Tribunal_Superior_Administrativo

Exp. No. 030-10-00017

Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo DIOS, PATRIA y LIBERTAD República Dominicana

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

SENTENCIA NÚM. 089-2010

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al PRIMER (01) día del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL DIEZ (2010); años 167 de la Independencia y 147 de la Restauración.

LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituido en la sala donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la Calle Juan Sánchez Ramírez, Núm. 1-A, esquina Calle Socorro Sánchez, Sector de Gazcue, con la presencia de sus jueces: YADIRA DE MOYA KUNHARDT, Juez Presidente; FRINETTE PADILLA, Juez; JULIAN A. HENRIQUEZ P., Juez; asistidos de la infrascrita Secretaria, ha dictado en sus atribuciones de Jueces de Amparo, y en audiencia pública la Sentencia que sigue:

CON MOTIVO DE LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, dominicano, abogado de los Tribunales de la República, mayor de edad, estado civil soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-13247951, con estudio profesional en la Suite 401, Edificio Torre Piantini, de la Avenida Abraham Lincoln, esquina Gustavo Mejía Ricard, Suite, Sector Piantini, Distrito Nacional, República Dominicana, el

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo cual es abogado de su propia causa y se hace representar por sus abogados constituidos y apoderados especiales DR. REEMBERTO PICHARDO JUAN y LICDO. HERMES GUERRERO BÁEZ, ambos dominicanos, mayores de edad, de estado civil solteros, portadores de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 001-0141965-3 y 1368271-0, respectivamente, domiciliados y residentes en esta misma ciudad, y con estudio profesional abierto estudio profesional en la Suite 401, Edificio Torre Piantini, de la Avenida Abraham Lincoln, esquina Gustavo Mejía Ricard, Suite, Sector Piantini, Distrito Nacional, República Dominicana, CONTRA la decisión emitida por la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

VISTA Y LEIDA la instancia introductiva de la Acción de Amparo, de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil diez (2010), y depositada por ante la Secretaría de éste Tribunal Superior Administrativo en la misma fecha, suscrita por el DR. REEMBERTO PICHARDO JUAN y LICDO. HERMES GUERRERO BÁEZ, de generales que constan, en representación del señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, cuyas conclusiones son las siguientes: “PRIMERO: declarar bueno y valido el Acción de Amparo, tanto en la forma como en el fondo, por haber sido interpuesto de acuerdo a las normas legales, particularmente en atención a los requerimientos dispuesto por la Ley de Acción de Amparo No. 437-06; SEGUNDO: Declarar por Sentencia la violación de los artículos 1, inciso h y 3 inciso d, de la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, y el artículo 23 de su Reglamento de Aplicación establecido en el Decreto 130-05, por parte de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, así como también el artículo 3 y 99 de la Constitución de la República, el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Resolución No. 684, de fecha 27 de octubre de 1977 en su artículo 19, y demás disposiciones legales objetivas e instrumentos internacionales invocados en este Acción de Amparo, conformados por el bloque constitucional, violaciones estas ocasionadas por la Cámara de Diputados de la República Dominicana contra el accionante; TERCERO: Disponer que se ordene de manera inmediata a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, entregar toda la 2

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo información relativa a: “Copia Certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados”, tal y como lo dispone la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública; bajo pena de astreinte de Diez Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$10,000.00), para cada día de retardo en que incurra la Cámara de Diputados de la República Dominicana, en realizar la entrega de la documentación contentiva de la información que le fueron requeridas, luego ordenando del mismo modo, si así lo entendiese el Tribunal cualquier otra medida que estime conveniente para el mejor proveimiento de derecho; TERCERO: Disponer la ejecución sobre minuta y sin fianza, no obstante cualquier recurso; CUARTO: Librar acta al accionante, en el sentido de que la interposición del presente recurso se hace bajo reservas de derecho y acciones, por lo que se reserva el derecho de proceder contra quienes estime procedente; QUINTO: Que se dicte Auto autorizando al accionante a emplazar a la parte accionada a los fines de que se conozca del presente recurso”.

VISTO Y LEIDO el Inventario de documentos anexo a la instancia introductiva del escrito sobre Acción de Amparo, de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil diez (2010), y depositada por ante la Secretaría de éste Tribunal Contencioso Tributario, en la misma fecha, suscrita por el DR. REEMBERTO PICHARDO JUAN y LICDO. HERMES GUERRERO BÁEZ, de generales que constan, en representación de el señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO.

VISTO Y LEIDO el Auto No. 171/2010, de fecha dos (02) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), dictado por la Magistrada Juez Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante la cual fija audiencia pública para el día Miércoles diez (10) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), con la finalidad de conocer el presente Acción de Amparo.

VISTO Y LEIDO la Sentencia in-voce dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha diez (10) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se prorroga la presente audiencia para el miércoles veinticuatro (24) de febrero a las nueve (09:00) horas de la mañana. Vale citación para las partes

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo presentes y representadas. SEGUNDO: Se ordena a la parte accionada al deposito de documentos vía secretaria en un plazo de 5 días, y para que la accionante tome conocimiento”.

VISTO Y LEIDO el Inventario de documentos depositado por ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, en fecha quince (15) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), suscrita por los abogados apoderados Licdo. Elpidio Bautista, Licdo. Eduardo Jorge Prats y el Licdo. Emilio Ortiz, en nombre representación de la entidad Cámara de Diputados de la República Dominicana.

