Inseguridad y criminalidad en la Argentina: by Mariano Bartolomé

II Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la integración en el Conosur Bogotá, mayo de 2013

”Inseguridad y criminalidad en la Argentina: la presencia de carteles regionales del narcotráfico” Mariano César Bartolomé Univ.Nacional de Lanús (UNLa) / Universidad de Morón (UM)

marianobartolome@yahoo.com.ar

Simposio N°8: Criminalidad organizada en América Latina. Manifestaciones particulares de una problemática transnacional

1.INTRODUCCIÓN La problemática de la seguridad en la Argentina no puede disociarse de un marco geográfico más amplio que no sólo la contextualiza, sino también la influye. Pese a las actuales dinámicas globalizadoras, en el tema que nos ocupa el ámbito geográfico referencial es el continental, y de manera aún más específica el espacio latinoamericano. En los últimos años América Latina ha asistido a un incremento de las tasas de violencia y, consecuentemente, a un deterioro de sus niveles generales de seguridad. En la Conferencia Interamericana de Seguridad Pública del año 2009 el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, consideró que la violencia criminal tenía en América Latina carácter “pandémico”1 y le costaba a sus ciudadanos más de US$ 16 mil millones anuales; por otro lado, agregó el diplomático, con apenas el 8 % de la población mundial, la región acaparaba más del 40 % de los homicidios y casi el 70 % de los secuestros extorsivos que se cometían en el planeta cada año2. Los últimos cálculos de esa institución multilateral se condensan en su Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas 20123. De sus páginas se desprende que el promedio de robos en el continente es de 456 casos cada 100 mil habitantes. El dossier también destaca que la tasa de homicidios en el continente había alcanzado en el año 2010 los 15,6 casos cada 100 mil habitantes, estimándose que el 25% de esos asesinatos se vinculan con el crimen organizado; comparativamente, en Europa los grupos dedicados a la criminalidad organizada son responsables por apenas el 5% de los asesinatos. El Informe toma debida nota de la creciente gravedad de este fenómeno, asegurando que su evolución y sofisticación tornan imperativo un replanteo de las estrategias adoptadas hasta el momento. La institución académica Interamerican Dialogue coincide con esta apreciación y concluye, basado en información de Latinobarómetro, que la criminalidad

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende que existe una epidemia de violencia cuando, en algún lugar, los asesinatos superan anualmente los diez por cada 100.000 habitantes. 2 BARTOLOMÉ, Mariano: “Situación del Crimen Organizado en América Latina”. Ágora Internacional Nº 10 (2009), pp. 16-20 3 El reporte se basa en la información oficial proporcionada por los Estados miembros, disponible en el Observatorio Hemisférico de Seguridad. En ese órgano la información es agrupada en 144 indicadores que abarcan la totalidad de las áreas comprendidas por los fenómenos sociales de delito y violencia, así como de las iniciativas desarrolladas por los Estados para lograr su control y sanción

organizada es, en gran medida, responsable directo de la precaria situación que enfrenta América Latina en materia de seguridad 4. En valores absolutos, la cifra de homicidios violentos aumentó en el continente un 7,9% entre los años 2000 y 2010, de 134 mil a 144,7 mil respectivamente. Discriminada por subregiones, esa alza fue del 94% en América Central, de 9.486 a 18.401 casos; del 17,5% en América del Norte (incluyendo México), de 30 mil a 35,2 mil casos; en Sudamérica, en cambio, en el mismo período las víctimas de homicidio bajaron un 5,8% pasando de casi 91 mil a 85,5 mil episodios 5. Complementando la información basada en datos empíricos, en un plano subjetivo también han aumentado considerablemente en América Latina las “tasas de victimización” vigentes, que ascendieron a 31 casos cada 100 mil habitantes6. Esta tasa deriva de la respuesta del encuestado a la pregunta de si él o alguno de sus parientes cercanos sufrió algún asalto o delito violento en los últimos 12 meses; su utilidad no radica únicamente en proveer información acerca de lo que siente o percibe la ciudadanía, sino en complementar los resultados de las estadísticas oficiales, que pueden presentar errores por omisión 7.

