificultan el tura social, pero debemos disponer de todas las herramientas del reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

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“El mercado no puede asignar recursos para la política social porque no tiene condiciones, no es su lógica. El mercado es bueno para asignar recursos económicos en distintas ramas de actividad que compiten en el mercado productivo, y aun ahí tiene limitaciones, por eso Uruguay tiene una ley que orienta las inversiones con criterios sociolaborales.”

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Cuatro pilares programáticos Los cuatro pilares que construyen la integralidad para fortalecer la convivencia en el país son:

3. Sistema de centros de mediación de conflictos en el área metropolitana.

1. Adecuación normativa para fortalecer la convivencia.

Se propone un sistema de creación y fortalecimiento de centros de mediación y negociación de conflictos en algunas zonas del área metropolitana en dos niveles: el ámbito barrial y los centros educativos.

En este contexto, el Poder Ejecutivo pondrá a consideración del Parlamento una serie de iniciativas que apuntan a mejorar las normas que permitan fortalecer la convivencia en la sociedad.

4.Equipamientos e infraestructura para la convivencia y el uso intensivo de los espacios públicos.

2.Mejoramiento de la eficacia y la transparencia policial.

El objetivo es crear nuevas centralidades en algunos barrios del área metropolitana, dotándolos de enclaves multipropósito con infraestructura para la convivencia. Construir ciudad y mejorar la planificación urbana son respuestas pertinentes y necesarias. El objetivo político es favorecer el uso intensivo de los espacios públicos para mejorar la cohesión social y la convivencia y, por tanto, garantizar el ejercicio del derecho a la ciudad.

Para aumentar la seguridad ciudadana es clave incrementar la eficacia policial a través de un conjunto de herramientas que profesionalicen la gestión basada en el conocimiento y la inteligencia aplicada. Por este motivo, se presentarán iniciativas para mejorar la calidad de la gestión policial.

Las medidas so D a n i e l

O l e s k e r *

Como dice el documento central que presentamos a la ciudadanía, proponemos una estrategia por la vida y la convivencia, con la convicción de que lo opuesto a la inseguridad no es seguridad sino convivencia.

Y la convivencia es el pacto de lo obvio, es decir aquello que los ciudadanos aceptan como reglas claras.

Por ello nuestras propuestas tienen como pilar central promover y desarrollar la cultura ciudadana entendida como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros de una sociedad, y que determinan las formas y la calidad de la convivencia, influyen sobre el respeto al patrimonio común y facilitan el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

Y para ello la estrategia que proponemos se sustenta en un conjunto de acciones desde el Estado que tienen por objetivo garantizar la plena vigencia de los derechos ciudadanos para la mejora de la convivencia social.

Del conjunto de las 15 medidas alineadas en los cuatro ejes integradores analizaré sintéticamente las que se refiere al desarrollo socioeducativo.

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Centros de mediación de conflictos en la educación media Esta propuesta, que da continuidad pero sobre todo potencia medidas que se han ido desarrollando en estos años, pretende combinar una intervención que amalgame la participación y la organización estudiantil junto a la mediación de conflictos. La idea es trabajar desde el Ministerio de Educación y Cultura y el MIDES, en coordinación con la ANEP, en la instalación de un dispositivo para capacitar e instalar la figura de jóvenes mediadores. Se trata de adolescentes que, siendo elegidos y reconocidos por sus pares, se capaciten en técnicas de mediación y negociación de conflictos interpersonales para ser un vínculo con el entorno.

Obviamente estos centros de mediación irán acompañados de cambios internos en el propio centro educativo, entre los que se destacan: • Mejora y aumento de la infraestructura edilicia.

• Fortalecimiento de la política nacional de becas, siguiendo el modelo de Compromiso Educativo.

• Sistema de cargos docentes radicados en el centro educativo (profesor-cargo).

• Fortalecimiento de programas de acompañamiento a los alumnos (Compromiso Educativo, Tránsito Educativo, Campamentos Educativos, etcétera).

• Formación de los docentes para acompañar las actividades de mediación.

Por otra parte, en el contexto del centro educativo se requieren también cambios como: • Centros educativos abiertos –en interacción con la comu-

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La idea es trabajar desde el Ministerio de Educación y Cultura y el MIDES, en coordinación con la ANEP, en la instalación de un dispositivo para capacitar e instalar la figura de jóvenes mediadores. Se trata de adolescentes que, siendo elegidos y reconocidos por sus pares, se capaciten en técnicas de mediación y negociación de conflictos interpersonales para ser un vínculo con el entorno.

ocioeducativas nidad, como el Programa+Centro, del INJU, que este año se amplía de manera importante–, que permiten el impulso de actividades durante los fines de semana: talleres, actividades culturales, deportivas y educativas.

• Fortalecimiento de los Consejos de Participación, y formación de sus integrantes para la construcción de convivencia y mediación.

Centros de mediación barrial Se propone el fortalecimiento del sistema de centros de mediación y negociación de conflictos en zonas del área metropolitana, en el ámbito barrial ya existente. La rendición de cuentas ha previsto mejoras presupuestales para el trabajo del Ministerio Público Fiscal y en general de los mecanismos de mediación barriales.

Equipamientos e infraestructura para la convivencia Esta es una iniciativa que pretende recuperar la vida de los barrios, cuyo deterioro en alguna medida es responsable de la pérdida de valores sociales que el documento central describe.

Y esta medida propone crear en esos barrios infraestructura para la convivencia que permita favorecer el uso intensivo de los espacios públicos como forma de mejorar la cohesión social y la convivencia, y por tanto garantizar el ejercicio del derecho a la ciudad.

Por equipamiento entendemos infraestructura deportiva, espacios para actividades culturales, sociales y recreativas, además de servicios públicos orientados a la integración social, como policlínicas y centros de información para el otorgamiento de beneficios sociales, entre otros.

Todo ello apunta a elevar la calidad de vida de las poblaciones seleccionadas, fortaleciendo la autoestima y el sentido de pertenencia a la sociedad.

Se trata en definitiva de un proceso gradual de extensión de estas plazas de convivencia –cuyas bases serán las plazas de deportes

actuales–, que tiene como objetivo transformar la ciudad en un escenario de tránsito, intercambio y generación de encuentros.

Lucha contra la violencia doméstica Esta medida tiene que ver con los sistemas de información especializados en denuncias de violencia doméstica.

Se desarrollarán ya cambios en el sistema de información del Ministerio del Interior que nos van a posibilitar captar mejor los datos de casos de violencia doméstica, en muchas ocasiones tipificados como otros delitos (lesiones, amenazas, violencia privada, etcétera). Este módulo incorpora parámetros que permitan construir indicadores de riesgo que ayuden a la Policía a evaluar la situación que se le presenta y definir con mayor precisión la estrategia de protección a las víctimas.

Al mismo tiempo, es necesario tener claro que la intensificación de la lucha contra la violencia doméstica se acompaña de otras medidas adicionales. A saber: • Para la finalización de este período está prevista la instalación, en todo el país, de servicios públicos de atención a mujeres víctimas de violencia de género.

• Servicio público de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual comercial, situado en el departamento de Montevideo pero con alcance nacional: • Casas de breve estadía para mujeres en situación de violencia doméstica con riesgo de vida, en Montevideo y dos departamentos del Interior.

• Proyecto de alternativas habitacionales transitorias para mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia doméstica, coordinando con el MVOTMA. • Puesta en funcionamiento de tecnologías de verificación de presencia y localización de personas (pulseras), con el fin de proteger a las mujeres en situación de riesgo. * Ministro de Desarrollo Social.

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￭ Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas

Políticas en drogas

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Re gu lac i ón y re duc c i ón de daño s

Dirigiéndose a aquellos a los que les puede quedar la impresión de que “la propuesta es vender marihuana como se venden zapatillas en cualquier comercio”, Calzada responde que de lo que se trata es de regular. “La marihuana es una sustancia peligrosa, que tiene riesgos importantes, pero hay otras sustancias que también los tienen, como el tabaco y el alcohol, y que se consumen en un mercado regulado y con determinados condicionamientos.

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Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo en materia de drogas son producto de un trabajo de siete años llevado a cabo por la Junta Nacional de Drogas (JND). El secretario general del organismo, Julio Calzada, explicó los fundamentos de la propuesta, los avances registrados en los últimos años y los objetivos para los próximos.

La política del Poder Ejecutivo en esta materia tiene como punto de partida una perspectiva de derechos humanos. “Coloca en el centro a la persona y no a las sustancias –dice Calzada–. Hay personas para las cuales el consumo de drogas no presenta un problema. Otras, en cambio, tienen un uso problemático de las sustancias, que repercute en su salud física o psíquica, en sus relaciones familiares o laborales. Hay que ubicarse en las dos perspectivas.”

Calzada hizo además referencia al distinto impacto que tiene el consumo problemático de sustancias según el nivel de integración social de las personas. Atacar el consumo problemático supone un encare integral, pluridisciplinario e interinstitucional, y una diversidad de modalidades de intervención, subraya.

El secretario general de la JND señala la importancia de abrir un amplio debate en función del fracaso de las políticas aplicadas hasta ahora para “combatir a las drogas” tanto a nivel internacional como nacional. “Las políticas actuales están basadas en la convención de las Naciones Unidas de 1961, que tienen como único mecanismo de regulación la prohibición del consumo y la criminalización de los consumidores. Creemos que sus resultados fueron inversos a los que se proponían y en lugar de reducir el consumo se ha aumentado, al igual que todo lo que tiene que ver con el financiamiento, la producción y la compra de las sustancias que generó el fenómeno del narcotráfico y el crimen internacional organizado”, explica.

Romper el “efecto góndola” La propuesta de regular la producción y venta de la marihuana que ha realizado el Poder Ejecutivo es producto de una maduración de la sociedad, sostiene Calzada, y en tal sentido recuerda que desde hace dos años y medio el Parlamento tiene a estudio dos proyectos de ley sobre cultivo de marihuana para el consumo personal.

“No hemos dado un salto al vacío.”

En un supermercado, el efecto góndola refiere a lo que sucede cuando alguien va a comprar un producto y termina comprando otro en función de la variedad de la oferta existente. “Lo mismo ocurre si vas a comprar una droga. Que vayas por una y te enganchen con otra. Puede pasar, por ejemplo, que haya existido un operativo policial importante y se haya incautado una gran cantidad de marihuana, y entonces eso genere una escasez en el mercado que lleve a que su precio suba y aparezcan otras sustancias. Si logramos separar esos mercados, romper el efecto góndola, podremos evitar el posible ingreso de personas al mercado de consumo de drogas como la pasta base.”

También por ese motivo, piensa Calzada, es que tiene que haber cantidades establecidas de compra para cada usuario. Según los parámetros que maneja la JND, cualquier usuario que consuma más de un gramo diario de marihuana presenta un consumo problemático. El nivel de producción que se puede tolerar tiene que ir en consonancia. “No puede haber una producción que permita consumir más de 30 gramos al mes”, dice Calzada. De ahí la importancia de establecer un registro, que “no tiene que ver con un control de lo que hacen los ciudadanos sino con un control de la producción para que no se generen excedentes que se vuelquen al mercado negro”.

Si se habilitara la producción a través de cooperativas o clubes de consumidores, por ejemplo, el Estado tendría que avanzar en un registro porque “no puede permitir que produzcan más de la cantidad que pueden consumir sus integrantes. Y si habilitáramos el cultivo para consumo propio tendríamos que garantizar que las personas que van a producir no vayan a volcar al mercado lo que producen. Como ese ciudadano pasará a ser también un productor, me tiene que permitir a mí, como Estado, que controle lo que está produciendo”.

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Dirigiéndose a aquellos a los que les puede quedar la impresión de que “la propuesta es vender marihuana como se venden zapatillas en cualquier comercio”, Calzada responde que de lo que se trata es de regular. “La marihuana es una sustancia peligrosa, que tiene riesgos importantes, pero hay otras sustancias que también los tienen, como el tabaco y el alcohol, y que se consumen en un mercado regulado y con determinados condicionamientos. Hoy el Estado deja al libre albedrío de las personas la decisión de consumir tabaco, una sustancia que sabe que le va a hacer daño, a la vez que protege a quienes no quieren consumir y pueden verse expuestos al humo en un ambiente cerrado. Para una sustancia como el cannabis, si vos eligieras fumarla tendrías las mismas restricciones que para el caso del tabaco, y si eligieras comerla las restricciones serían otras”, sostiene.

El objetivo es que el consumidor acceda a un producto de un determinado nivel de calidad. “En el mercado negro no sabe lo que consume, porque le pueden cortar la sustancia con lechuga, acelga, bosta de caballo u otras cosas que desconoce.”

