Semanario Voz

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Marx, ilustrado

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LA VERDAD DEL PUEBLO

$2.200

FUNDADO EN 1957. EDICIÓN 2981 SEMANA DEL 22 AL 28 DE MAYO DE 2019 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO - www.semanariovoz.com

Vicisitudes de un intento de extradición El revolcón que generó en el país la recaptura de Jesús Santrich, pone en cuestión el tipo de democracia que hoy se cimienta en Colombia. ¿Qué intereses están en los intentos de extradición de este firmante de la paz y congresista de la FARC? Página/ 3 Activistas reclaman libertad de Jesús Santrich.

Acuerdos entre Gobierno y Fecode

Buenaventura no se rinde Puntos relacionados con el bienestar de todos los colombianos, son los principales logros de los docentes en la mesa de negociación. La educación pública continúa como lo fundamental.

Se cumplen dos años de la movilización social que paralizó el principal puerto del Pacífico colombiano. Cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno nacional para superar la crisis humanitaria, son las exigencias de la población bonaverense.

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Visión

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/2 –¿Por qué es importante tener un material teórico de Marx en un formato que se oferta como distinto y novedoso? –Estamos en una época de grandes movimientos sociales y manifestaciones importantes contra las consecuencias del desarrollo del capitalismo en el mundo. Pero lo que hay que combatir son las causas de todos esos males, es decir el capitalismo en sí mismo. El problema es que la teoría revolucionaria en general ha sufrido de décadas de propaganda negra y el proyecto revolucionario es visto como algo condenable o en el mejor de los casos como algo irrelevante. Hoy más que nunca la teoría marxista es vigente, pero tenemos que vencer los obstáculos históricos que han impedido que la gente la conozca y la interiorice. La revolución como alternativa

Ilustración del libro, Marx: Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel.

Editorial Teoría & Praxis

Marx, ilustrado para la gente REDACCIюN CULTURAL

E

Cartas

n la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo 2019, el stand de la editorial Teoría & Praxis estrenó lo que sería uno de los materiales más vendidos en el marco de la exposición cultural más importante de la ciudad. Con el título, Marx: Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel, se ofertó con éxito un pequeño folleto teórico e ilustrado sobre la clásica obra de Karl Marx escrita en 1843. El autor del texto, Yuldor Lizara zo, militante de la Juventud

Comunista, JUCO, desempeña actividades en el área de comunicaciones tanto en la organización juvenil como en la política del Partido Comunista. VOZ conversó con el joven ilustrador sobre el proceso de elaboración del texto, la importancia de nuevos materiales teóricos y las expectativas a futuro de esta importante iniciativa editorial. –¿Cómo nace la iniciativa de elaborar un libro sobre Marx utilizando la herramienta de la ilustración digital?

Conferencia ideológica FARC Excelente presentación de la edición 2930 (2980 realmente, ya que por error se escribió 2930. Nota de VOZ) con el nuevo papel, pero hay que hacer un gran esfuerzo intelectual para mejorar su contenido ideológico, es un momento crucial para el debate y aportar ideas en la lucha revolucionaria. Ahí les hago un aporte de “desarchivo”. ¿Por qué una conferencia extraordinaria ideológica? La conferencia nacional ideológica del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se debe realizar porque no se puede negar que existe una crisis del proceso de paz, se puede decir que terminó la guerra, pero su proceso de implementación es todo un fracaso y más aún atravesamos un momento político electoral donde se definió un gobierno de ultraderecha que anunció y lo está cumpliendo, volver trizas el débil proceso de paz. Se trata de una conferencia extraordinaria donde todo el partido debe tensionarse escuchando todas las opiniones críticas y autocríticas en un espíritu unitario que sepa entender las condiciones objetivas difíciles por las que atraviesa el partido en la actualidad política; la conferencia debe destacar el espíritu fariano de unidad, combatividad, solida-

–El libro nace de una propuesta de la editorial que buscaba llevar la teoría política a nuevos lectores. En un primer momento se pensó un libro de caricaturas similar a los libros “para principiantes” de Rius. Pero luego vimos la necesidad de difundir la teoría sin filtros, por eso el libro trae un texto de Marx que es el protagonista y la ilustración es un complemento que ayuda a acercarse al autor y al contexto en el que escribió el texto para comprenderlo de una forma más amplia.

ridad y de lucha por los cambios sociales que requiere nuestra patria. En especial es urgente trabajar el tema realizando un foro nacional con expertos nacionales e internacionales sobre la extradición para que sus conclusiones sirvan de insumo a un proyecto de ley que se presente en la legislatura, pero también se debe apuntar a la libertad de los prisioneros políticos que aún faltan y la repatriación humanitaria de Simón Trinidad. Atentamente Uldarico Flórez Peña, vía email. Retablo La película hablada íntegramente en quechua, Retablo, se estrenó este jueves 16 de mayo en cines comerciales del país. La cinta viene de ganar 22 premios internacionales, destacando el “Teddy Awards” del Festival de Cine de Berlín. Retablo cuenta cómo el retablista Noé intenta inculcar el oficio familiar a su hijo Segundo, un adolescente que vive en Ayacucho. La historia toma un giro inesperado cuando el pueblo se entera del secreto de Noé. El largometraje cuenta con la participación de los actores Junior Béjar y Amiel Cayo. A este elenco se suma la reconocida artista ayacuchana Magaly Solier. La película de Álvaro

–¿A quién va dirigido el texto? –El texto es una crítica de la sociedad y del pensamiento dominante de la época, escrito por un Marx muy joven, con mucha energía y ambición. Iba dirigido a los jóvenes hegelianos, que eran los jóvenes más movilizados y críticos de la época. Y buscaba principalmente ofrecerles el camino de la revolución como una alternativa materialista de cambio. El texto en este contexto tiene el mismo objetivo; llegar a las personas inconformes. A todas aquellas que consideren que las cosas tienen que cambiar y estén dispuestas a contribuir en ese cambio. En especial a aquellas que no saben por dónde empezar. –¿Se cumplieron las expectativas con la Filbo? ¿Cuál es el siguiente paso, no solo del libro sino del trabajo en general? –En la feria del libro pusimos a prueba la idea. No solo en términos de ventas; también miramos a qué público le llegaba y qué críticas recibía. Me alegra decir que se cumplieron las expectativas en todos los aspectos: fue uno de los libros más vendidos de la editorial, interesó a las más diversas personas, desde estudiantes de colegio hasta profesores universitarios y las críticas en general fueron muy satisfactorias.

Delgado-Aparicio es una coproducción entre Perú, Alemania y Noruega. Retablo aborda temas como la herencia cultural, el amor y la homofobia. Esta ópera prima logró su exhibición en salas nacionales gracias al premio de distribución del Ministerio de Cultura. Atentamente, Programa de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, vía email. La recaptura País de cafres. La recaptura de Santrich es ilegal y arbitraria. Están violando la ley 1095/06, en su artículo 8° que dice: “Artículo 8°: Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La persona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del Hábeas Corpus”. Juzguen ustedes. Fue recapturado cuando todavía no había salido de la cárcel. La recaptura es ilegal según la norma citada. Atentamente Isidro Santos, vía Facebook.

DIRECTORA: Claudia Flórez Sepúlveda. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada - Óscar Sotelo - Renata Cabrales - Iván Posada P. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Durango - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. GERENTE: Édgar Rey Montañez. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. EMail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LXI. Distribución vía Avianca.


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Tema de la semana

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Vicisitudes de un intento de extradición El revolcón que generó la recaptura de Jesús Santrich en el país, pone la lupa en el tipo de democracia que se cimienta en Colombia CAROLINA TEJADA SЕNCHEZ

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on la recaptura de Jesús Santrich se evidencia un manoseo desde el Gobierno nacional a la independencia de los poderes públicos y el acatamiento de sus decisiones, la intención de acabar con los compromisos acordados en el proceso de paz, y la voluntad de entregar la soberanía a los intereses gringos. El calificativo de “República Bananera” que se ha usado desde el siglo XIX, para referirse de forma peyorativa a los países influenciados por EE.UU., cuya suerte estaba dada a la corrupción, la pobreza e inestabilidad democrática, fue traída por Jesús Santrich a la audiencia en donde se le pretendían presentar las nuevas pruebas que justifican su recaptura.

Jesús Santrich en la audiencia de imputación de cargos. Foto RCN Radio

La firmeza de la JEP La libertad que le concedió la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a Santrich es un ejercicio de respeto a la soberanía del país y al fuero interno en cuanto justicia especial, creada para garantizar la verdad y la justicia sobre el conflicto interno, en el marco del proceso de paz, y que no ha gustado mucho en aquellos sectores que hoy pretenden acallarla, pues esa misma justicia iría tras los autores intelectuales de diversos crímenes que hoy salpican las cúpulas militares, a congresistas y miembros del gabinete del nuevo gobierno. Lo de Santrich hoy representa un saboteo a los acuerdos de paz, y tiene una evidente intención de imponer, desde el Centro Democrático, la continuidad de la guerra en Colombia. VOZ dialogó con Benedicto González, dirigente del partido FARC, quien reemplaza a Santrich en la curul del Congreso: “Santrich está en el centro de unos intereses políticos que quieren acabar con el proceso de paz y con la JEP por parte de sectores que tendrían que compadecer ante ella, sobre algunos hechos del conflicto. Hay más de 300 paramilitares que están pidiendo compadecer ante esta instancia para contar la verdad sobre sectores políticos que promovieron o financiaron el fenómeno paramilitar y eso le quita el sueño a más de uno”. Desde inicios del proceso del que fue absuelto por la JEP, la defensa del exguerillero ha denunciado que además existe una serie de irregularidades que han estado permeadas por la ilegalidad, dado el ocultamiento predeterminado de pruebas. Los nuevos videos con

los que se le pretende quitar su libertad carecen de procedimientos legales por parte de la Fiscalía General de la Nación y la DEA, y configuran una violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de Trump, en la medida en que nunca se autorizó a la inteligencia de ese país realizar procesos de investigación en Colombia. Debilidad en las instituciones El pasado 14 de mayo, la JEP le concedió la libertad a Santrich, pero esta se dio hasta tres días después, luego de que la defensa se viera obligada a interponer un hábeas corpus para que este procedimiento se hiciera efectivo por parte de las autoridades competentes. Este mismo tiempo se utilizó para generar un estado de alerta sobre un posible estado de conmoción, promovido desde el Centro Democrático, para negar el papel y la decisión de la JEP, y por encima de la justicia especial, pedir la extradición del acusado. Según relata Benedicto, desde la dirección de la cárcel La Picota se llevó a cabo “un sabotaje, desacato e incumplimiento a la decisión de la JEP, como del cumplimento del hábeas corpus que ordena la libertad de Santrich, y que a la vez, abre un proceso disciplinario para quienes desacataron dicha orden. Estamos hablando de que el jueves, el director de La Picota, en las horas de la tarde, había firmado la orden de libertad, pero no se explica cómo es que solo hasta el viernes se le otorga su salida”. Para la defensa y para la misma Farc, técnicamente no hubo una recaptura, porque Santrich nunca estuvo

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libre: “La orden impartida de manera perentoria por el hábeas corpus, no se hizo efectiva. Lo que sucedió fue un simulacro de trasladarlo custodiado hasta la puerta de la cárcel y, luego de leerle una nueva orden, lo trasladaron al helicóptero. Es decir, nunca gozó de su libertad. Este es el argumento de la defensa para solicitar la ilegalidad de la captura en la primera audiencia que se llevó en la Clínica Méderi. Y, hay que decir, que el papel de la jueza es nefasto. Se nota que hay una decisión política detrás”. Por otra parte, se cuestiona el papel que ha jugado la Procuraduría General de la Nación en el proceso, pues hubo cambio del procurador de turno que atendió en un primer momento el caso, y que ante la evidencia de la ilegalidad de la captura había apelado la decisión. Para Benedicto: “La Procuraduría, tomó una decisión política desde el despacho del propio procurador Carrillo, en el sentido de que, interrumpió la labor de un procurador de turno que apela la decisión de la jueza, y lo releva por dos procuradores que tienen una inclinación política en contra de la paz. Sabemos que el procurador Carrillo, es un hombre que tienen compromisos con el gobierno de EE.UU. Este proceso no es contra Santrich, es contra la paz y contra la JEP.” La defesa de Santrich es a la paz Si hay un sector político en el país al que el gobierno le ha fallado ha sido a las FARC. A pesar de los múltiples incumplimientos con lo acordado, pero para Benedicto: “La FARC, sigue en función de cumplir, pero eso se deriva del cumplimiento del acuerdo en general que implica garantías físicas, jurídicas y socio-económicas y nada de esto ha venido garantizando el Gobierno”. En la audiencia del 20 de mayo, la defensa logró interponer dos recursos. “Por un lado, el del conflicto de competencias que obligó a la jueza a trasladar

el expediente a la Corte Suprema y otro, el de la recusación a la jueza por haber prejuzgado, pues una vez concluida la audiencia de legalización de captura y con las actas abiertas, se atrevió a decir que había pruebas suficientes para considerar que Santrich era culpable del delito de narcotráfico, cuando el caso no estaba en la etapa del debate probatorio. Con estos dos elementos se suspende la audiencia y que la Corte resuelva”, afirma Benedicto. Para la defensa, este proceso será largo y quienes han hablado con él lo ven tranquilo y muestra mejoras en su salud. Por ahora, comenta su compañero de luchas: “Está neutralizada la decisión de extradición a no ser que Duque escuche a Uribe y declare la conmoción, y lo extraditen por encima de cualquier decisión jurídica.” La dignidad de un revolucionario Es de resaltar que mientras Jesús Santrich estaba en su celda, conoció los rumores de que se estaba fraguando una posible extradición. Posterior a ello, se supo de unas heridas que él mismo se habría proporcionado. Esta información la ratificó Iván Cepeda, quien lo visitó en la Clínica Méderi, adonde fue trasladado: “Se trató de un intento de suicidio que fue descubierto por un guardián”, según le relató Santrich al congresista, tan pronto conoció del complot, ingresó a un baño y, con una hojilla de afeitar, se laceró. Según Iván Cepeda, Santrich aseguró que, “nunca ha hecho un negocio ni legal ni ilegal y que no va a terminar como narcotraficante, así que antes de llegar a ser extraditado está dispuesto a quitarse la vida”. Lo anterior refleja una decisión de dignidad de un revolucionario y luchador por la paz. Mientras transcurrían estos hechos, cientos de personas llegaban al bunquer de la Fiscalía, a la Méderi y al juzgado para acompañarlo y dar un mensaje en favor de la paz y de la JEP.


Economía

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Creciente pobreza y desigualdad social

HECHOS &

COMENTARIOS

Pobreza extrema en los barrios periféricos de Bucaramanga, Santander. Foto archivo.