2. INSEGURIDAD EN ARGENTINA. TANTO O TAN POCO?

En el marco hemisférico descripto, la situación de la Argentina es materia de discusión. Pese a que las cuestiones de seguridad gozan de particular importancia para la ciudadanía en su conjunto, no se ha logrado consensuar en el país siquiera un diagnóstico básico y preliminar en esta esfera. Los disensos atraviesan a la dirigencia partidaria, el periodismo, la comunidad académica y la sociedad en general, transformándose así en una de las cuestiones más controvertidas de la agenda política local. Todas estas controversias proliferan y se prolongan en el tiempo favorecidas por una perniciosa situación cuya inconveniencia está fuera de toda duda: la 4

COSTA, Gino (2012): The Security Situation in Latin America, Inter American Dialogue, February 17 OEA: Report on Citizen Security in the Americas / Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas 2012, OEA, Washington DC Julio 2012 6 LAGOS Marta &Lucía Dammert: La Seguridad Ciudadana. El principal problema de América Latina, Corporación Latinobarómetro, Lima 2012, pp. 26 y ss 7 En este sentido, puede decirse que las estadísticas se realizan sobre la llamada “cifra blanca” del delito, aquella que reúne los casos de cierta o de mucha gravedad, que son denunciados antes las autoridades policiales y judiciales. Por su parte, existe una “cifra negra” de hechos no denunciados, que por lo general son hurtos sin violencia. 55

inexistencia de estadísticas oficiales actualizadas sobre la cantidad y tipo de delitos que se producen en el país, y su distribución en el territorio nacional. Esta carencia provoca una innegable distorsión en los resultados de los reportes que abordan la situación de seguridad vigente en Argentina vis á vis la que se observa en otros países, sobre los cuales se dispone de datos más actualizados. Los últimos cálculos existentes sobre la situación argentina en materia de seguridad, en relación a otros países de la región, se desprenden del ya mencionado Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas que elabora la OEA. En sus páginas se lee, en base al análisis de diferentes fuentes8, que en el año 2010 se habrían registrado 2237 homicidios violentos en el territorio nacional, configurando una tasa de 5,8 muertes cada 100 mil habitantes, lo cual ubica a la Argentina entre los países menos inseguros del hemisferio. En materia de robos, en cambio, la tasa local alcanza los 973 hechos dolosos cada 100 mil habitantes, prácticamente el doble que el promedio hemisférico de 456 dolos cada 100 mil habitantes y más del doble que lo observado en Uruguay y Brasil (410 y 415 casos cada 100 mil habitantes, respectivamente) 9. Conviene destacar que la tasa de homicidios indicada por el organismo hemisférico coincide con la que consta en el estudio Global Study on Homicide, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el año 2011, que la calcula en 5,5 homicidios cada 100 mil habitantes. En este caso, al contrario que el anterior, el dato se origina en un único proveedor, la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 10. Una evaluación positiva sobre nuestro país es la que se desprende del índice elaborado para Latin American Chronicle a fines del año 2011, por la consultora especializada FTI. El referido índice toma en cuenta cuánto hace cada país de la región para controlar la inseguridad pública, analizando estadísticas gubernamentales a nivel federal, estatal o provincial y municipal. Se pondera la información gubernamental según su confiabilidad, contrastándola y complementándola con datos procedentes de ONGs, instituciones académicas, organismos multilaterales y medios de comunicación. 8

Entre otras el Servicio Penitenciario Federal, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Registro Nacional de Armas (RENAR) y el Ministerio de Seguridad. 9 OEA: Report on Citizen Security in the Americas, op.cit. 10 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME: 2011 Global Study on Homicide. Trends, Context, Data, UNODC, Vienna 2011.

El referido índice mide el nivel de seguridad de los países de la región empleando una escala básica de 1 a 5 puntos, donde 1 es el mayor nivel de seguridad y menor nivel de peligro, y 5 exactamente lo inverso. Argentina fue calificada con 3 puntos, obteniendo una mejor calificación que países como Brasil, Colombia, México o Venezuela (4 puntos), aunque peor que la merecida por Chile o Uruguay (2 puntos). En la calificación general, sobre 19 países analizados, Argentina obtuvo el quinto lugar, una posición nada desdeñable 11.

Estadística Criminal 2008: Diferencias entre tasa de victimización y homicidios registrados

A su turno, también se encuentra una referencia positiva a la situación de nuestro país en materia de seguridad, en un mapa global de la violencia elaborado por el 11

