Marruecos y el Sahara Occidental. Informe 2009 de Amnistía Internacional

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Marruecos y el Sáhara Occidental Jefe del Estado rey Mohamed VI Jefe del gobierno Abás el Fasi Pena de muerte abolicionista en la práctica Población 31,6 millones Esperanza de vida 70,4 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 42/28 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada 52,3 por ciento http://thereport.amnesty.org/es/regions/middle-east-north-africa/morocco (1 de 7) [05/06/2009 16:13:29]


Siguió restringiéndose el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Se castigaban las críticas a la monarquía y las opiniones contrarias a la postura oficial sobre otras cuestiones políticamente delicadas. Las autoridades hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones contra el gobierno. Se sometió a hostigamiento y se procesó a partidarios de la autodeterminación de la población del Sáhara Occidental. No se investigaron denuncias de tortura, y no se permitió el acceso efectivo a la justicia a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las autoridades continuaron deteniendo, recluyendo y expulsando colectivamente a millares de personas de otros países. Se condenó a muerte al menos a cuatro personas, pero el gobierno mantuvo una suspensión de facto de las ejecuciones.

Información general En marzo llegaron a un punto muerto las conversaciones sobre el Sáhara Occidental entabladas con la mediación de la ONU entre el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario, que propugnaba la creación de un Estado independiente en el Sáhara Occidental y mantenía un gobierno autoproclamado en el exilio en campos de refugiados del suroeste de Argelia. Marruecos insistía en un plan de autonomía para el territorio, anexionado en 1975, mientras que el Frente Polisario pedía un referéndum sobre la autodeterminación, como se había acordado en resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad de la ONU. Éste prorrogó hasta el 30 de abril de 2009 el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental. El mandato no preveía labores de observación de la situación de los derechos humanos. En octubre, la UE y Marruecos acordaron un ambicioso plan para conceder al segundo un «estatuto avanzado» con la UE, que incluía una cooperación más estrecha en materia de seguridad, política, comercio y otros campos.

"Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones en contra del gobierno..." Entre las recomendaciones formuladas por varios Estados cuando Marruecos fue objeto del proceso de examen periódico universal en abril figuraban la armonización de la legislación nacional con las normas internacionales y el respeto de los derechos de los migrantes. Sin embargo, no se planteó la cuestión de la impunidad de los torturadores.

Represión de la disidencia Personas críticas con la monarquía Las críticas a la monarquía seguían siendo tabú. Se procesó a defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas por expresar opiniones que las autoridades consideraron ofensivas para el rey y la familia real.

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• En febrero, el Tribunal de Casación confirmó las penas de prisión impuestas a tres miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) declarados culpables de «socavar la monarquía» por haber participado en una protesta pacífica en junio de 2007. En abril se concedió un real indulto a los tres, así como a otros 14 miembros de la AMDH condenados por razones similares. • En septiembre, el Tribunal de Apelación de Agadir anuló por razones de procedimiento la condena de dos años de prisión impuesta a Mohamed Erraji, autor de blogs que había sido declarado culpable de «falta del respeto debido al rey» por escribir en Internet un artículo donde sugería que el monarca fomentaba una cultura de dependencia económica. • En noviembre, el Tribunal de Apelaciones de Marrakech confirmó la sentencia condenatoria dictada en primera instancia contra Yassine Bellasal, de 18 años, por haber insultado al rey, pero suspendió la condena de un año de prisión que le había sido impuesta. El joven había escrito en la pared de un colegio el lema del país, «Dios, la Nación, el Rey» sustituyendo esta última palabra por «Barça», nombre de un equipo de fútbol de Barcelona, España.

Activistas saharauis Se siguió sometiendo a activistas de derechos humanos saharauis a actos de hostigamiento, como presentar cargos contra ellos por motivos políticos, imponer restricciones a su libertad de circulación y obstaculizar la inscripción legal de sus organizaciones con impedimentos administrativos.

• Ennaâma Asfari, copresidente del Comité para el Respeto de las Libertades y de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, que vivía en Francia, denunció haber sido torturado por las fuerzas de seguridad marroquíes cuando fue detenido durante una visita que hizo a la región en abril. Las autoridades no investigaron la presunta tortura. Ennaâma Asfari fue declarado culpable de conducta violenta y estuvo dos meses encarcelado. • Brahim Sabbar, presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), fue advertido por las autoridades de seguridad de que no debía visitar zonas de El Aaiún donde vivieran otros miembros de la ASVDH tras su excarcelación en junio.

