libertad de expresión y derecho a la información 299 la información puede acceder a una única prórroga, que no podrá superar el plazo de otros diez días y deberá contar con el aval del centro de acceso o la unidad de enlace correspondiente. En caso de que se niegue el acceso a la información, el requirente podrá interponer ante el centro de acceso un recurso por incumplimiento. El proyecto también reconoce la posibilidad de iniciar una “acción judicial de acceso a la información pública” a partir de la denegatoria oficial. En cuanto a las autoridades de aplicación, el proyecto prevé la creación de un Centro de Acceso a la Información Pública en cada uno de los tres poderes del Estado, con independencia funcional y autarquía financiera. El resto de los sujetos obligados deberán crear unidades de enlace. Tanto los centros de acceso como las unidades de enlace tendrán a su cargo la recepción y el trámite de los requerimientos de acceso a la información, la elaboración y publicación de estadísticas sobre las consultas recibidas, y la difusión y promoción del ejercicio de este derecho. Durante el proceso de selección deberán realizarse audiencias públicas y las designaciones tendrán que contar en todos los casos con el acuerdo del Senado. Este último punto también fue rechazado por el bloque oficialista. En la actualidad, cuentan con algún tipo de normativa específica Mendoza y Misiones (sólo para información ambiental), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires, Chubut, Cordoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego. Algunos de estos marcos regulatorios no se ajustan a los estándares internacionales y son discriminatorios en las condiciones de acceso. La sanción de una normativa nacional, a la cual se invitaría a adherir a las provincias, sería un paso superador en este sentido y colocaría a la Argentina en el nivel de una decena de países de la región que ya adoptaron políticas similares. El antecedente establecido por la Corte IDH en el caso “Claude Reyes y otros vs. Chile” de 2006,61 mediante el cual el máximo tribunal regional sostuvo la necesidad de que todos los países de la región garantizaran a sus habitantes el acceso a la información pública, comenzó a generar avances concretos que se han traducido en la sanción de leyes de acceso en Chile, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Panamá. Estos países se sumaron a aquellos en los que ya estaban vigentes regulaciones de este tipo, como Ecuador, México, Perú, Panamá y República Dominicana. En Brasil, que junto con la Argentina aparece como uno de los Estados latinoamericanos más rezagados en esta materia, avanza desde el año pasado un proyecto impulsado por el Ejecutivo que
61 Corte IDH, caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia del 19 de septiembre de 2006, serie C, nº 151.
CELS 2011.indb 299
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