FTI CONSULTING IBERO AMERICA: Indice de Seguridad latinoamericano, Latin American Chronicle, noviembre 2011

ministerio de Justicia de Brasil. Argentina aparece en ese relevamiento como el país de América Latina donde se cometen menos crímenes por año, unos 4,3 casos cada 100 mil habitantes, correspondiéndole la 39° posición de la lista. Le siguen a nuestro país Uruguay, Cuba, Chile y EEUU, en ese orden. Prácticamente en la otra punta del listado aparece El Salvador con una tasa de 57,3 casos cada 100 mil habitantes, seguido por Colombia con 42,8 homicidios cada 100 mil habitantes12. En cuanto a la tasa de victimización prevaleciente en nuestro país, un reporte de la entidad Interamerican Dialogue la calculó en torno a los 41 casos cada 100 mil habitantes, lo que supone una de las tasas más altas de la región, superior en diez puntos a la media latinoamericana13. En base a estas cifras se ha insistido en la extendida percepción de vulnerabilidad e inseguridad que existiría en el cuerpo social argentino14. Esa percepción de vulnerabilidad e inseguridad no se refleja en los guarismos de la OEA ni de Latin American Chronicle. Sin embargo, como se anticipó antes, se ha señalado que esos reportes se basan en cifras oficiales correspondientes al año 2008, momento tras el cual dejaron de proporcionarse. También se hace notar que las cifras oficiales argentinas en materia de seguridad no incluyen a la provincia de Buenos Aires, que representa un porcentaje importante del total de homicidios del país. De acuerdo a visiones críticas a la conducta gubernamental en materia de seguridad, desde mediados de la década del 90 la provincia viene presentando una tasa de homicidios mayor al promedio nacional, por lo que su inclusión en el cálculo nacional hubiera elevado la tasa de homicidios15. Pero la existencia de altas percepciones de vulnerabilidad e inseguridad en buena parte de la sociedad argentina se registra con antelación al informe de la OEA. Ya en la Estadística Criminal 2008, realizada por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se indicaba que la tasa de 5,8 homicidios cada 100 mil habitantes colocaba a la Argentina en el cuarto lugar en el hemisferio, sólo detrás de Chile (1,6 homicidios cada 100 mil habitantes), Canadá (1,83) y Estados Unidos (5,4). Empero esa misma estadística 12

WAISELFISZ Julio: Mapa da Violėncia 2011. Os Jovens do Brasil, Instituto Sangari, São Paulo 2011 COSTA, op.cit. 14 “La Argentina y la inseguridad”, La Nación 5 de marzo de 2012 Cabe consignar que el ya referido informe de la OEA sobre Seguridad Ciudadana en las Américas aborda la cuestión de las tasas de victimización prevalecientes; Argentina, sin embargo, no está incluida en el análisis al no haber proporcionado la información necesaria. 15 GONZÁLEZ José María: “Garré, Berni y la insistencia en la falacia”, Tribuna de Periodistas 22 de julio de 2012 13

indicaba, en base a relevamientos efectuados en 2088 por el Latin American Public Opinion Project (LAPOP) que nuestro país tenía el mayor porcentaje de victimización, del 27,47%, seguido por Chile (22,23%) y Uruguay (22,04%)16,17.

Estadística Criminal 2008: tasa nacional de 5,8 homicidios dolosos cada 100 mil hab

Los datos relevados en ese momento por Latinobarómetro, aunque serían publicados tres años más tarde, colocaban a la Argentina en el séptimo lugar de la región (18 casos estudiados) en materia de percepción de inseguridad. De acuerdo a esta encuestadora, el 60% de los argentinos consideraban a su país como violento, por encima de la tasa promedio regional del 56%. Precedían a la Argentina en el listado Guatemala, El Salvador, Brasil, México, Honduras, Bolivia y Colombia18. Por la misma época, otras fuentes plantearon percepciones de inseguridad aún mayores que los manejados por la cartera de Justicia y Derechos Humanos o Latinobarómetro. Así, por ejemplo, la medición del llamado Índice de Temor Ciudadano (ITC) por parte de la entidad independiente Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana, arrojó que el 93% de los encuestados se reconocía como víctima o familiar de una víctima de inseguridad en el último año; otro 81% 16

RODRÏGUEZ Carlos: “Estadísticas de crimen y percepción de inseguridad”, Página 12 19 de octubre de 2010 17 Este proyecto se encuentra basado en la Universidad de Vanderbilt, en cuya página se puede acceder a sus productos. Ver en tal sentido 18 LAGOS & DAMMERT, op.cit. p.13

