286 derechos humanos en argentina. informe 2011 puede sufrir cárcel por hablar u opinar, cualquiera sea la opinión, aunque sea una mentira”. No obstante, como mencionamos al principio, todavía es necesario que la reforma legal se traduzca en prácticas concretas por parte de la justicia41 y de los funcionarios y personajes públicos que impulsan querellas por delitos de difamación.42 Un enriquecimiento genuino del diálogo democrático requiere comprender, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública. De ello se desprende que una ley que ataque el discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del individuo ob-
41 El caso del periodista salteño José Acho es un ejemplo paradigmático de la falta de uniformidad de criterios en el Poder Judicial. Acho fue condenado por difundir información de interés público acerca de un supuesto intento de apropiación de tierras fiscales en el departamento de Rivadavia, que involucraba al cantante Oscar Esperanza “Chaqueño” Palavecino. El artista se consideró agraviado por la nota e impulsó una querella por calumnias e injurias. En octubre de 2007 el juez Correccional y de Garantías de Tercera Nominación, Marcelo Torres Gálvez, condenó a Acho a dos años de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de 20 000 pesos. El periodista apeló la condena y el caso llegó a la Corte provincial, que el 11 de febrero de 2010 confirmó la sentencia, sin tener en cuenta la reforma establecida en septiembre de 2009 mediante la sanción de la Ley 26 551. El periodista presentó entonces un recurso extraordinario que la Corte provincial podía aceptar (y elevarlo a la CSJN) o rechazar. En lugar de eso, el máximo tribunal salteño actuó por fuera de su jurisdicción, corrigió su propio fallo y reconoció que se había equivocado al no haber considerado la despenalización. Pero reemplazó la pena de prisión por una multa de 12 000 pesos, que se sumaron a los 20 000 impuestos en primera instancia. El abogado de Acho presentó entonces un recurso de queja y el caso se encuentra pendiente de resolución en la CSJN. 42 En abril de 2010, a raíz del escándalo desatado por la detención de un asesor del diputado Claudio Lozano, cuando permanecía escondido en el despacho de un funcionario del Ministerio de Economía, el referente de Proyecto Sur, Fernando Solanas, acusó de “delincuente” al jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Como consecuencia, Fernández presentó una querella por calumnias e injurias, los mismos delitos que a instancias del Ejecutivo se habían suprimido del Código Penal en 2009 para las expresiones referidas a asuntos de interés público. Véase Horacio Verbitsky, “Desatinos”, Página/12, 27 de abril de 2010.
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