VISTO Y LEIDO las conclusiones dadas en audiencia de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil diez (2010), por la parte accionante, señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, a través de sus representantes legales Licdo. Hermes Guerrero Báez, Licdo.

Reemberto Pichardo Juan y el Licdo. Alejandro Alberto Paulino Vallejo, las cuales son las siguientes: “PRIMERO: Que se acoja todas y cada una de las conclusiones formuladas en la instancia introductiva de fecha 16 de diciembre del 2009. SEGUNDO: Se otorga un plazo de 5 días para producir escrito ampliatorio de conclusiones y un plazo de 2 días para réplica”.

VISTO Y LEIDO las conclusiones dadas en audiencia de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil diez (2010), por la parte accionada, Cámara de Diputados de la República Dominicana, a través de sus representantes legales Licdo. Elpidio Bautista, Licdo. Eduardo Jorge Prats, Licdo. Santiago Rodríguez Tejeda y el Licdo. Emilio Ortiz Mejía, las cuales son las siguientes: “PRIMERO: Que se declare inadmisible el presente Acción de Amparo o Acción de Amparo en la medida que la Cámara de Diputados entregó la solicitud de información solicitada por la accionante. SEGUNDO: En caso de que este Tribunal no acogiese el medio presentado anteriormente, en cuanto al fondo que se rechace el recurso pues la Cámara de Diputados ha entregado la información, y los datos personales no lo han depositado para no violar el derecho de identidad. Y nos acogemos a los plazos del accionante”.

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo VISTO Y LEIDO la Sentencia in-voce dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha miércoles veinticuatro (24) de febrero del año dos mil diez (2010), cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se acumula el medio de inadmisión para ser fallado conjuntamente con el fondo de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Ley 437-06, que regula la Acción de Amparo. SEGUNDO: Se reserva el fondo del presente expediente para ser fallado en una próxima audiencia, cuya fecha será comunicada por auto a las partes.

TERCERO: Se concede un plazo de 3 días a la accionante y un plazo de 3 días consecutivos a la parte accionada, y un plazo igual para replicas y contrarréplicas”.

VISTO Y LEIDO el Escrito Ampliatorio de Conclusiones, depositado por ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo en fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), suscrita por el señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, a través de sus representantes legales DR. REEMBERTO PICHARDO JUAN y LICDO. HERMES GUERRERO BÁEZ, cuyas concusiones son las siguientes: “PRIMERO: declarar bueno y valido el presente Escrito de Contestación sobre el Acción de Amparo interpuesta en fecha 12/01/2010, tanto en la forma como en el fondo, por haber sido interpuesto de acuerdo a las normas legales; SEGUNDO: Declarar por Sentencia la violación de los artículos 1, inciso h y 3 inciso d, de la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, y el artículo 23 de su Reglamento de Aplicación establecido en el Decreto 130-05, por parte de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, así como también el artículo 3 y 99 de la Constitución de la República, el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Resolución No. 684, de fecha 27 de octubre de 1977 en su artículo 19, y demás disposiciones legales objetivas e instrumentos internacionales invocados en este Acción de Amparo, conformados por el bloque constitucional, violaciones estas ocasionadas por la Cámara de Diputados de la República Dominicana contra el accionante; TERCERO: Disponer que se ordene de manera inmediata a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, entregar toda la información relativa a: “Copia Certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados”, tal y 5

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo como lo dispone la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública; bajo pena de astreinte de Diez Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$10,000.00), para cada día de retardo en que incurra la Cámara de Diputados de la República Dominicana, en realizar la entrega de la documentación contentiva de la información que le fueron requeridas, luego ordenando del mismo modo, si así lo entendiese el Tribunal cualquier otra medida que estime conveniente para el mejor proveimiento de derecho; TERCERO: Disponer la ejecución sobre minuta y sin fianza, no obstante cualquier recurso; CUARTO: Librar acta al accionante, en el sentido de que la interposición del presente recurso se hace bajo reservas de derecho y acciones, por lo que se reserva el derecho de proceder contra quienes estime procedente; QUINTO: Que se dicte Auto autorizando al accionante a emplazar a la parte accionada a los fines de que se conozca del presente recurso”.

VISTO Y LEIDO el Escrito de Conclusiones, depositado ante éste Tribunal en fecha dos (02) del mes de marzo del año dos mil diez (2010), interpuesto por el Magistrado Procurador General Administrativo, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Que se declare inadmisible, la acción en Amparo incoada por el Lic. Alejandro Alberto Paulino Vallejo, en fecha 12 de Enero del 2010, en Contra de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, por ser notoriamente improcedente de conformidad con el artículo 3, literal c de la Ley No. 437-06, de fecha 30 de noviembre del 2006; SEGUNDO: En cuanto al fondo, que la Acción de Amparo sea rechazada, por improcedente, mal fundada y carente de base legal”.

