sistema de seguridad: una hipoteca para la democracia 69 Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien se trata de experiencias disímiles, una reflexión sobre el conjunto –con énfasis en los mecanismos de control creados, desmantelados o vetados– puede demostrar las limitaciones que estos procesos han tenido en su ejecución y su impacto sobre las prácticas violatorias de derechos analizadas en la sección anterior. Por otra parte, la revisión de estos casos es un insumo necesario para el proceso que encarará el recién creado Ministerio de Seguridad. Como se verá a continuación, buenas medidas fueron desandadas mediante un simple cambio en la gestión o anuladas con un veto. Parte de esta volatilidad es entendible dentro de un sistema democrático que supone alternancia en los modos de conducción. De cara a 2011 se presenta un escenario de oportunidad para fijar nuevos límites a la gestión de la seguridad en democracia.
2.1. la última contrarreforma al sistema de seguridad bonaerense Los dos procesos de reforma que atravesó el sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires fueron consecuencia de sendas crisis iniciadas por crímenes de alto impacto social y político: el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en 1997 y el secuestro y posterior asesinato de Axel Blumberg en 2004. La reforma iniciada en 1997 fue desmantelada durante la gestión de Carlos Ruckauf. A su vez, el gobernador Daniel Scioli ha impulsado desde 2007 medidas tendientes a dejar sin efecto las modificaciones promovidas en relación con el gobierno democrático de la seguridad. El Ejecutivo provincial dio marcha atrás con los cambios que se habían realizado en la estructura de la Bonaerense y optó por la autonomía policial como forma de gobernabilidad. Entre otros indicadores de esta política aparece el abandono de la dirección civil y las herramientas de gestión que permitían el monitoreo de los fenómenos de inseguridad y del trabajo policial. También se desactivaron los mecanismos de control interno de la fuerza a cargo de personal civil y se abandonó la política de participación ciudadana y de prevención comunitaria de la violencia.17 Cuando la Auditoría de Asuntos Internos de la policía provincial estuvo integrada por civiles especializados en la investigación administrativa, la calidad del control interno mejoró de manera notable. Esta experiencia produjo un descenso de los delitos cometidos por personal policial, a la vez que expulsó de la fuerza a quienes incurrían en abusos funcio-
17 Entre ellos, los mecanismos establecidos por la Ley 12 154 y la incipiente descentralización de facultades hacia los gobiernos municipales. Véase CELS, Derechos humanos en Argentina. Informe 2010, ob. cit.
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