Mirada Sur
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Jueves 20 de Diciembre de 2012
Año III
No. 170
Que investiguen al procurador Raciel Fernando Coello Pedrero/Mirada Sur
E
s preferible que un culpable salga libre, a que un inocente vaya a la cárcel; este nefario procurador Raciel López Salazar, nunca separó su afecto de adulador con sus acciones de procuración de justicia, para el pueblo chiapaneco, por el exceso de demostración de ira del ignorante del palacio Juan Sabines Guerrero, que sometió a sus propósitos repentinos y sin fundamento, a ministerio público, perito, jueces y magistrados, para castigar a inocentes que de ningún modo, se ubicaron en circunstancia agravante de tiempo, lugar y forma de ejecución, por los delitos que fueron acusados, como por ejemplo: Walter León Montoya, por el homicidio calificado de la persona que en vida se llamó Mariano Abarca Robledo, líder de los mineros de Chicomuselo, donde tenía grandes intereses Nemesio Ponce de León; los cuales deben responder ante autoridad competente, sin aviesa intensión, para esclarecer el delito en cuestión, y no mantenerlo en la hesitación, que agrede a familiares y compañeros de su organización; reparar los daños pecuniarios a la familia León Vasallo, es responsabilidad de los que con mezquindad lo acusaron, que ascienden aproximadamente a dos millones de pesos, por permanecer recluido injustamente, dos años en el Amate de Cintalapa y sesenta días en el área destinada al arraigo inconstitucional; para la reparación del daño moral se preparan las demandas por la vía civil; delito por el que también fue acusado y recluido en prisión, el pundonoroso
abogado Horacio Culebro Borrayas, quien hoy reclama por daños contra su persona y profesión, cinco millones de pesos; la persecución soez, contraria a la justicia, la razón o las leyes, al dirigente de la Organización Campesina de “Dos Valles Valientes”, a la que pertenecía el interfecto, por declarar con gallardía que: “León Montoya, era un chivo expiatorio, porque lo culpan de algo que no hizo, para encubrir a personas que ocupan cargos relevantes en la administración pública y cuyo interés está en la minería chiapaneca”; me refiero, al sobresaliente Francmasón, Amín Cholac Manzur, hombre discreto de carácter, con un sentimiento de fraternidad reconocido en todo nuestro Estado, declamador impresionante y orador demostino, que sufrió persecuciones y tuvo que abandonar su hogar, familia y
bienes, dado que fueron desalojadas sus oficinas y despacho jurídico, cuyas pertenencias fueron tiradas a la calle, por la locura furiosa del fiscal, para cumplirle al entregado a los vicios del palacio, confirmando que el capital del descarrió fue un territorio muy vasto, en el sexenio más corrupto que se recuerda en nuestra entidad. El procurador de Marras, guarda un silencio sepulcral que va siendo costumbre; en el caso, de Edgar Gonzalo Orozco Martínez, hijo putativo, que fue acusado de manera injustificada por el delito de narcomenudeo, ante un juez de consigna, vergüenza para la justicia chiapaneca, dado que le fueron sembradas pruebas ignominiosas (9 bolsas de grapas de cocaína y 19 de la droga conocida como piedra); que dio como resultado una acusación por el delito
mencionado, que además, lo hicieron grave, sólo por la tirria que el superbo sexenal, expresaba hacia mi persona, por reclamar mis derechos. Que este escrito sirva para notificar al Fiscal General de la República, porque fue un acto inhumano y degradante, por ser un burdo montaje, al aparecer en la averiguación previa, que era vendedor de una persona, que “jamás de los jamases” había conocido y tratado; por ser un estudiante y persona que me auxilia en mis negocios particulares; exijo de manera respetuosa, que el antiprocurador chiapaneco, sea investigado para conocer de dónde sustrajo la droga, supuesto que dejó de observar las leyes jurídicas y contravino las leyes de la ética, que todo servidor público, debe observar irrestrictamente, supuesto que su conducta, sí es constitutiva de delitos graves.
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Ataques a la libertad de expresión... mover a la reflexión sobre la necesidad de condiciones que posibiliten el ejercicio eficaz del derecho que comentamos. La responsabilidad del Estado con relación a este derecho no se agota en el respeto y garantía que el mismo debe de tener con relación al mismo. Incluye también el deber de prevenir y asegurar el ejercicio efectivo del derecho. En ese sentido, se deben generar condiciones que aseguren que tampoco los particulares obstaculicen, restrinjan o impidan la manifestación de las ideas, la publicación de información de
interés público y la búsqueda de la misma. Ante situaciones como la que comentamos, es pertinente que se intensifiquen, o quizá sería más apropiado decir que se inicien, campañas y educación en materia de respeto al derecho a la libertad de expresión. Los mecanismos previstos por el Estado para atender las violaciones a derechos humanos en contra de periodistas, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos y la fiscalía del Ministerio Público, deberían enfocar sus acciones en la prevención de
violaciones y abusos a los derechos humanos de los periodistas y de toda aquella persona que ejerza el mismo derecho. Evidentemente que ello requiere el diseño de una política en materia de derechos humanos que parta del diagnóstico correspondiente, las acciones dirigidas al nivel estatal y municipal, así como el rediseño de los mecanismos de protección de los derechos humanos para dotarlos de eficacia en su encomienda. Lamentablemente no se percibe interés gubernamental
por abordar el tema. Sin embargo, ello no puede implicar que tampoco la sociedad, los organismos civiles, y los gremios de periodistas comiencen la discusión. Normalmente los derechos o las garantías para su ejercicio no constituyen concesiones graciosas de los gobiernos, surgen de la exigencia y la lucha de los sectores afectados y de los movimientos sociales. Así que, no veo por qué tendría que esperarse a que los ataques a la libertad de expresión se multiplicaran.