Se detuvo a centenares de saharauis sospechosos de manifestarse en contra del dominio marroquí o de distribuir material a favor del Frente Polisario. Algunos fueron puestos en libertad después de interrogarlos, pero otros fueron acusados de conducta violenta y sometidos a juicios que, según informes, no cumplieron las normas internacionales de justicia procesal. Muchos denunciaron que habían sido sometidos a tortura u otros malos tratos por las fuerzas de seguridad y que en su juicio se había utilizado como prueba información presuntamente obtenida con tortura. http://thereport.amnesty.org/es/regions/middle-east-north-africa/morocco (3 de 7) [05/06/2009 16:13:29]


En octubre, Yahya Mohamed Elhafed Iaazza, miembro del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos,

fue declarado culpable de conducta violenta y condenado a 15 años de prisión por su participación en una protesta contra el dominio marroquí organizada en Tan Tan. Ocho acusados más fueron condenados a cumplir hasta cuatro años de prisión. Se denunció que habían sido torturados durante su interrogatorio, pero no se llevó a cabo ninguna investigación al respecto.

Activistas de Justicia y Caridad La policía interrogó a centenares de miembros de la organización política no autorizada Justicia y Caridad (Al Adl wal Ihsan) y presentó cargos contra al menos 188 de ellos por participar en reuniones no autorizadas o pertenecer a una organización ilegal. El juicio de la portavoz del grupo, Nadia Yassine, acusada en 2005 de difamar a la monarquía, se aplazó.

Uso excesivo de la fuerza Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones en contra del gobierno, lo que puso de manifiesto la falta de medidas de las autoridades para implementar una recomendación clave de la Comisión de Equidad y Reconciliación. Establecida en 2004 para examinar las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999, esta comisión había pedido en 2006 una mejora de la regulación de los órganos de seguridad del Estado.

• Según informes, el 7 de junio las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para poner fin al bloqueo que se mantenía desde el 30 de mayo en el puerto de Sidi Ifni en señal de protesta. Según los informes, dispararon balas de goma y gas lacrimógeno y utilizaron porras y perros policía. También irrumpieron sin autorización en viviendas, confiscaron propiedades, acosaron verbal y sexualmente a algunas personas y practicaron detenciones arbitrarias. Posteriormente se presentaron cargos por conducta violenta contra 21 personas, cuatro de ellas miembros del Centro Marroquí de Derechos Humanos (CMDH). En diciembre se hizo público el informe de una comisión parlamentaria establecida el 18 de junio para investigar lo sucedido en Sidi Ifni. Aunque se afirmaba en él que la intervención de las fuerzas de seguridad había estado justificada, se ponían también de relieve diversos abusos cometidos por agentes encargados de hacer cumplir la ley, como actos de violencia contra personas. En el informe se pedía a las autoridades que identificaran y pusieran a disposición judicial a todos los ciudadanos y miembros de las fuerzas de seguridad responsables de conductas ilegales y abusos contra los derechos humanos. De acuerdo con la información de que disponía Amnistía Internacional, al final del año no se habían presentado cargos contra ningún agente encargado de hacer cumplir la ley. • En julio, Brahim Sabbaa al Layl, miembro del CMDH, fue encarcelado durante seis meses por haber dicho en una entrevista con la cadena de televisión Al Yazira que en Sidi Ifni se habían cometido homicidios y violaciones. Las autoridades retiraron su acreditación al periodista que lo había entrevistado, y un tribunal le impuso una fuerte multa. • Según informes, en mayo las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para impedir una marcha estudiantil de

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protesta en la Universidad de Cadi Ayyad de Marrakech. Irrumpieron en el campus universitario, donde agredieron y detuvieron arbitrariamente a estudiantes y confiscaron objetos personales. Fueron detenidos 18 miembros de la Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes, entre ellos algunos partidarios del movimiento estudiantil izquierdista Vía Democrática. En junio, siete de ellos fueron condenados a un año de prisión por conducta violenta; los demás seguían en espera de juicio al final del año. Todos denunciaron haber sido torturados o sometidos a otros malos tratos bajo custodia policial.

Seguridad y medidas antiterroristas Unos 190 presuntos islamistas radicales fueron declarados culpables de delitos de terrorismo y condenados a penas que iban desde los seis meses de prisión a la cadena perpetua. Según informes, entre ellos figuraba un ciudadano marroquí que había sido devuelto desde España. En febrero, las autoridades dijeron que habían disuelto una red terrorista dirigida por Abdelkader Belliraj, ciudadano con doble nacionalidad belga y marroquí. Se detuvo a unas 35 personas, incluidos los líderes de tres grupos políticos: el Partido de Al Badil al Hadari, el Partido de Al Oumma y el Partido de la Justicia y el Desarrollo. El primer ministro dictó entonces un decreto de disolución del Partido de Al Badil al Hadari, y un tribunal rechazó una solicitud de inscripción legal presentada por el Partido de Al Oumma. Los 35 detenidos se enfrentaban a diversos cargos, como tentativa de asesinato, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Su juicio comenzó en octubre y continuaba todavía al final del año. Varios abogados defensores se quejaron de que las autoridades no les habían proporcionado el sumario completo; otros denunciaron que sus clientes habían sido torturados bajo custodia. Centenares de islamistas que cumplían condenas de prisión por los atentados con explosivos de Casablanca de 2003 continuaron pidiendo una revisión judicial de sus juicios, muchos de los cuales se habían visto empañados por denuncias no investigadas de uso de confesiones obtenidas con tortura.

