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OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS INFORME 2013
INFORME 2013 OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO POLÍTICO, SOCIAL Y ARMADO INTERNO — PAVIP
Programa de Acompañamiento e Intervención Integral a Víctimas del Conflicto Político, Social y Armado Interno Carrera 10 No. 8 -38 Piso 2 Neiva – Huila pavip@usco.edu.co / pavipsurblogspot.com Corporación de Abogados y Profesionales Surcolombianos CAPS. Carrera 10 No. 8 -38 Piso 2 Neiva – Huila www.abogadossurcolombianos.org Fernando Iván Ruiz Perdomo Coordinador PAVIP Eduard Lixander Ortiz Gaona Corporación de Abogados y Profesionales Surcolombianos CAPS BIMEDIA ESTUDIO Diseño y Acabados Cra 3 No. 11 – 15 Neiva - Huila La realización de esta publicación se logró gracias al apoyo económico de Forum Syd Colombia. Se permite la reproducción total o parcial de este documento con la debida referencia y crédito de los autores para fines informativos y educativos. Este documento es responsabilidad exclusiva de sus autores y de ningún modo puede considerarse que refleja la posición del Programa de Acompañamiento e Intervención Integral a Víctimas del Conflicto Político, Social y Armado Interno PAVIP, ni de sus copartes, ni de los financiadores que apoyan esta publicación.
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1. Presentación ……………………………………...……….5 2. Contexto …………………………………………………..11 3. Oficina de Atención ……………………………………..17 4. Áreas de Práctica ………………………………………..21 5. Anexos …………………………………………………….25
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1. Presentaci贸n
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esde el año 2010 diferentes entidades, agencias y organizaciones convocadas por la Universidad Surcolombiana USCO, iniciaron un proceso de concertación para la definición de un programa que lograra articular los diferentes esfuerzos, acciones y proyectos que se venían realizando para la exigibilidad de derechos de las víctimas. Es así como nace el Programa de Acompañamiento e Intervención Integral a Víctimas del Conflicto Político, Social y Armado Interno – PAVIP, cuyo propósito general consiste en lograr un mayor acceso a la justicia y a un goce efectivo de derechos mediante la intervención jurídica, psicosocial y la asistencia técnica para el desarrollo humano sostenible, la formación académica, el análisis, la investigación, el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y la incidencia en políticas públicas. El proceso de atención planteado desde el PAVIP prioriza acciones en los tres niveles de desvictimización(1) que debe adelantar un centro de victimoasistencia, partiendo de cinco ejes estratégicos: 1).Académico y de formación, 2).Atención jurídica, psicosocial y técnica para el desarrollo humano sostenible, 3). Análisis e investigación, 4). Alianzas Estratégicas y 5). Estrategia de Comunicación. Cada uno de estos ejes tendrá una perspectiva de género y se desarrollará con enfoques diferenciales dirigidos a ciertos sectores poblacionales de especial protección como son las y los desplazados, jóvenes, las niñas y los niños, las mujeres, las minorías étnicas y comunidades campesinas.
Estos esfuerzos de articulación de las copartes de PAVIP coincidieron con los del Estado Colombiano que expidió la ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de víctimas y de restitución de tierras”, la cual representó un avance importante en materia de exigibilidad de derechos de las víctimas ya que hoy cuentan con un estatuto de protección, que pese a los cuestionamientos o limitaciones, busca saldar la deuda histórica, garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas y convertirse en un aporte para la paz que posibilite la reconciliación nacional.
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En ese contexto, en el mes de septiembre de 2012 se da apertura a la oficina de atención a víctimas brindando consulta y acompañamiento jurídico a esta población, gracias a la vinculación de los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades Cooperativa, Antonio Nariño y Surcolombiana, quienes a su vez, contaron con la asesoría de los abogados-as de la Corporación de Abogados y Profesionales Surcolombianos CAPS y el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia OBSURDH. Esta experiencia, sin par en la región, se convierte en un esfuerzo pedagógico, académico, investigativo y de incidencia, que acompaña a las víctimas en la reclamación de derechos para su dignificación. Por ello, valga la oportunidad para expresar nuestros agradecimientos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, ONU Mujeres, Forum Syd, la Defensoría del Pueblo Regional Huila, la Personería Municipal de Neiva, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Surcolombiana, entre otros, por su disposición y por sus generosos apoyos que han posibilitado y cristalizado esta iniciativa.
