Derechos humanos, inclusion y discapacidad centro daea by medios comunes medios comunes

DERECHOS HUMANOS,

inclusi贸n y discapacidad

Apuntes para debatir desde una experiencia de intervenci贸n psicosocial: San Jos茅 Tenango, Oax.

Nota de la Edición:

DAEA Centro de Investigación e Intervención Psicosocial A.C.

Las citas que aparecen en los márgenes del compendio son:

Gabriel Mancera 740 B Colonia del Valle, CP 03100, Delegación Benito Juárez. México, Distrito Federal Tels. (01 55) 55 43 63 54 y 55 43 63 54 Página web: www.centrodaea.org

Courtis, Christian, 2010, “Discapacidad y discriminación: los desafíos de la inclusión social”, en Fuentes, Mario Luis y Szekely, Miguel (Comp), Un nuevo rostro en el espejo: percepciones de la discriminación en México. Centro de Estudios Espinoza Yglesias. México

Liebel, Manfred y Marta Martínez Muñoz (coord.), 2009, Infancia y derechos humanos. Hacia una ciudadanía participante y protagónica. IFEJANT, Lima, Perú.

Publicado por: DAEA Centro de Investigación e Intervención Psicosocial A.C. Autores: Carolina Recio, Paola Sesia, Juan López y Roberto Manero. Colaboradores de DAEA: Ana Karla Enríquez, Ana Lorena Gómez, Sol González Eguía, Joel Cuéllar López, Carolina Recio y Tajín Villagómez. Coordinador: Tajín Villagómez Velázquez MEDIOS Diseño: comunes

Algunas de las fotografias son del “Proyecto Piloto de Atención Integral para Niñas y Niños con Discapacidad en Comunidades Rurales Sistema DIF Oaxaca-CIESAS/ UNICEF.”

Nussbaum, Martha C., 2007, Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión. Paidós, España. Nussbaum, Martha C., 2006, El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y ley. Katz, Argentina.

México 2010

Palacios, Agustina y Javier Romañach, 2006, El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Ediciones DiversitasAIES, España.

Con el auspicio del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL.

Agradecemos a Adriana Soto el habernos proporcionado esta información.

Índice DERECHOS HUMANOS,

inclusión y discapacidad

Apuntes para debatir desde una experiencia de intervención psicosocial: San José Tenango, Oax.

4 Presentación 6 Introducción 11 Roberto Manero 25 Juan López 41 Carolina Recio 49 Paola Sesia

Pres entación El texto que tiene en sus manos, “Derechos humanos, inclusión y discapacidad, apuntes para debatir desde una experiencia de intervención psicosocial: San José Tenango, Oax.”, es un compendio de artículos que surge en el marco del proyecto N´jte jña cho´tayá j´tián que en mazateco significa “El lugar donde aprendemos todos”. El Proyecto formalmente dio inicio en enero del 2010, y es resultado de la estrecha colaboración que han mantenido desde hace dos años DAEA Centro de Investigación Psicosocial A. C., UNICEF, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Pacífico Sur, CIESAS, el DIF estatal y, principalmente, el municipio de San José Tenango (Presidente Municipal, la Presidenta del DIF municipal y el Cabildo) ubicado en la región mazateca del estado de Oaxaca. Para la ejecución del Proyecto se contó con apoyo financiero del Instituto de Desarrollo Social, INDESOL. Ante un contexto donde las personas con discapacidad (PCD) son un sector de la población que se enfrenta a una visión despersonalizada y excluyente por parte de la sociedad, que las esconde, las etiqueta y las estigmatiza, es importante reivindicarlas como personas, con nombre y cara, con potencialidades y como participantes activos en sus familias y comunidades. Para ello es necesario desplegar una serie de esfuerzos que documenten la situación de las personas con discapacidad, específicamente en aquellos lugares donde menos información se tiene como es el caso de comunidades rurales, indígenas y sumidas invariablemente en situaciones de pobreza extrema. Nuestro esfuerzo se encamina a tal propósito con el ánimo de implementar estrategias de inclusión comunitaria para la difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y así contribuir en la construcción de una cultura de paz y equidad. Fue en San José Tenango, comunidad oaxaqueña del Pueblo Indígena Mazateco, donde hemos estado realizando nuestra labor. Ahí entramos en contacto con autoridades municipales con quienes desarrollamos una serie de actividades que convocaron a la población local consistentes, entre otras cosas, en talleres de formación tanto a personas con discapacidad, familiares con personas con discapacidad, así como a promotores. Esos talleres versaron temas como el de la inclusión social y los derechos humanos. Con el conjunto de actores que han intervenido en la experiencia, hemos detonado asimismo un proceso de reflexión de las diferentes formas en las que se expresa la exclusión y de cuáles son las alternativas para eliminar las barreras y los obstáculos

que la sociedad ha erigido para marginar a las personas con discapacidad de la convivencia social y del disfrute de los bienes culturales y económicos que se han alcanzado para el resto de la población, particularmente en lo concerniente al acceso a espacios comunitarios, educativos, deportivos, culturales, laborales o de participación política. Para nosotros, diseñar una propuesta de intervención para la inclusión comunitaria, implica proponer nuevas formas de relación, en donde se reconozca y valore la sabiduría de cada miembro de la comunidad, aportando ideas, sueños e intereses que favorezcan la recomposición comunitaria basada en un enfoque de derechos y que elimine aquellas barreras, si es necesario a partir de nuevas leyes y de una clara definición de políticas públicas que han brillado por su ausencia en las comunidades rurales e indígenas. El material que presentamos es un aporte a nuestras reflexiones, intenta enriquecer la experiencia a la luz de otras opiniones, de otras voces que se enuncian desde la academia o bien desde el compromiso de la sociedad civil organizada atenta a la exigencia democrática por el respeto a los derechos humanos. Estamos convencidas que es a partir del diálogo con diversos actores del escenario político, social, académico y económico que se pueden alimentar y tejer nuevas redes que contribuyan a la generación de nuevos conocimientos, de nuevas fórmulas, para hacer viable proyectos de inclusión donde estén representadas todas las formas de diversidad social. En ese sentido ofrecemos un modesto homenaje y agradecemos la colaboración desinteresada, siempre proactiva, de Carolina Recio, Paola Sesia, Juan López y Roberto Manero, con cuyos aportes intelectuales, compilamos el texto que ahora ofrecemos, seguras de su valiosa contribución al debate que el tema de la inclusión social para personas con discapacidad merece. Equipo DAEA Centro de Investigación e Intervención Psicosocial A. C.

Introducción

“Debemos reconocer las muchas deficiencias, discapacidades, necesidades y dependencias que experimentan los seres humanos “normales”, y, por lo tanto, la continuidad que existe entre las vidas “normales” y las de aquellas personas que padecen deficiencias permanentes.”

Inserto en el proyecto “El lugar en donde aprendemos todos”, cuyo objeto es construir estrategias de inclusión comunitaria para promover los derechos de las personas con discapacidad, este Compendio de artículos intenta plasmar una serie de preocupaciones teóricas, metodológicas y sobre todo técnicas y prácticas, respecto de la inclusión de personas con discapacidad en diversos ámbitos de la vida social, comunitaria y familiar. La preocupación que anima el proyecto es sin duda el de la inclusión social en un contexto que pone en relieve la cuestión de las relaciones comunitarias y su trato a personas con discapacidad. Con esa idea, hemos articulado el Compendio a partir del análisis sobre la pertinencia de mecanismos de intervención psicosocial como alternativa teórica y práctica para el fortalecimiento de la cohesión social ahí donde el deterioro de las relaciones es cada vez más patente y donde la huella de la modernización des-civilizatoria ha asentado su ley y su orden.

Martha C. Nussbaum. Estamos convencidos que el tema de la discapacidad es uno que involucra la participación del conjunto social y por lo tanto no se basa en el principio de la exclusión, sino en la aceptación y por ende, en la producción de nuevos sentidos comunitarios en los que la discapacidad deje de ser un obstáculo para convertirse en una condición y una herramienta socialmente útil, de configuración societal de un nuevo tipo de identidad colectiva. Identidad que ofrece la posibilidad de mirarse uno mismo en el otro y viceversa como posibilidad de proyecto y de tránsito hacia él.

Nos hemos preguntado sobre cuáles son las implicaciones y las consecuencias de un planteamiento que pone al frente la necesidad de restablecer el tejido social a partir del respeto por los derechos humanos. Qué medidas es necesario tomar o adoptar para revertir las diversas situaciones de exclusión a otras donde prevalezca el acuerdo conjunto y socialmente aceptado de formas civilizatorias nuevas, digamos que democráticas, donde las personas con discapacidad sean reconocidas como sujetos de derecho. Donde la sociedad y el Estado provean de las condiciones óptimas para el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, de forma incluyente, participativa e integral.

El proyecto que se antoja como el de una utopía posible, pero que en realidad está más cerca si y sólo sí todos los actores adoptan las medidas que históricamente les corresponde realizar, por ejemplo: marcos normativos, obediencia a los Pactos y Convenciones Internacionales sobre los Derechos Humanos, armonización con todos los ordenamientos legales del país, en todos los niveles institucionales transversales y en todos los órdenes de gobierno verticales (federación, estado y municipio); reconocimiento a quienes implementen medidas de inclusión en espacios públicos para personas con discapacidad, esto es escuelas, centros laborales, etcétera; animación y capacitación a la población en general para un acercamiento definitivamente inclusivo, y para nada caritativo, respecto a las personas con discapacidad; apertura de espacios de participación política para la personas con discapacidad y en general la implementación de políticas públicas que humanicen y fomenten una cultura de relación con las personas con discapacidad inclusiva y tolerante de la diversidad social toda.

con discapacidad como sujetos de derechos en la medida en que sistemáticamente les son negados. Reivindicar esos derechos, económicos, sociales y políticos, supone prefigurar y configurar políticas públicas que favorezcan condiciones para el ejercicio de aquella identidad colectiva nueva, recíproca, y permita la conversión de las personas con discapacidad a la plenitud ciudadana que le ha sido obstruida, vale decir, negada. Nuestra propuesta aborda el fenómeno de la discapacidad no como una cuestión fortuita y azarosa, a la que estamos expuestos todos, sino como causa y resultado del papel que el Estado ha adoptado, o no, para prevenirla, comprenderla o incorporarla como parte constitutiva de las relaciones sociales. No es indiferente, sino todo lo contrario, de la evaluación sistemática de las condiciones de contexto, como la pobreza, la injusticia, la inequidad y, en suma la iniquidad, como factores estructurales que determinan comportamientos específicos y perversos hacia las personas con discapacidad y donde el Estado ha tenido una actuación omisa y complaciente.

En síntesis, somos de la idea que una utopía posible de tal tipo, coloca en el centro del debate el reconocimiento de las personas

El periplo que hemos diseñado para el tratamiento de los temas y problemas que han atraído nuestra reflexión, está basado en las propias contribuciones que cada autor aportó desde su ámbito de trabajo.

sociales. Sugiere una revisión sistemática sobre las responsabilidades del Estado en la configuración del complejo sistema de exclusión-discriminación en el que estamos insertos, y pondera positivamente el papel que la sociedad civil organizada tiene en el impulso de políticas públicas basadas en la intervención psicosocial.

En principio Roberto Manero nos ofrece el tránsito teórico, metodológico y práctico de la intervención psicosocial, que supone la revisión de diversos enfoques de la producción de conocimientos íntimamente ligada al uso de ciertas técnicas y herramientas de recolección y análisis de datos, pero también al devenir mismo de la ciencia social en el ámbito concreto de sus objetos de estudio. Refiere en todo caso, al cuestionamiento sobre la pertinencia de la investigación social de implicarse en la configuración en el diseño, o directamente en la transformación misma de la realidad que dice estudiar, o en el que para algunos podría ser el imperativo ético de sólo describirla “objetivamente”. Para ello, realiza un recorrido sintético y esclarecedor de lo que ha sido el trayecto biográfico de la ciencia social y sugiere la emergencia de la intervención psicosocial como nuevo paradigma del actuar científico.

El itinerario que establece para desarrollar su propuesta parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pasa por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de otros instrumentos jurídicos internacionales, para afirmar que en ellos no se fomenta necesariamente la inclusión social de los grupos que generalmente pretende proteger. Además, tras un recorrido histórico de la formación económica mexicana, demuestra el surgimiento y desarrollo de las condiciones de marginalidad y exclusión que caracterizan a nuestra sociedad hoy y desde hace cinco siglos. Mismo que es imposible revertir a menos que se implementen políticas públicas consecuentes con las necesidades estructurales de la población históricamente desplazada de los beneficios que el desarrollo ha otorgado a un grupo exclusivo y minoritario, entre los cuales por supuesto no se encuentran las personas con discapacidad.

Por otro lado, propone líneas de análisis sobre la dicotomía inclusión-exclusión al profundizar en sus contenidos. De esta refiere su inevitable asociación con la marginalidad y con su implacable determinación del sujeto humillado y abyecto. He ahí la construcción social del sujeto excluido y fracasado donde no hay salida, ni oportuna ni mucho menos digna, para la persona estigmatizada por el poder supremo de una sociedad acrítica y descompuesta. En contraste, problematiza la inclusión, desde la perspectiva de la desafiliación y el desarraigo. Una manera diferente de pensar la desterritorialización de los sujetos en un mundo donde la identidad esta condenada a la perdida inevitable y permanente. En la misma perspectiva, la contribución de Juan López Villanueva invita a pensar la inclusión social desde su antónimo, la exclusión, de la que afirma es la moneda de cambio de todas las relaciones

Carolina Recio, por su parte, aborda el tema de la discapacidad desde una sugerente perspectiva: la del imaginario social, la de las representaciones que subyacen en mitos, cuentos y leyendas pero que imprimen una lógica permanente en el comportamiento colectivo que a su vez reproduce estigmas de exclusión y, por qué no, de horror y miedo. Nos invita a pensar la discapacidad como producto de una ecuación bilateral, relacional estrictamente, donde la sociedad es condicionante del fenómeno de la discapacidad y que en esa medida tiene responsabilidades, me atrevería a decir que éticas, para superar esa mirada miope e individualista que se cierne sobre la discapacidad y la hace inamovible, permanente.

comunitaria dirigida a niños y niñas con y sin discapacidad, sus familias, autoridades municipales y locales, personal de salud y maestros/as; y b) la atención personalizada a cada persona con discapacidad para promover un diagnóstico oportuno, su canalización de ser necesaria, la rehabilitación familiar y comunitaria con técnicas sencillas y auxiliares de bajo costo y la inclusión social en la vida familiar, comunitaria y, de ser posible, educativa, como sujetos sociales con plenos derechos. Sesia reconoce que lo novedoso del Proyecto reside en su sustentabilidad en el espacio local y las posibilidades reales que tiene para ser replicado en otros municipios con perfiles similares. En particular, si las autoridades convienen en convertirlo en programa público, institucionalizándolo con presupuesto asignado en gasto corriente.