Justicia transicional El Consejo Consultivo de Derechos Humanos, encargado de continuar el trabajo de la Comisión de Equidad y Reconciliación, no había publicado aún la lista de casos de desaparición forzada investigados por la Comisión. En el informe final de ésta, publicado en enero de 2006, se había recomendado la aplicación de medidas mediante un programa exhaustivo de reformas judiciales e institucionales para garantizar que no se repitieran las graves violaciones de derechos humanos, pero las reformas no se llevaron a cabo. Tampoco hubo ningún progreso en relación con la necesidad de proporcionar a las víctimas acceso efectivo a la justicia o de hacer rendir cuentas a responsables concretos, cuestiones que habían quedado excluidas del cometido de la Comisión de Equidad y Reparación. En junio, a raíz de una demanda del presidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, un tribunal ordenó al periódico Al Yarida al Ula que dejara de publicar los testimonios presentados por altos cargos públicos a la Comisión de Equidad y Reconciliación. Esta injerencia fue muy criticada por organizaciones locales de derechos humanos. http://thereport.amnesty.org/es/regions/middle-east-north-africa/morocco (5 de 7) [05/06/2009 16:13:29]


Discriminación y violencia contra mujeres y niñas En enero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el tercer y el cuarto informe periódico de Marruecos sobre su cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Comité acogió con satisfacción las medidas adoptadas por el gobierno para abordar la discriminación de las mujeres, pero pidió la tipificación como delito de la violencia contra las mujeres y la aplicación de medidas activas para combatirla. En noviembre, el Ministerio de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad anunció que se estaba elaborando una ley al respecto. También hubo una novedad positiva en diciembre, cuando el rey Mohamed VI anunció que

Acto de AI Marruecos para pedir la abolición de la

Marruecos iba a retirar las reservas que había formulado al ratificar la Convención.

pena de muerte ante la sede del Parlamento marroquí en Rabat, 2008.

© Amnesty International

Discriminación: prisión por «conducta homosexual» En enero, un tribunal de apelación confirmó las condenas de hasta 10 meses de prisión impuestas en Alcazarquivir, en el noroeste de Marruecos, a seis hombres declarados culpables de «conducta homosexual». Los condenados habían sido detenidos en noviembre de 2007 a raíz de unas denuncias públicas en las que se los acusaba de haber celebrado una fiesta privada que era en realidad una «boda gay». Las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo con consentimiento mutuo eran delito en Marruecos. En noviembre, un tribunal de apelación confirmó una fuerte multa impuesta al redactor jefe de Al Massaa al ser condenado en primera instancia por haber difamado a los fiscales adjuntos de Alcazarquivir, al sugerir que en la presunta «boda gay» había un fiscal. Al parecer, cabía la posibilidad de que, a causa de la multa, el periódico dejara de publicarse.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes Millares de personas sospechosas de ser migrantes irregulares fueron detenidas y expulsadas colectivamente, en la mayoría de los casos sin tener en cuenta su necesidad de protección ni el derecho que les reconocía la legislación marroquí a impugnar la decisión de expulsarlas o a examinar las razones por las que se había tomado. Las autoridades dijeron que habían impedido 10.235 intentos de inmigración entre enero y noviembre. Según informes, algunos migrantes fueron objeto de fuerza excesiva y otros malos tratos en el http://thereport.amnesty.org/es/regions/middle-east-north-africa/morocco (6 de 7) [05/06/2009 16:13:29]


momento de su detención, durante su reclusión o al ser expulsados, y en algunos casos fueron abandonados en la frontera con Argelia o Mauritania sin alimentos ni agua suficientes.

Al menos 28 migrantes, incluidos cuatro niños, se ahogaron en el mar, el 28 de abril, frente a la costa de Alhucemas.

Otros migrantes que sobrevivieron denunciaron que los funcionarios marroquíes que los habían interceptado habían pinchado y sacudido la barca hinchable en la que viajaban cuando se negaron a detenerse. Las autoridades lo negaron y no realizaron ninguna investigación. Tras conducirlos a la ciudad de Uyda, los supervivientes fueron abandonados en la frontera con Argelia.

Campos del Frente Polisario Había poca información independiente sobre las condiciones en los campos de refugiados del Frente Polisario en Argelia. No se tuvo 䄀挀琀漀............................................................ noticia de que se hubieran tomado medidas para abordar la impunidad de los acusados de cometer abusos contra ..los derechos humanos ............................. en los campos en las décadas de 1970 y 1980.

Visitas de Amnistía Internacional

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Una delegación de Amnistía Internacional visitó Maruecos y el Sáhara Occidental en febrero y marzo.

Informes de Amnistía Internacional Morocco/Western Sahara: Investigate allegations of torture and grant detainees a fair trial (1 julio 2008)

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