VISTO Y LEIDO el Escrito de Conclusiones, depositado ante éste Tribunal en fecha cuatro (04) del mes de marzo del año dos mil diez (2010), interpuesto por la Cámara de Diputados de la República Dominicana, a través de sus representantes legales y apoderados Licdo. Eduardo Jorge Prats y el Licdo. Santiago Rodríguez, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declarar inadmisible el Acción de Amparo interpuesta por el señor ALEJANDRO PAULINO, en fecha 12 de enero de 2010 por ante este Tribunal Superior Administrativo, por ser este notoriamente improcedente conforme lo prevé el artículo 3 literal c) de la Ley No. 436-07, Ley que establece el Acción de Amparo, legislación incoada por el Accionante para el ejercicio de sus pretensiones; 6

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo SEGUNDO: En el hipotético caso de que el recurso sea admitido, en cuanto al fondo, RECHAZAR por improcedente, mal fundado y carente de base jurídica el Acción de Amparo interpuesta por el señor ALEJANDRO PAULINO, en fecha 15 de enero de 2010 por ante este Tribunal Superior Administrativo, conforme los criterios de protección al derecho a la privacidad y la protección de los datos personales conforme a lo expuesto en el presente escrito”.

VISTO Y LEIDO el Escrito de Replicas, depositada por ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo en fecha ocho (08) del mes de marzo del año dos mil diez (2010), suscrita por el señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, a través de sus representantes legales DR. REEMBERTO PICHARDO JUAN y LICDO. HERMES GUERRERO BÁEZ, cuyas concusiones son las siguientes: “PRIMERO: declarar bueno y valido Acción de Amparo interpuesta en fecha 12/01/2010, así como el presente Escrito de Replica, tanto en la forma como en el fondo, por haber sido interpuesto de acuerdo a las normas legales; SEGUNDO: Declarar por Sentencia la violación de los artículos 1, inciso h y 3 inciso d, de la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública, No.200-04, y el artículo 23 de su Reglamento de Aplicación establecido en el Decreto 130-05, por parte de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, así como también el artículo 3 y 99 de la Constitución de la República, el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Resolución No. 684, de fecha 27 de octubre de 1977 en su artículo 19, y demás disposiciones legales objetivas e instrumentos internacionales invocados en este Acción de Amparo, conformados por el bloque constitucional, violaciones estas ocasionadas por la Cámara de Diputados de la República Dominicana contra el accionante; TERCERO: Disponer que se ordene de manera inmediata a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, entregar toda la información relativa a: “Copia Certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados”, tal y como lo dispone la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública; bajo pena de astreinte de Diez Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$10,000.00), para cada día de retardo en que incurra la Cámara de Diputados de la República Dominicana, en realizar la entrega de la documentación contentiva de la información 7

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo que le fueron requeridas, luego ordenando del mismo modo, si así lo entendiese el Tribunal cualquier otra medida que estime conveniente para el mejor proveimiento de derecho; TERCERO: Disponer la ejecución sobre minuta y sin fianza, no obstante cualquier recurso; CUARTO: Librar acta al accionante, en el sentido de que la interposición del presente recurso se hace bajo reservas de derecho y acciones, por lo que se reserva el derecho de proceder contra quienes estime procedente; QUINTO: Que se dicte Auto autorizando al accionante a emplazar a la parte accionada a los fines de que se conozca del presente recurso”.

VISTOS Y LEIDOS LOS DEMAS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

RESULTA: Que en fecha quince (15) del mes de diciembre del año dos mil nueve (2009), el accionante señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, mediante comunicación al Director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, vía Oficina de Acceso a la Infamación, solicitó entre otras cosas, copias certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados.

RESULTA: Que en fecha veintidós (22) del mes de diciembre del año dos mil nueve (2009), le fue remitido al accionante señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO una Comunicación de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, expresándole que: “Después de extenderle un cordial saludo, por este medio tenemos a bien responder la solicitud de información relativa a la nómina de esta institución, presentada por usted. En este sentido, le indicamos que, adjunto a la presente encontrara la lista de los datos contenidos en dicha nómina, relativas a posición, salario devengado, direcciones, departamentos y unidades de esta institución, cantidad de funcionarios/as y empleados/as y el total bruto del gasto en que se incurre en esta institución para dichos fines. Esta lista ha sido elaborada y esta contenida en acto administrativo de la autoridad competente para ello, de tal forma que en esta institución haya transparencia, rendición de cuentas y, sobretodo, contabilidad entre los principios de todos los derechos fundamentales de la persona humana (protección de los datos personales, intimidad y privacidad, acceso a la información pública etc.)...”. Asimismo le manifiesta que: “Esta la lista que 8

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo le estamos entregando, no incluimos los nombres, números de cédula de identidad y electoral, direcciones residenciales y números telefónicos residenciales, entre otros, debido a que estos constituyen datos personales e información confidencial cuya divulgación solamente es posible si los/las titulares de los mismos autorizan a ello, tal y como lo establecen los artículos 18, 19 y 33, respectivamente, ya citados en el párrafo anterior y, en la especie, no hemos obtenido la debida autorización de los/las respectivos/as titulares”.

RESULTA: Que por considerar incompleta la información remitida el señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, interpuso un Acción de Amparo de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil diez (2010), por ante la Secretaría de éste Tribunal Superior Administrativo en la misma fecha, cuyas conclusiones han sido transcritas con anterioridad.