consideraba altamente probable padecer un hecho delictivo en el siguiente año, en tanto el 61% aseguraba que Argentina era un país más inseguro que el resto de sus pares americanos19. En los últimos tiempos, un reporte de la Universidad Católica Argentina (UCA) concluyó, a partir del análisis de los datos obtenidos en la llamada Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), que a lo largo de todo el septenio 2004-2010 crecieron de manera constante en el país tanto la delincuencia, como el sentimiento de inseguridad o miedo a ser víctima de un delito. La Encuesta indicó que esas alzas fueron particularmente notorias en los estratos sociales más bajos; allí la tasa de victimización saltó del 16,7% al 25,3%, mientras la sensación de inseguridad trepaba del 66,6% al 76,2%20. Por último, hacia fines del pasado año 2012 un sondeo efectuado a nivel nacional por la encuestadora Management & Fit indicó que la inseguridad constituía la mayor preocupación de la ciudadanía, con un 79,4%, casi quince puntos por encima de la inflación, constituida en la segunda preocupación con el 64%21; mientras tanto el desempleo, con el 49,9%, quedaba relegado al tercer lugar. Al mismo tiempo, para un 51,8% de los encuestados el Poder Ejecutivo no le asignaba la atención necesaria a los temas que más preocupan a la ciudadanía, donde la inseguridad –como vimos- ocupaba el primer lugar22. Habiendo mencionado al dossier de la UCA, éste corroboró la influencia que tienen las actividades criminales en la evolución de los problemas de seguridad, con particular énfasis en la cuestión de las drogas. En el año 2010, el último considerado en ese informe, casi un 30% de los hogares entrevistados habían sido afectados por el problema del tráfico de drogas, tasa que subía al 35% en los 19

CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA: “Encuesta de Opinión. Índice de Temor Ciudadano Mayo-Junio 2008”, Centro de Estudios para la Convivencia Ciudadana, Buenos Aires Julio 2008 A los efectos de esta institución se entiende por Índice de Temor Ciudadano lo siguiente: “la confianza que el ciudadano tiene y los riesgos que percibe frente a la seguridad pública, el futuro, la probabilidad de atentados terroristas, la situación del país en el que vive, la vida cotidiana, la situación del empleo y la seguridad social, el funcionamiento de los sistemas de salud y educación y la credibilidad en las instituciones”. 20 SALVIA Agustín (coord.) & Carolina Moreno: El problema de la inseguridad en la Argentina: Factores que influyen en la delincuencia y disparan el sentimiento de inseguridad o miedo a ser víctima de un delito, Observatorio de la Deuda Social Argentina, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires diciembre 2011 21 Estos porcentajes reflejan la suma de los tres principales problemas identificados por los encuestados, en orden de importancia. Así la inseguridad fue identificada en primer lugar en 37,1%, segundo en 26,4% y tercero en 15,9%; para la inflación los porcentajes fueron 20,6%, 26,2% y 17,22%; para el desempleo 18,7%, 12,8% y 18,4% respectivamente. 22 MANAGEMENT & FIT: Monitoreo de la opinión pública a nivel nacional. Resumen con cortes. Buenos Aires 30 de noviembre de 2012.

hogares pertenecientes al estrato más bajo23. Estas conclusiones resultaban coincidentes con las obtenidas por el mencionado Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana, quien había identificado como principal problema de seguridad a las drogas (78%), seguido por la corrupción (69%) y la desocupación (50%).

Estadística Criminal: comparación de tasas nacionales de homicidios (cada 100 mil habitantes)

De esta manera, introducimos en el presente análisis la incidencia que tienen en el escenario de la seguridad local las actividades de organizaciones criminales abocadas al tráfico de drogas. Aun cuando esta vinculación es clara y se halla fuera de toda duda, pudo ser constatada en oportunidad de la crisis que enfrentó al Poder Ejecutivo y su homólogo de la provincia de Santa Fe, entre fines del 2012 e inicios del presente año. Allí, el explosivo incremento en la cifra de robos violentos y homicidios en sus principales ciudades, particularmente Rosario, fue atribuida por ambas partes al crecimiento del tráfico de drogas; sin embargo, mientras la Casa Rosada imputaba esta situación a la incapacidad del gobierno provincial y la corrupción de la cúpula policial local, en sentido inverso se recordaba que la lucha contra la criminalidad organizada compete a las fuerzas federales y que la droga llega libremente a Santa Fe producto de un deficiente control de fronteras. Los guarismos que se manejaron en ese momento indicaban que en la provincia de Santa Fe aproximadamente una décima parte de la población, o sea 320 mil habitantes, consumía drogas. La ciudad de Rosario, epicentro del problema, había registrado durante el año 2012 un total de 182 homicidios asociados a la 23

SALVIA & MORENO, op.cit.

criminalidad, tasa superior en un 15% a la obtenida en el ejercicio anual anterior y un 140% más alta a la observada en Córdoba, una ciudad de similares dimensiones. También se apuntaba que en Rosario los grupos criminales pagaban un monto promedio de $ 150 diarios (aproximadamente US$ 30 al cambio de ese momento) a pandillas de adolecentes para que distribuyeran droga y pelearan con grupos antagónicos por el control de áreas de la ciudad donde desarrollar sus actividades; que los “kioscos” o puntos de expendio minorista de drogas superaban los 400 en todo el casco urbano; y que los capitales movilizados por la comercialización de droga rondaban los $ 1200 millones (más de U$S 200 millones) por año24.

