Revista 7 Nueva Politica by nuevapolitica.net

Nueva PolĂtica - No. 07 - Mar. 23 / 12

Master en GERENCIA POLÍTICA Nueva Política - No. 07 - Mar. 23 / 12

A Distancia / Virtual

Programa de Postgrados en Ciencia Política - PPCP Universidad Politécnica de Madrid, UPM - Escuela de Gobierno Tomás Moro, EGTM 54 - Revista Digital Nueva Politica. Net

Hacemos ACTIVISMO DEMOCRATICO www.redlad.org

Nueva Política - No. 07 - Mar. 23 / 12

Nueva Política.net Revista Internacional Digital de análisis político de las Américas para el mundo Circulación gratuita Vol. 2 - No.07 Marzo/2012 Bogotá, D.C., Colombia nuevapolitica.net/revista Editores: Javier Loaiza:. Carlos E. Ponce Consejo Editorial: Francis Fukuyama Alejandro Toledo Jorge Quiroga Ronald Scheman Edmundo Jarquin Mariclaire Acosta Pablo Izquierdo Eva Gustavson Carlos March Redacción: Carlos Ponce Marta Gaba Javier Loaiza Diego Sueiras Oscar Alvarez Traducción: Rocio Rius Asistente Redlad: Pablo Innecken

CONTENIDO PORTADA Armamentismo, el negocio de la muerte. 6 Se dispara carrera armamentista en la región. 10 Reflexiones sobre armas y amenazas. 13 Carrera armamentista en Latinoamérica. 16 Tráfico de Armas en el Istmo más Violento del Mundo. 19

PANORAMA REGIONAL Los Inmigrantes y el Delito: Tiempo para un debate razonable. 23 Diálogo abierto con Hermes Binner. 26 Humanización del sistema carcelario y seguridad ciudadana. 30 Dos décadas perdidas: La Venezuela que no fue. 32 Colombia: ¿Se estará preparando el escenario para un acuerdo con las FARC?. 35 “Cese la represión en Cuba”. 38 Se requiere seguridad para las policías. 40 Latinos Discriminados en Estados Unidos: la hipocresía de los impuestos sin beneficios. 41 Lucha contra la corrupción judicial: Entre la demagogia, el miedo y la soledad. 43 ¿Qué es y que pretende la Estrategia de Seguridad de Centroamérica?. 46 Malvinas de Argentina a Latinoamérica y el Caribe. 48 Las Malvinas: ¿británicas o argentinas?. 49 La Corrupción no tiene ideología: “Ortega y Somoza son la misma cosa”. 50 Rumbo a la VI cumbre de lasAméricas Dialogo: “seguridad democrática en Centroamérica”. 52 Defensoras/es de Derechos Humanos de Honduras valoran visita de Relatora Especial de la ONU. 54

Redacción: Tatiana Calero Diagramación: Laura Díaz Producción e impresión: Editorial EGTM Un proyecto de la Escuela de Gobierno Tomás Moro, EGTM, y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, REDLAD Contacto: redaccion@nuevapolitica.net Edición impresa: Artes Gráficas ISPA. Cra. 24 B No. 29 A – 02 Sur. Barrio El Libertador Bogotá. DC. Tel: (571)2027919 EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUS AUTORES

OBSERVATORIO DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS Subida por la Vida. 56 Soldaditos de batallas ajenas. 57 Democracia en permanente construcción. 58 Observatorio de democracia y DDHH e índice de democracia y DDHH. 59 Libertad de Asociación en Latinoamérica: Tarea pendiente. 60 Reflexiones sobre lo que se ha venido en denominar “Valores de la Democracia”. 64

INFORME REDLAD - OEA Rol de la sociedad civil en lareflexión sobre CIDH. 66 Actividades de RedLad ante la OEA febrero 2012.69

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EDITORIAL No me mates por favor…

evista NUEV A POLÍTICA, concebida como un espacio de análisis y discusión de los problemas de lo público en Latinoamericana y el Caribe, viene publicándose mes a mes desde diciembre pasado en formato digital con un importante impacto en la región. Con su plataforma en línea así como la distribución en PDF ha llegado a más de 10,000 lectores fijos en cada edición. Además de la libertad editorial, la sensible reducción de costos y la posibilidad de llegar en todo momento a cualquier lugar trascendiendo limitaciones de espacio y tiempo, nos permite ser coherentes en el cuidado del planeta.

En esta edición, la No. 7, hemos hecho un esfuerzo adicional y publicamos en papel un importante número de ejemplares, con el propósito de distribuirla en el marco de la VI Cumbre de las Américas, en Cartagena de Indias entre el 14 y 15 de abril. Esperamos que sirva de elemento para la reflexión entre gobernantes y altos oficiales de gobierno, así como representantes de las diversas manifestaciones de la Sociedad Civil, actores sociales y empresarios presentes en el evento. Dedicamos la portada a un tema que generalmente no hace parte de las discusiones y que se soslaya entre mandatarios y funcionarios, que casi siempre se queda en el análisis de algunas ONGs y centros de estudio, mientras que el resto, como testigos mudos, padecemos las consecuencias de una carrera que empieza a tomar dimensiones preocupantes en la región.

Muchos discursos vacíos de preocupación por la inequidad y la pobreza, mientras vemos como sigue creciendo la fabricación, distribución y venta de armamentos legales e ilegales en las Américas. De igual forma crecen los ciclos perversos de tráfico de droga-armamentos-violencia y no se dan las respuestas apropiadas a nivel de los gobiernos, organismos internacionales, empresa, academia y sociedad en general.

Los temas del armamentismo, carteles de droga, grupos violentos y violencia están íntimamente ligados, son además hechos que trascienden cualquiera de las fronteras falsas que creamos con criterios absurdos de supuestas “soberanías”. Nuevamente se procuran soluciones mágicas a los mismos, por un lado, la pretensión por la legalización de las drogas, que sin entrar en juicios de valor, consideramos no puede ser la herramienta única para procurar la lucha contra estos flagelos. La solución va más allá, se requiere un tratamiento integral desde lo educativo, siguiendo por el fortalecimiento de la familia, atención a los desbalances sociales, corregir las fallas democráticas, los controles del flujo de capital producto del crimen, etc. Legalizar o no legalizar no es el dilema, menos aún cuando tenemos países con narco-gobiernos que ostentan tienen además el control formal de la violencia, allí no vale legalizar cuando en la cúpula del poder hay enquistadas mafias de la droga. Procuramos tocar el tema del armamentismo en una visión regional y así mismo aportar al diálogo. Este número especial cubre diversos temas que sabemos serán del agrado de muchos lectores. Abarcamos diversos aspectos con distintas visiones y tendencias del pensamiento.

Sobre la distribución impresa y su posible impacto en la Cumbre de las Américas, debemos afirmar que preferimos nuestros lectores en línea porque sabemos que las Cumbres, son algo que cada vez pierde más sensacionalismo y se van quedando desnudas en lo que son, meros encuentros protocolarios entre gobernantes, pues se mira más el forcejeo de los que amenazan con no asistir, y las sesiones formales que generalmente no resuelven nada o muy poco, al menos. Los medios masivos apenas reseñan alguna expresión salida de tono de alguno de los participantes y anécdotas políticas que nada aportan a la solución de las demandas ciudadanas. Llegan generalmente cortes de acompañantes, ministros, diplomáticos y lobbystas, para servir de marco a alguna declaración retórica producto de esforzadas negociaciones de las reuniones preparatorias. Además, la encargada de coordinar la Cumbre, conjuntamente con el país sede, es la desprestigiada OEA, con su liderazgo gris y el manejo de la organización al antojo de algunos presidentes por una conducta sumisa, ha llevado a la pérdida de brillo de este importante mecanismo regional de encuentro.

Para intentar salvar las cumbres, poco a poco se ha ido abriendo espacio a algunos sectores de la Sociedad Civil que en esta edición participarán en una especie de pre-cumbre y discutirán en Cartagena sobre los temas de jóvenes, indígenas, mujeres, entre otros. Sin embargo, parece que fueran dos eventos diferentes con la misma marca, pues no parece que hubiera espacio de interacción a los diálogos entre representantes de los gobiernos y los de las organizaciones sociales que asistan, estos sí, por su propia cuenta, no a cargo de los fiscos públicos. Claro, es que las autoridades de OEA y los gobiernos participantes y, en especial los propios mandatarios -algunos verdaderos megalómanos-, están lejos de entender que el mundo cambió y que “las ONG podrían llegar a ser las instituciones mas influyentes del siglo XXI” como afirma John Elkinhton coautor de estudio sobre ONG de SustainAbility, y que se han ganado un importante espacio sobre todo en los campos medioambiental, de defensa de la democracia, los Derechos Humanos, y en el uso de las Nuevas Tecnologías. La OEA requiere un cambio significativo si quiere ser relevante. De hecho, lo único que pareciera funcionar es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH . No es en vano que Brasil, Ecuador y Venezuela, entre otros, ataquen de manera insistente a la CIDH, eslabón fundamental del Sistema Interamericano, pues es bastante incómodo cuando se atreve a condenar violaciones a las libertades y derechos de los ciudadanos en esos países.

Varios/as miembros de nuestro equipo editorial han asistido a varias Cumbres, Asambleas y otras reuniones en el marco de la OEA. Veremos qué sucede con esta. En nuestra próxima edición sobre el Estado de la Democracia en la región, daremos un parte de lo ocurrido. De nuevo le invitamos a a leer nuestra revista y compartirla con otras personas. Si le gusta recomiéndela y, si no, igual para que nos critiquen más personas. Javier Loaiza, Carlos E. Ponce, editores

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Armamentismo, el negocio de la muerte Por: Javier Loaiza

Consultor Político - Director Escuela de Gobierno Tomas Moro, EGTM - Coordinador Programa de Postgrados en Ciencia Política, Universidad Politecnica de Madrid, UPM - Editor Nuevapolitica.net

“Los miles de millones de dólares dedicados cada año a los armamentos y otros gastos militares están privando a los pueblos más pobres del mundo de la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas y de ejercer sus derechos humanos fundamentales. Lo que en verdad debemos preguntarnos no es si podemos disponer de recursos para lograr la universalización de la enseñanza primaria, sino más bien si podemos permitirnos el lujo de seguir manteniendo prioridades equivocadas y aplazando el momento de convertir las bombas en libros.” Oscar Arias. Premio Nobel de Paz, expresidente de Costa Rica. El mundo está acosado por un conflicto generalizado entre los dogmas del viejo pensamiento económico, social y político, de una parte, y la economía global, un mundo abierto y cada vez más plano en términos de las relaciones sociales y, en lo político, instituciones de carácter vertical y jerárquico, asentadas en un modelo de Estado Nación cada vez más incapaz e incompetente para atender los nuevos desafíos de todo orden. Las viejas soberanías cada día más porosas y erosionadas siguen en costosas e inútiles carreras armamentistas para defenderse de guerras que no ocurren y, en cambio, abren las compuertas a tráficos incontrolables que generan inmensos costos en vidas humanas, en recursos fiscales, que mantienen las condiciones para estimular la violencia como vía para solucionar conflictos, además de un inmenso poder de grupos criminales que con cualquier pretexto se crean y crecen sin control. A mitad del siglo pasado Einstein afirmaba que la industria de armamento

es uno de los peligros principales para la humanidad, y eso que no había los niveles de comunicación, movilización, comercio y tráficos de la presente época. De hecho, las armas solo sirven para asesinar, para dañar o para guardarlas y “repotenciarlas” en el futuro. El problema del armamentismo tiene al menos dos frentes que vamos abordar en este artículo, su proliferación por parte de Estados en un comercio creciente y absurdo y, la falta de control y el comercio ilegal que genera enormes daños y peligros. Aparte del problema humano y ético, las armas no son bienes de capital, no permiten construir, evolucionar o desarrollar. Sólo se pueden almacenar o usar y sólo se usan para destruir. Estén apiladas o en uso, las armas son bienes de consumo extravagantes y criminales. Un expresidente amigo hace un par de años me hacía ver que, además de usarse para matar o almacenar, la compra de armas sirve para robar, dada la posibilidad de gastar los recursos de manera casi inmediata, muchas veces con partidas “reservadas” y secretas, con altas comisiones a los lobistas, todo en nombre de la seguridad nacional y la defensa de la “patria”. Los burócratas encargados de los temas de defensa terminan siendo verdadero “traficantes”legales y su función de empleados del gobierno los libera de controles y responsabilidades de moral pública. Muchos de ellos terminan, al entregar sus cargos, de asesores y representantes de empresas vendedoras de armas, material logístico o servicios de seguridad. Además, hay el nuevo mito que el gasto militar ayuda a la economía, mientras que históricamente ese gasto se consideraba desastroso para al economía.

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Muchos países terminan creando industria militares para vender armas, con qué ayudarse a financiar la compra de otras. Eso convirtió a la producción de armas en el final del siglo veinte en la principal fuente de empleos. Pero la industria de armamentos es un negocio artificial que no está sometido a las condiciones del mercado real. Son un producto de consumo ideal, pues el consumidor principal de armamento pesado es artificial, es un gobierno, no un individuo. Encima de ello, los sistemas de armamentos necesitan repuestos y municiones. Así, el productor se garantiza un ingreso de largo plazo, los repuestos y municiones son como intereses sobre un depósito y crean un compromiso de largo plazo con el comprador. Además, el vendedor se supone que entrega la promesa de respaldo militar general al comprador. En el mundo circulan 875 millones de armas, que representan una por cada ocho personas de la población total mundial, tres cuartas partes de ellas en manos de civiles. En el mundo ocurren alrededor 740 mil personas muertes cada año en hechos con arma de fuego, en su mayoría ilegales. Es un costo de la incapacidad de los Estados “soberanos”, que supuestamente mantienen el monopolio de la fuerza. La tenencia de armamento se considera fundamental para la legítima defensa de los Estados. Los ejércitos, una creación para cuidar fronteras de las amenazas vecinas, son cada vez más inútiles en un mundo mayoritariamente urbano. Más del 70% de la población latinoamericana vive en centros urbanos, lo que hace que lo que se necesite realmente son policías para cuidar a las personas y no ejércitos para cuidar territorios. Millones personas viven cada día bajo la amenaza de la violencia armada en las ciudades, pueblos y caminos. Cada minuto una de ellos muere asesinada. Entre las bandas de Río de Janeiro, Centro América y Los Ángeles, las guerrillas y paramilitares en Colombia, los narcotraficantes, los

terroristas y hasta las guerras en Liberia e Indonesia, las armas están fuera de control y representan más del 90% de las víctimas mortales actuales. “La violencia atrae a individuos de escasa moral, y es ley de la vida que a tiranos geniales sucedan verdaderos canallas” afirmaba Einstein. El representante permanente de México ante Naciones Unidas afirma que “el comercio ilícito de armas es, sin duda, una de las más graves amenazas para la paz y seguridad en el actual contexto internacional”. Los países del G-8, cuatro de los cuales son también miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, son los distribuidores más importantes de armas y de otro material utilizado en los conflictos y en violaciones de Derechos Humanos en todo el mundo. El tráfico ilícito de armas podría considerarse la epidemia del siglo XXI y los gobernantes de los países productores se hacen los de la vista gorda enriqueciendo sus arcas y las de megacorporaciones dedicadas al negocio de la muerte. Los gobernantes de países consumidores, siguen el juego un ciclo estúpido como si fuera imposible salir. La producción global anual de munición de uso militar para armas pequeñas está entre 10.000 y 14.000 millones de unidades, entre 1,5 y dos al año por habitante del planeta sin registro fiable del destino del 83% de ellas. En el último decenio no se ha llevado a los tribunales a prácticamente ninguno de los responsables de las violaciones de embargos de armas decretados por la ONU. Traficantes de armas –legales e ilegales-, sin escrúpulos, siguen saliendo impunes de los abusos

contra los Derechos Humanos aquí y allá, a pesar de esfuerzos judiciales. Con el supuesto de garantizar la soberanía del Estado se mantienen los ejércitos. Casi todos tienen fuerzas armadas que, supuestamente, según sea más o menos fuerte y según la capacidad movilizar a sus militares gozará de mayor o menor respeto en el ámbito internacional. Sin embargo, Costa Rica, Panamá, Haití, Barbados, Dominica, Granada, y otros 17 países más en el mundo, -más del 10% de los miembros de la ONU-, no tienen ejércitos regulares. Nos preguntamos, si esos países pueden existir, por qué el resto no podría. Einstein manifestaba su animadversión por los ejércitos en los siguientes términos: “el peor engendro que haya salido del espíritu de las masas: el ejército, al que odio. Que alguien sea capaz de desfilar muy campante al son de una marcha basta para que merezca todo mi desprecio; pues ha recibido cerebro por error: le basta con la médula espinal. Habrá que desaparecer lo antes posible a esa mancha de la civilización. Cómo detesto las hazañas de sus mandos, los actos de violencia sin sentido, y el dichoso patriotismo, qué cínicas, qué despreciables me parecen las guerras.” Se tiene registro de 1.249 empresas dedicadas a las distintas tareas de la cadena de valor de la manufactura, producción, comercialización, importación y exportación de armas ligeras, municiones y equipo. Operan en 92 países.

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Complejas amenazas en América Latina América Latina afronta “numerosas y complejas amenazas” en materia de seguridad y estabilidad militar, que ponen en riesgo el equilibrio regional, según las conclusiones del informe “Military Balance 2010” presentado en Londres por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS). Estas amenazas, según el IISS, son: el deterioro democrático, el temor a un fracaso del Estado, el crimen organizado transnacional, el terrorismo, las guerrillas, el tráfico ilegal de armas, drogas y personas, la competencia por los recursos naturales, la degradación medioambiental y el desbaratamiento de la cohesión social. Sobre todo, se hace énfasis que en la región andina no hay un acercamiento desde los Gobiernos para manejar las amenazas transnacionales. Hay una “débil” cooperación regional en materia de seguridad, existiendo únicamente “vínculos militares y de seguridad limitados en el ámbito bilateral”. Por ejemplo, México y Colombia “han reforzado su relación militar con Estados Unidos”, en tanto que Venezuela “ha desarrollado vínculos con China, con Irán y con Rusia”, al igual que los otros miembros del ALBA -Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba- que también han establecido o han renovado sus vínculos militares con Rusia y con los “hermanos” de Irán. Cuando alguien se rearma genera celos en el vecino. Y esto adquiere un sabor especial en Sudamérica donde varios países mantienen conflictos históricos, luchan por el liderazgo, tienen líderes en las antípodas ideológicas y una carga de mutua desconfianza. El gasto militar se ha incrementado a pesar que “los objetivos estratégicos por los que se ha procedido a un reforzamiento de las fuerzas armadas siguen siendo opacos”. Brasil está interesado ahora en desarrollar tecnología nuclear para la propulsión de submarinos” y Argentina ha renovado su interés en avanzar en el tema nuclear. Estados Unidos sigue siendo el primer proveedor de armamento a la región, especialmente por sus multimillonarios acuerdos con México y Colombia, pero Rusia, China y España han

entrado con fuerza en la región. En el último lustro, el subcontinente ha comprado un 150% más de armamento que durante el período 2000-2004. Los expertos advierten de los riesgos que comporta esta tendencia en países donde existen necesidades mucho más urgentes que adquirir tanques y aviones de combate. Chile es el primer importador de material bélico de América Latina. De acuerdo con el Sipri, las compras chilenas efectuadas entre el 2005 y el 2009 se multiplicaron por seis respecto a las adquisiciones del primer quinquenio del siglo XXI . Venezuela es el segundo importador de armamento de la región con contratos millonarios firmados con Rusia Brasil, tercer importador de armas de la región, mantiene la envergadura de sus adquisiciones en los últimos diez años, pero en cambio viene dando pasos de gigante como fabricante de material bélico. El más reciente informe del Sipri revela, sin llegar a los extremos de los tres países citados, otros gobiernos de la región (Colombia, el Perú, Ecuador y Bolivia) han realizado costosas inversiones en armas en los últimos años. El gasto militar en su conjunto (incluye compras de armas, los costos de personal y gastos por operaciones y mantenimiento, entre otros) ha crecido en un 50% en Sudamérica en el período 1999-2008, casi el doble respecto al decenio anterior. Pese al marcado crecimiento de la economía registrado en los últimos años, la parte del PBI dedicada a fines bélicos no ha disminuido: se ha mantenido alrededor del 1% y 2%, con excepciones como las de Chile y Colombia, que pasan el 3%. Así pues, América del Sur fue en 2010 la región del mundo que más aumentó sus gastos militares en un año (+5,8), gastando 63.600 millones de dólares “Este aumento continuo en América del sur es sorprendente dada la ausencia de real amenaza militar para la mayoría de los países de esta región y la existencia de necesidades sociales más urgentes” SIPRI. El secretario general de Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, denunció que algunos países disfrazan el gasto militar y otros lo ocultan por completo. El expresidente peruano, Alan García, llamó a

abordar el tema de la adquisición de armas en la Asamblea de la OEA y sugirió un pacto de no agresión. El expresidente colombiano, Álvaro Uribe, denunció que una carrera armamentista es “inmensamente dañina” para la región, pero afirmó que “tenemos que cumplir con el deber de enfrentar el terrorismo”. Lula Da Silva del Brasil explicó la razón del aumento en gasto militar por la protección de sus yacimientos petroleros y el interés de que Brasil se convierta en una “gran potencia mundial”. El discurso anti-imperialista del presidente venezolano Hugo Chávez sobre una supuesta invasión de Estados Unidos es la excusa para armarse y defender la soberanía nacional, configurando un sentido nacionalista en defensa del territorio bajo supuesta amenaza que se cimenta sobre las diferencias ideológicas. El caso de México en la región es particular por la influencia de los carteles de la droga y la facilidad de conseguir armas ilegales provenientes de su vecino Estados Unidos, donde el comercio de armas es abierto y legal. Se estima que 90% del arsenal que adquiere la delincuencia organizada que opera en México, proviene de Estados Unidos. Las armas llegan principalmente de Estados Unidos, vía aérea o marítima hasta Guatemala para su distribución en México, Centro y Suramérica. México pasó del puesto 22 al 5º en tráfico de armas a nivel mundial. Cada día ingresan a ese país unas 2 mil armas para abastecer a los carteles de la droga, la delincuencia organizada y común, y a millones de civiles que ven en su posesión una vía de defensa ante la creciente inseguridad. Se estima hay 20 millones de armas ilegales territorio mexicano, más 5,5 millones legales. Basta con dar clic en un buscador y se reciben múltiples ofertas de entrega en menos e una semana. La compra-venta se pacta en chats, los precios se regatean en mensajes de computadora o vía celular. Los precios varían en función del calibre y la antigüedad de las armas, si están “frías” o “calientes”, éstas últimas utilizadas para algún ilícito. La analista Magda Coss, afirma “las armas de fuego fueron creadas para matar, y eso es lo que hacen”.

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de dotación oficial terminan en manos de niños, entrenados para matar a los adversarios del régimen.

Los principales productores son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Ucrania, China y Francia, (Small Arms Survey). Ese negocio, el negocio de la muerte, genera utilidades anuales que superan 30 mil millones de dólares al año. Cada año se destruyen centenares de armas ilegales, pero el parque se repone rápidamente: la industria produce 8 millones de armas nuevas cada año y 16 mil millones de municiones. Antonio Luigi Mazzitelli, representante UNODC señala que “El mercado de las armas tiene una característica particular: no importa su valor, porque el daño de las armas es mucho más alto del valor comercial de las mismas. Una sola puede matar a cientos de personas. El mismo fusil automático puede tener una vida activa hasta de 40 años, un cuerno de chivo bien cuidado puede matar durante 40 o 50 años a centenares de personas en manos diferentes y en países distintos.” El analista Edgardo Buscaglia, define al tráfico de armas como “un perfecto ejemplo” de las complicidades del sector gubernamental con el criminal. “El tráfico de armas es un perfecto ejemplo donde se fusiona el sector privado empresarial, el [de] Estados y lo que llamamos ‘cárteles ilegales’”. “Muchas de las armas que forman parte del mercado negro son transferencias que hace el gobierno para abastecer a sus Fuerzas Armadas”. Igual ocurre en Venezuela, donde fusiles AK-47

Bien sea por corrupción o debilidad de las instituciones, mucho del armamento oficial se desvía ilícitamente de manera premeditada, o mediante el robo, para a abastecer el mercado negro, cuando no es el resultado de una política oficial, expresa o tácita, para armar a los “defensores” de las revoluciones o de la vociferada “patria”. México y Brasil, países con el mayor tráfico de armas en la región, aparecen como los Estados con menos transparencia en la información sobre las armas, según la Encuesta de Armas Pequeñas de la Small Arms Survey. A pesar de los múltiples tratados al respecto, es muy poca o ineficiente la acción de los gobiernos, sobre todo, porque el 95% de las armas que circulan en el mercado negro en todo el mundo son de fabricación legal. Cada arma tiene un número de serie, nombre del fabricante y lugar donde fue hecha Numerosas ONGs han asumido la tarea de denunciar y exigir a los gobiernos el combate al mercado negro de armas sobre la base que más que el tráfico o el comercio mismo, lo más importante en el mercado de las armas es controlar éstas una vez que han sido vendidas. La violencia armada genera en la población una percepción de inseguridad y miedo, deteriora el tejido social, provoca pérdida de productividad, erosiona la inversión en desarrollo y cuesta una enorme suma a la sociedad en su conjunto, bien sea por el gasto público para combatir la inseguridad o por el costo de la seguridad privada y de los equipos de

resguardo”. La Cruz Roja Internacional, desde 1996 considera las armas de fuego como un problema de salud pública “por ser perjudiciales y tener consecuencias negativas en la salud de las personas”. Está probado que en los hogares donde se guarda un arma se duplica la posibilidad de ser víctima de homicidio por arma de fuego, aumenta 16 veces la probabilidad de cometer suicidio y, es 43 veces más probable que se mate a algún familiar o conocido, que a un extraño en defensa propia. Los expertos en estudios sobre armamentismo y delincuencia insisten en que tener un arma en casa incrementa los riesgos de violencia. “Armarse es un espejismo, cuando tu comienzas a armarte, o cuando comienzas a ejercer violencia a tu alrededor pensando en que vas a proteger a tu familia, generas más violencia y formas parte de esta espiral” (E. Buscaglia). Ahora, una de las razones fundamentales que se argumentan por parte de los Estados para el armamentismo, es la preparación para la guerra. Repasemos a León Tolstoy y su visión al respecto: “Qué es la guerra? qué se necesita para tener éxito en las operaciones militares? cuáles son las costumbres de la sociedad militar? La razón de ser de la guerra es el homicidio; sus instrumentos, el espionaje, la traición, la ruina de los habitantes, el saqueo y el robo para aprovisionar al ejército, el engaño y la mentira, llamadas astucias militares; las costumbres de la clase militar son la disciplina, el ocio, la ignorancia, la crueldad, el libertinaje y la borrachera, es decir, la falta de libertad. A pesar de todo esto, esa clase superior es respetada por todos.”... los soldados se reúnen, como por ejemplo, sucederá mañana, para matarse unos a otros. Se matarán y mutilarán decenas de miles de hombres y, después, se celebrarán misas de acción de gracias porque se ha exterminado a mucha gente (cuyo número se suele exagerar) y se proclamará la victoria, creyendo que cuantos más hombres se ha matado, mayor es el mérito”.

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Se dispara carrera armamentista en la región Por:Hassan Nassar

B.S en Political Communication y Master en Political Science de Emerson College en Boston, MA USA. Consultor y analista politico de diferentes medios latinoamericanos. Profesor universitario experto en Medio Oriente y periodista, actualmente director programa de debate politico ZOOM a la Noticia del canal internacional de noticias NTN24. http://www.facebook.com/hanas09 @HNassarNTN24 hanas09@gmail.com

Mucha razón tenía el presidente Dwight Eisenhower en su discurso de despedida en 1961 al referirse al complejo militar industrial como la gran amenaza mundial. Este término que sirvió como un concepto que se aplica a los intereses económicos y sociales ligados al armamentismo y a una política militarista o imperialista de EEUU y la URSS durante la guerra fría, se constituye ahora en el motor de varias economías del planeta. Los grupos industriales interesados en mantener la carrera armamentista son en realidad las válvulas de oxígeno de la política y la guerra. En los últimos cincuenta años la carrera armamentista se disparó por todos los continentes. Es un tema que empieza preocupar palpablemente a América latina donde se aumentó en la ultima década en más del 50% según el Instituto de Paz en Estocolmo, con cuatro países que llevan la delantera. Brasil por ejemplo en los últimos diez años ha comprado miles de millones de dólares en armamento. Justo antes de dejar el poder el ex presidente Lula Da Silva anunció la compra de submarinos nucleares y helicópteros franceses por un valor de 8.500 millones de euros y confirmó, por primera vez, que su país adquirirá también 36 aviones Rafale, de la empresa Dassault, por un coste aproximado de 2.800 millones de euros. Esta ha sido la mayor compra de armamento de Brasil en su historia y un legado para Dilma Roussef.