Un consorcio público La propuesta del gobierno también incluye la creación de un consorcio público para la reducción de la demanda de drogas.

Calzada señaló que desde 2011 la JND colabora con otras dependencias del Estado en el fortalecimiento de la red de atención en drogas. “Hemos trabajado con el MSP, ASSE, el MIDES, el INAU y el MEC, e incluso con la Intendencia de Montevideo, en el diseño de un conjunto de dispositivos para trabajar con los usuarios más problemáticos. El consorcio se encargará de coordinar de manera más efectiva y centralizada este conjunto de medidas que se llevan a cabo hoy de manera desconcentrada”, explica.

En este marco se potenciarán o generarán diversos dispositivos de proximidad que faciliten el contacto con los usuarios de drogas, en particular con aquellos que, por sus patrones de consumo, son los más excluidos de la sociedad. Estos dispositivos tienen la misión de facilitar el acceso de los usuarios más problemáticos a la Red Nacional de Atención en Drogas. Al mismo tiempo se generarán nuevos dispositivos de proximidad, que se caracterizarán por ser móviles. Estos dispositivos, llamados consultorios móviles, son similares a los que se han desarrollado en otros países de la región y en Europa A los efectos de atender las situaciones de emergencia se constituirán los llamados Equipos de Respuesta Inmediata en Crisis Adictiva (ERICA). Se trata de centros que pueden funcionar en instituciones hospitalarias (como el Maciel, donde se ha creado una sala con 11 camas, o el Policial, donde se proyecta un dispositivo similar) o ser ambulatorios, para la atención de personas con una primera experiencia negativa de consumo o una intoxicación aguda, es decir usuarios problemáticos pero no adictos. “Hay personas que necesitan una internación que les permita romper con la cadena de consumo, un período breve de estabilización y desintoxicación, de elaboración de un diagnóstico para luego derivarlas a los centros especializados”, dice Calzada.

Los adictos son a su vez derivados a un segundo nivel de atención con internación máxima de 30 días, o incluso a centros de tercer nivel de asistencia, equipados para estadías de entre seis meses y un año, como el que se inaugurará en los próximos días en Las Brujas y otros que se sumarán luego en Durazno, Mercedes, Maldonado y Artigas.

Accederán a tratamientos en estos centros los usuarios que así lo deseen o por una gestión de su entorno más cercano. También quienes sean derivados a ellos tras una denuncia policial por una situación violenta originada en el consumo. “Los equipos de proximidad que trabajan con los usuarios en situación de calle también podrán derivar a estos centros a quienes presenten riesgo de vida para sí mismos o para terceros”, indica Calzada. “Lo importante es contar con una variedad de dispositivos que nos permitan una variedad de respuestas, siempre partiendo del principio de que estamos ante personas que necesitan ser ayudadas, no condenadas.”

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Accederán a tratamientos en estos centros los usuarios que así lo deseen o por una gestión de su entorno más cercano.

También quienes sean derivados a ellos tras una denuncia policial por una situación violenta originada en el consumo.

“Los equipos de proximidad que trabajan con los usuarios en situación de calle también podrán derivar a estos centros a quienes presenten riesgo de vida para sí mismos o para terceros”, indica Calzada.

“Lo importante es contar con una variedad de dispositivos que nos permitan una variedad de respuestas, siempre partiendo del principio de que estamos ante personas que necesitan ser ayudadas, no condenadas.”

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La estrategia vista desde el Ministerio del Interior

Más barrio, más vida, más seguridad E d u a r d o

B o n o m i *

Alcanzar una respuesta unificada en el combate a la violencia y la inseguridad, que hace varios años viene creciendo en todo el mundo, requiere una percepción compartida de la amenaza y un diagnóstico parecido de la situación.

No siempre existe esa visión compartida –sobre todo cuando la seguridad se ha transformado en uno de los principales temas de acumulación política electoral– y, como consecuencia, también en el mundo se oponen dos estrategias diferentes para enfrentar la inseguridad: la estrategia de mano dura –estrictamente policial– para terminar con los delincuentes, y la estrategia de desarrollar políticas sociales para terminar con las causas que llevan a la delincuencia.

Estas políticas, tomadas por sí mismas, han fracasado en todos lados donde se las ha aplicado esquemáticamente, separadas una de la otra.

Las políticas de mano dura no logran terminar con los delincuentes, y las políticas sociales no pueden evitar que continúen actuando los delincuentes que se iniciaron en los tiempos de crisis.

Esta es una constatación generalizada: el aumento de la delincuencia parece estar vinculado, por un lado, al aumento de la desigualdad y, por otro, a largos procesos de consolidación de una subcultura marginal que elige el delito como forma de vida.

El crecimiento económico tiene que ir acompañado por procesos de distribución más equitativos y por procesos educativos más duraderos en el tiempo.

Como eso no se logra de un día para otro, se necesitan, de forma imprescindible, muchos años para que las políticas sociales y educativas tengan como resultado una disminución evidente en la aparición de nuevos delincuentes. Sin contar que en ninguna sociedad han dejado de aparecer quienes tratan de vivir al margen, y aun en contra, de la convivencia social.

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Políticas integrales de seguridad Creemos que no hay otra forma de enfrentar la violencia y la inseguridad si no es mediante políticas integrales de defensa de la vida y la convivencia.

Como sostiene precisamente el documento “Estrategia por la vida y la convivencia”, la seguridad y la convivencia democrática “avanzan con más y mejores escuelas o empleos, pero ello no es suficiente. Tampoco avanzan únicamente con el incremento de penas, policías en las calles y personas encarceladas. Es necesario articular un conjunto de acciones que logren un equilibrio dialéctico y una síntesis, y que permitan revertir una tendencia basada en la intolerancia que se ha profundizado en la sociedad uruguaya”.

De allí que la estrategia propuesta combine “la convivencia social y la seguridad ciudadana. La convivencia, en tanto ejercicio de convivir y vivir en compañía de otros requiere que se promueva en la persona el apego a las normas básicas de comportamiento y respeto a la ley. La seguridad ciudadana requiere la acción del Estado en procura de proteger al ciudadano combatiendo los delitos y las faltas”.

Como resultado de lo anterior es que el enfoque de la estrategia está centrado en tres definiciones clave: el ejercicio de la autoridad, la práctica de la reciprocidad y el desarrollo de la convivencia.

Y se construye sobre cuatro pilares centrales, que garantizan la integralidad y el equilibrio razonable que se debe tener. Uno de esos pilares es la adecuación de las normas para fortalecer la convivencia. En ese sentido, entre las medidas propuestas cuya aprobación requiere sanción parlamentaria debemos destacar las siguientes: Reparación a las víctimas de delitos con la constitución de un Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos.

Agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base.

Modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que refiere a la normativa que rige para menores infractores.

Código de Procedimiento Penal.

Mejorar el Código de Faltas, eliminando las que perdieron vigencia y manteniendo las que son necesarias; es imprescindible para establecer un dique de contención entre la vida normal y la posibilidad de empezar una carrera delictiva.

Creación de dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo.

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Regulación y control del Estado sobre la producción, distribución y consumo de marihuana.

Pero desde nuestro punto de vista, otro de los ejes centrales en materia de adecuación normativa lo constituye el mejoramiento de la eficacia y la transparencia policiales, a través de un conjunto de herramientas que profesionalicen la gestión basada en el conocimiento y la inteligencia aplicada.

En ese sentido se han promovido sistemas de patrullaje basados en la evidencia científica, el uso intensivo de sistemas de información geográfica para la intervención policial y la adaptación al territorio del despliegue operativo de la Policía, fundamentalmente en el área metropolitana.

A su vez, se está elaborando un sistema de trabajo en las comisarías en base a la gestión por resultados y control de indicadores, gestión de calidad en los sistemas de comunicación policial, y sistemas permanentes de control de desbordes y corrupción policial.

La Policía nacional se ha visto beneficiada por un fuerte aumento de salarios, mejora de equipamientos y tecnología, motivo por el cual la sociedad está en condiciones de tener más y mejores resultados en la prevención y represión de los delitos, que de algún modo ya se están viendo plasmados en la realidad.

El barrio, la vida, la seguridad Con la combinación de estas y otras medidas –recuperación de espacios públicos, fortalecimiento de sistemas de mediación de conflictos en el área metropolitana, construcción de equipamientos e infraestructura para la convivencia– se pretende iniciar un camino para solventar una estrategia inclusiva que se puede sintetizar en “más barrio y más vida”.

Más barrio porque el objetivo es fortalecer la trama urbana, mejorar la convivencia y el contacto cara a cara. Se busca recuperar la habitabilidad y las relaciones de cercanía entre las personas de las comunidades.

Más vida porque el centro del conjunto de las acciones apunta a elevar la calidad de vida de las poblaciones seleccionadas, fortaleciendo la autoestima y el sentido de pertenencia a la sociedad.

Más vida es, en definitiva, más ciudadanía efectiva, y ello significa, realmente, más seguridad. * Ministro del Interior

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El puerto de aguas profundas en Rocha

Un cambio estratĂŠgico en la geopolĂ­tica regional

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El puerto de aguas profundas en Rocha

La decisión está tomada y la ubicación elegida. Considerado por el gobierno como una de las dos más importantes prioridades para lo que resta del período, o incluso, en palabras del presidente José Mujica, como “la decisión más importante que tome este gobierno” en política exterior, el puerto de aguas profundas se habrá de levantar en las costas de Rocha, más precisamente a la altura del kilómetro 250 de la ruta 10.

El emprendimiento, que demandará una inversión cercana a los mil millones de dólares, se articulará mediante la modalidad de contratos de participación público-privada –donde el Estado ejercerá un rol regulador y los privados serán quienes inviertan y gestionen–, y estará emparentado además con la infraestructura portuaria que demandará, de concretarse, el proyecto minero de la empresa Aratirí.

El puerto de aguas profundas, por lo demás, tendrá un impacto determinante no sólo en el desarrollo de la estructura productiva del país, sino también en términos geopolíticos. “Esta obra de infraestructura otorgará ventajas competitivas a nuestros productos y mejorará la cadena logística de toda la región. También abrirá un nuevo escenario para la competencia histórica entre el puerto de Montevideo y los puertos argentinos, en particular el de Buenos Aires”, asegura a Políticas el asesor presidencial Pedro Buonomo.

Mujica ya jugó sus cartas, envió el mensaje correspondiente al Parlamento para habilitar el puerto de aguas profundas y firmó los decretos que determinan los padrones que deberán ser expropiados. El proceso está en marcha.

El transporte de ultramar mediante barcos tipo Panamax, con calados superiores a los 11 metros –máximo calado de los puertos de Montevideo y Buenos Aires–, presenta una creciente relevancia en el comercio mundial. Uruguay goza de importantes ventajas naturales y cuenta cerca de su costa oceánica con profundidades apropiadas para el arribo de grandes buques.

La construcción de un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha, cuyo costo aproximado ascendería a los mil millones de dólares, tendría un impacto sumamente relevante en la estructura productiva de Uruguay. A modo de ejemplo: la obra modificaría sustancialmente las capacidades logísticas nacionales y permitiría reducir los costos asociados al transporte de granos, minerales y productos forestales que exportan Uruguay, Argentina, Brasil y Bolivia hacia el lejano oriente y el sudeste asiático.

El emprendimiento se desarrollaría en varias fases y en el mediano plazo tendría un carácter multipropósito. Por consiguiente, no se limitaría a la carga de graneles y competiría por captar el creciente flujo de contenedores.

El 15 de noviembre de 2011 el Poder Ejecutivo creó mediante el decreto Nº 287 la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas, que analizó la demanda, localización e infraestructura necesaria para la ejecución del proyecto. Pero además realizó las primeras evaluaciones de impacto ambiental y las posibles afectaciones a otras actividades económicas, en particular el turismo.

Una de las conclusiones de la comisión señala que esta inversión portuaria debe asociarse necesariamente al proyecto minero de la empresa Aratirí, puesto que este emprendimiento preveía un puerto de aguas profundas en la zona de La Angostura, departamento de Rocha. La comisión consideró que no era sostenible desde el punto de vista ambiental y económico la construcción de dos puertos con estas características, y en tal sentido recomendó desarrollar un puerto común en una franja ubicada en el balneario rochense El Palenque, a la altura del kilómetro 250 de la ruta 10. Este sitio contó con una mejor evaluación que las localidades de La Paloma, Puertas del Sol y La Angostura.

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Seguridad

“Esta obra de infraestructura otorgará ventajas competitivas a nuestros productos y mejorará la cadena logística de toda la región. También abrirá un nuevo escenario para la competencia histórica entre el puerto de Montevideo y los puertos argentinos, en particular el de Buenos Aires.”