3. CARTELES CRIMINALES EN LA ARGENTINA. CASOS SELECCIONADOS

Los antecedentes sobre la presencia de carteles criminales extranjeros en nuestro país datan de hace al menos treinta años. Desde aquellos momentos hasta el presente, los grupos criminales desplegados en suelo argentino han diversificado su procedencia, incrementado su presencia y complejizado sus acciones. Sin embargo, han descollado en este sentido las organizaciones latinoamericanas dedicadas a la cuestión de las drogas. En los últimos tiempos este estado de cosas fue puesto al alcance del público internacional a partir de un meduloso informe publicado en el periódico The New York Times en el cual su autora (Emily Schmall) destacó que en épocas no muy lejanas Argentina constituía una mera vía de tránsito para los traficantes de drogas, mientras que ahora también se ha convertido en un destino25. Grupos procedentes de México, Colombia y Perú así lo atestiguan. México Existen antecedentes concretos del incremento de la importancia asignada a la Argentina dentro de los esquemas del narcotráfico mexicano, ya en la segunda mitad de la década del 90. En 1997, por ejemplo, el entonces líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, más conocido como "El señor de los cielos" (apodo que obedecía a su posesión de una flota de aviones con los cuales transportaba drogas a EEUU), estuvo un tiempo en Buenos Aires amparado en 24

BARTOLOMÉ Mariano: “El escenario de seguridad sudamericano y el rol del Análisis Estratégico”, ponencia expuesta en el Congreso 2013 de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Santiago de Chile, enero 2013 25 SCHMALL Emily; “Once Just a Stopover for Drug Traffickers, Argentina Has Now Become a Destination”, The New York Times, July 7, 2012

una identidad falsa, dedicándose a la compra de múltiples propiedades con dinero proveniente de sus ilícitos; poco después murió y sus cómplices retornaron a México, y recién dos años más tarde la justicia argentina descubrió el incidente y comenzó a analizarlo26. Casi un decenio más tarde, vuelven a cobrar relevancia los carteles criminales mexicanos en Argentina, aunque en un contexto diferente: el eje de sus actividades no es el lavado de dinero, sino la adquisición de efedrina27, un precursor químico necesario para la elaboración de drogas de diseño (éxtasis y metanfetaminas entre otras) que luego exportaban a EEUU. Con esos objetivos las bandas aztecas comenzaron a tejer acuerdos con farmacias y droguerías locales, muchas de ellas quebradas que fueron reactivadas con una inyección de capital exógeno. Estas compañías tramitaban ante la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) la licencia para comercializar legalmente efedrina, que luego transferían a sus socios extranjeros. En este contexto, en el mes de julio de 2008 se produce el allanamiento de una propiedad en cercanías de la ciudad de Buenos Aires perteneciente a Jesús Martínez Espinosa, conocido como el “rey de la efedrina”, donde funcionaba el mayor laboratorio de confección de drogas de diseño descubierto hasta ese momento. En la oportunidad son detenidos nueve cómplices de Martínez Espinosa, quien fue apresado poco después en Asunción (Paraguay) y extraditado a Buenos Aires para responder a las acusaciones formuladas en su contra28. El allanamiento dejó al descubierto que carteles criminales mexicanos (en este caso, nuevamente el Cartel de Juárez) adquirían en el mercado local efedrina y pseudoefedrina, o la extraían de otros medicamentos (como la "loradina", de venta libre), que luego empleaban en la producción de metanfetaminas. Las investigaciones ulteriores confirmaron que las referidas substancias abandonaban Argentina hacia su destino en las formas más diversas: por barco, disimuladas en cargamentos de azúcar a granel o en materiales de construcción; o por avión, en maletas de doble fondo o en botellas de vino . Correlato del caso de Martínez Espinosa, apenas un mes después se produjo la virtual ejecución de tres 26