Pero el acuerdo más importante que dejó firmado Lula con Sarkozy se refiere a la construcción conjunta de un submarino de propulsión nuclear y otros cuatro convencionales, modelo Scorpene, además de un astillero, que será edificado en unión de la empresa brasileña Odebrecht. Las obras empelarán unas cinco mil personas hasta 2014, cuando deben estar listos los submarinos. Con este acuerdo, Brasil se convierte en el séptimo país que proyecta, construye y utiliza submarinos de propulsión nuclear, junto con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China y la India. Es decir el gran negocio esta en la transferencia de tecnología para el gigante suramericano. El Gobierno de Brasilia ha resaltado que el objetivo del acuerdo con París y la compra de armamento es para la defensa del territorio y de la soberanía brasileña, y principalmente, del «presal», como es llamado el gigantesco yacimiento de petróleo descubierto por Brasil recientemente en el fondo del Atlántico. En palabras del propio ex presidente Lula Da Silva: «Debe siempre pasar por nuestra cabeza la idea de que el petróleo ya fue motivo de mucha guerra y de mucho conflicto y no queremos eso. Estamos trabajando con la posibilidad de que, en los próximos 15 ó 20 años, Brasil se transforme en una gran potencia mundial» Pero este no es el único caso en la región y Chávez en Venezuela

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no está del nada lejos de Brasil. Venezuela ha comprado casi once mil millones de dólares en armas rusas en el último lustro según informó Rosoboronexport, la corporación estatal rusa para la exportación de armamento. Este gran paquete de armas están representadas en Armamento liviano: 100 mil fusiles de asalto Kalashnikov AK-103/AK-104, cerca de 5 mil fusiles de precisión (francotiradores) Dragunov, más de un millar de lanzacohetes portátiles antitanque RPG-7V2 de 85 mm. Asimismo, se adquirió una planta para la producción de fusiles AK-103/AK-104 y otra para la munición de 7,62×39 mm, las cuales están siendo construidas en las instalaciones de Cavim en Maracay, estado Aragua. Pero también incluye Aeronaves: 24 aviones de combate Sukhoi Su-30MK2, incluidos sus sistemas de armas; 53 helicópteros (38 Mi-17V-5 multipropósito, 2 Mi-172/VIP presidencial, 3 Mi-26T2 de carga pesada y 10 Mi-35M2 de ataque). Además, un centro de entrenamiento para tripulaciones de helicópteros y dos centros de mantenimiento, uno para los Su-30MK2 y otro para helicópteros. En el campo de la Artillería Chavez compró: obuses autopropulsados Msta-S de 152 mm (40), sistemas móviles de lanzacohetes múltiples BM-21 Grad de 152 mm (24) y Smerch de 300 mm (12); morteros remolcados Sany y autopropulsados Nona-SVK, de 120mm, y, un sistema misilístico de defensa de costa. Otra parte del embarque de armas se constituye en Defensa antiaérea: lanzamisiles portátiles Igla-S, cañones bitubos remolcados ZU-23-2 de 23 mm, y, sistemas móviles misilísticos S-300, Buk-M2E y Pechora 2M. También se incluyen Blindados: tanques -reconstruidos- T-72B1 (92), vehículos de combate de infantería

BMP-3 (123) y 8×8 BTR-80A (114) y vehículos tácticos: camiones Ural modelos 6×6 4320 y 4×4 43206.

no vivimos en un continente donde el índice de escolaridad es de 7 años ¿no es eso una vergüenza?”.

Supuestamente las inversiones en equipos militares hechas por Chávez servirían para que la Fuerza Armada, garantice la soberanía y defensa del territorio nacional ante las amenazas externas, como la que actualmente se presenta en la fachada atlántica, con las pretensiones de Guyana de extender sus fronteras marítimas en perjuicio de Venezuela o de una posible invasión de los EEUU.

Si bien en el pasado algunos consideraban que eran EEUU los únicos interesados en armar Latinoamérica ese mito se ha derrumbado. Ahora Rusia, Francia, Alemania, Bielorrusia, Ucrania, España, Israel y China se pelan por conquistar este mercado de mas de 800 millones personas.

Uno de los más preocupados con el auge armamentista en América latina es el ex Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien cuestionó en su momento la compra de armas por parte de Venezuela y Brasil cuando en ambos países existen graves problemas sociales y económicos. Arias ha resaltado en varias oportunidades que la única dictadura de América Latina es Cuba, por lo que si la mayoría del subcontinente está en democracia no se justifica una carrera armamentista. A su juicio, los enemigos son la pobreza, la desigualdad y la falta infraestructura. En palabras de Arias “Acaso

Chile no se queda atrás en su pretensiones y cuenta ya con una de las flotas mas modernas del continente Americano. El país austral dispone de ahorros por 4.000 millones de dólares para compra de armas en 2012, cuyo gasto generaría un desequilibrio militar en el Cono Sur y fuertes presiones sociales, subrayaron analistas de Defensa. Las Fuerzas Armadas adquirieron tanques, aviones y submarinos por 7.506 millones de dólares desde 1990, y son ya superiores a sus pares de Argentina, Perú y Bolivia. Además, la excesiva compra de armas, financiada con las ventas estatales de cobre, está generando un alto costo en manutención y

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críticas sociales que no ayudan al gobierno del presidente Piñera. Y cómo dejar por fuera de este cuadro a Colombia, país que en el último decenio recibió casi 10 mil millones de dólares del Plan Colombia en gran parte destinado a la defensa y el combate al narcotráfico. Para 2012 según el propio Ministerio de Defensa de Colombia el país tiene presupuestado gastar 4.100 millones de dólares para la defensa. El paquete incluye la modernización y actualización de equipos como fragatas y submarinos por expertos de Francia y Alemania, así como la fabricación y ensamble en Colombia de 25 aviones para entrenamiento, indicó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. De acuerdo con Pinzón, las Fuerzas Militares de Colombia deberán recibir en el transcurso de este año otros 15 helicópteros Black Hawk estadounidenses de los muchos que ya posee, cinco MI-17 rusos y 20 obuses de 105 milímetros franceses. En marzo llegarán para la Fuerza Aérea Colombiana los primeros 4 aviones K-Fir, de un grupo de 24 (13 nuevos y 11 que fueron reacondicionados), que fue-

ron totalmente modernizados. Otros equipos militares incluyen cinco aviones multipropósito, 30 vehículos blindados, 12 helicópteros de ataque, 60 lanchas rápidas y botes nodriza pesados y livianos, aviones Caravan y Súper King. Asimismo, informó que Colombia compró un importante equipo de aviones no tripulados, cuyo número se abstuvo de revelar. Colombia vive una guerra interna pero se ha preparado recientemente para una externa. Al parecer en América Latina hubo una especie de síndrome de Estocolmo, la civilidad compró el pensamiento militar y no se postuló otra estrategia de defensa para evitar problemas que armarse hasta los dientes. La gran pregunta que se debe debatir hoy en día en las cumbres como Unasur, Mercosur, Alba o por ejemplo en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Cartagena, Colombia, debe ser el tema del armamentismo y sus efectos regionales. Hacia donde vamos comprando tantas armas y, son para defenderse de quién? Acaso de nosotros mismos. La región vive hoy en día una divi-

sión ideológica en bloques. Los ataques a la Carta Interamericana de la OEA y sus principios son cada vez mayores y en todos los frentes. Es decir que llegará el momento en que la tan anhelada integración regional no sea mas que una ilusión pasajera. Lo que sí esta claro es que nuestros países están armándose para lo peor y esa pelea no se dará en una cumbre o por la vía diplomática. La real amenaza es seguir creyendo que nuestras prioridades dejaron de ser la lucha contra la pobreza la desigualdad y la falta de oportunidades en educación. Mientras nuestros líderes sigan pensando que la única opción para cuidar nuestros intereses sea la prevención por la vía del armamentismo, cada vez estaremos mas solos y poniendo en riesgo una verdadera integración regional. Aquí el único ganador será la industria de las armas que financia, vende a crédito amparado en reservas energéticas y futuros contratos de explotación. En pocas palabras le estaremos entregando la democracia a los señores de la guerra, como en su momento sabiamente lo predijo el ex presidente Eisenhower.

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Reflexiones sobre armas y amenazas Por: Pedro Trujillo Álvarez

Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Guatemala

El incremento de armamento convencional o clásico en un determinado país ha sido tradicionalmente motivo para alertar a sus vecinos inmediatos o regionales e incluso para poder promover denuncias y sustentar acusaciones sobre la “escalada armamentista” en una determinada zona. La Guerra Fría nos acostumbró, en cierta forma, al uso habitual de ese tipo de vocabulario que por años se empleó para presentar o evaluar una particular situación regional, desde la perspectiva del equilibrio militar. Publicaciones especializadas al respecto no han faltado y estudios con conteo detallado de armas, de personal, de unidades de batalla, de material, de gastos en defensa y otros aspectos similares, tampoco. Sin embargo, la evolución de las tradicionales amenazas a otras denominadas nuevas, aún sin serlo , trascendió el punto de atención sobre el incremento armamentístico. En este nuevo escenario, de nada sirve contar con tanques, aviones de combate o buques de guerra dotados con alta tecnología, cuando el enemigo no actúa convencionalmente. El Estado ha perdido el monopolio de la guerra -término prácticamente invalidado al no declararse ninguna- y el surgimiento de actores no estatales como partes de los conflictos desvirtúa, en cierta medida, el valor antes dado a la posesión de un importante número de armas.

El terrorismo y el crimen organizado, en particular, son posiblemente las amenazas que más evidencian cuanto deseamos expresar. Grupos reducidos (células) son capaces de operar en cualquier parte del territorio de no importa que país y ocasionar daños que no pueden contrarrestarse únicamente (ni siquiera prioritariamente) con la posesión de armas clásicas. Es preferible disponer de servicios de inteligencia eficaces que de unidades militares dotadas de armamento tradicional que, a fin de cuentas, no puede emplearse en esta forma de lucha. Por tanto, y ahora más que nunca, hacer una evaluación de amenazas que realmente establezcan cuales deben ser prioritarias y configurar el sistema de defensa en torno a ellas es una imperiosa necesidad. La invasión por ejércitos vecinos es una posibilidad remota y muy difícilmente imaginable en la mayor parte del globo. Las unidades militares tradicionales parecieran no tener sentido y mejor conformar paquetes de capacidades que respondan a una serie de problemas o de amenazas. La inteligencia, la detección, la información, la escucha, la investigación y el control y la movilidad son características que sustituyen a la potencia de fuego o de choque, a la velocidad de disparo a la acción contundente o al empleo en

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mar de lanchas que transportan migrantes, droga u otros ilícitos desarrollarse por las Armadas ante la falta de misiones de corte clásico. La interceptación área de aviones que realizan actividades similares a las antes descritas, otra de las funciones de la aviación de combate, antes similar ausencia de misiones de interdicción, bombardeo o apoyo al combate en tierra, y lo mismo podría decirse respecto de las unidades terrestres.

mesa, entre otras características. Este cambio de escenario es precisado por de Caixal i Mata de la siguiente manera: El escenario estratégico actual se caracteriza por su complejidad, incertidumbre y potencial peligrosidad. Los conflictos actuales y previsiblemente los futuros responden a un configuración multidimensional que hace inviable su resolución por medio de herramientas exclusivamente políticas, diplomáticas, económicas o militares. El terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva; las crisis generadas por los Estados fallidos, débiles o en proceso de descomposición; la lucha por el acceso a los recursos básicos; y la acción negativa del hombre sobre su entorno, entre otros, constituyen un conjunto de amenazas a la seguridad y estabilidad mundial. Es decir, a los tradicionales riesgos y amenazas a la seguridad, que implicaban una respuesta militar, se han unido a otros que, si bien no

tienen la capacidad destructiva de la guerra convencional, dificultan y degradan el desarrollo social y económico de los países y regiones con consecuencias negativas tanto en el plano nacional como internacional. Esto ha sido entendido por muchos países que han comenzado (o llevan tiempo en ello) una reconversión militar más allá de abordar el cumplimiento de lo que se ha venido denominando “misiones tradicionales”. En otros, la discusión entre contar o no con unidades militares es todavía un debate abierto y encendido y en muchos más, que los ejércitos asuman misiones policiales es una posibilidad cada vez mayor. En el amplio espectro de las actividades de combate contra las nuevas amenazas, el ejército nacional debe adaptarse a desarrollar otras misiones más allá del ataque, la defensa o la actuación “habitual”. La colaboración con los cuerpos de seguridad del país debe ser más frecuente y abordajes en alta

Se requiere una profunda discusión que debe comenzar con el análisis de las amenazas que afectan al país -especialmente de las denominadas “nuevas”: terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, etc.- para avanzar posteriormente hacia la configuración de las capacidades necesarias para enfrentarlas. El empleo de los medios que finalmente se adquieran corresponderá a las fuerzas (militares, policiales o mixtas) que se determinen. Lo que parece claro es que esos medios no serán los que habitualmente se han incluido en listados que pretendían configurar el poder (o potencial) militar de un país: tanques, cañones, misiles, obuses, morteros, y otros. Es muy posible que incluso se deje a un lado la publicidad porque el secretismo sea el denominador común de los países que hagan su tarea de modernización de “armas” y no deseen evidenciar la capacidad de vigilancia (áreas, terrestre o naval), el alcance de sus radares o de sus equipos de escucha, los mecanismos de obtención de información y transformación en inteligencia o la movilidad, sin contar toda la tecnología asociada al manejo de páginas web, internet, detección

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de mensajes, manejos de redes o protección de la información electrónica. Como se puede visualizar, un mundo complejo que escapa al análisis con parámetros clásicos. Ello no hace desaparcer los ejércitos del mundo. Recordemos que muchas potencias continúan empleándolos en diversos conflictos, desde la intervención puntual e interesada hasta la delegación que Naciones Unidas pueda hacer en ciertos países u organizaciones (OTAN como ejemplo). Las fuerzas armadas tradicionales tienen, todavía, un papel que llevar a cabo aunque dentro de otro contexto diferente al que se ha venido manejando especialmente en el pasado siglo. Las misiones de paz y de ayuda humanitaria no pueden descartarse antes bien, enmarcan un importante escenario de actuación de los ejércitos del mundo. Pero, a medida que avanza el siglo, se visualiza un horizonte diferente en el que presumiblemente se necesite esa reconversión indicada y que, al mismo tiempo, represente un sustancial cambio en la esencia de la mayoría de las fuerzas armadas del mundo. De otro lado, la sociedad actual permeada de valores globales como la paz, la seguridad, la observancia de Derechos Humanos y otros, exige que así sea y el cambio se producirá aunque con velocidad diferente según la región de que se trate. Esos mismos valores han potenciado y promovido la colaboración, la defensa compartida o terminología similar que a fin de cuentas promueve la unión de varios países para enfrentar juntos similares retos y desafíos. Por tanto, la “carrera armamentista” que pueda llevar a cabo un determinado país (salvo

excepciones) no llega siquiera a tener una repercusión directa en tanto el entorno conforme una asociación que incluya a varios vecinos y compartan intereses económicos, históricos, sociales o los valores globales antes indicados. Es muy difícil, aunque nunca imposible, que esa escalada tenga un incidencia más allá del documento que la soporte como una hipotética amenaza. La discusión no es baladí porque puede entrañar la modificación sustancial (o al menos la discusión social) de un elemento histórico del estado moderno: el ejército (o las fuerzas armadas) y de su tradicional misión de la defensa de la soberanía, que puede tornarse y sustituirse por la defensa de los intereses y enfrentar otro tipo de situaciones que en nada se van a parecer a las que se han estudiado por años. El paso es muy difícil de dar porque supondría cuestionar aspectos como la propia soberanía y las prioridades no incluyen -en ciertas regiones y América Latina es una- esos temas que

ocupan un lugar muy por debajo de otras como la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la economía y un prolongado etcétera. Cuando el cambio llegue, sin embargo, es posible que sea tarde, como ha ocurrido con la modernización o transformación de muchos ejércitos de postconflicto y el crimen organizado y el terrorismo estén muchos mas asentados y hayan desarrollado capacidades que ni el propio Estado pueda contrarrestar sin un elevado costo material y humano. Pareciera que nos encontrarnos en la dicotomía de mirar el presente o evaluar el futuro, siendo imposible ambas cosas porque los recursos no lo permiten. Aquellos países que se muestren más ágiles en comprender este proceso serán más exitosos. Lo que parece claro es que el armamentismo, la escala armamentistas y otras expresiones similares han dejado de ocupar los lugares protagónicos del pasado siglo XX.

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Carrera armamentista en Latinoamérica Redacción Nueva Política

En los últimos años se ha evidenciado la compra masiva de armamentos de guerra en diferentes regiones del continente. Los gobiernos han dedicado gran parte de sus presupuestos a la compra de armas. En sólo 2010 se invirtieron $63.3 mil millones de dólares, incrementando los gastos militares, en un promedio anual, de 3.7% a 5.8%. Lo que sorprende de esta carrera armamentista es que no han existido amenazas militares o indicios de guerra contundentes que justifiquen la compra masiva de armas, mientras que sí hay otras necesidades que deberían ser prioridad para los países, como la pobreza que afecta a un 34,1% de la población. Chile Tiene unas de las Fuerzas Armadas más avanzadas de América Latina. Cuentan con cazabombarderos holandeses, fragatas británicas y cerca de 200 tanques alemanes Leopard 2 A4, los más avanzados y mejores del mundo, En Chile existía la Ley de Cobre, heredada de la dictadura de Pinochet, que establecía que el 10% de las ventas que dejaba la actividad minera debía invertirse en la renovación y equipamiento de las Fuerzas Armadas, por esa razón el país contaba con recursos suficientes para comprar armamentos, pero esa norma fue remplazada por un sistema para financiar la compra de armas. En su arsenal de 2009 se encontraban, 10 cazabombarderos F16 nuevos comprados a Estados Unidos, 36 de la misma referencia comprados de segunda mano a Holanda y 400 carros de combate M113, además planeaban la

compra de sistemas de defensa antiaérea por más de 450 millones de dólares. El gobierno chileno justifica que la compra de los submarinos, aviones y tanques de guerra se ha hecho para remplazar equipos obsoletos, aunque expertos ven la adquisición de armamentos como un método para tener un rol más importante en la región tanto en lo diplomático como en lo económico. Brasil En el mandato de Lula, se estableció la compra de armas a Francia por 8.700 millones de dólares, lo que consolidó al país como una potencia militar en Latinoamérica y como el que destina mayor presupuesto para la defensa. De esta manera Brasil ocupa el lugar 12 en el ranking mundial de los países con mayor gasto militar, de acuerdo a los datos del SIPRI. Entre 1999 y 2008 el presupuesto militar aumentó un 29,9%, sólo en 2008 se invirtieron $23.000 millones de dólares, lo que representa el 1,5% del PIB, durante el gobierno de Lula el presupuesto aumentó en un 50% El caso de Brasil está vinculado con las ambiciones de ser potencia mundial y consolidarse como líder en la región, además por su ubicación geográfica debe destinar recursos para la defensa de la Amazonia y la seguridad en las fronteras, por lo que en 2009 se compraron a Israel, 8 aviones de guerra con un costo de $4 millones de dólares cada uno. Por otro lado, el descubrimiento de yacimientos de petróleo ocasionó una

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restructuración en la defensa marítima, por ello Brasil contrajo un acuerdo de cooperación franco-brasileño en 2009. De esta manera, Francia acordó transferir tecnología de punta a Brasil para la fabricación de un avión de guerra y un submarino nuclear. Además, el acuerdo militar incluyo el desembolso por parte de Brasil de 12.300 millones de dólares, 9.000 millones de dólares destinados a la compra de 4 submarinos Scorpene, un submarino nuclear y 50 helicópteros de transporte EC-725 que serían entregados entre 2010 y 2016, fabricados por un consorcio de la empresa brasileña Helibras y la europea Eurocopter. El resto del presupuesto sería dirigido a la construcción de los astilleros y plantas para fabricar los submarinos y los demás helicópteros. Las obras terminarían en 2014. Lula en su momento declaró que la compra de estos armamentos era con el objetivo defender el yacimiento de petróleo o “presal”, “debe siempre pasar por nuestra cabeza la idea de que el petróleo ya fue motivo de mucha guerra y de mucho conflicto y no queremos eso. Estamos trabajando con la posibilidad de que, en los próximos 15 ó 20 años, Brasil se transforme en una gran potencia mundial”. En enero de 2012, Brasil anunció la creación de la Comisión Binacional de Fronteras, junto con Colombia para proteger la frontera de la Amazonia, además de cooperación militar e industrial en el sector de la defensa, así Brasil mostró su interés en adquirir tecnología en materia fluvial por parte de Colombia. Colombia Colombia, ha destinado recursos a la compra de armamentos por la constante conflictividad interna y la lucha contra el terrorismo, de esta manera ha incrementado el gasto militar un 72% desde 2001, lo que equivale al

25% del presupuesto nacional, alcanzando una inversión total de $10.7 mil millones de pesos. Se esperan mayores incrementos hasta el 2014. Colombia ocupa un segundo lugar en el ranking de países latinoamericanos con mayor gasto militar, argumentando sus armas en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las guerrillas, para lo que cuenta con el apoyo económico y militar de Estados Unidos, por eso se pactó el acuerdo de instalación de siete bases norteamericanas, lo que generó conflictos con el país vecino, Venezuela. De esta manera, con el Gobierno de Álvaro Uribe se estableció una inversión entre 2011 y 2014 de 5.000 millones de dólares en seguridad interna y capacidad disuasiva para enfrentar amenazas externas. El dinero se obtendría a través del impuesto sobre el patrimonio, con lo que se fortalecería al Ejército con la compra de armamento, equipos de control, vigilancia satelital y helicópteros y aviones livianos. En esa medida, el actual ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció la compra de 4 aviones K-Fir, 15 helicópteros Black Hawk y buques por un costo de 4.100 millones de dólares para fortalecer las fuerzas militares colombianas. Esta inversión incluye además la modernización de submarinos y la fabricación de 25 aviones para entrenamiento de militares. En cuanto al tráfico ilegal de armas, se estima que en Colombia hay 4 armas ilegales por cada arma legal, lo que significaría una cifra cercana a los 5,2 millones de armas ilegales. Lo que más ingresa ilegalmente al país son fusiles AK47 y NHM 91, pistolas y ametralladoras, granadas americanas y lanzacohetes RPG7, utilizados en gran medida por la guerrilla. Por la frontera con Venezuela ingresan fusiles FAL, granadas para fusil (francesas, belgas e israelíes) y subametralladoras.

Además para el experto en temas de seguridad, Jairo Libreros, cerca del 50% las armas que pertenecían a los paramilitares desmovilizados en el gobierno anterior, pasaron a manos de bandas de sicarios y de los carteles de las drogas. Venezuela En los últimos 5 años Venezuela ha comprado cerca de 11.000 millones de dólares en armas rusas. Rusia suplió la escasez de piezas de repuesto para los aviones venezolanos y con la compra de las armas, el país sudamericano pudo remplazar las viejas baterías de artillería y los carros de combate, además mejorar el sistema de defensa antiaérea. Entre los pedidos de compra se encuentran submarinos diesel de tipo Varshavianka, 92 tanques T-72, decenas de blindados BMP-3, 10 helicópteros Mi-28N, aviones patrulla, lanza misiles de bocas múltiples Smerch y sistemas de defensa aérea, armamento liviano como: 100 mil fusiles de asalto Kalashnikov AK-103/AK-104, cerca de 5 mil fusiles de precisión (francotiradores) Dragunov, y lanzacohetes portátiles antitanque. Asimismo, se adquirió una planta para la producción de fusiles en Maracay, estado Aragua. Así como 92 tanques de guerra y 114 vehículos de combate de infantería. De igual forma ha adquirido equipos para la defensa antiaérea: lanzamisiles portátiles Igla-S, cañones bitubos remolcados de 23 mm, y, sistemas móviles misilísticos. Aunque Rusia es su principal proveedor, también ha adquirido armas de Bielorrusia (Centro de Mando y Control para la Defensa Aérea y un Centro de Mando y Control de Inteligencia, lentes individuales de visión nocturna y apuntadores laser), China ( 18 Aviones de entrenamiento de combate, 10 radares móviles de largo alcance, material de intendencia y de campaña (uniformes, botas, cascos, carpas, cocinas), Cuba

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(4 buques de carga multipropósito y obuses norteamericanos reconstruidos), y España ( 4 buques patrulleros, además la empresa española Navantia se encargó de la construcción de los barcos), Irán (12 vehículos aéreos no tripulados y una fábrica de pólvora). México En México el principal problema es el tráfico de armas ilegales, provenientes en un 90% de Estados Unidos, lo que ha incrementado en gran medida la violencia dentro del país ya que los traficantes obtienen armas cada vez más sofisticadas y a menores precios. La mayoría de estas son fusiles AK-47, lanzacohetes para destruir vehículos blindados ligeros, ametralladoras y granadas de fragmentación TOW Y RPG, de manufacturas rusa y china.

De 2006 a 2009, las autoridades mexicanas decomisaron 38.404 armas, de las cuales 21.308 fueron fusiles de asalto, 3.009 granadas y la cantidad restante equivale a cartuchos, y municiones. En total, en México circulan 15 millones de armas ilegales, mientras que sólo 5 millones de armas cuentan con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según la ONU la mayor parte de estas ventas se realizan mediante negocios aparentemente legales, fomentadas por funcionarios corruptos que facilitan los papeles necesarios y organizadas por traficantes e intermediarios.

intenciones que tiene cada uno de los gobernantes que lideran la compra masiva de armas en Latinoamérica. ¿Es realmente necesario invertir tantos miles de millones de dólares en armas para infundir miedo en los demás países, en lugar de invertir en otras problemáticas como educación, salud, desempleo y pobreza? Por lo pronto, muchos de los mandatarios latinoamericanos seguirán con la compra masiva de armas, como un método de defensa ante posibles amenazas y para defender su soberanía.

La discusión debe estar centrada en las causas de la carrera armamentista que se ha incrementado en los últimos años y en el para qué quieren las armas. Aunque cada gobierno tiene políticas diferentes, es necesario tener un panorama global de las

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Tráfico de Armas en el Istmo más Violento del Mundo Por: Salvador Paiz

Es muy admirable que muchos latinoamericanos, especialmente los jóvenes, estén queriendo tener un impacto positivo en la región. Celebro todas las iniciativas pero, en especial, aquellas que abordan el tema de la violencia ya que este tema se debe de encarar con sentido de urgencia! Latinoamérica representa el 8% de la población mundial, pero genera el 40% de los homicidios. Los asesinatos son perpetrados en la mayoría por jóvenes y utilizando armas de fuego. En Centro América, los homicidios son como una especie de “deporte nacional de cacería”, y más del 70% de estos homicidios son cometidos con armas que circulan tan libremente como si fueran iPhones y BlackBerrys. A continuación se plantean tres conceptos que deben ser atendidos si queremos disminuir la violencia que tiñe de sangre nuestra región. Primero, el problema de la violencia no se puede eliminar sin antes reducir la enorme rentabilidad de negocios ilícitos, tales como el contrabando, el tráfico de drogas, de armas y de humanos; que se coloca en las manos de los narcos y otros grupos criminales organizados. Segundo, mejorar el sistema de educación y crear más oportunidades de trabajo para los grupos de personas más propensas a delinquir, en especial para los jóvenes. Finalmente, debemos reducir el uso de armas como herramientas del crimen organizado. Lo importante a resaltar es que se requiere trabajar en estos esfuerzos paralelamente. Si viviéramos en un mundo donde un problema no afecta otros podríamos abordar un tema a la vez. Sin embargo, este no es el caso. Para

incidir positivamente se debe de abordar el problema con mentalidad sistémica. El usar los tres conceptos en paralelo me parece que no solo resolverían el enorme problema de violencia, sino que también promoverían el crecimiento de las economías regionales y prevendrían que esta violencia recurra en el futuro. No obstante, las anteriores sugerencias y conceptos no pretenden ser una respuesta definitiva, sino unas primeras ideas y planteamientos a ser discutidas. “Cada cañón que se hace, cada buque de guerra que se echa al agua, cada cohete que se lanza significa, a fin de cuentas, que se está robando de los que tienen hambre y no están siendo alimentados. . . . Este mundo armado no solo está gastando dinero. Está gastando... las esperanzas de los niños.” Dwight D. Eisenhower, Presidente de U.S. (1952-1960) Independiente de ideologías, es importante reducir el tráfico ilegal de armas en la región por la enorme cantidad de homicidios y crímenes cometidos con armas de fuego. Abordar el tema de la violencia perpetuada con armas de fuego implica abordar los conceptos sistémicos ya citados. El primero es la enorme rentabilidad que generan los negocios ilícitos para los grupos criminales. La venta de las drogas en U.S.A. por ejemplo, le genera abundantes ganancias a los narcos. Como cualquier actor económico racional este dinero es reinvertido en fortalecer y crecer el negocio, lo que implica la compra de armas y vehículos de grado militar que son necesarios para proteger el mismo. Según el Small

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dichos empleos se vuelven vitales para proveer una alternativa viable a la vida del “dinero rápido, del crimen y de la violencia”. Adicionalmente, un elemento importante es la educación en Valores y la sensibilización a los jóvenes sobre el valor y el respeto que se merecen las vidas que algunos de ellos truncan. Este tipo de iniciativa requiere planificación de largo plazo por lo que es imperativo empezar dese ahora a implementar las soluciones que construyan una sociedad productiva y no tolerante a la violencia.