ANDRШS ALVAREZ*

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a semana anterior el DANE presentó las estadísticas sobre pobreza y desigualdad, indicadores sociales que retrocedieron en el 2018. Ambos fenómenos sociales están relacionados, aunque sus causas son diferentes, así como sus soluciones, lo que nos llama a reflexionar sobre que políticas y medidas se deben impulsar y apoyar desde una perspectiva revolucionaria. Las cifras de pobreza Según las métricas del DANE, se encontró que la pobreza y la desigualdad social aumentaron en el año 2018. En primer lugar, la pobreza que venia retrocediendo desde el año 2008 (ver grafico 1) se estancó en 2018. Según la institución, la pobreza creció del 26,9% al 27%, ello significa que 190 mil personas más entraron a la categoría de pobres. Este aumento de la pobreza, fenómeno asociado fundamentalmente a la falta de ingresos, se explica por el aumento del desempleo, que con el nuevo gobierno se ubicó en 10.8% en marzo, un 1.4% más que en el mismo mes de 2018. Grafico 1.

La tasa de desempleo continuará en ascenso, producto del mal desempeño de varios sectores importantes de la economía nacional en el primer trimestre de 2019, como la construcción y la agricultura, el primero que decreció el 5,6% en el primer trimestre y el segundo que creció 1,4%, un 0,3% menos de lo proyectado. El consumo de bienes durables como la vivienda se ha reducido producto de las altas tasas de interés impuestas por los bancos, a lo que se debe añadir la eliminación de los subsidios a la tasa de interés para compra de vivienda

nueva por parte del gobierno de Iván Duque. En las zonas rurales un mayor desempleo significará más pobreza, que ya es cerca de un 20% mayor que en las zonas urbanas. La desigualdad Por otra parte, la desigualdad social también tuvo un comportamiento negativo (de acuerdo con el índice de Gini que mide la distribución del ingreso, Gráfico 2) en el 2018, lo que indica que la brecha entre los más pobres y más ricos aumentó, ubicándose en 0,517. Grafico 2.

perspectiva minimalista y que son difíciles de reducir porque generalmente están asociados al ciclo económico, las variaciones en la tasa de ocupación y su formalidad. Como estos gobiernos se niegan a construir una política industrial y económica que tenga como finalidad crear un aparato productivo moderno es imposible crear empleos estables, bien remunerados y con derecho a la seguridad social. Muchos políticos y economistas sugieren que en el mediano y largo plazo las políticas más eficaces para erradicar la pobreza en general, son las que están enfocadas a dotar de mayores oportunidades a los pobres con políticas de acceso a la educación universitaria, a la salud, al saneamiento básico y otros beneficios estatales a las familias, que si bien son importantes para reducir la pobreza, no son suficientes para reducir la desigualdad en crecimiento. Erradicar la pobreza

Varias son las explicaciones que tiene el crecimiento de está brecha entre ricos y pobres, una de ellas esta relacionada con que los salarios de las personas más calificadas o con estudios del nivel superior están creciendo más rápido, mientras que los salarios de los trabajadores menos calificados se estancan o están en franco retroceso. Un segundo factor decisivo para el crecimiento de la desigualdad tiene que ver con la distancia en términos de riqueza entre los habitantes de las zonas rurales y urbanas del país. Por último, están los beneficios tributarios al gran capital que el gobierno de Duque aprobó a través de la reforma tributaria de 2018 y del Plan Nacional de Desarrollo 2019–2022 mediante la reducción de la renta corporativa al 30% y las dádivas al sector minero– energético. Una perspectiva para la discusión Combatir el fenómeno de la pobreza implica medidas que los gobiernos neoliberales abordan desde una

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La reducción de la desigualdad es mucho más compleja y difícil, ya que en el fondo el objetivo es distribuir de manera más equitativa los activos existentes en la sociedad; en las zonas rurales implica distribuir su principal activo, la tierra cultivable, además de dotar a los campesinos de tecnologías apropiadas, infraestructura rural y facilitar su acceso al crédito. En el ámbito urbano implica al menos lograr una política que permita convertir el acceso a la vivienda subsidiada como el principal activo de las masas trabajadoras y las capas medias. Paralelamente a ello se debe frenar la desigualdad mediante los impuestos a la gran riqueza física y financiera, así como a las grandes sucesiones, recursos que el Estado puede utilizar en programas para reducir la pobreza. Una política revolucionaria para erradicar la pobreza y la desigualdad, no se limitaría a estrategias tendientes a nivelar las oportunidades para todos, avanzaría en políticas y medidas que mejoren la dotación de activos con que las personas cuentan para su subsistencia. * Economista.

1. La vía al Llano. Hecho: Cada día se complica más la comunicación terrestre entre el interior del país con los Llanos Orientales. En los últimos ocho días la vía ha permanecido cerrada en ambos sentidos con breves interrupciones. Por esta vía se mueven cerca de 10 mil vehículos diariamente. Poco a poco ha salido a flote el cúmulo de errores en la construcción de la doble calzada Bogotá– Villavicencio. Los consorcios privados Coviandes y Coviandina se culpan mutuamente y entre tanto el gobierno central no interviene. Comentario: Todo indica que el empleo indiscriminado de la dinamita para la construcción de los túneles ha debilitado la montaña, lo que sumado con la época de lluvias, provoca el desprendimiento permanente de millones de toneladas de roca, que ya incluso provocó daños en la tubería del acueducto de la capital del Llano. ¿Otro Hidroituango? Entre tanto, las compañías aéreas hacen su negocio con altas tarifas en los pasajes. &&&&&&&&&& 2. Chiribiquete. Hecho: Uno de los tesoros naturales más valiosos de los colombianos, el parque nacional Chiribiquete, declarado patrimonio de la humanidad el año pasado, está en riesgo. La grave deforestación de la selva amazónica lo está acorralando. La última medición reporta que en la parte colombiana del llamado pulmón del mundo se concentra el 65 por ciento de la deforestación total del país, con 144 mil hectáreas derribadas. Dentro del parque hay registros que dan cuenta de quemas por más de mil hectáreas, lo cual tiene en alerta a muchos ambientalistas. (Revista Semana, No. 1924, pág. 9). Comentario: Cuando un bien es declarado patrimonio de la humanidad, el gobierno receptor de este beneficio – en este caso Colombia – adquiere obligaciones económicas, sociales, etc., para conservarlo, protegerlo, etc. El gobierno colombiano precisamente ha reducido los recursos económicos para mantener este patrimonio de la humanidad y de los colombianos.


Opinión

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Gobierno genocida

Editorial

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a comunidad internacional y el país observan con asombro el escalamiento de crímenes de Estado en Colombia, en medio de un proceso de paz en el cual la mayor guerrilla del país dejó las armas, y según la ONU, cumple cabalmente con los compromisos pactados. Las alarmas vienen prendidas desde la firma de este acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC-EP. El exministro Fernando Londoño ya había anunciado, en una Convención Nacional del Centro Democrático, que “El Centro Democrático debe hacer trizas el acuerdo con las Farc, porque no es más que una claudicación del país a ese grupo armado”. El expresidente Andrés Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordóñez y algunas iglesias cristianas y evangélicas presentes, se sumaron a esta cruzada. Desde la más fanática derecha uribista comenzó una colosal y sincronizada embestida contra el acuerdo de paz. Señalaron a los campesinos víctimas de la violencia como delincuentes, se dio inicio entonces, a los asesinatos selectivos de

líderes y lideresas sociales en todo el país, al tiempo que hundían el proyecto de ley que les otorgaba unas circunscripciones especiales de paz. Completaron el plan el ministro de Defensa, Guillermo Botero y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira quienes negaron que estos fueran crímenes de Estado, pues según ellos no eran sistemáticos y obedecían a “líos de faldas”. Dos hechos ilustran lo que está pasando. En mayo de 2017 se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y los campesinos del sur ofrecieron erradicar voluntariamente unas 50 mil hectáreas, pero el gobierno los desatendió. El 5 de octubre de 2017, en la vereda El Tandil, en Tumaco, al menos ocho campesinos cocaleros fueron asesinados con ráfagas de fusiles, y decenas más fueron heridos a manos del Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos. El Gobierno nacional intentó evadir la responsabilidad de estas instituciones y afirmó que los responsables eran las “disidencias de la FARC”. En la noche del 22 de abril de 2019, cuando el excombatiente de las Farc, Dimar Torres, transitaba cerca de la base Sinaí del Ejército, en la vereda Carrizal, Catatumbo, fue atacado, torturado brutalmente y asesinado por un comando del ejército. Los campesinos de la zona los sorprendieron cuando cavaban una fosa para esconder el cuerpo. Como era de esperar, el ministro Botero justificó el asesinato. El crimen de Dimar Torres es un

/5 homicidio en persona protegida porque el acuerdo firmado implica “respetar la vida de quienes dejaron las armas”, cosa que rechazan los uribistas. Colombia sufre un nuevo ciclo de crímenes de Estado. Más de 600 líderes sociales y 150 excombatientes de las FARC asesinados así lo demuestra. So pretexto de destruir el proceso de paz y la JEP, Justicia Especial de Paz, el partido de gobierno y el presidente Duque pasan por encima de la Constitución, de la división de poderes y acuden a los más deshonestos mecanismos para agredir a la oposición y los sectores sociales que les son incomodos. El bochornoso espectáculo protagonizado por el propio presidente Duque, con ocasión del fallo de la JEP que negó la extradición del excomandante de las Farc, Jesús Santrich y la orden oficial de drogarlo y someterlo a los más escandalosos vejámenes, deja al desnudo un régimen que ofreció en su discurso el respeto a la ley y convocar la “unidad nacional”, pero que nos impone el terror, la ilegalidad, el odio y la muerte. El artículo del diario norteamericano The New York Times: “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, es elocuente. Las reservas democráticas que tiene el país deben ponerse en acción, en vista de que la Unidad Nacional, propiciada por las elites es antidemocrática, las fuerzas progresistas deben organizarse desde la base para evitar un régimen dictatorial e impedir el retorno a la guerra y la muerte.

Caballería ligera

La Atalaya

¿Apátridas?

¿Pacto político?

JOSШ RAMюN LLANOS

L

a gran tragedia nacional, el pesado fardo que soporta el pueblo colombiano, la pésima imagen que proyectamos ante el mundo y que signa nuestro desprestigio como nación, es que los gobernantes que han usurpado el poder, durante más dos cientos años, en su inmensa mayoría, han carecido de decoro. Además, han despreciado la inteligencia del pueblo, por eso siempre pretenden engañarlo con mentiras. Tres hechos recientes confirman esta apreciación. Piénsese, por ejemplo, en el indigno y cobarde silencio del presidente Iván Duque y su canciller Carlos Holmes Trujillo, ante al chantaje del Gobierno estadounidense al parlamento nacional y a las Cortes, para que voten un proyecto de ley, como le conviene a la política de ese país. Por otra parte, orientan a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para que trate de engatusar a la opinión pública, con declaraciones falaces: “Nosotros respetamos las decisiones de cada país siempre que se tomen con criterios objetivos y transparentes”. Precisamente el problema es el objetivo de negar visas para chantajear a parlamentarios y a las magistradas y magistrados de las Cortes para coaccionarlos a que tomen decisiones contrarias a los intereses de nuestro país. A lo anterior se suma el sainete mentiroso del Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien en un parlamento digno de la Comedia Tropical, como diría el poeta Jorge Zalamea, exclama: “…

GABRIEL BECERRA

Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”. La opinión sabe que su renuncia es consecuencia del peso de la inmoralidad en su conciencia por las mentiras y atajos que ha utilizado para justificar las numerosas inhabilidades que han caracterizado el ejercicio de su fiscalía. Destacamos una de ellas, la deuda que tiene con la justicia por sus actuaciones en los embrollos delictivos de Odebrech. Y para colmo de tanta inmoralidad, las violaciones a la Constitución y a las leyes colombianas, para eludir la determinación de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich y concederle la libertad, con lo cual no solo se reconoce su inocencia, sino también la violación a la soberanía nacional de los servicios de inteligencia norteamericanos, para urdir falsas pruebas contra el líder fariano, actuando en Colombia sin el permiso de las autoridades nacionales y el silencio traidor del Néstor H. Martínez. Este último hecho exige que iniciemos una campaña para incrementar la solidaridad con Jesús Santrich para impedir que se consuma la absurda e ilegal extradición a los Estados Unidos, donde sería sometido a los mismos vejámenes que ha soportado con gran entereza Simón Trinidad. Además, su permanencia en Colombia, garantiza su aporte al conocimiento de la verdad del conflicto y los derechos de las víctimas.

L

a agitada situación política de los últimos días ha vuelto a colocar en debate la propuesta de un Pacto o Acuerdo Político Nacional. Duque en medio de la debilidad y la impopularidad de su gobierno acude con demagogia a esta fórmula, tratando de construir las mayorías que le siguen siendo esquivas para poder recomponer una hegemonía dominante. A la par, Uribe no ha ocultado su verdadero interés: desde Cúcuta alcanzó a proclamar la extradición de Santrich y con ella, el comienzo de la reforma a la justicia como génesis de sus deseos de impunidad y planes de regeneración conservadora. La opción de la conmoción interior y la constituyente como salida autoritaria y desesperada en la que embarcarían a Duque sigue latente. La idea de un pacto nacional realmente es manoseada por la extrema derecha. Su referente histórico es el Frente Nacional por su carácter excluyente de otras fuerzas políticas, con la diferencia que hoy no existen en Colombia dos grandes partidos tradicionales capaces de aglutinar un consenso; y en la sociedad, a pesar de las guerras y las violencias, ha surgido una vitalidad con múltiples resistencias que les impide imponerse como antes. Por ahora, a pesar de la abierta intervención de la Embajada de EE.UU., la agresiva campaña mediática, la violencia y la guerra jurídica contra la oposición, el intento de

lograr un pacto que unifique a las elites sobre el retorno a una política de guerra, no logra consolidarse. La idea abiertamente ilegal de desconocer lo pactado en el Acuerdo Final, reformar la Jurisdicción Especial para la Paz y otros componentes del Sistema de Verdad, Reparación y No repetición genera el rechazo, incluso, de sectores representativos de algunos grupos de poder y en general de la comunidad internacional. Por ahora ninguno de los movimientos políticos tradicionales, a excepción del clásico comportamiento clientelista del partido conservador, que siempre se acomoda al gobierno de turno para no perder su burocracia, han aceptado los términos iniciales de la propuesta presidencial y su partido Centro Democrático, de excluir a la oposición y pactar una estrategia de liquidación del más importante esfuerzo de paz de las últimas décadas. A los intentos por imponer un pacto de impunidad y un nuevo Frente Nacional, se debe contraponer desde todos los sectores democráticos y progresistas lo previsto en el numeral 3.4.2 del Acuerdo Final que señala la necesidad de un Pacto Político Nacional como base para ayudar a construir la paz. Solo un Gran Pacto que desborde las elites, capaz de comprometer al conjunto de la nación colombiana, podrá servir para lograr una verdadera reconciliación y convivencia pacífica entre colombianos. @Gabocolombia76


Laboral

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Puntos relacionados con el bienestar de todos los colombianos, son los principales logros de los docentes en la mesa de negociación con el Gobierno. La financiación de la educación pública continúa como lo fundamental

Las movilizaciones de Fecode con otros sectores sociales han sido clave para conquistar derechos en las mesas de negociación con el Gobierno

Acuerdos Gobierno - maestros

Más allá del magisterio María Eugenia Londoño.