El lugar destinado a la obra ocupa unas 2 mil hectáreas terrestres y un espacio marítimo de 200 hectáreas. Esta ubicación tendría ciertas ventajas, según el análisis de la comisión, pues presenta una muy baja ocupación del suelo y una distancia adecuada respecto a los puntos relevantes de desarrollo turístico, pero también una razonable cercanía con las profundidades marítimas apropiadas para la llegada de los grandes buques. Esto último reduciría las obras de dragado frente a otros puntos de la costa este, abatiendo significativamente los costos del emprendimiento.

Para la confección de este informe Políticas entrevistó al economista Pedro Buonomo –quien presidió la comisión interministerial en representación de la Presidencia de la República–, y accedió a estudios de impacto ambiental que advierten sobre otros alcances de la obra. La cobertura se completa con un abordaje desde el territorio, que integra la óptica del intendente de Rocha, Artigas Barrios.

Entrevista a Pedro Buonomo “Esta obra abrirá un nuevo escenario para la competencia con el puerto de Buenos Aires” —¿Qué rol está llamado a cumplir el puerto de aguas profundas en clave de desarrollo nacional?

—La construcción de un puerto de estas características en Uruguay es una idea que tiene decenas de años. Las condiciones geográficas que presenta la costa este del país siempre han sido una oportunidad para el desarrollo de una infraestructura que permita el transporte marítimo de buques de mayor calado y una salida directa de la región hacia los mercados de lejano oriente y el sudeste asiático. Esta obra de infraestructura otorgará ventajas competitivas a nuestros productos y mejorará la cadena logística de toda la región. También abrirá un nuevo escenario para la competencia histórica entre el puerto de Montevideo y los puertos argentinos, en particular el de Buenos Aires.

—¿Cómo habría de interactuar el puerto de aguas profundas con los puertos de Montevideo, Nueva Palmira y Buenos Aires?

—Creo que con una adecuada regulación las oportunidades son de complementación y competencia, pero con un efecto virtuoso en todo el sistema portuario de la región.

En principio el puerto de aguas profundas será un puerto de graneles. En ese sentido, dadas las propias características de los buques que podrían llegar, que no pueden ingresar en la actualidad a Montevideo ni a Nueva Palmira, ni al sistema de Buenos Aires, será complementario. Pero también será más adelante un puerto multipropósito, que incorporará la carga de contenedores. Entonces también estará en competencia.

—¿Qué alcance tendría, por ejemplo, la competencia con el puerto de Buenos Aires?

—Si el puerto de aguas profundas comienza a trabajar con los contenedores que hoy transitan por otros puertos de la

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región, en particular los de Montevideo y Buenos Aires, capturará parte de esta carga en función de sus condiciones de costos y confiabilidad. Con un marco regulatorio adecuado, alentará la competencia de los puertos y mejorará la eficiencia de todo el sistema portuario regional.

—¿Cuáles son las definiciones de la comisión interministerial sobre la localización del puerto?

—La comisión llegó a varias conclusiones. La primera es que no puede haber más de un puerto de aguas profundas, por los efectos adversos que se generarían en el ambiente acuático.

Se analizaron consideraciones económicas, ambientales, de ordenamiento del territorio y en particular las referidas a la vinculación del proyecto con el resto de las actividades económicas de la región y el país. En principio se habían identificado cuatro zonas posibles. Un análisis comparativo de ellas determinó que la más conveniente sea la que comprende al balneario El Palenque, en el departamento de Rocha. Entendemos que esta ubicación es la que tiene mayores ventajas, tanto desde la dimensión ambiental como en la articulación con el resto de actividad económica del país.

—¿Cuál será el papel de los privados en la financiación y gestión de la obra?

—En principio estamos pensando que el Estado regule y que sea el privado el que invierta y opere. La idea es que el proyecto se concrete mediante la modalidad de contratos de participación público-privada. Este instrumento prevé la existencia de un diálogo competitivo, lo cual lleva a que los potenciales interesados realicen propuestas sobre el desarrollo del proyecto. Al final del diálogo se incorporan las inquietudes del Estado y de los privados, así se reduce el riesgo de hacer un proyecto que a nadie le interese. Entendemos que este proceso es viable económicamente a través de la recaudación de las tarifas portuarias. El privado efectuará la inversión, gestionará la infraestructura y generará una utilidad mediante las tarifas. El Estado firmará un contrato con el privado que establezca los compromisos y responsabilidades que asumirá.

Este es el formato básico. No queremos generar un elefante blanco, es decir, una infraestructura que no tenga el uso esperado y que signifique una pérdida económica para todos. Por lo tanto es conveniente que los interesados privados asuman riesgos.

—¿Cuáles son los fundamentos que hacen viable al emprendimiento desde el punto de vista económico?

—Esta infraestructura se justifica si por ella pasa carga suficiente. Hicimos un análisis de la demanda para determinar la viabilidad económica del proyecto. Los estudios de demanda permiten identificar algunas cargas, en particular graneles, que en el corto plazo harían interesante la inversión. Esa demanda está básicamente formada por mineral de hierro del centro de Sudamérica y de Uruguay, y por granos provenientes de Argentina y Uruguay. En cinco o seis años es razonable pensar que 55 millones de toneladas podrán salir desde el puerto de aguas profundas. Los destinos serían el lejano oriente y el sudeste asiático, dado que para estos destinos la disminución de costos resultaría significativa.

Las condiciones naturales de la zona elegida son apropiadas para

El puerto de aguas profundas en Rocha

Aratirí como proyecto embrionario del puerto —¿Cuáles son los nexos entre el puerto de aguas profundas y el proyecto de explotación minera de Aratirí?

—Estamos pensando en algunas soluciones para no afectar los plazos de Aratirí y que ambos proyectos puedan ser compatibles. Pensamos que en una primera instancia se puede hacer el muelle para la salida de los productos mineros y que esa infraestructura sea compatible con el puerto que se instale después. Pensamos que el puerto de aguas profundas puede montarse sobre el puerto de Aratirí y generar una relación virtuosa. El proyecto de Aratirí es importante en sí mismo y a su vez nos va a servir de embrión del puerto de aguas profundas.

—¿Y cuál es la opinión de Aratirí al respecto?

—Los técnicos de Aratirí están de acuerdo en que la ubicación es muy buena, aunque ellos habían empezado a trabajar en otra ubicación, más precisamente en la zona de La Angostura. Estamos avanzando, y los estudios que se harán para el propio puerto generarán sinergias positivas, convenientes para ambas partes.

—En razón del vínculo que se prevé entre el puerto y el desarrollo de la minería, ¿se da como un hecho, entonces, la concreción del emprendimiento de Aratirí?

—Hemos elaborado junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Ministerio de Economía y Finanzas un proyecto de ley para la minería de gran porte. Este proyecto se diseñó de acuerdo a las definiciones de la Comisión Multipartidaria y se presentará en breve en el Parlamento. También se realizaron negociaciones en paralelo con Aratirí, las cuales registran resultados positivos. Hoy por hoy, dado el avance de ambos trabajos, soy optimista respecto a que el proyecto de Aratirí pueda ser compatible con el marco jurídico que el país le dará a la minería de gran porte. ￭

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“El análisis realizado nos permitió consultar a especialistas ambientales, en ordenamiento del territorio y vinculados al tema hidráulico. Ello nos permite concluir que los efectos de la intervención serán controlados.”

los barcos de gran calado. Además, el lugar elegido es el que se encuentra más cerca de aguas profundas. Ello implica que los costos de dragado inicial y de mantenimiento sean los más bajos posibles.

Las obras son en el territorio marítimo uruguayo, o sea que no habrá que solicitar permiso: no rige el Tratado del Río de la Plata, ni el del río Uruguay, no hay comisión administradora mixta, etcétera.

—¿Existe la posibilidad de incorporar cargas líquidas?

—La idea es que el puerto pueda utilizarse en el mediano plazo para barcos que transporten combustibles líquidos. Ello implica inversiones adicionales como un oleoducto y una terminal de combustibles. Son todas inversiones a mediano plazo que implicarán análisis específicos de viabilidad económica, pero que parecen viables —¿La planta regasificadora podría asociarse al emprendimiento?

—La regasificadora se ubicará en un principio cerca del puerto de Montevideo, porque atar este proyecto al puerto de aguas profundas generaría retrasos no deseados. No obstante, los estudios realizados nos indican que es razonable trasladar posteriormente el buque regasificador, porque se ahorrarían costos de dragado. Creo que en el mediano plazo lo deseable desde el punto de vista económico, ambiental y de desarrollo productivo es que todos estos proyectos converjan.

—¿Es compatible el puerto de aguas profundas con el turismo de sol y playa que ha caracterizado a los balnearios de Rocha?

—Nosotros pensamos que sí. No obstante, toda intervención del hombre genera efectos. Esto es indiscutible. No hacer la obra obviamente tendrá menos efectos que hacerla. El análisis realizado nos permitió consultar a especialistas ambientales, en ordenamiento del territorio y vinculados al tema hidráulico. Ello nos permite concluir que los efectos de la intervención serán controlados.

Además, la localización que hemos elegido tiene desde el punto de vista del turismo la menor cantidad de impactos negativos.

—¿A qué se refiere con efectos controlados?

—Las intervenciones en el medio acuático generan, desde el punto de vista hidráulico, efectos en ese medio. Consideramos que ello no afectará mayormente a las zonas turísticas y de playas.

—¿Cuál es el cronograma previsto?

—La competencia en materia portuaria es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y será este organismo el que firme, en un plazo estimado de 20 meses, el contrato con el desarrollador del puerto. Pretendemos que el trabajo continúe desarrollándose en comisión interministerial coordinada por la Presidencia. Ello permite que las soluciones ambientales, económicas y productivas se resuelvan en conjunto. También permite reducir plazos y disminuir notoriamente los trámites burocráticos. La cercanía del presidente con la comisión permite solucionar las cosas en tiempo y forma, y ser eficientes. Por eso confiamos en que vamos a poder concretar, en los plazos previstos, una obra compleja, dificultosa y que además tiene pocos antecedentes en las últimas décadas del país.

El interés de China

Una inversión en proceso de estudio Durante la reunión que mantuvieron el 22 de junio en la Torre Ejecutiva, el presidente José Mujica presentó el proyecto de puerto de aguas profundas al primer ministro de la República Popular China, Wen Jiabao.

“En concreto, ambos gobiernos acordaron una agenda de trabajo sobre el proyecto de inversión”, señala Pedro Buonomo a Políticas.

El acuerdo implica que una delegación del gobierno uruguayo presente a China, en un plazo de cuatro meses, el plan maestro de la obra. Entre otros aspectos, este tipo de documento identifica las características específicas del proyecto y un cronograma de las inversiones.

“A partir de esas conversaciones determinaremos si la inversión china podría adecuarse al proyecto diseñado por el gobierno, donde los capitales privados, además de financiar la inversión, participan activamente en la gestión y contribuyen a la captación de las cargas”, añade Buonomo. ￭

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El puerto de aguas profundas en Rocha

El decreto que habilita la construcción del puerto El 27 de junio el presidente Mujica firmó el decreto que habilita la instalación del puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha, y al mismo designó para su expropiación un total de 458 terrenos ubicados en el lugar que se propone para el emplazamiento de dicha obra.

En el mensaje que acompaña al decreto se sostiene que “la construcción y desarrollo de dicho puerto se encuadran en la política nacional portuaria de estímulo al desarrollo de una logística de transporte eficiente, que dinamice el desarrollo de la producción y la economía nacional”. Además, se hace referencia a que esta propuesta es el resultado de estudios, informes y recomendaciones efectuados por la Comisión Interministerial, creada a esos efectos en noviembre del pasado año Son cuatro los documentos publicados por el Poder Ejecutivo en relación con este tema.

Además del decreto de habilitación en sí y del mensaje que acompaña su remisión a la Asamblea General, el Ejecutivo hizo público el decreto del 14 de junio pasado en el que se aprueba el informe de la Comisión Interministerial y, finalmente, una resolución en la que se designa “para su expropiación por causa pública” un total de 458 terrenos ubicados en la zona elegida para la construcción del puerto.

En el decreto que aprueba la actuación de la Comisión, el Ejecutivo encomienda al MTOP el dictado de los actos administrativos necesarios para desarrollar las etapas previstas en la ley sobre Contratos de Participación Público-Privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura, en particular la que habilita a la administración contratante a celebrar contratos de PPP directamente con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

En el mismo acto, además, se resuelve extender el plazo de actuación de esta Comisión Interministerial durante el tiempo que demande la concreción de la obra, y se decide la incorporación del Ministerio de Defensa a los trabajos de la Comisión.￭

El factor ambiental

Observaciones La Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas analizó varios informes técnicos de impacto ambiental, que oficiaron de insumos para definir la zona de ubicación. De la lectura de los informes se desprende que cualquier obra portuaria significativa afectará los ecosistemas marítimos y terrestres y que, por consiguiente, habrá que evaluar la adopción de medidas de mitigación.

