C LAUDIA E SCOBAR G ARCÍA
EPS prestar los servicios a los que están obligados legal, reglamentaria y jurisprudencialmente, sin necesidad de interponer una acción de tutela.
IV.
Conclusiones
Después de haber puesto en evidencia las serias limitaciones a las que se enfrenta la justicia constitucional, surgen inmediatamente dos preguntas: 1. ¿Por qué se tiende a pasar por alto esta circunstancia? ¿Por qué se tiende a suponer que la “clave” neoconstitucionalista radica en las Cortes y Tribunales Constitucionales? 2. ¿Qué se puede hacer para superar las evidentes restricciones de la justicia constitucional? No pretendemos dar una respuesta definitiva a estos interrogantes, sino simplemente presentar un horizonte desde el cual puedan ser abordados. Con respecto al primer interrogante, existen distintos factores que explican la situación. En primer lugar, el debate en torno a la justicia constitucional se ha estructurado a partir de referentes foráneos, cuyos discursos y elaboraciones teóricas responden a realidades bien diversas. En este sentido, las discusiones sobre la legitimidad y potencialidades de la justicia constitucional suele estar inundada de referencias a los Tribunales de España, Alemania e Italia, e incluso de la Corte Suprema de Estados Unidos. En términos generales, América Latina no ha sido capaz de construir discursos locales, y en su lugar ha importado de manera acrítica las elaboraciones conceptuales que se enmarcan en un contexto político, social y económico, cuando menos, parcialmente distinto. Este manejo inadecuado puede conducir a conclusiones erróneas sobre la justicia constitucional, pues aunque las referencias foráneas son un marco relevante, no pueden constituir el único punto de apoyo para la reflexión teórica. En Alemania, por ejemplo, el Tribunal Constitucional pudo marcar hitos en la reducción de la discriminación; pero muy poco es lo que han logrado hacer en este sentido los tribunales constitucionales en América
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