Arms Survey (2011) el negocio global de “light weapons”, el tráfico autorizado de armas de fuego, y munición representa $7.1 mil millones al año. Dichos grupos criminales no respetan el Estado de Derecho, y no resuelven sus conflictos a través de las cortes; sino que toman la justicia en sus propias manos y utilizan las armas para resolver sus diferencias. A pesar de que los gobiernos de ésta región ya eran institucionalmente débiles y fácilmente corruptibles, los narcos son los causantes principales de la acelerada desestabilización de los Estados democráticos y la deterioración de la seguridad en el Triangulo Norte y de Centro América. Esto que quiere decir? Me parece que debemos de revisar de forma inteligente los paradigmas detrás de las actuales políticas que han alimentado la generación de grandes capitales para los grupos criminales organizados. Las políticas de países como México, Colombia y U.S.A. han producido un efecto de desplazamiento del crimen organizado hacia Centro América.

Mientras existan ganancias ilícitas y de gran magnitud será casi imposible que se restablezca el Estado de Derecho. La segunda variable sistémica que fomenta el caldo de cultivo de violencia en la región es la falta de oportunidades y los altos índices de pobreza. Es necesario mejorar el sistema de educación y crear más oportunidades de trabajo; especialmente para los grupos de jóvenes que viven en áreas marginales y vulnerables a ser influenciados por maras. Por ejemplo, en Guatemala 81% de los homicidios son cometidos con arma de fuego, 89% de las victimas están entre 11 y 30 años, y 58% de los crímenes son cometidos por jóvenes entre 18 y 25 años. Estas estadísticas probablemente no nos deban sorprender en un país que tiene 51% de su población en pobreza y cuya maquinaria de generación de empleo formal no tiene la capacidad de absorción para más de 150,000 jóvenes de nuevo ingreso a la fuerza laboral por año. Estrategias de Generación de Empleo y de Capacitación de la Población para tener las competencias para optar a

La tercera y última variable sistémica es la disponibilidad de armas ilegales como herramientas del crimen organizado. Actualmente el flujo de armas en Centro América es enorme y, el control y nivel de trazabilidad es de los peores en el mundo. Según las Naciones Unidas, se estima en alrededor de 2 millones de armas ilegales en Guatemala. Sin embargo, otras fuentes de este país estiman que la cifra podría alcanzar hasta las 15 millones. Según Karp (2008) y Arias Foundation (2005) en el año 2007 Guatemala era el país con mayor cantidad de armas per cápita, con 15.8 armas por cada 100 personas. Este tasa probablemente se ha incrementado, no solo debido a la mayor cantidad de armas registradas sino que también por el efecto de desplazamiento de narcos hacia esta zona. Según diversas fuentes, la mayoría de las armas utilizadas en crímenes de este país fueron provisionadas a través de robos del mercado legal, de los arsenales del ejército, y de las fuerzas de seguridad del Estado, además de las armas traficadas ilegalmente desde otros países. Para reducir la disponibilidad de armas ilegales en manos de las personas incorrectas, se sugieren una serie de acciones concretas y que podrían empezar a generar resultados en el corto plazo. La primera es la implementación de un único esquema de trazabilidad global. No puede ser posible que UPS, la empresa norteamericana de paquetería, pueda rastrear con precisión y en tiempo real

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donde están los 15.6 millones de paquetes que mueve al día! No es aceptable que en el mundo digital e interconectado en que vivimos los aparatos de seguridad estatales no puedan saber en manos de quien está cada M-16, Glock y AK-47. Por ejemplo, países como Guatemala, Honduras y El Salvador no cuentan con una base de datos moderna y electrónica que categorice huella balística, tenga trazabilidad de las armas y que pueda ser utilizada entre agencias gubernamentales y fuerzas de defensa nacional. Por eso se propone que a nivel local se inicien Centros Nacionales de Registro, computarizados, que compilen información del país y gobierno sobre todas las compras y ventas, la importación y exportación de armas, municiones y accesorios de armas (AMA). También un registro de las armerías y entidades que tengan licencia para vender y comercializar AMA, las licencias otorgadas a ciudadanos, todas las actividades de fabricantes de AMA, y un registro de AMA que utilizan agentes del gobierno, policías, y militares. A nivel internacional básicamente se necesita una base de datos que contenga toda la información de cada arma que se vende desde el productor a la armería y desde la armería al individuo que la compra. Esto incluye la huella balística, número de serie y toda el historial de venta y compra. El mundo necesita un sistema de trazabilidad global de armas. Punto. Algunas otras iniciativas concretas que puedo sugerir para reducir la circulación de armas ilegales son las siguientes: • Un fondo de recompra de armas ilegales actualmente en circulación • Uso de vehículos especiales con tecnología de Rayos-X para detectar armas, cuchillos y explosivos que puedan detectar armas ocultas. • Uso de “unmanned aerial vehicles” (UAVs) u “observation balloons” con el propósito de que haya vigilancia 24

horas al día sobre áreas de mayor riesgo y protección de áreas fronterizas • Un RFID chip en cada arma, y que contenga digitalmente la licencia de portación o tenencia, la huella balística, y el número de serie. Centro América vive imbuida en un estado constante de violencia, miedo y estrés. También tenemos que aceptar que los narcos y otros grupos de crimen organizado han creado un tipo de terrorismo social; no solo en los ambientes políticos sino también en los espacios públicos. Desafortunadamente estos grupos criminales cuentan con armas y protección, que ejércitos y fuerzas públicas de Centro América desearían tener. Las armas en manos de estos grupos criminales son utilizadas en maneras irresponsables y son consideradas como el primer recurso o medio para la resolución de conflictos. También son utilizadas como herramientas para intimidar, controlar territorios, y desestabilizar Estados democráticos. Seguramente parte de la solución a muchos de los problemas que tiene Centro América con las armas y el crimen organizado, será incrementar el gasto de las fuerzas nacionales de defensa y fuerza pública. Sin embargo, las empresas del Istmo ya pagan la tasa tributaria más alta del

mundo si se considera el “impuesto” que pagan por la inseguridad en que operan, ocupando las casillas menos codiciadas a nivel mundial según los indicadores del Foro Económico Mundial. Es por ello que debemos buscar otros mecanismos que permitan salir de este ciclo “Huevo-Gallina”. El problema de la violencia es urgente resolverlo. El triángulo norte de Centroamérica es más peligroso que cualquier zona de guerra y merece toda nuestra atención. Es por esto que debemos empezar por reducir el uso de armas como herramientas del crimen organizado. Para ello, debemos reducir la enorme rentabilidad que generan los negocios ilícitos para los grupos criminales. Paralelamente, debemos adoptar una mentalidad de prevención, especialmente para ayudar a grupos de jóvenes más propensos a delinquir. Y, finalmente, debemos implementar mecanismos concretos tales como la trazabilidad global. Espero que todos los latinoamericanos y en especial los jóvenes, nos podamos activar alrededor de iniciativas y movimientos que busquen la generación de los cambios globales que serán necesarios para vencer al espectro de la muerte que hoy nos atemoriza, nos desmoraliza y tanto nos limita.

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Los Inmigrantes y el Delito: Tiempo para un debate razonable Por: Francis Fukuyama

Científico político estadounidense, economista y autor. Senior Fellow en el Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho en Stanford. Profesor e intelectual reconocido mundialmente con diversas publicaciones e investigaciones académicas. Miembro del Consejo Editorial de Revista NUEVA POLÍTICA

Los jardineros y criadas que cruzan ilegalmente la frontera son muy diferentes al miembro de la pandilla o Mara Salvatrucha, tatuado que vive de la extorsión y el tráfico de drogas.

y la violencia de pandillas en México, como consecuencia de las acciones del gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón para acabar con las mafias de drogas de ese país.

Quienes se oponen a la reforma de inmigración ven a los inmigrantes ilegales como delincuentes que no tendrán en cuenta las leyes de Estados Unidos, una vez ingresados en el país, pero ellos se podrían describir mejor como “informales” en lugar de “ilegales”. La reforma que proporciona a los trabajadores inmigrantes ilegales un camino a la ciudadanía debe ser vista como un esfuerzo para mover a la gente desde un sistema informal peligroso a uno basado en un Estado de Derecho.

Y mucho antes de la guerra contra las drogas de México, los estadounidenses estaban amenazados por los carteles colombianos, las pandillas salvadoreñas, y otros grupos criminales de América Latina. Por otra parte, es perfectamente cierto que el simple hecho de ser un inmigrante ilegal induce a romper más leyes: Son más reacios a comprar un seguro obligatorio de automóviles, pagar impuestos, o registrarse en las empresas por temor a la deportación.

Hay la percepción generalizada de un fuerte vínculo entre los inmigrantes y la delincuencia. Es común escuchar a quienes se oponen a la inmigración el argumento de que el primer acto que los inmigrantes ilegales cometen en territorio de Estados Unidos es la de violar la ley, es decir, al entrar ilegales al país violan nuestras leyes de inmigración y por ello son de ipso facto delincuentes, por ello siguen haciendo caso omiso de las leyes de Estados Unidos una vez en el país. Aquellos que sostienen este argumento generalmente se oponen firmemente a cualquier reforma de inmigración que proporcione a los 10 o 12 millones de indocumentados ya en el país algún camino a la ciudadanía, en razón de que este tipo de “amnistía” significaría un premio a quebrantar la ley. La asociación directa entre la condición de los inmigrantes con la delincuencia se ve reforzada por el aluvión semanal de noticias sobre las drogas

En efecto, existe un enorme problema de delincuencia originaria de América Latina y derramada a los Estados Unidos. Esto es “casi” totalmente impulsado por la enorme demanda de drogas de los EE.UU. Hay muchas cosas que podemos y debemos hacer para mitigar este problema, pero el problema de las drogas se mantendrá mientras que la demanda siga siendo alta. El problema de las pandillas y la violencia de drogas no debe ser confundido con el comportamiento de la inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales a los EE.UU., que por lo general están buscando lo mismo que todos los inmigrantes a los Estados Unidos han buscado desde el momento del Mayflower: mejorar su condición y la de sus familias. Ellos no son criminales en el sentido de las personas que se ganan la vida violando la ley. Ellos serían felices de vivir legalmente, pero provienen de sociedades en las que las normas jurídicas nunca se extendieron

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lo suficientemente hasta ellos. Es por lo tanto, mejor describirlos como “informales” en lugar de “ilegales”. Entender esta distinción requiere saber algo sobre el orden social en América Latina o, por lo demás, en muchos otros países en desarrollo. Estas sociedades se caracterizan por las diferencias de clase marcadas entre un número relativamente pequeño y bien educado grupo correspondiente a la élite y una población mucho más amplia y más pobre. El Estado de Derecho existe en lugares como México, Colombia y El Salvador. El problema es que el acceso al sistema legal tiende a ser un privilegio de los “well-to-do” o las elites en poder. La gran mayoría de inmigrantes ilegales a los EE.UU. provienen de zonas rurales pobres, o de barrios marginales de las grandes ciudades, donde el Estado- bajo la forma de tribunales, organismos gubernamentales e instituciones por el estilo- está a menudo ausente. Registrar un pequeño negocio, o buscar la ayuda de la policía, o la negociación de un contrato requiere dinero, tiempo e influencias políticas que los pobres no poseen. En muchos países de América Latina, un número superior al 70% -80% de la población vive y trabaja en el sector informal. La falta de acceso legal no hace que todos los miembros de estas regiones sean criminales. Significa simplemente que deben salir adelante lo mejor que pueden a través de instituciones informales que ellos mismos crean. El economista peruano Hernando De Soto ha escrito extensamente acerca de la falta de derechos formales de propiedad, no sólo en su propio país sino en todo el mundo en desarrollo. Los pobres no tienen el título legal de sus viviendas, a pesar de haber vivido en ellas durante años, debido a las barreras infranqueables que el sistema arroja a la inscripción formal. Así que se ponen en cuclillas en sus casas,

constantemente inseguras e incapaces de usar su propiedad como garantía. Los pobres son emprendedores y forman negocios tales como restaurantes y compañías de autobuses, pero no tienen licencia y no se ajustan a las normas de seguridad oficial. Ellos y todos los demás estarían mucho mejor si pudieran ser introducidos en el sistema jurídico formal, pero es el sistema político disfuncional que impide que eso suceda. Lo que los inmigrantes ilegales han hecho a los EE.UU. es volver a crear el sistema informal dentro de nuestras fronteras. Los estadounidenses que los contratan son a menudo cómplices de este sistema al no proveer beneficios o ayudarlos a evadir impuestos a través de pagos en efectivo. Los jardineros, mucamas y mozos que participan en este juego, junto con sus empleadores, están de hecho violando la ley. Pero están en una categoría muy diferente a la miembro de las pandillas o Mara Salvatrucha, los tatuados que viven de la extorsión y tráfico de drogas. Una reforma migratoria integral que ofrezca a trabajadores inmigrantes ilegales una ruta definitiva a la ciudadanía no debe considerarse como un

comportamiento criminal gratificante. Debe ser visto como un esfuerzo para mover a la gente desde un sistema informal peligroso a otro caracterizado por una norma moderna del derecho. Nosotros necesitamos, por supuesto, controlar mucho mejor el número total de personas que entran en el país, que en última instancia, sólo puede hacerse a través de una aplicación más estricta de las normas laborales. Si podemos distinguir mejor entre ilegal e informal en nuestro discurso político, entonces podremos empezar a concentrar nuestros recursos en perseguir a los integrantes de la población inmigrante que realmente son criminales peligrosos.

Publicado originalmente en The Wall Street Journal, autorizado por Francis Fukuyama para su reproducción en Revista NUEVA POLÍTICA. Adaptado y traducido para Nueva Política por Rocio Rius.

Las Malvinas: ¿británicas o argentinas? Por: Óscar Álvarez Araya A medida que se acerca el 2 de abril del 2012, fecha en la que se cumplen 30 años del inicio del conflicto armado argentino-británico en las Malvinas, el tema de la soberanía de las islas vuelve a estar en la actualidad internacional. El recrudecimiento de la disputa parece interesar a los Gobiernos de ambos países pues les permite desviar la atención de problemas internos y unificar a sus poblaciones detrás de una causa popular. Sí la victoria en la guerra de las Malvinas elevó hasta el clímax la popularidad de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, el actual replanteamiento del tema puede desviar la atención de la crisis económica y los disturbios sociales que ha sufrido recientemente el Reino Unido. La polarización también le trae réditos políticos a la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner pues unifica a la nación alrededor de un tema de consenso nacional. Recientemente el Reino Unido anunció el envío del buque de guerra HMS Dauntless a las inmediaciones de las Malvinas y el príncipe William llegó a las islas en misión de la Fuerza Aérea del Reino Unido, como reafirmando que las Malvinas constituyen un punto geoestratégico de la alianza entre los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa frente a los adversarios de Irán, Venezuela y el Grupo ALBA. Inmediatamente Argentina empezó a denunciar en organismos internacionales la militarización del Atlántico sur por parte del Reino Unido, y Londres, a aclarar que el buque solamente reemplaza a otro de menor nivel tecnológico y se mueve en aguas internacionales.

Asimismo, el primer ministro Británico David Cameron acusó a Argentina de colonialismo porque, según afirma, no respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el deseo y voluntad de los habitantes de las Malvinas que prefieren ser británicos en vez de argentinos. El Senado y la Cancillería argentina contraatacaron alegando que el Reino Unido es sinónimo de colonialismo y han estado llevando el tema al secretario general de la ONU y al mismo Consejo de Seguridad de la ONU. Muy pronto han salido resoluciones de apoyo a la tesis argentina en foros internacionales como la OEA, el Celac, Unasur y Mercosur. Y, desde luego, Hugo Chávez y Fidel Castro han aprovechado la coyuntura para denunciar a Londres y pedir la salida británica del hemisferio americano. Soberanía. Y de nuevo, como en 1982, aparecen los argumentos de Londres y de Buenos Aires acerca de la soberanía de las islas. Para Buenos Aires la posesión británica actual de las islas constituye un resabio de una potencia colonial, y la soberanía de las Malvinas debe regresar a Argentina porque dichas islas se encuentran localizadas geográficamente en el Atlántico sur, en el mar de Argentina, a menos de 500 km de la costa suramericana y a cerca de 13.000 km de Londres. Además, las islas ya fueron argentinas desde 1820 hasta 1833, antes de que fueran ocupadas por la Armada británica. La tesis de que las Malvinas son argentinas es la piedra angular de la política exterior de Buenos Aires y una posición de consenso entre el Gobierno y los partidos de oposición en la nación suramericana. En los estudios de opinión, ente el 65% y el 70% de los argentinos creen que las Malvinas deben ser argentinas. Por otra parte, según el punto de vista oficial de Londres, las Falkland Islands, o

islas Malvinas, fueron descubiertas por el inglés John Davis el 14 de agosto de 1592 y son posesión británica desde 1833 cuando se convirtieron en un territorio de ultramar del Reino Unido, hoy bajo la suprema autoridad de la reina Isabel II, ejercida en su nombre por un gobernador, con el asesoramiento y asistencia de un Consejo Ejecutivo y una Asamblea Legislativa. Y la diplomacia británica argumenta que más del 90% de los aproximadamente 2.500 habitantes de las islas reclaman ser británicos y que solamente un isleño, James Peck, ha optado por la nacionalidad británica, después de ser pareja con una argentina y tener dos hijos con ella. Desde América Latina y el Caribe, el Caricom reconoce el derecho de autodeterminación de los isleños. En fin, que para Londres las islas Malvinas son en su configuración humana tan británicas como el “fish and chips”. Por otra parte, en instancias de las Naciones Unidas se sostiene que el archipiélago de las Malvinas constituye un territorio en disputa entre el Reino Unido y la República Argentina, y en varias oportunidades se ha llamado a ambas partes a que se sienten a dialogar y a negociar sobre el futuro de la soberanía de las islas. Sin ninguna duda, las Malvinas son hoy día británicas, pero no sabemos si algún día serán argentinas. Esperemos que la disputa se quede en los canales diplomáticos y pacíficos, y que no recaiga en los niveles de violencia y muerte (alrededor de 900 víctimas mortales) que caracterizaron la guerra de las Malvinas de 1982.

*Politólogo. Director ejecutivo de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia.

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En Argentina “el núcleo de decisión está encerrado en una o dos personas” Diálogo con Hermes Binner Entrevista realizada por Diego Sueiras, presidente de la FNGA con colaboración con María Cantore, FNGA. Con el doctor Hermes Binner iniciamos un ciclo de diálogos abiertos sobre el eje de la Democracia y la política en Argentina y América Latina. Hermes Binner fue el candidato a presidente en 2011 más votado después de la electa, Cristina Fernández de Kirchner. Fue legislador local, intendente de la ciudad de Rosario en dos períodos, diputado nacional y gobernador de la provincia de Santa Fe. Actualmente es el líder del Frente Amplio Progresista y presidente del CEMUPRO, think tank del socialismo en Argentina. El doctor Hermes Binner, fue el primer socialista en ser intendente de la ciudad de Rosario y el primero que con el mismo signo gobernara la segunda provincia de la República Argentina, Santa Fe. Recientemente en las elecciones presidenciales del 23 de octubre de 2011 ha logrado obtener el segundo puesto, encabezando una fuerza de centro izquierda. Con Hermes, médico de profesión, especialista en anestesiología, hace años que compartimos la búsqueda del fortalecimiento de la Democracia. Hoy, sos el opositor más votado y sin duda el representante más importante del socialismo y de las fuerzas de centro izquierda en nuestro país. Te agradezco que puedas tener este diálogo abierto que es para la Revista NUEVA POLÍTICA. DS: ¿Como conceptualizás a la Democracia, y que es para vos la Democracia?

HB: Sigo la definición clásica; la democracia es el mejor sistema perfectible que existe. No es solamente vivir en democracia lo que asegura la libertad; la democracia significa defender los valores de la gente, de la solidaridad, de la participación, de la transparencia, todo esto va dentro de esa palabra tan importante que es democracia. A pesar de que nunca se va a lograr la plena igualdad, la lucha por la igualdad nos permite no perder el rumbo y aspirar a un clima de paz. La paz es lo que realmente permite sembrar trigo, sin la cual no habría democracia. Vale la pena descubrir los elementos que hacen a la democracia, ver de qué manera la mejoramos y esto se puede hacer todo los días. Recuerdo un Informe de la ONU en el que participé en 2004, donde la gente sin estar en contra de la democracia, se sentía molesta con ella porque según las encuestas veían difícil alcanzar sus derechos. DS: Claro, la pregunta que se hacen algunos polítologos es hasta dónde resiste la democracia sin darle respuestas a los problemas reales de la gente… HB: Esa es la tarea que tenemos quienes hemos decidido en nuestra vida hacer política. Un historiador analiza el pasado, lo que es necesario para no volver a cometer errores, pero los que hemos dedicado nuestra vida a la política pensamos en el futuro, ese futuro lo tiene que diseñar una propuesta que piense en la gente, que piense en el país donde vive, en que vivimos juntos, en un mundo interconectado, en el que es necesario trabajar en forma común. No solamente desde lo económico porque a veces se cree que las relaciones entre países

son meramente económicas, pero son profundamente culturales. Tenemos que lograr el entendimiento entre las naciones. La cohesión en Latinoamérica no debe darse por una misma bandera sino por respeto mutuo de los derechos en cada uno de los países y sus habitantes. DS: Cuando mencionaste que es “sistema perfectible”, ¿no entendés a la democracia sólo como un sistema electoral? Algunos gobernantes llegan al poder por vía democrática pero después parecen no tenerla tan presente en su gobierno. HB: Claro, esta es la lucha que tenemos que dar. A las palabras hay que darles contenido, si llenamos la palabra Democracia con el “cómo” y no con el “que”, damos un paso para buscar las mejores condiciones de vida de la gente. DS: ¿Cuál país creés que es un modelo para seguir en cuanto a la democracia? HB: Uno piensa en los países escandinavos porque pueden tener una orientación mejor, de sociedad más justa, pero depende de los países y de los propios actores sociales que alientan a la gente a encontrar una mejor forma de vida. Por supuesto que América Latina tiene diversas situaciones, no podemos comparar a Chile con Haití, partimos de una situación diferente. Es importante que en ese variopinto panorama de banderas y países de Latinoamérica, prime la necesidad de valorar las cuestiones locales y que sean lo propios pobladores de la nación, que se identifiquen con propuestas progresistas que permitan acceder a los bienes más importantes que puede tener el ser humano: la salud, educación trabajo y que promuevan el espíritu de convivencia.

DS: ¿En Latinoamérica, cuál país sería un ejemplo de democracia débil o que está como diría Guillermo O’Donnel en un proceso de muerte lenta de la democracia? HB: Creo que son diferentes los países, a ninguno se le puede decir que no tiene la posibilidad de tener democracia, pero algunos parten de un nivel inferior, hasta del desprecio de la vida humana. Por la cantidad de conflictos que vemos en el mundo hoy, sería necesario bajar a un nivel de diálogo que permita solucionar estos problemas. DS: En América Latina hay diferentes tipos de democracia, después de Cuba, la que más preocupa es Venezuela la falta de libertades y por contar con una democracia autoritaria. A otros los sitúa dentro de las democracias débiles, parte de ellos se agrupan en el ALBA ¿Te preocupa el avance de este estilo de democracia? HB: Tiene que ver con lo que aspiramos en el espacio internacional y particularmente con lo que aspiramos en el espacio nacional. Argentina puede jugar un gran rol al menos en los países limítrofes de habla hispana; podría ser una contraparte al crecimiento del Brasil que realmente es extraordinario. Hay opciones, posibilidades, depende nosotros y de ver nuestra propia historia. Por eso es importante vivir lo que es la política con una historia, en nuestra historia, hemos tenido gente preocupada por la integración y la libertad como es el caso San Martin, Bolívar, Artigas, y también hay pensadores modernos que se mantienen en el mismo sentido. Es muy importante el MERCOSUR, hoy el MERCOSUR está muy diluido porque priman los intereses hacia adentro de los países y no los de la región, es un error porque si hay fortaleza en la Argentina es una fortaleza que se da junto a la región. Cuando cae el mundo bipolar, hay una necesidad de conformar un globo multicéntrico, esa realidad es

donde debemos ubicarnos, allí es donde vamos a poder tener lógicas comunes. DS: Si llegases a la presidencia, ¿como fortalecerías los vínculos con el MERCOSUR y el continente en general? HB: el MERCOSUR es un acto de voluntad, nadie está obligado a pertenecer, pero la desatención que la Argentina ha tenido hacia el Mercosur no es beneficioso. Tenemos que fomentar una integración, el error de este gobierno ha sido basarlo meramente en lo comercial, hay que basarlo en lo cultural, pensar que se podría trabajar de forma integrada por ejemplo con Brasil para vender a otros países. Puede haber un diálogo y una relación virtuosa entre los países que integramos el Mercosur.

políticas claras, pero fundamentalmente con políticas de Estado, que trasciendan los gobiernos; necesitamos una política exterior que no sea zigzagueante como en el caso de Malvinas, que haya un camino. Debemos avanzar en el sentido de dar la imagen al mundo de que tenemos una continuación jurídica en relación a las cuestiones internacionales. DS: En este tablero internacional ¿cómo ve a la OEA sobre todo en su carácter de defensora de la democracia? HB: La OEA se ha debilitado, no es bueno, debiéramos fortalecerla porque también es un entendimiento de todo el continente, no una América para los norteamericanos sino una América para los americanos.

La UNASUR tiene otros objetivos, pero también es una experiencia interesante porque puede leer diagnósticos diferentes de nor-Latinoamérica y sur-Latinoamérica.

DS: Algunos dicen que quieren fortalecer a la OEA, con una Latinoamérica más protagonista, algunos hasta llegan a pedir que se mude de Washington, ¿vos qué opinás?

Nosotros los argentinos hemos tenido siempre una relación más cercana con Europa, una razón es por las fuerzas colonizadoras. El dilema que tienen que resolver nuestros países, se resuelve con

HB: Si quizás un poco tiene que ver la ubicación, pero lo importante son las políticas que se tratan. DS: Vos sos el opositor más votado, y

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de decisión está encerrado en una o dos personas. En un país de 40 millones, con larga historia en la defensa de las instituciones, un país que tiene un futuro promisorio, me parece mal no aprovechar esas circunstancias. DS: ¿Cuál es tu trabajo hoy para fortalecer a la oposición? HB: Hoy, ante la crisis de los partidos políticos, que es innegable, nadie puede decir que el gobierno pertenece a un partido político, ante la crisis, hemos decidido crear un frente de partidos. Es mucho más complejo que un partido pero es mucho más interesante desde el punto de vista de poder sumar nuevas fuerzas para tener una mayor fortaleza.

por lo tanto el más calificado electoralmente para opinar sobre el estado de la Democracia en Argentina. HB: El problema prioritario es la institucionalidad. Cada institución debe hacer lo que corresponda. No podemos pedir por ejemplo al legislativo nacional que arbitre sobre el traspaso o no de los subterráneos en Buenos Aires (del gobierno de la ciudad a la nación), en todo caso lo debería hacer el poder judicial. Necesitamos una institucionalidad en lo privado también, nos va ayudar a la construcción de una economía y una sociedad mejor. Por ejemplo, en la bolsa de San Pablo, todas las empresas, grandes y pequeñas, forman parte del encadenamiento industrial de San Pablo, esto se puede hacer aquí, y es lo que necesitamos. Cómo construir un proceso económico que piense en el agregado de valor a los productos primarios y la fabricación cerca de donde se produce la necesidad, porque es lo que verdaderamente da la inclusión social, el trabajo. DS: ¿Entonces le darías vida al Consejo Económico y Social? HB: El consejo Económico y Social es

muy interesante e importante, lo demuestra por ejemplo Francia. El problema es que el ejecutivo tenga reuniones parciales, primero reunión con empresarios, después con trabajadores. En Santa Fe, en la crisis del 2009, hubo una ley de convocatoria magisterial que vino del justicialismo, que permitió sentar en una mesa a los empresarios y a los trabajadores, y se logró que no se funda una empresa y que no se pierdan puestos de trabajo, se lograron los dos objetivos. DS: Me imagino a Binner presidente, ¿convocarías a la oposición para entablar un diálogo? HB: La realidad es compleja entonces la solución no es simple, la complejidad la dan las miradas diferentes. Si logramos articular esas miradas, por supuesto sin que estalle, vamos a encontrar caminos para abordar los problemas cotidianos de una manera más efectiva. DS: Lamentablemente no se convoca desde el ejecutivo a la oposición… HB: Todo lo contrario, cada vez se encierra más, en vez de convocar para decir “que esperan ustedes”, “que les parece que se debería hacer”, el núcleo

DS: Si te convocasen, uno de los temas que propondrías sería el que te he escuchado sostener, tu idea de la “democracia de los impuestos”. HB: Juan B. Justo, fundador del socialismo, pronunció la frase, muy breve pero profunda: “sin impuestos no hay democracia”, esa articulación de lo público y privado y de la sociedad civil es fundamental para la construcción de ese Consejo Económico y Social. Cuando la base está en lo que cada uno tiene como ingreso, creo que así nos acercamos a una situación de justicia. DS: ¿Qué opinás sobre el populismo y su concepto? HB: Han escrito mucho sobre el populismo, por ejemplo Bobbio; y algunos han tomado el ejemplo de Argentina, pero no es una ofensa decir que el actual gobierno argentino es un gobierno populista, han decidido esta política de gobierno, aunque nosotros no lo compartimos. El populismo aborda temas de subsidios y dadiva, que ayudan a la gente a vivir pero no solucionan el problema. Si queremos realmente apostar a la inclusión social, para que la persona se sienta persona, para que el padre de familia se sienta padre de familia es necesario llevar adelante el núcleo orgánico fundamental

de la sociedad: la educación y el trabajo, sin las cuales no somos libres. Bienvenida la asignación universal por hijo pero si se corta la asignación universal por hijo, como canta Serrat “vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a su riqueza” DS: En tu gobernación, hubo un proceso de diálogo participativo con ayuda de la Unión Europea donde se arribó a un plan estratégico para los próximos años, este modelo abierto a la sociedad, ¿se puede replicar a nivel nacional? HB: Si, es replicable pero con los insumos que da el país. Para la regionalización en la provincia de Santa Fe, hemos realizado aquí en el CEMUPRO estudios sobre pueblos originarios, sobre las corrientes colonizadoras, sobre las vías de comunicación estudiamos, para ver por qué en alguna región es más importante la agroindustria o la industria automotriz o la industria lechera; todo eso constituye el diagnóstico de la provincia. Para que la gente se acerque a la participación necesitamos concretar el espacio donde puede decidir. El caudillo López de Santa Fe recorría la provincia a caballo, los gobernadores que lo siguieron la recorren en helicóptero, pero lo que lograba era la integración de la provincia. Regionalizando la provincia se mejora la gobernabilidad de la misma. En cada una de las regiones con lógicas económicas y sociales se podía lograr esas asambleas, donde los ciudadanos pudieron consensuar, escuchar, y ellos luego exigir el cumplimiento. Es necesario regionalizar en el país, no es lo mismo la economía del Comaue que la del Noroeste, todas ellas tienen que identificarse. Tenemos que ubicarnos en esa realidad regional para no establecer divisiones coloreando el mapa sino establecer manchones con la identificación de esas sociedades similares y economías regionales que tienen lógicas comunes. DS: ¿Cuál creés fue tu mayor apoyo al fortalecimiento de la Democracia?