Recio sitúa la base de su propuesta en la rehabilitación. Cuestiona cómo se ha definido en el sistema excluyente en que vivimos y propone mecanismos esperanzadores para hacer de la rehabilitación una práctica que verdaderamente encamine a la sociedad a un sendero de inclusión definitiva. Tal es la promesa que se adivina en la posibilidad de hacer efectivo el principio democrático de la construcción ciudadana en pleno.

Confiamos en que el conjunto de los artículos aquí compendiados, contribuirán no sólo a la reflexión crítica sobre las posibilidades teóricas y prácticas de la intervención psicosocial, sino que también aportarán elementos sustantivos para encuadrar el trabajo que DAEA despliega en San José Tenango, Oax., fomentando el debate público de la discapacidad con una perspectiva que supone la inclusión, el enfoque de derechos humanos y el reclamo democrático, ejes articuladores de la sociedad que queremos, deseamos y construiremos juntos, desde la diversidad social toda. Sea.

El Compendio cierra con un artículo que recoge las vicisitudes del Proyecto desarrollado en San José Tenango. Paola Sesia nos invita a pensar el desarrollo del modelo de exclusión ligado al proceso de expansión capitalista. En su recorrido nos ilustra sobre el surgimiento de los derechos humanos y parte de sus respectivos Pactos Internacionales. Y articula su marco conceptual a la naturaleza del Proyecto que reseña del siguiente modo: En municipios rurales e indígenas de muy bajo Índice de Desarrollo Humano se diseñó y se ha implementado de manera piloto un proyecto integral que promueve a nivel comunitario la transmisión de información, la detección, el diagnóstico, la rehabilitación, la no discriminación y la inclusión social de niños, niñas y adolescentes que tienen discapacidad. Lo cual se ha logrando a través de: a) la sensibilización

Tajín Villagómez Velázquez Coordinador de la Edición

LA INTERVENCIÓN

PSICOSOCIAL

EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN-INCLUSIÓN

DERECHOS HUMANOS,

inclusión y discapacidad

Apuntes para debatir desde una experiencia de intervención psicosocial: San José Tenango, Oax.

LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN-INCLUSIÓN Dr. Roberto Manero Brito 1

Introducción

El tema de la intervención psicosocial es importante desde diversos puntos de vista. Junto con otras formas, como la antropológica, sociológica y de trabajo social, la psicosocial es una de las propuestas de intervención especializada en el campo de lo social. Estamos lejos del momento y de las posiciones que rechazan la intervención de los especialistas en la realidad social. Incluso en las formas de investigación más abstracta, el campo social, los terrenos de intervención están presentes, aunque sea de manera indirecta. Actualmente, esta parecería una discusión superada, que ha quedado en el pasado. Sin embargo, en los diversos modos de intervención en lo social están presentes los viejos proyectos que de alguna manera subtendían aquellos debates. Ahora esos debates han logrado encontrar algunos de los hitos fundamentales alrededor de su acción, en función del proyecto intelectual que inspira cada tendencia y forma de intervención. En ese sentido, el análisis de las implicaciones del especialista interviniente resulta fundamental en el proceso de intervención.

1 Doctor en CIencias de la Educación, Profesor-investigador del Departamento de Educación y Comunicación. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Por otro lado, el momento actual, en el que se ha reivindicado la pertinencia de los métodos cualitativos de investigación, en el que los grandes relatos y las formas clausuradas del futuro se encuentran en declive, y las perspectivas teleológicas de la acción han ampliado casi ilimitadamente su panorama2, es importante también discriminar la singularidad del proyecto que distingue y anima lo que denominamos intervención psicosocial. En esta colaboración, pretendo abordar algunos elementos que nos podrían permitir una acotación en ese sentido. La intervención en contextos de inclusión-exclusión supone también la contextualización de la problemática desde los campos disciplinarios pertinentes, especialmente si pensamos en una intervención psicosocial. Los fenómenos de exclusión-inclusión social no son fenómenos que puedan ser estudiados desde una perspectiva monorreferencial. Al contrario, es necesario el concurso de diversas disciplinas para una mejor comprensión y elucidación de la problemática que dichos fenómenos plantean. Por ello, es importante que dicha comprensión designe los campos teóricos y los terrenos de intervención desde una perspectiva multirreferencial3 , que sea capaz de lograr el concurso y la discriminación de las diversas perspectivas y enfoques en la comprensión de dichos fenómenos. Desde las diferentes perspectivas disciplinarias es posible ir denominando la problemática de diferente manera, y también plantear nudos teóricos específicos desde los cuales sea posible establecer estrategias de intervención. Así, desde ciertas aproximaciones sería fundamental lograr una inteligencia colectiva de la alteridad, mientras que desde otras posiblemente fuera indispensable trabajar en torno a los procesos de afiliación y desafiliación social,

que determinarían los ejes posibles de una intervención en las lógicas de exclusión-inclusión. Indudablemente, entre dichas problemáticas hay nudos y relaciones sumamente intrincadas. No obstante, es importante discriminarlas, irlas diferenciando y partir de ello en los procesos de elucidación. Por último, tanto las formas de intervención como la relevancia y la perspectiva desde la cual se construye la problemática de la exclusión-inclusión, son elementos que requieren ser historizados. Dicho de otra manera, ambas problemáticas son procesos que se desarrollan en el tiempo, que tienen sus extensiones y sus ritmos singulares, y es en ese proceso en el que debemos entender nuestra participación.

2 Ahora se puede intervenir para cualquier cosa: para mejorar la autoestima, para lograr una mejor gestión de los conflictos, para lograr una buena espiritualidad, etc. Cualquier finalidad es válida, se encuentra legitimada. Esto remite a su equivalencia. Parecería que cualquier forma de intervención redunda en lo mismo. No existiría, en este punto, posibilidad de experimentar la alteridad. 3 En este punto, no debemos confundir la perspectiva multirreferencial desarrollada por Ardoino (1988), del eclecticismo, ni con las diversas formas de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, etc.

“Si se desea construir una sociedad en la que todos quepamos cuando seamos mayores y entremos a formar parte del colectivo de la diversidad funcional. Si se desea que la diversidad funcional no represente una desventaja social ni un elemento de discriminación, se debe ir cambiando desde hoy la visión sobre la diversidad funcional y la dignidad en la que se sustenta.” Agustina Palacios y Javier Romañach

El contexto de la intervención psicosocial El especialista y el intelectual Intervenir o no intervenir. Allí radica la cuestión. Estamos ante una vieja problemática, casi tan vieja como la existencia misma del especialista. Varios autores han insistido que la moderna figura del intelectual (en su doble posición de intelligentsia técnica e intelectualidad crítica) deriva de cambios importantes en la constitución de las sociedades, y el papel que en éstas juega el conocimiento. En ese sentido, varios historiadores insisten en la explosión de los saberes sobre lo social en la medida en la que lo social mismo se fue creando. Es decir, lo que desde las Ciencias Sociales llamamos lo social, y lo extendemos hasta los principios de la historia humana, adquiere sentido únicamente en relación a las profundas modificaciones y transformaciones sociales que se experimentaron desde el S. XVIII hasta nuestros días. En estas transformaciones, lo social fue abriéndose paso a costa de lo político (cfr. Donzelot, 1994). Esta invención de lo social no sólo tuvo efectos en la gestión del objeto social por parte del Estado, sino que también impactó de manera definitiva el conocimiento de lo humano, y se fundaron o crearon

las Ciencias Sociales. Desde su origen, las Ciencias Sociales estuvieron confrontadas con una serie de encargos oficiales, estatales, en el sentido de establecer los campos prácticos y de conocimiento que permitieran una gestión más económica (desde el punto de vista monetario, pero también de una economía del poder) del control social y de la intervención por parte del Estado. Pero por otro lado estaba también el debate alrededor de la colocación del intelectual o del filósofo, que tenía en los planteamientos marxistas (especialmente en la tesis XI sobre Feuerbach) uno de sus puntos nodales. El filósofo o el intelectual no podían situarse fuera del campo social que intentaban dilucidar. Eran parte integrante del campo que pretendían objetivar. Esta situación especial sería fundante en las Ciencias Sociales, y les daría su forma especial y su estilo. En las Ciencias Sociales, el sujeto observador es parte del campo que pretende observar. De allí que su propia acción –o inacción- es parte del campo observable

El llamado marxista a conocer al mundo transformándolo permeó indudablemente las Ciencias Sociales, y fue confrontado tanto por la Sociología como por la Antropología, disciplinas que nacieron en respuesta al campo politizado por el marxismo, y que estuvieron destinadas a hacer emerger en ese campo político lo social como fenómeno objetivable y susceptible de ser estudiado como cosa (cfr. Durkheim, 1979), es decir, despolitizándolo. La intervención del intelectual y del especialista entonces se desplaza, desde un quehacer político hacia un ejercicio técnico sobre la población. Sin embargo, esta división en la perspectiva sobre el campo social se revierte sobre los propios campos disciplinarios del marxismo y las nacientes Ciencias Sociales. Va apareciendo de esta manera un marxismo desmilenarizado, un marxismo que reniega de sus propias raíces militantes: ese marxismo afectivizado y movilizado por capas psicológicas profundas (Mühlmann, 1968), ese marxismo como movimiento, que va siendo sustituido por un marxismo positivo, calcado sobre las Ciencias Sociales que se había dedicado a criticar (Gouldner, 1983).

A su vez, en las Ciencias Sociales, va apareciendo una figura de intelectual y de especialista que basa su conocimiento en la intervención en lo social, y que desde allí recupera una vocación transformadora del campo en el que interviene. No podríamos entender buena parte de los debates de las Ciencias Sociales actuales en abstracción de esta tensión fundamental que está desde su nacimiento.

La intervención psicosocial frente a otras formas de intervención

Distinguir las formas de intervención y el tipo de conocimiento que deriva de cada una de ellas resulta una tarea indispensable, especialmente en la actualidad, en la que bajo el rubro de los conocimientos que surgen en la posmodernidad, en la caída de los grandes relatos, en el auge de las metodologías cualitativas, etc., tendemos a confundir y a englobar bajo un mismo rubro formas de intervención diversas. Es importante, entonces, hacer un ejercicio de discriminación y caracterización de las especificidades de lo que denominamos intervención psicosocial.

Desde esta perspectiva, el modelo médico preventivo (prevención primaria, secundaria y terciaria), sería una forma de intervenir psicosocialmente, aún cuando el eje de la intervención seguiría siendo el proceso de salud-enfermedad, núcleo fundamental en la institución asistencial. 5

Inicialmente, el objeto de la intervención psicosocial fue dibujándose a la par de otro tipo de intervenciones, especialmente en Trabajo Social, en Sociología y en Antropología. La forma de intervención psicosocial parecía situarse en torno a algunos objetos privilegiados: desde las interacciones en la fábrica o la empresa (Elton Mayo), hasta el trabajo en el terreno de la salud mental comunitaria. Indudablemente, el objeto de la intervención psicosocial estaba permeado por el manto asistencialista que desde entonces y hasta la fecha cubre la profesión. 4

“El espacio público es una proyección de nuestras ideas sobre la inclusión.”

Sin embargo, poco a poco los objetos de intervención fueron coincidiendo en el terreno social. De esa manera, el estudio, por ejemplo, de la violencia juvenil en las bandas o pandillas fue un lugar de confluencia de diversas formas de intervención. Psicólogos, sociólogos, antropólogos y trabajadores sociales, entre otros, intervinieron en estas realidades desde sus propias perspectivas. Ya se tratara de la prevención de la violencia como elemento de salud mental, como fenómeno sociológico de la juventud, como característica microcultural, como característica de cierta convivencia barrial o comunitaria, los jóvenes fueron intervenidos produciendo sujetos de conocimiento que se superponían unos a otros. La realidad no se adaptaba al conocimiento compartimentado del saber disciplinario. Surge así, a la par de la necesidad de articular formas coherentes de intervención, las utopías en torno a la unificación de las Ciencias Sociales como sustento de los proyectos multi, inter o transdisciplinarios.

Martha C. Nussbaum. 4 En entrevista con el Dr. Rogelio Díaz Guerrero –fundador de la Psicología Social académica en nuestro país- César Carrascoza refiere el planteamiento de que, en última instancia, toda la Psicología, incluso la experimental, está dirigida finalmente hacia la clínica, a la necesidad de asistir y curar la enfermedad psicológica (comunicación personal). 5 Mucho se ha escrito en relación a la intervención psicosocial como forma de prevención de la enfermedad mental, de la delincuencia, etc. El elemento que señalamos es que el referente fundamental sigue siendo asistencial. Evitar que aparezca la locura o la delincuencia, en ese sentido, no difiere en nada a tratar de curarlas.

propiamente científico, fue normalmente rechazado para la investigación científica en Ciencias Sociales, especialmente en momentos en los que su cientificidad se entendía más en función de su posibilidad de emular los criterios presentes en las ciencias duras, que en la reflexión sobre su especificidad y la complejidad y opacidad de sus objetos (cfr. Ardoino, op.cit.). La vocación clínica (en sentido metodológico) de la intervención psicosocial, vocación que había heredado de la medicina y en general de la lógica asistencialista, le permitió ir generando formas de apropiación tanto de métodos como de teorías sobre las colectividades. Uno de los momentos más importantes en este sentido fue la cuestión de la investigación-acción. El devenir de este método muestra claramente cómo dos universos que tuvieron orígenes disímiles (uno en la práctica asistencial, otro en el laboratorio), se van subsumiendo de acuerdo a una lógica de dominio.6

Otro aspecto, determinado también por su origen histórico, para la discriminación de las diversas formas de intervención profesional, tiene que ver con el método. Es casi un lugar común el planteamiento respecto a la posición instituyente del Estado en torno a las formas de intervención. Todas ellas resultan de encargos de Estado en función de su gestión de lo social. Sin embargo, las diversas disciplinas han respondido de maneras distintas a dichos encargos. Una de las características singulares de la intervención psicosocial es precisamente la de derivar del método clínico. Método que en muchas ocasiones es descrito más como un arte que como método

El descubrimiento en la Antropología y en la Sociología7 de la potencia de la subjetividad, entendida tanto en sus expresiones individuales como colectivas, trajo consigo la invención y revaloración de los métodos cualitativos (Taylor y Bogdan, 1987). Ya no todo era contar y medir, o realizar la mágica transformación de lo cualitativo en cuantitativo. Tampoco se trataba ya de llegar al tan ansiado matrimonio de la complementariedad cuanticuali… La investigación cualitativa volteaba hacia algunas de las técnicas que desde hacía mucho tiempo eran corrientes en los métodos clínicos. Se abandonó la encuesta, la construcción de indicadores,

6 En ocasiones, el dominio en dicho método estaba en función del encargo científico, y la investiga-ción-acción se constituía más bien como un laboratorio volcado en las calles: tal es el caso de la tra-bajo de Lewin, creador de este método, en su investigación sobre los hábitos alimenticios de las muje-res norteamericanas. En las antípodas, la investigación-acción participativa que explicita Orlando Fals-Borda o, en su caso, el mismo Paulo Freire, privilegia el polo de la acción colectiva para la transforma-ción de las realidades de pobreza y marginación. 7 Al decir de muchos sociólogos y antropólogos, resulta muy difícil trazar una línea divisoria entre am-bas disciplinas.