“Narcos mexicanos se refugian en Argentina”, Sipse.Com 17 de agosto de 2012. Químico que proviene del arbusto llamado efedra, el cual produce un efecto similar al de la adrenalina. Legalmente se emplea para el tratamiento de congestión nasal y broncoespasmos, aunque también genera efectos como estimulación, agitación y ansiedad 28 En agosto de 2012, Jesús Martínez Espinosa fue sentenciado a 14 años de cárcel por tráfico de drogas. El resto de sus hombres recibieron penas de entre cuatro años y medio y seis años de prisión. Sin embargo fueron deportados a México (donde quedaron libres) pues el tiempo que habían permanecido en prisión mientras duraba el proceso judicial equivalía a la mitad de la condena, pero en esas instancias el tiempo computa doble; es decir, casi al momento de dictar sentencia se dio a ésta como cumplida. 27

empresarios locales (Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina), involucrados en la vinculación entre los criminales aztecas y farmacéuticas locales, y de probada relación con el “rey de la efedrina” . Hacia fines de ese año Eduardo Medina Mora, por entonces Procurador General azteca, confirmó que los carteles de drogas de su país se hallaban en la búsqueda de nuevos proveedores de los precursores químicos que necesitaban para elaborar metanfetaminas a partir de las mejoras aplicadas en su país en la regulación del uso de la efedrina y la pseudoefedrina en la industria farmacéutica. El territorio y la industria argentinas cobraban relevancia en el contexto de esa búsqueda, motivo por el cual en aquellos momentos ambas partes suscribieron un memorando de entendimiento para combatir esta amenaza transnacional, incluyendo actividades conexas como el lavado de dinero y el desvío de precursores químicos; y un convenio para intercambiar información, capacitar recursos humanos y coordinar estrategias para el combate del narcotráfico .

Jesús Martínez Espinosa, el “Rey de la Efedrina”, detenido en Paraguay y extraditado a la Argentina

Aunque el caso del “rey de la efedrina” se resolvió de manera exitosa, desde la SEDRONAR se aseguró que ese episodio alteró los análisis sobre vigentes respecto al territorio nacional en los esquemas transnacionales, indicando que Argentina había dejado de ser un mero corredor de tránsito y que nuevos grupos

mexicanos ligados al negocio ilegal de las drogas regresarían para intentar operar desde el lugar29. Esas previsiones se confirmaron rápidamente. Un extenso trabajo de investigación dirigido por el reconocido especialista Eduardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo Mexicano (ITAM) y asesor de las Naciones Unidas en materia de crimen organizado, indicó que el Cartel de Sinaloa se había instalado en la región noreste del territorio argentino, con finalidades tanto productivas como de expansión patrimonial. En especial ese despliegue de la organización del “Chapo” Guzmán se constataba en las provincias de Misiones, Formosa y Chaco, donde se habían instalados laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína y fabricación de drogas sintéticas. Las tres provincias ostentaban otras tantas características comunes: en primer lugar, una geografía selvática o boscosa con un clima tropical y templado; segundo, una situación social signada por altos niveles de pobreza y desocupación; en tercer término, un importante trabajo social de base por parte de las iglesias, particularmente iglesias evangélicas, que los narcos emplean como fachada para insertarse en el ámbito local y ganarse la aprobación de los lugareños, lo que contribuye a la propia seguridad. A juicio de Buscaglia, en la elección de Argentina por parte del Cartel de Sinaloa tenía incidencia un marco normativo local que les resultaba relativamente favorable, signado por altos índices de impunidad; rápida prescripción de causas ligadas al crimen organizado, o una tipificación muy laxa en este sentido 30. Especialistas locales complementaron y profundizaron la pesquisa encabezada por este investigador del ITAM. En este punto Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de Argentina, indicó que el ingreso del Cartel de Sinaloa al noreste del país habría comenzado en el año 2007, con la llegada al Chaco de María Alejandra López Madrid, una de sus miembros, con la excusa de poner en funcionamiento una autodenominada Iglesia Evangélica del Nuevo Milenio; cerca de dos años más tarde se descubrió que uno de los pastores de ese culto era el narcotraficante sinaloense Víctor Hugo López Valdez y en tal sentido fue extraditado a su país31.

“Carteles mexicanos trastocan Argentina”, El Universal 26 de diciembre de 2010 “Aseguran que el Cartel de Sinaloa instaló bases en el norte argentino”, Perfil 5 de junio de 2011. 31 “Las bases argentinas del narco”, El Espectador 14 de junio de 2011. 30