La construcción del puerto y el desarrollo de una ciudad portuaria sustituyen una superficie de ecosistemas naturales y, por lo mismo, afectan a los organismos vivos de la zona y la calidad ambiental de la región, según observa uno de los informes.

La zona costera del departamento de Rocha –recuerda el mismo estudio– presenta elevados valores de naturalidad y desempeña un rol relevante en el cuidado de especies migratorias amenazadas. Estas costas, a su vez, concentran tres de las ocho áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Y a ello se agrega que otras cinco están en proceso de ingreso al sistema.

Las áreas protegidas son parte de los valores naturales de la costa atlántica y buscan asegurar la continuidad de procesos a lo largo de toda su extensión. Mantener la conectividad entre esos sitios es central para la viabilidad ecológica de este sistema y la protección de los valores naturales que sustentan actividades económicas como el turismo, las inversiones inmobiliarias o la pesca, añade el estudio.

Uruguay ratificó su compromiso con la protección de estos valores a través de la suscripción de tres convenios internacionales: el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre Especies Migratorias (Convenio de Bonn) y la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional (Convención de Ramsar); además acordó la inclusión de esta zona en el Programa de Reservas de Biosfera de la UNESCO (Programa MAB).

Por otra parte, los estudios coinciden en la conveniencia de evitar lo máximo posible las obras de dragado, necesarias para incrementar la profundidad de los canales del puerto. En tal sentido, la ubicación escogida para la realización de la obra se encuentra próxima a las profundidades marítimas de 20 metros, situación que opera a favor de minimizar las obras de dragado.

Los informes coinciden, finalmente, en que no resulta sustentable la construcción de más de un puerto en la zona de Rocha, a raíz de sus efectos acumulativos. De ello deriva la necesidad de asociar el puerto de aguas profundas al proyecto portuario de Aratirí. ￭

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Una mirada desde el territorio

￭ Artigas

El puerto

Barrios, intendente de Rocha.

cambiará la vida de Rocha Con una superficie de 10.551 kilómetros cuadrados, Rocha tiene una población de 66.955 personas. Entre 2004 y 2011 su población se redujo en 4,3%, según los datos del último censo.

La construcción de un puerto de aguas profundas incidirá significativamente en el desarrollo y ordenamiento territorial del departamento de Rocha. La inversión cercana a los mil millones de dólares implicará una importante demanda de trabajadores, tanto para la construcción de la obra como para su funcionamiento.

Si bien parte de la mano de obra se desplazaría diariamente desde centros poblados cercanos, es previsible que se sucedan procesos migratorios en el departamento, favoreciendo en el mediano plazo el desarrollo de nuevos centros poblados.

En diálogo con Políticas, el intendente de Rocha, Artigas Barrios, detalla y analiza estos desafíos desde un enfoque territorial.

El puerto de aguas profundas puede oficiar como un polo de desarrollo para la infraestructura del departamento.

Obra estratégica “Se podrán El intendente entiende que un puerto de aguas profundesarrollar las vías das de carácter multimodal cambiará la economía y la vida del de comunicación departamento de Rocha. En la actualidad, a pesar de los incenterrestres, el tivos existentes, es muy difícil para el interior del país captar ferrocarril, las líneas inversiones que generen gran cantidad de puestos de trabajo, de transmisión porque, señala Barrios, las empresas que se instalan en Uruguay priorizan el área metropolitana. “Si están orientadas al mercado eléctrica de alta interno buscan estar cerca de los centros más poblados, y si espotencia.” tán orientadas a la exportación también eligen el área metropo22

litana, porque de ese modo están cerca del puerto y los centros de decisiones”, ejemplifica.

De allí que el puerto de aguas profundas puede oficiar como un polo de desarrollo para la infraestructura del departamento. “Se podrán desarrollar las vías de comunicación terrestres, el ferrocarril, las líneas de transmisión eléctrica de alta potencia”, puntualiza.

La ubicación elegida En Rocha conviven actualmente 1,46 personas por vivienda, guarismo que lo ubica como el segundo departamento con mayor cantidad de viviendas vacías. “Muy cerca de El Palenque, el sitio elegido para la construcción del puente, hay muchos centros urbanos desaprovechados, como ocurre con las viviendas que están vacías durante todo el año en La Paloma”, señala Barrios, y agrega que la zona tiene como una de sus ventajas naturales la gran proximidad de las costas con las profundidades requeridas, cercanas a los 20 metros. “Si bien El Palenque se encuentra fraccionado, cuenta con un nulo desarrollo urbanístico. Hoy ni siquiera tiene un desarrollo turístico incipiente y por lo tanto allí no está chocando con ninguna actividad preexistente”, advierte el intendente.

Otra de las virtudes de la ubicación reside en que frente a El Palenque desemboca un camino departamental que viene desde la ruta 9. La reconversión de ese camino en una ruta permitiría, según el jefe comunal, que todo el transporte portuario se haga por la ruta 9, dejando despejado el tránsito de la ruta 10 –que une todos los balnearios de la zona– para fines específicamente turísticos.

El puerto de aguas profundas en Rocha

Impacto social El desempleo en Rocha se situó en 2011 en 4,2%, muy por debajo del registrado en el total del país (algo superior al 6%). En igual período, la pobreza alcanzó el 9,8%, mientras que en el total del país fue de 13,7%.

Si bien estos indicadores sociales denotan una mejora en las condiciones de vida de la población rochense, Barrios señala algunas debilidades estructurales del mercado de trabajo, que responden a la poca diversificación de la actividad productiva.

“La generación de empleo se concentra en el área agropecuaria, sobre todo en el área agrícola y la agroindustria”, señala, y acota: “Si bajan los precios que hoy tenemos en los granos, en la carne y en la leche, bajará la ocupación y volveremos a tener los problemas de empleo que teníamos antes”.

Por otra parte, la actividad turística es de temporada y se extiende por dos meses y medio. “Esta situación no va a cambiar de un día para el otro, lo cual nos genera problemas sociales en estos lugares”, subraya.

Por eso es que a juicio del intendente hay que mejorar la calidad del empleo de Rocha, una condición que está muy asociada al trabajo estable, sólo posible en la medida que se promuevan actividades conectadas al mundo y se eviten los ciclos económicos, con sus impactos en los precios. “Por eso

tenemos que diversificar las fuentes de trabajo, y nada más diversificador que un puerto”, reflexiona.

Ordenamiento territorial La comuna de Rocha aprobó en 2003 una ordenanza costera que define áreas consolidadas para la urbanización, el turismo de baja intensidad y las zonas de preservación.

Por cuerda aparte, la Intendencia elabora nuevas directrices de ordenamiento territorial y trabaja simultáneamente en el análisis de la zona costera, para lo cual ésta fue dividida en cuatro tramos. “La orientación estratégica es convertir la costa en un recurso del departamento, pero sin afectarla”, explica Barrios.

El estudio del primer tramo se denominó Plan Parcial Lagunas Costeras y abarcó la zona costera comprendida entre la laguna Garzón y la Laguna de Rocha. “Ahora estamos trabajando en el tramo comprendido entre la Laguna de Rocha y Cabo Polonio. Dentro de ese arco está El Palenque. Por lo tanto esta decisión del gobierno nacional llega en el momento justo para que nosotros podamos tenerla en cuenta al elaborar ese plan”, señala el intendente. Y sintetiza: “Tenemos 180 kilómetros de costa, pero no creo que vayamos a tener más de 40 afectados por todos los emprendimientos previstos. Hay, por tanto, un área enorme que se está conservando, y que seguramente se va a seguir conservando”. ￭

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Las nuevas caras informativas de Televisi贸n Nacional

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Un periodismo no presionado por el rating

Las nuevas caras informativas de Televisión Nacional

Con la incorporación de los periodistas Iliana da Silva y José Sena a la dirección de los informativos, Televisión Nacional (TNU) busca darle un nuevo impulso a su oferta periodística y consolidar una forma diferente de presentar las noticias. Los periodistas contaron a Políticas cómo viven su pasaje de la televisión privada a la pública, cuáles son los cambios que se ponen en práctica, cómo es la relación con las mediciones de audiencia y cuáles son sus objetivos inmediatos.

Desde el 18 de junio TNU presenta una serie de innovaciones en su forma de informar, que van de la mano con varias incorporaciones al plantel periodístico. Lo más notorio es que el horario de la edición central se adelantó una hora, de 21 a 20 horas de lunes a viernes, y que la duración del noticiero aumentó en 15 minutos diarios. De esos 45 minutos –sin cortes comerciales– la primera media hora se destina al desarrollo de las noticias, y los 15 restantes a un espacio nuevo destinado al análisis más profundo de la información.

Los lunes el encargado de la columna será Ricardo Piñeyrúa, quien hablará de deportes; los martes será Susana Mangana, sobre temas internacionales; los miércoles Gerardo Caetano sobre política nacional; los jueves Iliana da Silva, la nueva directora de los informativos, realizará una entrevista sobre el principal tema de la semana con un invitado; y el viernes el columnista será Christian Font, una de las recientes incorporaciones del canal, sobre asuntos culturales.

Además, los nuevos responsables de las noticias del canal público esperan aprovechar la red de corresponsales que tiene TNU en todo el país, así como los periodistas del exterior que reportan desde Brasil, Israel e Italia (para toda Europa).

“Cuando nos juntamos con José ‘Pepe’ Sena para trabajar el proyecto de nuestro TNU Noticias nos preguntamos qué cosas hacíamos en nuestros informativos que nos gusta-

ban y cuáles no –recuerda Da Silva–. Con esa base partimos, y hoy se puede ver en la pantalla. Hacemos noticieros plurales y seleccionamos la información con responsabilidad.”

Con respecto a la anterior dirección de los noticieros, destaca el trabajo realizado por Darío Klein y dice que se mantienen algunas rutinas de trabajo y estilo de presentación de informes aplicados durante su gestión, mientras que se hicieron mejoras en otros aspectos. “También sumamos un espacio de reflexión de las noticias con columnistas, y el deporte y la cultura tienen más espacio. Lanzamos un nuevo horario y formato para nuestra edición central, se incorporaron nuevos periodistas que emigraron de la televisión privada e hicimos un casting para darles una oportunidad a comunicadores que se están iniciando”, destaca.

Junto con Font, que viene de Canal 12 al igual que Da Silva, se incorporaron al equipo Andrea Tabárez (viene de Canal 10) y Rommy Artigas (una joven periodista ganadora de un concurso abierto en el que participaron 192 postulantes), que conduce la edición de mediodía del informativo junto a Jorge Quian.

Según Sena, en tanto, “el hecho de no tener un informativo tan extenso en horario nos permite trabajar con más tiempo las noticias, de manera de agregarles contexto. Hay un estilo de edición en TNU Noticias que utiliza permanentemente el archivo para referir al contexto, pues queremos que el televidente entienda que nuestro deseo es aportar toda la información para que cada uno saque sus conclusiones”.

Responsable, independiente, plural Para Da Silva existen “diferencias que son razonables” entre la labor periodística en un canal privado y uno público, “porque tenemos objetivos diferentes. Creo que los noticieros de la televisión pública deben responder al interés de la gente,

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tenemos que ser el noticiero de todos los uruguayos, y por esa razón nuestro objetivo es hacer un periodismo responsable, independiente y plural. Nuestro periodismo no está presionado por el rating a cualquier costo y por la tanda comercial. Es verdad que tenemos menos recursos económicos, que a veces es una limitante para cubrir la agenda, por eso nuestro desafío está en hacer una selección cuidada de la información con los recursos que tenemos”.

Por su parte, Sena compara la labor periodística en ambos medios con lo que podría sucederle a un médico que “ejerce la medicina de la misma manera en un hospital público que en un sanatorio privado. Es su vocación, su profesión, no ataca la enfermedad de una manera en el hospital y de otra en la clínica de medicina prepaga; ejerce profesionalmente, para eso se preparó. En el periodismo es lo mismo. Puedo tener un matiz si hablamos de recursos. No encuentro diferencias entre el ejercicio de mi tarea en el ámbito público o el privado”.

En los últimos tiempos se puso sobre la mesa el debate sobre el papel de los medios de comunicación, y especialmente del periodismo, en la generación de un clima en la opinión pública respecto a la seguridad. Incluso el asunto está expresamente mencionado en el documento elaborado por el gobierno sobre la “Estrategia por la vida y la convivencia”, con una serie de medidas para encarar el problema de la seguridad.