HB: Para mí ha sido un gran logro la reforma de la justicia en la provincia de Santa Fe, la reforma permite un consejo de la magistratura donde el ejecutivo se excluye y donde los colegios profesionales y las universidades participan del jurado para elegir los hombres y mujeres más capaces para llevar adelante esa función, para así tener una justicia rápida y una justicia que pueda pensar en distintas formas de acuerdo a la gravedad del delito. DS: Fortalecer el poder judicial hace que funcione mejor la división de poderes… HB: Claro, sin justicia estamos en el terreno de la impunidad, allí no hay salida. Por ejemplo ahora se va a cumplir el 25° aniversario del atentado a la Embajada de Israel, esto pasó como un hecho único, pero no, la impunidad siempre genera un hecho peor, y eso fue la AMIA. Pasa como en la vida cotidiana, si una persona logra los papeles de un auto que robó, la próxima roba un camión lleno de autos. DS: Otro aporte a la Democracia que has hecho es el cambio de sistema electoral con la boleta única, ha sido muy beneficioso, pero prioriza la democracia de candidatos frente a la democracia de partidos, ¿qué se debería hacer para fortalecer la democracia de los partidos políticos? HB: Tenemos que ver que el sistema

de partidos políticos es inherente a la democracia, permite abordar el tema de la renovación democrática, pero esos partidos políticos tienen que estar financiados por el Estado, como pasa en otros países. Tiene que existir una ley de financiamiento, como en tantos otros Estados, este es un punto fundamental. DS: El sistema electoral lo lleva adelante en Argentina el ministerio del interior, ¿qué opinás del modelo que se da en otros países latinoamericanos, donde existe un Consejo Supremo Electoral y Tribunales Electorales? HB: Es válido. Sí, Argentina se ha quedado retrasada en ésta transformación. En el tema electoral, ha sido un paso importante la financiación de la publicidad, esto ha ayudado a equilibrar a los partidos pequeños con los más grandes. Si esto lo seguimos, la aplicación de la boleta única es un sistema más transparente que la boleta sábana, es un hecho que engorda la democracia. DS: ¿Qué reflexión final le darías sobre la democracia a los latinoamericanos? HB: Es necesario que haya diálogo en la región, hay experiencias positivas y de las otras. Donde nos abrimos al diálogo, vemos que hay alternativas que quizás no habíamos pensado, obviamente aplicado a la realidad de cada país, en esa diversidad hay que encontrar la fuerza de Latinoamérica.

Hermes Binner, presidente del CEMUPRO, Centro de Estudios Municipales y Provinciales. Tiene como objetivo “la formación de políticas públicas para la construcción de una sociedad más justa, solidaria, participativa y democrática” y Diego Sueiras, presidente de la FNGA y director del área de Políticas Interinstitucionales, avanzaron en crear una articulación entre la RedLad y el CEMUPRO, explorando la posibilidad de generar cursos y seminarios para legisladores locales y nacionales, como el CEMUPRO viene llevando adelante, para brindar herramientas para el desempeño de tareas legislativas.

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Humanización del sistema carcelario y seguridad ciudadana Por: Rosa Quintana En los dos últimos años la seguridad ciudadana en Uruguay se ha convertido en uno de los temas centrales en los medios de prensa. Los noticieros toman más de treinta minutos en el desarrollo de noticias que incluyen rapiñas, copamientos, hurtos y homicidios. Asimismo las cárceles uruguayas se encuentran superpobladas - en una población 3.5 millones de habitantes – 9.500 personas se encuentran privadas de libertad, colocando a Uruguay como uno de los países de América Latina y del Caribe con una alarmante tasa per cápita. Se suma que el 55% de los y las internas no se les ha dictado condena, violando flagrantemente los DDHH, situación que sabemos sucede en toda América Latina y el Caribe. La ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario (17.897) implementada en el año 2005, en el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, buscó atender la emergencia carcelaria uruguaya. Se liberaron alrededor de 1.000 personas que habían cumplido dos tercios de la pena quedando exceptuadas aquellas que cometieron delitos tales como: homicidios, violaciones y atentados violentos al pudor, corrupción, rapiñas y lesiones graves, prisión domiciliaria a mayores de 70 años y embarazadas, entre otros. Si bien los Partidos de oposición al gobierno protestaron

ante esta Ley, e instalaron el miedo a la población por la liberación de delincuentes de alta peligrosidad, sólo el 18 % de los 1.000 liberados, reincidió.

taciones a través de empresas privadas por el Estado, deberían contar con mano de obra de personas liberadas por esta ley. No se implementó durante 4 años.

La implementación de la Ley incluyó la atención específica a las personas liberadas, a través de un seguimiento del Patronato Nacional de liberados y encarcelados, que insumió un trabajo arduo con equipos multidisciplinarios para la reinserción a la sociedad de estas personas.

La falta de recursos humanos en los Patronatos (civiles voluntarios en todo el país) y la implementación de las Juntas Asesoras por parte de la policía llevaron al fracaso en los dos primeros años ya que no siempre cumplían con los plazos en la aprobación de los Proyectos de trabajo. Los tiempos para el pedido de maestras y/o profesores de Secundaria expiraban para la inscripción en tiempo y forma de los y las internas que deseaban estudiar y la plantilla docente nunca era suficiente para la cantidad de personas inscriptas.

Se implementó el “2 x 1”, que reducía según las horas acumuladas durante la semana – un día menos de prisión a quienes estudiaran y trabajaran dentro del reciento penitenciario. Se instalaron comisiones de trabajo, educación y salud, a través de elecciones de Mesas Representativas de Delegados/as dentro de los Centros de Reclusión a través del voto secreto, siendo estas personas los representantes de sus compañeros/as del Sector al que correspondían. Los Directores de los Centros Penitenciarios constituían junto con otros organismos del Ministerio del Interior, Comisiones Asesoras, donde se aprobaban los planes de trabajo presentados por las Comisiones de internos e internas. La Ley como herramienta humanizadora y sus fallas Unos de los artículos de la misma, indica que un 5% de las contra-

Muchas veces trabajando con ellos, lográbamos sacaran adelante proyectos de trabajo, pero eran boicoteados de manera permanente por los guardias, que por puro capricho, castigaban a los reclusos no dejándolos salir de las celdas a trabajar y cumplir los horarios pautados por la Ley. Los esfuerzos fueron grandes, el trabajo con ellos y ellas, fue arduo y desalentador por momentos, pero los y las liberados por la Ley en un 82% lograron salir adelante. ¿Las cárceles forman parte de la Seguridad Ciudadana? Sin lugar a dudas lo son. Cada día varias personas salen en libertad por haber cumplido la pena y NO por la ley.

namental la preocupación existe, los presupuestos son insuficientes para solucionar un problema que finaliza involucrándonos todos/as de diferentes maneras. Debemos también tomar en consideración que las mujeres de los años 90, no engendraron hijos e hijas delincuentes. Debemos reflexionar el o los motivos por los cuales, hoy más jóvenes delinquen.

El pedido por parte del Partido Colorado de bajar la edad de imputabilidad a los 16 años y que los y las jóvenes pasen a ser juzgados como adultos, sigue estando presente. Pero se olvida que a partir de los 13 años los mismos son imputables y son recluidos en el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente, según indica el Derecho Internacional a través de los Derechos del Niño. Quién conoce o visita una cárcel, o trabaja en ella, sabe en las condiciones inhumanas en las que viven estas personas. El incumplimiento de los derechos fundamentales, tales como Salud, Trabajo y Educación son una realidad. Viven hacinados, los códigos carcelarios han cambiado por mayor violencia, la falta de esperanza, el estigma por haber estado en prisión, la pérdida de dignidad, dejan poco margen para la reinserción

social, convirtiendo a la reclusión en una “escuela del delito”. Las armas de fuego ingresan por parte de la propia policía a manos de los reclusos, los enfrentamientos entre la población reclusa se recrudece y las protestas finalizan con asesinatos dentro de los recintos, motines y muertes masivas en incendios por la quema de colchones. La reincidencia por cumplimiento de condena, alcanza el 59 % a raíz de la falta de trabajo y oportunidades en el “afuera” y es aquí donde no se presta la atención debida para la Seguridad Ciudadana. Faltan recursos humanos, médicos, atención psicológica, educación e implementar una conciencia colectiva que las cárceles son para rehabilitar y no para castigar negándoles el derecho a ser personas. Pero si bien a nivel guber-

Mirando hacia atrás podemos pensar una hipótesis y es la de las políticas económicas neoliberales implementadas que llevaron la exclusión de una clase media a asentamientos, donde el cierre de fábricas e industrias dejó a las familias sin soluciones para sobrevivir. En una población de 3.5 millones de personas en Uruguay, 1 millón se encontraba debajo de la línea de pobreza, hoy ha bajado a 490 mil (14%). No queremos partir del análisis de que la pobreza sea el motivo del aumento de la delincuencia, aunque sí que es un terreno fértil. Dentro de las cárceles y fuera, se necesita reforzar la educación, el cumplimiento de los derechos fundamentales, erradicar la pobreza desde la base. Incentivar a la mayor participación y organización de la ciudadanía en cooperativas de trabajo basadas desde la economía social. Como dijo hace más de 10 años el actual Presidente Mujica: “si no apostamos a ello, la miseria golpeará finalmente, de una manera u otra las puertas de los barrios privados y de las grandes mansiones”.

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Dos décadas perdidas: La Venezuela que no fue Por: Redacción Nueva Política

Venezuela viene esperando un proceso de cambios verdadero por muchos años. En el camino se han aprovechado falsos profetas y charlatanes de oficio, unos de ellos más peligrosos que los otros. Decir que Hugo Chávez es el único responsable de los males que tiene Venezuela es traicionar la historia y además cegarse a lo que ha sido un proceso irresponsable de carencia de liderazgos. Claro está que Chávez ha sido la peor plaga que le pudo caer a Venezuela, pero hay también otros co-responsables. Luego del “caracazo” en 1989, los intentos de Golpes de Estado de Hugo Chávez Frías y sus seguidores en 1992 y el juicio por corrupción del Ex Presidente Carlos Andrés Pérez que lo saca del poder en 1993, la gente esperaba algo mejor de sus liderazgos y quería cambios reales a nivel político, económico, educativo y como sociedad. Bajo el manto de un discurso populista de “cambio” y dudosas elecciones, en 1993 el país se equivoca eligiendo a Rafael Caldera de nuevo para ocupar la presidencia de la Republica. Es allí cuando se rompe el bi-partidismo y se acelera el suicidio de los partidos. Rafael Caldera crea su propia coalición de partidos minoritarios y miente abiertamente con una oferta de cambio social, con un discurso populista irresponsable. La gente se sintió defraudada con Pérez esperando el regreso de la “Venezuela

Saudita” y, luego, el ex Presidente Caldera simplemente no entendió el mensaje que el país le estaba dando y se concentró en gobernar con divisiones y sin construir instituciones sólidas. Su soberbia aceleró diversas e innecesarias crisis y así potencio la figura de Hugo Chávez. De igual forma la destrucción de los partidos políticos y el suicidio colectivo en el año 1999 terminarían trayendo los lodos en los cuales se ha hundido el país en los últimos 13 años. El resto es historia conocida, el inexperto fracasado militar golpista autoproclamado de izquierda gana la ultima elección democrática que se celebra en Venezuela y se dedicó a acumular y concentrar poder en su persona y a gobernar Venezuela como una hacienda personal. Son 13 años de persecuciones contra la iglesia, los empresarios, la banca, la sociedad civil, los ganaderos, los dueños de tierras productivas, los constructores, los periodistas y cualquiera que no rinda pleitesía y tributo al nuevo rey. La destrucción del precario parque industrial, la desaparición de la industria farmacéutica, la desaparición de la agricultura y la salida del país de miles de personas capacitadas e innovadoras son producto de la ceguera de Chávez. Las listas de “enemigos” del régimen restringieron cargos públicos, documentos o contrataciones lo que ha llevado a miles de venezolanos/as a abandonar el país. Un proceso de totalitarismo ayudado por fallas en la oposición con Golpes de Estado, paros mal organizados y división. Más de un billón doscientos mil millones de dólares (US$1.200.000.000,00) en ingresos petroleros robados o mal gastados y la institucionalidad simplemente desaparecida, así como un endeudamiento sin precedentes.

se de un cambio educativo radical.

A ese monto hay que añadirle los ingresos por narcotráfico ya que Venezuela, su gobierno y la industria petrolera se han convertido en la más grande lavadora gubernamental de dinero proveniente del narcotráfico. La transformación de una sociedad que se juraba saudita a una sociedad de mendigos. En un país donde el 35% de la población confiesa públicamente que no desea trabajar y que prefieren vivir de cualquier programa social que les brinde mediana subsistencia, donde la bandera oficial es la invasión y ocupación de tierras productivas (robo) o donde los miles de “damnificados” que viven en Ministerios y dependencias oficiales simplemente se conformaron con ser parásitos del Estado, dedicándose simplemente a la droga, la prostitución y esperar las tres comidas al día que le dan en sus “refugios”. Un país donde la investigación, la excelencia, la educación y la innovación ya no son importantes (lo importante es la “revolución”) o donde la iniciativa privada se concentra simplemente en ver como salvar sus activos de la voracidad del régimen o de las invasiones orquestadas por el régimen, no podemos esperar nada bueno para el futuro a menos que

Y no sólo es en las clases menos aventajadas que vemos estos problemas, los banqueros y el sistema financiero de Venezuela es simplemente una plataforma complaciente que vive de los préstamos, bonos y colocaciones del Estado, lo que los convierte en parásitos de traje y corbata, pero igual son parásitos. Estamos en presencia de una o dos generaciones perdidas y un daño terrible a la capacidad de superación del venezolano. Una sociedad que pasó de ser país alterno de tráfico de droga a ser “el país” donde se consume, produce o transita gran parte de la droga que recorre el continente o que su industria petrolera sirve de la mayor lavadora de dólares manchados con droga o sangre. Donde es el puente principal de la droga que va a África, Europa, Estados Unidos y Brasil. Pasar de ser un país de refugio de personas perseguidas por las dictaduras a ser un caso de dictadura persiguiendo a los ciudadanos donde los Derechos Humanos, la justicia, la libertad y la democracia han pasado a la historia. Una sociedad aterrorizada por la violencia que mata a más de 18.000 personas por año en un país de sólo 27 millones de habitantes. Una sociedad pacífica que ha sida alimentada con odio y división por más de 13 años con un gobierno que ha venido armando a la población civil y creando sus propias milicias para sus fantasías de guerras asimétricas. Pero no sólo son los 13 años de Hugo Chávez, ya el populismo había sido la bandera de los presidentes anteriores quienes habían venido poniendo un grillete a las potencialidades de Venezuela y de los venezolanos.

Una de las pocas cosas positivas de la década y media pérdida de Hugo Chávez, es que ha ayudado a que finalmente la oposición se una y se vuelva cada día más democrática. La construcción de alternativas electorales viables para dirigir un equipo de liderazgos que pueda atender a la grave crisis que enfrenta el país es un síntoma positivo de que Venezuela puede tener una salida. El reto es derrotar las taras estructurales, políticas y mentales creadas por la dictadura del populismo. Venezuela afronta el reto de seguir una ruta democrática electoral contra un sistema viciado y un presidente enfermo. Un Hugo Chávez enfermo de poder y al mismo tiempo con una enfermedad real, un sarcoma maligno que lo pondrá más agresivo, enloquecido y malvado, es un contrincante difícil que tratara de retener el poder por cualquier medio disponible. Las componendas alrededor del dictador para tratar de mantener a las elites “chavistas” y los grupos de droga y corrupción que caracterizan el gobierno serán otro elemento difícil de vencer. El régimen de Chávez no sólo mantiene a sus elites, sino que es fundamental para la permanencia en el poder de los dictadores Castro en Cuba, la penetración de Irán en Latinoamérica, los carteles y el imperio de la droga que opera libre en Venezuela y los numerosos chulos que viven de las locuras de grandeza global del tirano. Lo peor es mantener la ignorancia y la tara mental en la que se encuentran millones de venezolanos, cubanos, ecuatorianos y nicaragüenses que han perdido la capacidad de soñar, de innovar y de buscar superarse. Vienen tiempos de manipulación política, legal y de potencial violencia para controlar el poder en Venezuela. Las fuerzas del entorno de Chávez y los aventureros, tanto dentro del gobierno como en algunos grupos de “oposición”, tratarán de mover las elecciones a diciembre o después del 2012 o de generar falsos gobiernos de transición. No importa qué tan enfermo este Chávez, o si le quedan días, meses años o décadas, lo importante es pasar la página y enfocarse en estra-

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ideológicos retrocediendo a pasos agigantados.

tegias democráticas para sacar al país de este hueco sin fondo en el que ha caído. Como siempre, la mejor alternativa es la ruta democrática, mantener criterios de unidad, la resistencia pacífica y procurar unificar el país, venciendo las falsas divisiones. Mientras tanto, nuevamente se le ha mentido al país con falsas promesas de cambio social, otra década más perdida para realmente impulsar a Venezuela hacia un país de primera. En el tiempo que Hugo Chávez irrumpió en la escena política, 4 de febrero de 1992, el mundo simplemente ha cambiado y Venezuela se quedo atrás, pero lamentablemente ni Carlos Andrés Pérez, ni Rafael Caldera ni Hugo Chávez se dieron cuenta, en particular Hugo, que ha tenido la oportunidad de todo el poder y en sus manos podía haber dirigido el país hacia un verdadero cambio social, económico y político inclusivo. En este tiempo, en la región, Brasil se ha convertido en una potencia mundial con cuatro gobiernos democráticos consecutivos que han generado confianza y un balance de crecimiento con cara humana, Perú viene progresivamente saliendo de la pobreza con crecimiento económico, al igual que Uruguay, Chile, El Salvador, Panamá y Colombia. Las dos Latinoaméricas van de la mano, una avanzando hacia el progreso y la igualdad con una mezcla de desarrollo económico con cara social y la otra embelesada por falsos discursos pseudo-

En Venezuela, un candidato de oposición de Centro Izquierda en un partido de Centro Derecha electo como candidato de unidad mediante unas primarias abiertas con partidos de todas las tendencias, que pese a las amenazas participaron 3.1 millones de personas, que extrapolándolas a elecciones nacionales hablaríamos de 6.5 a 7 millones de votos, es un buen aire para el país.

ha sido más de lo mismo, una mezcla de populismo con ignorancia, con violencia, con caudillismo, todo financiado con petro-dólares. De esos caudillos delirantes hemos tenido mucho en Latinoamérica, unas veces disfrazados de derecha y otras de izquierda. Los Venezolanos deben tener claro que no es salir de Chávez el objetivo, la realidad es que deben es salir de la ignorancia; tampoco la alternativa es volver a un pasado que tampoco era lo mejor para el país. A nivel de la región no hablamos que la salida de Chávez sea una derrota para la izquierda, es más bien la derrota del fascismo que se ha disfrazado de izquierda en Venezuela, Nicaragua y Ecuador, es ver claro por fin una salida de Cuba de la tiranía que azota a la isla por las ultimas cinco décadas.

La oposición derrotó con votos a Chávez en la últimas dos elecciones, el referendo constitucional del 2009 y las elecciones parlamentarias del 2010. En las recientes elecciones de la plataforma de Chávez en el 2010, con todo y la inversión y movilización del régimen sólo participaron 700.000 personas y en las últimas elecciones presidenciales en 2006 Chávez resulto electo con 7.3 millones de votos.

Sin Chávez los triunfos de gobiernos democráticos de Ignacio “Lula” Da Silva, Michelle Bachelet o Tabaré Vázquez habrían tenido más brillo. Dinosaurios como Castro, Ortega o Chávez simplemente dañan el discurso progresista, de progreso con cara social, donde el objetivo no es ayudar a los pobres sino que generemos las condiciones para que nadie sea pobre.

Sólo el análisis de la data electoral y los datos de decrecimiento macroeconómicos del país, el incremento de la violencia, las falsas promesas, la crisis económica, la escasez, las fallas eléctricas, la corrupción y el mal gobierno, todas ya asociadas por la gente directamente a Chávez, todo eso junto, da una muy probable derrota de Chávez si las elecciones fueran limpias.

Lo que un día fue no será ya, la Venezuela saudita no existe más, es ahora una tierra endeudada a los Chinos, los Iraníes, los Rusos, los carteles y las mafias, ya las décadas anteriores se perdieron y no volverán, simplemente se perdió la oportunidad. Pero no todo está perdido, la verdadera revolución debe empezar ahora, una revolución educativa, innovativa y creativa. Se debe transformar un gobierno que promueve vagos y mendigos a un verdadero promotor de innovación. En lugar de un gobierno centralista todopoderoso, se debe reinventar al gobierno y convertirlo en un ente que facilite la educación, la inversión, la generación de empleos y la innovación.

Es el viejo Chávez y su modelo anticuado contra un candidato que tenia 19 años cuando Chávez intenta su Golpe de Estado o que no había nacido cuando Chávez había iniciado su conspiración en los cuarteles. Chávez representa el pasado, un pasado violento y déspota, esperemos sea el final de una era de populistas en Venezuela. Chávez no ha sido el comienzo de una era sino el final de otra. Su revolución

Se debe cambiar el concepto de “EL LIDER” por liderazgos colectivos, porque superar la tara de la ignorancia requiere esfuerzos colectivos.

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Colombia: ¿Preparando el escenario para un acuerdo con las FARC? Por:Ricardo Angoso Bajo la excusa y el pretexto de allanar el camino ante la perspectiva de la exclusión de Cuba en la Cumbre de Cartagena, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se presentó en La Habana y se reunió con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el comandante Raúl Castro. También Santos trató de desactivar la amenaza de los países bolivarianos de boicotear la cumbre ante la inasistencia de Cuba, tal como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ya anunció en Caracas. Cabe imaginar que en un diálogo de estas características, dado el despliegue dialéctico habitual de los dos líderes caribeños, el presidente Santos hablaría de otras cosas, aparte del manejo de la Cumbre de las Américas, a celebrar en Cartagena de Indias los próximos14 y 15 de abril de 2012.

nocido oficialmente pero cada vez más presente-, exigiendo una negociación casi sin condiciones entre las partes y un inaceptable cese de hostilidades por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, hace presuponer a muchos analistas que la política suspendida en su momento podría ser el canal utilizado por Santos para hacerles llegar a las FARC el mensaje de Hay muchos indicios que hacen que ahora es el timing adecuado. presentir que se está preparando Si ese es el cauce, resultaría inadel escenario para en unos meses misible para muchos, ya que las poner en marcha un “diálogo”, demandas de la inefable Córdoba tal como ocurrió en el pasado con son casi simétricas al 100% con otras tentativas. La Habana hubiera las de los mandos de las FARC. sido la puesta en escena internacional del proyecto. Y Santos, así, va Luego está la insistencia en señapreparando al público colombiano lar desde determinados oráculos mediáticos, como el oficialista y ante tan previsible desenlace. santista periódico El Tiempo de Por ejemplo, el cada vez más Bogotá, la imperiosa necesidad acendrado protagonismo de la ex de abrir este “diálogo” cuanto senadora Piedad Córdoba en el antes, no defendiéndolo abierta“proceso” en ciernes -no recomente sino cuestionando y deslegitimando a aquellos que, como el ex presidente Alvaro Uribe, se oponen con uñas y garras a toda concesión a las FARC si antes no cesan en sus acciones criminales. Lógico, por otra parte. Y es que en los últimos tiempos el ambiente en Bogotá se está caldeando para iniciar, de nuevo, lo que algunos denominan como un proceso político que acabe desembocando en una nueva negociación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejecutivo de Bogotá que preside Santos.

Pero hay más indicios: la cada vez más constatada cercanía de cierta izquierda al proyecto de “unidad nacional” del presidente Santos, como ocurre con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y sus progresistas y algunas ONG´s claramente en la órbita de las FARC, representa la recreación de una suerte de consenso -ficticio y artificial, pues la opinión pública se

opone- para comenzar a dar los pasos en pro del dichoso “diálogo”. Incluso izquierdistas notorios y ex guerrilleros como León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris, ya hablan abiertamente de abrir unas conversaciones políticas con las FARC y sentarse a negociar casi sin condiciones previas. Valencia ni siquiera habla de poner fin a los secuestros y liberar a los cautivos amarrados a los árboles durante décadas, sino de poner los rieles para reconducir políticamente el “conflicto” y dar alas a las FARC para participar en la vida social y política del país. Así se expresa Valencia abiertamente: “Es más barata, más realista y, sobre todo, más humana, la decisión de negociar. Nos ahorraremos miles de muertos. Empezaremos más pronto la reconstrucción del país. Las Farc hicieron lo que el presidente Santos les pidió una y otra vez en público y en privado”. LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA, UN SECRETO A VOCES Pese a todo, caminar sobre este sendero es andar sobre un campo minado y nunca mejor dicho, pues los ataques de las FARC están al orden del día, la banda no ha renunciado todavía a la vía armada y el secuestro es una práctica habitual por parte de esta banda criminal. Luego está el trato inhumano y degradante que inflige a sus rehenes, sometiéndoles a una tortura injustificable al tenerlos encadenados durante años y humillándoles sin en el menor miramiento. Pero, pese a todo, el presidente sigue hacia adelante desdeñando la política de “seguridad democrática” que desarrolló su antecesor que, por cierto, tantos éxitos cosechó y arrinconó a las FARC en términos militares, y sigue apostando a un “juego” muy arriesgado

en términos políticos, cuya única explicación sería su bien ganada fama de buen jugador de póquer. Como señalaba muy acertadamente el analista Jorge Monroy,”incluso a pesar de que ya es un secreto a voces, una negociación política parece estar en la agenda de todo el mundo, casi como si de alguna manera alguien le hubiera puesto pausa a las clases gobernantes colombianas, mientras Uribe llevaba a cabo la política de seguridad democrática. En este contexto voces de todos los sabores y colores tienen a todo el mundo con la agenda de la paz a flor de boca, mientras el mismo Santos no ha hecho ni siquiera alguna referencia al particular”. JUEGO ARRIESGADO DE INCIERTOS RESULTADOS Santos se comporta como una esfinge, manifestándose con ambigüedad al respecto y despreciando abiertamente a los uribistas, víctimas, claro, de una vendetta política apenas reconocida que ha tenido ya entre sus perjudicados al ex ministro Luis Felipe Arias y al ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, el primero de ellos detenido y el segundo, huido de la justicia en paradero desconocido. Parece como si un pacto no escrito entre Uribe y Santos se hubiera roto, como si el antiguo nexo que les unía en el pasado fuera ya un recuerdo de un tiempo cercano pero que ahora se antoja como una eternidad. El presidente colombiano que quiere jugar a gran líder en la escena internacional y que no desdeña en su proyecto personal la reelección para el 2014, aunque él lo niegue como buen animal político que es, sabe que la consecución de la paz le daría un rédito electoral que iría más

allá del ámbito nacional. Incluso Santos, que siempre tuvo sus nunca ocultados aires de grandeza, aspira en sus delirios hasta con el Nobel de la Paz y como carambola final la Secretaría General de las Naciones Unidas una vez concluya su mandato. Su ambición no tiene límites, aunque en el camino haya víctimas colaterales. Sin embargo, en política los dos años que le faltan aún para concluir su mandato son demasiado tiempo, sobre todo en Colombia, para hacer certeros pronósticos. Puede que el presidente Santos tenga éxito en sus gestiones para llevar a cabo sus controvertidos diálogos, incluso que para ello se haya blindado con los importantes apoyos de Cuba y Venezuela para recorrer ese vía crucis. Pero no es menos cierto que todas las anteriores tentativas -incluida la del presidente Uribe, que designó como mediador a Chávez- han fracasado y han llevado al descrédito absoluto y total a los que las han auspiciado, como fue el caso del conservador Andrés Pastrana. Su legado para la historia, el pastranismo, es hoy considerado como una etapa deleznable por una gran mayoría de colombianos. Y sus tácticas con respecto a las FARC, tan inútiles como ineficaces, son señaladas despectivamente como el “caguanismo”, en referencia a la región del Caguán que el presidente de entonces despejó para que los guerrilleros camparan a sus anchas, y nunca mejor dicho: nunca abandonaron sus actividades criminales y terroristas. La apuesta de Santos es muy arriesgada y debería de prever, aunque sus sonrientes asesores no se lo digan, como un previsible escenario el fracaso.