la cuantificación de esos indicadores y su tratamiento estadístico, y se inició el trabajo con la entrevista a profundidad, la entrevista grupal, el análisis de discurso, la observación etnográfica, etc. No se trataba pura y simplemente de reacomodar los viejos métodos para las nuevas investigaciones. Se trató de una verdadera reinvención, en la cual el proyecto mismo de la intervención se encontraba transvasado. La entrevista psicológica, en la cual se incluye la entrevista a entidades colectivas como el pequeño grupo, se sustentaba no tanto en la adquisición o producción de datos útiles para la investigación, sino en un proceso de interacción y la puesta en juego de la intersubjetividad entre el entrevistador y el entrevistado. Este juego sutil y asimétrico suponía cierta responsabilidad del entrevistador: toda entrevista suponía una devolución del entrevistador, devolución que debía ser calibrada en relación a las posibilidades y procesos subjetivos del entrevistado. La colocación asimétrica del entrevistador, en las diferentes variaciones de la entrevista, en la coordinación de los grupos, en la indagación de los diferentes ele mentos latentes, implícitos, no dichos, bien pronto fue cuestionada por el análisis de la contratransferencia del investigador y, posteriormente, por el análisis de sus impli-caciones (Lourau, 1989). Sin embargo, la intervención psicosocial inspirada en la clínica ya había dado un paso que la diferenciaba de los métodos más académicos: en la investigación académica que predominaba en los ámbitos sociológicos y antropológicos, la indagación del terreno estaba orientada esencialmente a la producción de datos, discursos, textos y/o narraciones que deberían ser procesados, interpretados, analizados y sintetizados en el gabinete del investigador, en ausencia de los propios sujetos de la investigación; posteriormente, sería posible comunicar o compartir con ellos los resultados que arrojaba el proceso de investigación. La intervención psicosocial, al contrario, suponía otra colocación

del especialista o investigador. Éste se colocaba al lado, acompañando un proceso colectivo de acción y producción de saberes y conocimiento. El método clínico planteaba una asimetría que, sin embargo, debía jugarse en el terreno mismo, con los colectivos o los sujetos de la intervención. El proceso de indagación del sujeto (individual o colectivo)

“Una política social inclusiva para las personas con discapacidad requiere también ciertas formas de redistribución, en especial las destinadas a cubrir necesidades propias de las personas con discapacidad que puedan compensar las desventajas que el medio social genera, y a permitir el acceso a ayudas técnicas que permitan potenciar sus capacidades.”

El proceso de indagación es colectivo, y por eso puede ser legítimamente caracterizado como una investigación colectiva. Sus particularidades la sitúan en el cuestionamiento de la investigación académica, y prácticamente como un analizador, en ocasiones bastante virulento, de las dinámicas de la institución científica. Al lado de la investigación que procede de una militancia reflexiva, la investigación clínica que deriva de la intervención psicosocial no solamente se constituye como un método distinto y crítico en relación a las formas más académicas dominantes en los “métodos cualitativos”, sino que produce saberes desde un proyecto social y de conocimiento diferente a los proyectos implícitos de las formas dominantes de la academia y la institución científica.

Christian Courtis de la intervención no sólo se alimentaba de la reflexión en torno a su acción en la realidad, sino también de la perspectiva, planteada desde cierta exterioridad, que le proporcionaba el investigador, especialista o interviniente. La intervención en el Trabajo Social participa, por lo menos parcialmente, de esta perspectiva. Por ello, estos tipos de intervención producen saberes y conocimientos a partir del terreno, y desde el terreno mismo.

8 En los cuales el método clínico estuvo presente como fundamento.

Con el tiempo, la intervención psicosocial llega a participar de la lógica presen-te en la investigación académica. Incorpora los “métodos cualitativos”8 y abandona paulatinamente sus particularidades en torno a los procesos individuales y colectivos. Por su parte, en el corazón mismo de los grupos de practicantes de la intervención sociológica y antropológica, van surgiendo reflexiones que las sitúan muy cerca de los procesos descritos en relación a la intervención psicosocial; surge una Sociología clínica, paralela a los proyectos planteados en el Análisis Institucional y ciertas antropologías críticas.

Los procesos de exclusión-inclusión Exclusión de qué, inclusión en dónde. Exclusión-inclusión serían, en último análisis, categorías bastante cuestionables una vez que profundizamos un poco en sus contenidos. Efectivamente, exclusión-inclusión son cuestiones que nos remiten a cierta tautología, que fue claramente visualizada por Sartre (1985). En sus Cuestiones sobre el método, cuando realiza la crítica de los planteamientos gestálticos en la obra de Kurt Lewin, Sartre establece que no se puede estar fuera de un grupo sin estar dentro de otro. Este aspecto es fundamental para la problemática que nos ocupa, la de la exclusión-inclusión. Dicho de otra manera, exclusión-inclusión oculta el tránsito permanente entre categorías y grupos, la creación de formas sociales y una cuestión fundamental, que es la abyección de ciertas categorías y grupos sociales en la institución de la marginalidad. Asimismo, estamos obligados a caracterizar esa “normalidad”, esas formas instituidas desde las cuales se eyecta o se abyecta a aquellos que serán designados desde la marginalidad, la ex-clusión y la abyección.

La problemática de la exclusión

Se trabaja normalmente con este concepto, la exclusión, en el sentido de arrojar al sujeto de los espacios de satisfacción de ciertas necesidades básicas. La exclusión es exclusión de los beneficios que el desarrollo social y económico aporta a las personas. Estos beneficios no se reparten de manera equitativa en la sociedad, y la distribución desigual genera formas de exclusión de partes de la población. Pero ¿hacia dónde se excluye a estos sujetos? No es un vacío de significación. La exclusión no es aventar a estos sujetos a un limbo, a una situación poco definida. Al contrario, la exclusión es siempre arrojar a sus víctimas a un espacio conocido y bastante temido: el espacio de la pobreza, de la indigencia, de la miseria. Es evidente que existe una resonancia de las significaciones religiosas: es el infierno de la carencia. Esta fantasía infernal es cultivada desde la más temprana socialización, y se constituye como amenaza permanente.

posición edípica: al contrario, la exclusión edípica sólo cobra su dimensión en el trasfondo de esta construcción infernal del mundo de la miseria y de la pobreza, de las distintas formas de indigencia. La exclusión es necesaria, ya que el mundo de lo incluido, la normalidad, sólo puede trazarse a partir de su contraste, es decir, depende de la construcción de ese infierno. En ese sentido, todos somos hijos de este infierno. Ese mundo no sólo se construye como el negativo del mundo del confort. Implica otra fantasía, implica la creación de nuevas categorías a partir de las fantasías más aterradoras. La miseria no es únicamente una condición o consecuencia de un sistema desigual e injusto. El mundo de la miseria es una creación humana, es un contenido diferenciado que construye y articula no sólo al sujeto miserable, sino también a aquél que no lo es. El mundo de la miseria y de la marginalidad supone, para su construcción, la necesaria articulación con las fantasías infantiles mas aterrorizantes.

Por ello ser excluido no significa únicamente la repetición de la

Debemos temer la marginalidad. La insatisfacción no es únicamente carencia de satisfactores, sino también construcciones imaginarias que actúan sobre el psiquismo, y que se constituyen como verdaderos mitos que pesan y subyugan a los colectivos marginados. Tal es el sentido del estigma. El sujeto marginado es siempre un sujeto estigmatizado. Ya Goffman (1989) planteaba algunas de las características del proceso de estigmatización. El estigma confronta siempre las diferencias, las carencias, la rareza. Estas diferencias son el eje sobre el

que se atrae las fantasías más horrorosas y desastrosas. Eso que se deposita sobre la víctima es precisamente lo abyecto. Lo abyecto es, en una parte, el desecho, lo que se desecha, lo inservible. Es lo que el cuerpo desecha, y lo abyecta. La abyección del cuerpo es lo que define la suciedad y el asco. Es casi como una génesis psicosocial del asco y de lo abominable. La exclusión, entonces, está dominada por el ámbito de lo abyecto, de lo desechado y lo sucio (casi equivalente a lo miserable). El acto de exclusión, el ejercicio colectivo de la exclusión, no es posible sin la construcción de este ámbito abyecto. Porque es desde la abyección que pudo plantearse el contenido del insulto y de la humillación. Es una degradación de lo considerado humano. El ser humillado ha sido degradado en la escala humana. Por eso

la abyección resulta humillante. El sujeto se identifica a lo abyecto: es mierda, es gargajo, pestilente… Se construye colectivamente el mundo de lo abyecto, y con esto inventamos nuestro infierno. La problemática de la exclusión se construye entonces como castigo y como humillación. El sujeto excluido se constituye como un sujeto humillado y abyecto, y desde ese momento operarán mecanismos de estigmatización que le impedirán rear-ticularse en el mundo de la normalidad. Su universo ya es otro. Mecanismos de desidentificación e identificación, interiorización, introyección, permitirán eso

que Eribon (2004) define como la subjetivación de la abyección: el sujeto abyecto se transforma en eso que le han asignado. Para el excluido, incorporarse al infierno, escoger el mal, no es una transgresión. Es asumir lo que la sociedad ha hecho de él (Sartre insistirá en este punto). Opera entonces el nuevo sujeto, la invención social del sujeto excluido, marginado. Ignorar la constitución subjetiva de la exclusión es condenar al fracaso cualquier intervención en este ámbito.

“La exclusión y la ignorancia se han retroalimentado en un círculo vicioso: la tendencia a vincular a las personas con discapacidad con estereotipos negativos revierte en el reforzamiento de su exclusión” Christian Courtis

La problemática de la inclusión

Por ello también la inclusión es problemática. Es una mudanza completa del sujeto de la abyección. La problemática de la inclusión plantea un doble juego: es el desarraigo del sujeto excluido, y al mismo tiempo la creación de una inteligencia de la alteridad. El mundo de la normalidad no nos remite únicamente a la cuestión estadística. La normalidad se instituye, es un universo ajeno al sujeto abyecto, al sujeto que proviene del otro lado o del otro mundo de la normalidad. En un momento dado, el sujeto abyecto, ése que padece la secuela de sus discapacidades, de sus diferencias, está invitado a desarmar aquello que le permitió sobrevivir: volverse eso Exclusión de qué, inclusión en dónde. Exclusión-inclusión serían, en último análisis, categorías bastante cuestionables una vez que profundizamos un poco en sus contenidos. Efectivamente, exclusióninclusión son cuestiones que nos remiten a cierta tautología, que fue claramente visualizada por Sartre (1985) La problemática de la inclusión podría trabajarse desde la perspectiva de Robert Castel (1991). Este sociólogo acuñó el concepto de desafiliación para caracterizar el proceso de profunda y progresiva marginalización que desemboca en la indigencia. La desafiliación es una secuela de la violencia ejercida contra ciertos miembros de la sociedad. Poco a poco se van aislando, y en la medida que pierden sus vínculos (en la medida en la que se van transformando en pharmakós, de acuerdo al planteamiento de Girard [2002]), van constituyéndose como indigentes, como esos sujetos que han perdido toda pertenencia, y se van desafiliando de sus grupos secundarios, primarios, en fin, de su propia vida. Sujetos que han renunciado a su existencia social, que han sido enajenados de su personalidad social. No son nada.

¿Volver a ser alguien? ¿Reincorporarse? ¿Desandar el camino de la desafiliación? ¿Reafiliarse? ¿Será posible este camino sin la pérdida de la memoria? ¿Cómo mudar, entonces, este sujeto? Sin embargo, hay una pregunta anterior: ¿quién desea incluirlo? ¿De quién es la demanda? No podemos, sin embargo, quedarnos sin hacer nada. Es insoportable la vista de los efectos de la violencia social sobre los excluidos, sobre los abyectos. Es insoportable la vista de esos cuerpos distorsionados, marcados, señalados. Es la visión del monstruo, de lo monstruoso. Pero no sólo eso. No hablan, no oyen, no ven. Están marcados por el dis de la discapacidad. Carecen de algunas capacidades, o simplemente carecen de capacidad. Pero es importante que esta asignación está planteada siempre desde el negativo, desde la falta. Por ello evolucionamos hacia las capacidades diferentes, que finalmente nunca llegamos a conocer. Se vuelca la lógica del eufemismo. Simplemente suavizamos eso que está allí, inconmovible: la abyección. Algunos quieren trabajar, algunos quieren gozar, quieren ser tratados como iguales (no son iguales). Y ya tenemos algunas respuestas. No se trata de igualdad: es equidad. Debemos incorporarlos a nuestro mundo, debemos incluirlos, posiblemente sin integrarlos.9 Debemos incorporarlos a nuestro mundo sin obligarlos a renunciar a sus propias características. Para ello debemos dejar de reducirlos a sus capacidades (dis, diferentes, o como se les quiera llamar). Eso resulta imposible en nuestro mundo, puesto que este mundo supone la abyección y la humillación como condición de construcción de nuestra normalidad. Incluir la abyección es destruir nuestro mundo, y allí está lo difícil. Castoriadis (1975) plantea que la ruptura de la clausura no es un acto de voluntad. Es una posibilidad que

9 Las políticas integracionistas con los indígenas fueron acciones terribles con las culturas aborígenes. Se produjo verdaderos genocidios con las comunidades y pueblos indígenas, tratando de “integrarlos” a la sociedad.

no procede de ninguna demanda del sujeto (individual o colectivo). La ruptura de la clausura es una condición que se impone, en la institución del individuo social y de nuestras sociedades. Aunque siempre tendemos a estructurar nuevas clausuras, como las propias de la normalidad. No es primera vez que se intenta romper dichas clausuras. La problemática del racismo, de la inclusión multirracial, la problemática indigenista, la cuestión de la multi e interculturalidad, de la homosexualidad y la diversidad sexual son algunas de las cuestiones en donde se han enfrentado situaciones similares. No dejamos de abyectar, de humillar, de producir pharmakós, pero debemos aprender a vivir con ellos. No hay aceptación, pero debemos empezar por la tolerancia.

No se trata tampoco de habitar el mundo de la abyección, de la marginalidad. El Análisis Institucional nos muestra la potencia antiinstitucional de la desviación: la acción de los analizadores. Verdaderas potencias desconstructivas.10 La desconstrucción de nuestra normalidad no es posible sin la destrucción del mundo abyecto de la marginación. Los analizadores de nuestro mundo nos invaden, nos desconstruyen. El “pobrecito…” no sólo ridiculiza y humilla al sujeto de la abyección. También resulta aberrante en

el mundo de la normalidad. Esta aberración se yergue frente al sujeto: le muestra en un espejo distorsionado el rostro llagado del propio sufrimiento proyectado: la pesadilla es propia. Por ello la demanda de inclusión proviene necesariamente de un mundo en ruinas, de un mundo virulentamente desconstruido por sus propios analizadores. No estamos ni siquiera en condiciones de inventarnos una utopía. La inclusión, las sociedades o comunidades incluyentes se pueden organizar a partir del estupor que produce la pérdida:

La idea aparentemente tan simple e incuestionable de que los otros son simplemente otros, es una creación histórica que va contra la corriente de las tendencias “espontáneas” a la institución de la sociedad. Los otros casi siempre han sido instituidos como inferiores. Todo lo cual no es una fatalidad, o una necesidad lógica, es simplemente la probabilidad extrema, la “propensión natural” de las instituciones humanas. (Castoriadis, 1990:28)

10 Que en este sentido debemos diferenciarlas muy cuidadosamente de las potencias verdaderamente destructivas de los mecanismos instituidos.