REDACCIюN LABORAL

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uego de un importante proceso de movilización y de unidad con todos los sectores sociales y un paro de más de 30 días en 2017, por parte de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, con el objetivo de la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, se logró un acuerdo con el Gobierno nacional. Según comunicación del Ministerio de Educación, esa entidad en equipo con los miembros del comité ejecutivo de Fecode, con el apoyo y acompañamiento del Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se reunió en más de 50 ocasiones para atender con responsabilidad social, fiscal y rigor técnico los acuerdos sindicales pactados en el 2017 y, de la misma manera, el pliego de peticiones radicado al Ministerio de Educación, el pasado 14 de febrero. La mesa de negociaciones se instaló el 11 de marzo de 2019 y se adelantaron 29 sesiones de trabajo, desde el 12 de marzo hasta este jueves 16 de mayo. “Estos espacios permitieron avanzar en un diálogo crítico, de posturas diversas, pero basadas en el respeto y escucha entre las partes, buscando puntos en común, soluciones viables y responsables a las peticiones de los maestros de Colombia. Gracias a la voluntad de ambos y luego de discutir varias propuestas, se lograron acuerdos significativos”, expresó Mineducación. Por su parte, sobre el acuerdo Fecode concluyó: “Este resultado es positivo para la generalidad de los docentes. Es producto del compromiso del Comité Ejecutivo; de la movilización del magisterio nacional, que participó activamente en un paro de 48 horas los días 19 y 20 de marzo; y en el paro estatal el pasado 25 de abril, donde recibimos el apoyo del movimiento estudiantil, indígena, los trabajadores y la CUT; y de una gestión ante el

Congreso de la República, donde varios parlamentarios apoyaron la causa de la Federación”. En el acuerdo se resaltan los siguientes puntos: Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones; la ampliación progresiva, descentralizada y articulada de los tres grados de preescolar; el fortalecimiento de la educación a través del incremento de cobertura, mejoramiento de la calidad en preescolar, en media, rural e inclusiva; salud y prestaciones sociales; dignificación de la profesión docente; el derecho a la vida, garantías para el ejercicio de la profesión docente y el bienestar del magisterio. Algunos temas Sobre los acuerdos de la negociación del pliego de peticiones de Fecode, VOZ habló con la dirigente nacional de Fecode, María Eugenia Londoño: “En este acuerdo se destaca haber logrado la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que son los recursos para educación, salud y saneamiento básico, lo que significa que el magisterio trasciende de la lucha gremial a la lucha política y se pone al frente de conseguir una educación financiada por el Estado, gratuita y de calidad. Debe haber un crecimiento progresivo de los recursos”. El acuerdo quedó plasmado en el Artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, y plantea que dos meses después de firmado el acuerdo se instalará una comisión de alto nivel con la participación de Fecode, la Federación de Municipios y los ministerios de Hacienda y Educación, entre otros. Esta tendrá como objetivo principal construir la propuesta de proyecto de acto legislativo en un plazo de seis meses, para luego iniciar su discusión en el Congreso, donde seguramente no tendrá buen recibo por parte de las bancadas del Gobierno y sus aliados. “Esa reforma busca cerrar seis brechas: El acceso universal a la educación para niños y niñas; la canasta educativa; una jornada única con

condiciones; infraestructura educativa; las relaciones técnicas maestro – alumno – aula y la educación rural”, comenta la dirigente nacional del Fecode. Estatuto de la profesión El otro punto es la construcción del estatuto docente, para lo cual hay un plazo de 10 meses. Este está relacionado con la dignificación de la profesión y la evaluación del magisterio, en el que estarán involucrados todos los profesores, independientemente de sus formas de contratación. En este proceso ya está construida la comisión tripartita compuesta por el Ministerio de Educación, Fecode y el Congreso de la República, y se ha avanzado en su primer capítulo. Asimismo, en las negociaciones se logró el fortalecimiento de la educación pública con cobertura a los tres años de preescolar -lo que no se da hasta el momento-, con docentes nombrados y especializados en pedagogía. “En el tema de salud se avanza gracias al Decreto 1655 de 2015, que logró la exsenadora de la República, Gloria Inés Ramírez, quien fue presidenta de Fecode. En este se habla de la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo que no tiene actualmente el magisterio. Se iniciará con su reglamentación y el establecimiento de la tabla de enfermedades laborales para dar un trato acorde a las situaciones especiales, en el ejercicio de una profesión que no cuenta con las condiciones dignas, eso sin hablar de acoso y los riesgos”, argumenta la profesora María Eugenia Londoño. Se logró una comisión para que se vigilen los contratos de salud, ante la “carrera de la muerte” que sufren los docentes, entre otras cosas, por la intermediación. “Se vigilarán a los contratistas y los términos de referencias para que se sancione a quienes no cumplan, para lograr atención de calidad, ya que tenemos un régimen especial”, anota la docente consultada. Sobre formación los maestros lograron que les asignaran mil licenciaturas,

dos mil especializaciones, siete mil maestrías y mil doctorados. En este mismo tema, quedaron supeditados a la evaluación docente los protocolos de la evaluación de desempeño que acabarían con la estabilidad de los vinculados con el 1278. Derechos humanos “También logramos una nivelación salarial, que termina con tres puntos para el año 2019 y que se suma al punto de la mesa de los estatales, entonces logramos no cuatro puntos sino cinco distribuidos en tres años. Asimismo, la bonificación pedagógica, logro de 2017, hoy se mantiene, se canceló el año anterior por el 6%, pero por su progresividad logramos que este año llegue al 19% para mejorar las condiciones salariales, y será factor salarial”, comentó María Eugenia Londoño. En el tema de derechos humanos obtuvieron el reconocimiento del magisterio como víctima ya que lleva más de 1.200 asesinados. Se trabajarán diplomados de escuela como territorio de paz, que permita trascendencia de la educación con formación de jóvenes con pensamiento crítico. Finalmente, la maestra sabe que aunque estos acuerdos se ganaron en las negociaciones, no hubieran sido posibles sin las movilizaciones, pero también, que su materialización depende de la capacidad de convocatoria, unidad y movilización del magisterio colombiano.

En este acuerdo se destaca haber logrado la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que son los recursos para educación, salud y saneamiento básico”


Laboral

Mayo 22 de 2019

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Intentan acabar con Sintraemsdes Bogotá

Entramado jurídico antisindical de la convención colectiva quedará en manos de la junta directiva nacional. Fallo en política

Trabajadores de la EAAB en mitin frente a la sede principal en Bogotá.

Tribunal de Cundinamarca falla sobre lo que no se le solicitó y ordena liquidar al principal sindicato de la Empresa de Acueducto. Los trabajadores aseguran que es una retaliación de la administración de la ciudad por sus posiciones contra la corrupción y a favor del medio ambiente REDACCIюN LABORAL

…decretar la disolución y cancelación de la inscripción de la subdirectiva Bogotá del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, las Corporaciones Autónomas, los Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia, Sintraemsdes, para lo cual se designa como agente liquidador a Humberto Polo Cabrera, en su calidad de presidente nacional, o a quien haga sus veces”. Así lo estableció la semana pasada el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, que sorprendió hasta al mismo demandante, la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, EAAB. La demanda fue interpuesta ante un juez en el año 2015 y en esta se pedía definir cuál era la verdadera junta directiva que representaba a esta organización sindical, porque en ese momento se estaban registrando al mismo tiempo dos juntas, ante el Ministerio de Trabajo. El conflicto inició dos años antes. En 2013, una asamblea de trabajadores de Sintraemsdes Bogotá, expulsó de la organización a la junta directiva de ese momento porque había entregado la convención colectiva. “La empresa reconoció a la nueva junta directiva mientras se hacía un proceso de elecciones, pero los expulsados se dedicaron a radicar juntas ante el Ministerio de Trabajo, diciendo que ellos eran la verdadera, aunque ya no eran ni afiliados a la organización. En

De izquierda a derecha, Martín Quijano, presidente de la subdirectiva Bogotá; Clara Barahona, fiscal de la subdirectiva Bogotá; Humberto Polo, presidente nacional y Adolfo Daza, Tesorero de la subdirectiva Bogotá.

enero de 2019 el juez falló diciendo que la junta directiva real era la reconocida por la del sindicato a nivel nacional, es decir nosotros. En la demanda la empresa también había pedido cancelar los registros de inscripción de las juntas directivas falsas que están en el Ministerio, pero la petición fue negada argumentando que la empresa no podía como empleador solicitar eso”, explicó a VOZ Martín Quijano, presidente de Sintraemsdes Bogotá. Ante la decisión la empresa apeló y esta pasó al Tribunal de Cundinamarca, quien en menos de dos meses falló. Para Quijano, algo se movió para que se fallara tan rápido y se decidió sobre algo que no se le había solicitado: “Pidieron que dijera cuál era la verdadera junta, para seguir tratando con un solo sindicato, y el Tribunal dice hay que cancelar el registro de la subdirectiva de Bogotá, se ordena la liquidación del sindicato, y se nombra al presidente nacional como liquidador. El fallo es contra derecho y no tiene nada que ver con la petición. Nos están cobrando la oposición que le hemos hecho a la administración de Peñalosa”. Retaliación Para Sintraemsdes, todo obedece a una retaliación de Enrique Peñalosa por la oposición que le han hecho en

defensa del medio ambiente, de los derechos laborales, por estar contra la corrupción y por la suspensión que lograron en el embalse San Rafael. Sobre el embalse, el sindicato había interpuesto una acción popular, un juez falló a favor y suspendió la licitación para la construcción de un megaparque en ese lugar, argumentando grave daño ecológico, ambiental y al recurso hídrico que causaría la obra. Los trabajadores se encuentran en estado de máxima alerta y esperan una reunión con la junta directiva nacional para que asuma los 2.500 afiliados de la subdirectiva Bogotá. Por su parte, al cierre de esta edición de VOZ, Humberto Polo, presidente nacional, dijo que el lunes 20 de mayo tendrían una reunión con el Viceministro de Relaciones Laborales, en la que también participaría la empresa en la que se conocerá la posición del Ministerio de Trabajo para estos casos. “Al interior de la organización sindical estamos tranquilos en el sentido de que el Artículo 474 del Código Sustantivo del Trabajo dice que cuando un registro sindical de una subdirectiva es cancelado, la representación de los trabajadores y la convención colectiva queda en cabeza de la dirección nacional. En este caso, mientras pasa el proceso de restauración de la subdirectiva, la dirección de esos trabajadores y

Según el abogado laboralista Carlos Dussán, quien funge como asesor jurídico de Sintraemsdes, hay muchas irregularidades en el fallo: “La primera es que se está iniciando un proceso especial consagrado en el artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo y se interpuso una pretensión declarativa de un proceso ordinario. El primer error es que en un proceso especial no puedo pretender que me den lo de un proceso ordinario y por eso el juez tenía que rechazar la demanda. “Lo segundo es que el Tribunal concedió lo que no se le pidió. Además, en el salvamento de voto el magistrado dijo que cuando una organización sindical incurre en una de las faltas consagradas en el Artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo, el Ministerio de Trabajo debe conminar a esa organización a corregir, si esta persiste en la conducta, el Ministerio debe imponer una sanción, y si continúa, es esa entidad la que debe iniciar la demanda de cancelación del registro sindical. Eso en este caso no ocurrió”. Asimismo, se identifican elementos políticos en la decisión. Para el abogado Dussan, la subdirectiva de Bogotá ha jugado un papel importante contra Peñalosa, por haberse opuesto al modelo de contratación indebida de trabajadores y a la privatización, es por eso que han sido golpeados. Las afirmaciones dejan en entredicho que el fallo haya sido en derecho y que sea netamente político. Ante el cuestionamiento Carlos Dussán argumenta: “Es claro que la justicia laboral en este país, desde la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hasta los jueces, tienen en sus fallos interés político. El derecho laboral es un derecho principalmente político. Entre otras cosas porque el fallo afecta el derecho de asociación sindical, que no proviene de la ley, que tiene un carácter político, que proviene de la lucha de la humanidad y que luego ha sido llevado a la ley”. Las nuevas acciones Los abogados del sindicato interpusieron una denuncia penal contra la magistrada del Tribunal de Cundinamarca, porque -aseguran-, tomó la decisión sola, es decir por prevaricato por cuanto el fallo es contrario a lo expuesto en la ley. También hay una denuncia de carácter disciplinario por incumplir lo establecido en el Artículo 280 de la Constitución en el entendido de que al administrar justicia no garantiza la efectividad material de los derechos de los trabajadores. También se interpuso una acción de tutela para anular el fallo, argumentando que hubo una violación al debido proceso, pues fue el argumento del magistrado que hizo el salvamento de voto. E irán ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a llevar la queja y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que declare medidas cautelares que blinden a los 2.500 trabajadores y a la organización sindical de decisiones que además afectan a miles de familias bogotanas.


Mayo 22 de 2019

Calarcá

Política TRAZOS Por la independencia

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“El Tolima está plagado de paramilitarismo”: Aída Avella

Aída Avella en el municipio de Coyaima, Tolima. Foto Nelson Lombana.

La senadora de la República adelantó una intensa correría por el departamento, visitando varios municipios, entre otros, Coyaima, El Guamo, Espinal e Ibagué NELSON LOMBANA SILVA

H

ablando desde la ciudad de Ibagué, la dirigente de la Unión Patriótica dijo que el gobierno nacional estaría acariciando la posibilidad de cerrar el congreso y convocar una constituyente al tamaño de los intereses de la gran oligarquía colombiana.