RESULTA: Que mediante Auto No. 171/2010, de fecha dos (02) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), la Magistrada Juez Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, fijó audiencia pública para el día Miércoles, diez (10) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), con la finalidad de conocer la presente Acción de Amparo interpuesta por el señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO OVALLEJO, contra la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO DESPUES DE HABER DELIBERADO:

CONSIDERANDO: Que mediante instancia de fecha doce (12) del mes de enero año dos mil diez (2010), el accionante señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, a través de sus representantes legales y abogados apoderados DR. REEMBERTO PICHARDO JUAN y LICDO. HERMES GUERRERO BÁEZ, interpuso por ante éste Tribunal, una Acción de Amparo, contra la Cámara de Diputados de la República Dominicana, con la finalidad de solicitan a esta jurisdicción que se ordene a dicha institución que entregue copia certificada de la nómina de la 9

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo Cámara de Diputados, en virtud de la Ley No. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública.

CONSIDERANDO: Que como es principio legal que el Tribunal apoderado de un asunto deba determinar su competencia, que en el caso que nos ocupa, previo estudio y examen del mismo, se ha comprobado que se trata de un Acción de Amparo, motivo por el cual procede declarar, como al efecto declaramos, la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer, deliberar y fallar el mismo de acuerdo con las disposiciones del artículo 1 de la Ley 13-07, del 5 de febrero de 2007; los artículos 1 y 10 de la Ley 437-06, sobre el Acción de Amparo, de fecha 30 de noviembre de 2006.

CONSIDERANDO: Que en fecha 26 de enero de 2010, fue promulgada nuestra Constitución Política, que en sus artículos 164 y 165 instituye la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y crea los Tribunales Superiores Administrativos, disponiendo en su Titulo Sexto de las Disposiciones Generales y Transitorias, Capitulo II, Disposición Transitoria Sexta, que el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo creado por esta Constitución.

CONSIDERANDO: Que en su instancia el accionante expresa que en fecha quince (15) del mes de diciembre del año dos mil nueve (2009), solicitó al Director de Recursos Humanos, vía Oficina de Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados, una copia certificada de la nómina de la referida institución; que en fecha veintidós (22) del mes de diciembre del año dos mil nueve (2009), la Oficina de Acceso a la Información, respondió dicha solicitud manifestándole que en la lista que le entregó, no incluyeron los nombres, números de Cédulas de Identidad y Electoral, direcciones residenciales y números telefónicos residenciales, entre otros, debido a que estos constituyen datos personales e información confidencial y, en la especie, no han obtenido la debida autorización de los/las respectivos/as titulares para divulgarla.

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo CONSIDERANDO: Que añade el accionante, que el Diccionario Larousse del Español Moderno, define la palabra “Nómina”, como la “lista de nombres de personas o individuos que tienen o reciben un sueldo en un lugar de trabajo”, y que el artículo 3 de la Ley No. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, inicia con la palabra “Listado” y luego incluye a funcionarios y empleados, lo cual da a entender en coordinación con el significado de la palabra Nómina, que la comunicación remitida al hoy accionante debió incluir los nombres de cada empleado y funcionario de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

CONSIDERANDO: Que alega el accionante que la información entregada resulta ser incompleta en razón de que faltaron los nombres de los servidores públicos que ejercen o cumplen dichos cargos o funciones, lo cual es una transgresión a la Ley No. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, la cual en su artículo 1 inciso h, establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal, incluyendo; h) El Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades administrativas. Que la entrega incompleta de la información no solo es una transgresión a la Ley No. 200-04, sino también a los Principios de Lima del cual somos signatarios, el cual en su artículo 2 (parte in medio) establece lo siguiente: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de las personas la información que requieran en forma oportuna y completa”.

CONSIDERANDO: Que señala la parte accionante que la Cámara de Diputados de la República Dominicana ha transgredido con ello diversos Tratados Internacionales de los cuales somos signatarios y que forman parte de nuestro Bloque Constitucional, con respecto a la solicitud de información pública hecha por el hoy accionante, procede está última dentro del plazo hábil de treinta (30) días otorgado por el numeral b del artículo 3 de la Ley de Acción de Amparo No. 437-06, por lo que solicita que se declare la violación de los artículos 1, inciso h y 3 inciso d, de la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, y el artículo 23 de su 11

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo Reglamento de Aplicación establecido en el Decreto 130-05, por parte de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, así como también el artículo 3 y 99 de la Constitución de la República, el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Resolución No. 684, de fecha 27 de octubre de 1977 en su artículo 19, y demás disposiciones adjetivas e instrumentos internacionales invocados, conformados por el bloque constitucional, violaciones estas ocasionadas por la Cámara de Diputados de la República Dominicana contra el accionante; y solicita que se ordene de manera inmediata a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, entregar toda la información relativa a: “Copia Certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados”, tal y como lo dispone la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública; bajo pena de astreinte de Diez Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$10,000.00), para cada día de retardo en que incurra la Cámara de Diputados de la República Dominicana, en realizar la entrega de la documentación contentiva de la información que le fueron requeridas, luego ordenando del mismo modo, si así lo entendiese el Tribunal cualquier otra medida que estime conveniente para el mejor proveimiento de derecho.