“Hacer periodismo es un gran responsabilidad, y creo que entre los periodistas hace falta ese debate y ese intercambio necesarios en estos tiempos. Hacer periodismo en televisión, que tiene una gran penetración en los hogares de los uruguayos, convierte a nuestro oficio en un lugar de poder, y hay que ser muy cuidadosos, prudentes y aportar siempre desde el lugar de la reflexión. Creo que eso está faltando; por eso desde el canal público se tiene que aportar esa mirada necesaria”, explica Da Silva. En esa línea reflexiva es que la

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Las nuevas caras informativas de Televisión Nacional

edición central del informativo incorporó, desde el 18 de junio, 15 minutos más para abordar temas de interés con una perspectiva de análisis más profunda.

Sena, por su parte, estima que es necesario debatir estos asuntos ya que “son inherentes a la tarea y a nuestra condición de ciudadanos. La responsabilidad en el manejo informativo está presente cuando el periodista se aleja, al menos por unos segundos, para mirar lo que ocurre desde el lugar del simple mortal que es. No siempre nos permitimos esa mirada, producto de la vorágine de las redacciones de televisión”.

Uno de los aspectos diferenciales de la cobertura periodística que realiza el canal oficial es el tratamiento de los hechos policiales, también conocida como “crónica roja”, que ha ganado cada vez más espacio en los canales privados hasta convertirse en el principal segmento de los informativos.

En ese aspecto, Da Silva explica que “en nuestros noticieros tienen cobertura aquellos hechos que generan conmoción en la sociedad. El tratamiento es responsable y no morboso. Los hechos policiales son parte de nuestra sociedad, existen y afectan a las personas; por esa sencilla razón tienen que existir en los noticieros, que no hacen otra cosa que reflejar parte de la realidad”.

Sena añade que en las primeras semanas del nuevo formato del informativo “hemos realizado coberturas de muchos casos policiales en Montevideo y en el interior del país. No es correcto que nuestro informativo no cubra hechos policiales.

Ahora bien, no es la idea realizar cuatro o cinco informes sobre un hecho policial. Por ejemplo, cuando el terrible asesinato del joven empleado de La Pasiva nosotros narramos los hechos, incluimos la palabra de la Policía y la justicia. También pasamos el video, una vez. Esa fue nuestra cobertura. Con destaque en los titulares, pero no 20 minutos hablando del tema”.

Si bien el nuevo proyecto recién está en sus primeros días, Da Silva dice que el principal objetivo a mediano plazo es “lograr que cada vez más uruguayos nos elijan, y a largo plazo generar confianza en que un noticiero en la televisión pública es necesario y posible”. Acota, de todos modos, que “para eso es necesario más apoyo y más presupuesto”.

Por su parte, Sena complementa: “Sabemos de la importancia de la televisión pública como elemento democratizador y promotor de la industria audiovisual, por lo que queremos ser una alternativa. Apostamos a lograr un menú cuidado donde la credibilidad y la reflexión sean el plato a servir diariamente. Uno puede elegir siempre”.

Esa elección que hace el televidente cada día se refleja en los números de rating, que en el ámbito privado es el motor que mueve las decisiones en materia de programación. Da Silva señala: “Para los canales privados el rating representa dinero que se ve reflejado en las tandas comerciales. Para la televisión pública el rating representa personas que nos eligen”.

De todas formas, aclara que actualmente en nuestro país no hay una medición única de audiencias de televisión.

“Existen solamente dos empresas privadas que realizan un relevamiento de Montevideo y el área metropolitana. Con esas mediciones se reparte la torta publicitaria y se interpreta qué elige la mayoría de los uruguayos. A nosotros nos interesa llegar a muchos uruguayos, y por la devolución que tenemos hasta ahora lo estamos logrando.”￭

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Repercusiones del mensaje de JosĂŠ Mujica en la Cumbre Rio+20

Un presidente

mundial 28

El presidente José Mujica en la Cumbre Rio+20

Primero fueron los diferentes artículos periodísticos bajo el título “El presidente más pobre del mundo”, y ahora su intervención en la reciente Cumbre Rio+20: el presidente José Mujica, obviamente muy lejos de proponérselo, se ha vuelto una suerte de furor en las redes sociales, con mensajes que llegan a cientos de miles de personas en todo el mundo. Y llegan porque la gente se apropia de su contenido y lo difunde, sin otro propósito que el de compartirlo con sus “amigos o seguidores”.

Por ejemplo, un artículo publicado por Bio Bio Chile, bajo el título “Brutal honestidad de presidente de Uruguay sorprende en discurso de Cumbre Rio+20”, ha sido recomendado 90 mil veces en Facebook. Hasta René Pérez, el cantante del afamado grupo puertoriqueño Calle 13, recomendó a sus fans el discurso.

Son varios los videos publicados en Youtube. El enlace que cuenta con más visitas fue visto por unas 500 mil personas. En el canal de la Presidencia de la República fue reproducido más de seis mil veces.

Mujica plantea un mensaje contundente: “La gran crisis no es ecológica, es política”. Lo ejemplifica con punzante sencillez: “¿El mundo tiene hoy los elementos materiales como para hacer posible que siete mil u ocho mil millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales? ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión?”. Y sin rodeos pregunta: “¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros? ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada?”. Pero no se detiene en la descripción, avanza en una vía de superación de la crisis política: “No podemos continuar indefinidamente gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado”.

La clave para hacer esto posible, sin embargo, no es de carácter meramente económico, sino sobre todo cultural, porque “lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir”. Al fin y al cabo, remata Mujica, “el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana”.

En la jerga internauta se llama “viral” cuando un video se reproduce exponencialmente a través de las redes, éste es un ejemplo, un discurso viral de diez minutos que comparten sobre todo los más jóvenes, con sus códigos y formas de comunicarse. Por su alto impacto, y por el valor de su contenido, Políticas decide reproducirlo íntegramente a continuación.

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“La gran crisis no es ecológica, es política” Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Muchas gracias al pueblo de Brasil y a su señora presidenta [Dilma Rousseff]. Y muchas gracias a la buena fe que, seguramente, han manifestado todos los oradores que me precedieron.

Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que, esta, nuestra pobre humanidad, pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacer algunas preguntas en voz alta.

Toda la tarde se ha hablado del desarrollo sustentable, de sacar a las inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si la población de la India tuviera la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar?

Más claro: ¿el mundo tiene hoy los elementos materiales como para hacer posible que siete mil u ocho mil millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales? ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización, en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo

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que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. ¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros? ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?

Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario: el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política.

El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre.

Y a la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales.

Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es lo elemental.

Pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un plus, y si la sociedad de consumo es el motor… Porque, en definitiva, si se paraliza el consumo se detiene la economía, y si se detiene la economía aparece el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese híper consumo es, a su vez, el que está agrediendo al pla-

El presidente José Mujica en la Cumbre Rio+20

neta. Y tiene que generar ese híper consumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de mil horas encendida. ¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil, 200 mil horas! Pero ésas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización del “úselo y tírelo”, y así estamos en un círculo vicioso.

Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura.

No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni de tener un monumento al atraso. Es que no podemos continuar indefinidamente gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado.

Por ello digo que el problema es de carácter político, en mi humilde manera de pensar. Porque los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca, los aymaras– definían: “pobre no es el que tiene poco sino el que necesita infinitamente mucho, y desea y desea más y más”. Esta es una clave de carácter cultural.

Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y los voy acompañar, como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua y de la agresión al ambiente no es la causa: la causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.

¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay poco más de tres millones de habitantes. Pero hay unos 13 millones de vacas, de las mejores del mundo. Y unos ocho o diez millones de ovejas, estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura y casi el 90% de su territorio es aprovechable.

Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las ocho horas de trabajo. Y ahora están consiguiendo las seis horas. Pero el que consigue seis horas se consigue dos trabajos; por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas: la motito que compró, el autito que compró, y pague cuotas y pague cuotas, y cuando se quiere acordar es un viejo reumático –como yo– y se le fue la vida.

Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana?

Estas cosas son muy elementales: el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor arriba de la tierra, de las relaciones humanas, del cuidado a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente, porque eso es el tesoro más importante que el hombre tiene.

Cuando luchamos por el ambiente, el primer elemento del ambiente se llama felicidad humana. ￭

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El puente sobre la laguna Garz贸n

Las garzas podr谩n

estar tranquilas

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El puente sobre la laguna Garzón

￭ Rafael Viñoly,

autor del proyecto.

La novedosa propuesta del arquitecto Rafael Viñoly para la construcción de un puente sobre la laguna Garzón, que acalló por el momento las críticas más fuertes de quienes se oponían a la mera existencia del mismo, también supuso cierta novedad en la manera de ejercer la responsabilidad política, permitiendo que uno de los críticos más prestigiados de la obra aportara, desde esa visión, una solución al conflicto instalado. La construcción, flotante y circular, realizada en madera, aluminio y fibra, tiene la fuerza potencial para convertirse en un nuevo ícono turístico y en pieza clave del desarrollo de toda una región. Así lo entienden el gobierno nacional y los gobiernos departamentales de Maldonado y Rocha, que dicen estar dispuestos a seguir negociando y escuchando opiniones para que el proyecto cuente con el mayor consenso posible.

Rafael Viñoly realizó el proyecto en forma absolutamente gratuita y en silencio, a pedido del gobierno, y su presentación frente a los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y Turismo sorprendió incluso a los representantes de la oposición. Sin embargo, es poco probable que el debate haya finalizado, porque la polémica por la construcción de un puente sobre la laguna Garzón es compleja. Se despliega en varias direcciones e involucra a diversos actores: los habitantes de la zona –que a su vez se dividen entre quienes quieren mantener su privacidad y quienes ven una oportunidad de mejorar su situación económica–; los ecologistas que temen por su impacto en el hábitat; y los gobiernos departamentales, que defienden la construcción en función de su importancia estratégica. Integran también este paquete aquellos que tienen sus propios intereses personales o económicos (que los hay de ambos lados de la trinchera). Y por encima de todos, el gobierno nacional, que será en definitiva el que tome la decisión. Para el subsecretario del MTOP, Pablo Genta, “hay una definición de acompañar esta decisión de las dos intendencias y establecer una unión fija entre estos dos departamentos a través de un puente que pueda generar un vínculo más permanente y en mejores condiciones que el servicio de balsa que hoy

está disponible. Porque es vital para la política de desarrollo de la zona, que tendrá que enmarcarse dentro de los parámetros de ordenamiento territorial que se pautaron en los planes elaborados por Maldonado y Rocha. El puente viene a fortalecer ese vínculo y a permitir que sea más fluido”.

Historia de dos vecinos La laguna Garzón no divide solamente los departamentos de Maldonado y Rocha. Divide también dos modelos productivos y dos situaciones económicas diferentes.

En Maldonado, el temprano desarrollo del turismo y el decisivo papel que esta industria fue tomando a lo largo de un siglo llevaron a que muy tempranamente surgiera una conciencia colectiva de proyecto de departamento y que el desarrollo tomara un rumbo determinado. El debate sobre las contradicciones del desarrollo urbanístico y sus riesgos potenciales forma parte del escenario político local desde hace medio siglo y se reaviva constantemente.

Pero más allá de la permanente discusión local sobre riesgos y problemas, nadie duda de que el turismo es la forma de vida de Maldonado. Lo ha convertido en un departamento económicamente pujante, con una actividad comercial activa, capacidad para atraer inversiones que

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￭ Artigas

Barrios, intendente de Rocha.

￭ Pablo

Genta, subsecretario del MTOP.

generan a su vez bajo desempleo y buenas infraestructuras de servicio. No es casualidad que sea desde hace décadas el departamento de mayor crecimiento demográfico de Uruguay.

Maldonado enfrenta también varios desafíos. En primer lugar, los derivados de su crecimiento demográfico interno, que coloca a los poderes públicos al límite de su capacidad para atender las demandas. Otro es la fuerte estacionalidad o la dependencia tan marcada de un mercado muy poco diversificado que hace al departamento críticamente sensible a la situación de Argentina. Pero el tema que más quita el sueño a los gobernantes es la necesidad de mantener una oferta turística atractiva y un nivel de inversión edilicia que asegure trabajo, redistribuya la riqueza con equidad y evite los vaivenes económicos que en el pasado generaron agudas crisis sociales.