“Si declara la conmoción nacional, es cerrar el congreso y si cierran el congreso entonces, ellos dictan una constituyente, pero ellos no se dan cuenta que aquí hay un país absolutamente dividido”, señaló. Agregó: “El establecimiento sintió mucho miedo cuando Petro se le acercó tanto a la Presidencia de la República”. Acerca de la fuerte arremetida del establecimiento, el uribismo y el Centro Democrático contra el proceso de paz, Aída Avella Esquivel, una mujer gigante en su intervención política, dijo que “lo que estamos viendo es un proceso desaforado contra la paz, al no poder hacer fructificar las objeciones de Duque en el Congreso”. Según la fogosa oradora, la corrupción sigue latente en el Parlamento colombiano. “Eso que no hay mermelada es pura mentira – dijo – por supuesto

que hay mermelada para el Mira, para el Partido de la U”. La oligarquía y el gobierno nacional no quieren la paz. Dijo que el departamento del Tolima está plagado de paramilitarismo. Se comprometió a adelantar un debate en el parlamento en los próximos días sobre el particular. “Ellos no quieren la paz. Aquí, en el Tolima no hay que contarles nada porque se sabe que esto está minado de

grupos paramilitares. Mientras entraba al área tolimense, decía la radio que el paramilitarismo está en Planadas, Ataco, Rioblanco y otros municipios. Si la radio se atreve a decir esto, es porque esto está plagado, sí, plagado. Esto lo vamos a discutir la semana entrante en el parlamento en cualquier momento. Hay que sacar lo que está pasando aquí para que no nos crean tan tontos”, anotó. Dijo, igualmente, que el paramilitarismo estaría cobrando plata directamente de los bancos desde sus campamentos. En palabras suyas: “Aquí, están cobrando plata en los bancos los tipos que están en los campamentos paramilitares”. Según la congresista, lo que está ocurriendo en Colombia es el resurgimiento del paramilitarismo. “¿Para qué?”, se preguntó. La congresista perteneciente a la coalición de los Decentes, proclamó las candidaturas de los aspirantes a las corporaciones públicas en esta sección del departamento, exhortándolos a ser decentes, honrados y estar dispuestos a defender los intereses del pueblo. “Persona que no cumpla será expulsada inmediatamente”, indicó. Entre los candidatos presentes, estuvo Andrés Hernández, que aspira a un escaño en el Concejo de Ibagué, lo mismo que el precandidato a la alcaldía de esta ciudad por la UP, Marco Prieto.

Cartas del lector Invitamos a todas las personas lectoras a escribir y enviar las cartas con sus opiniones y comentarios al correo: semanariovoz@outlook.es


Política

Mayo 22 de 2019

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Geoffrey Pleyers en Bogotá

“Colombia es parte de lo global” Sociólogo belga experto en movimientos sociales, se encuentra en la ciudad para el lanzamiento de su más reciente libro “Movimientos sociales en el siglo XXI”, publicado por Clacso. Dialogó con VOZ sobre las resistencias de la gente y el papel de Colombia en el mundo globalizado

Geoffrey Pleyers.

Movilización estudiantil en Colombia en octubre de 2018. Foto Boris Orjuela.

ROBERTO AMOREBIETA @AMOREBIETA7

–¿No te parece que el espectro político se ha corrido hacia la derecha de modo que queda la extrema derecha como moderada y los socialdemócratas como extremistas? –Sí, creo que lo que antes era considerado socialdemocracia básica ahora se presenta como radical comunista. Pero también creo que en la izquierda hay una renovación profunda. Es el caso de la representante al Congreso de Estados Unidos, Alexandra OcasioCortez, por ejemplo. Allí la pelea interna en el Partido Demócrata ya no tiene nada que ver con lo que significan los Clinton. Pero en cualquier caso no hay que subestimar el poder de la gente que tenemos en frente, los reaccionarios, el capital. –En Colombia, la extrema derecha siempre ha estado en el poder. Siempre hemos estado en resistencia… –Yo creo en una sociología más global, de intercambio entre los pueblos y los países. Es cierto, lo que pasa a nivel global afecta a Colombia, pero al mismo tiempo lo global no es algo que esté afuera; Colombia es parte de lo global. No sucede que la tendencia global afecte a Colombia como algo aparte, es que lo que pasa en Colombia es parte de una tendencia global, de la misma manera como puede ser Trump. Por ejemplo, en 2016 fue el Brexit en el Reino Unido, el golpe de Estado en Turquía, la elección de Trump en Estados Unidos, el No en Colombia, todo el mismo año. Eso es global, es la punta de iceberg y por eso tenemos mucho que aprender de este país. Hablas de Uribe, de la extrema derecha en el poder –y por supuesto no es igual en cada país– pero sí se parecen

mucho, en Francia ahora mismo la represión contra los chalecos amarillos es brutal. Por eso nos tenemos que dar las herramientas para aprender de los demás, pero también a aprender de una tendencia global a la que todos contribuimos. Con todo, el riesgo es perder la batalla porque los que tienes enfrente aprenden muy rápido, cada vez hay nuevas formas de identificación y represión de los activistas. Ellos siguen produciendo, siguen alimentando con su dinero a los think tanks –centros de pensamiento ultraliberal–. Son muy internacionales. Y están los neopentecostales ultraconservadores que tienen la capacidad de implementar un proyecto global, de un país a otro, con el dinero global y nacional, con prácticas que funcionan, que se ponen a prueba y luego se expanden. Y sí, avanzamos. No digo que seamos lo mismo de hace 50 años, pero sí tenemos unas esperanzas muy distintas a las de comienzos de siglo o la primera parte de esta década. Por ejemplo, el proceso de paz en Colombia. No digo que el Acuerdo haya sido ideal, pero ¿quién iba a pensar en 2012 que habría un referendo por la paz en Colombia y que la gente votaría No? ¿No a la paz? ¿Quién iba a pensar en 2011 cuando estaba Obama que Trump sería elegido presidente? Ahí sí me pregunto ¿qué nos pasó? Yo no vi venir eso. Por eso hay que ver la tendencia global pero reconocer que cada país es específico y que nada es casual. –¿No sientes que los proyectos neofascistas son paradójicos? Se presentan como nacionalistas antiglobalización pero se sirven de internet, los think tanks, las cumbres

internacionales como Concordia, es decir, aprovechan las ventajas de la globalización. –Siempre se ha dicho que son antiglobalización pero este movimiento reaccionario también es profundamente global. El regreso a lo nacional es un proyecto global. Su proyecto no es la misma globalización de los neoliberales o los progresistas, pero es el proyecto de un actor global porque está conectado con grupos que están en muchos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, lo que pasó desde los años 70 y 80: la internacionalización del evangelio norteamericano, la ideología de la prosperidad. Ahí se ve como ellos tienen un proyecto de expansión global con una teología ultraliberal, pero que tiene a su vez una enorme carga patriótica. El rechazo al fenómeno de la migración es algo que observamos en muchos continentes ahora y por tanto es algo global. El caso chileno es interesante para analizar esa aparente paradoja. Lo que me sorprendió al analizar el caso es que uno siempre tiende a resaltar los movimientos y los actores que le gustan, pero no a otros movimientos que no le gustan tanto. Por ello en Chile se está hablando de otro campo de estudio, otra manera de entender el tema: Estudiar juntos los movimientos progresistas y los movimientos reaccionarios, los que son impulsados desde arriba. ¿Qué pasa si concebimos el capitalismo como un movimiento social que está imponiendo su visión de mundo desde hace mucho tiempo? Por supuesto, es la visión de la globalización neoliberal que legitima la dominación del 0,001%. Y funcionan, movilizan

recursos, hacen encuentros internacionales, tienen su ideología, aspecto identitario, adoctrinamiento y tácticas de movilización que no tienen los movimientos progresistas. Y está el movimiento ultraconservador que, aunque hasta ahora ha exhibido lógicas distintas, al parecer son mucho más aliados de lo que parece. El caso de Chile es interesante, porque se encuentran en el régimen de Pinochet los neoliberales y los ultraconservadores que no siempre tuvieron una buena relación entre ellos. El caso estadounidense muestra que esas aparentes contradicciones son utilizadas convenientemente a favor de los intereses del capital. Trump es un empresario, un capitalista, pero se alía con sectores trabajadores ultraconservadores que han sido perjudicados por la desindustrialización. Su esposa es migrante, emplea migrantes en sus empresas, pero su discurso es antimigración. Ha tenido una vida disipada, en particular con las mujeres, pero es apoyado por los ultraconservadores que defienden una moral puritana. –¿No piensas que este imperio de las mentiras, lo que ahora llaman posverdad, refleja la crisis del pensamiento de la Ilustración? ¿Hay una crisis de la modernidad? –Creo que para eso hay que acudir a los autores latinoamericanos que hablan de crisis civilizatoria, porque en Europa nadie está hablando de eso. Aunque yo tomo distancia con el concepto de crisis porque es cierto que la época que vivimos es terrible, pero ¿cuándo estuvimos bien? ¿Cuál fue la ‘época buena’? Creo que no lo podemos establecer. En Europa se habla de los ‘golden 60’s”, pero ¿en esa época no estaba ocurriendo lo de Vietnam? Creo que sí estamos en una crisis de la democracia como la conocimos y uno de los factores es que la gente quiere más democracia. Pero por otro lado hay una reacción de gente que quiere menos democracia y más autoritarismo. En las marchas de 2013 en Brasil entrevisté muchos jóvenes que no estaban contra el PT sino por más democracia. Esa contestación a la democracia es una prueba de que la democracia funciona. El problema es saber qué se hace con esa crisis que se abre. Lo que sí me parece históricamente falso y sociológicamente peligroso es la idea de que la crisis va a cambiar el mundo. Encontramos este pensamiento en Europa, en particular por la crisis ideológica o la crisis económica, de que las cosas van a empeorar tanto que vamos a ir a la revolución y todos vamos a estar mejor. Eso es falso y peligroso porque lo que cambia las cosas no es la crisis sino la capacidad de un actor de imponer su perspectiva y su significado de la crisis.


Mayo 22 de 2019

Política

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Ataque sistemático a la paz

Conmoción interior, el salvavidas de Uribe La única salida que tiene el expresidente para evadir la justicia es hacer trizas el acuerdo e intimidar a sus jueces. Para ello necesita que Duque decrete una grave perturbación al orden público

Senador y líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, y el presidente de la República, Iván Duque.

★ REDACCIюN POLйTICA

D

os razones mantienen juntos a la dirigencia uribista: hacer trizas la paz y salvar a Álvaro Uribe Vélez de la cárcel. La estrategia para lograrlo es generando una crisis institucional con el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de negar la extradición de Jesús Santrich, desconociendo a esa jurisdicción, y los fallos de otras Cortes adversos a sus intereses, decretar la conmoción interior, es decir facultades extraordinarias para reformar el Estado, desmantelar la JEP y desbaratar los acuerdos de paz. Cooptado el Congreso, el ejecutivo y con nuevo Fiscal General de la Nación, el Centro Democrático queda con casi todo el poder del Estado, excepto la Corte Suprema de Justicia, donde cursan expedientes enteros en contra de Uribe Vélez, el jefe del partido de gobierno. La renuncia del Fiscal-Odebrecht La renuncia de Néstor Humberto Martínez, a la Fiscalía General de la Nación, abrió la crisis, deslegitimar la JEP y sus decisiones, y con soberbio discurso, culpó a la JEP por su salida e invitó a movilizarse en su contra. Martínez huye a los Estados Unidos sin responder por su conflicto de interés en el caso de Odebrecht con el Grupo Aval, a quien defendía; la adjudicación de la Ruta del Sol, las investigaciones por la muerte de Pizano, el testigo contra Luis Carlos Sarmiento Angulo. Su confuso actuar siendo abogado del empresario Carlos Matos en el caso Hyundai y la compra de funcionarios judiciales para amañar decisiones. Sin embargo, Martínez Neira quiere sonar como presidenciable. La estrategia uribista En las siguientes horas a la renuncia del Fiscal, el Centro Democrático se encerró y allí empezó a cocinarse la tesis de la conmoción interior y así tener la facultad de firmar la extradición vía administrativa, reformar la JEP y acabar con los acuerdos. El siguiente paso fue la elaboración de un proceso judicial express en contra de Jesús Santrich con un video bajo el poder de la Fiscalía que nunca

Rueda de prensa donde Néstor Humberto Martínez renuncia a la Fiscalía General de la Nación.

fue allegado al expediente que estudió la JEP para tomar la decisión. De manera sorpresiva se llevó el video a un juez de garantías quien emitió una boleta de captura en contra del firmante de la paz, a pesar de no tener competencia pues los excombatientes tienen su juez natural en la JEP y no en la justicia ordinaria. La extradición de Santrich y la Fiscalía política El cálculo para dejar a Santrich en la justicia ordinaria es abrir la puerta para su extradición, cocinar el cambio de reglas de juego para quienes se acojan a la JEP y la posibilidad de que los Estados Unidos pase por encima de la justicia nacional e iniciar en cualquier momento acciones judiciales y administrativas para extraditar a los jefes de la extinta guerrilla. Un mensaje de zozobra a los excombatientes en medio de un confuso escenario de desconfianzas con la institucionalidad del Gobierno. Clave para el Centro Democrático será la terna para Fiscal General de la Nación y su elección. Por una parte, le da juego político a los partidos de la coalición de Gobierno que tendrán una gran torta burocrática para proveer cargos a sus nuevas alianzas en el Congreso, y por otra, reta al país con una Fiscalía convertida en policía política contra la oposición. El senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, respondió las declaraciones del senador Uribe sobre la participación de los voceros de ese partido en el Congreso, como una cortina de humo que esconde otros intereses: “Esta es una cortina de humo de Álvaro Uribe que busca realmente

evadir la justicia que le está respirando en el cuello. Lo que debe hacer es alistarse para presentarse a la JEP, si quiere pagar una pena transicional, de lo contrario va a pasar muchos años en la cárcel”. Para la Unión Patriótica los llamados de voceros de la derecha, incluyendo la intervención del presidente Iván Duque, buscando desconocer el rango constitucional de la JEP “haciendo uso de la mentira y la propaganda, ocultando los argumentos de un fallo en derecho detalladamente argumentado en 148 páginas, que invitamos a la opinión pública a conocer; constituye un ataque y un irrespeto abierto a la independencia de la justicia, y a los esfuerzos por consolidar una transición hacia una paz estable y duradera”, señaló Gabriel Becerra, secretario general de esa colectividad. Defendamos la paz El colectivo de amplias voces y representaciones políticas “Defendamos la Paz”, que ha venido realizando un acompañamiento a la implementación del proceso en una especie de veeduría, aseguró que la crisis del proceso tiene en el fondo una mezcla de todos los hechos que conducen a hacer trizas la paz. “La verdadera crisis no se desprende de los fallos de la JEP ni de la justicia ordinaria. La crisis del país se está viviendo en los territorios más afectados por la guerra, que luego de haber comprobado de primera mano los dividendos de paz en 2017, hoy sufren el incremento de los homicidios (encabezados por los de líderes sociales y exguerrilleros), los desplazamientos y las víctimas de minas”.

Y agrega Defendamos la Paz: “El Gobierno nacional ha sido incapaz de llegar a estos territorios con una política de seguridad y justicia territorial dirigida a la protección de la población, y con bienes y servicios básicos para fomentar el desarrollo rural. Por el contrario, hoy se conoce que a los territorios se llega con una política de evaluación de resultados operacionales que tiene el potencial de devolvernos a las peores épocas de los ‘falsos positivos’”. La última jugada del Gobierno nacional fue ratificar su intención de decretar la conmoción interior. Así lo hizo saber el exministro del Interior Guillermo Rivera desde su cuenta en Twitter: “Hay quienes dicen que en la reunión que sostuvo el Presidente Duque con los partidos de Gobierno, excepto la U, se dijo que si no se lograba un acuerdo político se procedería a decretar la conmoción interior. Parece que el acuerdo imposible es la excusa para la conmoción interior y hacer trizas la paz”. Se abre un nuevo frente de defensa del acuerdo de paz, antes que el país naufrague por una dictadura capaz de superar las instituciones judiciales, acabar con el proceso de paz y darle impunidad eterna al presidente natural del Centro Democrático. Las fuerzas alternativas del país, quienes han defendido el proceso y el acuerdo de paz, han manifestado que al único pacto al que accederá la oposición en Colombia es aquel que deja a un lado las armas y la violencia de la política, para empezar a superar la democracia excluyente y autoritaria construida por décadas y afianzada en los últimos años bajo el régimen uribista.