Bibliografía Ardoino, J. (1988), “Vers la multiréférentialité”, en Hess, R. y A. Savoye (comp.), Perspectives de l’Analyse Institutionnelle. Paris: Méridiens-Klincksieck. Castel, R. (1991), “La dinámica de los procesos de marginalización: de la vulnerabilidad a la exclusión.” En Acevedo, M.J. y J.C. Volnovich, El espacio institucional. Buenos Aires: Lugar Editorial. Castoriadis, C. (1975), L’institution imaginaire de la société. Paris: Seuil. (1990). El mundo fragmentado. Montevideo: Nordan-Comunidad. Donzelot, J. (1979), La policía de las familias. España: Pre-Textos. (1994), L’invention du social. Paris: Seuil. Durkheim, E. (1979), Las reglas del método sociológico. Buenos Aires: La Pléyade. Eribon, D. (2004), Una moral de lo minoritario. Variaciones sobre un tema de Jean Genet. Barcelona: Anagrama. Girard, R. (2002), Veo a Satán caer como el relámpago. Barcelona: Anagrama. Goffman, E. (1989), Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu. Gouldner, A. (1983), Los dos marxismos. Madrid: Alianza. Lourau, R. (1989), El diario de investigación. Materiales para una teoría de la implicación. México: Universidad de Guadalajara. Mühlmann, W.R. (1968), Messianismes révolutionnaires du Tiers Monde. Paris: Seuil. Sartre, J.P. (1985), Critique de la raison dialectique, T.I. Paris: Gallimard. Taylor, S.J. y R. Bogdan (1987), Introducción a los métodos cualitativos de investigación. España: Paidós.

REFLEXIONES SOBRE LA

INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DERECHOS HUMANOS,

inclusión y discapacidad

Apuntes para debatir desde una experiencia de intervención psicosocial: San José Tenango, Oax.

REFLEXIONES SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Juan López Villanueva1

Introducción

La inclusión social debiera ser considerada como un tema transversal, pero su sola cita en un contexto como el mexicano permite suponer que su antónimo -la exclusión- es la moneda de cambio en las relaciones sociales de todos sus componentes. Desde esa perspectiva abordaré el tema de la inclusión social de las personas con discapacidad (PCD, en lo sucesivo), partiendo de lo general a lo particular, y de lo abstracto a lo concreto, considerando como tiro de piedra y guía, lo que podemos considerar como un hecho social: la exclusión generalizada como característica y constante de los componentes del gran colectivo.

Al final de este ensayo haré una conexión con el tema de la atención psicosocial hacia las PCD, como uno de los pendientes más acuciantes por parte del Estado. Pero también como una propuesta de acción social caracterizada por el empuje de la sociedad civil organizada. Pero antes de abordar esta posibilidad es importante reflexionar acerca del gran sistema excluyente-discriminatorio que tiende a dejar en su rodar a un sinnúmero de personas fuera de la dinámica social laboral, educativa, de salud, cultural, etc. 1 Defensor y promotor de Derechos humanos especializado en el área de teoría del género, prevención de la tortura, derechos de los Pueblos Indígenas y de las personas con discapacidad. Encargado de la redacción del informe sombra de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Informe especial de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, relativo a la problemática de los Pueblos Indígenas en la Huasteca Potosina, 2004.)

Con ello, se genera inevitablemente un fenómeno poco considerado no sólo por el Estado, sino también por las organizaciones de la sociedad civil. Uno de los pendientes del Estado mexicano (y en general de todos los Estados) es que ante un sistema que va triturando seres humanos, excluyéndolos del desarrollo y de la sociedad, es imprescindible que asuma una política pública de atención psicosocial. Pero la sociedad civil organizada también puede hacer de ella una herramienta que propicie el cambio social, que supere la antinomia que prevalece como arquetipo civilizatorio: el sistema de exclusión-discriminación milenario.

Panóptica de la exclusión

La Convención sobre los Derechos de las PCD (La Convención) refiere a modo de principios el de la inclusión social: “…la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad”. Al hilo de este principio, es de resaltar el contenido del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que parece sugerir que la inclusión social es un deber social, más que un derecho para las PCD. La sociedad tiene lamentablemente esa es una de las deficiencias del sistema de derechos humanos muy pocas veces analizada. Tomemos por ejemplo los artículos 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1973):

el deber de propiciar y practicar la inclusión, invirtiendo lo que habitualmente se considera de manera pasiva, incluir al otro: Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En efecto, un modo de leer este artículo es que la PCD no se sitúa únicamente en el plano de un derecho desde la persona: también en el de un deber, desde el colectivo: incluirle en la sociedad. En ese sentido, la sociedad debe ser inclusiva como conditio sine qua non para desarrollar plenamente a la PCD; para la persona es un derecho y para el colectivo, un deber. Sin embargo, una lectura a conciencia de la generalidad de los instrumentos internacionales nos mostrará que el concepto inclusión no está clara ni directamente referido, muy por el contrario. La exclusión, aunque tampoco está claramente referida, es un riesgo conceptual en algunos instrumentos internacionales y

Artículo 12 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremen te por él y a escoger libremente en él su residencia. Artículo 13 El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas

designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas. A pesar de que el artículo 23 del Pacto establece la prohibición absoluta de la discriminación, este par de artículos significan sin necesidad de mucho análisis que hay personas que pueden no tener la calidad de legales, y por ende deducirse su ilegalidad, y que

Inclusive, cuando sean los migrantes son detenidos, serán puestos en lugares diferentes a las personas condenadas o sujetas a proceso, abriendo con ello no sólo la exclusión de la migración indocumentada, sino la propia criminalización y las detenciones que se reputan de arbitrarias, así como la privación ilegal de la libertad que puede prolongarse por meses . 2 Conclusión: las personas migrantes indocumentadas están excluidas de la protección internacional de los derechos humanos. En el caso de los derechos de los Pueblos Indígenas, llama la atención cómo la exclusión formó parte del sistema de Naciones Unidas durante muchos años. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales desde 1989 habla mucho de la exclusión que ha caracterizado a la sociedad internacional: la OIT es una instancia adoptiva, sin que su origen ni objeto coincidan con el tema laboral, tanto que los propios beneficiados deben acudir a la instancia internacional a través de una organización sindical.

quienes tengan esta calidad no podrán ejercer el derecho a la libre circulación, so pena de su expulsión por su condición de ilegalidad. Esa es la base que a la vez que forma parte del sistema toral de derechos humanos, justifica la punibilidad de la migración: abiertamente abre la posibilidad de que un extranjero con estancia no legal pueda ser perseguido y expulsado del país en el que se encuentre, PCD incluidas. Eso no es inclusión. Al menos en este caso es exclusión pura, en la nervatura de los derechos humanos. Por seguir con el tema de las personas migrantes, el sistema universal de derechos humanos tiene en su haber la llamada Convención de 1990, misma que refiere un problema parecido: tutelar de modo distinto entre los derechos de los trabajadores migrantes documentados que a los indocumentados.

2 Recordemos que el sistema jurídico mexicano garantiza a nivel constitucional en su artículo 14 que nadie podrá ser privado de la libertad, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. A pesar de esto, los inmigrantes indocumentados pueden pasar meses privados de su libertad sin que tribunal alguno haya determinado el fundamento de la detención.

En ese sentido, tampoco este segmento social ha merecido ser incluido en el selecto grupo de las Convenciones de derechos humanos, quizás porque reconocer sus derechos vaya en detrimento de la manera en que la riqueza se irguió tras los siglos de conquista y dominación, traducidos en el despojo, el exterminio, la colonización y la condena secular al subdesarrollo y la miseria extrema. Como estos, hay muchos ejemplos de cómo el sistema universal o regional de derechos humanos no fomenta la inclusión social de los grupos que generalmente pretende proteger. Pero aquí es preciso dejar de lado la universalidad no inclusiva que dolorosamente le caracteriza para poder centrarnos en el tema de las PCD, su inclusión social y su atención psicosocial, para lo cual partiremos tomando como base las siguientes preguntas:

•¿La estructura económica mexicana es de naturaleza inclusiva?

•¿Existen políticas públicas y presupuestarias que fomen ten el tema de la inclusión social a nivel general o, en lo particular, hacia las PCD? Y,

•¿La atención psicosocial forma parte del esquema de protección de la Convención?

“En la construcción del entorno social, físico y mental, ha primado la discriminación de todo aquel que es diferente, adoptando actitudes de negligencia, explotación, arrinconamiento, negación de derechos, asignando papeles pasivos y de esclavitud y generando conflictos. Basta recordar las discriminaciones y abusos que han sufrido y sufren diariamente los indígenas americanos, las mujeres y hombres de raza negra, las mujeres y hombres sin recursos económicos, las mujeres, explotación de niños, inmigrantes, etc.” Agustina Palacios y Javier Romañach

“Durante siglos, las personas con discapacidad han sido segregadas, excluidas y postergadas. La discapacidad ha constituido en el pasado –y en alguna medida sigue constituyendo- un motivo para la negación de la titularidad de derechos o bien para su ejercicio.” Christian Courtis

Naturaleza del sistema económico mexicano

La sociedad mexicana sigue la sinergia del sistema de generación de riqueza hegemónico instituido hace milenios, pero súperdesarrollado hace más de dos siglos: la explotación humana y de la naturaleza, en función de la generación de riqueza a través de la mercancía. Nuestra sociedad no puede, al menos por ahora, cambiar esta circunstancia porque ni siquiera hemos llegado al grado de percibir y razonar la realidad que vivimos, por lo que la sociedad mexicana, y aun la mundial, sigue fijando su atención en los efectos, y no en el proceso y las causas profundas que los devienen. La exclusión no es un capricho de ciertas sociedades, ni una sinrazón de la civilización, es el efecto de la sinergia provocada por la gran estructura de generación de riqueza, basada en la explotación humana. En ese sentido, tras las triada revolucionaria del siglo XVIII (La independencia de Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial), una parte del continente europeo y el explosivo nacimiento de los Estados Unidos aceleraron el futuro de la civilización en los siguientes dos siglos, basado en la madre de todas las exclusiones: la explotación humana, argamasa de toda generación de riqueza. Lenta pero inexorablemente el resto del mundo fue carcomido por este sistema, hasta la actual fase de globalización. A dos siglos del florecimiento de la hegemonía capitalista, el planeta se encuentra en un colapso ecológico y su población humana, en una secuela discriminatoria/ excluyente generalizada.

Cabe aclarar que lo acontecido con el nuevo orden mundial al finalizar el siglo XVIII no fue por generación espontánea. El proceso excluyente/discriminatorio únicamente tuvo un cambio cualitativo: aceleró y radicalizó la antiquísima sociedad clasista, en la que por centurias sentó sus reales en una espesa nata social en cuya superficie pervivían las clases más acomodadas, suturadas por fueros y títulos nobiliarios, barridos por las tres grandes revoluciones supra-referidas. México no es la excepción. Tras el sometimiento de todas las culturas autóctonas, la sumisión al nuevo orden occidental tuvo por principal característica lo que ahora conocemos como sistema excluyente, y que en los años posteriores a la conformación de la Nueva España se tradujo en la segmentación del sistema de posesión de la tierra, el desmembramiento de la superestructura autóctona, la esclavitud y el exterminio sistemático de los focos de resistencia. El barrido social del conquistador fue puntualmente denunciado por una de las mentes más preclaras de lo que ahora llamamos sistema universal de los derechos humanos: Bartolomé De Las Casas. De hecho, el concepto de la exclusión resuena como un eufemismo, frente a la tragedia humanitaria que significó en América la apropiación europea. Los tres siglos posteriores a la conquista son un recuento puntual de la base discriminatoria y excluyente, que no desaparecieron del todo en los posteriores periodos de la naciente República. Uno de los contrapesos conceptuales de las revoluciones sociales de finales del siglo XVIII lo fue la aparición de los estamentos embrionarios de los derechos humanos: la Declaración de Virginia de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

corte de caja es un déficit generalizado en la población con atronadores cifras de pobreza y por ende de la exclusión de un inmensa mayoría (23 millones de personas en pobreza alimentaria, según el CONEVAL), desempleo3 , y alta morbilidad materno infantil.4

de 1789. En México, esta influencia puede apreciarse desde los primeros ejercicios constitucionales y en las mismas proclamas de Hidalgo y Morelos. Sin embargo, al igual que en Estados Unidos y en Francia, el sistema discriminatorio/excluyente tenía una dinámica irresistible e ineludible, porque su base económica y productiva negaba y niega inefablemente las tesis de igualdad e inclusión que caracteriza al discurso de los derechos humanos. El antecedente clásico del sistema de defensa de los derechos humanos en México es la Procuraduría de los Pobres, impulsada por Ponciano Arriaga en San Luis Potosí, en 1847. Este sistema mantenía entonces la dicotomía actual: la pobreza, asumida desde la perspectiva de la igualdad y la inclusión, pilares actuales de los derechos humanos. Poco de lo acontecido en los doscientos años de independencia ha significado un ejercicio republicano para una democracia inclusiva. Todos los números apuntan en contra de este objetivo. Antes de la Revolución Mexicana, las condiciones de pervivencia de la inmensa población indígena no se diferenciaba en gran medida del régimen colonial. A 200 años de la proclamación de la Independencia, el

“Una política destinada a la inclusión de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida social debe poner énfasis en la eliminación de prohibiciones legales, estereotipos sociales y barreras físicas y comunicacionales socialmente creadas, que impiden a las personas con discapacidad llevar delante de la manera más plena su potencial y autonomía en todos esos ámbitos.” Christian Courtis

Tras cinco siglos de exclusión social, no podemos suponer que la inercia pueda cambiar simplemente por decreto, o por la hermandad de Naciones Unidas, a través de la instrumentación internacional de los derechos humanos. En un contexto de profunda desigualdad social, los factores que desencadenan la exclusión se ven agudizados cada día. Y, en el caso de las PCD, de ninguna forma son la excepción, particularmente por cuanto hace a los rubros de accesibilidad, personalidad jurídica, empleo, salud y educación. La dinámica social no permite que la población que vive alguna discapacidad tenga mayores facilidades que el gran cúmulo del colectivo que no participa de los beneficios del reparto de riqueza. Políticas públicas y presupuestarias en México La manera en que un Estado abate los agravios del sistema exclusivo-discriminatorio mundial es a través de las políticas públicas y presupuestarias, generalmente paliativas o de corte asistencialista, sin atender el proceso social excluyente, únicamente asumiendo los efectos. En el caso de México, cuatro son los documentos que enmarcarían la función regulatoria del Estado: • La Convención, como marco teórico-jurídico de consenso internacional; • La Constitución, como marco regulatorio a nivel nacional; • El Plan Nacional de Desarrollo, cuyo origen constitucional obliga a que el Estado delinee su estrategia general; y • El Programa Nacional de Derechos Humanos, supuesto arquetipo que pretende coincidir con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional de naciones.