CONSIDERANDO: Que por su parte el Procurador General Administrativo expresa en su escrito de conclusiones de fecha dos (02) del mes de marzo del año dos mil diez (2010), que no procede la divulgación de los datos personales por parte de la Cámara de Diputados debido a que ésta no ha obtenido la autorización de sus empleados y funcionarios para divulgarlos; que la presente Acción de Amparo tiene como objetivo la solicitud de entrega de información de la nómina de empleados de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, referente a funciones y salarios y la parte recurrida hizo entrega de la información en fecha 22 de diciembre del 2009; que el principio de transparencia tiene su origen en los Estados democráticos que reconocen el derecho de los ciudadanos a investigar, recibir informaciones y fiscalizar el desempeño de los poderes del Estado, de la Administración Estatal y de las empresas que prestan servicios públicos, al mismo tiempo establecen limite al ejercicio del derecho, como el derecho legítimo del individuo a la intimidad, por lo que solicita que se declare inadmisible, la acción en Amparo incoada por el Lic. Alejandro 12

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo Alberto Paulino Vallejo, en fecha 12 de Enero del 2010, en Contra de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, por ser notoriamente improcedente de conformidad con el artículo 3, literal c de la Ley No. 437-06, de fecha 30 de noviembre del 2006; y en cuanto al fondo, que la Acción de Amparo sea rechazada, por improcedente, mal fundada y carente de base legal.

CONSIDERANDO: Que la Cámara de Diputados expresa que es evidente que existe una pretensión fundada enana limitada y distorsionada interpretación del alcance de diferentes derechos fundamentales de toda persona, incluyendo los empleados públicos, así como de la forma en que estos son salvaguardados por la legislación adjetiva, en este caso, la Ley de Libre Acceso.

En la especie el propio recurrente afirma que en la fecha indicada en la relación de los hechos fue entregada la información solicitada, la cual, en su criterio, tildó de una “denegación de información”, como consecuencia de que la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados hizo la siguiente aclaración; “En la lista que le estamos entregando, no incluimos los nombres, números de cédula de identidad y electoral, direcciones residenciales y números telefónicos residenciales, entre otros, debido a que estos constituyen datos personales e información confidencial cuya divulgación solamente es posible si los/las titulares de los mismos autorizan a ello, tal y como lo establecen los artículos 18, 19 y 33 [de la Ley de Libre Acceso], respectivamente, ya citados en el párrafo anterior y, en la especie, no hemos obtenido la debida autorización de los/las respectivos/as titulares”.

CONSIDERANDO: Que expresa la parte accionada que es evidente que el acceso a la información pública no es ilimitado, que la propia Ley de Libre Acceso reconoce que los derechos fundamentales no son absolutos y que estos se modulan cuando entran en colisión con otros, como ocurre entre el derecho de la información y a la privacidad. En este sentido, el primer aspecto que debe quedar claro en la especie es que no basta con citar las disposiciones generales del libre acceso a la información pública para tener derecho a acceder a toda la información que se quiera.

Libertad no es libertinaje. Las informaciones de carácter público tienen sus limitantes de acceso también y, aunque el recurrente no hace cita de ellas en su escrito, las mismas incluso se 13

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo encuentran, como ya hemos comentado, claramente establecidas por la propia Ley de Libre Acceso, así como desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia a nivel mundial.

CONSIDERANDO: Que continúa señalando la parte accionada que para nadie es discutible que los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la información, sólo pueden ser modulados, sin afectar su naturaleza, por disposiciones legales. En este sentido, la propia Ley de Libre Acceso establece dichos límites. Conforme se observa en el artículo 18 del texto legal, el acceso a la información pública podrá ser rechazado cuando pueda afectar intereses y derechos privados preponderantes. De manera expresa, este artículo indica que no se entregará información cuando “se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión de la privacidad personal”. Vale destacar aquí, dado que quizá sea el génesis de la errada interpretación del Recurrente, que cuando el artículo indica “derechos privados preponderantes”, no se refiere a la calidad privada o pública de un ente, sino a la característica de privacidad o no de los datos, es decir, derechos que pertenecen al ámbito privado de sus titulares. Y es que la interpretación no puede ser otra, Honorables Magistrados, sobre todo cuando se leen con detenimiento los tres casos elementales que el mismo artículo cita como presupuestos de intimidad o privacidad. Este mismo artículo establece, además, para el acceso a este tipo de información, sus excepciones: “Si en la petitoria, el solicitante logra demostrar que esta información es de interés público y que coadyuvará a la dilucidación de una investigación en curso en manos de otro órgano de la Administración Pública” o “cuando haya constancia expresa, inequívoca, de que el afectado consiente en la entrega de dichos datos o cuando una Ley obliga su publicación”. Por tanto, el argumento utilizado por la Recurrente sobre la existencia de una fórmula para no poder acceder nunca a estos datos, no posee asidero jurídico real. Sin embargo, es evidente que estas excepciones no se encuentran presentes en la especie, por lo que las excluiremos del debate.

CONSIDERANDO: Que manifiesta la parte accionada que es mundialmente aceptado que la eficacia de los derechos fundamentales se encuentra en la tutela efectiva. Es decir, que para que realmente existan derechos fundamentales estos deben ser debidamente tutelados. Sin embargo, es 14