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Campaña coordinada por la Red Latinoamericana y del Caribe para el Democracia, REDLAD 38 Nueva Política - No. 07 - Mar. 23 / 12

Grupo de notables internacionales encabezados por el Nobel de Paz, Arzobispo Desmond Tutu, expresidentes, intelectuales y activistas piden a Raúl Castro días antes de la visita papal:

“Cese la represión en Cuba” de Cuba.La represion en Cuba continua en aumento, debemos unir todas las voces para que “cese la represion” Este es el link a la alerta: http://www.change.org/petitions/ general-statement-it-is-time-forrepression-to-cease-in-cuba-2 A continuacion algunos extractos del documento:

“Cese la Represion en Cuba” Pide grupo de notables internacionales a Raul Castro dias antes de la visita papal. Continuan sumandose firmas a un eminente grupo de estadistas e intelectuales del mundo entero tales como el Nobel de la Paz el Arzobispo Desmond Tutu, los ex presidentes latinoamericanos, Luis Alberto Monge Álvarez, Costa Rica (1982 1986), Alfredo Cristiani, El Salvador (1989 - 1994), Armando Calderón Sol, El Salvador (1994 -1999), el Canciller Checo, Karel Schwarzenberg, su Alteza Real el Príncipe Hassan bin Talal, y la ex Primer Ministro canadiense Ministro Excma. Kim Campbell, junto a estos también han firmado insignes disidentes, eminentes defensores de la democracia y activistas de derechos humanos como Martin Palous, Director de la Biblioteca Vaclav Havel, en Praga, el filósofo y escritor francés André Glucksmann, el escritor católico y teólogo Michael Novak, el Dr.

Alaksandr Milinkievic de Bielorrusia, Premio Sajarov 2006, varios disidentes chinos importantes y 14 miembros del Parlamento lituano (ver los firmantes al final y en la alerta en linea) que han suscrito un documento sin precedentes instando a Raul Castro a cesar la represion contra la sociedad civil en Cuba. De igual forma se viene impulsando una plataforma transatlántica de grupos de la sociedad civil a favor de la democracia y los derechos humanos, incluido el Foro 2000, Eastern Europe Studies Centre (EESC), la Fundación Hispano Cubana, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (plataforma de 300 organizaciones/redes), Directorio, UN Watch , People in Need, el Movimiento Mundial por la Democracia y muchas otras organizaciones, que vienen impulsando la iniciativa en solidaridad con el pueblo

El mundo recordó el terrible costo en vidas humanas por la negación de las libertades fundamentales en Cuba luego de las recientes muertes trágicas del disidente preso Wilman Mendoza Villar, a raíz de una huelga de hambre, y el fallecimiento de Laura Inés Pollán Toledo, líder de las Damas de Blanco, organización disidente de renombre internacional. Durante el año pasado, el mundo también fue testigo de la muerte de los activistas de derechos humanos Orlando Zapata Tamayo, tras una huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento por sus ideas, y de Juan Wilfredo Soto García, que murió como consecuencia de una brutal golpiza por los cuerpos de seguridad. El destino de estos defensores de la democracia no violentos reitera el imperativo moral de exigir la libertad y la justicia para el pueblo cubano. Instamos al gobierno de Cuba a que aproveche la ocasión de la próxima visita de su Santidad el Papa Benedicto XVI para frenar la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos de servidores cuasi-civiles y se termine la práctica de hostigar a los disidentes. Este gesto ayudaría a crear un espacio de

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reflexión y de diálogo que permitirá al pueblo de Cuba superar la intolerancia y la hostilidad a través de la recuperación de las libertades civiles y el desarrollo de una democracia plena y vibrante, sin más pérdidas de vidas humanas. “Ustedes no son víctimas”, dijo el Papa Juan Pablo II al pueblo cubano durante su visita en 1998. “Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia personal y nacional”. Ya es hora de que cese la represión para que los cubanos puedan ejercer sus libertades y se avance en esa visión de libertad y democracia. Firmantes: · Nazanin Afshin-Jam, President and Co-Founder, Stop Child Executions, Iran /Canada. · Luis Alberto Monge Alvarez, President of the Republic (1982 - 1986), Costa Rica. · Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of Parliament, Lithuania. · Virginia Aponte, Theater Director, Venezuela. · Petras Auštrevicius, Member of Parliament, Lithuania. · Igor Blaževic, One World, Czech Republic. · Amina Bouayach, President of Moroccan Organization for Human Rights, Morocco. · Former Canadian Prime Minister Rt. Hon. Kim Campbell. · Anna Maria Stame Cervone, President, Christian Democratic Women International, Italy. · Christian Democratic International Center, Sweden. · Michael Craig, President, China Rights Network, Canada. · Alfredo Cristiani, President (1989 - 1994), El Salvador.

· Cuba Futuro, Netherlands.

Vaclav Havel Library, Prague

· Christina Fu, President, New Hope Foundation, USA/China.

· Marija Aušrine Pavilioniene, Member of Parliament, Lithuania.

· Faisal Fulad, SecretaryGeneral, Bahrain Human Rights Watch Society, Bahrain.

· Léonie de Picciotto, International Council of Jewish Women, Representative to the UN in Geneva, Switzerland.

· Fundación Hispano Cubana, Spain. · Vytautas Gapšys, Member of Parliament, Lithuania. · Andre Glucksmann, philosopher and writer, France. · Huang Hebian, Alliance of the Guard of Canadian Values, Canada/China. · Yang Jianli, Initiatives for China, Founder and President, USA/China. · Andrew Johnston, Christian Solidarity Worldwide, Advocacy Director, United Kingdom. · Art Kaufmann, World Movement for Democracy, USA. · Yang Kuanxing, Yibao, Editor, USA/China. · Dalia Kuodyte, Member of Parliament, Lithuania. · Bhawani Shanker Kusum, Secretary/Executive Director, Gram Bharati Samiti, India. · Martin Lessenthin, International Society for Human Rights, Germany. · Arminas Lydeka, Member of Parliament, Lithuania. · Eligijus Masiulis, Member of Parliament, Lithuania. · Donalda Meiželyte, Member of Parliament, Lithuania. · Dr Alaksandr Milinkievic, Movement for Freedom, 2006 Sakharov Prize Laureate, Belarus. · Hillel Neuer, Director, UN Watch, Switzerland. · Michael Novak, Roman Catholic writer and theologian, USA. · Martin Palous, Director of

· Hu Ping, Beijing Spring, Editor, USA/China. · Nguyên Lê Nhân Quyên, Vietnamese League for Human Rights, Vietnam. · Zuzana Roithová, Member of European Parliament, Czech Republic. · Julius Sabatauskas, Member of the Lithuanian Parliament. · Karel Schwarzenberg, Foreign Minister, Czech Republic. · Armando Calderón Sol, President, (1994 -1999), El Salvador. · Marek Svoboda, Director of Human Rights, People in Need, Czech Republic. · Swedish International Liberal Center, Sweden. · Algirdas Sysas, Member of Parliament, Lithuania. · HRH Prince Hassan bin Talal, Jordan. · Archbishop Emeritus Desmond Tutu, Nobel laureate, South Africa. · Ona Valiukeviciute, Member of Parliament, Lithuania. · Egidijus Vareikis, Member of Parliament, Lithuania. · Birute Vesaite, Member of Parliament, Lithuania. · Carlos E. Ponce, General Coordinator, Latin American and Caribbean Network for Democracy · Sister Catherine Waters, OP, Catholic International Education Office, Representative to the UN, USA. · Rokas Žilinskas, Member of Parliament, Lithuania. Más firmantes en línea...

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Se requiere seguridad para los policías Por: Jackeline Sandoval (Fundepro) La ausencia de seguridad ciudadana en Venezuela ha alcanzado ya el número de 234 funcionarios policiales muertos, aproximadamente en los últimos cinco años, lo que debería ser un tema de discusión y preocupación entre los ciudadanos, ya que a pesar de la poca credibilidad que puedan tener los organismos policiales (muchas veces auspiciada por interesados en que así sean vistas), son ellos los encargados de nuestra seguridad, de nuestra integridad y en alguna forma de nuestra calidad de vida. Tales reseñas pueden ser encontradas en los medios de comunicación, lo que no hemos visto en esos mismos medios es la respuesta que se ha dado para la resolución de tales casos. Las respuestas pueden ser: porque no vende noticia , o porque no se le da ninguna respuesta, o porque sencillamente no es un tema que le importe sino a los afectados La crisis de la seguridad no discrimina edad, condición social, ni mucho menos profesión, pero lo que sí es necesario es que exista una correlativa necesidad de reformar nuestras leyes y no solo que se formulen recetas simplistas para actuar sobre los síntomas y no sobre las causas, debemos pensar y promulgarleyes que protejan a los miembros de nuestras policías, cuando son atacados en el cumplimiento o no del servicio, solo porque son policías, o porque no se deslindan de esa cualidad de policía y actúan aun cuando no estén en servicio y más aún cuando es por venganza o por robarles sus armas de reglamento. La gente piensa, siente y actúa de manera diferente, cuando se ataca a la policía,

muchos agentes del orden público y aspirantes me preguntan “ donde están nuestros Derechos Humanos, nosotros también somos personas, a nosotros también nos matan, tenemos derechos a la salud, a una vivienda digna, a nuestra integridad, al resguardo y seguridad de nuestras familias, no porque tengamos un chaleco y un arma estamos protegidos, somos humillados y tenemos dignidad”, y todo eso es una amarga realidad como les explico a mis alumnos de la Academia de la Policía de Baruta. Eso significa que ante la ley unos somos más iguales que otros y más cuando representan a la ley, y peor aun cuando presuntamente se han desviado de su norte, cuando han violentado los Derechos Humanos de alguna persona, pero eso no significa bajo ningún concepto que ellos estén excluidos. Sin embargo, pareciera que nuestra cultura no apoya el respeto de los derechos a la vida, a la integridad física, a la seguridad social, a la educación, entre otros, de los miembros de los organismos policiales. No nos gusta saber que los policías violen derechos, pero tampoco hacemos nada por darles un mejor tratamiento a los derechos que ellos como seres humanos que son y como parte importante de nuestra seguridad sea una realidad. Por ello, debemos otorgarle a través del buen trato, a través del reconocimiento cuando tienen una buena actuación, a través de leyes de esa seguridad que requieren en el día a día para cumplir con sus labores, ya que es un hecho que son extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles de ser heridos física o moralmente. Es una realidad indiscutible, quieran o no quieran reconocerlo y el hecho que siempre haya sido así, no quiere decir que deba perdurar en el tiempo.

Los responsables de satisfacer esa necesidad objetiva de seguridad tanto nuestra, así como la de los funcionarios policiales deben partir de esa misma comunidad en que estamos inmersos, y a la cual pertenecen los organismos de seguridad. En este sentido, somos nosotros desde las diferentes comunidades políticas quienes debemos desarrollar, impulsar y legitimar las políticas necesarias para apoyar la vida y la integridad de quienes nos prestan seguridad. La seguridad debemos verla como uno de los requisito básico para que las personas podamos satisfacer nuestras necesidades y desarrollar así nuestras potencialidades, en tal sentido, se ha constituido como un Derecho Humano exigible por todas las personas sin discriminación de sexo, raza o profesión, es decir los miembros de cualquier organismo policial también pueden y deben exigir tal derecho. Como todos, hemos sido testigos y hasta víctimas de la inseguridad reinante en nuestro país, situación esta que conlleva la búsqueda de grandes desafíos, y por ello no nos deja de preocupar el hecho de tanta afrenta a vida de los funcionarios policiales, así como los que han podido sobrevivir a esos ataques, conscientes del impacto de este fenómeno sobre la seguridad de los miembros de las distintas esferas policiales es obligante diseñar esquemas alternativos a los existentes, se debe ser más severo con aquellos que atenten contra la vida e integridad de los funcionarios. Los objetivos son disminuir los niveles de inseguridad de los miembros de nuestras policías, lo cual bajo ningún concepto significa sacrificar el respeto por los Derechos Humanos y las Garantías fundamentales.

Latinos Discriminados en Estados Unidos: Hipocresía de los impuestos sin beneficios Por: Redacción Nueva Política La fuerza económica, política e intelectual de los latinos en Estados Unidos se diluye en el mensaje discriminatorio de grupos conservadores y sindicatos obsoletos. Durante muchos años se ha venido enfocando erróneamente el problema de la inmigración ilegal de los latinoamericanos a Estados Unidos hacia un problema de pérdida de empleos para los norteamericanos y sobreuso de los servicios públicos y seguridad. Con respecto a la pérdida de empleos, la realidad es que se pierden más empleos con cada mala decisión regulatoria del gobierno y con la perdida de la competitividad por la reducción de la innovación de lo que se pierde por los empleos que toman algunos latinos que vienen a trabajar de sol a sol en oficios que nadie quiere desarrollar.

muchas ciudades, porque a pesar de que se liberen los empleos, serán muy pocos norteamericanos que los quieran ocupar. La economía no necesita deportar los 11 millones de ilegales, necesita al contrario salir de tanta regulación inútil y volver al país más productivo. Los estudios del Small Business Administration reportaron que en el año 2008 solamente los excesos de regulaciones y leyes absurdas costaron US$ 1.75 trillones de dólares. Regulaciones y normativas tan complejas que ahuyentan la inversión. Las legislaciones laborales hacen que cada empleado cueste a su empresa un mínimo de US$ 10,585 dólares al año. Eso sumado a los riesgos de demandas con una sociedad sobrejudicializada hace que sea a veces muy riesgoso invertir.

Y es que a la mayoría de los norteamericanos no les gusta los trabajos de limpieza, construcción, agricultura y otros trabajos intensivos que desarrollan día a día los latinos por pagas muchas veces miserables. De hecho las legislaciones anti-inmigrante en Arizona han ahuyentado a inmigrantes legales e ilegales y ahora se encuentran en un problema de que no tienen quienes limpien las cañerías, los baños, quienes limpien en los hoteles o que haga el trabajo duro.

Al mismo tiempo es un país con un sistema impositivo que premia la evasión y crea paraísos fiscales para los que menos trabajan y viven de los bonos gubernamentales y de los ingresos por bonos ficticios. Estados Unidos, que en un tiempo fue libre e innovador, ha creado un monstro gubernamental voraz que está asfixiando al país. Pero claro, es más fácil echarles la culpa a los latinos de la pérdida de empleo que realmente enfocarse en el problema que es la pérdida de competitividad por la disminución de la capacidad de innovar.

Si evaluamos la actual crisis inmobiliaria y de empleos en Estados Unidos vemos como muchos/as han preferido seguir viviendo de los bonos del gobierno que buscar empleos que ellos consideran “denigrantes”. El día que no existan más latinos en Estados Unidos se acaba la producción y se paralizan

La solución no es expulsar a los inmigrantes y perseguirlos con leyes absurdas como las de Arizona y otros Estados, la solución es volver a ser un país productivo en el que la mano de obra sea bien utilizada. La solución es que las empresas no tengan que irse y más bien se generen mayores oportunidades. La

solución es cambiar un país de papeles de Wall Street por un país productivo. La solución es cambiar el modelo educativo para fomentar la innovación. Respecto al tema de la carga para los servicios que representan los latinos, hablamos de una sociedad y un gobierno con doble moral y una carga de hipocresía muy alta; se critica a los latinos ilegales porque utilizan el sistema educativo y el sistema de salud o porque son “una carga” para el país, pero se les olvida decir que hace 16 años (1996) se creó un Número de Identificación Fiscal Individual (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) para facilitar el pago de impuestos a personas que no tienen numero de Seguridad Social (Social Security Number), no importando si eres residente legal o eres ilegal. De hecho se prohíbe al IRS (agencia fiscal) abrir la información de los ITIN a otras dependencias oficiales y así garantizarle a los ilegales que tendrán ese número sin que los vayan a deportar. De igual forma se ha venido recomendando a los inmigrantes ilegales que saquen esos números y paguen impuestos para tener “mayores posibilidades” de lograr la residencia y de probar que son buenos ciudadanos. La mayoría de inmigrantes ilegales tienen estos números y pagan sus impuestos anualmente; pero eso no termina allí, pagan más impuestos que cualquier norteamericano o residente legal porque esos Tax ID Numbers no permiten exoneraciones ni descuentos fiscales, así que pagan completo sus impuestos. Y si hablamos de los que tienen números de seguridad social falsos, las empresas igual pagan su cuota-parte del Seguro Social que es el 60% de un Seguro Social

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de empleado que nunca se usará. Hay que dejar la mentira, los latinos ilegales pagan impuestos y de hecho pagan más impuestos que trabajadores legales. Y hablamos de impuestos sin beneficios en servicios porque para el ilegal cada día se le hace más difícil sobrevivir. Dejar a más de 11 millones de personas ilegales solamente por pura politiquería es un error económico porque lo que se fomenta son negocios paralelos poco legales, como lo son bancos no regulados, servicios de préstamos, venta de vehículos sin papeles, servicios de envió de dinero ilegales, etc, toda una gama de servicios para atender a esta población. Otros beneficiarios de este sistema roto son los abogados que cobran por la ilusión de legalización, siendo la gran mayoría, grandes estafadores que vienen saqueando a los trabajadores latinos. Vendiendo el sueño de que acabe la persecución, una mafia de cientos de abogados mal representan a miles de ilegales cobrándoles sumas inmorales, no presentando documentos a tiempo o simplemente, incluso con conocimiento que no podrán hacer nada en ciertos casos, y como una vez deportados no pueden hacer nada, estos abogados nunca tienen sanción, allí el gobierno mira hacia otro lado. Millones de dólares en manos de tracaleros y estafadores. Muchos de los ilegales fueron casi obligados a quedarse cuando se incrementaron las regulaciones inmigratorias y se les imposibilitó regresar a sus países entre cada siembra o entre cada proceso productivo, obligándoles a quedarse en un limbo migratorio. Lo triste es que los conservadores de Estados Unidos sigan pensando que la solución es deportación y muros más grandes, cuando se ha demostrado que la inmigración legal e ilegal se ha reducido porque el país se está volviendo poco competitivo. Tener a 10 o 11 millones de ilegales también incrementa el problema de la inseguridad porque no se puede tener control ciertamente de la situación

real de muchos/as de ellos/as. El problema de la violencia está lejos del factor migratorio, va más de la mano de deterioros culturales, educativos, morales y económicos. Si eliminamos a los latinos ilegales de Estados Unidos los problemas de pandillas y violencia en ciertos estados seguirá igual. Hablamos también de un caso grave de violaciones de derechos humanos, el negarle salud, educación y servicios podría ser visto como simplemente una gran discriminación, tomando en cuenta que el mismo estado se aprovecha de ellos cobrándoles impuestos. Además, la persecución llega a niveles absurdos cuando se oponen muchos grupos a la llamada “Ley del Sueño” (Dream Act) que pretendía autorizar a jóvenes inmigrantes ilegales que ingresaron muy jóvenes (a veces de meses) a Estados Unidos, para que puedan legalizar su situación y seguir estudiando cuando prueben que están estudiando y son útiles para la sociedad. Hasta ahora esa posibilidad sólo la podrías tener si te vas a la guerra. Pero por supuesto, esta legislación no fue aprobada por la eterna discriminación e ignorancia política de algunos demócratas pero de una mayoría Republicana. El problema con los latinos lo tendrán cuando esa masa crítica se organice mejor políticamente. La población latina representa el 16% de la población y en unos años representará el 30% de la población votante, lo cual la hace la primera minoría, superior a la afro, decisiva para cualquier elección, incluso en estados decisivos a nivel del voto presidencial. El Partido Republicano gozaba de una popularidad dentro de la población latina cercana al 80%, por similitudes religiosas, el tema cubano y acuerdos especiales migratorios para perseguidos en las guerras o dictaduras, además de una identificación política, pero años de discurso persecutorio contra la población latina, la cacería de brujas con el tema de la inmigración revirtió y la descalifi-

cación contra la población latina cambio esa tendencia y en las pasadas elecciones el 67% de la votación latina se fue con el Partido Demócrata y votaron por Obama. Realmente el Tea Party y los ultra conservadores tampoco vienen ayudando a recuperar el voto latino para los Republicanos, los ataques continuos en contra del tema migratorio y la exclusión es un error político, con lo que en las próximas elecciones pareciera que la mayoría de votantes latinos apoyarán al Presidente Barack Obama. Por lo mínimo repetirían y podrían llegar al 72% o incluso mayor. Apoyarán a Obama no porque les haya cumplido con las promesas de una legislación migratoria de amplitud que regularice la situación de muchos de sus padres, familiares o amigos. Por el contrario, no cumplió con su palabra de dar prioridad al tema migratorio y se han producido más deportaciones en su gobierno que en cualquier otra administración. Votarán por él porque simplemente no pueden aceptar la persecución permanente que se está dando en algunos estados con gobiernos Republicanos o al método del discurso para atacar a una minoría. Apoyaran a Obama porque más importante que la identificación religiosa, que hasta eso lo ha perdido el partido republicano, no quieren que el modelo de Arizona se imponga a nivel nacional y se inicie una persecución sin sentido. Votaran por Obama por la esperanza de que a sus familiares les resolverán la injusticia de estar indocumentados y por no querer sentirse perseguidos en un país en el que ya son ciudadanos, algunos de varias generaciones. Y es que en un país hecho de inmigrantes, donde ya la inmigración europea se asimiló a la población “blanca”, la población latina, incluso la legal sigue discriminada. El día que se organice mejor la más grande minoría de los Estados Unidos veremos cambios importantes.

Lucha contra la corrupción judicial: Entre la demagogia, el miedo y la soledad Por: David Lovatón Palacios

Hace poco un prestigioso y experimentado abogado dijo en una conferencia pública que al animarse a denunciar a algunos jueces corruptos, tenía que enfrentar, luego, ciertos juzgados o salas –literalmente- “liberadas”, haciendo referencia a los años del terrorismo en los que Sendero Luminoso lograba “liberar” o tomar control de porciones del territorio nacional o sectores de algunas ciudades, convirtiéndolas así en zonas hostiles y peligrosas para los agentes del Estado. Esta declaración sincera y valiente desnuda la enorme distancia entre el discurso y los hechos en la lucha contra la corrupción judicial: todos dicen combatirla, pero muy pocos –realmente muy pocos- se animan o quieren hacerlo realmente. Todos somos lucha anticorrupción… ¿todos? A la hora de los discursos oficiales, “de la boca pa´ fuera” como suele decirse popularmente, todas las autoridades declaran su “firme compromiso” de combatir la corrupción. El Presidente Ollanta Humala hizo de ello uno de los pilares de su campaña electoral, lo que, finalmente, lo ayudó a derrotar al fujimorismo que, en esta materia, tiene flancos débiles. El ¿aún? Segundo vicepresidente Omar Chehade se hizo de una curul en el Congreso como un adalid de la lucha anticorrupción y miren cómo ha terminado. Este discurso oficial se escucha permanente en el Parlamento, en el discurso de 28 de Julio, en las ceremonias

de apertura del año judicial, en la asunción del cargo de nuevas autoridades, en los Colegios de abogados, en las Facultades de Derecho, etc. etc. etc. ¿Alguna vez han escuchado a alguna autoridad o candidato decir que no van a combatirla sino que van a permitirla? Ese rapto de sinceridad está vedado en nuestro país, eso sí, con bastantes cuotas de cinismo. ¿Por qué esa enorme y cínica brecha entre el discurso y la realidad? Hay multiplicidad de explicaciones. Hay quienes responsabilizan de todo a la “falta de valores”. Nosotros discrepamos de esta explicación porque estamos convencidos que el problema principal no es la falta de convicciones morales (“falta de valores”), sino sobre todo la falta de controles y sanciones institucionales y sociales. El peruano y peruana –autoridad o ciudadano- incurre muy fácilmente en actos de corrupción porque hay una alta probabilidad que no será sancionado, que no sufrirá ninguna consecuencia más onerosa (económica, social o profesionalmente) en comparación con la legalidad que evitó cumplir gracias a un funcionario corrupto; algo muy similar pasa con dicho funcionario que, apenas llegado al cargo, comienza a calcular cómo sacarle provecho personal. Ciertamente que las convicciones morales han contribuido a que surjan en el sistema de justicia policías, fiscales o “jueces disidentes” (Luis Pásara), abogados y organizaciones de sociedad civil dispuestos a resistir entrar al juego sucio de la corrupción o Facultades de Derecho que no están dispuestas a vender el título de

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todos los magistrados y funcionarios son corruptos. Sin duda hay y conocemos a valientes y honestos magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias, que lidian día a día con la desidia, la sobrecarga procesal o las mafias o “tribus judiciales” (Juan Enrique Vargas). ¿Solos y bobos?

abogado. Sin embargo, todos estos ejemplos meritorios son a contracorriente y constituyen más bien “centros de contracultura jurídica” (Alberto Binder) que resisten valientemente el embate corruptor. Pero los “super héroes” en la justicia no bastan, es necesario que los profesionales y funcionarios “promedio” respeten y cumplan la ley como regla general y no como heroica excepción. ¿Quiere seguir ganando sus casos? Hay muy pocos abogados e instituciones que se animan a denunciar actos de corrupción en el curso de sus procesos judiciales o a denunciar a jueces, fiscales o funcionarios que son harto conocidos en el medio judicial como corruptos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Acaso el peruano es estructuralmente sumiso ante el atropello? Para nada! No lo hacen simplemente por un cálculo de costo-beneficio. Por un lado, hay una porción importante de abogados que no pierden las esperanzas de entrar en “negociaciones” con dicho magistrado o funcionario corrupto y convencerlo que se pase

a su bando. Por otro lado, hay otro grupo de abogados que teme toparse en otros procesos judiciales con el magistrado o funcionario denunciado, los mismos que suelen desquitárselas después con el denunciante, hayan sido o no finalmente sancionados. “¿Quiere seguir ganando sus casos?” Es pues una poderosa arma de amenaza de magistrados y funcionarios corruptos que suele ser muy persuasiva. Nuestra experiencia en IDL y en Justicia Viva es que muy pocos abogados –muchos de ellos honestos y que han sido víctimas de atropellos judiciales- están dispuestos a dar la cara y denunciar la corrupción en el sistema de justicia; a lo más, en forma reservada y “off the record” transmiten la información y entregan pruebas a instituciones como las nuestras o a periodistas o medios de comunicación confiables. Especial temor inspiran los supremos; por ejemplo, en los procesos de ratificación la típica preocupación del o la denunciante es “¿y si pese a mis denuncias, lo ratifican doctor?”. Con ello no queremos decir que

Cuenta un ex fiscal, con una trayectoria impecable, que siendo un joven abogado ejerció por un tiempo el cargo de juez de paz letrado. Un día, durante un curso de capacitación, coincidió en los servicios con otro juez de paz letrado que muy suelto de huesos le preguntó mientras ambos permanecían en el urinario: “¿cuánto haces a la semana?” El ex fiscal lo miró extrañado “¿cuánto hago de qué?” “Ya pues! No te hagas! ¿Cuánto plata sacas a la semana en el juzgado de paz?” El ex fiscal lo siguió mirando sin entender del todo. El otro juez de paz entendió, lo miró y se alejó con una media sonrisa de burla y de seguro pensando “Este es un cojudo”. Nuestro buen amigo ya no es más fiscal y, en cambio, el otro magistrado es un conocido pero cuestionado juez superior de Lima que, inclusive, ha llegado a ser finalista en los concursos de juez supremo ante el CNM. Los abogados e instituciones que durante años nos hemos dedicado a denunciar y combatir la corrupción, desde las épocas del primer Gobierno de Alan García, pasando por Fujimori y Montesinos, el segundo Alan y hasta nuestros días, somos muy pocos y, confesión de parte, con frecuencia sentimos que estamos solos. Hace poco, una alta autoridad nos sugirió –de buena fe- que sumemos a otras personas e instituciones a nuestras solicitudes de no ratificación de algunos magistrados muy cuestionables. Nosotros –de buena fe también- hicimos el ejercicio de búsqueda y muchos nos apoyaron,

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felicitaron y alentaron… pero muy pocos se animaron a dar la cara. Esta soledad de la lucha contra la corrupción contrasta en cambio con la proliferación de verdaderas mafias o tribus judiciales: grupos de abogados, jueces, fiscales, policías, procuradores y funcionarios, más o menos articulados y con un grado de confianza y solidaridad entre ellos, dedicados a emprender grandes negociados judiciales en: procesos contra el Estado, remates judiciales, denuncias o absoluciones penales, reposiciones de funcionarios públicos, pérdida de expedientes o de pruebas, “empapelar a alguien”, etc. etc. etc. La lista de corruptelas es interminable. Algunas de estas mafias están vinculadas a partidos políticos (como el APRA) o a familias de abogados. Por otro lado, sus ganancias suelen ser cobradas por vías más sofisticadas que la pura y simple coima: grandes contratos, nuevos clientes, favores gubernamentales, puestos públicos o privados para familiares y amigos, viajes de placer, ratificaciones o nombramientos, etc. etc. etc. Tan grave y extendido es este fenómeno que el actual Presidente del Poder Judicial, César San Martín, en una reciente conferencia pública cuando se refirió a la corrupción judicial, mencionó a las “mafias” que operan al interior del sistema de justicia. Es más, uno de los proyectos de ley presentados por el Pleno de la Corte Suprema, de la mano de San Martín, pide facultades extraordinarias a favor del Presidente del Poder Judicial para combatir la corrupción y en su exposición de motivos afirma lo siguiente: “Hoy, lejos de estar, aisladamente, ante un juez, jueza o auxiliar jurisdiccional que se corrompe o al que se intenta corromper, nos encontramos eventualmente ante verdaderas redes de corrupción.” (Subrayado nuestro).