Expertos advierten que la inversión en la construcción tiene su límite, y su crecimiento se estancará una vez que se haya agotado el territorio disponible en la primera línea costera de Maldonado, algo que podría suceder en tres décadas. En este contexto, el gobierno departamental cree que la propuesta de Rocha como continuación natural del desarrollo de Maldonado hacia el este ayudará a mantener una oferta turística atractiva, y considera al puente sobre la laguna Garzón como una pieza clave en ese diseño.

nístico caótico, con cientos de construcciones irregulares y agresivas respecto al ambiente. Hace ya veinte años que los gobiernos nacionales y departamentales comenzaron a tomar cartas en el asunto para reordenar la situación.

Rocha tiene ya un mercado consolidado en el sector juvenil, que crece exponencialmente pero con un gasto per cápita muy bajo. Ahora quiere complementar esa oferta con el sector del mercado que deja más dinero y genera menos impactos negativos en el territorio: el del turismo de alto nivel.

Para el gobierno departamental la sustitución del actual sistema de balsas por un puente podría ser la llave del cofre del tesoro. En Rocha no hay una gran polémica con la construcción del puente: según un estudio realizado por la consultora Cifra, 81% de los habitantes está a favor, y sólo 9% está en contra. Aun así se escuchan voces preocupadas por el tipo de desarrollo que se puede dar a partir de la instalación del puente. También en el ámbito nacional y en el mismo sentido se han expresado arquitectos y urbanistas.

La audiencia pública que tuvo lugar el 3 de junio de 2011 en el teatro 25 de Mayo de Rocha transcurrió con debates pero sin demasiados sobresaltos. No ocurrió lo mismo en Maldonado, donde si bien 64% de la población está a favor del puente (y 21% en contra), la polémica está fuertemente instalada entre los habitantes de la zona en cuestión: José Ignacio y Garzón. En la audiencia pública que tuvo lugar en José Ignacio hubo gritos, abucheos y un clima de gran tensión.

Para el subsecretario del MTOP, Pablo Genta, “hay una definición de acompañar esta decisión de las dos intendencias y establecer una unión fija entre estos dos departamentos a través de un puente que pueda generar un vínculo más permanente y en mejores condiciones que el servicio de En Rocha, viento a favor balsa que hoy está El departamento de Rocha mantiene aún hoy una estructura económica basada en la industria agropecuadisponible. Porque es ria, no sólo por la fortaleza de su ganadería, su lechería Las amenazas ambientales vital para la política y su industria arrocera, sino también por la forestación y Varios son los argumentos de quienes rechazan el de desarrollo de la la diversificación agrícola. Pero la industria agropecuaria no tiene la característica distributiva de la turística, ni su puente en Maldonado, aunque el principal es el ecológizona, que tendrá que capacidad para atraer inversiones y generar empleo. El di- co, en particular por la posibilidad de impactos negativos enmarcarse dentro nero se concentra en menos manos y los trabajos tienen en la laguna y su ecosistema. Está además el argumento de los parámetros un nivel de remuneración menor. El resultado queda cla- turístico-residencial: el temor a que se genere un aumento ro cuando se comparan los números de su economía con explosivo del tránsito y de la afluencia de visitantes que de ordenamiento los de Maldonado. Y más claro aun cuando se conoce la modifique las características exclusivas de la zona, termiterritorial que se permanente sangría de hombres y mujeres rochenses que nando con la tranquilidad y arruinando una oferta de altíhace décadas se radican en el departamento vecino simo nivel que actualmente funciona muy bien. pautaron en los desde Los militantes ecologistas objetan además la ameen busca de trabajo. planes elaborados por La explosión del turismo que se ha dado en Rocha naza que significa para la costa la utilización de la ruta Maldonado y Rocha. en los últimos años abre una oportunidad que las autori- 10 como vía rápida. La necesidad de preservar las dunas dades departamentales no están dispuestas a desperdiciar, y el ecosistema costero hace que ya no se construyan ruEl puente viene a según dicen. tas vecinas a la costa. Se planifican a una cierta distancia, Durante mucho tiempo su costa oceánica atrajo un y luego un sistema de peine habilita el ingreso hasta el fortalecer ese vínculo estable pero relativamente bajo de visitantes, en océano. Pero la ruta 10, construida hace muchos años, está y a permitir que sea número su enorme mayoría uruguayos. La ausencia en el pasado demasiado cerca, y su apertura al gran tránsito puede ser más fluido”. de una estrategia general derivó en un desarrollo urba- un factor de alta polución para el entorno.

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El puente sobre la laguna Garzón

￭ Óscar de los Santos, intendente de Maldonado.

La solidaridad entre los territorios Aun cuando desaparezcan las principales objeciones de los ambientalistas; aunque el desarrollo en la parte rochense de la zona sea de alto nivel y con muy baja presión urbanística; aun si se toman las medidas para que la ruta 10 no sea una vía de tránsito rápida; aun así, quedan sin respuesta algunas objeciones de los vecinos de la zona. El mercado al que se apunta con los planes rochenses sigue siendo el de alto nivel, pero nadie puede garantizar que en José Ignacio (donde residen o tienen sus residencias de verano los más críticos entre los críticos del puente) todo seguirá como hasta ahora. Es probable que haya cambios. Habrá más servicios, más visitantes, y la zona perderá parte de su exclusividad. Ya no será el final del camino sino parte de él.

Ante este posible panorama la pregunta que se hace el intendente de Maldonado es hasta dónde se puede aislar una zona de la problemática general, y advierte sobre la dualidad que condena a algunas zonas del departamento y sus habitantes a sacrificarse y pagar los costos ambientales mientras otras se benefician de ese sacrificio. “Un ciudadano se instala en un lugar del territorio, se transforma en el protector de ese ambiente y no quiere que lo toquen”, dijo De los Santos. Y añadió: “Lo que quiere, en realidad, es levantarse, mirar las aves, la laguna, el mar y las olas; es más, esa es su principal preocupación y no le importa cómo y de qué viven en el resto del territorio. No le preocupa a qué hora se levanta otra gente, ni si tiene trabajo. Como parte de la oferta y demanda del mercado, es posible que eso muchas veces le financie una mano de obra más barata que no está lo suficientemente calificada.

Sin embargo, a ese ciudadano que defiende ese paisaje con muchas ganas –y yo lo respeto porque creo que sirve para construir identidad, aunque es la individual y no la colectiva– no le preocupa cuántas hectáreas se inundaron para construir una represa y tener la energía eléctrica que él consume. No le preocupan las condiciones del agua dulce que deberá transformarse en agua potable ni la intervención que se haga en el territorio para conectar esa agua potable entre la laguna y el lugar en que vive. No es un problema de él; simplemente usufructúa la energía y el agua potable, paga y demanda de la red ese servicio, pero no le preocupa. Tampoco le inquieta dónde va el saneamiento con los desechos que él genera y que en algún lugar del territorio (que no es donde vive) se deben tratar y procesar. Mientras esté al alcance de la mano, tampoco le interesa de dónde viene el trabajador o la trabajadora que va a prestar los servicios ni en qué condiciones vive. Sin embargo, al Estado sí le preocupan estas cosas, porque el concepto de manejo del territorio es mucho más integral que el concepto de manejo parcial de los pedacitos de territorios”. ￭

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Barrios señaló que el tipo de desarrollo que se está planificando está diseñado de una manera cuidadosa para evitar los excesos que se han dado en algunas zonas de Maldonado: “Estamos hablando del territorio que se ubica justamente en la zona entre la laguna Garzón y la Laguna de Rocha, destinado a un turismo de alta calidad y poder adquisitivo y con un modelo que permita conservar el paisaje por su muy baja intensidad de ocupación. Para lograr esto se debe destinar mucha área del territorio que se va a urbanizar a espacios libres, se deben fijar áreas importantes en los predios de las urbanizaciones y un muy bajo nivel de ocupación del suelo con construcciones”.

Desde Rocha, el principal temor es que el puente y el desarrollo urbanístico que pretende la comuna arruinen una zona casi virgen, de gran belleza y alto valor ecológico por la presencia de los humedales. El debate es, en el fondo, acerca del modelo de desarrollo.

El papel del Estado en el desarrollo El 6 de diciembre pasado, ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, el jefe comunal de Rocha, Artigas Barrios, explicó que hay acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para hacer de la ruta 10 un lugar de tránsito lento.

“Ya que de todos modos no continúa hasta Brasil, como sí lo hace la ruta 9, simplemente se aísla y pasaría a ser uno de los tantos tramos que no funcionan como ruta sino como camino”, explicó.

Barrios señaló que el tipo de desarrollo que se está planificando está diseñado de una manera cuidadosa para evitar los excesos que se han dado en algunas zonas de Maldonado: “Estamos hablando del territorio que se ubica justamente en la zona entre la laguna Garzón y la Laguna de Rocha, destinado a un turismo de alta calidad y poder adquisitivo y con un modelo que permita conservar el paisaje por su muy baja intensidad de ocupación. Para lograr esto se debe destinar mucha área del territorio que se va a urbanizar a espacios libres, se deben fijar áreas importantes en los predios de las urbanizaciones y un muy bajo nivel de ocupación del suelo con construcciones. Esto, desde luego, hace que suba el valor de los predios que se van a ocupar y que se plantee una exigencia económica mayor para quienes vayan a instalarse allí”.

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El plan aprobado por la Intendencia de Rocha, que tiene el visto bueno de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), habilita para su urbanización solamente el 10% del territorio comprendido entre las dos lagunas, el mar y la ruta 9. Y de ese territorio habilitado se podrá urbanizar como máximo el 50%. Incluso en el plan se establecen estímulos para que el porcentaje sea menor aun.

Los terrenos deberán tener un mínimo de 2 mil metros cuadrados, y las construcciones no podrán hacerse a menos de 250 metros de la costa. “Se contempla una concepción muy actual: concentrar la parte edificada y dejar más espacios con carácter natural, como campo rústico, para conservar el paisaje”, dijo Barrios.

El intendente de Maldonado, por su parte, recordó que la realidad ha demostrado que la peor amenaza para el ambiente no proviene del Estado sino precisamente de su ausencia. Las situaciones conflictivas de Valizas o Cabo Polonio son la prueba más contundente de ese extremo: el primero que llega se instala sin controles ni exigencias, y atrás de él muchos más. “Eso es lo que genera impactos ambientales negativos, que el hombre haya ocupado territorios en forma desordenada, sin infraestructura y sin servicios”, destacó De los Santos.

En cuanto al impacto negativo que podría tener la construcción de un puente sobre el ecosistema de la laguna, las explicaciones dadas por los intendentes y las autoridades nacionales acerca de las medidas que se tomarían para hacer de la estructura algo amigable para el ambiente no convencían en absoluto a los ambientalistas. Pero el proyecto presentado por Viñoly provocó un cambio de clima que hasta el día anterior parecía imposible. Un puente flotante, sin estructuras dañinas, que tiene en cuenta varias de las exigen-

El puente sobre la laguna Garzón

cias de los ecologistas. El director de la Dinama, Jorge Rucks, ya adelantó que sus primeras impresiones sobre el proyecto de Viñoly –que naturalmente deberá presentar los estudios técnicos adecuados– son francamente positivas. Y asegura: “Este puente no deteriora, sino que aporta” (véase recuadro).

Los próximos movimientos Aún faltan estudios y definiciones importantes, ya que lo presentado por Viñoly es solamente un anteproyecto. Así lo explica a Políticas el subsecretario Genta, señalando que hay una serie de aspectos técnicos que es necesario analizar con más detalle: “Aspectos constructivos, de instalación y del propio funcionamiento que hay que definir. Porque es un tipo de puente que no hay en Uruguay, y en una laguna que está muy cerca del océano Atlántico. Tiene una influencia muy fuerte de vientos, y oscilaciones en las mareas que pueden llegar a los cuatro metros. Hay que prever de qué manera se soluciona en forma práctica la vinculación del puente con la tierra. Porque hay momentos en que va a estar cuatro metros más arriba y otros en que estará cuatro más abajo, y eso se tiene que resolver adecuadamente”.

Ahora se está a la espera de que el arquitecto Viñoly presente el proyecto a ese nivel, con estos aspectos estrictamente técnicos más analizados. Una vez que todos los detalles estén definidos, el MTOP recibirá el proyecto y, si es viable desde todo punto de vista, lo presentará al MVOTMA para que dé su aprobación sobre su construcción. ¿Se acabará la polémica?