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo igualmente cierto que los derechos fundamentales, como el derecho a la información, no son derechos absolutos, puesto que deben convivir con el resto de sus homólogos. En numerosos casos nos encontramos frente a situaciones donde los distintos derechos fundamentales se tocan o colisionan y aquí es donde entra en función la importante interpretación constitucional. Como afirma la doctrina nacional, “una de las herramientas hermenéuticas utilizadas es la de confrontar el derecho cuyo contenido constitucionalmente protegido se pretende determinar con otros derechos conexos, para deslindar con mayor precisión su contenido”. Es decir, que se trata de comparar las esferas de los derechos en colisión y determinar dónde entra el caso particular que se trata. En la especie, como afirma la Red Iberoamericana de Protección de Datos en su análisis el Acceso a la Información Pública y la Protección de los Datos Personales del 4 de noviembre de 2001 “en materia de acceso a la información y protección de datos personales, existen puntos de colisión que ameritan un análisis exhaustivo, así como una interpretación individual en cada caso concreto”. Conforme establece la Red, así como hemos visto de las propias disposiciones en la legislación dominicana, el acceso a la información pública se restringe o por razones de Estado o por razones de protección a la intimidad y privacidad de los particulares. En el caso de la confidencialidad por razones de privacidad, ésta “está destinada a proteger la esfera de acción dé los particulares respecto de la injerencia indebida de la autoridad y de otros particulares”. En los casos donde la solicitud de información pública colige entre la protección y tutela de ambos derechos, es necesario entonces que los órganos competentes establezcan los límites a que corresponden cada derecho. La Cámara de Diputados, siguiendo la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, incluso la propia dominicana reciente, reconoce el más amplio acceso a sus informaciones de carácter público, pero respeta, consagra y tutela a su vez el derecho de sus servidores, que no dejan de ser seres humanos, a tener un ámbito de privacidad. El artículo 18 de la Ley de Libre Acceso establece que las razones de privacidad son suficientes para rechazar la solicitud, y, en la especie, la Cámara de Diputados no rechaza la solicitud, sino que procede a salvaguardar la parte de los datos que conforme establece el mismo artículo y la doctrina y jurisprudencia comparada (incluyendo la nacional), pertenecen a esa esfera íntima. Una muestra

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo evidente del fomento al libre acceso por parte de la recurrida, en armonía con los bienes constitucionalmente protegidos.

CONSIDERANDO: Que agrega la accionada que es importante enfatizar que el escrito de introducción de la acción, así como la ampliación de conclusiones, ambos del recurrente, realizan una serie de citas sobre el derecho al libre acceso, en el presente Escrito no hacemos referencia directa a las mismas dado que, como evidencia el mismo, no se trata de poner en dudas el derecho de libre acceso a la información pública, en tanto las actuaciones constantes y probadas de la Cámara de Diputados demuestran su incondicional apego a dicho deber, sino que se trata de analizar si los aspectos relacionados con los datos personales inherentes a cada empleado público, entran o no en la esfera de la protección que establece la legislación adjetiva dominicana, es decir, la Ley de Libre Acceso. En consecuencia, la recurrida reconoce el libre acceso a la información pública, siempre dentro del marco legal que modula el ejercicio de dicho derecho fundamental, como hemos expresado en el Escrito y ha reconocido ese propio Tribunal en sus decisiones precedentes. Por tales motivos, por los que los Honorables Magistrados tengan a bien suplir con su elevado conocimiento jurídico y recto espíritu de justicia, la Cámara de Diputados, por intermedio de sus representantes legales, tiene a bien concluir de la manera siguiente: PRIMERO: Declarar inadmisible el Acción de Amparo interpuesta por el señor Alejandro Paulino, en fecha 12 de enero de 2010 por ante ese Tribunal Superior Administrativo, por ser éste notoriamente improcedente conforme lo prevé el artículo literal c) de la Ley No. 436-07, Ley que establece el Acción de Amparo, legislación invocada por el recurrente para el ejercicio de sus pretensiones.

SEGUNDO: en el hipotético caso de que el Recurso sea admitido, en cuanto al fondo, RECHAZAR por improcedente, mal fundado y carente de base jurídica el Acción de Amparo interpuesta por el señor Alejandro Paulino, en fecha 15 de enero de 2010 por ante ese Tribunal Superior Administrativo, conforme los criterios de protección al derecho a la privacidad y la protección de los datos personales conforme a lo expuesto en el presente escrito.

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo CONSIDERANDO: Que del análisis del presente expediente se advierte que el asunto controvertido consiste en determinar si la Cámara de Diputados de la República Dominicana ha violado derechos fundamentales del accionante al no incluir en la nómina entregada los nombres de los empleados y funciones de dicha Cámara.

CONSIDERANDO: Que cuando a los jueces se le plantea algún medio de inadmisión, es obligación de estos estatuir sobre el mismo, previo a decidir cualquier otro asunto de derecho; que en la especie la Cámara de Diputados ha planteado que la presente Acción de Amparo es notoriamente improcedente y que por tanto debe declararse inadmisible; que a este respecto, es criterio del Tribunal que tratándose de derechos fundamentales, cuya tutela judicial está garantizada por la Constitución y Tratados y Acuerdos Internacionales, en el sentido de que toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente y especial, si merito puede tener un asunto para ser declarado notoriamente improcedente, más razón podría tener el Juez al oír al accionante en amparo, razones por las cuales se rechaza el medio de inadmisión.

CONSIDERANDO: Que para el presente caso es necesario precisar que la Cámara de Diputados en fecha 15 de febrero del año 2010 depositó por ante la Secretaría de éste Tribunal los siguientes documentos: 1) Relación Nacional de Cargos Clasificados, 2) Relación de Nómina del Personal de la Cámara de Diputados, 3) Relación de los Documentos depositado anteriormente en el Tribunal.