Lucha anticorrupción ¿batalla perdida? Hubert Lanssiers acuñó una hermosa reflexión respecto a la lucha por los inocentes en prisión, injustamente acusados de terrorismo, durante el régimen de Fujimori y Montesinos. Él decía que la lucha por los inocentes parecía una batalla perdida y que los caballeros gustan librar batallas perdidas que, en ocasiones, tan perdidas no lo están. ¿La lucha anticorrupción es ya una batalla perdida en nuestro país? Queremos creer que no. Pero si así lo fuera, es una batalla que igual debemos librar. Es difícil vencer toda una “institución” como la corrupción que lleva siglos en el continente americano. Para nosotros, la luz al final del camino es seguir forjando “centros de contracultura” de los que

habla el argentino Alberto Binder (Universidades, abogados, jueces, fiscales, funcionarios, empresarios). Es tan fuerte y arraigada la cultura de la “aplicación o vigencia selectiva de la ley” en nuestros países (“para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”), que sólo una indesmayable contracultura de la igualdad ante la ley (“caiga quien caiga”), la podrá vencer. Una reflexión final: es mucho más fácil enseñar a combatir la corrupción que combatirla realmente. Por eso hay muchas instituciones públicas y privadas dedicadas a campañas, talleres y programas sobre esta materia, dirigidos a funcionarios, ciudadanos o líderes sociales, promoviendo la puntualidad o el respeto a las señales de tránsito pero ¿cuántas instituciones se dedican, en cambio, a denunciar y combatir la corrupción en el campo de batalla?

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¿Qué es y qué pretende la Estrategia de Seguridad de Centroamérica? del Orbe.

Por: Juan Daniel Alemán Gurdián* En mi condición de Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la organización intergubernamental de integración multidimensional, homóloga de la Unión Europea, de la Comunidad Andina de Naciones y de la Comunidad Caribeña, que agrupa a ocho países, siete centroamericanos y uno del Caribe insular, me es muy grato aprovechar este espacio ofrecido por la prestigiosa Revista internacional NUEVA POLÍTICA, en ocasión de la Cumbre de las Américas de abril de 2012, para comentar un tema vital para el futuro de la Región Centroamericana: la Seguridad Democrática en Centroamérica. A partir de los noventa, Centroamérica inició una nueva etapa en su vasta y compleja historia; una en la que, esta vez sin excepción, todos los países se enrumbaron hacia una vida política fundamentada en los valores democráticos pluralistas occidentales, que hoy en día prevalecen funcionalmente en todos los rincones

Asimismo, los países centroamericanos tomaron conciencia de que siendo tan pequeños y con su proximidad geográfica como condicionante ineludible, era necesario integrarse, mucho más que en lo económico-comercial, como se logró con el Mercado Común Centroamericano, éxito internacionalmente reconocido hoy día, con 51 años de historia. De esa forma se plasma el Sistema de la Integración Centroamericana en 1991, con el objetivo fundamental, dice su documento constitutivo, de “realización de la integración de Centro América, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”. Ese ambicioso objetivo, hizo ineludible el trabajar cinco temas a la vez, equilibrada e interdependientemente: lo político, lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental, influenciándose unos a otros, como sucede en la realidad misma. Cuando las cosas pintaban de lo mejor, cuando parecía que Centroamérica se enrumbaba hacia el desarrollo y así lo demostraban los principales indicadores económicos, luego del cambio de Siglo, se ha exacerbado pero en forma desproporcionada, la situación de inseguridad y violencia, que hoy día toma un cariz casi de emergencia. Ciertamente, una gran parte de

Centroamérica durante muchos años se manejó políticamente, al igual que otras áreas en la América Latina, debe admitirse, en forma tal que no se dio en la mayor parte de los países, el desarrollo integral al que legítimamente aspiran los individuos y las sociedades. La falta de plena libertad, de una práctica democrática, de oportunidades y la insatisfacción de las necesidades sociales individuales para una plataforma que facilitara el despegue hacia el progreso de todos, ha sido sin duda caldo de cultivo para la violencia, la enajenación individual y social, la imposibilidad para muchos, especialmente los jóvenes, de sentir que pueden mejorar su condición y contribuir socialmente. Y justamente, cuando para Centroamérica, ejerciendo bien ganada democracia en al menos un caso y consolidando otras, se enrumbaba, con el concurso positivo de la participación en el SICA, hacia la solución de esa problemática, la violencia y la inseguridad se exacerban, a niveles nunca antes visto y que ciertamente no se da por generación espontánea o por más débiles que pudieran ser todavía, las redes de protección social en algunos de los Países del SICA. La violencia y la inseguridad, no se da en todos los países en la misma intensidad, pero ninguno está libre de ellas. Tampoco es constante y permanente en todos los territorios; se concentra en ciertas áreas, generalmente las más desvalidas y en grupos humanos específicos. Esto no quiere decir que no se den otras manifestaciones, pero el grueso se da en la forma descrita. Mucho se concentra en las propias pandillas y criminales de más alto vuelo; pero no podemos, bajo ningún concepto, adoptar posiciones cínicas que ven en ese comportamiento la posibilidad de una limpieza de aquellos que confrontan la

ley como modo de vida. Ningún gobierno moderno, humanista y democrático que profese promover el desarrollo, podría asumir ese tipo de posiciones. Y además, la violencia no se encapsula; todo lo contrario; se propaga como mala hierba. Corroboro lo expresado en el párrafo anterior, en cuanto a que la actividad cotidiana en Centroamérica se desarrolla con dinamismo, tomando para ello los indicadores económicos de los últimos años. Centroamérica ha seguido creciendo; los países lo hicieron en el 2011, a un promedio regional ponderado de 4.5%. El comercio con el mundo de los cinco países económicamente integrados, creció 20.43% y entre ellos en 20.9.%, en ambos casos aplicando cifras inter-anuales a noviembre, en relación con el 2010, que fue un año donde ya se palpó una recuperación con relación al 2009, junto con el 2008, años difíciles para los Países del SICA, la Región Centroamericana. La integración, a pesar de desavenencias aisladas entre países vecinos, se consolida operativamente en sus múltiples campos de acción. La inversión extranjera llegó a una cifra de 4,985 millones de US$, en el primer semestre de 2011, en algunos países más que en otros, pero llegó. De hecho, un porcentaje importante de esa inversión que todavía sigue dándose, proviene de Colombia, de su sector financiero que ha venido a convertirse en el mayor protagonista sectorial en Centroamérica y de otros como el transporte aéreo y el turístico. Lo recién expresado confirma que es temerario afirmar que la Región Centroamericana está cerca de albergar Estados fallidos. No estamos cerca, pero tampoco podemos descontar la posibilidad a futuro. Seamos claros y realistas. La violencia y la criminalidad que actualmente se dan en el Istmo, no uniformemente ciertamente, pero que se da en todos los países, no tiene sus raíces en la Región. Es evidente, que tenemos mucho que avanzar en desarrollo y que la deuda social acumulada por años, unida a las dificultades de los países pequeños, débiles científica y tecnológicamente, lo que hace difícil saltos cualitativos en productividad, con aparatos estatales y estructu-

ras sociales, generalizando, por supuesto, que no son necesariamente las más favorables, así como propensos a los desastres naturales que obligan a invertir en reconstrucción a la Penélope, no ayuda al logro de la Seguridad Integral, como la describió la Cumbre de las Américas en Quebec o Seguridad Democrática, como la hemos llamado nosotros.

propia estrategia, ya propuesta y aprobada por la Comunidad Internacional, que ha comprendido la dimensión de la realidad: el destino de gran parte del mundo hoy agobiado por el narcotráfico y los daños directos y colaterales que éste genera, está ligado, irremediablemente, al de Centroamérica, con la República Dominicana incluida..

Sin embargo, es evidente también, que el flagelo que desde hace algunos años afecta a Centroamérica con especial zaña, responde a fuerzas criminales de origen externo, que ven a la Región, como un predio para consolidar sus oscuros negocios. Es claro que la narcoactividad, que ha tomado a la Región Centroamericana como parte de su ruta entre los sitios de producción y los de consumo, pero que hoy inclusive empieza a producir en la Región, es la que le da el vigor inusitado con que hoy el crimen organizado y transnacionalizado se manifiesta en la Región, parte de un canal de comercialización y distribución física, que incluye a países de Suramérica y Norteamérica, cuyo insaciable apetito por las drogas, así como la apertura a la venta de armas que van a dar al sur de Norteamérica y la propia Centroamérica, complica el tema a niveles que para muchos, son cada vez menos vulnerables a los parámetros estratégicos de combate de hoy en día.

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), promotora del concepto de Seguridad Democrática, se fundamenta ante todo, en el ideal de respetar y fomentar los Derechos Humanos de todos los ciudadanos. Es producto de los propios gobiernos por medio de la Comisión de Seguridad de Centroamérica; es una forma distinta de hacer las cosas; combate al crimen organizado directamente; pero también busca prevenir, facilitar el desarrollo institucional coadyuvante a mejorar la calidad de la justicia que se imparte, rehabilitar a quien ha delinquido y facilitar su reinserción local, así como mejorar notablemente la hoy desbordada gestión penitenciaria. Intrínsecamente, la ESCA reconoce la regionalidad de la respuesta a la actividad criminal y como lo han aceptado los países y agencias multilaterales que acompañan el esfuerzo, la responsabilidad compartida y diferenciada, así como la adicionalidad de la cooperación a ofrecer.

Del clima de cultivo que el narcotráfico genera, han surgido todo tipo de negocios ilícitos y arteros contra el ciudadano decente y hasta los mismos operadores criminales, Seres Humanos descarriados, pero Seres Humanos al fin y contra el propio sistema. Estos negocios, como es el caso del lavado de dinero sucio por ejemplo y la actividad de extorsión a operadores económicos, judiciales y otros en los aparatos estatales, ponen en juego la viabilidad a largo plazo de los Estados como tales, lejos de ser fallidos decíamos, pero qué, no hay que descartar la posibilidad, podrían serlo, si no cambian las cosas radicalmente.

Se han identificado y preparado 22 proyectos, que dan sentido a la ESCA; de ellos, se escogieron 8 para iniciar, que ya han sido acogidos concretamente, por diversas instancias cooperantes. Con ellas, según la participación de cada una, se negocian los términos específicos. Confiamos en fecha muy cercana, estar iniciando la implementación de estos proyectos, que aunque no serán suficientes para cambiar radicalmente la situación actual, son un paso en la dirección correcta, expresión de la voluntad colectiva de ocho naciones y cuya realización, imposible para los Países del SICA por sí solos, serán la prueba del ácido para comprobar el compromiso de la Comunidad Internacional.

Ante lo mencionado en los párrafos anteriores, no es de extrañarse que nuestros gobernantes estén reflexionando sobre si el manejo actual de la temática es la correcta. Lo hacen paralelamente a la implementación de su

*Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para Revista NUEVA POLITICA, marzo de 2012.

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Malvinas de Argentina a Latinoamérica y el Caribe Por: Diego Sueiras y Emilia Portis, FNGA La cuestión de las Islas Malvinas parece encontrar, en este año 2012, una renovada actualidad. Diversos fenómenos, tanto a nivel coyuntural como estructural, permiten por primera vez en treinta años considerar que la República Argentina se encuentra frente a un contexto internacional tendiente a favorecer la reapertura del diálogo y las negociaciones con Gran Bretaña. Para que esto sea factible, será necesario un enfoque que parta de un conocimiento profundo de la historia, del contexto mundial y de los actores involucrados. Existen dos novedades que constituyen un punto de inflexión para el análisis de la situación política coyuntural. La primera, es la atención mediática a nivel mundial que ha tenido y tiene el 30º aniversario de la Guerra de Malvinas, sobre todo si se considera que en Argentina y en el Reino Unido tuvo un impacto nunca antes visto en el sistema político, la opinión pública y los medios de comunicación. Incluso es posible pensar que la película “La Dama de Hierro”, en la que Maryl Streep interpreta a Margaret Tatcher, formaría parte de este entramado. La segunda novedad la constituye la medida que tomaron los países del MERCOSUR, acompañados por otros países y que tuvo a Brasil como el principal impulsor, de prohibir el acceso a los puertos de la región a embarcaciones que porten la bandera de la autoridad política de las islas. Esta medida lleva consigo un valor simbólico significativo ya que se trata de una medida de orden operativo que los países integrantes del organismo pusieron en práctica, sin limitarse netamente a un respaldo de orden genérico de las posiciones jurídicas argentinas. Asimismo, se

suma el hecho de que, al momento de tomarse esta medida, el Secretario del Foreign Office, William Heigh, se encontraba en Brasil en carácter de visita oficial, confirmando que las prioridades del gobierno de Cameron en materia de comercio e inversión están enfocadas en los países emergentes. Además de la importancia simbólica, lo que imprime a dichas novedades de una mayor relevancia es la cuestión estructural. En este sentido, el bloque de países latinoamericanos se encuentra hoy en una posición sin precedentes, que se ve materializada en el hecho de que logró mantener su crecimiento económico en un 4,3% en el último año, aún cuando la expansión de la economía mundial fue menor y cuando las potencias occidentales vieron estancarse sus economías a causa de la crisis financiera global. El Orden Internacional tiende a una estructuración crecientemente multipolar, caracterizada por un fenómeno de transición de hegemonía, en el que las potencias occidentales están perdiendo el lugar que tuvieron durante el Siglo XX en la economía mundial, para dar lugar a una distribución más difusa del poder. De hecho, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la crisis del Euro, Gran Bretaña cedió el 6º lugar en el ranking de economías mundiales a Brasil en el 2011. Ante este escenario, cobra relevancia lo ocurrido con la antigua joya de la Corona inglesa, Hong Kong. Por el contexto internacional y por su situación económica y estratégica en la década del 80’, el Reino Unido se vio obligado a iniciar conversaciones con la República Popular de China sobre la cuestión de la soberanía sobre el territorio. Si bien China no recuperó la soberanía efectiva sobre el territorio y no la hará hasta dentro de varias décadas, se constituye en un antecedente histórico de

importancia para el caso de Malvinas. Además, resulta necesario tener en cuenta un dato político fundamental para un análisis acertado de la situación. La cuestión de Malvinas no es un clásico reclamo de soberanía territorial entre dos países, sino que hay un tercer actor cada vez más relevante: la autoridad política de las islas. Con un producto bruto per cápita que supera ampliamente al del Reino Unido, las islas cuentan con una entidad política propia, autónoma, y con una bandera propia. Se observa así que, mientras Gran Bretaña es un actor cada vez menos decisivo en el asunto, sí lo es la autoridad política de las islas, que debe ser incluso considerado un actor independiente. En este sentido, es significativo que la medida tomada por los países del MERCOSUR se aplica exclusivamente a embarcaciones con banderas de esta autoridad. La Política Internacional es un mundo de realidades. Como elemento de la realidad ineludible, la población y la autoridad política de las islas deben ser tomadas en cuenta para un diagnóstico acertado de la situación argentina en este 2012. Malvinas es la única política de Estado que estuvo siempre respaldada por un alto grado de unidad nacional. Que se constituya y se mantenga como política del conglomerado del MERCOSUR y de otros países latinoamericanos sería un gran paso institucional para el organismo, que necesita ese crecimiento por debilidad de avances en otras áreas. Pero fundamentalmente representaría un logro en conjunto para Latinoamérica, que Argentina, por si sola y a esta altura de la historia, no sería capaz de conseguir. La mediación de la ONU y la instalación de la problemática Malvinas en la agenda internacional es un triunfo digno de celebrarse entre todos los Estados Latinoamericanos y del Caribe.

Las Malvinas: ¿británicas o argentinas? Por: Óscar Álvarez Araya A medida que se acerca el 2 de abril del 2012, fecha en la que se cumplen 30 años del inicio del conflicto armado argentinobritánico en las Malvinas, el tema de la soberanía de las islas vuelve a estar en la actualidad internacional. El recrudecimiento de la disputa parece interesar a los Gobiernos de ambos países pues les permite desviar la atención de problemas internos y unificar a sus poblaciones detrás de una causa popular. Si la victoria en la guerra de las Malvinas elevó hasta el clímax la popularidad de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, el actual replanteamiento del tema puede desviar la atención de la crisis económica y los disturbios sociales que ha sufrido recientemente el Reino Unido. La polarización también le trae réditos políticos a la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner pues unifica a la nación alrededor de un tema de consenso nacional. Recientemente el Reino Unido anunció el envío del buque de guerra HMS Dauntless a las inmediaciones de las Malvinas y el príncipe William llegó a las islas en misión de la Fuerza Aérea del Reino Unido, como reafirmando que las Malvinas constituyen un punto geoestratégico de la alianza entre los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa frente a los adversarios de Irán, Venezuela y el Grupo ALBA. Inmediatamente Argentina empezó a denunciar en organismos internacionales la militarización del Atlántico sur por parte del Reino Unido, y Londres, a aclarar que el buque solamente reemplaza a otro de menor nivel tecnológico y se mueve en aguas internacionales. Asimismo, el primer ministro Británico

David Cameron acusó a Argentina de colonialismo porque, según afirma, no respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el deseo y voluntad de los habitantes de las Malvinas que prefieren ser británicos en vez de argentinos. El Senado y la Cancillería argentina contraatacaron alegando que el Reino Unido es sinónimo de colonialismo y han estado llevando el tema al secretario general de la ONU y al mismo Consejo de Seguridad de la ONU. Muy pronto han salido resoluciones de apoyo a la tesis argentina en foros internacionales como la OEA, el Celac, Unasur y Mercosur. Y, desde luego, Hugo Chávez y Fidel Castro han aprovechado la coyuntura para denunciar a Londres y pedir la salida británica del hemisferio americano. Soberanía Y de nuevo, como en 1982, aparecen los argumentos de Londres y de Buenos Aires acerca de la soberanía de las islas. Para Buenos Aires la posesión británica actual de las islas constituye un resabio de una potencia colonial, y la soberanía de las Malvinas debe regresar a Argentina porque dichas islas se encuentran localizadas geográficamente en el Atlántico sur, en el mar de Argentina, a menos de 500 km de la costa suramericana y a cerca de 13.000 km de Londres. Además, las islas ya fueron argentinas desde 1820 hasta 1833, antes de que fueran ocupadas por la Armada británica. La tesis de que las Malvinas son argentinas es la piedra angular de la política exterior de Buenos Aires y una posición de consenso entre el Gobierno y los partidos de oposición en la nación suramericana. En los estudios de opinión, entre el 65% y el 70% de los argentinos creen que las Malvinas deben ser argentinas.

Por otra parte, según el punto de vista oficial de Londres, las Falkland Islands, o islas Malvinas, fueron descubiertas por el inglés John Davis el 14 de agosto de 1592 y son posesión británica desde 1833 cuando se convirtieron en un territorio de ultramar del Reino Unido, hoy bajo la suprema autoridad de la reina Isabel II, ejercida en su nombre por un gobernador, con el asesoramiento y asistencia de un Consejo Ejecutivo y una Asamblea Legislativa. Y la diplomacia británica argumenta que más del 90% de los aproximadamente 2.500 habitantes de las islas reclaman ser británicos y que solamente un isleño, James Peck, ha optado por la nacionalidad británica, después de ser pareja con una argentina y tener dos hijos con ella. Desde América Latina y el Caribe, el Caricom reconoce el derecho de autodeterminación de los isleños. En fin, que para Londres las islas Malvinas son en su configuración humana tan británicas como el “fish and chips”. Por otra parte, en instancias de las Naciones Unidas se sostiene que el archipiélago de las Malvinas constituye un territorio en disputa entre el Reino Unido y la República Argentina, y en varias oportunidades se ha llamado a ambas partes a que se sienten a dialogar y a negociar sobre el futuro de la soberanía de las islas. Sin ninguna duda, las Malvinas son hoy día británicas, pero no sabemos si algún día serán argentinas. Esperemos que la disputa se quede en los canales diplomáticos y pacíficos, y que no recaiga en los niveles de violencia y muerte (alrededor de 900 víctimas mortales) que caracterizaron la guerra de las Malvinas de 1982. *Politólogo. Director ejecutivo de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia.

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Nueva Política - No. 07 - Mar. 23 / 12

La Corrupción no tiene ideología: “Ortega y Somoza son la misma cosa” Por: María José Zamora S.

En las marchas cívicas organizadas por la sociedad civil nicaragüense, las que generalmente son acompañadas por diversos sectores, incluyendo a los opositores, es común escuchar la consigna: Ortega y Somoza son la misma cosa. Y es que sorprende el parecido que tiene el gobierno dictatorial de Daniel Ortega, con el de Anastasio Somoza. Analistas políticos y económicos nacionales, aseguran que la caída de Somoza se debió, en gran parte, a que el capital fuerte de Nicaragua se decidió a colaborar con la oposición, la que en ese momento vislumbró como única salida a la dictadura de Somoza, apoyar el movimiento guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Lo que la empresa privada nicaragüense no le perdonó a Somoza, dicen quienes dominan el tema, fue el hecho de que éste empezara a inmiscuirse en sus negocios, incurriendo así, lógicamente, en una competencia desleal, la que eventualmente rompería el balance de poder económico, hasta ese momento, consensuado entre el gobierno y empresa privada. Treinta y tantos años después del fin de la dictadura somocista en 1979, se repite la historia, al pretender Daniel Ortega mantenerse en el poder, más allá de lo establecido por la Constitución Política de la República de Nicaragua. Parece ser que el señor Ortega, borró de su disco duro, las justas razones por las cuales Somoza debía retirarse del poder. Y por el contrario, repli-

ca sus abusos, arbitrariedades y latrocinio de los bienes públicos. Lamentablemente, la empresa privada nicaragüense, en aras de mantener sus negocios funcionando, ha optado por dejar al presidente Ortega hacer y deshacer políticamente; no se atreven a reclamar a Ortega la perversión de las Instituciones, a las que le robó su independencia para convertirlas en instrumentos propios para extorsionar y acallar a sus adversarios, para mantenerse en el poder y para enriquecerse. Lo que aparentemente no calcularon los empresarios, “amigos” de Ortega, es que la codicia de éste, más voraz que la de Somoza, llevará al país, como sucedió en los años ochenta, al desastre económico, en el cual no solamente perderá el pequeño grupo de capitalistas nicaragüenses, sino peor aún, la inmensa mayoría de la población, y Nicaragua, como país. Como autócrata que es, Daniel Ortega no se rige por la Constitución, ni existe funcionario de Institución del Estado, alguna, que se atreva a pedirle explicaciones de sus actos fuera de toda Ley y Orden. Lo anterior le ha permitido a Ortega hacer de su propiedad no solamente el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, el que preside eternamente; sino lo más preocupante e inaceptable es el hecho de que maneja la cosa pública como un negocio privado familiar. Recientemente el diario LA PRENSA de Nicaragua, (www.

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laprensa.com.ni), publicó un revelador reportaje, en tres partes; con fecha 16, 17 y 18 de enero, sobre una investigación que explica cómo el gobierno de Daniel Ortega y su familia, hacen uso y abuso del poder para enriquecerse de manera escandalosamente inmoral y despiadada. Los titulares hablan por sí solos: “Petróleo hace más ricos a los Ortega”; “Operación: ordeñar el erario” y “COSEP lamenta competencia desleal”. Según la información presentada; la familia Ortega a través de sociedades y testaferros se apropió de la empresa que administra la distribución petrolera, la que solía ser arrendada por la empresa estatal Petronic al consorcio Suizo Glencore. La operación ejecutada por el gobierno, supuestamente tenía como objetivo recuperar para el Estado los bienes arrendados. Los periodistas autores del informe explican: “La compra de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) con al menos 50 millones de dólares del acuerdo petrolero venezolano no fue para recuperar sus activos para el pueblo y el Estado de Nicaragua, como se explicó en su momento, sino para convertirse en la empresa más rentable propiedad del presidente Daniel Ortega y su familia.” Dicha empresa petrolera, que factura más de 21 millones de dólares mensuales, está inscrita a nombre de José María Enríquez Moncada y de José Mojica Mejía, conocidos empleados del presidente Ortega, los que cedieron un poder a la nuera de Ortega, Yadira Leets Marín, quien “administra” la millonaria empresa petrolera. En la segunda entrega de tres se lee: “La incursión de los Ortega Murillo al negocio del petróleo ocurrió en agosto de 2009 cuando el gobierno sacó de juego al consorcio Glencore, que arrendaba los bienes de Petronic desde una déca-

da atrás. Las ganancias son ahora millonarias para la sociedad bajo el control de la familia gobernante”. La empresa DNP, además recibe cuantiosos ingresos provenientes de contratos con entes estatales, los cuales se establecen sin cumplir los mínimos requisitos legales. El gremio de los empresarios privados COSEP, han calificado esta operación como una forma de “competencia desleal”. El enriquecimiento y poderío de la familia Ortega Murillo está fuera de control. El caso de la empresa DNP, es la punta del iceberg. La familia Ortega-Murillo controla casinos, hoteles, medios de comunicación, fabricas, empresas de construcción y numerosas tierras productivas, en lo que se ha comparado con la corrupción reinante durante la dictadura de Somoza. La posibilidad de manejar a su antojo unos 500 millones de dólares pro-

venientes de Venezuela y jugosos acuerdos comerciales con ese país, ha dado un poder adicional a Daniel Ortega del que tenía Somoza. La nueva frontera del clan OrtegaMurillo es el gran cartel de narcotráfico que representa la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba), donde ya Venezuela y Bolivia gozan de sumas de ingresos inexplicables producto del uso de los aparatos estadales y las empresas públicas como grandes lavadoras de dólares del narco. La mezcla de poder total de los presidentes sumado a la impunidad dejan el territorio fértil para la corrupción. Lamentablemente Nicaragua vive un ciclo que se pensaba olvidado y no importa cuanta palabrería ideológica use Daniel Ortega y sus numerosos ladrones, al final sólo queda decir: “Ortega y Somoza son la misma cosa”

Nueva Política - No. 07 - Mar. 23 / 12

Rumbo a la VI cumbre de las Américas Dialogo: “Seguridad democrática en Centroamérica” Por: RedLad

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), Fundesa, el Gobierno de Guatemala, el Gobierno de Colombia y la Secretaria de Cumbres de las Américas organizaron una consulta regional en Guatemala el 27 de febrero de 2012, con el objetivo de impulsar el debate regional de actores sociales de Centroamérica sobre el tema de seguridad democrática, permitiendo el intercambio de experiencias, buenas prácticas y recomendaciones entre expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, así como elaborar recomendaciones e informe a ser presentados al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) para que formen parte de las recomendaciones a los gobiernos de ideas, políticas, estrategias y posibles acciones en el tema de Seguridad para ser adoptadas en la VI Cumbre de las Américas. Marco general: La discusión en torno a la Seguridad Democrática en Centroamérica debe enmarcarse, al menos en tres aspectos trascendentes: el primero, obedece a la historia reciente de algunos países que sostuvieron conflictos armados internos por años y cuya secuela aún perdura en la mente de muchas personas, y se mantiene en el debate y discusión social. El segundo, derivado de algunos procesos de paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala y sus respectivos Acuerdos , que en cierta medida, contemplan fuertes modificaciones y adaptaciones en los ejércitos y en las policías, además en los servicios de inteligencia de ambas instituciones.