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2. Contexto
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l departamento de Huila está localizado al suroriente del país en la región andina; tiene una extensión de 19.900 kilómetros cuadrados, que representa el 1,8% de la superficie total de Colombia. Está conformado por 37 municipios. Cuenta con una población estimada por el DANE para el año 2012 de 1’111.947 habitantes, de los cuales el 59,88% (665.880) está localizado en zonas urbanas y un 40,12% (446.067) en zona rural. 558.176 son hombres (50,2%) y 553.771 son mujeres (49,8%). En su mayoría, la población es mestiza. Según el censo - 2005, el 1,05% de la población es indígena pertenecientes a seis pueblos(2) y el 1,17% afrocolombiana. Su ubicación geoestratégica y la importancia del control territorial de la región, la convierten en una de las zonas actualmente con mayor presencia de los grupos armados, y, por ende, de incidencia del conflicto armado. Huila permite conectar el centro con el sur del país; es la entrada hacia el sur de Colombia, es la vía de acceso a importantes zonas de riqueza y es el cruce de corredores estratégicos(3) claves en relación con el conflicto armado. El Huila limita por el norte con Tolima (por este límite se constituye en vía directa hacia el distrito capital de Bogotá), por el oriente con Meta y Caquetá, por el sur con Cauca y por el occidente con Cauca y Tolima. Así, Huila se constituye en el cruce de cuatro corredores estratégicos: el primero es el del Sumapaz, que comunica la región con los departamentos de Meta y Cundinamarca, y con Bogotá; el segundo es el de la Amazonía Norte, que conecta la región con el noroccidente del Caquetá, Meta y la Cuenca del Orinoco, el tercero es el de la Amazonía sur, que comunica al Huila con Caquetá, Cauca y Putumayo. Finalmente, está el corredor pacifico, que comunica a este departamento con Tolima, Valle y la región del Pacífico(4). Dada su importancia estratégica, los efectos del Conflicto armado sobre la población civil han sido persistentes y de suma gravedad. De acuerdo con el consolidado de datos
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del Registro Único de Víctimas con corte a primero de junio de 2013, se encuentran incluidas 135.473 personas, de las cuales 66.319 son hombres, 67.107 son mujeres, 3 LGBTI y 2044 otros. Así mismo, el registro reporta 2.993 indígenas (2,20%), 1.268 gitanos (0.93%), 1.148 afrodescendientes (0,84%) y 2 Palenqueros (0.014%).
Gráfico No. 1
Respecto de la población en situación de desplazamiento forzado, el Departamento sigue siendo principalmente re-
Víctimas por Étnia Indígenas Gitanos/as Afrodescendientes Palenqueros/as Mestizos/as
Gráfico No. 2
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ceptor con una población de 120.296 personas, concentratadas principalmente en Neiva (51.715), Pitalito (18.755), Garzón (9.347), la Plata (3.806) y Campoalegre (3.191). En cuanto a la situación de expulsión, entre 2012 y 1 de junio de 2013, 5.114 personas se desplazaron forzadamen-
Recepción Población en Situación de Desplazamiento Forzado Neiva 27,85%
Pitalito 42,98%
Garzón La Plata
2,65%
Campoalegre
3,16%
Otros
7,77%
15,59%
Gráfico No. 3
te, para un consolidado de 88.243, siendo los municipios mas afectados Algeciras con 11.236, Neiva con 10.138, Colombia con 7.230, Pitalito con 5.862, Garzón con 4.861 y Baraya con 4.027.
Gráfico No. 4
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Así mismo, se reporta un total de 148.484 hechos victimizantes, de los cuales son 126.832 por desplazamiento forzado, 13.405 por homicidio-masacre, 2.930 por amenaza, 2.676 por abandono o despojo forzado de Tierras y 1.173 por desaparecimiento.
1% 9%
2% 2%
Desplazamiento
1% Homicidio/Masacre
Amenaza 85%
Abonadono/Despojo Forzado de Tierras
Desaparición Forzada Otros
Gráfico No. 5
De otro lado, sigue siendo recurrente la necesidad de mejorar la atención a las víctimas, pues de acuerdo con el informe de seguimiento a la Implementación a la ley de víctimas en la ciudad de Neiva (PAVIP 2013) se indico que: “resulta relevante prestar atención a las falencias que se estarían presentando respecto al tema de la atención, entendida por la Ley como “la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación” (Ley de víctimas y restitución de tierras, 2011 p.36). Ya que fue común escuchar por parte de las víctimas durante la aplicación de la encuesta, su inconformidad con la entrega de la información en las instituciones y con las pocas explicaciones que les están dando para la solución de sus casos.