CONSIDERANDO: Que del análisis de dichos documentos se advierte que la Cámara de Diputados de la República Dominicana hizo el depósito de un listado donde consta los cargos y la cantidad de empleados y un listado donde consta el cargo y sueldo de esa Cámara, haciendo la salvedad de que no constaba en la misma los nombres de los incumbentes por tratarse de datos personales.

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo CONSIDERANDO: Que para poder decidir si la Cámara de Diputados debe entregar copia de la nómina en donde constan los nombres de sus empleados y funcionarios, es necesario ponderar el concepto de datos personales y el derecho de acceso a la información pública, y sus límites.

CONSIDERANDO: Que este Tribunal entiende que toda persona tiene derecho a accesar a la información pública; que este derecho tiene rango constitucional, pero como todo derecho este tiene sus excepciones y sus límites; que el termino “Datos personales”, esta conformado por los datos del individuo y es relativo a su domicilio, teléfono, expediente medico, origen étnico o social, características físicas, morales o emocionales, la fotografía y todo aquello que esté relacionado con su persona y su intimidad.

CONSIDERANDO: Que en cuanto al derecho a la información pública, la Ley No. 200-04, en su artículo 1, señala que: “Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal, incluyendo: a) Organismos y entidades de la administración pública centralizada; b) Organismos y entidades autónomas y/o descentralizadas del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los organismos municipales; c) Organismos y entidades autárquicos y/o descentralizados del Estado; d) Empresas y sociedades comerciales propiedad del Estado; e) Sociedades anónimas, compañías anónimas y compañías por acciones con participación estatal; f) Organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos provenientes del Presupuesto Nacional para la consecución de sus fines; g) El Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades administrativas; h) El Poder Judicial, en cuanto a sus actividades administrativas”.

CONSIDERANDO: Que la citada Ley en cuanto al acceso a la información establece dos renglones limitantes a ese acceso: primero, en razón de intereses públicos preponderantes, contenidos tales limitantes en su artículo 17: segundo, en razón de intereses privados preponderantes, contenidos en el artículo 18 de la Ley. Que el legislador a este último aspecto 18

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo expresa lo siguiente: “La solicitud de información hecha por los interesados podrá ser rechazada cuando pueda afectar intereses y derechos privados preponderantes, se entenderá que concurre esta circunstancia en los siguientes casos: Cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión de la privacidad personal. No obstante, la Administración podría entregar estos datos e informaciones si en la petitoria el solicitante logra demostrar que esta información es de interés público y que coadyuvará a la dilucidación de una investigación en curso en manos de algún otro órgano de la administración pública. Cuando el acceso a la información solicitada pueda afectar el derecho a la propiedad intelectual, en especial derechos de autor de un ciudadano.

Cuando se trate de datos personales, los mismos deben entregarse sólo cuando haya constancia expresa, inequívoca, de que el afectado consiente en la entrega de dichos datos o cuando una ley obliga a su publicación”.

CONSIDERANDO: Que al tenor del artículo 3 de la Ley General de Acceso a la Información Pública dispone que es obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes y organismos autónomos, autárquicos, centralizados y/o descentralizados, la prestación de un servicio permanente y actualizado de información referida a: a) Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de ejecución; b) Programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión; c) Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados; d) Listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y remuneraciones, y la declaración jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por ley; e) Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros; f) Estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos; g) Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro tipo de normativa; h) Índices, estadísticas y valores oficiales; i) Marcos regulatorios legales y contractuales para la prestación de los servicios públicos, condiciones, negociaciones, cuadros tarifarios, controles y sanciones; j) Toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en leyes especiales.

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo CONSIDERANDO: Que de lo anterior se colige que en virtud de la Ley 200-04 se considera información pública el listado de empleados, funcionarios, legisladores y otro, que a criterio de este Tribunal un listado de empleado y funcionario contiene el nombre y apellidos de funcionario o empleado público, y hacerlos público en nada afectan la privacidad o intimidad de la persona, por ende el listado o nómina debe incluir nombres y apellidos, cargos y salarios percibidos; otra cosa sería si se le solicitaran números de cédulas, números telefónicos, domicilios de tales personas, pues estos sí forman parte de los datos personales de la persona y afectan sui intimidad.

Que si bien es cierto que el nombre de la persona es lo que lo distingue y lo identifica, no menos cierto que al tratarse de una nómina de una empresa pública o de poder público, como es el caso que nos ocupa, el nombre de los empleados y funcionarios es una información pública, no así sus demás datos tales como cédula, domicilio entre otros.

CONSIDERANDO: Que nuestra Constitución en su artículo 8 consagra como función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Que en el catálogo de derechos individuales y sociales de carácter enunciativo que consagra nuestra Constitución figura en el artículo 49 la libertad de expresión e información, el cual en su numeral 1, expresa que: “toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley”.

CONSIDERANDO: Que la protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona humana, consagrados por la Constitución de la República, constituye uno de los fines esenciales del Estado en toda sociedad organizada, ya que sólo a través del respeto y salvaguarda de dichas prerrogativas constitucionales, puede garantizarse el estado de convivencia pacífica que resulta

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo indispensable para que cada ser humano alcance la felicidad, y con ella, la completa realización de su destino.

CONSIDERANDO: Que es necesario precisar que los Estados Democráticos deben regirse por los principios de publicidad y transparencia en sus gestiones públicas y así las personas pueden ejercer su control democrático, lo cual deviene en una legitimación de las actuaciones de aquellos que devengan la cosa pública.