Si queremos indagar cuánto hace el Gobierno de México para enfrentar el sistema excluyente-discriminatorio, veamos cómo articula su ejercicio público, a través de políticas estructurales, con perspectiva social de mediano y largo plazo, y mediante la colaboración interinstitucional en sus tres niveles: federal, federativo y local.

También refiere que “Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación” mediante un “plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”. Así, tenemos que existen dos presupuestos básicos para que el Gobierno de México haga planeación denominada democrática en materia de los derechos de las PCD: la Convención y la Constitución. La primera, en un contexto de vigencia universal y la segunda, convalidando a la primera y definiendo la naturaleza y los alcances de dicha planeación. Lo que sigue es que el Plan Nacional de Desarrollo le dé sentido a esta base doble.

La clave del entendimiento de esta realidad consiste en no dejar de lado el análisis estructural: cómo una sociedad integralmente excluyente y discriminatoria, pretende aminorar (jamás, desaparecer) las distancias entre las clases sociales extremas. Veamos, pues, qué refieren estas cuatro instancias y si entre ellas hay una línea conducente que permita afirmar que, al menos, se busca paliar dicha distancia, para evitar los riesgos de los estallidos sociales. La Convención obliga al Estado mexicano a “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos”. Básicamente, eso implica dos procesos públicos: armonización legislativa y estructuración estratégica de políticas públicas y presupuestales. La preeminencia constitucional hace que la Convención sea ley suprema de toda la Unión en el sistema jurídico nacional, según su artículo 133. La Constitución también determina que el Estado “organizará un sistema de planeación democrática (Art. 26)”.

Al respecto, de una lectura atenta al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 resalta la manera en que redacta su preámbulo. El titular del Poder Ejecutivo sostiene que el PND es: El principal instrumento del Gobierno de la República para reducir las desigualdades y construir un mejor país es el gasto público. Es imperativo que, en esta perspectiva, se gaste mejor y de forma transparente, y que el gasto se oriente efectivamente a las personas, a las familias y a las comunidades que más lo necesitan.

“La mejor forma para comprender las expresiones de vida de las personas es tomar en cuenta su “lugar social” y ponderar su relación con los órdenes sociales.” Manfred Liebel y Marta Martínez Muñoz

3 Según cifras del INEGI, el desempleo abierto en México es del 5.3 de la PEA (también, según cifras del INEGI la población con discapacidad en México es del 1.8%), cifra inexplicable si tomamos en cuenta que en España es del 19.79%; en Estados Unidos, de 9.6% oficial, pero se estima una cifra real del 17%. La OIT ha informado que la cifra de desempleo mundial en 2009 fue de casi 212 millones de personas, lo que significa un promedio de 6%. 4 Alianza Cívica documentó en 2009 que los índices porcentuales de morbilidad materna en la Montaña de Guerrero, en el periodo 2005-2007 fue de 122.47 muertes por cada nueve mil nacimientos, mientras que a nivel estatal mantuvo la cifra en el mismo lapso de 74.21 por cada diez mil nacimientos.

El PND contiene una declaración inicial en el capítulo de igualdad de oportunidades, en el sentido de que el país tiene una… …Enorme deuda con los mexicanos que viven en condiciones de pobreza y marginación; atenderlos es prioridad de este gobierno. Por ello, se propone una política social integral que, primero, articule los programas y acciones de gobierno desde sus diferentes ámbitos de acción y, segundo, promueva la coordinación y la participación de los otros órdenes de gobierno y de la sociedad.

En ese mismo tenor, la estrategia 17.6 dispone otorgar apoyo integral a las PCD para su integración en las actividades productivas y culturales, con plenos derechos e independencia. En ella, establece acciones diferenciadas acordes al tipo de discapacidad con el objeto de lograr un mayor acceso a los servicios de salud. Los conceptos propuestos son: oportunidades de recreación e inserción en el mercado laboral, así como la inclusión de las PCD en el diseño de las políticas públicas. Esta estrategia hace varios trazos, de los que vale la pena verificar si hay visos de implementación, he aquí algunos incisos que por su importancia me atrevo a reproducir casi en su totalidad:

En el contenido nuclear, el PND establece en su estrategia 17.2 lo concerniente a las PCD: ESTRATEGIA 17.2 Avanzar en el concepto de seguridad social para ampliar el alcance y cobertura de los programas de gobierno enfocados a la protección de grupos vulnerables. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que cuando menos el 10% de los mexicanos vive con alguna discapacidad física, mental o sensorial. Por esta razón se promoverá la incorporación de las PCD a los diferentes programas sociales que llevan a cabo los tres órdenes de gobierno. Se fortalecerá la coordinación de la Administración Pública Federal con los gobiernos estatales y municipales, con el propósito de brindar un apoyo lo más integral posible y descartando la posibilidad de incurrir en duplicidades de atención. “En lugar de ver la discapacidad como “desviación”, el desarrollo de una sociedad inclusiva requiere entender la discapacidad en términos de diversidad: una sociedad pluralista se caracteriza por evitar la uniformidad forzada, y comprender y valorar las diferencias.” Christian Courtis 5 La Convención es muy cuidadosa con el uso de este término, prevaleciendo el de inclusión, término que utiliza en siete ocasiones.

a. Estructurar un proceso de armonización legislativa a fin de hacer vigente la Convención (que corresponde con el contenido del artículo 4.1.a de la Convención); b. Realización de un diagnóstico nacional y de un censo sobre las PCD y de sus familias (Artículo 31 de la Convención); c.Acciones de prevención de la discapacidad, para garantizar el acceso a servicios de calidad que propicien su inclusión social y su desarrollo pleno. d. Equiparar y facilitar integración plena, mediante un sistema de la salud integral, con énfasis en la salud sexual y reproductiva;

Como podrá observarse, hay una ilación mínima entre la Convención, la Constitución y el PND, apenas suficiente para delinear una planeación pero no estratégica y menos aún democrática, como dispone la propia Constitución. En mi opinión, lo que contiene el PND es una enunciación de objetivos y algunos principios, pero no es precisamente una planeación democrática, y tampoco alcanza a una planeación estratégica en la que se establezcan plazos, responsables, prioridades, así como medición de resultados. Aparentemente el PND, deja esta labor al detalle de cada Secretaría de Estado, lo cual abre el riesgo de que cada instancia interprete de manera inconexa el modo en que la planeación se convierte en democrática, lo que podemos decir que ha sucedido, a todas luces.

e. Promover la construcción de viviendas, infraestructura urbana, instalaciones escolares y de salud adaptadas; f. Fortalecimiento de estímulos fiscales para las empresas que ofrezcan oportunidades de empleo a personas con alguna discapacidad. g. Incrementar la accesibilidad física de las PCD para el tránsito y el uso de los espacios urbanos; h. Promover la realización de investigaciones y la capacitación de profesionales y servidores públicos; i. Garantizar (estrategia 17.7) la disponibilidad e instrumentación para un diagnóstico y canalización temprana.

La inclusión educativa, por ejemplo, está prevista en el artículo 24 de la Convención. En él, se refiere abiertamente sobre este concepto y se hace una interesante propuesta: la educación deberá ser permanente y acompañará todo el proceso de vida de la persona con discapacidad. En 1994 el Estado mexicano dio un golpe de timón, hacia un sistema educativo nacional, que se apartaba claramente del sistema heterogéneo previo, cuya principal característica era la educación especial, destinada principalmente para PCD.

No obstante lo anterior, es posible afirmar que la vigencia del modelo referido no ha llegado a convertirse en realidad. En todo caso, la parte de mayor avance lo constituyen los Centros de Atención Múltiple (conocidos como CAM), pero cuyos logros no necesariamente significan cambios cualitativos en relación con la inclusión educativa. En este tema, las propias organizaciones civiles tienen una fuerte cobertura a nivel nacional que prestan diversos servicios tendientes también a cumplir lo establecido en el artículo 24 de la Convención.

de 4800 empleados públicos, dato que no fue aportado por la instancia pública consultada. De la lectura del Plan Nacional de Desarrollo no se colige la existencia de una planeación democrática, dirigida a la implementación de políticas públicas en materia de inclusión laboral para PCD. Tampoco se advierte que haya una conexión entre dicho Plan y los contenidos de la Convención, por lo que si se analizara la manera en que el Estado mexicano intenta abordar la inclusión social con

En el caso de la inclusión laboral, la situación deja mucho qué desear. El artículo 27 de la Convención hace también clara alusión a la inclusión de las PCD en torno a este derecho; particularmente dicho artículo establece el concepto de un entorno laboral inclusivo. En el inciso g, la Convención refiere que los Estados parte deberán “emplear a PCD en el sector público”. A pesar de ello, pocas son las instancias públicas que tienen una política pública inclusiva que garantice la no discriminación en torno a las PCD, y que permita darle sentido al inciso g del artículo la totalidad de derechos reconocidos por la Convención, segura27 de la Convención. ¿Qué puede pedir el Estado mexicano a los empleadores privados, cuando su política de inclusión laboral es tan mente obtendremos resultados similares: no hay políticas públicas estructurales a favor de las PCD y cada instancia actúa de manera pequeña y desarticulada? inconexa, con el resto de la estructura de Estado, generando una acción estatal ajena a los dictados de la Convención. Ejemplo de ello es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancia que uno supondría tiene mayor sensibilidad en el tema, únicamente tiene en su nómina tres empleados públicos con Hasta ahora hemos hablado de la gran estructura excluyentediscriminatoria que caracteriza a la sociedad mexicana, así como discapacidad, de un total de 1090 6, lo cual representa el 0.003% de la manera en que el propio sistema de derechos humanos no de inserción laboral inclusiva, a favor de las PCD. es necesariamente congruente con la pretendida inclusión social, y las inconsistencias en la instrumentación de las políticas públicas La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, reportó mediante estructurales. Abordemos ahora un tema poco común, pero trascenel sistema INFOMEX que tiene un porcentaje de 0.35%, con 16 dental para la sociedad en general y particularmente importante personas registradas como servidores públicos con algún tipo de discapacidad, lo que significa que dicha instancia tiene una plantilla para las PCD y para sus familias: la atención psicosocial. 6 Datos obtenidos mediante el sistema INFOMEX, el 13 de agosto de 2010.

La atención psicosocial y la Convención

Como advertí al principio, consideré oportuno hacer un breve recuento del devenir histórico y de las características generales de nuestro sistema civilizatorio actual. Sostengo que dicho sistema tiene diversas características ominosas, entre ellas una de las más evidentes es que se trata de un sistema de naturaleza excluyente-discriminatorio. Las secuelas de esa esencia trasminan toda nuestra cotidianeidad, como pudimos ver en las características del sistema político nacional, y en la manera en que estructura su planeación democrática, desde la propia Constitución y en su Plan Nacional de Desarrollo, particularmente en la atención de las PCD.

Considero que un sistema civilizatorio como el que menciono, con tales características, está condenado a básicamente dos destinos, uno excluyente del otro: o termina por poner en riesgo de extinción a la humanidad y a la inmensa mayoría de especies que pueblan la Tierra; o logra cambiar su base conceptual de explotación, sinónimo del sistema excluyente-discriminatorio y detiene la dinámica destructora en la que ahora nos encontramos. En ese sentido, es posible afirmar que la humanidad precisa de distintas estrategia de abordaje al gran problema en el que nos encontramos, una de esas herramientas puede serlo la atención psicosocial.

En la medida que esa atención psicosocial, signifique que las personas a las que va destinada entiendan su situación y las deje en posibilidad de remontar su circunstancia, podrá considerarse de utilidad social plena. Con esto quiero decir que la asistencia psicosocial debe considerar a la PCD no sólo en su entorno psicofísico inmediato, sino en su participación en el cambio social, tendente a desmontar la gran estructura de explotación, que conduce a la exclusión-discriminación a la que hemos hecho referencia y que ha victimizado no solamente a la PCD, sino a su entorno familiar y social, de manera generalizada. Opté por tomar como referente a la Convención, por ser el documento de protección que más consenso ha generado a nivel internacional, además de que su estructura es una de las más elaboradas. Adicionalmente, es producto de los esfuerzos del Gobierno de México y cuyo impacto ha sido notable. Prácticamente puede decirse que estamos ante un instrumento internacional ideado, deliberado y adoptado en el siglo XXI. Este instrumento internacional pareciera que contempla la asistencia psicosocial de la PCD en su artículo 16, en la protección contra la explotación, la violencia y el abuso: 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad. Como puede leerse, este artículo parte de la premisa de que el Estado deberá promover la recuperación psicológica, únicamente cuando se acredite la explotación, la violencia o el abuso, en lo que podríamos denominar una asistencia victimal, dirigida a las PCD.

En esta lógica si no son víctimas de algunos de esos supuestos, el Estado no estará obligado a promover la recuperación psicológica, como si pudiera verse por separado la explotación generalizada de la población y la explotación específica de las PCD.

La toma conciencia es labor de todos y no únicamente del Estado, según se advierte de la lectura de uno de los compromisos de los Estados, en la primera parte del artículo 8 de la Convención:

Dicho de otra manera, estoy en condición de afirmar que la Convención no abarca la intervención psicosocial, sino que apenas la aborda como una terapia pos-trauma y no como una posibilidad de prevención y toma de conciencia. Este concepto –la toma de conciencia- aludido por la Convención en el artículo 8, es más afín a la atención psicosocial que lo reproducido por el artículo 16.4. La toma de conciencia es en donde debiera verse inserta la intervención psicosocial, y ya no necesariamente desde una perspectiva de reacción, sino desde la acción preventiva que no necesariamente es labor del Estado, también puede y debe serlo de la sociedad en su conjunto, para lo cual la propia sociedad debe formar auto-organización.

Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;

La toma de conciencia equivale más a la intervención psicosocial que a la recuperación psicológica, en donde no puede aducirse con facilidad que la organización social tenga un papel preponderante que acuerpe el proceso de sanación, ya no sólo de la persona, sino de la sociedad en su conjunto.

En el esquema estructural de la Convención, sus redactores no consideraron el concepto de la asistencia psicosocial, porque quizás simplemente no se les ocurrió. De una lectura cuidadosa del instrumento internacional, veremos que la salud psicofísica de la PCD solo está entendida como reactiva a una circunstancia de su victimización, sin apreciar la posibilidad de una labor proactiva, que sin duda están realizando diversas organizaciones a nivel mundial. Como hemos referido más arriba, el concepto de la toma de conciencia es aquiescente con el de la asistencia psicosocial, pero no es exactamente lo que este concepto refiere, y tampoco queda sugerida este tipo de asistencia en el preámbulo del instrumento referido.

Para esta circunstancia, queda claro que existe una estructura razonablemente desarrollada de la asistencia psicológica victimal en la mayoría de las instituciones de procuración de justicia, pero evidentemente la asistencia psicosocial dista mucho de las mejores prácticas de atención a víctimas de explotación, violencia o abusos, en contra de PCD.