Regional

Mayo 22 de 2019

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Movilización en el Pacífico colombiano

Buenaventura: el pueblo no se rinde carajo Hoy los bonaverenses conmemoran dos años del Paro Cívico y saben que la forma de presionar el cumplimiento de los acuerdos es manteniendo viva la llama que ya encendieron MAURICIO RODRйGUEZ AMAYA @APUNTADELENGUA

A

las 5 de la mañana del 16 de mayo de 2017, en el puente El Piñal, que une la isla y el continente, se dio inicio al Paro Cívico de Buenaventura. Se establecieron los puntos de encuentro comunitario y el comercio cerró sus puertas hasta nueva orden. Al medio día ya Buenaventura estaba bajo el control de la comunidad, de las gentes en las calles, de los jóvenes y niños jugando fútbol en las avenidas, de los grupos de marimba de chonta elevando una sola voz: El pueblo no se rinde carajo. Así inició el que sin duda es el capítulo más importante de la historia colectiva de esta ciudad portuaria del Pacífico colombiano. Los bonaverenses, cansados de los abusos de las sociedades portuarias, de la falta de oportunidades de trabajo decente y del silencio cómplice del Estado departamental y nacional, decidieron convocar el Paro Cívico que partió en dos la historia de Buenaventura. Un escalofriante diagnóstico El pliego conjunto presentado al Gobierno nacional, contenía en un solo documento las exigencias sociales, laborales y de infraestructura que la ciudad requiere para salir del rezago al que durante años la han sometido el Estado y el capital portuario nacional y trasnacional. De acuerdo con el Diagnóstico Sociolaboral del sector portuario de Buenaventura (2018) el 88,7 % de la población es afrocolombiana, siendo el tercer municipio del país con mayor población afro. El 6 % es de origen indígena, y el 11 % es de origen blanco y mestizo. Según el DANE, el municipio tiene una población aproximada de 415 mil habitantes, el 51,37 % de la población son hombres y 48,63 % mujeres. Acudiendo al informe del Observatorio Regional de Mercados del Trabajo – Ormet (2018), la cobertura neta en educación media para el año 2015 en Buenaventura fue de 22,3 %, lo cual la ubica lejos de la media departamental para el mismo año que fue de 40,0 %, la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años (2005) fue de 9,2 %, superior a la departamental (5,3%); la tasa de mortalidad infantil (2014) fue de 25,3 % superior en 14 puntos a la tasa departamental (11,3). En Buenaventura el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI es de 36 %, esto es dos veces mayor que el del Valle, que se ubicó en el

Aspectos de la movilización en mayo del 2017 en las distintas calles de Buenaventura, Valle del Cauca.

15 %, y muy por encima del nacional que se encuentra en el 27,7 % (DANE, 2014). De acuerdo con la Encuesta de Hogares (DANE-GEIH, 2016) el 66 % de la población bonaverense vive en condiciones de pobreza y reporta una tasa de desempleo del 49 % y una tasa de informalidad que alcanza un 90.3 % (DANE-GEIH, 2016). El Distrito de Buenaventura alcanza un índice de pobreza multidimensional IPM de 66 %. De acuerdo con el informe de Pobreza Multimodal, que establece el nivel de privación de una población con los indicadores establecidos para esta medición, Buenaventura cuenta con altos niveles de privación en nivel educativo (82,6 %), viviendas inadecuadas (68%), analfabetismo (67%), bajo acceso a fuentes de agua mejorada (51%), ausencia de aseguramiento en salud (30%), desempleo de larga duración (14%), entre otros indicadores. Crisis humanitaria y paro cívico Según el Plan de Desarrollo Distrital 2015-2019, las principales causas del rezago de Buenaventura, son en gran medida, la poca capacidad de gestión gerencial de lo público; la sistemática violación de derechos humanos y étnicos territoriales y la débil legitimidad política del gobierno local para liderar la gestión y el desarrollo de lo público en el territorio, entre otras causas. Sin embargo, hace falta decir que los grandes capitales nacionales y trasnacionales de los servicios de logística y comercio portuario, han sido claves para someter a los trabajadores a condiciones de precariedad y tercerización, han incrementado la conflictividad territorial en aras de tomar nuevas zonas para las actividades portuarias, produciendo nuevos desplazamientos internos y violencia local. El Paro Cívico puso en evidencia la profunda crisis social y humanitaria de Buenaventura, y permitió reorientar los esfuerzos al impulso de una sola agenda conjunta. Por esta razón, procesos comunitarios, sindicales, de mujeres, jóvenes, campesinos y consejos comunitarios, hacen parte de las más de

180 organizaciones que suscriben las agendas y los pliegos sobre los cuales se firmó el Acuerdo con el Gobierno nacional en junio de 2017, y que permitió tomar la decisión de suspender el Paro Cívico, en aras a que el gobierno nacional dé cumplimiento a lo pactado. Conquistas del movimiento Durante estos dos años, aunque no se cumplen los acuerdos en su totalidad, el Comité del Paro ha logrado, gracias a la presión territorial, nacional e internacional, varios aspectos claves para el desarrollo territorial; en primer lugar, se logró que el Congreso de la República, creara el Fondo Autónomo para Buenaventura, mediante la ley 1872 de 2017. Este fondo cuenta con recursos que suman $1,6 billones, los cuales serán destinados para inversiones estratégicas del municipio, y tendrá una vigencia de 10 años. Los principales proyectos que serán cubiertos y financiados son, Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que contará con $350.000 millones; la Ciudadela Hospitalaria, con una inversión de $183.000 millones en cuatro años; la Unidad de Cuidados, que contará con $12.500 millones, y el acueducto rural con una inversión de $25.000 millones; otros proyectos como el parque pesquero, las mejoras en la infraestructura educativa, la diversificación económica del Distrito, hacen parte de los proyectos contemplados por el Fondo Autónomo y que serán ejecutados en los próximos años. Gracias a la presión de las comunidades y del Comité Ejecutivo del Paro Cívico, el Plan de Desarrollo del Gobierno nacional incluyó a última hora el compromiso de transferir los recursos que requiere el Fondo para su

funcionamiento y la ejecución de los proyectos en este cuatrienio. Otros compromisos relevantes se están discutiendo y construyendo en las mesas temáticas. Particularmente, en la Mesa de Productividad y Empleo, se viene trabajando con el Ministerio del Trabajo para producir la legislación para la formalización laboral del trabajo portuario, con la cual los obreros de este sector pretenden recuperar los derechos laborales que les fueron arrebatados tras la privatización de las sociedades portuarias a partir de 1991. Aunque este compromiso no ha logrado grandes desarrollos, las organizaciones sindicales siguen presionando su cumplimiento, a partir de los procesos de organización y negociación colectiva. Este año, producto de este nuevo contexto, la Sociedad Portuaria de Buenaventura, firmó la nueva convención colectiva con el Sindicato Unión Portuaria, en el que la compañía se compromete a garantizar la estabilidad de los trabajadores que se encuentran vinculados con contratos a término fijo. Aunque las agendas con el gobierno se muevan lento, la comunidad de Buenaventura sabe que su lucha cambió la historia, que su compromiso durante el Paro Cívico permitió que todo un país volviera su rostro sobre esta región olvidada y condenada a la violencia y al atraso. Hoy los bonaverenses conmemoran dos años del Paro Cívico y saben que la forma de presionar el cumplimiento de los acuerdos es manteniendo viva la llama que ya encendieron por la defensa de sus derechos, de la posibilidad de volver a tener la esperanza de que se puede vivir con dignidad y paz en el territorio, porque, como dice su consigna central, “el pueblo no se rinde carajo”.

Cartas del lector Invitamos a todas las personas lectoras a escribir y enviar las cartas con sus opiniones y comentarios al correo: semanariovoz@outlook.es


Mujeres

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Liderazgos políticos LGBTI

América Latina contra la homofobia ★ RENATA CABRALES

U

n Estado neoliberal no garantiza el derecho a la salud, lo que incluye el derecho al aborto sin violencia obstétrica que padecen las mujeres, por ejemplo, y es por eso que el movimiento LGBTI debe estar del lado de un estado antineoliberal que no lo excluya y no lo conduzca a la pobreza debido a la clase, raza y género. En cuanto a la ideología conservadora que imponen las diferentes iglesias, como pare de sufrir, lo que buscan es aprovecharse de la condición de pobreza de las personas que hacen parte de este movimiento en América Latina y por supuesto, en un país conservador de ultraderecha, con políticas excluyentes como Colombia. El IV Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de las Américas es un espacio que busca discutir sobre los distintos temas que atraviesan la agenda LGBTI en todo el territorio, pues son tantos desafíos, tantos asuntos pendientes, pero también con algunas luces de esperanza con relación a algunos avances que se han hecho en algunas de las ciudades y países que conforman esta región de América Latina y el Caribe. Es por eso que, a propósito del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, 17 de mayo, se llevó a cabo en Bogotá dicho encuentro, este año, los días 16, 17 y 18 del mes en curso y con la participación de diferentes países de América Latina y el Caribe. “La oleada conservadora neoliberal en Latinoamérica no es casual pues viene de la mano del neoconservadurismo y exalta la idea de la libertad para restringir libertades, un claro ejemplo de estos es el movimiento “Con mis hijos

no te metas” que busca vaciar de contenidos los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Estas políticas neoliberales y estos movimientos en contra de los derechos sexuales y reproductivos son los verdaderos enemigos de las familias”, afirma el panelista chileno José Manuel Morán. Cuba En los últimos años, Cuba ha ido implementando cambios a favor de la comunidad LGBTI, que han sido directamente apoyados por las máximas esferas del país, es decir, el Partido Comunista de Cuba, como fuerza dirigente de la sociedad. Estos cambios han sido puestos en los lineamientos del partido y fueron expresados en la conferencia del mismo. En el año 2013 se crea un grupo de trabajo en el cual se designa un equipo que estudiaría los nuevos cambios que serían introducidos en la nueva constitución, uno de los cuales era no aceptar la discriminación por orientación sexual o identidad de género o cualquier condición lesiva a la dignidad humana y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Luis Ángel Adán Robles, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, miembro de la de la comisión de atención a la niñez, la juventud y los derechos de las mujeres, estudiante de medicina de la Universidad de La Habana y miembro de la comunidad LGBTI, habla sobre los derechos que la comunidad LGBTI de Cuba acaba de adquirir con la nueva constitución: “Así, por medio de una consulta popular queda en el artículo 42 de la nueva constitución

el derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género y cualquier otra condición lesiva a la dignidad humana y se crea el capítulo de las familias, reconociendo todo tipo de familias ya sea homoparental o no o de cualquier otra orientación sexual o identidad de género que estuvieran conformadas las familias y se da un paso hacia adelante en cuanto fue muy discutido el tema sobre el matrimonio entre dos personas, como se recogía en el proyecto, y se decidió cambiar el término a cónyuge, un término general que no signifique una diferencia y que no haga después una imposibilidad a personas del mismo sexo a contraer matrimonio”. Argentina En Argentina todas las demandas y exigencias que nuestro movimiento LGBTI ha realizado han sido recogidos por los gobiernos de Néstor Kichner entre los años 2007 y 2013 y Cristina Fernández entre 2013 y 2015, sin el papel fundamental que han tenido Néstor Kichner y Cristina

Fernández en acompañar y convertir en garantía estos derechos hubiera sido imposible. Darío Arias - Militante de Conurbanos por la Diversidad, miembro del Partido Justicialista de la Argentina y Co-Secretario general de ILGALAC, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexos para América Latina y el Caribe, miembro del partido oficialista y de Unidad Ciudadana, espacio político liderado por la expresidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández, menciona algunos logros que ha obtenido el movimiento a pesar de los intentos de retrocesos que han habido durante el gobierno de Mauricio Macri: “Puedo mencionar por ejemplo: el Plan Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, con un capítulo LGBTI; la ley de Matrimonio Igualitario, la ley de Identidad de Género, la ley de Cupo laboral para personas travestis y trans en la administración pública en los puestos de trabajo de la administración pública, políticas de acceso a la justicia, políticas vinculadas a la lucha contra las violencias de personas LGBTI”.

Central Unitaria de Trabajadores

Avances y propuestas en el último congreso ★ VILMA SALCEDO MUэOZ

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os días 6, 7,8,9 y 10 de mayo en la ciudad de Bogotá se desarrolló el VII congreso de la CUT. Los retos que afronta el VII congreso de la CUT están enmarcados en esta coyuntura social y política en cabeza del gobierno del presidente Duque, que se caracteriza por el endurecimiento de las políticas sociales, al proponer una reforma tributaria, una reforma al sistema de pensiones, un Plan Nacional de Desarrollo que fortalece al gran capital en detrimento del sector de trabajadores y trabajadoras. La CUT debe promover entonces, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales de base, recoger a todos los sindicatos y promover aún más, la sindicalización de este sector productivo donde las garantías de trabajo sean respaldadas y resguardadas por la defensa sindical. En este contexto la lucha obrera se enfrenta a salarios de

subsistencia básica frente a la carga tributaria que debemos resolver en el día a día. Puede destacarse que existe un sistema de tercerización que expone a la clase trabajadora a la negación de factores salariales como las prestaciones sociales de ley o la inestabilidad laboral en la mayoría de los casos. En este congreso se analiza el contexto nacional para orientar una política de lucha social y organizada de los sindicatos como guía de las luchas sociales frente al actual gobierno. La creación del Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas –CMTA. A nivel subregional se han creado organizaciones como La comisión de la Mujer de la Coordinadora de Centrales Andinas, la Comisión Regional Ampliada de Mujeres sindicalistas de América Central y el Caribe; la Comisión de la Mujer Coordinadora de Centrales sindicales de Mercosur; y

a nivel nacional se han creado las secretarías de la mujer en los sindicatos. Avances y participación de las mujeres Ante este panorama de avances en Latinoamérica para Colombia se debe seguir en esa dimensión de apoyo para el fortalecimiento de la lucha político sindical para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Es así como dentro de las propuestas discutidas se reconoce la gran debilidad en la participación de las mujeres y de los y las jóvenes en los organismos de dirección de la CUT y en sus organismos filiales, lo cual demuestra grandes niveles de desigualdad en la participación, y por lo cual la política sindical debe fortalecer mecanismos de facilitación de estos sectores. Con esto se busca integrar la visión de las mujeres y sus

agendas laborales cuyas problemáticas son de mucha relevancia en el mundo del trabajo. Es así como desde la CUT se busca reconocer la transversalización de la perspectiva de género en todas sus acciones y promover la participación de la mujer en las organizaciones de base. Realizar acciones para la formación de nuevos liderazgos femeninos y el empoderamiento de las mujeres y la segregación de las mujeres a trabajos sexistas que restringen el desarrollo laboral de la mujer, aumentar la participación de las mujeres en listas paritarias a través de una reforma estatutaria en la CUT y sindicatos de base, propuesta que generó muchas objeciones y finalmente no fue aprobada, así como tampoco se propicia la creación de una secretaria de juventud, propuesta que encontró muchas objeciones y no fue favorablemente acogida dentro de la reforma a los estatutos.