CONSIDERANDO: Que la Convención Interamericana en su artículo 25.1 consagra el Acción de Amparo al indicar que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; dicho recurso fue positivizado por la Ley No. 437-06, al considerar que es un recurso autónomo, que no requiere que se agoten los recursos administrativos ni ningún otro para la admisibilidad de dicho recurso, basta y es suficiente con que se haya conculcado un derecho fundamental o la posibilidad de que puede haber una lesión inminente a un derecho de la persona.

CONSIDERANDO: Que conforme al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el artículo 49 de nuestra Constitución Dominicana, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa; que la Corte Interamericana establece que este derecho “protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención”, de donde el Estado tiene una obligación positiva de suministrar la información expresamente señalada en sus artículos.

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo CONSIDERANDO: Que el principio que rige es que el Estado está obligado a entregar información o a dar respuesta escrita ante los requerimientos de cualquier ciudadano, salvo cuando se trate de un caso en que por Ley, se limite el acceso a la información; que en la especie la información requerida por el accionante no está enmarcada dentro de los límites que establece la Constitución y la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

CONSIDERANDO: Que la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Corrupción adoptada por la Asamblea General en el año 2003, dispuso en su artículo 10 la obligación de los Estados de establecer procedimientos que permitan a los ciudadanos conocer la organización y funcionamiento de los gobiernos.

CONSIDERANDO: Que por todo lo expuesto precedentemente y en razón de que la nómina solicitada en el presente caso corresponde a la nómina de una institución pública y dado que, a criterio de este Tribunal y así lo consagró el legislador en el artículo 3 de la Ley 200-04, la entrega de información sobre los nombres de empleados y funcionarios de la Cámara de Diputados de la República Dominicana no afecta el derecho de intimidad de dichos empleados y funcionarios, este tribunal ordena la entrega inmediata de toda la información relativa a: “Copia Certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados”, tal y como lo dispone la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, contentiva de nombre, apellidos, cargos y sueldos.

CONSIDERANDO: Que para que el Juez de Amparo acoja la acción es necesario que se haya conculcado un derecho fundamental o que exista la posibilidad de que se va a conculcar; que en la especie se ha podido determinar que realmente hay una violación a un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la información pública consagrado por la Constitución de la República Dominicana, Tratados Internacionales y Leyes, al negársele al señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO

la

información requerida, en tal virtud este Tribunal procede a

ORDENAR a la Cámara de Diputados de la República Dominicana la ENTREGA INMEDIATA de “Copia Certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados”, tal y como lo dispone la Ley 22

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo No.200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, contentiva de nombre, apellidos, cargos y sueldos.

POR TALES MOTIVOS Y VISTOS LOS ARTÍCULOS 1 y 9 de la Ley No. 13-07, de fecha 5 de febrero de 2007; artículos 1, 3, 4, 10, 21, 26, 28, 30 de la Ley No. 437-06, de fecha 30 de noviembre de 2006, que establece el Acción de Amparo; artículos 1, 2, 17, 22, 27, 28, 29 de la Ley No. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004, sobre Libre Acceso a la Información Pública; artículos 13, 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, adoptada por la Asamblea General en el año 2003; artículo 8 numeral 2, 6 y literal J, de la Constitución de la República Dominicana.

EL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la Ley y en mérito de los citados artículos:

F A L L A:

PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma la presente Acción de Amparo interpuesta por el accionante ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, en fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil diez (2010), por ante éste Tribunal Superior Administrativo, en contra de la decisión emitida por la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

SEGUNDO: ACOGE en cuanto fondo la presente Acción de Amparo, interpuesta por el accionante ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, en fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil diez (2010), por ante éste Tribunal Superior Administrativo, en contra de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y en consecuencia, ORDENA a dicha Cámara de Diputados de la República Dominicana entregar toda la información relativa a: “Copia Certificada de la Nómina de la Cámara de Diputados”, tal y como lo dispone la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, contentiva de nombre, apellidos, cargos y sueldos.

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo TERCERO: CONDENA a la Cámara de Diputados de la República, al pago de un astreinte de CINCO MIL PESOS (RD$5,000.00) diarios, por cada día de retardo en entregar los documentos solicitados, para el cual OTORGA un plazo de veinte (20) días para el cumplimiento de lo antes ordenado.

CUARTO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad con el artículo 30 de la Ley 437-06, sobre el Acción de Amparo.

QUINTO: ORDENA, la comunicación, por Secretaría, de la presente Sentencia a la parte accionante señor ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, a la CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA y al PROCURADOR GENERAL ADMINISTRATIVO.

SEXTO: ORDENA, que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo.

Y por esta nuestra Sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma.

YADIRA DE MOYA KUNHARDT Juez Presidente

FRINETTE PADILLA JIMENEZ

JULIAN A. HENRIQUEZ PUNTIEL

Juez

Juez

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Poder Judicial Tribunal Superior Administrativo

GREISY RIJO GÓMEZ Secretaria General

DADA Y FIRMADA ha sido la Sentencia que antecede por los Jueces antes mencionados, celebrando Audiencia Pública el mismo día, mes y año expresados, la que fue leída por mí, Secretaria que Certifica.

GREISY RIJO GÓMEZ Secretaria General

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