R AÚL L LASAG F ERNÁNDEZ
una política pública, que viabilice el diálogo de las diversidades en el plano del respeto, solidaridad, igualdad, generando conocimientos e intercambio de los mismos. Todas las instituciones78 deben ser plurinacionales en su conformación, así como en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, y en la interpretación de los hechos, normas y principios. En este modelo de estado conviven las instituciones estatales y las propias que puede generar la autodeterminación interna de los pueblos y nacionalidades. Pero, además, en el estado plurinacional conviven las instituciones propias de otros sectores no estatales, denominadas por Boaventura de Sousa Santos como el “tercer sector”79, integrado por organizaciones sociales que no son estatales ni mercantiles. Este “tercer sector”, como los pueblos indígenas y nacionalidades indígenas, tiene que ser democráticamente fuerte. El reto es viabilizar la convivencia y coordinación del estado con la comunidad, en el cual predomine la comunidad para garantizar la no primacía del mercado. Por ello, nuevamente juega un rol fundamental el organismo de control de constitucionalidad viviente, que puede ser el Tribunal Constitucional Plurinacional que tenga la capacidad de convertir a la función judicial en una instancia garante de la constitucionalidad viviente y tenga la capacidad de desarrollar métodos de interpretación que viabilicen la plurinacionalidad. 5.3.
Diversidad cultural
El estado plurinacional que parte del reconocimiento de la diversidad del país, no puede desentender la diversidad cultural que desarrollan sus propios idiomas, dialectos, formas de educación, normas y reglas de vida, religión, rituales, costumbres y sistemas de creencias. 78 Para un análisis sobre la institucionalidad necesaria para la protección de los derechos humanos, véase en esta misma obra “Retos de una nueva institucionalidad estatal para la protección de los derechos humanos” por Ramiro Ávila 79 Santos, Boaventura de Sousa, Reinventar la democracia, reinventar el Estado, Sequitur, 1999, Madrid-España, pp. 59-77.
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