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Por otra parte es importante exponer que según los resultados de la encuesta, la población calificó como Buena la atención recibida en el momento de la presentación de su declaración, destacando en términos generales que se les trató con respeto, amabilidad y actitud de escucha. Sin embargo, aunque la mayoría de los participantes no tuvieron que presentar algún recurso de reposición o apelación, manifestaron una percepción difícil del proceso de solicitud para ser incluidos en el Registro único de víctimas. Esto debido principalmente a las demoras para poder presentar la declaración, a las largas filas que deben hacer para obtener los turnos que les permiten ser atendidos y al hecho de que no reciben ningún tipo de acompañamiento jurídico durante el proceso”. Así las cosas, pese a los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo, las Personerías Municipales, el PAVIP, entre otras instituciones, siguen existiendo vacíos en la atención y especialmente, en la asesoría y acompañamiento jurídico de las víctimas, lo que exige mejorar los procesos, la coordinación y la ampliación de la oferta para lograr una mayor inclusión y acompañamiento.
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3. Oficina de Atenci贸n
Capacidad Instalada.
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l segundo de los ejes de acción de PAVIP es el de atención jurídica, psicosocial y técnica para el desarrollo humano sostenible, cuyo objetivo principal establece: “Promover el acceso de las víctimas en condiciones de dignidad a los procesos de exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos, para disminuir los niveles de impunidad sobre los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado interno, eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer, y contribuir a la democracia y la paz, mediante la intervención jurídica, psicosocial y la asistencia técnica para el desarrollo humano sostenible”. En ese sentido, el PAVIP se propuso crear una oficina de atención y definir una estrategia de acompañamiento jurídico a las víctimas, metas que ya fueron cumplidos con la apertura de la oficina el 19 de septiembre de 2012 que funcionó, entre septiembre y diciembre de 2012 en la sede del consultorio jurídico de la universidad Antonio Nariño (calle 9 No. 8-51) y entre enero y diciembre de 2013 en las oficinas de la Corporación de Abogados y Profesionales Surcolombianos CAPS y el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia OBSURDH (Carrera 10 No. 8— 38 Piso 2). Es de resaltar que el PAVIP aún no cuenta con una sede propia que ofrezca mejores posibilidades para la atención en condiciones de dignidad y confidencialidad. En cuanto a equipos y mobiliario, actualmente solo se cuenta con dos computadores y una impresora en calidad de comodato facilitada por el ACNUR, sin muebles, sillas, software para la sistematización, entre otras cosas que se requieren con urgencia para un normal desarrollo de la oficina. La atención se dio de lunes a viernes en media jornada (por las mañanas) ya que no contamos con mucho personal y estuvo a cargo de los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades Surcolombiana, Cooperativa y Antonio Nariño a quienes se les brindó capacitación anual en los temas de: DDHH, DIH, Derechos de las Víctimas,
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Desplazamiento Forzado, Justicia de Genero, Violencias contra las mujeres y Derecho de los Pueblos. Los estudiantes a su vez, al igual que las víctimas, contaron con la atención y la asesoría de las y los abogados/as de la Corporación de Abogados y Profesionales Surcolombianos CAPS y el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia OBSURDH, quienes actuaron como consultorio de segundo piso.
Participación Estudiantes por Universidad 8,90% Universidad Antonio Nariño 22,22% 68,88%
Universidad Surcolombiana Universidad Cooperativa
Tras el primer año de funcionamiento de la oficina de atención, en medio de las dificultades presentadas por la débil capacidad instalada del programa, el número de personas atendidas y con acompañamiento jurídico es significativo, lo que evidencia la necesidad de seguir trabajando por fortalecer la experiencia en la perspectiva de mejorar, ampliar la oferta y lograr vincular a nuevas familias que aún no han podido hacerse participes del proceso. A la fecha de cierre del presente informe, se han atendido a 460 victimas, de las cuales 239 son hombres, 220 son mujeres y 1 LGBTI.