El tercero, producto del único marco regional de colaboración conjunta en materia de seguridad, que reafirma su compromiso con la democracia y se basa en el Estado de Derecho y en las garantías de las libertades fundamentales: “El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica” (1995). Unido a lo anterior, el hecho de considerar erróneamente que Centroamérica pueda visualizarse como un todo uniforme, cuando diversos análisis evidencian lo contrario. Por ejemplo: el que Costa Rica y Panamá no cuenten con ejércitos, el hecho que algunos países sufrieron conflictos armados internos y otras diferencias más en relación con el desarrollo económico, social y político. Todo ello hace, que el análisis regional deba pasar por diversos filtros previos, que incluso aconsejen abordar el problema en forma regional con diferentes énfasis en cada país, de acuerdo a la dimensión de la problemática particular. Dicho lo anterior, se intentará un esfuerzo de síntesis que permita obtener algunas conclusiones de conjunto. Responder a los problemas de seguridad se va haciendo cada vez más necesario. Muchos informes de institutos e instituciones especialidades de América Central, analizan aspectos relacionados con la seguridad y, en particular algunos citan que la violencia es la principal preocupación ciudadana, lo que da cuenta de la magnitud de los desafíos de la seguridad. Por otra parte, la seguridad ha dejado de ser una preocupación exclusiva

de los Gobiernos y se ha convertido en un tema de esencial interés de los ciudadanos comunes, respondiendo al carácter integral de la seguridad. En definitiva, la discusión se ha enmarcado en principio como la globalidad, la intersectorialidad, la multidimensionalidad y la aprobación de la temática por la ciudadanía, lo que genera un espacio amplio de discusión, debate y análisis, así como toma de decisiones y posteriormente su socialización. Temas propuestos en el debate regional sobre seguridad democrática Diversas amenazas a la región fueron abordadas durante el análisis y la discusión en el Seminario Taller realizado en la Universidad Francisco Marroquín de la Ciudad de Guatemala, tales como: El Crimen Organizado, Pandillas Juveniles o Maras, la Migración Criminalizada, Tráfico de Armas, Trata de Personas, Narcotráfico, y otros. Todos ellos acapararon la atención de manera especial y fueron comentados por diferentes expertos y abordados en distintas perspectivas en conversatorios con los participantes de la academia, instituciones gubernamentales, organismos internacionales y sociedad civil que asistieron a dicho Seminario. Muchas fueron las dudas que surgieron durante el evento y otras seguirán en el debate, por ejemplo: los problemas de seguridad ciudadana deben ser abordados por fuerzas combinadas policiales-militares, los problemas de seguridad pública, de seguridad comunitaria fueron abordados en cuanto a su necesaria participación. El papel de los Estados en función de la prioridad de ciertas amenazas no percibidas igualmente por todos en la misma dimensión. La diferencia en cuanto a países del norte y del sur de Centroamérica en relación con la problemática nacional de violencia e inseguridad que manejan, el funcionamiento de los sistemas de justicia, y otros.

En resumen, hay una serie de temas que podrían clasificarse en diversos grupos, tales como: La seguridad de las personas y sus bienes, la seguridad regional, el Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Expertos Ponentes: - Lic. Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación de Guatemala - Dr. Alejandro Borda, Co-Director de la VI Cumbre de las Américas, Colombia - Dra. Socorro Ramírez, Colombia - Lic. Roberto Ardón, Director Ejecutivo de CACIF e integrante del Consejo Asesor de Seguridad

Sugerencias para la VI Cumbre de las Américas

La necesidad de comenzar un debate profundo, serio y multidisciplinario sobre la propuesta de acometer otra forma de lucha de combate y prevención del delito, tales como crimen organizado y el narcotráfico, como podría ser la legalización del consumo de la producción, comercialización y tránsito de las drogas por Centroamérica.

La necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en Centroamérica de forma que se enfrente contundentemente cualquier violación a la ley.

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- Lic. Felipe Bosch, Vicepresidente de FUNDESA, Guatemala

Profundizar la discusión acerca del papel de los ejércitos y de las policías a nivel regional.

- Roberto José Orozco Betancourt, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Nicaragua

Armonizar y fortalecer las Instituciones que imparten la justicia.

- Dip. Paula Rodriguez, Vice Presidenta del Parlacen

Fortalecer el papel del gobierno local, para enfrentar la problemática de la inseguridad y de la violencia.

- Fernando Berrocal, Exministro de Seguridad y Defensa de Costa Rica - Marjorie Chorro de FUSADES, El Salvador. - Salvador Paiz de FUNDESA, Guatemala - Dr. Pedro Trujillo, Universidad Francisco Marroquin, Guatemala - Dr. Juan Daniel Alemán, Secretario General del SICA - Sergio Moya FLACSO de Costa Rica - Bruce Bagley, Universidad de Miami - Raúl Benítez, UNAM de México - Lorena Escobar, ASIES de Guatemala - Dr. Carlos E. Ponce, Redlad

Impulsar estrategias que faciliten el trabajo coordinado, estrategias comunes y colaboración entre los gobiernos, los parlamentos, los actores sociales, la academia y los sectores privados.

Profundizar en los espacios regionales de cooperación de forma que se enfrente la problemática con marcos y políticas unificadas.

Profundizar el debate sobre la estrategia de seguridad hemisférica, pero teniendo en cuenta que la región tiene a su vez, diferentes sub-regiones con amenazas y riesgos muy distintos.

Se necesita contar con estadísticas confiables y comparables para que las acciones y planes puedan ser basados en datos y así darles seguimiento en su efectividad. Se requiere un observatorio que permita dar seguimiento estratégico a los planes y acciones.

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Nueva Política - No. 07 - Mar. 23 / 12

Nueva Política - No. 06 - Feb. 8 / 12

Defensoras/es de Derechos Humanos de Honduras valoran visita de Relatora Especial de la ONU parte de los cuerpos de seguridad del Estado, identificando claramente a los principales blancos de agresiones. “He observado que ciertas categorías de defensores de DDHH se encuentran particularmente en situación de riesgo en Honduras, incluyendo periodistas, trabajadores del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), abogados, fiscales y jueces, así como los defensores y defensoras que abogan por los derechos de la mujer, la niñez, la comunidad LGTBI, las comunidades indígenas y afro-hondureñas y también aquellos que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente y el derecho a la tierra”. También manifestó su malestar por la estigmatización que sufren las defensoras y defensores por parte de funcionarios públicos, incluyendo altos funcionarios del Estado, en sus declaraciones públicas.

Por: RedLad La visita a Honduras de la Señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, el pasado mes de febrero, causó un enorme interés en el país. Su visita suscitó la atención del alto gobierno, además de la aprehensión de los círculos oficiales y políticos estrechamente vinculados con el Golpe de Estado de junio 2009 y su posterior secuela de violaciones a los DDHH. Entre el 7 y el 14 de febrero de 2012, la señora Sekaggya y su equipo visitaron las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Ceiba. En ellas, tuvo la oportunidad de reunirse con altos dignatarios del Estado hondureño, incluyendo al Presidente Porfirio Lobo

Sosa, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y la Oficina de la Fiscalía Especial para los Derechos Humanos. También se reunió con miembros de la comunidad diplomática y agencias de las Naciones Unidas, incluyendo al Coordinador Residente, además de representantes de diferentes ONG defensoras de DDHH. En la conferencia de prensa del día 14 de febrero del 2012, con la que oficialmente puso fin a su visita, la señora Sekaggya hizo una fiel radiografía del preocupante estado de la situación de las defensoras y defensores de los DDHH en Honduras. En efecto, ella expresó su preocupación por las defensoras y defensores que son víctimas de agresiones, persecución y seguimientos ilegales por

Por otro lado, destacó que la impunidad reinante y la ausencia de investigaciones efectivas de las violaciones de DDHH socavan la administración de justicia y deterioran la confianza de la sociedad hacia sus autoridades. “La capacidad del Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones criminales efectivas e imparciales se ha visto seriamente afectada por la supuesta participación de miembros de la Policía, incluyendo aquellos que representan serias violaciones de los derechos humanos”. Y añadió que “en repetidas ocasiones, los defensores de DDHH me informaron que se abstenían de buscar protección debido a su temor a la Policía, y que el contacto con la misma los expone a mayores riesgos de seguridad”. Igualmente preocupada se mostró por haber recibido información que evi-

denciaba que miembros de la Policía, incluyendo algunos de alto rango, han impedido y obstruido las investigaciones. A esto se suma el poco apoyo a los mecanismos creados para la defensa de los derechos dentro del mismo Estado hondureño, así como la interferencia política, falta de eficiencia, carencia de recursos, y amenazas al personal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. A pesar de lo anterior, la señora Sekaggya dijo estar complacida por la voluntad expresada por el gobierno de Honduras de acatar e implementar sus recomendaciones, que entre otras, son: - Establecer una política de Estado que reconozca el indispensable trabajo llevado a cabo por los defensores de DDHH y su protección debería ser garantizada. - Crear e implementar con carácter de urgencia, un programa de protección para defensores de DDHH que cuente con recursos necesarios. De igual manera es necesario establecer un marco interinstitucional que contemple la responsabilidad para la coordinación y la supervisión del funcionamiento del programa. - Planear de manera consensuada con los defensores de DDHH todas las medidas que se establezcan para su protección. - Identificar las prioridades y clarificar el rol de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Esta Secretaría deberá asumir responsabilidad en el desarrollo de políticas públicas, así como la coordinación de las estrategias de protección para los defensores de DDHH. - Incorporar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de DDHH en la legislación nacional. - Depurar urgentemente a la fuerza policial para incrementar la credibilidad de las instituciones responsables de aplicar la ley. Establecer igualmente una unidad específica de policías entrenados para la protección de defensores de DDHH. - Garantizar la efectiva administración de la justicia como factor clave

para la protección de los defensores de derechos humanos. La independencia e imparcialidad de la institución judiciaria son fundamentales para asegurar el estado de derecho. - Garantizar que tanto actores públicos como privados respeten el trabajo de los defensores de Derechos Humanos. En casos en donde actores no estatales han cometido violaciones en contra de los defensores de DDHH deberán ser investigados, llevados ante la justicia. - Desalentar y sancionar oportunamente cualquier estigmatización en contra de los defensores de DDHH, ya sea proveniente de instancias públicas o privadas. ACI-PARTICIPA junto con otras organizaciones de defensoras y defensores de DDHH, se mantendrán vigilantes del compromiso hecho por el Presidente Lobo de cumplir las recomendaciones hechas por la Relatora. ACI-Participa y Protection International estarán pendientes de la publicación del informe de la relatora prevista para 2013. Las dos organizaciones llevan a cabo un programa de protección de defensores de DDHH en Honduras desde el 1o. de Junio 2011 proporcionando herramientas de protección para las organizaciones defensoras, procediendo a la verificación y sistematización de los casos de ataques a defensores y abogando por la creación de un mecanismo nacional de protección de defensores por las instituciones hondureñas. Contactos: - Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) Tegucigalpa, Hedme Castro, fv.honduras@ gmail.com (504) 2228 14 51, - Protection International (PI) en Bruselas: Pascale Boosten: pboosten@protectioninternational.org, tel: +32-2-6094409

Desde su lugar de refugio, Leo Valladares cuestiona: “¿por qué no estoy en mi país? ¿qué crimen he cometido? ¿quiénes me amenazan y por qué? Reviso mis actuaciones recientes, no he cometido ningún delito, mis actividades siempre han estado enmarcadas dentro de la ley, más en mi caso particular en que, como abogado y profesor de derecho, mi función es respetar y enseñar el respeto de las leyes. Si a grandes rasgos repaso mi vida, ha sido constante mi compromiso social en la lucha contra las injusticias y la desigualdad que se viven en nuestro país. Entonces, ¿por qué me han amenazado? Podría contestar, son aquellos a quienes no les gusta mi manera de pensar ni de actuar. A los que les perjudica que se haga justicia, que se respeten los derechos humanos; los que acumulan riquezas en detrimento de las mayorías, los que se han apoderado de las instituciones del Estado para utilizarlas en su beneficio, propiciando la impunidad. Los medios que utilizan son muy variados, van desde las amenazas, que infunden un daño psicológico y afectan al círculo familiar y social de la víctima, hasta toda clase de agresiones físicas directas o a los familiares; el secuestro, la tortura y, finalmente el asesinato. Los agentes perpetradores también son variados. No son solamente agentes ligados a las estructuras estatales, también se utilizan delincuentes comunes y hasta la misma delincuencia organizada. El caso que he expuesto, que es el mío, no es el más grave y patético, existen muchísimos casos más graves en nuestro país, que ni siquiera son conocidos”. Extracto Comunicado de prensa PI, Bruselas, 31 de mayo de 2011)

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Subida por la Vida Por: Pedro Cruz El sábado 21 de enero del 2012 se realizó en Guatemala la actividad denominada “Subida X La Vida”, en donde más de 18.000 guatemaltecos entre ellos ciudadanos, diplomáticos, políticos y funcionarios se unieron a los miles de jóvenes que desde primeras horas del sábado ascendieron los 3.772 metros del volcán de Agua ubicado en los alrededores de la ciudad de Antigua Guatemala, específicamente en Santa María de Jesús, aproximadamente a unos 45 km del suroeste de la ciudad capital. Dicha actividad consistía en formar una cadena humana para manifestarse contra la violencia, debido a los altos índices de violencia que se están sufriendo en este país. Esta actividad fue liderada por Jóvenes por Guatemala, una asociación de jóvenes que promueve la participación ciudadana activa, en acompañamiento con la Embajada Británica y más de 44 empresas privadas que se sumaron a este esfuerzo. A la vez se contó con la participación de instituciones del estado coordinados por la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres). La Subida por la Vida se hizo con el fin de promover la campaña “Rompe el Ciclo” la cual se lanzón en el año 2010 para inspirar un cambio generacional de actitud en contra de la violencia doméstica como uno de los principales focos de la violencia común en los países latinoamericanos. Otro de los objetivos de esta actividad fue darle un fuerte estímulo de

hermandad, unidad y determinación a la juventud guatemalteca de llevar un cambio positivo al país y así poder crear una imagen positiva de Guatemala ante el mundo entero. Cabe resaltar que durante todo el ascenso se pudo percibir un sentido de hermandad y solidaridad. Cada participante hizo una donación monetaria de aproximadamente $6.50 por participar en dicha actividad lo cual fue destinado a la asociación Nuevos Horizontes para el fortalecimiento de un albergue para poder atender a mujeres y niños víctimas de la violencia intrafamiliar. La actividad dio inicio alrededor de las 4:30 AM, desde la Iglesia de El Calvario, punto de reunión para los participantes, los cuales fueron organizados en 6 grupos, siendo el grupo 1 quienes llegarían hasta el cráter y el grupo 6 se quedaría en las faldas del volcán.

Al medio día el presidente de la República, Otto Pérez Molina entregó una bandera de Guatemala la cual fue pasada de mano en mano hasta ser colocada en el cráter principal del volcán, la misma se colocó sobre un corazón gigante de 60 m. X 60 m., sostenido por más de 15.500 personas, que contenía el mensaje central de la campaña “Enseña Amor No Violencia”. Es importante comentar que uno de los principales éxitos de la “Subida X La Vida” fue el enorme entusiasmo que tienen los jóvenes guatemaltecos de demostrar que cuando se trabaja con pasión y con amor por el país se pueden alcanzar grandes objetivos. Cabe mencionar que con el apoyo de empresas reconocidas a nivel nacional e internacional se evidencia el interés de dar valor a las ideas de muchos jóvenes con muchos deseos de un cambio positivo en el país y así trabajar por una nación que quiere vivir en paz.

Nueva Política No. 06 - Feb. Mar / 20

Soldaditos de batallas ajenas Por: Marta Gaba* Cuando éramos pequeños, nos narraban historias de niños héroes que luchaban en el frente de batalla y daban su vida por un ideal: tal es el caso del preadolescente mártir Pedro Ríos, de 12 años, conocido como el tambor de Tacuarí y que en Argentina conocemos desde la escuela primaria. El niño perdió la vida a causa de dos balazos en el pecho que recibió en la batalla de Tacuarí, durante la Campaña Libertadora del Paraguay al mando del General Belgrano. ¿Y quién no recuerda al pequeño vigía lombardo que nos presentara Edmundo De Amicis en Corazón? No hace mucho tiempo se descubrió que el heroico niño existió realmente y su nombre era Giovanni Minolono. Mucho antes, en el año 1212, tuvo lugar la Cruzada de los Niños: se envió a los pequeños a luchar contra el “enemigo infiel” asumiendo que el Espíritu Santo los protegería. Aquellas historias supuestamente contribuirían a formar en nuestras jóvenes mentes las ideas de heroísmo, valor y entrega a los ideales. La parte triste de todo esto es que siempre han existido y siguen existiendo niños que batallan en las Fuerzas Armadas y ejércitos paramilitares de distintos países. Esto no es romántico, novelesco o inspirador. Es repudiable, condenable y violatorio de los derechos del niño.

Hay infantes soldados en ejércitos nacionales de algunos Estados sanguinarios; hay niños milicianos a las órdenes de reyezuelos y dictadores de turno; hay niños guerrilleros, bajo el mando de fuerzas clandestinas y paramilitares. Y existe un mundo que los rodea y parece ignorar lo que les está sucediendo. Según distintos informes, hay entre 300.000 y 500.000 menores combatientes en conflictos armados en 21 países. Sobre esta cifra, el 40% son niñas, que sufren además abusos sexuales: muchas de ellas son utilizadas como esclavas sexuales y padecen todo tipo de abusos. Las niñas reclutadas a estos fines son invisibles a los ojos de la sociedad e incluso, cuando terminan los conflictos armados, son discriminadas y excluidas de los procesos de desarme. Muchas de ellas regresan embarazadas o siendo madres de niños pequeños, razón por la que son excluidas de sus comunidades y rechazadas por sus familias. Los países que cuentan con mayor cantidad de niños soldados son la República Democrática del Congo, Sri Lanka, Filipinas y Uganda. También hay niños padeciendo en las Américas: basta con mirar el mapa de Amnistía Internacional (http://www.es.amnesty.org/camps/ ns/mapa.php) para darnos cuenta. Sin ir más lejos, a comienzos de este año nos sorprendían las fotografías de niños armados en Venezuela, provenientes de la parroquia caraqueña 23 de Enero.

Hasta la fecha, el Protocolo Facultativo sobre Participación de Niños en Conflictos Armados ha sido ratificado por 142 países. Es bueno recordar que el 12 de Febrero es el Día Internacional contra la Utilización de Niños y Niñas Soldados, recordando que el 12 de febrero de 2002 fue el día de puesta en vigencia del Protocolo. Esa fecha también es conocida como Red Hand Day (Día de la Mano Roja). Cada año, ese día es una oportunidad para reflexionar sobre estas atrocidades y trabajar para que de una vez por todas se ponga fin a las violaciones a los derechos de los niñas, niñas y adolescentes.-

*Abogada y consultora especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la incidencia. Directora de Capacitación e Investigaciones de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Directora de Tecnologías para una Democracia Activa en FNGA. Docente en FLACSO-Argentina y en la Escuela Virtual de Gobierno Tomas Moro. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Nueva Política. mg@martagaba.com

OBSERVATORIO DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

Democracia en permanente construcción Por: Rosa Quintana* América Latina ha transitado por cambios profundos en los últimos 25 años. Algunos de sus países han pasado por transformaciones en sus estructuras económicas, sistemas políticos, entramado e identidades sociales y las relaciones de los estados con la propia sociedad. Las dictaduras militares en el Cono Sur, dejaron huellas profundas en la identidad colectiva de sus pueblos, donde las nuevas generaciones desconocen en su mayoría la historia real de su país y aún permanecen heridas que no han cerrado. A mediados de la década de los 80, la Democracia comienza a recuperarse en la región. Su retorno contuvo una etapa de transición que hasta hoy sigue en permanente construcción, siendo ésta una de sus principales fortalezas. El compromiso de los Estados a construir, consolidar y fortalecer la Democracia, incluye algunos principios que hacen al sustento de la misma: - Un gobierno democrático se basa en la libertad del pueblo, que se expresa regularmente por medio de elecciones libres, justas, garantizando el cumplimiento de las leyes y de aplicar imparcialmente la justicia. - El difundir, garantizar y promover los Derechos Humanos y así como las libertades fundamentales, son responsabilidad del Estado y obviamente del gobierno de turno. - La separación de poderes forma otra parte esencial de la Democracia, que tiene que responder a los principios fundamentales de la misma. Si bien estos pocos sustentos, que todos/as mencionamos - así como los Estados mismos -, podemos mencionar que en la actualidad algunos gobiernos son catalogados de autoritarios siendo elegidos a través de las urnas. Entonces, nos preguntamos: ¿Qué sucede con las constantes denuncias de violación a muchos de

los derechos fundamentales? ¿Cuál es el motivo de que las urnas reflejen lo contrario ante una consulta popular a pesar de las denuncias? ¿Qué sucede con la Comunidad Internacional ante estas denuncias y las guerras en defensa de la Democracia? ¿Acaso la burocracia que contienen todos los gobiernos en mayor o menor medida, se convierten en los medios ideales para controlar el poder y burlar el sustento de la misma? Lejos de tener las respuestas, aunque sí opinión, considero la educación como indispensable y debe de ser unos de los reclamos prioritarios de la sociedad a sus gobiernos. La población debe tener conocimiento y capacidad de pregunta para así ejercer sus derechos individuales y actuar en defensa de sus valores e instituciones. Y éste es uno de los objetivos que más valoro de la Sociedad Civil y uno de los sustentos de la Democracia: contribuir a la educación de derechos y de ciudadanía. Se hace necesario de una sociedad civil con fortaleza, que contenga la voluntad, la independencia gubernamental y la capacidad de actuar en defensa de sus valores e instituciones con la gente y no “para” la gente. Una sociedad civil que no permita ser utilizada como mecanismo político partidario, dónde la ética y la responsabilidad estén presentes -si no fuera así quedaría vacía de credibilidad- pertenezcan al lugar que pertenezcan. Por consiguiente la Democracia debe de ir acompañada de la Sociedad Civil como sustento de fortalecimiento en la acción social y política, pero siempre desde la responsabilidad mutua, con diálogo, compromisos, lealtad y ética.

Algunos gobiernos intentan maquillar la historia con diferentes palabras, el socialismo es desvirtuado, los bloqueos económicos persisten, las minorías son excluidas, la pobreza es extrema y la seguridad ciudadana es un nuevo problema. Las cárceles están superpobladas sin políticas eficaces para la reinserción social y otras contienen personas privadas libertad por ideología y sin legítima defensa, persiste el exilio político más sutil que en épocas dictatoriales y se incrementó el exilio económico. Sin ánimos de justificar lo que no comparto, analizo que el autoritarismo persiste en América Latina, porque en ella se mantienen matrices caudillistas, sucesión de golpes militares y la debilidad de sus instituciones civiles y políticas para comprometer a la gente. Notamos a una Europa que vive la Democracia con indiferencia pues asume la misma como un hábito cuyo contenido no necesita ser explícito. Sin embargo Latinoamérica tiende a tentarse con el autoritarismo y ese es uno de los riesgos más angustiantes, pero que nos mantiene en alerta, con nuestros corazones encendidos, con la participación para llenar parlamentos, a juntarnos y dar vida a nuestras palabras, a ser tolerantes, a la búsqueda de una conquista democrática segura y a combatir el individualismo que rompe no sólo a la sociedad civil sino también al Estado. Mirar hacia atrás nos enseñará a construir un futuro sin cometer los mismos errores, uno de los sustentos de la Democracia somos nosotras/os mismo/as.

La Democracia como conquista Si bien América Latina ha tenido avances, en muchos países algunas libertades son cercenadas desde gobiernos electos en las urnas y la Sociedad Civil da la voz de alerta y de denuncia.

*Coordinadora General Alterna Redlad, Diputada Suplente del Partido Socialista de Uruguay, Coordinadora de la Secretariia de Equidad y Genero del Partido Socialista.

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Observatorio de Democracia y DDHH e Índice de Democracia y Derechos Humanos La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia está poniendo en marcha un Observatorio que permitirá el seguimiento sistemático del desenvolvimiento de la Democracia y los Derechos Humanos en los países de la región. Nuestro objetivo es orientar acciones de promoción y protección de la Democracia y dirigir una actuación inmediata en situaciones de riesgo de defensores/ as de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. El Observatorio de la Democracia y los Derechos Humanos es una iniciativa que articula la contribución de numerosas ONGs de toda la región en un esfuerzo sistemático que incorpora adicionalmente información de los medios, redes sociales y las ONGs, la organiza por país y por tema de interés, la analiza y delinea su evolución, y emite a tiempo las alertas de casos o situaciones que requieren acción urgente y seguimiento continuo de mediano, corto o muy corto plazo. El Observatorio de la Democracia y los Derechos Humanos adicionalmente producirá su Índice de Riesgo para la Democracia y los Derechos Humanos, IR2DH. Hemos creado este índice para contar con una medida que permita ubicar el estado y la evolución de ambos asuntos, y a la vez permita comparaciones de un mismo país y con respecto a otros. Estamos conscientes de la existencia de los índices producidos por entidades globales como The Economist y Freedom House.

Nuestro índice, el IR2DH, enfatiza criterios más vinculados con la realidad latinoamericana como la separación de poderes, y aspectos vinculados con el autoritarismo, comoson la relección indefinida, y otros como la coerción sistemática de la oposición y el uso de los recursos del Estado para acallar a los opositores. Nuestro índice IR2DH incorpora también aspectos que sirven como “controladores” de ese riesgo para la Democracia y los DDHH, es decir, aspectos que reducen riesgos por estar relacionados con el cumplimiento de los fines de la democracia: un ejemplo de ello es la reducción de la Pobreza. El Índice de Riesgo para la Democracia y los Derechos Humanos, IR2DH, incorporará la evaluación de aspectos formales relacionados con la Democracia y los Derechos Humanos, y también aspectos de su ejercicio real y de la interacción Estado-Ciudadanos. Cubrirá seis (6) áreas críticas para la realidad de la región: Alternabilidad en el Poder ejecutivo, Separación de Poderes, Sistema Judicial, Sistema Electoral, Medios de Comunicación y Derechos Humanos. El IR2DH será producido de manera trimestral. El Observatorio de la democracia y los Derechos Humanos y nuestro Índice de Riesgo para la Democracia y los Derechos Humanos, IR2DH, son iniciativas posibles gracias al generoso aporte de la Unión Europea (UE) y de las organizaciones que forman parte de esta iniciativa.

Informe de Democracia Observatorio Democrático Coordinación del Informe: Alvaro Briceño - Apoyo en levantamiento de información: Pablo Innecken Argentina *Con aportes de Rocío Rius y Marta Gaba. Tras cincuenta años de una traumática alternancia entre gobiernos civiles y militares Argentina hoy muestra una estabilidad inédita de su régimen democrático. Pese a los avances que el retorno de la democracia significó en materia de derechos políticos, persisten severos déficit en otras dimensiones de la ciudadanía. La debilidad de los partidos en Argentina y la carencia de liderazgos vienen marcando la realidad política del país. En la reciente elección presidencial, la presidenta argentina, Cristina Fernández, logró su reelección con un triunfo sin precedentes desde el retorno de la democracia al país, más del 53 por ciento de votos y 36 puntos de ventaja sobre el segundo candidato más votado, el socialista Hermes Binner. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia participó con observación electoral apoyada a través de varias organizaciones miembro como FAVIM Acción Ciudadana, la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA)...

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Libertad de Asociación Tarea pendiente en Latinoamérica Por: Dr. Carlos E. Ponce S.

Corrdinador General RedLad, directivo del Movimiento Mundial para la Democracia y ISC Comunidad de las Democracias, Profesor y activista. https://twitter.com/ceponces http://twolatinamericas.blogspot.com/ ceps@hotmail.com

La libertad de asociación no sólo es un derecho fundamental, sino que también facilita la capacidad de los ciudadanos a tener voz en cómo funciona el gobierno. Una de las primeras cosas que los regímenes autoritarios aplican cuando quieren tomar el poder total es ejercer un control indebido y una persecución contra los sindicatos, medios de comunicación y la sociedad civil. Respetar la libertad de asociación no es algo que los gobiernos de buena voluntad o la caridad pueden hacer. Por el contrario, la libertad sindical y la libertad de asociación es un derecho de cada uno de los ciudadanos y el derecho de todos implica una obligación de los Estados. Los gobiernos tienen la obligación de no violar el derecho de asociación. Además, los Estados están obligados a no interferir indebidamente con la libertad de la sociedad civil para operar, recibir fondos lícitos para sus operaciones, acceder a la información y hacer las denuncias o recomendaciones según el área de trabajo de la organización. Tampoco debe haber interferencia del Gobierno o sus partidarios a algunas tendencias u otros entes al trabajo de estas organizaciones, sindicatos, colectivos o grupos organizados; se debe proteger a las organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de los Derechos Humanos del daño que pueda ocurrirles en el ejercicio de su derecho de asociación. Esto significa estar libre de intimidación, coerción, y el daño físico; la libertad de asociación sólo de legislación tampoco es suficiente,

debe ser efectiva en el ejercicio del derecho, si no esta realmente garantizada, no es libertad en absoluto. El Artículo VI de la Carta Democrática Interamericana, establece que la participación ciudadana es un derecho esencial y responsabilidad de Estado en garantizarlo para lograr el pleno ejercicio de la democracia. Sin embargo, en América Latina, algunos gobiernos repetidamente violan el derecho de asociación. Gracias al esfuerzo de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Redlad, en coordinación con otras redes y organizaciones de la región, se logró la aprobación en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la Resolución para la PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN EN LAS AMÉRICAS. La resolución fue aprobada el 8 de junio de 2011 por los 34 estados de la OEA en la Asamblea General, que tuvo lugar en El Salvador. Esta representa la primera vez que los gobiernos Latinoamericanos abordan formalmente el derecho de asociación en la región y se comprometen expresamente a garantizar ese derecho. Según el texto de la resolución, los Estados se comprometen a promover y fomentar las diversas formas de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y a proteger y respetar los derechos de reunión pacifica y libre asociación en concordancia con el derecho internacional de los Derechos Humanos.