Consideraciones finales

Como podemos apreciar, de la larga cadena de la fenomenología del sistema excluyente-discriminatorio, que inicia en las raíces mismas del actual sistema civilizatorio, basado en la entronización de la explotación humana y la depredación absurda del medio ambiente, a través de la apropiación del trabajo del otro, de la esclavitud, la servidumbre y las modernas prácticas de explotación laboral, la exclusión abarca sin duda a las PCD.

Particularmente una característica intrínseca de la asistencia psicosocial es que no sólo va dirigida a la PCD, sino al grupo social inmediato-mediato. Dicha asistencia debe valorar entre otros elementos la naturaleza e intensidad de la necesidad, con la posibilidad que tiene el Estado de dar o no esa asistencia.

Una de las características de este gran sistema fallido es la falta de condicionantes sociales que faciliten la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto y en particular de las PCD. Asumida de manera crítica, la asistencia psicosocial puede ser una condicionante para tal efecto, si logra tener las características indicadas que apunten hacia lo contemplado por el artículo 8 de la Convención: la toma de conciencia. La toma de conciencia es el preludio de los cambios cualitativos en una sociedad, en un grupo social, en la persona. Buena parte del esquema teórico para la consecución de este concepto se explica con las bases aportadas por Paulo Freire, particularmente en el sentido de que el proceso de liberación de la persona precisa partir desde su propia experiencia en un camino que inicia con la toma de conciencia, pasa por la liberación de la persona y no termina, mientras persistan las condiciones de opresión y discriminación que han acompañado a la humanidad a través de casi toda su existencia. La cuestión es si la asistencia psicosocial ha desarrollado sus marcos teóricos enfilados en esa dirección, o acaso se identifican más con la tendencia reactiva que se aprecia en el artículo 16.4 de la Convención: la atención psicológica para las PCD con el objetivo de rehabilitar y reintegrar a las víctimas de los abusos a sus derechos humanos.

Las políticas públicas deberán dirigir sus esfuerzos para que la toma de conciencia abarque también a los entornos sociales remotos, la ciudadanía universal igualitaria, solidaria y fraterna, sociedad utópica a la que se podrá acceder a través del cambio social radical, que atienda la milenaria discriminación en que la humanidad se ha hundido. En ese sentido, la asistencia psicosocial puede ser una herramienta que favorezca la toma de conciencia de una PCD, de su entorno familiar y de la sociedad en su conjunto. Debidamente diferenciada de la asistencia psicológica reactiva, la psicosocial aparecería como un instrumento propicio para el autoconocimiento, la aceptación de una realidad y la vía para ascender a una vida con características de dignidad y vigencia de lo que recientemente se ha denominado seguridad humana En un contexto en el que la característica recurrente y universal es la dominación y la apropiación de las voluntades; de la explotación interhumana, variante involutiva de las antiguas formas de dominación y esclavitud; de la alienación del pensamiento, basado precisamente en la premisa de la diferenciación discriminatoria y a través del mega poder mediático globalizado, la toma de conciencia es un factor determinante que puede darse a través de diversos medios: foros, talleres, cursos de estructura crítica y tendientes a desarrollar herramientas conceptuales para entender la realidad que estamos viviendo, y con ello generar también las ideas que abran la posibilidad del cambio social.

“Las personas con discapacidad han sufrido históricamente una rotulación que pone énfasis en las actividades en las que tienen limitaciones, en lugar de resaltar las actividades que pueden desarrollar sin dificultad.” Christian Courtis

Otra forma, igualmente válida y valiosa, es la asistencia psicosocial, cuando ella parte de la experiencia del propio entorno social, más aún si las características que la integran tienden a ajustar esa gran realidad discriminatoria y excluyente que caracterizan a nuestra sociedad universal, trazando una línea conductual entre esa gran estructura, las sociedades nacionales, las regionales y la localidad familiar de la PCD. Estas características son primordiales para enmarcar el trabajo desde la perspectiva psicosocial. De otra manera, se corre el riesgo de no desarrollar la toma de conciencia a la que hace referencia la Convención, tantas veces aludida.

Finalmente, no todo está perdido. Al filo de las extinciones la humanidad ha logrado sobrevivir, sin duda sobre la base de enormes sufrimientos y a costa de muchas generaciones que prueban distintas opciones de cambio social, sin lograrlo del todo, pero permitiendo una valiosa circunstancia: aprender de la historia, de ahí la importancia de tenerla presente en el proceso de la toma de conciencia a través, por ejemplo, de la asistencia psicosocial. Precisamos de un cambio radical y de fondo, y los primeros pueden darse también desde esta herramienta genuina.

¿ES POSIBLE HABLAR DE REHABILITACIÓN SIN HABLAR DE INCLUSIÓN SOCIAL ?

DERECHOS HUMANOS,

inclusión y discapacidad

Apuntes para debatir desde una experiencia de intervención psicosocial: San José Tenango, Oax.

¿ES POSIBLE HABLAR DE REHABILITACIÓN SIN HABLAR DE INCLUSIÓN SOCIAL ? Carolina Recio1 “Debajo de lo cotidiano, descubran lo inexplicable. Detrás de la regla consagrada, disciernan lo absurdo... No acepten como tal la costumbre recibida, busquen su necesidad... No digan: “Es natural” ante los acontecimientos de cada día. En una época en que impera la confusión, en que se derrama la sangre, en que se ordena el desorden, en que la arbitrariedad adquiere fuerza de ley, en que la humanidad se deshumaniza...No digan nunca: “Es natural” a fin de que nada pase por inmutable.” Bertolt Brecht, “La excepción y la regla”.

1 Licenciada en Terapia Ocupacional, por la Universidad de Buenos Aires. Asesora y coordinadora en el Proyecto “Atención Integral a Niñas y Niños con Discapacidad en Comunidades Rurales”, `proyecto conjunto UNICEF-CIESAS-DIF en el Estado de Oaxaca, México, desde octubre de 2007 hasta la actualidad.

¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad?

Para pensar en un concepto de discapacidad desde las representaciones y significaciones que le damos, desde el imaginario social que hemos construido y que hemos aceptado sin cuestionar, es importante cerrar los ojos y ver cuál es la primera imagen que llega a nosotros cuando decimos discapacidad… Si recordamos los cuentos que nos contaban de niños, muchos de los personajes estaban representados por personas que no respondían a la “norma”, que se veían o actuaban diferente al resto. Por lo general, los malvados estaban representados por personas con discapacidad: a los piratas les faltaba una pierna y tenían un parche en el ojo, el Capitán Garfio de Peter Pan tenía una mano amputada y debió su nombre a la prótesis que usaba y que tenía forma de gancho, las brujas tenían jorobas, hasta los personajes malvados de algunas telenovelas latinoamericanas utilizaban la discapacidad y se hacían pasar por personas que necesitaban sillas de ruedas como un recurso para provocar compasión para que su amado o amada se quedara a su lado.

A lo largo de la historia a las personas que se ven o actúan diferente a la mayoría, que no encajan en la “norma” social establecida se las ha asociado a la fealdad, a lo demoníaco, a lo raro, la brujería, al castigo y a la sobreprotección. De estas historias podemos ver varios ejemplos en los cuentos (“El patito feo”, “Buscando a Nemo”, “Blancanieves y los siete enanitos”, etc, etc). No vemos en los cuentos princesas o príncipes que tengan una discapacidad. Las niñas y niños aprenden a través de estas representaciones que lo diferente, lo diverso, es feo y que lo feo debe excluirse. Ejemplos de estas concepciones encontramos también en el libro de Umberto Ecco, “La historia de la fealdad”, donde se enumeran relatos históricos acerca de la diferencia y la diversidad como castigo y motivo de exclusión social. Esta construcción desde lo histórico en nosotros mismos, en nuestro imaginario social ha contribuido de forma negativa a la formación de la imagen social sobre la diversidad y especialmente sobre la discapacidad. La persona con discapacidad está considerada como la que “no puede”, la que está en “desventaja”, la que “vale menos”, todas estas consideraciones expresadas en las formas en que son nombradas: el “impedido”, el “inválido”, el “minusválido”, expresiones que implican ser menos que los que no tienen discapacidad. Para pensar en un concepto de discapacidad, debemos ser capaces de cruzar el puente, de dejar de lado la visión miope con la que estamos mirando, de trascender la visión individualista, escindida, corporal, organicista de la discapacidad, que separa a una persona de su comunidad, de su sociedad y la ve sólo como un cuerpo o una mente que funciona o no funciona de acuerdo a los cánones establecidos por el sistema en el que vivimos, un sistema económico neoliberal, en el que impera el consumismo, los objetos

2 Daniel Calmels en su libro “La discapacidad del héroe” hace un maravilloso análisis de los textos destinados a la infancia cuyos personajes encarnan la temática de la discapacidad y la diferencia, para entender cuáles son las ideas dominantes con respecto a estos temas y partiendo de que estas ideas no son ajenas a la expresión de violencia que se da a través de la discriminación y la exclusión.

descartables, que nos dice cómo deberíamos ser y que nos hace sentir afuera si nos salimos del molde, que poco o nada valora a la persona como tal, con sentimientos y capacidades para aportar a su comunidad y compartir con otros, debemos dejar de lado esta visión para poder conceptualizarla y entenderla desde una condición social y política, desde una construcción social. Patricia Brogna plantea que la discapacidad “es una construcción relacional entre la sociedad y un sujeto individual y colectivo” , la discapacidad es, entonces, esa interacción compleja entre la condición de una persona y su entorno social, es eso que sucede ENTRE, es ese espacio entre una persona y el devenir histórico-social, entre una persona y las representaciones sociales, el imaginario social que se tiene de su condición de discapacidad. La mirada sobre la discapacidad nos obliga a reflexionar sobre la relación que existe entre un individuo, su entorno y la sociedad a la que él o ella pertenecen. Esto quiere decir que no se puede considerar a la discapacidad como un problema individual de la persona con discapacidad, como atributo de la persona, sino como un complejo conjunto de condiciones y situaciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto o entorno, lo que nos lleva a concluir que el problema de la discapacidad es de origen social y que se centra fundamentalmente en la inclusión de las personas en la sociedad o comunidad en la que viven. Es una creación social, una construcción de relación que está significada en un contexto, en un tiempo y con una historia determinados y en situaciones de relación con otros dentro del contexto social. La discapacidad hace visible la falta de oportunidades para todas y todos, la falta de aceptación de la diversidad, desde lo arquitectónico, de los objetos de uso cotidiano, desde el diseño de las ciudades y

de las sociedades, de las comunidades en cuanto a su estructuración y funcionamiento social. Si consideramos que la falta de inclusión tiene que ver con barreras4 actitudinales e ideológicas y también ambientales y arquitectónicas que existen en la sociedad, entendemos entonces que es la sociedad la que puede dificultar la actuación de un individuo. Para poder modificar esta situación de exclusión y de no aceptación de la diversidad, es necesidad y responsabilidad de la sociedad (que somos todas y todos) realizar las modificaciones ambientales y contextuales necesarias para que las personas con discapacidad puedan tener una participación activa y plena. La discapacidad hace visible la diferencia, denuncia la diferencia y nos enfrenta cara a cara con ella.

¿Cómo entendemos la rehabilitación y cuál es su relación con la inclusión social? En los hospitales o centros de rehabilitación, la persona se vuelve un rompecabezas, un juego de lego en el que cada profesional aporta su parte, su ficha, su saber. La persona es vista desde los ojos de cada disciplina, de cada profesional por separado y comienza así un recorrido largo de terapias, centros, hospitales y médicos… ¿pero es esto realmente rehabilitación? Luego de recibir las terapias y de volverse un ser “funcional” ante las valoraciones médicas y de los terapeutas…¿qué pasa con la persona?, ¿se queda en su casa o se incluye en la escuela, en un trabajo, sale con sus amigos, tiene una pareja?, ¿la vemos circular en la calle al igual que hacemos los que no tenemos discapacidad?, ¿se vuelven

3 Brogna, Patricia: “El nuevo paradigma de la discapacidad y el rol de los profesionales de la rehabilitación”. Publicado por El Cisne. Argentina. Abril, 2006.

nuestros compañeros de trabajo o de escuela?, ¿los encontramos en las cafeterías, tiendas o restaurantes a los que vamos?, si esto no sucede, entonces ¿qué sentido ha tenido la rehabilitación? Si después de pasar por todo este proceso de “rehabilitación” la persona sigue sin salir de su casa, sin ir a la escuela, sin trabajo, sin tener una vida social activa ¿podemos decir que hubo rehabilitación? Desde un enfoque de Derechos Humanos entendemos la rehabilitación de una forma diferente, la entendemos como equidad de oportunidades, como eliminación de barreras arquitectónicas y actitudinales que discriminan y excluyen a la persona con discapacidad, la entendemos como el desafío de transformar a las representaciones sociales, el imaginario colectivo acerca de la discapacidad. La entendemos como inclusión. Sin inclusión no hay rehabilitación. Para esto es necesario que nos impliquemos como personas, como terapeutas, como ciudadanos, más allá de la hora que dura la terapia, más allá de las paredes, de los muros, del centro de rehabilitación, del hospital o del consultorio, que legitimemos la participación activa de las personas con discapacidad en este proceso, que podamos entre todas y todos, personas con y sin discapacidad, construir sobre la diversidad, que la sumemos y nos enriquezcamos de ella. Es necesario ver a la rehabilitación como inclusión, como la promoción de una ciudadanía activa de las personas con discapacidad, creando accesos a su vida ocupacional y al ejercicio de sus derechos civiles con plena libertad.

Somos la misma sociedad que excluye y segrega, que aparta, por lo tanto crear una sociedad inclusiva, más justa y solidaria, sólo es posible con la participación activa y responsable de todas y todos, reconociendo que todo cuanto hacemos tiene implicancias sociales y políticas, atreviéndonos a deconstruir lo naturalizado, interpelarlo, cuestionarlo. La inclusión depende de la construcción colectiva que hacemos, de cómo vemos a la diversidad y a las personas con discapacidad, de cómo nos vemos a nosotros mismos, de que veamos la valía de los seres humanos con y sin discapacidad como personas activas en la sociedad antes que el grado de movilidad o coeficiente intelectual de alguien y de cómo las personas con discapacidad se ven a sí mismas y asumamos que todos somos diferentes pero que tenemos los mismos derechos. “Entender que la mejor rehabilitación es la ciudadanía. No el desempeño o la habilidad, sino el ser parte de los intercambios simbólicos, materiales, culturales, en el espacio comunitario cotidiano. Reconocido desde la diferencia, no desde la normalidad y desviación. Ciudadanía es ser el derecho, no ejercitar el derecho, sino que serlo”. De esto concluimos que la rehabilitación debe tener como meta, como propósito, situar a los individuos en la comunidad, en un rol equivalente a quien no tiene discapacidad, evitar la exclusión, promover la participación ocupacional activa, la no segregación.