Difícil. Pero lo cierto es que el gobierno ha hecho una movida importante, y el nuevo puente flotante ya es visto por gran parte de la opinión pública no como un problema sino como una promesa. ￭

Jorge Rucks, director de la Dinama

“Este puente es un aporte al paisaje” Era conocida la preocupación del director de la Dinama, Jorge Rucks, por la cuestión del puente sobre la laguna Garzón. A la oficina que encabeza le corresponde, de acuerdo a la ley, la evaluación de los proyectos para evitar el daño o el deterioro del ambiente. Un primer proyecto de puente presentado por el MTOP levantó muchas objeciones y lo puso en una posición crítica. Según manifiesta Rucks a Políticas, ante esta encrucijada fue la propia Dinama la que sugirió la intervención de Viñoly. Y el resultado colmó las más altas expectativas. “El impacto de un puente es un impacto ambiental y territorial. En este caso, el impacto territorial define cuál es la perspectiva de uso del territorio de la costa de Rocha, que es el territorio menos desarrollado. En ese sentido, las características de un puente flotante, como se plantea, configura un tránsito de mucho menos velocidad, impide un tránsito pesado, y de alguna forma es coherente con la idea de que ese no sea un pasaje que reafirme la ruta 10 como ruta transversal de conexión de la costa, sino que incentive la conexión en forma de peine desde la ruta 9 hacia la costa. Esos son elementos fundamentales. Otro aspecto es la relación, el vínculo entre la laguna y el mar. Este puente no es un elemento que interfiera en la dinámica de vínculo de las aguas, ni que tenga situaciones que puedan poner en riesgo la estabilidad de la costa. En ese sentido, la propuesta tiende a ser un paseo más que un pasaje. Y eso también es una cosa que entendemos que ayuda a valorar el paisaje de esa parte de la costa de Rocha, que es particularmente hermoso. De manera que ese también es un elemento muy positivo que vemos en la propuesta.”

El jerarca puntualiza que al anteproyecto aún le falta afinar algunos aspectos técnicos, y que deberá ser presentado a la Dinama para que ésta analice su factibilidad. Pero asegura –aclarando que es una opinión personal– que el proyecto de Viñoly le parece una propuesta muy interesante. “Primero, porque es un elemento que no interfiere en forma negativa en un paisaje natural que hay que conservar, y por lo tanto también ayuda a valorar el propio paisaje. Tiene un atractivo que desde el punto de vista turístico tiene su interés, y que a la vez no deteriora el paisaje. Son dos elementos muy importantes. Creo que es un aporte y no un deterioro al paisaje.”￭

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El p r o b le m a d e la burocracia e n las re laci ones h um a na s

La evaluación del desempeño como medicina alternativa E n z o

La demostración de que la burocracia no es de izquierda ni de derecha es que, en grandes números, la adhesión política de nuestra sociedad está dividida en mitades y los funcionarios del Estado, también en grandes números, deberían seguir esta distribución. Sin embargo, son notorias las dificultades que encontramos los que estamos hoy en cargos ejecutivos de gobierno para intentar hacer las cosas de forma distinta de lo que se han hecho históricamente.

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B e n e c h *

“Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas” (definición de burocracia según la Real Academia Española).

En nuestros tiempos la burocracia es un mal bastante común; no es de izquierda ni de derecha, ni público ni privado, y no existen vacunas para prevenirlo. En distinto grado, todos tenemos incorporado en el genotipo nuestro propio burócrata, aunque el fenotipo de nuestro burócrata depende del ambiente y de su forma de expresión. Se trata de una pelea interna permanente; sabemos que es más fácil que la culpa la tenga el otro, quedarnos en la trastienda, no asumir compromisos. Pero lo que nos interesa como país es construir, y para eso hay que ejecutar y muchas veces asumir el riesgo que implica tomar decisiones, reconocer las veces que nos equivocamos, pedir disculpas si es del caso y retomar la tarea con más fuerza.

Tal vez la diferencia entre lo privado y lo público es que cuando esto sucede en el ámbito privado genera un freno al crecimiento y, si el tema es grave, puede significar el fin de la empresa como tal. En el Estado, en cambio, la cosa no es tan fácil de ver, porque los procesos se enlentecen, los cambios demoran una eternidad y no existen los responsables de que las cosas salgan mal.

Siempre hay alguien a quien echarle la culpa, y ese otro también encuentra otros para diluir sus responsabilidades.

La demostración de que la burocracia no es de izquierda ni de derecha es que, en grandes números, la adhesión política de nuestra sociedad está dividida en mitades y los funcionarios del Estado, también en grandes números, deberían seguir esta distribución. Sin embargo, son notorias las dificultades que encontramos

los que estamos hoy en cargos ejecutivos de gobierno para intentar hacer las cosas de forma distinta de lo que se han hecho históricamente. Es así que en teoría reformamos el Estado, pero nos cuesta bastante poner esto en práctica. Este es un desafío para todos los uruguayos, y no sólo para el gobierno de izquierda, pues la burocracia la sufrimos todos.

Soy un convencido de que, en todos los órdenes de la vida, a la suerte hay que ayudarla con mucho trabajo, y así será más fácil encontrarla. Y que siempre hay que estar dispuesto a que nuestro trabajo sea revisado, para luego ser criticado o valorado. Es necesario tener mecanismos de evaluación del desempeño y usarlos, puesto que son la única herramienta que conozco para que los funcionarios, entre los cuales me incluyo, puedan una vez al año detenerse para revisar su actuación y su trabajo con sus superiores.

Evaluar juntos si las metas fueron alcanzadas. De esta instancia saldrá a la luz si los equipos funcionan y en definitiva si estamos haciendo lo que fuimos mandatados a hacer. También podremos corregir situaciones que no estén cumpliendo con los objetivos, subsanar errores y reconocer los méritos de aquellos más comprometidos con la tarea. Ya que no existe vacuna para este mal, debemos usar una medicina alternativa, y ésta, a mi juicio, se resume en evaluación del desempeño ligada a compromiso y mucha calidad en el trabajo. ￭

* Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca.

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Uruguay de cara a los Juegos OlĂ­mpicos de Londres

Cuando estar ya es ganar

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Uruguay de cara a los Juegos Olímpicos de Londres

￭ Ernesto Irurueta, director nacional de Deportes.

Veintiocho atletas uruguayos estarán presentes en los XXX Juegos Olímpicos de Londres, entre el 27 de julio y el 12 de agosto. A esa competencia concurrirán deportistas nacionales con un nivel de preparación bastante más elevado que en ediciones anteriores, gracias a un aumento significativo de los fondos destinados por el Estado al desarrollo de las distintas disciplinas deportivas, dijo a Políticas Ernesto Irurueta, titular de la Dirección Nacional de Deportes (Dinade). El jerarca reconoció sin embargo carencias subsanables en la materia, y otras muy difícilmente superables para un país pequeño como éste. Políticas consultó también a algunos de los deportistas que viajarán a Inglaterra y al director técnico de la selección de fútbol, Óscar Washington Tabárez.

Si hay algo que a Ernesto Irurueta le molesta es que se diga que el Estado uruguayo no apoya a sus deportistas: “Eso es rotundamente falso. Puede ser que no lo hagamos en la cantidad y la forma en que nos gustaría, sobre todo a los deportistas de alto rendimiento y a los proyectos de desarrollo que logren aumentar la cantidad de atletas y la calidad de la oferta, pero bajo las dos últimas administraciones hemos hecho un gran esfuerzo”.

Entre 2005 y 2012 la Dinade multiplicó casi por nueve su presupuesto, que pasó de 1,7 a 15 millones de dólares, lo que se reflejó en un apoyo sustancialmente mayor a las 56 federaciones deportivas existentes en el país. Las 20 que compitieron para llegar a Londres 2012 recibieron un total de 720 mil dólares de parte de la Dirección Nacional de Deportes. “Se buscó desarrollar las distintas actividades que enfrentan y ayudar al deportista que entrene en el extran-

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Entre 2005 y 2012 la Dinade multiplicó casi por nueve su presupuesto, que pasó de 1,7 a 15 millones de dólares, lo que se reflejó en un apoyo sustancialmente mayor a las 56 federaciones deportivas existentes en el país. Las 20 que compitieron para llegar a Londres 2012 recibieron un total de 720 mil dólares de parte de la Dirección Nacional de Deportes.

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Uruguay de cara a los Juegos Olímpicos de Londres

jero a pagar tanto su traslado como el del cuerpo técnico.”

La suma no es en sí misma demasiado elevada, “pero para Uruguay es importante”, asegura Irurueta.

Lo importante es competir “En la Dinade pensamos que sólo el hecho de estar presentes en Londres ya es un logro. Hay que tener conciencia de la dificultad que representa esta competencia, por los niveles de entrenamiento que exige y por el número creciente de países que luchan por obtener una clasificación.”

Ir a los Juegos con la expectativa de conseguir medallas sería un error, piensa el director nacional de Deportes. “De oro sólo obtuvimos dos, y las dos en fútbol, hace más de ochenta años, en 1924 y 1928, y desde el 28 que no competimos en esa disciplina”, recuerda.

Con el objetivo de lograr una mejor preparación de los atletas de alto rendimiento, el Ministerio de Turismo y Deporte instrumentó, junto al Comité Olímpico Uruguayo (COU), la Fundación Deporte Uruguay, instalada en el anterior período de gobierno. “Con el COU hemos venido trabajando en todos los eventos amateurs en los que el país participa a nivel internacional (Juegos Odesur, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos), pero la creación de la fundación tiene como objetivo mejorar la preparación de nuestros deportistas para que lleguen lo mejor posible a las instancias clasificatorias, y continuar brindando apoyo a aquellos que logren la clasificación”.

La fundación otorgó unos 170 mil dólares a las 13 federaciones que tendrán representantes en los XXX Juegos Olímpicos. La mayor parte de esa cifra (115 mil dólares) fue destinada a la preparación de los atletas y a su traslado y alimentación; el resto (54 mil dólares) se repartió entre los deportistas clasificados que no obtuvieron alguna de las becas que otorga el Comité Olímpico Internacional a los atletas que cumplen con ciertos requisitos (Andrés Silva y Déborah Rodríguez en el caso uruguayo). “Se resolvió equiparar para que todos tengan apoyo a través de la fundación”, señala Irurueta,

Óscar Tabárez No vender humo El director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Tabárez, indicó que para estos juegos Uruguay apostó a ir con la mejor delegación posible, pero llamó al público a no ilusionarse con obtener una medalla. “Amerita concurrir con el máximo potencial establecido por las normas olímpicas, y a eso nos abocamos. Es esencial que jugadores de la selección mayor participen en Londres para potenciar al equipo en forma colectiva. También es importante que digan presente los cuatro o cinco futbolistas menores de 23 años que ya integran el proceso con nosotros en la selección mayor. A ellos se les debe sumar el resto de los jugadores que sean citados para completar el plantel definitivo de 18 integrantes, más los que irán en carácter de reserva.”

Tabárez explicó por qué Luis Suárez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Egidio Arévalo Ríos fueron finalmente los jugadores mayores de 23 elegidos para integrar la selección olímpica. “Suárez y Cavani son jugadores jóvenes que tienen muchos años de selección y son referentes del plantel. Muslera tiene más años que ellos, pero por ser golero se relativiza su experiencia, y Arévalo Ríos fue elegido por razones de plantel, porque no hay un jugador tan consolidado en su puesto. Para la citación se establecieron criterios y todo el plantel mayor tenía en claro esos criterios.”

Según Tabárez, la selección uruguaya no se plantea objetivos ambiciosos. “Somos muy inferiores a Brasil, México y España. Sabemos del equipo que llevamos, qué futuro tiene el equipo como tal. Finaliza Londres 2012 y se termina esta selección de jugadores, aunque queda la posibilidad de incorporar a algunos a la selección mayor. El afirmar que saldremos últimos o primeros es vender humo. Nos vamos a preparar como siempre lo hemos hecho y luego veremos qué pasa. En la cancha se sabrá qué puesto ocuparemos en Londres.” ￭

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Uruguay de cara a los Juegos Olímpicos de Londres

Dos atletas hablan de sus objetivos Jorge Soto Entre los primeros 20 El ciclista Jorge Soto está entrenando en Pamplona, España, con el objetivo de aclimatarse al verano europeo y llegar a los Juegos con la mejor preparación posible. Durante su estadía en España percibe una beca de 600 dólares mensuales de la Fundación Deporte Uruguay, un monto exiguo, según dice el deportista a Políticas, “por el alto costo de vida en Europa”. Una bicicleta de competencia cuesta 10 mil dólares, y Soto pudo adquirirla “gracias a un convenio publicitario con una empresa privada”.

La preparación consistió en un mes de entrenamiento en Montevideo, realizado con el preparador físico de la Federación Ciclista, Gustavo Pintos.