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La resolución es muy simple, se dirige a realzar la importancia del derecho de asociación y el compromiso de los Estados por respetar el mismo, de igual forma establece la obligación de la Organización de Estados Americanos de elaborar un informe con expertos que permitan el desarrollo de estrategias para que este derecho sea efectivo en cada uno de los países de la región. Pese a que la Redlad y otras organizaciones han insistido y ofrecido apoyo para el desarrollo de este informe, la OEA ha hecho caso omiso y han dejado la resolución sin mayor efectividad. Nos toca como sociedad civil seguir presionando y seguir proponiendo ideas y haciendo un esfuerzo de coordinación para que realmente exista un derecho de asociación en toda la región. Gracias al apoyo del Fellowship Reagan-Fascell logré desarrollar una investigación sobre las legislaciones y los retos en materia de libertad de asociación en Latinoamérica, permi-

tiendo con esto un estudio comparado de todos los países. Es una investigación que logra ver que hay muchas cosas positivas y hay muchos países donde el derecho de asociación se respeta y se facilita el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil. Otros países necesitan mejorar sus legislaciones y también su actitud con respecto a sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Conjunto con ese estudio tomé ciertos indicadores de referencia y con la ayuda de las organizaciones de la Redlad y algunos expertos/as de la región logré levantar la información de cada país y desarrollar un índice. Toda esta información esta recogida en un libro publicado por la Escuela de Gobierno Tomas Moro, EGTM, bajo el título “Limits to Freedom of Association of Civil Society Organizations in Latin America”, en este informe podrán encontrar la información completa por país en un cuadro comparativo que permitió desarrollar los indicadores que presen-

to en este artículo. El mismo digital está disponible en tomasmoro.net y el libro disponible en Amazon.com. En la investigación se encontraron países que cuentan con sistemas justos para el registro en línea de organizaciones, muchas veces de inmediato, sistemas de acceso a la información, y las organizaciones están libres de control de intrusión del gobierno y el propio gobierno tiene un sistema eficaz para proporcionar a las ONG las exenciones de impuestos. Se encontró que muchos países tienen legislaciones atrasadas y no dan prioridad al ejercicio del derecho de asociación, otros países sí muestran una clara persecución contra actores sociales y restringen seriamente la libertad de asociación. A nivel metodológico, además de la información documental, las referencias de los sistemas de seguimiento de diversas organizaciones que vienen levantando indicadores, la información del Movimiento Mundial para la Democracia y de otras organizaciones

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que trabajan sobre el tema de derecho de asociación, se tomaron una serie de indicadores fundamentales para medir el grado de libertad de asociación y se elaboró/distribuyó un cuestionario y una encuesta entre 293 expertos y organizaciones de todos los países de la región y se recibieron un total de 178 respuestas al mismo. Las respuestas fueron tabuladas y comparadas con la data que se tenia de otros índices e informes disponibles, ello permitió desarrollar un cuadro comparativo y se asignaron valores del 0 al 5, siendo 5 el mejor desempeño del indicador especifico y 0 el peor desempeño. Gracias a esa información podemos visualizar los paises con mejor desempeño. En mi estudio, por supuesto Cuba es el peor país en términos de libertad de asociación, este país simplemente viola todas las libertades fundamentales. Aun cuando la ley cubana en teoría permite la inscripción de una

organización de la sociedad civil, la libertad para operar es muy limitada. Otro caso grave es el de Venezuela donde hay leyes específicas que limitan el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y al mismo tiempo la persecución ha sido sistemática. Otros países por el contrario se muestran muy abiertos al respeto del derecho de asociación y sindicalización, como son los casos de Chile, Brasil, Uruguay, entre otros. En la grafica de abajo podemos observar con mayor detalle las diferencias en cuanto a la libertad de asociación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en los diferentes países de la región. Al igual que Cuba y Venezuela, los peores desempeños los encontramos en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Ecuador ha aumentado en los últimos años los controles, regulaciones y limitaciones de la sociedad civil. En el caso de Nicaragua, las organizaciones

de la sociedad civil manifestaron la persecución y controles del gobierno. Bolivia lamentablemente persigue sistemáticamente a organización es que reciben financiamiento extranjero. Costa Rica, el país que parecía susceptible al funcionamiento de la sociedad civil, también tiene problemas. La legislación obsoleta dificulta la capacidad de las organizaciones a registrarse, estableciendo que un funcionario del gobierno debe ser parte de las directivas. Mientras tanto, en Perú, un sistema regulador fuerte controla estrechamente la sociedad civil y funcionarios del gobierno son propensos a aplicar restricciones. Algunos países, como Argentina, Uruguay y El Salvador, requieren una inversión inicial de más de $ 1.000 para el registro de una organización. En abril de 2011, Honduras aprobó una ley que regula las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que pareciera ser bastante avanzado en

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cuanto a las libertades, salvo que establece un mínimo de 7 personas en la junta de una organización y deja muchas potestades al reglamento, pero pareciera que mejora la situación de ese país en cuanto al ejercicio de ese derecho. En la investigación, sólo Chile y Brasil mostraron los más altos niveles de libertad de asociación y de operación para las organizaciones de la sociedad civil. Brasil tiene un sistema en línea para registrar las organizaciones no gubernamentales y es muy fácil de usar, no impone limitaciones a las organizaciones en términos de financiación, la comunicación, o las operaciones. Además, las contribuciones de los donantes a las OSC registradas son deducibles de impuestos. En Chile, se registran las organizaciones dentro de un plazo máximo de dos meses después de la aplicación. El gobierno de Chile ha establecido un fondo para fortalecer la sociedad civil y permite a los donantes individuales y corporativos para las OSC, en contribuciones que pueden deducir hasta un 5% del ingreso anual del donante. También Colombia ha simplificado el proceso de registro en el registro de las ONG que pueden tener lugar en menos de 24 horas a través de la Cámara de Comercio. Por otra parte, Colombia también ha establecido políticas favorables de impuestos hacia las ONG, incluidas las exenciones de impuestos e incentivos fiscales para los donantes. Siguen preocupando en Colombia las amenazas a los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil por parte de los grupos violentos y la deficiente protección que da el gobierno. Las OSC en Argentina, México y El Salvador también gozan de un grado de libertad, no experimentado en otros países del hemisferio. Estos países tienen sistemas justos de registro y pocas restricciones sobre las

operaciones de las OSC. El registro es en línea y libre de controles que pudieran verse como represivos. Las OSC en estos países también gozan de la exención de impuestos. El problema encontrado en estos países es el costo del registro de una organización, el cual es exorbitante. Según los entrevistados el registro puede costar más de US $ 1.000. En México y Argentina, también hay limitaciones a la libertad de expresión debido al control de los medios de comunicación por conglomerados privados. En El Salvador, la facultad en manos del Ministerio de Gobierno para disolver el registro de las organizaciones, debido a “actividades ilegales” sin una explicación clara del proceso puede ser un factor que afecta el funcionamiento de las organizaciones por poder dejar una ventana abierta para las retaliaciones contra organizaciones de contraloría o que señalan posibles abusos del poder. En el caso de México, la ley también permite a las OSC a participar en la planificación de la política exterior. En algunos países como El Salvador, República Dominicana y Honduras, las OSC se registran automáticamente si la autoridad de registro que tiene la decisión no responde en un máximo de tres (3) meses (silencio positivo). La mayoría de países tienen un sistema centralizado para que las OSC puedan registrarse y una base de datos para no perderlos de vista. Hay muchos Estados que limitan las operaciones de las OSC por circunscribir sus operaciones de acuerdo con el requisito legal de que la OSC no actuar de forma contraria “a la moral o el orden público”, por ejemplo Panamá o la “seguridad del Estado” como en Chile. Estas limitaciones pueden dar al gobierno demasiado poder para hacer las determinaciones de lo que es “moral” y de “orden público”.

Es necesario que los parámetros de registro y funcionamiento de OSC sean claros y no exista la amenaza de que conceptos amplios y vagos como “moralidad”, “orden público” o incluso “la seguridad del Estado” puedan ser utilizados para delimitar las OSC que no sean vistas como amigas de un gobierno de turno. Este es el caso en Panamá, donde ha habido varios casos en que el gobierno se ha negado a inscribir organizaciones de diversidad sexual por supuestamente no estar en armonía con la moral pública. En Venezuela, el Tribunal Supremo ilegalizo la recepción de fondos del exterior. En otros casos, la ley requiere a las OSC operar de acuerdo con el “interés público” y una ley aprobada en diciembre de 2010 prohíbe organizar o invitar a alguien que pueda ser criticó al gobierno. Países como Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua ponen límites directa o indirectamente a la capacidad de una OSC de recibir fondos del exterior. En cuanto a las libertades sindicales, lamentablemente nuestra región sigue bastante atrasada. Persisten violaciones a los convenios y recomendaciones de la OIT en materia laboral y sindical en diversos países como se refleja en el último informe de la Comisión de Expertos de la Oficina Internacional del Trabajo. Una de las principales conclusiones de esta investigación sobre libertad de asociación es que hay muchas experiencias positivas y buenas prácticas en la región que demuestran que sí es posible tener una legislación y una conducta que respete el derecho de asociación. Mientras más democrático es el país, mayores garantías se da a sus actores sociales para operar.

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Reflexiones sobre lo que se ha venido en denominar “Valores de la Democracia” Por: Pedro Trujillo Álvarez Introducción El término democracia se ha convertido en una palabra usual en la dialéctica social. Hablamos de democracia no importa que contexto, incluso se utiliza para hacer referencia a actividades o actuaciones que deseamos sean entendidas como sinónimo de correcto, de legítimo, de pactado, de consensuado, etc. Aludimos a la democracia para buscar la complacencia del interlocutor que tenemos enfrente y hacerle ver nuestra predisposición a actuar de buena fe y, en muchas ocasiones, incluso, se utiliza como contraposición a dictadura, autoritarismo o absolutismo. Democracia, una palabra que semánticamente tiene un significado limitado aunque aspiramos a que abarque demasiado y ciertamente se ha quedado corta para englobar los deseos políticosociales del individuo. Su significado se trastoca multidimensional porque obedece a quien la pronuncia y su alcance no tiene horizonte definido porque imprecisa es su dimensión. Cualquiera la puede utilizar para sus propósitos sin que realmente quede claro a qué desea referirse ni el interlocutor lo reclame. Se promueve con frecuencia una suerte de término empalagoso, contagioso y amoldable a necesidades personales previamente determinadas por el emisor. La empleamos en prácticamente todos los discursos políticos e incluso es de uso frecuente en el dialogo cotidiano, pero si se preguntara a un determinado publico que entiende por tal, seguramente obtendríamos múltiples respuesta

diferentes. La democracia se ha convertido en una especia de sucedáneo, en un placebo utilizado para autoconvencernos de que finalmente encontramos el remedio para todos los problemas sociales que agobian el diario acontecer, como la encontramos el remedio para todos los problemas sociales que agobian el diario acontecer como la desigualdad, la pobreza, la convivencia, la solución de conflictos sociales y otros. No hay discurso de altura que no la cite, político en el mundo que no se autodenomine demócrata -independientemente de cómo hagas las cosas- ni propuesta que no incluya la democracia cómo mágica fórmula para legitimar el poder o para solucionar los problemas de naciones en las que hay serios cuestionamientos de sus regímenes políticos. La “diosa” democracia se ha convertido en protagonista de debates, de análisis, de discusiones, de firmas y ratificaciones de acuerdos, convenios y declaraciones, a pesar de no ser capaces de entenderla de idéntica forma. ¿Cómo podemos comunicarnos eficientemente si entendemos el término de diferente forma? ¿Qué es finalmente la democracia? ¿Qué persigue? ¿Cuáles son sus efectos reales o acciones asociadas? ¿Es un fin o un medio? ¿Cuál es el alcance?, son algunas de las preguntas por contestar que generalmente obviamos en el diario debate y pareciera que nos resistimos a abordar en profundidad. Entonces, ¿qué es la democracia? De su complejidad a la hora de definirla dan cuenta numerosos autores. El propio diccionario de la Lengua

Española tiene actualmente el concepto en revisión y ha enmendado su redacción, lo que es un indicador de que la palabra está “viva”, cambiando. Sustancialmente hace referencia a la intervención del pueblo, de la ciudadanía, en el gobierno. Esto es, un procedimiento por el que los ciudadanos de un país eligen, sustentan, controlan y hasta deponen (en algunos casos) a sus administradores públicos. No hay otras prerrogativas asociadas a la democracia desde una perspectiva puramente conceptual si bien desde la hermenéutica se le asocian valores, conceptos, tradiciones, derechos y otras condiciones producto de la ideología, de la costumbre, del momento e incluso del lugar del planeta de que se trate. Pero pareciera que no nos conformamos con esa simpleza terminológica. Da la sensación que necesitamos contar con un único término que englobe todos los anhelos del ser humano en sus relaciones políticas y sociales, y nos resistimos a emplear otra palabra otorgándole un valor superior, incluso supremo, al concepto “democracia”. Por tanto, la moderna democracia -muy distinta, por ejemplo, de aquella que proponían los clásicos griegos- termina acogiendo valores universales que no son producto de su original esencia, pero que se han globalizado y se sobrentiende que están (o deben de estar) ahí incluidos. La libertad, la observancia de los derechos humanos, el respeto a la vida y a la integridad personal, la convivencia pacífica, la toma de decisiones por mayoría, la alternabilidad en el poder, el voto universal y un largo etcétera son parte

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sustancial de esa definición ampliada que manejamos coloquialmente en nuestra relaciones interpersonales. Aunque no siempre fue así y desde “el gobierno de los más”, en la Política de Aristóteles, -donde explica las diferentes clases de democracia- o el “gobierno de la multitud”, de la República de Platón donde la contrasta con la “isonomía” , muchos autores han empleado el concepto desde perspectivas muy diferentes y contradictorias. Otros, se han encargado de adjetivarla interesadamente para sustentar, en cierta forma, valores asociados como los antes citados, apareciendo la democracia liberal, la socialdemocracia, la democracia indirecta, la participativa, la democracia multicultural, etc. Más recientemente otras clasificaciones se han posicionado en el imaginario social como la “democracia islámica” o la “democracia cubana” por no incluir otros términos que pudieran general mayor discusión o polémica. En resumen, nadie garantiza que dos interlocutores diferentes, aún empleando la misma palabra, perciban o comprendan de igual forma el concepto, aunque lo habitual es no formularse esa pregunta y continuar adelante con el debate o con el diálogo de manera satisfecha, dando por hecho que el otro entiende lo mismo que uno. El código parece importar menos que el mensaje transmitido. Presuponemos que avanzamos y sin hacer un necesario alto, nos introducimos en una dinámica demasiado rápida producto del mundo en el que vivimos, con poco tiempo para detenerse a analizar algo que todos decimos entender y que ciertamente empleamos con frecuencia. Es ahí, en contra de esa rapidez globalizada, donde parece oportuno detenerse y reflexionar porque sin ser lo urgente, es sumamente importante. Es preciso -imperioso incluso- hacer un alto en esta acelerada forma de comunicarse y meditar sobre los puntos

anteriores, que serán los que a fin de cuentas sustentarán el marco político de la vida en sociedad. Reflexionar, pero también comprometernos como ciudadanos libres y responsables con una forma occidental de hacer las cosas, con un procedimiento de solucionar problemas, con una manera de convivir en paz, de aliarnos para alcanzar una meta que no siempre es común. Meditando sobre el término: valores asociados a la democracia No obstante, de quedarnos exclusivamente en la puridad conceptual que marca el diccionario, es preciso, para continuar debatiendo el entorno, agregar un plus que denominaremos, por ahora, “valores de la democracia”. Es decir, aspectos por añadir a la definición que van más allá del simple ejercicio racional, periódico, libre y voluntario de la elección de mandatarios políticos. 1. El primero de los valores se refiere a la relación mayoría-minoría. Si bien las decisiones son tomadas por la mayoría (y eso es sustancialmente la democracia) no hay que escapar al análisis del papel de las minorías. Sin embargo no parece suficiente que el difuso y escueto “respeto a las minorías”, donde

la concesión es graciable -y por tanto arbitraria-, sea un argumento sustancial como valor agregado a la democracia. Es necesario referirse a algo mucho más específico y concreto, más real y evaluable, menos manipulable y volátil. Es preciso, para hablar de valor, que la democracia se asocie al RESPETO INELUDIBLE A LOS DERECHOS INDIVIDUALES. La vida, la libertad, la propiedad, no pueden ser vulnerados por nadie, ni siquiera bajo la justificación de una mayoría (el pueblo) que decida en tal o cual sentido y que en ocasiones pretende incidir en esos derechos fundamentales. No es banal la observación. Se afianzan en el hemisferio regímenes que se tildan de democráticos mientras hacen uso indiscriminado de normas que estatizan propiedades, impiden que la ciudadanía tenga libre locomoción, limitan, anulan o controlan la libertad de expresión o coartan al ciudadano que observa a diario como se reduce su espacio de libertad y se deterioran, cada vez mas, sus posibilidades de proyección personal...

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Nueva Política - No. 07 - Mar. 23 / 12

Rol de la Sociedad Civil en la reflexión sobre la CIDH Por: Victoria Amato Socióloga y periodista especialista en Derechos Humanos. Representante en Washington de la RedLad y Consultora para la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

En cuanto se supo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) conformaría un grupo de trabajo especial con el mandato de revisar las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones de la sociedad civil de la región se organizaron para monitorear de manera coordinada el proceso. En el contexto regional actual -marcado por democracias débiles, gobiernos intolerantes, conflictos sociales en aumento por demandas insatisfechas, altísimos grados de impunidad y sistemas de justicia ineficaces-, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos representa una ventana de justicia, quizás la única, para aquellas personas en busca de defensa y protección de sus derechos. Sumado a esto, nada menos que la OEA, como nunca antes duramente cuestionada por su cuasi crónica deficiencia para palear las tormentas de la región, se embarca justamente a revisar el funcionamiento de uno de los pocos organismos de la institución que goza de prestigio y reconocimiento por su trabajo en defensa de los Derechos Humanos. Por eso, fueron inevitables las preocupaciones surgidas de amplios sectores de la sociedad civil alarmados de que la OEA quiera revisar las funciones de la CIDH. Una de las razones principales de tal preocupación, recayó en el hecho de que la formación de este grupo

no fue el fruto de una reflexión profunda. En gran medida, respondió a una polémica desatada en abril de 2011 después de que la CIDH dictara medidas cautelares a favor de comunidades indígenas en Brasil y ordenara la suspensión inmediata de las obras vinculadas al proyecto de una usina hidroeléctrica. Como resultado, el gobierno brasilero retiró a su Embajador de la OEA y no pagó la cuota anual adeudando la suma de 6 millones de dólares, saldada recién en enero del 2012. Con la venia de otros Estados también molestos con las decisiones de la CIDH, Brasil presionó para que el mecanismo de medidas cautelares fuera uno de los temas prioritarios de la agenda. El temario incluyó además los siguientes asuntos: la designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, los desafíos y objetivos de mediano y largo plazo, los asuntos de procedimiento en la tramitación de casos y peticiones individuales, las soluciones amistosas, los criterios para la construcción del Capítulo IV del informe anual de la CIDH, la promoción de los Derechos Humanos y el fortalecimiento financiero del SIDH. Un tema álgido, que no hizo más que complicar el escenario, fue la reforma del artículo 11 del reglamento de la CIDH que regula el procedimiento interno para la elección del próximo Secretario/a Ejecutivo/a que reemplazará a Santiago Cantón a partir de enero del 2013. El texto propuesto inicial-

mente por la CIDH no convenció a José Miguel Insulza ya que no especificaba que, de acuerdo al Estatuto de la CIDH, es el Secretario General de la organización quien designa a la persona para ese cargo. El Secretario General le pidió a la CIDH una versión revisada que reconociera esa potestad. Muchos interpretaron este enfrentamiento como un intento de Insulza por ser él quien designara al funcionario/a para ese cargo, pero las dudas se despejaron cuando el Secretario General informó públicamente que aceptaría la persona propuesta por la CIDH. Solucionado este conflicto, de todas maneras, las preocupaciones de la sociedad civil y los interrogantes respecto de las verdaderas intenciones de los Estados sobre las labores de este Grupo de Trabajo se mantuvieron a lo largo de los seis meses que duró la primera fase de debates. LA SOCIEDAD CIVIL MONITOREANDO EL PROCESO Las organizaciones de la sociedad civil iniciaron entonces un proceso de monitoreo sobre las discusiones planteadas por el Grupo. Por las razones arriba mencionadas, fue más que evidente desde un principio la necesidad de monitorear el proceso muy de cerca y cabildear ante las misiones y cancillerías para asegurar que la OEA facilite un espacio de participación amplio e inclusivo para las organizaciones interesadas en presentar sus opiniones y recomendaciones sobre los temas en discusión. Además del seguimiento a las discusiones del Grupo, en simultáneo se llevaron a cabo numerosas acciones de incidencia ante las misiones en Washington y ante las cancillerías en los países de la

región. El mensaje que se intentó hacer llegar fue claro: por un lado evitar que las recomendaciones formuladas fueran en detrimento del importante trabajo que hace la CIDH en la región a través de sus diversos mecanismos y por el otro impedir que los Estados –históricamente críticos de la CIDH avancen con sus intentos por debilitar las funciones del organismo. No obstante, y comprendiendo que todo sistema es sujeto de perfección, la sociedad civil orientó su cabildeo partiendo de la premisa que era entendible la revisión de ciertos mecanismos o aspectos que pudieran representar desafíos a algunos Estados, pero que éstos no debían, bajo ningún punto de vista, debilitar las funciones de la CIDH o quitarle atribuciones adquiridas a través de su historia. En cuanto a los espacios de participación formal para la sociedad civil en este proceso, el Grupo de Trabajo incorporó en su agenda un diálogo con sociedad civil en la sede de la OEA con el fin de que las organizaciones de la sociedad civil tuvieran la oportunidad de presentar sus opiniones a los Estados. Lograr este espacio no fue fácil. En un principio la presidencia del Grupo

debió hacer importantes esfuerzos para convencer a algunos Estados que desde el inicio opusieron resistencia a la apertura del debate. Esos mismos Estados también se oponían a que el diálogo se realizara durante el período de sesiones de la CIDH de Octubre pasado, tal como se venía solicitando y aprovechando la presencia de un importante número de organizaciones de la región usuarias del Sistema que estarían durante esas fechas en Washington participando en audiencias ante la CIDH. Gracias tanto al cabildeo ante misiones de la OEA impulsado por varias organizaciones como a la propia presidencia del Grupo, se logró finalmente que los Estados aceptaran y el encuentro entre sociedad civil y Estados se realizó en las fechas propuestas. Se invitó a las organizaciones de la sociedad civil a exponer en cuatro minutos sobre uno de los temas de agenda del Grupo y a presentar por escrito un documento no mayor a 2.000 palabras. Entre las más de veinte organizaciones presentes, la RedLad estuvo también representada con una presentación sobre el rol de promoción de los

INFORME REDLAD - OEA

Nueva Política - No. 07 - Mar. 23 / 12

Derechos Humanos de la CIDH. La presencia de representantes de los Estados fue escasa y casi no hubo Embajadores presentes, evidente muestra que son pocas las misiones que realmente tienen interés en escuchar a la sociedad civil y –tal como ocurre en otros eventos de la OEA similares –si bien el espacio y la participación formal existen-, el intercambio continúa siendo pobre y el real diálogo escaso. Durante la reunión no hubo prácticamente reacciones a los temas planteados. No obstante, las recomendaciones de las organizaciones fueron compiladas en un documento único que se entregó a las misiones y también se incluyó en la página del Grupo de Trabajo. Hacia el final de los debates del Grupo de Trabajo y ya avanzada la preparación del borrador de informe con recomendaciones para la CIDH y los Estados, Ecuador presentó para consideración del Grupo un paquete de polémicas recomendaciones. Entre otras recomendaciones, pidió que: se establecieran códigos de conducta para regular las relatorías; todos los informes de las relatorías pasen a formar parte del informe anual de la CIDH como capitulo

único; y que la CIDH distribuya los recursos financieros de manera equitativa entre todas sus relatorías, unidades y grupos de trabajo. No obstante la fuerte oposición de algunos Estados a las propuestas de Ecuador, las recomendaciones finalmente quedaron en el informe. Las intenciones de Ecuador fueron evidentes desde el comienzo: debilitar la Relatoría para la Libertad de Expresión, cuyo trabajo de denuncia y monitoreo sobre los recientes ataques a la libertad de expresión en ese país evidentemente no son bienvenidos. Sin embargo, el activo rol de cabildeo de las organizaciones de la sociedad civil –entre ellas de la RedLad- sumada a la presión de la prensa dieron sus frutos porque en la sesión de Enero pasado del Consejo Permanente, en que se presentó y aprobó el informe con recomendaciones, la mayoría de los Estados apoyaron fuertemente la labor de esta Relatoría y defendieron también la independencia y autonomía de la CIDH. REFLEXIONES FINALES Finalizado el proceso, al menos en una primera etapa, es válido señalar que si bien muchos Estados se mostraron abiertos al diálogo e intercambio con la sociedad civil sobre los importantes temas de

agenda, en la definición de la agenda del Grupo de Trabajo no hubo espacio para que los usuarios del Sistema pudieran opinar sobre los temas que allí debían ser incluidos. La voz de la sociedad civil, interesada por el fortalecimiento del Sistema, podría haber enriquecido el debate y garantizado por otro lado que el armado de la agenda temática incluyera no solo los temas que evidentemente representan una molestia para los Estados, sino también otros que son de igual manera prioritarios para el fortalecimiento del SIDH como el cumplimiento e implementación de las decisiones, la elección de autoridades tanto de la CIDH como de la Corte o el acceso de las víctimas al Sistema, entre otros. En lo que respecta al contenido del informe, se observa un excesivo número de recomendaciones, muchas sobre asuntos que la CIDH ya hace, otras demasiado técnicas y otras que requieren lisa y llanamente un sustantivo aumento de recursos financieros. Mientras se esperan más reacciones, corresponde ahora a la sociedad civil continuar monitoreando los debates en torno a este tema que se prevé continúen a lo largo del 2012.

Actividades de RedLad ante la OEA Febrero 2012 Durante el mes de Febrero, continuaron las actividades de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad) en la Organización de Estados Americanos (OEA). En preparación para la VI Cumbre de las Américas que tendrá lugar en abril próximo en Cartagena, Colombia, representantes de la RedLad participaron durante ese mes de las sesiones de consulta con actores de la sociedad civil convocadas por la Secretaría de Cumbres de la OEA. Marta Ferrara de la organización Semillas para la Democracia de Paraguay, Gina Romero de Ocasa, Colombia, Francine Jacome del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP) y Julio César Cabrera de Honduras y Victoria Amato de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) participaron activamente en los debates y la formulación de recomendaciones alrededor de los dos temas convocantes: acceso y uso de las tecnologías y seguridad. Se espera que dichas recomenda-

ciones sean utilizadas como insumos en los debates entre Estados durante la próxima Cumbre. Continuaron también durante este mes las reuniones de coordinación sobre actividades para la sociedad civil con las autoridades de la OEA y Cumbre a cargo de la agenda para actores sociales. Durante Febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a la RedLad y a las otras organizaciones peticionarias que el pedido de audiencia regional sobre restricciones legales y malas prácticas en materia de libertad de asociación en las Américas fue concedido. La solicitud había sido enviada en enero pasado por la RedLad, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Perú Equidad, Fundamedios de Ecuador, Fundación Construir de Bolivia, Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. La CIDH informó que la audiencia tendrá lugar el próximo 28 de

marzo en la sede de la OEA en Washington en el marco del próximo periodo de sesiones. Después de la audiencia, la RedLad y el resto de las organizaciones peticionantes convocarán a un evento público sobre este tema y los resultados de la audiencia en Washington. Redlad viene contribuyendo con la Secretaria de Cumbres y el Gobierno de Colombia en los procesos de consulta previos a la VI Cumbre de las Américas. La Redlad contribuyo con la coordinación y el apoyo directo para la celebración de la consulta regional en Centroamérica el 27 de febrero de 2012, con una consulta a diversos/as expertos/as, académicos/as y representantes de la sociedad civil sobre el tema de la Seguridad. Las conclusiones y recomendaciones de la consulta serán presentadas a la OEA. La Redlad es la única red de la región de sociedad civil que mantiene presencia permanente en la OEA y eso la lleva a tener una positiva incidencia en esta organización.

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