“LA MEJOR REHABILITACIÓN ES LA CIUDADANÍA” Alejandro Guajardo (Terapeuta Ocupacional)

4 Cáceres Rodríguez define las barreras como “todos aquellos factores del entorno de una persona, que cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento o generan discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico sea inaccesible, falta de tecnología asistencial adecuada, actitudes negativas de la población respecto de la discapacidad, y también los servicios, sistemas y políticas que bien no existen o dificultan la participación de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida”. 5 Desde la Terapia ocupacional se utiliza el término vida ocupacional para referirnos a las ocupaciones significativas que constituyen la vida de la persona: su educación, un trabajo, una vida social activa, ocupaciones que somos y que nos dignifican. La ocupación, el hacer significa a las personas. La ocupación nos da identidad. 6 Alejandro Guajardo en entrevista con Salvador Simó Algado: Guajardo A., Simó Algado S. Una terapia ocupacional basada en los derechos humanos. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 2010; 7 (12): [25 p]. Disponible en: http://www.revistatog.com/num12/pdfs/ maestros.pdf

Bibliografía Basaglia, Langer, Caruso, Szas, Verón, Suárez, Barrientos: “Razón, locura y sociedad”. Siglo veintiuno editores. México, 1999. Brecht, Bertolt: “La medida: Santa Juana de los mataderos; La excepción y la regla; Teatro completo 4”. Alianza Editorial, España, 2010. Brogna, Patricia: “El nuevo paradigma de la discapacidad y el rol de los profesionales de la rehabilitación”. Publicado por El Cisne. Argentina. Abril, 2006. Brogna, Patricia: “Visiones y revisiones de la discapacidad”. Editorial Fondo de cultura económica. México, 2009. Calmels, Daniel: “La discapacidad y el héroe”. Editorial Biblos, Buenos Aires, Argentina, 2009. Eco, Umberto “Historia de la fealdad”, Editorial Lumen, 2007. Guajardo A., Simó Algado S. Una terapia ocupacional basada en los derechos humanos. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 2010; 7 (12): [25 p]. Disponible en: http://www.revistatog.com/num12/pdfs/maestros.pdf Guajardo, Alejandro: “Desarrollo social y Derechos Humanos”. Marzo, 1995.CINTRAS Centro de salud mental y derechos humanos. Disponible en: http://www.cintras.org/textos/aguajardo/desarrolllosocialydh.pdf Guajardo, Alejandro: “Una aproximación al quehacer de la terapia ocupacional en la persona torturada”. Presentado en el II Seminario de la Región del Maule, Linares del 16 al 19 de enero de 1991 y publicado en el libro “Derechos Humanos, Salud Mental, Atención Primaria: Desafío Regional”, colección CINTRAS. Disponible en: http://www.cintras.org/textos/ libros/libro%20linares/unaaproximacionguajardo.pdf Guajardo, Alejandro:”¿Puede la rehabilitación prevenir la exclusión social?”. Trabajo presentado en el Foro Alternativo de la Cumbre para el Desarrollo, Dinamarca, 8 de marzo de 1995. Disponible en: http://www.cintras.org/textos/aguajardo/ rehabilitacionyexclusionsocial.pdf Iwama M., Simó Algado S., Kapanadze M., “Michael Iwama: En busca de una Terapia Ocupacional culturalmente relevante”. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 2008; 5(8): [29 p.]. Disponible en: http://www.revistatog.com/num8/pdfs/ maestros.pdf Kielhofner, G.: “Terapia Ocupacional: Modelo de Ocupación Humana. Teoría y aplicación”. Editorial Médica Panamericana. 3ª edición. Buenos Aires, Argentina, 2004.

Kronenberg, Simó Algado, Pollard: “Terapia Ocupacional sin fronteras. Aprendiendo del espíritu de supervivientes”. Editorial Médica Panamericana. España, 2007. Pantano, Liliana: “Nuevas miradas en relación con la conceptualización de la discapacidad. Condición y situación de discapacidad”, en “Visiones y revisiones de la discapacidad” Patricia Brogna (compliladora) editorial Fondo de cultura económica, México, 2009. Saraceno B.: “La liberación de los pacientes psiquiátricos. De la rehabilitación psicosocial a la ciudadanía posible”. Editorial Pax México. México, 2003.

DERECHOS Y DE LA REHABILITACIÓN

COMUNITARIA: LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO PILOTO DE LA INICIATIVA UNICEF EN OAXACA

DERECHOS HUMANOS,

inclusión y discapacidad

Apuntes para debatir desde una experiencia de intervención psicosocial: San José Tenango, Oax.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD PARA MUNICIPIOS RURALES E INDÍGENAS, A PARTIR DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS Y DE LA REHABILITACIÓN COMUNITARIA: LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO PILOTO Paola Sesia DE LA INICIATIVA UNICEF EN OAXACA1 2

Introducción y marco conceptual El marco jurídico y normativo en torno a los derechos inició a construirse en la comunidad internacional con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en donde se establecieron los derechos políticos y civiles de los que debe de gozar cada individuo por el solo hecho de ser persona. Este marco se ha ampliado notablemente en décadas sucesivas, primero con el reconocimiento y promoción de los derechos sociales, económicos y culturales (PIDESC 1966) y más recientemente, con la inclusión de los derechos ambientales y colectivos en este marco (OIT 1989; ONU 2008). Dentro de esta construcción normativa ampliamente consensuada en la comunidad internacional, prevalece la búsqueda de la equidad social, la reducción de la desigualdad y la eliminación de toda forma de discriminación y la exclusión social; en particular para grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas y otras minorías raciales y étnicas y las personas con discapacidad. La desigualdad social refiere a un proceso material e ideológico a través del cual diferencias categóricas entre grupos sociales -de clase, pero también de etnia, raza, casta y género, entre otras- se estructuran en relaciones asimétricas en donde un grupo se apropia de recursos y satisfactores excluyendo o subordinando a otro(s). La desigualdad implica siempre procesos asimétricos de ejercicio del poder.

De acuerdo a Tilly (1998), en la sociedad capitalista globalizada contemporánea la desigualdad social se reproduce y perpetúa a través de dos mecanismos fundamentales: la explotación3 y el acaparamiento de oportunidades.4 Este último se refiere al proceso por el cual miembros de una red, circunscrita en términos de categorías diferenciales a nivel social, ganan acceso a un recurso material o simbólico valioso y renovable y logran monopolizarlo, reforzando la red en el proceso.5 El concepto de acaparamiento de oportunidades deriva del de clausura social de Weber, implicando que un grupo social queda fuera del reparto de recursos, oportunidades y espacios en donde o por medio de los cuales se consiguen bienes, servicios, prestigio, poder, conocimientos y/o capacidades. Entre otras razones, este concepto se vuelve relevante porque da cuenta de otras formas de desigualdad más allá de la de clase social, para incluir dimensiones sociales, culturales y simbólicas de producción, expresión y persistencia de la desigualdad. Nos permite además articular la desigualdad con la exclusión; dos de las condiciones estructurales que afectan a las personas con discapacidad en condiciones de pobreza. Siguiendo a Tilly (1998), Pérez Sáinz y Mora Salas (2007) definen a la exclusión social como la forma más extrema de desigualdad social, ya que implica no sólo la exclusión de ciertos sectores del mercado de trabajo formal (con la negación a gozar de las prestaciones sociales que este mercado implica) como excedente laboral prescindible, sino también su exclusión del goce de todo derecho social, con la negación de facto del ejercicio de la ciudadanía. En sus formas más extremas, la exclusión social implica que estos

grupos sociales se vuelven masas marginadas prescindibles y en última instancia desechables, con las cuales el Estado renuncia a cualquier ejercicio de políticas de inclusión, excluyéndolas de todo pacto social solidario. La exclusión social tiende a ser asociada a “procesos de ruptura de la cohesión social y de las redes de solidaridad” (López Arellano 2005). A su vez, la exclusión social está íntimamente relacionada con la discriminación, ya que los individuos y grupos sociales excluidos tienden a ser víctimas de trato y actitudes discriminatorias en la sociedad en su conjunto y, muchas veces, también en su contexto social más inmediato. La discriminación se define en la Convención por la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial (1965) y la Convención por la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) como:

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico/ sexo que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar

1 Se agradece a Ana Carolina Recio, coordinadora de los equipos interdisciplinarios del Sistema DIF Oaxaca, a Rafael Bucio Escobedo, coordinador del componente de discapacidad de la Iniciativa UNICEF en Oaxaca y a Ana Karla Enríquez, coordinadora previa de este componente, por todas la energías, compromiso y prácticas vertidas en este proyecto, así como por las ideas plasmadas en los múltiples documentos que hemos originado en conjunto con el proyecto piloto. 2 Doctora en Antropología Sociocultural, con especialidad en Antropología Médica, por la Universidad de Arizona. Investigadora y Directora del CIESAS-Pacifico Sur. Actualmente es Coordinadora General de la Iniciativa Unicef en el Estado de Oaxaca

el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera de la vida pública”. A la discriminación por sexo, nacionalidad o condición racial-étnica, hay que añadir aquella determinada por las creencias políticas o religiosas, la clase social, las preferencias sexuales y la discapacidad, entre otras.

derechos, debe garantizar su cumplimiento. Una de las vías para lograr este cumplimiento es la armonización legislativa en la cual se debe revisar y en su caso modificar aquellos instrumentos jurídicos que contravengan los principios de cada Convención. Sin embargo, en el caso de las personas y/o grupos sociales en situación de discriminación, esta armonización es un primer paso necesario pero lejos de ser suficiente: Se requiere además acompañarla con estrategias que permitan el empoderamiento de las personas o grupos discriminados para acceder a los ámbitos materiales, sociales y simbólicos de los que han estado excluidos. Para ello, es indis-

En términos más concretos, podemos afirmar que la exclusión y la discriminación implican la negación de poder participar de los beneficios de pertenecer a una comunidad, debido a una combinación de barreras entre las cuales se encuentran la extrema pobreza, la falta de acceso a la educación, el pertenecer a un grupo indígena, el vivir en un lugar inaccesible, ser mujer en una sociedad patriarcal, o tener discapacidad (Collins 2003). Todos estos factores de exclusión implican, en última instancia, la supresión de facto de derechos; la imposibilidad de reconocerlos y de ejercerlos impide el pleno desarrollo de potenciales que permitirían una participación equitativa en la sociedad. Instrumentos como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD, 2007) tienen como objetivo principal la inclusión social y la eliminación de todo trato y actitud discriminatorios, entendidos éstos como la puerta de acceso a los derechos. El Estado, en tanto titular de las obligaciones que emanan de los 3 En términos marxistas—retomados por Tilly—la explotación se refiere al proceso social de extracción de la plusvalía generada en la venta de la fuerza de trabajo en el libre mercado. Este proceso se da entre capitalistas (propietarios de los medios de producción) y trabajadores los cuales venden lo único que poseen: su fuerza de trabajo. Tilly retoma esta definición pero la extiende más allá del mercado laboral para incluir otros espacios de intercambio social desigual. 4 Es importante mencionar que para Tilly “la explotación, es la principal forma de apropiación de las elites, mientras que el acaparamiento lo sería para las no elites; pero esto no supone que las elites no puedan acaparar y las no elites, explotar.”(Pérez Sáinz y Mora Salas 2009:416). 5 Un ejemplo que dan Pérez Sáinz y Mora Salas de acaparamiento de oportunidades en la persistencia y reproducción de la desigualdad económica en el mercado de trabajo es cuando trabajadores asalariados formales impiden con éxito el acceso al mismo mercado a trabajadores informales para defender sus intereses gremiales (2009).

pensable el diseño y la implementación de políticas públicas desde una perspectiva de derechos que busquen combatir las barreras estructurales de la exclusión y las actitudinales de la discriminación. Por otro lado, la Rehabilitación Basada en la Comunidad es “una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social de las personas con discapacidad” (WHO/ILO/UNESCO 2004) Desde esta perspectiva el trabajo de rehabilitación busca no sólo rehabilitar al individuo sino también combatir activamente las respuestas discapacitantes de la sociedad que abonan a la exclusión social y contribuyen de

El proyecto se ha construido de manera interinstitucional entre el sector público (el Sistema DIF Oaxaca), una academia socialmente comprometida (el CIESAS-Pacífico Sur como socio ejecutor en Oaxaca de UNICEF), y la sociedad civil (la asesoría y acompañamiento de Piña Palmera, vanguardia en ehabilitación basada en la comunidad en México).

facto a la construcción de la discapacidad como un fenómeno social articulativo entre individuos con discapacidad y un entorno social deshabilitante, excluyente y discriminatorio. Es a partir del enfoque de derechos y de la rehabilitación comunitaria que en Oaxaca se ha desarrollado desde finales de 2007 un proyecto de atención a personas con discapacidad (PCD) con la finalidad de diseñar una política pública en materia de atención a la discapacidad e implementarla de manera piloto, buscando el empoderamiento de las PCD y sus familias para cumplir con la CDPCD.

Antecedentes A partir del año 2006, el estado de Oaxaca a través del Sistema DIF Oaxaca se integró como participante en la Iniciativa “Todas las Niñas y los Niños a la Escuela” del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la cual tenía como objetivo garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de todas las niñas y los niños por parte de las instituciones públicas estatales y federales responsables, con la participación de otros sectores de la sociedad oaxaqueña, incluyendo a la sociedad civil y con el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), unidad Pacífico Sur como representante de UNICEF en el estado.

Como parte de los trabajos de esta Iniciativa, se realizó en 2006 un estudio desarrollado por el mismo CIESAS-Pacífico Sur, con el fin de detectar los casos y las causas por las que niños y niñas no asisten a la escuela en algunos municipios de menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD, 2008) seleccionados en el estado. Con base en resultados parciales, se presentó como una variable importante de exclusión escolar la discapacidad en niños y niñas en edad escolar que no asistían a la escuela.

Cuatro municipios rurales indígenas de muy alta marginación y con altos porcentajes de niños y niñas excluidos de la escuela de acuerdo a datos del Censo INEGI 2000 fueron seleccionados para realizar un barrido casa por casa y localidad por localidad. El censo tenía la finalidad de cuantificar, con datos precisos, la magnitud de la exclusión escolar en la niñez entre los 4 y los 14 años de edad, además de poder identificar las múltiples causas de esta exclusión. De los cuatro municipios seleccionados, dos fueron de la región mixteca (San Martín Peras y Coicoyàn de las Flores), uno de la región mazateca (San José Tenango) y uno de la región norte del Istmo (Santa María Guienagati) del estado de Oaxaca. A través del barrido en estos cuatro municipios, se identificó un total preliminar de 192 niñas, niños y adolescentes con distintos tipos de discapacidad (sensorial, física e intelectual) que no asistían a la escuela y que casi en su totalidad, no habían recibido ningún tipo de atención para rehabilitación o educación.

A partir de estos datos canalizados por el CIESAS-Pacífico Sur al Sistema DIF Oaxaca, y en el marco de la Iniciativa UNICEF, se creó en septiembre de 2007 el proyecto “Atención Integral a Niñas y Niños con Discapacidad en Comunidades Rurales”, bajo la responsabilidad del mismo Sistema DIF Oaxaca. En este proyecto, que a la fecha (finales de 2010) tiene tres años de implementarse, el DIF ha aportado tres equipos interdisciplinarios de profesionales que operan en los cuatro municipios dando atención médica, física y psicológica;6 el CIESAS ha apoyado, acompañado y asesorado el proyecto; y Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C. ha asesorado en el enfoque, ha capacitado a los equipos DIF y ha desarrollado con CIESAS los talleres de sensibilización comunitaria con familias de PCD, autoridades municipales y locales, personal de salud y educativo, y otros actores claves.