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Así mismo, se han absuelto 505 consultas, que incluyen la gestión de 250 derechos de petición, 33 acciones de tutela 9 recursos de reposición o apelación, 1 Denuncia Penal y 1 Demanda Civil.
Víctimas Atendidas 0,20%
47,80% 52,00%
Mujeres Hombres LGBTI
El seguimiento de peticiones y acciones esta supeditado a que, una vez notificada la respuesta por la entidad al usuario, éste proceda a ponerla en conocimiento de la oficina, ya que toda petición es entregada al usuario y es quien se encuentra legitimado para radicarla y reclamar la contestación correspondiente ofrecida por la entidad.
Gestiones Realizadas 500 0
Gestiones Realizadas 20
4. ร reas de Prรกctica
Áreas de Practica
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eniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 1148, desde la Oficina de Atención Integral se brinda asesoría y acompañamiento jurídico en:
1. El proceso declaración – valoración – inclusión en el registro único de población víctima RUV. 2. Las medidas de atención, ayuda humanitaria y asistencia. 3. Las medidas de reparación integral: Restitución de tierras, indemnización administrativa, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
No obstante la amplitud de la asesoría, la mayoría de la atención se concentra en la exigibilidad de la Ayuda Humanitaria en sus diferentes modalidades, con 270 consultas. En su orden, es la indemnización administrativa la consulta que en segundo lugar ocupa las labores de la oficina, con un total de 89 absueltas. En cuanto a la restitución de tierras, el nivel de consultas es mínimo, solo 11 en este periodo. Se evidencia desconocimiento sobre el tema y preocupación ante el hecho que la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras no hace presencia formal en el departamento cuya oficina más cercana se encuentra en el municipio de Ibagué. Todo el esfuerzo de asesoría y acompañamiento jurídico ha significado que, desde la apertura de la oficina, los usuarios-as hayan manifestado su satisfacción con que el fenómeno de los “tramitadores” se ha disminuido gracias al acompañamiento gratuito recibido desde el PAVIP. Aunque la ubicación de la oficina en el momento no evita la eliminación por completo de esta estructura de personas que cobran a la población víctima por sus servicios, entre 20.000 mil pesos y 90.000 mil pesos por la elaboración de peticiones, recursos y tutelas, si ha logrado incidir en la situación. De otra parte, dichas cifras resultan escandalosas
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Área de Práctica Otros Restitució… Indemniza… Ayuda… 0
Área de Práctica 200
400
si se tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad en que normalmente se encuentran las víctimas, quienes se ven abocadas a estos servicios ante la imposibilidad de acceder a una atención gratuita.
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5. Anexos
Listado de Referencias (1)
(2)
(3)
(4)
“De los modelos definidos por las funciones, Dussich (2007) afirma que existen tres comunes a los centros de asistencia a víctimas. Las funciones primarias, que son acciones destinadas a gestionar medidas inmediatas ante el evento de victimización, la mayoría de ellas destinadas a proveer seguridad, asistencia humanitaria, medidas sanitarias y atención en crisis. Las funciones secundarias, que son medidas de acción de largo alcance por ejemplo la relación de la víctima con el sistema judicial y medidas de recuperación o consejería a víctimas. Las funciones terciarias, que son acciones tanto de largo como de corto plazo, pero que tienen relación con planificadores, educadores y acciones comunitarias”. Modelos de Atención A víctimas de Delitos: revisión conceptual y observación de la experiencia de tres centros de victimoasistencia en la ciudad de Bogotá. Daniel Fernando Bocanegra Bayona y Dary Lucia Esperanza Nieto Zua. Universidad Santo Tomas. Mayo de 2010. Nasa-Paez, Guambianos-Paez; Yanacona; TamaPaéz y Pijao, ubicados en 10 municipios. En Huila se encuentran 14 resguardos, también existen comunidades indígenas reconocidas ubicadas en los municipios de Santa María, San Agustín y Timaná, entre otros. Vicepresidencia de la República. Diagnóstico del Huila, 2003-2008, p. 2. Fuente: Diagnostico Departamental Huila. Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH 20032008, donde cita: Gobernación del Huila, Corporación Arco Iris y Huila Unido. Programa de Desarrollo y Paz del Departamento del Huila y del Piedemonte Amazónico. Pag. 2. http://www.derechoshumanos.gov.co/ Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/20032008/huila.pdf
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