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Derechos humanos

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Primera entrega En la lucha contra la impunidad sobre los crímenes cometidos por altos mandos militares contra la población civil, organizaciones de derechos humanos preparan una acusación documentada que será presentada ante la Jurisdicción Especial para la Paz

Militares a tribunales

CAROLINA TEJADA SЕNCHEZ

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olombia ha sido uno de los países con más niveles de crímenes de lesa humanidad en el continente, en los cuales altos mandos del Ejército Nacional se han visto involucrados con un manto de impunidad cuando de justicia se trata. Estos casos, principalmente de ejecuciones extrajudiciales, se encuentran en la justicia ordinaria, mientras los militares continúan con sus carreras profesionales como si nada. En el marco de la firma del Acuerdo de Paz, entre la exguerrilla de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos, surge la Justicia Especial para la Paz, JEP. Con este instrumento, el país pensó avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto y así dar con los responsables materiales e intelectuales de los daños perpetrados a la población. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han visto la oportunidad en la JEP para frenar dicha impunidad y abrirle camino a la verdad. Una lucha por la verdad Algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, CSPP y el Colectivo José Alvear Restrepo, Cajar, vienen juntando la información para pedir ante la JEP que se adelante un proceso jurídico que busque frenar los niveles de impunidad desde esta institución. VOZ dialogó con Harold Vargas Hortúa, Coordinador del Equipo de Justicia Transicional del CSPP, quien contó que, en el marco de este proceso de indagación, se han encontrado una serie de casos que mantienen el mismo patrón de violencia, en donde cerca de 20 militares se ven involucrados. Uno de los casos emblemáticos es el de Casanare, pues por primera vez, un comandante del ejército fue llamado a juicio por ejecuciones extrajudiciales, ese comandante es Henry William Torres Escalante: “Él, en este momento, se encuentra acogido a la JEP, porque tiene un juicio en curso, que quiere evadir, pero sí recibir los beneficios para los militares que ofrece la jurisdicción. Hasta el momento, este es el primer caso en donde un militar de alto rango es llamado a rendir cuentas”, comenta Hortúa. Este caso particular fue caracterizado con una modalidad de ejecución extrajudicial temprana, “allí, detenían a personas de la misma comunidad que estuvieran pasando por veredas o que pasaran cerca de retenes militares y, posteriormente, las asesinaban y eran mostradas como dadas de baja en combates. Así mismo pasaba con

Militares de Valledupar condenados por crímenes de Lesa Humanidad a comunidades indígenas. Foto Colprensa

los allanamientos, de allí también se llevaban a las personas y luego aparecían ejecutadas. Las versiones de los vecinos y de las familias han ayudado para esclarecer los hechos”, asegura el abogado Hortúa. Otra de las modalidades que se caracteriza como más elaborada y que ameritaba mayor logística por los militares, es la relacionada con el caso de los jóvenes de Suacha. Ellos fueron secuestrados en este municipio, posteriormente ejecutados y mostrados como dados de baja en combate en Ocaña en Norte de Santander. “La guerra se gana con litros de sangre” Relata Harold: “Nosotros logramos identificar en el norte del país que los batallones que componen la Décima Brigada y que operan en los departamentos del Cesar y La Guajira, se iban a los sectores más populares de Barranquilla y por medio de la promesa de trabajo a los jóvenes, los engañaban y los llevaban a donde tenía jurisdicción esta brigada, los mataban y mostraban como bajas en combate. La organización de Familiares Unidos por un Solo Dolor de Barranquilla, relata cómo por los parques, en donde los jóvenes consumían marihuana, pasaba una camioneta del ejército sin placas, subían a los muchachos y nunca más se volvía a saber de ellos. Así que, no es solo el asesinato de civiles, sino, además, la desaparición forzada”. Esta serie de casos que relata el abogado no solo tiene afectaciones en las principales ciudades como Barranquilla en Atlántico o el Cesar en la costa caribe sino también en las comunidades indígenas y campesinas. “El Batallón que más ha cometido ejecuciones extrajudiciales en el norte del país es el Batallón de Artillería N. 2 La Popa, superado únicamente por la Brigada N. 14 de Antioquia. Nosotros estamos adelantando un informe en el

que se está evidenciando que solo en un periodo de tiempo hubo más de 200 casos. Ese lapso responde al periodo presidencial de 2002 al 2010, que coincide con el gobierno presidencial de Álvaro Uribe Vélez”, continúa el abogado. El Batallón la Popa tenía un cementerio ilegal, donde exhumaban a personas, un lugar improvisado a las afueras de Valledupar, en donde enterraban víctimas de ejecuciones extrajudiciales: “Existe una serie de modalidades para perpetuar estas ejecuciones que se venían acompañando, con alianzas con grupos paramilitares, políticos regionales y empresarios. Esta no es una práctica única de ciertas tropas del ejército, realmente sí se daban directrices por todo el territorio nacional, en coordinación con sectores políticos y económicos, esto es lo que estamos documentando”, afirma Harold. La presión al Ejército para mostrar resultados, es decir, las bajas en combate, además del discurso del mismo general Mario Montoya de “la guerra se gana con litros de sangre” abrió la puerta a los beneficios que se le otorgaban a los militares de acuerdo a su rango, los cuales iban desde el reconocimiento con las denominadas medallas del orden público o “recompensas a quienes presentaran las bajas en combate. A los soldados de rango más bajo les daban vacaciones, pagos de salarios y a los soldados de rango más alto, cursos en el exterior, entre otros. Es muy famosa la medalla gris que se ganaban cuando se presentaba un número alto de bajas en un periodo de tiempo. Los comandantes de división están llenos de estas medallas”. Militares con rabo de paja A comienzos del mes de febrero, la organización Human Rights Watch, HRW, le presentó al país una investigación en donde se relacionan a estos mandos militares con los crímenes que violentan la tranquilidad y

vulneran la justicia y la verdad en el país. También alertan, cómo tres de los nueve generales promocionados están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales y los otros seis por acciones de su tropa. Los militares denunciados por HRW, son los generales Martínez Espinel, Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo. El pasado mes de marzo las organizaciones defensoras de DD.HH., igualmente presentaron un informe ante la JEP, sobre la presunta responsabilidad que tiene Adolfo León Hernández Martínez y quien hoy hace parte de la cúpula del gobierno del presidente Duque, relacionado con estos crímenes. Este militar se desempeñó entre 2007 y 2009 como comandante de la Popa. Según comenta el abogado: “Allí se documentó la presunta responsabilidad que él tendría sobre las tropas que cometieron ejecuciones extrajudiciales en este periodo de tiempo, pero además logramos mostrarle a la jurisdicción, como él firmaba actas de pago de recompensas a informantes que muchas veces eran falsos”. Por otra parte, y en la búsqueda de la verdad y la justicia para el país, también se está preparando “un informe macro, sobre el actual comandante de las fuerzas militares, Nicacio de Jesús Martínez Espinel. Él era el segundo comandante y jefe de la Décima Brigada Blindada entre el 2006 y el 2014. Allí hemos logrado vincular 75 víctimas directas en un poco más de 30 casos. Lo que nos sorprende es que una persona que está vinculada con este caso, esté al frente de las Fuerzas Militares”, enfatiza Harold.


Campo

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/14 por la arremetida de grupos paramilitares que han cercado su movilidad y han asesinado a algunos integrantes de sus resguardos. La Organización Indígena de Antioquia, OIA, dio un balance alertando sobre las restricciones y la imposibilidad de realizar sus trabajos para obtener el sustento. Y otro factor que ha generado desplazamiento es la constante amenaza que genera la represa Hidroituango. Muchos vendieron sus casas a bajo costo o las dejaron abandonadas por el temor a que la hidroeléctrica se rompa, y de ser así, acabaría con todo el municipio. Además la economía que daba el río a través de la pesca y el barequeo desaparecieron hace un año cuando el río se secó completamente. PNIS sin cumplimiento

Las calles de Cáceres, Antioquia, están quedando desoladas debido a la violencia generada por los grupos armados ilegales. Foto Defensoría del Pueblo.

Cáceres sin posibilidad de paz A pesar de que ha llegado inversión a este municipio con los PDET y el PNIS, el enfrentamiento entre grupos armados está desplazando a la población, abandonando sus proyectos de vida BIBIANA RAMйREZ – AGENCIA PRENSA RURAL

E

n mayo se están cumpliendo dos años de la emisión del decreto de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. De los trece municipios priorizados en Antioquia, en la subregión del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, solo en cinco se hicieron obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria, PIC, entre 2017 y 2018: Remedios, Anorí, Briceño, Ituango y Cáceres. Este último es el único intervenido en el Bajo Cauca donde la violencia y la pobreza hacen que esta subregión sea invivible. El Clan del Golfo, los Caparrapos y el ELN son los grupos armados ilegales que más presencia tienen en este municipio de 37.806 habitantes. El desplazamiento masivo, las amenazas y asesinatos son una constante, dejándolo casi despoblado tanto en lo rural como en lo urbano, pues los enfrentamientos entre estos grupos hacen que la población quede confinada y llena de temor. Alrededor de 2.200 indígenas del pueblo Senú viven en Cáceres, distribuidos en nueve comunidades, según el censo del cabildo mayor en el 2011. En diciembre de 2017 la Agencia Nacional de Tierras, ANT, entregó al resguardo Puerto Bélgica 48 hectáreas de tierra para la constitución del mismo con 51 familias. Sin embargo muchos han tenido que huir por la guerra que los acorrala. Cáceres es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia. Fundado en 1576 y en 1903 erigido municipio. Allí la minería de oro viene desde la colonia y aún se mantiene causando grandes estragos en la naturaleza, pues gran parte de su territorio ha sido explotado. Es atravesado por el río Cauca donde la pesca era una de las

actividades económicas más relevantes, pero con la construcción de la represa Hidroituango ésta quedó casi eliminada. El cultivo de coca reemplazó la agricultura; el 77 por ciento de la población vive en la ruralidad, con pocas vías de acceso a esta y sin opciones económicas. Desplazamiento a cuenta gotas La situación que vive Cáceres es alarmante. Se está convirtiendo en un pueblo fantasma de calles desoladas. El mismo defensor del pueblo, Carlos Negret, que estuvo visitando el municipio el 25 de febrero de este año, dijo ante los medios: “Es una situación aberrante, uno queda aterrado después de visitar cinco municipios del Bajo Cauca y encontrar a Cáceres casi vacío por la angustia de la gente. Lo que acabamos de observar en el municipio es la gente paniquiada. Tenemos que contarle al país que hay que mirar a Cáceres”. Y según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, entre enero y febrero de 2018 salieron 1.600 personas de 18 veredas por cinco enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control territorial. El Defensor del pueblo dio la cifra de 4.600 desplazados en todo ese año. El personero municipal, Anderson Piedrahita aseguró que de los 2.300 estudiantes que tenía el Liceo Monseñor Gerardo Patiño, mil han dejado de ir a clase porque han tenido que salir del pueblo, por temor a algún enfrentamiento armado o por los panfletos que circulan. Además hay cinco concejales amenazados. “Del municipio han salido más de 420 personas, dejando

La pesca era una de las actividades económicas más relevantes, pero con la construcción de la represa Hidroituango ésta quedó casi eliminada” deshabitados cuatro barrios. Tenemos el registro de 23 homicidios en lo que va del año, en el 2018 se presentaron 60 muertes. Todos los días recibimos denuncias por amenazas”. Desde la seis de la tarde todos los negocios cierran sus puertas y las personas no salen de sus casas. Cuenta uno de sus habitantes que Cáceres queda desolado y con un silencio aterrador. Para el 2019 el Registro Único de Víctimas no lleva la cuenta de cuántas personas más han salido de allí, pues los desplazamientos ahora no son masivos sino a cuenta gotas y la gente no está denunciando. “Pero los desplazados han dicho claramente, que como no hay seguridad, no hay ayuda para nosotros y muchos decidimos regresar al territorio porque nos habían dicho que teníamos las garantías. Cuando hay un conflicto tan largo y tan complejo como el nuestro es muy difícil que las cosas se normalicen, teníamos la confianza, pero ahora está perdida”, dice Horacio Rendón, representante de las víctimas e integrante de la comisión municipal del Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria, PNIS, en ese municipio. Las comunidades indígenas también han tenido que dejar sus territorios

Como en el resto de municipios que se acogieron al PNIS, en Cáceres también está atrasada la implementación. En el 2013 este municipio tenía 143 hectáreas sembradas en coca y para el 2017 había aumentado a 1.943 hectáreas, según el Observatorio de Drogas de Colombia. 1.671 familias se acogieron al Plan, “de las cuales por problemas y falta de documentación, el Gobierno ha estado excluyendo a algunas, ahora quedan 1.200. El PNIS ha tenido dificultad porque no se han ejecutado rápido, por el contrario la gente sigue esperando, pero no sabemos hasta cuándo iremos a aguantar”, asegura Horacio Rendón. Estas familias han erradicado 900 hectáreas, pero los pagos no les han llegado completamente. Ya van cinco meses sin que reciban lo acordado. A algunas veredas llegaron semillas y plántulas para reemplazar los cultivos de coca, sin embargo los labriegos concuerdan en que no hay asesoría técnica para sembrar las mil plántulas de aguacates, 700 kilos de maíz, 22 mil plántulas de caña o la tres mil plántulas de guayaba. Por los incumplimientos en el programa de sustitución varios líderes están pensando en hacer una demanda colectiva por la falta de pagos, pues ellos aseguran que cumplieron con la erradicación voluntaria. Estuvieron en todas las reuniones, planeando, soñando el futuro de sus veredas, construyendo los PDET, pero ahora dicen que se están cansando de esperar. “Pensábamos firmemente que el Acuerdo de paz iba a solucionar muchos problemas frente al tema de tranquilidad y de paz, eso no se ha dado. Sabíamos que era difícil que el Estado cumpliera ese acuerdo, pero el territorio no fue copado a tiempo y por el contrario se le dio ventaja a que entraran más grupos armados. Las comunidades nos sentimos solas. La idea con el Acuerdo era motivar la población para sostenerse en el territorio”, afirma Horacio Rendón, un poco desesperanzado con la situación de su municipio.