Soto logró la clasificación en 2011. “Ninguna disciplina de ciclismo clasifica a título personal, se obtiene para el país. Luego la Federación Ciclista me confirmó por el cupo logrado. Mi competencia en los Juegos Olímpicos será en 250 kilómetros de ruta. La expectativa primordial es terminar la carrera, y si lograra posicionarme en los primeros 20 lugares sería como ganar una medalla.”

antes de mencionar también los convenios firmados con países como México y España. “Es difícil cuantificar en dinero lo que significa ese apoyo, pero es indudable que a la larga cuenta.

Nosotros pagamos los traslados y los países corren con los gastos de alojamiento, estadía y entrenamiento.”

Construyendo a largo plazo También se llevaron a cabo inversiones que redundan en mejores condiciones de trabajo para los deportistas. “La Dirección Nacional de Deportes logró comprar un piso para la Federación Uruguaya de Gimnasia, un bote para que los remeros entrenen en el exterior y otros para usufructo de la Federación Uruguaya de Remo”, destaca Irurueta.

En otro orden de cosas, la Fundación Deporte Uruguay realizó llamados para la contratación de tres técnicos (un psicólogo deportivo, un metodólogo y un evaluador deportivo) que colaborarán en la planificación del entrenamiento de las federaciones. “Pretendemos implementar un sistema integral para que cada deportista y federación se sientan con una cobertura mayor para entrenar, cosa que Uruguay jamás ha tenido. No es algo pensado para Londres 2012 sino a largo plazo, para tener mejor perspectiva y apuntar a Rio 2016 o a los siguientes Juegos Olímpicos. Queremos dejar instalado un sistema deportivo que no caiga con el tiempo”, apunta Irurueta.

Finalmente, destaca la aprobación, a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Ley de Promoción del Deporte, que involucra al sector privado en el desarrollo de las distintas disciplinas y cuyos efectos se verán a mediano y largo plazo. “Es un instrumento que el sistema deportivo tendrá para que sea más fácil captar inversión de empresas privadas, porque tiene beneficios tributarios muy importantes. Es un esfuerzo fiscal que el gobierno está haciendo en procura de contribuir al desarrollo de proyectos deportivos.” ￭

Déborah Rodríguez Bajar el récord nacional La atleta Déborah Rodríguez está entrenando junto a Andrés Silva en el Campus de Maldonado, de cara a su competición en 400 metros con vallas, carrera que tendrá lugar el 5 de agosto. Antes de llegar a Londres entrenará en Brasil y competirá en Colombia.

Rodríguez consiguió la clasificación a través de una invitación especial –wild card– por ser la atleta femenina mejor ubicada a nivel nacional. “Por tener sólo 19 años de edad y ser mi primer juego olímpico, mi objetivo es igualar o bajar el récord nacional en 400 metros con vallas, que está en 58,63 segundos”, resume a Políticas.

La delegación De los 28 atletas que representarán a Uruguay en Londres, 18 integran el plantel de fútbol. “El resto de los atletas proviene de disciplinas históricas para el país –natación, ciclismo, remo, yachting y atletismo–, con excepción del judo, un deporte no tradicional en los Juegos Olímpicos”, explica Ernesto Irurueta. “El número es alto en relación con la historia nacional en los Juegos”, añade.

En yachting competirán Alejandro Foglia en láser standard masculino y Andrea Foglia en láser radial femenino.

En remo double sculls masculino competirán Rodolfo Collazo y Emiliano Dumestre.

En atletismo lo harán Andrés Silva y Déborah Rodríguez.

Gabriel y Martín Melconian participarán en natación.

En ciclismo de ruta estará presente Jorge Soto.

En judo hasta 90 kilos competirá Juan Romero.

Existe expectativa de conseguir una wild card (invitación) para tener representación en tiro y en deporte ecuestre. Las duplas femeninas y masculinas de vóleybol de playa disputaban la repesca olímpica en Rusia entre el 27 de junio y el 3 de julio.

Alejandro Foglia y Roberto Collazo participarán por tercera vez en los Juegos Olímpicos, mientras Gabriel Melconian y Andrés Silva tendrán su segunda presencia.

Para un país como Uruguay, ubicar a sus atletas entre los primeros veinte de una disciplina sería un éxito, señala el director nacional de Deportes. “Estar en el número 17 del mundo, como el caso de los remeros, es trascendente. El hecho de conservar ese lugar, o mejorarlo uno o dos puestos, sería muy importante para el país y para el deportista.”￭

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Una selección de proyectos, leyes y decretos

Marco y Norma

Decretos Generación de energía eólica

Beneficios para consumidores industriales

(Para acceder a este decreto: http://archivo.presidencia.gub. uy/sci/decretos/2012/06/mtss_342.pdf)

En mayo se aprobó un decreto estableciendo la posibilidad de que los consumidores industriales que generen energía eléctrica de fuente eólica hagan contratos de compraventa con UTE. Se reconocen tres modalidades posibles para la contratación: generación en el propio predio, generación fuera del predio y generación en asociación.

A quienes generen electricidad en su propio predio UTE les comprará la energía que sea entregada a su red en régimen de exclusividad, y la empresa venderá al consumidor industrial la energía necesaria para respaldar la actividad que desarrolla. El precio a pagar será igual al precio más bajo de las ofertas que hayan resultado adjudicadas en el último procedimiento competitivo de energía eléctrica de origen eólico.

La potencia máxima a instalar oscilará entre 60 y 150 kilovatios.

Aquellos consumidores industriales que instalen la generación eólica fuera del predio de su emprendimiento, en el momento de firmar el contrato con UTE deberán optar por dos alternativas referentes a la potencia máxima a instalar, que variará entre 60 y 150 kilovatios.

Los consumidores industriales también podrán asociarse para generar energía. El precio a abonar por la energía y potencia demandadas será el mismo que estén abonando los consumidores industriales de acuerdo al pliego tarifario.

En las tres categorías, los proveedores podrán elegir la duración del contrato, que se extenderá hasta un máximo de veinte años.

El consumidor beneficiario deberá hacerse cargo de todos los costos de conexión y de las ampliaciones que fueran requeridas en la red de interconexión.

Promoción y fomento del cooperativismo

(Para acceder a este decreto: http://archivo.presidencia. gub.uy/sci/decretos/2012/05/miem_589.pdf)

La Base de Prestaciones y Contribuciones pasa a 2.417 pesos

Aumentan jubilaciones y pensiones A partir de este 1 de julio el monto mínimo de unas 90 mil jubilaciones y 10 mil pensiones otorgadas por el Banco de Previsión Social (BPS) fue establecido por decreto en 2,25 bases de prestaciones y contribuciones (BPC). En función de los aumentos operados en los últimos cuatro años, personas que hasta hoy a lo sumo recibían 800 pesos mensuales pasarán a cobrar 5.438.

Quedan excluidos de la aplicación del aumento los jubilados que perciban otra pasividad en el BPS cuyos montos superen el mínimo establecido, los jubilados no residentes en el país, los jubilados amparados en convenios internacionales cuyo cómputo jubilatorio se integre con menos del 50% de servicios de afiliación al BPS, y los jubilados amparados en la acumulación de servicios dispuesta por la ley 17.819, cuyo cómputo jubilatorio se integre con menos del 50% de servicios de afiliación al BPS. En casos de pasividades múltiples, cuyo importe acumulado no supere el mínimo estipulado, la diferencia hasta

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alcanzar ese mínimo se acreditará en la jubilación, o en la de mayor monto.

Se creó el Inacoop

La creación del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), aprobada por decreto el 13 de junio, finaliza un proceso iniciado por el movimiento cooperativo uruguayo para la aprobación de un marco normativo general, que se tradujo en la ley 18.407, y la generación de una nueva institucionalidad en materia de promoción y fomento del cooperativismo.

El marco jurídico general del decreto establece, entre otros tópicos, los principios rectores y definiciones fundamentales que hacen a la naturaleza e identidad de las cooperativas, y todo lo atinente a su constitución, inscripción, personalidad jurídica, funcionamiento, administración, régimen económico-patrimonial, régimen de control y liquidación y nuevas modalidades organizativas.

Así, el decreto comienza por determinar qué disposiciones rigen para los socios trabajadores de las cooperativas que al mismo tiempo participan en cooperativas de usuarios. También determina el procedimiento excepcional de transformación de las cooperativas en entidades de otra naturaleza, fijando un orden a la intervención del Inacoop y de la Auditoría Interna de la Nación.

Detalla el contenido que debe reunir la memoria anual que el consejo directivo de una cooperativa tiene que presentar a la asamblea general, de forma tal que pueda evaluarse el grado de avance en el cumplimiento de los principios cooperativos. Y establece los medios de publicidad de las convocatorias a asamblea, de manera de garantizar una difusión suficiente entre los socios.

Por otra parte, regula el régimen económico, precisando puntos tales como la forma de absorción de pérdidas o de distribución de excedentes, las condiciones de emisión de obligaciones de oferta pública o privada, la forma de llevar los libros sociales y contables, y los procedimientos a seguir en casos de acordarse la fusión o incorporación entre cooperativas.

En otra sección del decreto, que regula las diversas clases de cooperativas, se encuentra una reglamentación detallada de las cooperativas de vivienda y sociales que sustituye la proveniente de decretos anteriores, así como también nuevas regulaciones y exigencias para las cooperativas de ahorro y crédito.

Proyectos de ley Diálogo por seguridad social

Bases para compatibilizar jubilación y trabajo El gobierno puso a consideración parlamentaria el proyecto de ley de jubilaciones complementarias, mediante el cual los jubilados del sector de industria y comercio podrán reingresar al mercado laboral para capacitar a los trabajadores jóvenes, garantizándose sus derechos laborales, jubilatorios y de acceso al Sistema Integrado de

Marco y Norma

Salud (conservarán, por ejemplo, los beneficios de los que gozaban en cantidad de órdenes y tiques gratuitos).

El sistema acordado incluye la instalación de un régimen voluntario de reingreso al mercado laboral, tanto para los jubilados como para las empresas, que obliga a los empresarios a captar un joven trabajador por cada reingreso de un jubilado en un plazo no mayor a los 12 meses.

La jornada laboral de los jubilados que vuelvan a ocupar un puesto de trabajo será de seis horas. Por cada hora de trabajo percibirá lo mismo que cobraba antes de jubilarse.

Las empresas que adhieran al sistema no podrán reingresar más del 10% de su plantilla actual de trabajo. Cada reingreso servirá para aumentar la plantilla. Un jubilado podrá permanecer en el sistema por un máximo de dos años.

El acuerdo también contempla un paquete de estímulos para el jubilado. Cuando se retire de forma definitiva recibirá una compensación por única vez que será igual al promedio del nominal del período de reingreso a su empresa. El Banco de Previsión Social deberá además abonarle una jubilación igual o superior a la percibida antes de ingresar al sistema.

(Este proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.)

Contención a menores infractores

Se completa la integración del SIRPA El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que modifica la ley 18.771, relativa a la creación y funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA).

El texto indica que los tres miembros de la comisión delegada (un presidente y dos directores) serán designados por el directorio del SIRPA, se los considerará cargos de particular confianza y serán rentados.

La comisión sesionará con un quórum de dos de sus integrantes y resolverá los casos por mayoría. Ante un eventual empate el presidente tendrá voto doble. El sueldo que percibirán los miembros del organismo será igual al del presidente del INAU; los tres tendrán que recibir una remuneración complementaria por dedicación permanente y por gastos de representación. Cada uno de los miembros del organismo podrá contar con hasta dos asistentes para desempeñar tareas de apoyo directo.

(Este proyecto se encuentra a estudio de la presidencia de la Asamblea General.)

Leyes Acuerdo para contrataciones entre Uruguay y Chile

Un paso en pro de la integración El Senado promulgó en mayo la ley 18.909, por la cual se aprueba el acuerdo de contratación pública firmado entre Uruguay y Chile en enero de 2009.

En virtud de ese acuerdo, Chile y Uruguay se comprometen a otorgar trato nacional a los proveedores de ambos países.

Los proveedores uruguayos podrán así acceder a las mismas ventajas de que actualmente gozan los proveedores chilenos en su mercado interno, y viceversa, un beneficio que dará a unos y otros ventajas respecto a sus competidores de terceros países.

Los gobiernos serán garantes de que la disposición se cumpla de manera transparente, base sustancial de una política de atracción de inversión extranjera, según se dice en la norma.

El acuerdo plasma los principios de no discriminación y transparencia en los procesos de contratación pública, uniformiza los plazos para la presentación de ofertas, fija la licitación pública como regla general de la contratación y reafirma el derecho a recurrir ante una autoridad jurisdiccional independiente frente a cualquier diferendo.

Una Comisión de Contratación Pública velará por la aplicación adecuada del convenio.

(Para acceder a esta ley: http://archivo.presidencia.gub.uy/ sci/leyes/2012/05/mrree_1712.pdf)

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