En la vereda opuesta, la postura del gobierno argentino en esos momentos le restó entidad a la cuestión, subestimando su trascendencia. El entonces titular de la cartera de Interior calificó como “un verso” las versiones referidas a la presencia del Cartel de Sinaloa en territorio nacional, agregando: “Quieren llamar cartel a dos personas con pasaporte mexicano (…) no existe ni existirá uno en el país como los carteles que existen en México (…) la Argentina no permite producir droga y no tiene la situación de los carteles mexicanos" 32. Sin embargo, es preciso señalar que las actividades de los carteles mexicanos no parecían circunscribirse a las provincias señaladas por Buscaglia, sino que también incluían otras áreas de la geografía nacional. Entre ellas se destacaba la región donde coinciden las fronteras de las provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero, en el centro del país, con vértices en las localidades Recreo (Catamarca), Lucio Mansilla (Sgo. del Estero) y Pozo Nuevo (Córdoba). En el lugar se extienden amplios salares en los cuales aterrizan avionetas procedentes del exterior que trasbordan grandes cantidades de droga a vehículos custodiados por personal armado, pertenecientes a estos grupos; allí se inicia el traslado de los cargamentos a sus puntos de exportación, desde donde se envía la droga a sus mercados de consumo. Declaraciones de dirigentes políticos de la zona confirman que es normal es descenso de las citadas avionetas, escuchándose de manera incesante sus motores en horario nocturno; que las localidades de la zona atraviesan un pico de consumo de estupefacientes en sus franjas etarias más jóvenes, con su traducción en un agravamiento de los índices de inseguridad; que existe complicidad con los criminales por parte de policías y funcionarios judiciales locales; y que en forma recurrente narcotraficantes mexicanos intentaron adquirir grandes latifundios, de hasta 30 mil hectáreas, a través de testaferros de otra nacionalidad. En el caso específico de Catamarca estos intentos se frustraron a partir de una ley provincial que prohíbe la venta de tierras a propietarios extranjeros 33. A los indicios de presencia del Cartel de Sinaloa se sumaron indicadores en igual sentido vinculados con los Zetas. En octubre de 2011 en el marco del “Operativo Lisboa”, denominado de esa manera porque apuntaba a frustrar el envío a la capital portuguesa de 50 kg de cocaína, valuados en una veintena de millones de euros, en La Plata fue detenido Luis Rafael Ulibarri, mando intermedio de la referida organización mexicana, según confirmó el propio gobernador bonaerense 32

“Narcotráfico: la lucha de los cárteles se extiende de Tijuana a Buenos Aires”, Infolatam 18 de noviembre de 2008 33 “La Triple Frontera de la droga”, La Voz del Interior 11 de septiembre de 2011

Daniel Scioli. Cabe destacar la cocaína traficada estaba disimulada como un gel terapéutico que se exportaba a Europa desde un local comercial ubicado en pleno centro de la ciudad, que servía de fachada para las operaciones ilegales34. Mencionados el grupo de Sinaloa y los Zetas, conviene señalar que sus actividades ilegales en nuestro país trascenderían la cuestión de las drogas, para incluir también la trata de personas. Así la escritora mexicana Lydia Cacho describe y detalla en su libro Esclavas del Poder los circuitos de trata de personas y explotación sexual en la región, indicando que las referidas organizaciones criminales se dedican a la trata de personas y la prostitución forzada en la provincia de Córdoba, enfocando sus esfuerzos en pequeñas comunidades locales que están en situación de pobreza y cuya economía está dañada 35. Colombia Los antecedentes de la presencia de organizaciones criminales colombianas no son novedosos. Ya en 1995 se radicaron en Buenos Aires, con identidad adulterada, la esposa e hijo de Pablo Escobar Gaviria, mítico jefe del Cartel de Medellín, quien había sido asesinado dos años antes en su país. Esa radicación fue descubierta años más tarde y causó una fuerte conmoción en la opinión pública, sobre todo cuando trascendió que el Poder Ejecutivo local habría autorizado la operación desde sus inicios. Desde aquellos momentos, hace casi dos décadas, cada vez con mayor frecuencia se publican análisis y notas periodísticas que insisten en las crecientes actividades de las organizaciones criminales colombianas en Argentina, al punto de tipificar al país como “narcoparaíso”36. Simultáneamente, confirmando lo indicado por esas publicaciones, se han producido en diferentes puntos del territorio nacional detenciones de importantes narcotraficantes de Colombia por parte de organismos estatales, descubrimiento de operaciones de lavado de dinero o ejecuciones sumarias que se enmarcan en guerras entre carteles por el control de mercados. Diversos factores parecen confluir para tornar a la Argentina, especialmente su capital Buenos Aires, en un foco atractivo para los narcotraficantes de ese país. De acuerdo al analista colombiano Francisco Miranda, entre esos elementos se incluyen el idioma español, particularmente importante en referencia a personas 34