Identificación del problema

La problemática que se encontró en estos municipios es compleja y multifacética, siendo un espejo de una realidad ampliamente compartida en espacios sociales con las misma características económicas, geográficas y culturales. Un primer problema encontrado fue la difusión generalizada de actitudes y prácticas familiares tales como el ocultamiento, la vergüenza y/o la sobreprotección, acompañadas por una explicación relativa al tener uno o más hijos con discapacidad como un castigo divino. Estas percepciones y prácticas estaban acompañadas por un desconocimiento generalizado acerca de lo qué es y cómo se origina la discapacidad, no pudiendo hacer una distinción entre enfermedad y discapacidad. Esta falta de información genera a su vez la falsa percepción de que la discapacidad se pueda curar con la búsqueda, en unos cuantos casos, frustrante, a veces desesperada y siempre fallida, de una curación que es imposible de llegar. En algunos casos se encontraron situaciones plenas de descuido, maltrato y hasta abusos en el propio seno familiar.

Un segundo problema identificado fue la no aceptación, explicitada en gestos, actitudes, palabras y actos de burla, rechazo y hasta escarnio en los espacios públicos de las personas con discapacidad, lo cual contribuye a la vergüenza y el ocultamiento en la casa y a una baja autoestima de las PCD. Un tercer problema fue la exclusión generalizada de niños, niñas adolescentes con discapacidad de la escuela, aun cuando sus facultades intelectuales permitirían perfectamente su inclusión escolar. Todo lo anterior aduce a una profunda estigmatización y discriminación de las niñas y niños con discapacidad y tiene como obvia consecuencia su exclusión de todo espacio de socialización: en la familia, en la comunidad y, por supuesto, en los planteles educativos. Es importante mencionar que los hallazgos anteriores no son exclusivos de espacios sociales rurales e indígenas, sino que son fenómenos generalizados en todo contexto social en Oaxaca y en el resto del país en donde falta mucho trabajo de información y sensibilización para promover una cultura de derechos y de inclusión social de las PCD. Una diferencia fundamental en estos contextos rurales indígenas es la pobreza estructural que los caracteriza; pobreza que permea todo el tejido social y que la política institucional -en lugar de disminuirla- tiende a reproducir, con el otorgamiento de servicios públicos (educativos, de salud, apoyos asistenciales, etc.) -cuando logra haber- insuficientes y/o de muy baja calidad. Cuando las familias se ocupan y preocupan principalmente de la supervivencia cotidiana en condiciones económicas profundamente adversas y las carencias alimenticias, nutricionales y de salud son generalizadas en los hogares, es mucho más difícil poner al frente las necesidades y los derechos de aquellos integrantes del núcleo familiar que tienen discapacidad.

Otra de las diferencias fundamentales entre espacios urbanos y espacios rurales indígenas es que en éstos últimos nos encontramos con un vacío en cuanto a presencia institucional. A diferencia de las ciudades en donde se ubican los (no muy numerosos de por sí) servicios públicos, privados y de la sociedad civil para PCD, en estos medios rurales no hay servicio alguno de atención, rehabilitación y/o asistencia a PCD. Entre otras razones, la gran dispersión demográfica que caracteriza al medio rural indígena de Oaxaca haría inviable la cobertura real de servicios clínico-asistenciales para todas las PCD en el estado; el costo sería altísimo y no se lograría encontrar personal profesional de rehabilitación, asistencia social o de educación especial que quisieran ubicarse en estos espacios. En lugar de ver la ausencia del Estado en materia de discapacidad como una carencia o un obstáculo, en el proyecto piloto se vio más bien como una oportunidad, considerando que los servicios públicos urbanos existentes de asistencia a PCD (como el programa de Unidades Básicas de Rehabilitación del Sistema DIF Oaxaca) parten de un enfoque individualizante, médico y asistencial que dista mucho del enfoque de derechos promovido en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

materia de discapacidad en municipios rurales indígenas de menor Índice de Desarrollo Humano.

La propuesta

El proyecto brinda atención y rehabilitación a la población de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con la presencia continua de equipos interdisciplinarios del DIF en estos cuatro municipios rurales indígenas; municipios donde no había habido ninguna presencia institucional en este ámbito de acción antes de 2007 y donde ahora se ha dado atención a más de 300 niños, niñas y adolescentes con discapacidad. El proyecto hace mucho más que brindar atención y rehabilitación a niños, niñas y jóvenes, donde antes no había. Con un paciente y respetuoso trabajo de entramado interinstitucional, se ha construido poco a poco un proyecto piloto en el diseño e implementación de una política pública novedosa en el ámbito de la discapacidad. Además de brindar atención en ámbitos poblacionales y regionales donde anteriormente la presencia gubernamental era prácticamente nula, este proyecto es novedoso por otras tres razones fundamentales:

Con el asesoramiento de CAI Piña Palmera A.C., se consideró que los entornos rurales indígenas son ideales para plantear un proyecto de intervención que partiera del enfoque de rehabilitación comunitaria, promoviendo en el espacio local la inclusión y los derechos de las PCD. Al mismo tiempo y a diferencia del papel asumido por asociaciones civiles como Piña Palmera en el otorgar servicios y promover estos enfoques, el proyecto piloto reivindica la necesidad y pertinencia de que la política pública institucional juegue un papel importante en este ámbito. Con el proyecto se busca por lo tanto incidir para iniciar a revertir el olvido histórico por parte de los organismos de gobierno que ha caracterizado la política pública en

1. Como se mencionó arriba, la intervención rebasa el enfoque clínico-asistencial que la gran mayoría de los programas gubernamentales en atención a discapacidad suelen adoptar. En su lugar, se parte de la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad y se adopta un enfoque de rehabilitación comunitaria, en armonía con los planteamientos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En este enfoque se combate la discriminación y se promueve la inclusión social de las PCD en sus familias, al interior de sus localidades y dentro de la sociedad en su conjunto. 2. Como proyecto piloto en política pública, ha sido diseñado y se está desarrollando con la finalidad de fomentar su autogestión a nivel municipal, para poder garantizar así su sustentabilidad operativa y financiera en el futuro en el espacio municipal local, una vez que CIESAS-UNICEF se retire y el equipo interdisciplinario del DIF se traslade a otro municipio. Asimismo, el proyecto está diseñado para poder replicarse de manera paulatina en otros municipios con características sociales, económicas y culturales semejantes a los cuatro municipios piloto. 3. Este proyecto es novedoso y puede dar pautas importantes en el desarrollo de una política pública que realmente se adecue al marco de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, gracias a la estrecha vinculación interinstitucional que se ha logrado en el curso de su propio desarrollo. En él, se vincula el Sistema DIF Oaxaca como institución pública con el mandato de atender a la población con discapacidad, se vincula el CIESAS como institución académica y socia ejecutora de UNICEF en Oaxaca, se vincula CAI Piña Palmera A.C. como organismo de la sociedad civil líder en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y el enfoque de la rehabilitación comunitaria; y se vinculan los municipios que están

participando en este proyecto aun si con un cierto grado de variabilidad en su interés, compromiso y responsabilidad. La sustentabilidad local se hace posible precisamente con la adopción del enfoque de rehabilitación comunitaria, el cual promueve las capacidades locales, la autogestión y la autonomía en la atención, rehabilitación y procesos de inclusión social. Se fomenta la participación familiar y comunitaria en acciones y talleres; se promueve la autonomía de las personas con discapacidad y sus familias; se involucra a las autoridades municipales y locales, así como a otros actores claves en el ámbito municipal, para que sean copartícipes de la atención, la rehabilitación, la accesibilidad de los espacios y la inclusión social; y se promueve localmente una cultura de no discriminación. Lo anterior se logra a través de: a) la sensibilización comunitaria generalizada acerca de los derechos de las personas con discapacidad (incluyendo a personal educativo y de salud que son claves para lograr una inclusión social óptima); b) la construcción de redes de apoyo entre familias con niños y niñas con discapacidad y la articulación de las mismas con organismos tanto públicos como

de la sociedad civil para exigir servicios, insumos y auxiliares; c) la transferencia de habilidades y conocimientos a las familias de cómo hacer la rehabilitación; d) el uso de tecnologías sencillas y de bajo costo en la construcción de auxiliares; e) la integración en los equipos interdisciplinarios de promotores comunitarios capacitados procedentes y residentes en los municipios; y f) la capacitación de las autoridades municipales en la construcción de una política pública municipal bajo el enfoque de derechos y el entorno protector. Los equipos interdisciplinarios han sido capacitados de manera extensa a lo largo de la duración del proyecto en los enfoques adoptados, así como en cuestiones técnicas para mejorar sus competencias en el desarrollo de su trabajo. Piña Palmera ha sido fundamental en este proceso de capacitación; proceso en el que han participado también otras asociaciones civiles con experiencia en distintos ámbitos de la rehabilitación y la inclusión social. Mientras que en 2008, los talleres de sensibilización familiar, escolar y comunitaria se desarrollaron por parte de Piña Palmera y otros especialistas contratados por CIESAS, en la actualidad los equipos interdisciplinarios han aprendido a realizar estos talleres de manera autónoma, reduciendo en mucho los costos de estas actividades y fomentando la sustentabilidad financiera de un proyecto de esta naturaleza. Los equipos están integrados en su mayoría por personal profesional que es originario de la región en donde trabaja, promoviendo así una mayor vinculación, identificación y compromiso de sus integrantes con las poblaciones locales. En los equipos interdisciplinarios se han incluido desde finales de 2008 a promotores comunitarios locales que se han ido capacitando tanto en los enfoques, como a nivel técnico para que ellos sigan facilitando estos procesos en su municipio, una vez que los equipos DIF ya no estén presentes en el mismo. La estrategia incluye que la contratación de los equipos por parte del Sistema DIF Oaxaca se vuelva permanente y el proyecto se transforme en un programa establecido, con un presupuesto asignado y etiquetado como parte del gasto corriente de esta institución pública.

Este modelo busca no sólo la sustentabilidad en los municipios donde se implementa sino la replicabilidad en otros municipios siguiendo los mismos pasos, una vez que los municipios iniciales hayan alcanzado una suficiente madurez para poder caminar solos y los equipos interdisciplinarios se trasladen a otro municipio para iniciar de nueva cuenta el trabajo local.

“El problema de muchos en nuestra sociedad es que sus discapacidades no han sido atendidas, porque sus impedimentos son atípicos y percibidos como “anormales”. No hay ninguna diferencia intrínseca “natural” entre una persona que usa una silla de ruedas para movilizarse a la misma velocidad que una persona que camina o corre, y alguien que recurre a un auto para lograr aquello de lo que son incapaces sus piernas. En cada caso, el ingenio humano provee algo que el cuerpo del individuo no puede proveer. La diferencia es que los autos son típicos y las sillas de ruedas son atípicas.” Martha C. Nussbaum.

En síntesis, el proyecto piloto plantea constituirse en política pública a través de dos estrategias: a) la construcción de una política pública municipal, en alianza con redes de apoyo de la ciudadanía, en la promoción de los derechos de la niñez rural indígena con discapacidad a partir de la inclusión social y la rehabilitación comunitaria; y b) la consolidación de una política pública estatal en la promoción de los derechos de la niñez rural indígena con discapacidad a través de la transferencia de los equipos interdisciplinarios (con la excepción de los promotores comunitarios que se quedan en sus propios municipios) a nuevos municipios en un futuro próximo, contratando a promotores comunitarios locales, para iniciar nuevamente el desarrollo de la intervención. Hemos identificado algunas características básicas que un proyecto piloto de esta naturaleza debe de tener para poderse establecer, operar de manera eficaz y sostenerse en el tiempo:

(DIF estatal). • Asesoría y acompañamiento de organismos competentes en el enfoque promovido (CAI Piña Palmera y CIESAS-UNICEF). • La participación de un organismo académico, comprometido con la identificación y resolución de problemáticas sociales y con la incidencia en política pública, que ha funcionado como facilitador e intermediario entre gobierno y sociedad civil (CIESAS-UNICEF). • Respeto mutuo y el diálogo constructivo y abierto entre todos los organismos participantes. • Reconocimiento mutuo de los ámbitos de competencias de cada actor, pero permitiendo que los otros opinen y participen en las tomas de decisiones. • El trabajo inclusivo, tolerante de las diferencias políticas y de un carácter supra partidario.

• Apoyo y guía de un organismo de alta credibilidad y gran capital político y ético como UNICEF.

“La discapacidad no es más que un reflejo de algunas de las diferencias físicas y psíquicas que distinguen a los seres humanos –del mismo modo en que nos distinguen el género, la edad, el idioma, el color de la piel o la orientación sexual.”

• Interés y voluntad política de los niveles de gobierno involucrados (DIF Estatal y gobiernos municipales). • Asignación de recursos financieros para el desarrollo del proyecto (DIF estatal para sus equipos interdisciplinarios y para la capacitación de los mismos; CIESAS-UNICEF para los talleres de sensibilización comunitaria y el acompañamiento).

Christian Courtis

• Apertura e interés de las instituciones de gobierno en promover un nuevo enfoque de intervención y aceptar ser acompañado, asesorado y apoyado en este proceso por otros organismos

Conclusiones

Seguramente el hecho de que el proyecto se haya generado dentro de la Iniciativa UNICEF —Iniciativa en donde se promueven de por sí los derechos fundamentales de las niñas y los niños— contribuyó a adoptar el enfoque de derechos humanos en este proyecto como un eje constitutivo fundamental. Se parte de la idea que los derechos fundamentales de la niñez son motivo para generar consensos, desarrollar estrategias y promover una cultura de respeto, no discriminación e inclusión plena; con la participación activa de todos los sectores involucrados, incluyendo a las comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales, sector educativo y sector salud e instituciones académicas.

Dado el clima político de enormes confrontaciones que vive el país en la actualidad, es interesante que esta experiencia se esté desarrollando en Oaxaca hoy en día. Se trata de un estado donde el conflicto político y social desgarró a la sociedad oaxaqueña en 2006 y 2007, con fracturas profundas que no terminan de sanar y que polarizaron de una manera dramática e inédita a gobierno con sociedad civil. Con el cambio de gobierno estatal y la alternancia política en el poder en diciembre de 2010, hoy Oaxaca está experimentando una fuerte expectativa por parte de muchos sectores sociales para lograr una democratización de la vida política, perseguir una reforma ética del tejido institucional gubernamental y alcanzar una mayor gobernabilidad democrática con la participación activa de la sociedad organizada. Si la apuesta de trabajar en conjunto entre gobierno, academia y sociedad civil en un proyecto de esta naturaleza se veía como una utopía y enfrentaba desconfianza en la administración estatal anterior, en la actualidad las condiciones tendrían que ser más favorables hacia una articulación de esta naturaleza. El proyecto tiene el potencial para que, con voluntad política, respeto mutuo, recursos asignados, asesoría y acompañamiento y un trabajo interinstitucional cuidadosamente construido, se pueda avanzar de común acuerdo hacia la construcción de una sociedad más equitativa, más democrática y menos discriminatoria.

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