Informe derechos humanos 2011 - CELS

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umbrales perforados 137 Dos meses antes, se había montado allí la asamblea El Algarrobo, en repudio a la instalación de la minera Agua Rica.15 Los asambleístas reclamaban el derecho a un ambiente sano y libre de contaminación y pedían que se realizara un plebiscito para decidir sobre la instalación de la industria.16 Los integrantes de El Algarrobo habían cortado un camino vecinal para impedir el acceso de camiones y maquinaria al yacimiento de Agua Rica durante esos dos meses, sin obtener ninguna respuesta oficial. Una semana antes de la represión, el intendente José Perea advirtió en una entrevista radial: “El 25 de febrero, caiga quien caiga, las máquinas van a llegar al yacimiento”.17 El 12 de febrero, la fiscal provincial Marta Graciela Nieva concurrió al lugar donde se realizaba el corte y ordenó el levantamiento del bloqueo. Ante la negativa de la asamblea, obtuvo una orden de desalojo emitida por el juez de control de garantías Rodolfo Cecenarro. Los asambleístas fueron rodeados por las fuerzas de seguridad, la represión comenzó tres días después y culminó con más de 60 heridos de distinta gravedad, entre los que se encontraban mujeres y niños. Alrededor de 30 personas fueron detenidas. En la represión se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y gas pimienta. Según testigos, los disparos de goma no apuntaron al aire, sino al cuerpo de los manifestantes. Por la noche, la protesta se trasladó a la ciudad y también fue reprimida por la policía. Recién después de ocurridos estos hechos, el juez de Minas, Guillermo Cerda, notificó a la empresa Agua Rica “la suspensión de actividades hasta nuevo aviso”, con el propósito de “mantener la paz social”.18 Los vecinos denunciaron los casos de violencia policial, pero aún no hay ningún responsable identificado.

15 En realidad, la resistencia contra la explotación minera comenzó hace casi trece años producto del empobrecimiento y la contaminación que genera otra minera de la zona, Bajo de la Alumbrera. La lucha se intensificó a fines de 2009, cuando las autoridades de Catamarca concedieron a una empresa de capitales internacionales los permisos de prospección y exploración de una mina ubicada en el subsuelo de la ciudad de Andalgalá, mediante el proyecto denominado Pilciao 16. 16 Según se ha denunciado, la explotación a cielo abierto del Nevado de Aconquija en manos de la empresa minera resulta nociva para la salud de los vecinos. 17 Página/12, “Cómo abrirse camino a los golpes”: “Un juez ordenó la suspensión de actividades en una mina en Andalgalá”, 16 de febrero de 2010. 18 Ibíd.

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