atractivas en múltiples análisis y diagnósticos, respondiendo, además, a conceptualizaciones metodológicas exógenas, artificiosas e inadaptables desde su génesis al patrón cultural que convocan, por lo que muchas han estado destinadas al fracaso. El grupo aymara se ha conceptualizado como “beneficiario” y su rol se limita a la recepción pasiva y autómata de ganancias, ya que el grupo no aymara se hace cargo de todo e, inmediatamente, y como ocurre en las relaciones dominio- sometimiento, el que toma el control y se hace cargo de la situación anula al otro, fomenta su pasividad y le impide mostrar el verdadero alcance de sus capacidades que, aunque distintas y particulares, en todos los casos son potencialidades Se hace necesario en este punto, y después de varios años en este devenir, advertir que, ciertamente, algunos de los componentes de esta conceptualización de “beneficiario”, carecen de efectividad, y se hace necesario, por lo tanto, definir al usuario aymara en su organicidad. Situación, en todo caso, presente en la mayoría de las políticas de desarrollo “rural” planificadas desde el mundo urbano. Este fenómeno implica un ejercicio reflexivo integral y ha conducido, finalmente, a plantearse la posibilidad de incorporar en esta reflexión a los propios protagonistas del desarrollo, integrándolos en la base de sus propuestas desde su particular definición de sus necesidades, inquietudes e intereses, desde y para ellos mismos. Siguiendo una tendencia mundial, se va a la búsqueda de un punto de encuentro, la conciliación que desdibuja el recelo y reposiciona la condición eminentemente humana de mirar al otro de manera horizontal, con todas sus diferencias, incomprensibles en algunos casos, por la naturaleza misma de su heterogeneidad, pero no menos legítimas de ser aceptadas tal cual son. Consenso, participación, diálogo, toma de decisión conjunta, planificación participativa y
otros, son algunos de los conceptos que intentan emerger con fuerza desde este nuevo enfoque y cobran un profundo sentido en el hacer de este ámbito, y que se ambiciona, puedan ser integrados paulatinamente. El rescate ante esta situación podría incluir una autoidentificación acentuadamente étnica y argumentos basados de manera precisa en su identidad, es decir, es la caracterización cultural la que determina la presencia y participación en estas acciones sociales y, por lo tanto, refieren la consagración de este mismo acento. Todo esto justificaría la hipótesis de Eugenio Roosens (Van Kessel, 1980): “Mientras la etnicidad ayude a conquistar una posición económica y social más favorable en la sociedad nacional, los aymara movilizarán la idea y el argumento de su cultura y su identidad étnica para mejorar su posición” (sic). Roosens plantea entonces, la construcción de una etnicidad instrumentalizada, con el objetivo de adquirir recursos, la cual, desde una perspectiva funcional, fortalece y reivindica el ser aymara con toda su tradición y su presencia folclorizada. En este marco evolutivo, y dada la sensibilidad mostrada en este ámbito, el “Proyecto Vicuña”1 constituye uno de los desafíos más significativos que incursiona en un terreno planteado idealmente, como el desarrollo empresarial autosustentable, ejecutado esencialmente por aymaras desde su propia construcción de lo que es o debiera ser una empresa, técnica, organizacional y comercialmente hablando. Este sueño colectivo comienza a tomar forma estimulado por el creciente interés de la comunidad aymara por integrarse, protagonizar la hazaña y apropiarse de esta nueva representación social que resulta de este desafío. Se configura, entonces, un nuevo espacio de relación marcado por una tendencia a la reciprocidad y el compromiso, renuente en sus primeras etapas, aunque paulatinamente más confiado, que ha ido evolucionando conforme se han alcanzado las primeras metas corroborando la idea de la viabilidad de este sueño.
1 La denominación “Proyecto Vicuña” incluye las iniciativas CONAF-UICN (1993); CNG-CONAF (1998) y CONAF-FIA (2002 y 2005).
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