Pensábamos firmemente que el Acuerdo de paz iba a solucionar muchos problemas frente al tema de tranquilidad y de paz, eso no se ha dado”


Regional

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Sin acueducto, sin agua, sin luz

Santa Marta no consigue calmar la sed En el último medio siglo, por poner unos tiempos de comparación, no hay un concejal, un alcalde, un gobernador o un presidente de la República, incluyendo el actual mandatario, que no hayan prometido una solución definitiva al problema RICARDO ARENALES

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on Rodrigo de Bastidas, un notario de la provincia de Sevilla, en España, fue uno de los designados por la Corona para emprender las tareas de la conquista de América. En lo que lo historiadores califican como un acto de amor entre la ciudad y el río, el sevillano fundó a Santa Marta, el 29 de julio de 1525. Fue la primera ciudad de América, y don Rodrigo aspiraba a que fuera la más perfecta y hermosa del Nuevo Mundo. Sin embargo, 494 años después, a diferencia de otras metrópolis del continente, y de que la capital del Magdalena ostenta el título de distrito turístico, la ciudad no cuenta con un servicio de acueducto que le proporcione agua potable a sus habitantes. Hace pocos días, y ante las protestas de la población, el gerente de Electricaribe dijo que los apagones -que también se presentan- en la mayor parte de la ciudad, obedecen a la recarga de los transformadores, y al incremento en el uso de electrodomésticos, especialmente los sistemas de aire acondicionado y ventiladores. Su uso prolongado, indicó el funcionario, genera sobrecargas que afectan el servicio. Agua insuficiente Tampoco llegan las lluvias que se requieren con urgencia, para superar la crisis del agua potable. Es decir, según las autoridades, la intensa “ola de calor” que se vive por estos días, tiene a la ciudad sin agua y sin luz. De 370 barrios con que cuenta la ciudad, 180 están sin agua, y de contera afectados por apagones, la mayoría de ellos ubicados en la zona norte.

La planta de tratamiento de aguas de Mamatoco, al norte de la ciudad, ha disminuido el suministro este año de 603 a 299 litros por segundo. En tanto que la planta del sur, El Roble, bajó de 326 a 235 litros por segundo. La urbe cuenta con 44 pozos subterráneos funcionando, como refuerzo al trabajo del sistema de acueducto, los cuales generan unos 460 litros por segundo, pero esto no es suficiente. La ciudad tiene en estos momentos un déficit de 1.300 litros de agua por segundo y al parecer, la falta de lluvias en el norte del país ha bajado los niveles de los ríos. Cada que llega una temporada seca en la ciudad, la historia es la misma, y como ahora, los responsables del manejo administrativo se conforman con decir que “la ola de calor”, ha empeorado las cosas. Otra cosa piensan las gentes que han padecido el problema por décadas. Los 365 días del año En el último medio siglo, por poner unos tiempos de comparación, no hay un concejal, un alcalde, un gobernador o un presidente de la República, incluyendo el actual mandatario, que no hayan prometido una solución definitiva al problema. Pero pasan los años y la angustia de las gentes se prolonga. El intento más serio por erradicar el problema de una manera seria y responsable ocurrió bajo la administración del alcalde Carlos Caicedo, de Fuerza Ciudadana, que en 2014 aseguró que Santa Marta tendría agua potable los 365 días del año. Formuló una propuesta de acueducto, que se surtiría de las aguas del rio Guachaca, uno de los más caudalosos y profundos del Magdalena, como principal fuente de suministro.

Esta escena se repite en Santa Marta, ciudad de México, Río de Janeiro y otras ciudades latinoamericanas.

Pero la empresa Metroagua, manejada por el clan de los Díaz-Granados, que ha ostentado el poder político por muchos años, se le atravesó en el camino a la propuesta del alcalde Caicedo. La puja llevó a que, por presiones de la burguesía samaria y con el respaldo de Findeter, se encargara un trabajo de consultoría a la Universidad de los Andes, que terminó desestimando la propuesta del alcalde Caicedo y “recomendando” traer agua del río Magdalena, mucho más contaminada, que adelante un proyecto, a través de una alianza público privada, que entregue en concesión el servicio de potabilización.

Nunca se dispuso de los recursos necesarios, ni bajo la administración Santos, ni bajo la actual del presidente Duque. Sin embargo, el presidente nombró como alcalde encargado a Andrés Rugeles, ficha de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y recomendado por el clan Díaz-Granados, beneficiario del proyecto, quien ha dicho que esta vez sí habrá un acueducto regional. Desde luego, la dirigencia política tradicional de la capital del Magdalena, va detrás del jugoso negociado que implica manejar tres billones de pesos.

Jugoso negociado

La escena de carrotanques distribuyendo agua en los barrios populares, es un drama que se repite en Santa Marta, en Ciudad de México, en Sao Paulo y otras ciudades. En el mundo, los analistas concuerdan en asegurar que el agua es utilizada como arma de guerra contra los pueblos, por los grandes poderes occidentales. Lo que sucede hoy en la Franja de Gaza, es muestra elocuente de esta afirmación. En el municipio de Iza, provincia de Sugamuxi, en Boyacá, los días 16, 17 y 18 de noviembre pasado, se realizó el VII Encuentro de Acueductos Comunitarios de Colombia, que constató que la situación que vive hoy Santa Marta se repite a lo largo de la geografía nacional. El encuentro denunció además “la transformación de las empresas públicas municipales en empresas privadas y mixtas por acciones, y la persistencia de hacerlo con nuestros acueductos comunitarios; la pérdida de la autonomía municipal y territorial de los gobiernos locales en el manejo de sus recursos para agua y saneamiento y el arrasamiento de las comunidades organizadas como entramados construidos solidariamente por las gentes”. La reunión de Boyacá dijo que en Colombia existen 12.000 acueductos comunitarios, que abastecen el 20 por ciento de agua potable en las ciudades, y el 40 por ciento en las zonas rurales. Pero, el gobierno de Iván Duque se propone privatizarlos, utilizando el mismo rasero para el angustioso desabastecimiento del vital líquido en Santa Marta.

Al proyecto se le dio el nombre de Acueducto Regional, fue avalado por el entonces presidente Juan Manuel Santos y su costo se estimó inicialmente en un billón de pesos. Más tarde se le hicieron ajustes y la suma se triplicó. Detrás de la pretendida alianza público privada estaba la empresa Inassa, filial de la española Canal de Isabel II y dueña de Metroagua, de Santa Marta, la misma que junto a Findeter, mandó a hacer el estudio de Los Andes.

A pesar de ser un importante distrito turístico, Santa Marta no dispone de un acueducto que colme sus necesidades de agua potable.

El rasero de la privatización


Internacional

Mayo 22 de 2019

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Aspecto de la movilización del 15 de mayo contra la gestión de Bolsonaro.

Brasil

Los 100 días de Bolsonaro Con la movilización del pasado 15 de mayo, la ciudadanía protestó por la agenda neoliberal que se viene implementando. Balance de los primeros días del nuevo presidente en el país carioca PIETRO LORA ALARCюN

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an transcurrido un poco más de 100 días desde que Jair Bolsonaro ocupa la presidencia del Brasil y los sectores de la derecha convencional, acostumbrada al estilo y protocolo de los escenarios del poder, hoy desplazada del gobierno, no se cansa de hacer gestos de aproximación al presidente, así como las fuerzas democráticas y del campo de la izquierda, que intentan rápidamente organizarse para jalar un gran acuerdo de unidad contra el programa neoliberal y la agenda excluyente y antidemocrática que se traza y se pretende imponer a rajatabla en el Congreso. Contexto internacional La cuestión no es fácil. El deterioro ocasionado a la sociedad brasileña es evidente. En el terreno internacional hay factores muy negativos. El alineamiento del gobierno con la política externa de Trump. Ese posicionamiento recibe fuertes críticas del sector industrial y comercial porque Brasil desarrolló históricamente un concepto de interés nacional que lo distingue de otros Estados de la región, además de cultivar el multilateralismo en lugar de priorizar el relacionamiento exclusivo con los Estados Unidos.

Gravemente, Bolsonaro no solo anunció la salida brasileña de la Unasur y debilita su relación con los demás países del grupo de los Brics y del Mercosur, además de lanzar fuertes críticas a China, su principal socio en los últimos años, sino que recibió al señor John Bolton, emisario norteamericano y, más tarde, visitó Israel para contactos comerciales, declaró su participación en el Prosur, un excluyente acuerdo regional y, finalmente, abrió las puertas para la instalación de la base de lanzamiento de satélites desde el territorio de Alcántara, al norte del país, proclamando el convenio AST de salvaguardia tecnológica con los Estados Unidos. Contexto nacional En el plano nacional, como complemento, el gobierno lanza una campaña para armar a la población, llama a la militarización del país y presenta un plan contra la criminalidad fundado en la “licencia para matar” en favor de la policía, el endurecimiento de las penas y el recorte de las garantías procesales. El modelo es muy próximo del asumido en Norteamérica en el periodo de Reagan. No hay duda de que en este rediseño político y geopolítico está la mano del capital financiero ligado a la industria de la guerra, que tiene en el eje TrumpBolsonaro representantes capaces de generar un clima de desestabilidad regional, con repercusiones graves contra el movimiento social, la paz y los derechos de los trabajadores no sólo de Brasil sino del continente.

Ejecutivo. Ministros improvisados y la presencia de sus hijos como parte del llamado “Clan Bolsonaro” en las decisiones del día a día, tornan el cuadro más complicado. En el medio de las primeras crisis el papel de las fuerzas armadas ha sido fundamental. En este momento son siete los ministros militares y otros, que ocupan cargos importantes en las estatales. La voz ponderada del vicepresidente, general Mourao, especialmente en la reunión del Grupo de Lima, en la cual planteó claramente que Brasil no participaría de una intervención en Venezuela, demuestra una posición divergente de la expuesta por Bolsonaro. El llamado Grupo de Haití, en alusión a los militares que estuvieron en la Misión de paz de la ONU en ese país, ha sido relevante también para colocar un punto final en la crisis de los festejos del golpe convocados por el presidente para el 31 de marzo. El decreto presidencial produjo un malestar nacional. Las fuerzas armadas se mostraron sorprendidas y no ocultaron su disgusto. Rápidamente el ministro de la Defesa, general Azevedo e Silva, emitió un comunicado en el que manifestó que no serían conmemoraciones ni eventos públicos, sino palestras en el interior de los cuarteles, reduciendo el impacto del decreto. Balance económico Mientras tanto, con los indicadores en alerta, anunciando un aumento de la inflación y una caída de la productividad en el primer trimestre del 2

Las fuerzas armadas

Suscríbase a En esas condiciones el régimen político es el de una democracia de fachada, de génesis autoritaria, contrario a las libertades públicas, sin compromiso social y con un presidente inexperto, que con bravuconadas intenta esconder sus errores de conducción del

La verdad del pueblo

www.semanariovoz.com

por ciento, sigue la agenda económica y antisocial del gobierno, que intenta aprobar la reforma de las jubilaciones, descargando la retracción económica en los trabajadores. En esa agenda está el recorte de 30 por ciento del presupuesto para la educación pública, lo que ha generado una conmoción en innúmeros sectores de la opinión pública nacional e internacional. Hay en curso una agresión contra la cultura, la ciencia y el pensamiento crítico y por eso se convocó la jornada de movilización de este 15 de mayo por el derecho a la educación. Movilización Es la primera acción contundente contra el gobierno de Bolsonaro, que delante de la acción popular intentó retroceder diciendo, a última hora, que no habría el recorte. La Cámara de diputados ha llamado al ministro de Educación a dar explicaciones y el objetivo del momento es detener esa política educacional del gobierno y exigir la ampliación del presupuesto. La lucha no puede acabar allí y el Frente Brasil Popular, que agrupa organizaciones de espectro variado, avanza en la preparación de nuevas jornadas contra un Estado cada vez más violento e intransigente, que representa un atraso no solo para Brasil sino para toda la región. El miércoles 15 de mayo hubo una jornada nacional de protesta contra las políticas antiobreras y regresivas del presidente Jair Bolsonaro. Hasta la prensa reaccionaria destacó la masividad de la movilización y la diversidad de los sectores sociales que participaron en las plazas y calles de las grandes ciudades de Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Salvador de Bahía.

Informes en: Carrera 13A No. 38 - 32 Teléfonos: 232 14 61 y 320 20 35 Bogotá, D.C.


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Detrás de la guerra comercial EE.UU.-China Estados Unidos esgrime la tendencia a la dominación hegemónica y presiona a sus aliados europeos a través de la guerra de aranceles y prohibiciones tecnológicas que solo favorecen a empresas norteamericanas, y les exige lealtad a cambio de nada

Rivalidad por la hegemonía global

ALBERTO ACEVEDO

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o que realmente está detrás de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es no solamente la búsqueda de un mejor posicionamiento en la balanza de pagos norteamericana o la puja por determinar cuál de las dos potencias impone el mayor número de aranceles por la importación de productos a su contraparte. El meollo de la actual crisis comercial, es la lucha por el posicionamiento tecnológico a escala global, determinar quién asume el control hegemónico de los destinos del planeta. En esta lucha, Estados Unidos hace denodados esfuerzos por mantener sus ventajas sobre los chinos en el sector de las nuevas tecnologías, mientras el gigante asiático compite por tomar la delantera. Y es una lucha de titanes. El líder mundial en la producción de drones para uso civil, es un joven chino, apasionado por el modelismo, que no pasa de los 30 años de edad y ya produce el 70 por ciento de los drones del planeta. No hay en estos momentos ningún competidor que le haga contrapeso en el mercado norteamericano. China en el podio En el sector de la geolocalización, China concibió su propio sistema de navegación satelital, denominado Bidou, o “La Osa Mayor”, que le pisa los talones al GPS norteamericano. Este sistema se apoya en una red de 30 satélites que giran alrededor del planeta, y estará en pleno funcionamiento a partir del próximo año. Según la Organización Mundial del Comercio, OMC, desde hace cuarenta años los Estados Unidos han sido líder indiscutible en la presentación de patentes de diversas tecnologías. Pero China podrá disputarle este puesto y superarlo, ya para el año 2020. De hecho, en 2017, dos empresas chinas:

Huawei y Google se enfrentan en estos momentos por el control de la tecnología de las comunicaciones.

