C AROLINA S ILVA P ORTERO
a.2 Las garantías semipolíticas, en cambio, están confiadas a órganos externos y en cierto modo independientes de los órganos legislativos y ejecutivos, pero con funciones de control político. a.3 Las garantías jurisdiccionales son aquellas confiadas a tribunales independientes de los órganos políticos que pueden recibir denuncias y, por tanto, pueden imponer sanciones. a.4 Finalmente, las garantías semijurisdiccionales corresponden a órganos que actúan como si fueran tribunales que pueden en ocasiones recibir denuncias o tramitar recursos pero no poseen facultades de sanción jurídica en sentido estricto. b. A su vez las garantías extra institucionales o sociales son aquellas en las que el resguardo de los derechos se coloca en la cabeza de sus propios titulares. En esta esquematización se verifican los tres estándares aludidos anteriormente. Por un lado, al dividir a las garantías en institucionales y extrainstitucionales, se demuestra que es posible comprender a las garantías no sólo desde lo institucional, sino también desde lo social, de modo que toda forma de movimiento u organización que busque reivindicar derechos es una garantía que incorpora el elemento democrático. Asimismo, la complejidad radica en que a todos los órganos que integran el Estado les corresponde una determinada forma de garantía, aunque sea de diverso tipo, y finalmente, el elemento de la unidad se desprende de que al estar todos los órganos comprendidos como encargados de tutelar, y en toda escala, les corresponde por consiguiente, proteger todos los derechos. Finalmente, con los elementos antes descritos y sobre la base de la clasificación analizada, pasaremos a analizar nuestra propuesta de clasificación, que responde a una división elaborada desde la competencia encargada a cada función que integra el poder del Estado.
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