Huawei y ZTE, dominaban el podio de las patentes, con 4.024 y 2.965 solicitudes respectivamente. Mientras en el tercer lugar se ubicaba la norteamericana Intel, con 2.637 solicitudes de registro de patentes. China compite con los GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), creando su propio sistema de georeferenciación. Desafía a gigantes del pago con tarjeta de crédito, como Visa, Master Card y American Express, con los que no solamente compite creando sus propios consorcios, sino que les impone una legislación china muy restrictiva. China tiene un abanico de iniciativas para posicionarse en el liderazgo mundial. Una de ellas es su ambicioso programa “Made in China 2025”, que busca convertir al gigante asiático en una potencia de las nuevas tecnologías. Ser autónomo en el ámbito tecnológico y desarrollar sus propias habilidades, desde la industria aeroespacial hasta las telecomunicaciones, pasando por la robótica, la biotecnología y los vehículos electrónicos.

países de que usen su tecnología. En una estrategia por transformar el continente euroasiático, mejorando el libre comercio entre decenas de países, mediante inversiones en infraestructura, transporte, energía y cooperación tecnológica, China hizo a comienzos de este año un foro, en el que participaron 37 jefes de Estados y 10 miembros de la Asean. Hasta el momento, 125 países han suscrito intenciones de participar en la iniciativa. En esta disputa por alcanzar la hegemonía global, se imponen dos ópticas diferentes sobre el desarrollo. Beijing ofrece un proyecto de cooperación gana-gana, tiende a elevar el nivel de vida de la población de los países cooperantes, con inversiones en ferrocarriles, escuelas, carreteras, acueductos, puentes, hospitales, puertos, conectividad a internet y otros tópicos, sin pasar por alto las necesidades de los países involucrados, cuestión que se traduce en igualdad de oportunidades para el desarrollo.

Rutas de la seda

En contraste, Estados Unidos esgrime la tendencia a la dominación hegemónica y presiona a sus aliados europeos a través de la guerra de aranceles y prohibiciones tecnológicas que solo favorecen a empresas norteamericanas, y les exige lealtad a cambio de nada. Estrategas de la política norteamericana califican iniciativas de comercio de China, como la Ruta de la Seda, de “nuevo colonialismo” y a las estrategias de crédito chinas al exterior, como una “violación de la soberanía de otros países”. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos despliega las naves de guerra de su VII Flota por las aguas del Mar de China, en abierto desafío a la paciencia de Beijing. Washington critica a China por su posición frente a Taiwán, por su política

China en estos momentos le apuesta a la autosuficiencia tecnológica en el 70 por ciento de sus componentes y materiales clave, objetivo que aspira alcanzar en el año 2025. Pero al lado de estas iniciativas contempla un audaz proyecto de nuevas rutas de la seda, para convencer a otros

Despliegue de la VII Flota

de comercio con países de América Latina, por su participación en los mercados de África, por su presencia en el Ártico o en los mercados de Europa. La Casa Blanca califica esa estrategia de “peligro amarillo” y en los encuentros bilaterales con mandatarios latinoamericanos, además del tema de la intervención en Venezuela, les pide que no se dejen seducir por la “injerencia” china. Amenazas En las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, en las últimas semanas, Washington ha preferido el garrote a la zanahoria. En esa perspectiva anunció un aumento en los aranceles sobre productos chinos, por lo que calificó un avance “demasiado lento” en las negociaciones bilaterales. Amenazó con que si China no se pliega a las condiciones que plantea la Casa Blanca en un plazo de ocho semanas, extenderá la nueva política de aranceles a todos los productos norteamericanos. No mencionan los estrategas norteamericanos, que en la última ronda de negociaciones, China se mostró dispuesta a importar más productos agrícolas norteamericanos, energéticos e industriales, para atender reclamaciones de la contraparte. China puede hacer concesiones, dijo el negociador Liu He. Lo que no puede es desmontar su política en el sector tecnológico, o desmantelar el sector público, como quisiera el Fondo Monetario Internacional. En estas condiciones, en el evento de que China modifique sus exigencias y se siente a negociar en un par de meses con Washington, es incierta la posibilidad de que las dos potencias, enfrentadas por un liderazgo mundial, concilien sus posiciones. Y en el remoto caso de que lleguen a un acuerdo comercial, es incierto también que llegue a cumplirse en sus términos.

Visite la página web del semanario VOZ: www.semanariovoz.com Contenedores con productos chinos, objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.


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Bicenterio

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Aporte fariano de cara al Bicentenario “Nos han sometido más por la ignorancia, que por la fuerza de las armas”. Simón Bolívar

JOSШ RIVERA - COMISIюN BICENTENARIO. FARC

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a campaña de Boyacá marcó un hito en la guerra que los pueblos de las colonias americanas libraron contra el poder colonialista español, pero sería un grave error considerarla como un hecho aislado de la agitación que caracterizaba la vida de los pobladores del continente en ese periodo histórico. Mientras Europa se estremecía por la confrontación entre las monarquías feudales y la burguesía que se sentía madura para asumir la dirección de la sociedad y construir un nuevo modo de producción que sepultara definitivamente al feudalismo, las sociedades de la América india soportaban la violenta y explotación de un régimen colonialista incapaz de satisfacer las necesidades sociales, cuya metrópoli soportaba el peso de las contradicciones, las mismas que la llevaron a la agonía por las riquezas que extraía de este lado del océano, que, a su vez, fueron las que generaron el cambio de la sociedad europea. El lugar de la historia Así las cosas, debemos entender la conmemoración del Bicentenario, antes que como una evocación nostálgica de las glorias pasadas, como la posibilidad de recuperar nuestra memoria histórica, en tanto que entender nuestro pasado para aprovechar las lecciones dejadas es avanzar en la construcción de nuestra sociedad. Es interiorizar que el pasado no está desligado del presente histórico. En alguna época se nos enseñó que la independencia de nuestros pueblos frente a España fue el producto de una rápida y audaz campaña, iniciada en Tame y finalizada en Boyacá en un término de pocos días, y que las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá eran los únicos combates dignos de recordación; y que en Boyacá finalizó la guerra de independencia en territorio de la Nueva Granada. Adicional a ello, ha desaparecido de las aulas la cátedra de Historia; se ha formado una generación de colombianos sin conocimiento de su pasado histórico. Pero no sólo afrontamos esta deficiencia, sino que se evidencia una consciente campaña orientada desde altos representantes de un sector de la sociedad a negar hechos históricos que han marcado el trasegar de nuestro pueblo en diversas épocas de su existencia, como las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, que un día grita “estudien vagos” y, simultáneamente, afirma que la Masacre de las Bananeras fue una ficción literaria de García Márquez, tratando de borrar un hecho real y convencernos de que este suceso no forma parte del pasado de nuestra sociedad. O las declaraciones del presidente Duque agradeciendo a los padres fundadores

Guerrilleros de las antiguas FARC, promocionan el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia en el pasado proceso de paz en San Vicente del Caguán.

de los Estados Unidos su acción por nuestra independencia. En contra del bolivarismo Algunos sectores respondieron achacando estas afirmaciones a ignorancia por parte de estos personeros del sector más reaccionario de nuestra sociedad, pero una rápida mirada a las orientaciones sobre Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, nos llevan a recordar que el documento Santa Fe IV, califica como uno de sus enemigos a enfrentar al creciente “bolivarismo” que, ya por la época en que fue redactado, hacía presencia fuerte en algunos gobiernos latinoamericanos, y que, de acuerdo a su visión, representa un peligro para su necesidad de “que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a nuestras prioridades nacionales”; y da la casualidad que las declaraciones de Duque y Cabal, se acogen plenamente a la doctrina norteamericana de Seguridad Nacional. Pero, no son aisladas las declaraciones de este sector, dado que durante más de veinte años ha tratado de negar la existencia del conflicto social y armado en nuestro país –realidad que nos golpea a diario–, y que hoy persiste en virtud del discurso que tiene uno de sus personeros desde la dirección del Centro Nacional de Memoria, cuya voz se une a viejas afirmaciones de la ultraderecha colombiana. Bicentenario y resistencia No podemos olvidar que la lucha por la independencia tiene sus raíces en la resistencia indígena frente a la conquista española, en la lucha de los negros esclavizados por recuperar su libertad, la lucha por los derechos de los criollos por la igualdad de derechos y la rebeldía popular ante las restricciones para el comercio y los impuestos con que la metrópoli financiaba sus guerras en Europa. La independencia se da en un escenario

de movilización beligerante de las masas, reprimidas violentamente por las autoridades realistas. Así como los españoles impusieron su gobierno a los indígenas mediante la violencia que diezmó a esta población, así también trataron a los movimientos de rebeldía y protesta de las poblaciones americanas, provocando una radicalización de sus protestas que llevó a la generalización de la guerra que desembocó en la independencia frente a la corona española. Igualmente, es necesario recoger la memoria de la lucha por la unidad latinoamericana –frente a la actitud de aquella naciente república de los Estados Unidos contra los esfuerzos realizados en la América hispana– y con ello otorgarle la particular importancia, en un momento como el actual, a la lucha por establecer un territorio de paz en América Latina y el Caribe. Nuestra América Las lecciones del pasado nos aportan experiencias para continuar en el proceso de construcción de Nuestra América libre, soberana y en paz, tal como la propone el pensamiento del libertador Simón Bolívar, presente en sus ingentes esfuerzos por consolidar la independencia de las cinco repúblicas bolivarianas, pero también en su esfuerzo por construir una República que uniera a todo el territorio del subcontinente, que alcanzó su expresión más brillante en el esfuerzo por hacer realidad el Congreso Anfictiónico. Nos proponemos recoger desde esta columna diversas investigaciones acerca de los sucesos, muchas veces ignorados, del proceso independentista que, a pesar de su importancia, son ignorados por la historia oficial, buscando con ello difundir entre los colombianos la realidad de una historia que forma la base de nuestra situación actual como país. Invitamos a todos los lectores a aportar en la recuperación de nuestra memoria como fuente de saberes que nos permitan entender nuestro presente y actuar de cara a nuestro futuro.


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Jaque mate

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La frase de la semana

“La paz de Colombia pasa horas muy difíciles, tenemos que rodearla, respaldarla y hacerla respetar”. Aída Avella, senadora de la República por la Unión Patriótica.

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org


Mayo 22 de 2019

In memoriam

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Carlos Lozano Guillén

La paz, su vocación inmarcesible Semblanza al entrañable periodista comunista comprometido con la paz del país, la defensa de los excluidos y la lucha por la democracia, la soberanía y la lucha contra el imperialismo COSME JOSШ HENRйQUEZ

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Carlos Lozano, el lugar de su nacimiento le impuso la lucha por la paz, ya que nació en un departamento muy violento en la época en que arribó al mundo. En efecto, en el Tolima desde mediado los años cuarenta y hasta la dictadura, llamada Frente Nacional, el Partido Conservador organizó la policía chulavita, la cual persiguió y asesinó a liberales, comunistas y ciudadanos progresistas. Basta leer libros como La violencia en Colombia, de Eduardo Umaña Luna, Orlando Fals Borda y monseñor Germán Guzmán, o el libro Tortura, lágrimas y sangre, de Edison Peralta González, para comprobar la violencia bárbara generada por los chulavitas. Escritor comprometido con el diálogo

que haya escrito tantos libros sobre la necesidad de buscar la paz mediante el diálogo. A partir del año 1997 se empezaron conocer los frutos de su dedicación a aplicar el marxismo al estudio de la historia política contemporánea del país, hasta 2018, año de su muerte, periodo en el que publicó catorce libros sobre la paz. Mencionamos algunos títulos de esos libros: La huella de la esperanza; Cómo hacer la paz; Reportajes desde el Caguán: el proceso de paz con Las FARC-EP; ¿Guerra o paz? Cincuenta años de un conflicto sin solución; La paz sí es posible; Diálogos de La Habana: el difícil camino de la paz; La paz es el camino; y Crónicas del conflicto: ¡Las FARC cumplieron, adiós a las armas.

Retrato en acuarela del maestro Arlés Herrera, Calarcá, en homenaje a Carlos Lozano Guillén.

Comunista abnegado Carlos Lozano nació el 19 de junio de 1949 en Ibagué, murió el 23 de mayo de 2018. A lo largo de su vida se destacó por su sistemática y permanente lucha por la paz. Difícilmente encontramos otro intelectual colombiano

Otra circunstancia que marcó su sendero de la lucha por la paz, fue su militancia comunista, la cual abrazó desde su temprana juventud, lo cual le permitió formarse como periodista

en Hungría. Es sabido que los partidos comunistas han constituido una sólida defensa de la paz mundial y unos luchadores contra las armas nucleares. El haber vivido en el corazón del socialismo, ser un estudioso del marxismo - leninismo y tener clara consciencia de los factores desencadenantes de la violencia en Colombia, lo apertrecharon ideológica y emocionalmente para asumir su rol de adalid de la paz. Con su cálamo inteligente, ya fuera en su condición de periodista juvenil o en su rol de director del semanario comunista VOZ; en la tribuna de orador o en las aulas universitarias en calidad de conferencista, fungía como discípulo de Irene, la diosa de la paz. Analista e historiador político Permítanme que cite a un columnista de VOZ, el responsable de Caballería Ligera, nueva época, para caracterizar la naturaleza de la unidad Carlos Lozano y el semanario VOZ “Hay seres humanos que terminan tan identificados y entregados a sus obra, y a las instituciones, que llega un momento que hombre, institución y obra devienen hermanados, en una especie de simbiosis ideológica, espiritual y ética, tal ocurre con Carlos Lozano, el PCC y la prensa de partido, resulta tarea ardua separar esas tres entidades: Carlos, partido y VOZ. Tan cierta es esta identidad, que cuando se quiso destruir el PCC, se persiguió e intentó asesinar, en varias ocasiones y con múltiples métodos y armas a Carlos, alma y coraza moral del partido y del semanario VOZ”. El autor de La paz sí es posible, es un ensayista de gran sindéresis analítica de la historia política contemporánea que por su formación marxista, aplica la dialéctica al analizar el complejo asunto de la convivencia en la sociedad colombiana, especialmente en el período comprendido entre los años cuarenta y la actualidad. Por eso ha identificado los intereses y motivaciones de las distintas clases sociales,

comprometidas en el conflicto social armado que afecta a Colombia. En toda su obra vislumbra el origen de las dificultades y obstáculos que imposibilitaron la culminación exitosa de los distintos diálogos de paz, habidos durante los gobiernos de Belisario Betancur, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y aún los momentos riesgosos que tuvo que superar el diálogo de La Habana. La hora de la izquierda En el libro titulado La hora de la izquierda, Carlos Lozano analiza los hechos ocurridos en el país a partir de la segunda mitad del siglo XX, hasta los acontecimientos iniciales del siglo XXI. Un evento de fundamental significación política e histórica como fue el derrumbe del campo socialista, le da la oportunidad valorar las consecuencias sobre los partidos progresistas y comunistas de ese hecho. En el capítulo Crisis de la izquierda y vigencia del proyecto de unidad, da cuenta de cómo el Partido Comunista Colombiano cambió su concepción hegemónica de ser el único representante de la vanguardia de la revolución, por tanto pasó a reconocer a otros partidos y movimientos de izquierda como integrantes de una vanguardia colectiva revolucionaria. El autor nos explica como una especie de ambiente entusiasta pro unidad de toda la izquierda en esos momentos, no culminó con ese hecho político que hubiera cambiado la correlación de fuerzas partidistas y de clases y hubiese abierto las perspectivas de benéficas y profundas reformas en el ámbito democrático del país. En este libro como en toda su obra, Carlos Lozano deja la impronta de comunista comprometido con la paz del país, la defensa de los excluidos y la lucha por la democracia, la soberanía, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el imperialismo, como antesala del socialismo.


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