“Alarma en Argentina por incremento de carteles mexicanos”, Excelsior 5 de octubre de 2011 “Cárteles mexicanos compran mujeres en Argentina: Cacho”, Vanguardia 16 de abril de 2012 36 UNIDAD INVESTIGATIVA EL TIEMPO: “Así son las redes mafiosas colombianas que se extienden por la región”, El Tiempo 2 de junio de 2012 35

de escasa educación, como suele ser el caso de miembros de los cárteles; las dimensiones de la ciudad, que ayudan a circular en forma desapercibida; su naturaleza cosmopolita, que facilita las operaciones comerciales en dólares estadounidenses; y una política migratoria relativamente flexible 37. Precisamente respecto a la flexibilidad de la política migratoria local, facilitó que numerosos criminales colombianos obtuvieran el status de refugiados así como su radicación, alegando ser perseguidos políticos por los grupos insurgentes de ese país. En este sentido, un caso paradigmático tuvo como protagonista al Juzgado Federal N°12, que inició una causa penal por tráfico de cocaína a España y Australia contra un grupo de ciudadanos colombianos que eran peticionantes de refugio por padecer la persecución de la guerrilla de las FARC. No es inusual que los miembros de los carteles criminales colombianos que apelan al status de refugiados para permanecer en el país, combinen esta conducta con el empleo intensivo de documentos falsos, para preservar su identidad. Solamente por citar un caso, en abril del año 2012 fue asesinado en Buenos Aires el narcotraficante colombiano Jairo Saldarriaga Perdomo (“Mojarro”), quien tramitaba un refugio político pero poseía documentación apócrifa 38.

Jairo Saldarriaga Perdomo, un sicario colombiano a las órdenes del famoso narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera Barrera, asesinado a plena luz del día en Buenos Aires por orden de su jefe

En relación al lavado de activo, los carteles colombianos entraron en los negocios de la inversión en bienes raíces y la compra y venta de caballos de polo, y también 37 38

“La conexión argentina de los carteles”, La Nación 4 de junio de 2010 “Los que se hacen pasar por refugiados”, La Nación 29 de abril de 2012

usan empresas exportadoras de carne como fachada para sus actividades en el país. Las dimensiones de estas operaciones quedaron al descubierto en abril del 2012 cuando se realizó en Argentina una gigantesca iniciativa contra el narcotráfico conocida como “Operación Luis XV”, en razón a que apuntaba a desbaratar una banda de esa nacionalidad que traficaba a Europa cocaína disimulada en muebles estilo Luis XV. El operativo, que incluyó casi ochenta allanamientos y produjo más de una treintena de detenciones, confirmó que la organización tenía 42 empresas y más de US$ 50 millones en inversiones y propiedades, en zonas exclusivas de la ciudad de Buenos Aires y su periferia39. Entre los detenidos se destacaba Fernando Álvarez Meyendorff, uno de los narcotraficantes más buscados por la justicia de EEUU, señalado por ser socio del mencionado “Loco” Barrera y también de Luis “Lucho” Caicedo, acusado de liderar una gigantesca red de tráfico de droga, capturado también en Buenos Aires dos años antes40. Más allá de la búsqueda de tranquilidad por parte de jefes narco y sus familias, de las operaciones de lavado de dinero y de los actos de sicariato y ajustes de cuentas, la operación Luis XV recuerda que el tráfico de drogas continúa ocupando un lugar central dentro del abanico de actividades que despliegan los grupos criminales colombianos en Argentina. En este sentido, un relevamiento periodístico sobre esta cuestión muestra que estas organizaciones suelen enviar la droga (esencialmente cocaína) desde su país natal a la Argentina por vía terrestre, atravesando suelo peruano y boliviano, para luego traficarla en barco o avión a Europa y América del Norte desde Buenos Aires. O comercializan cocaína oriunda de Perú o Bolivia, de la que disponen en función del despliegue de sus actividades en esos países. Un caso paradigmático de lo antedicho es al que se conoce con el neologismo de “Narcojet” y remite al descubrimiento en Barcelona, España, de un avión privado que transportaba casi una tonelada de cocaína que se pretendía comercializar en el Viejo Continente; este hecho tuvo una alta repercusión mediática no sólo por el volumen de droga incautado, sino por el parentesco de los pilotos de la aeronave con un alto jefe militar argentino. Las pesquisas determinaron que la cocaína en cuestión procedía del departamento boliviano de Santa Cruz, en el oriente de ese país, la zona sudamericana que concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos para la producción de ese estupefaciente, fuera de Colombia. En esa área desarrolla sus actividades el Cartel del Norte del Valle, organización que 39

“El colombiano asesinado en Buenos Aires sería de la banda del narco Barrera Barrera”, Cosecha Roja (Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica) 20 de abril de 2012 40 “Argentina, el nuevo paraíso del lavado de dinero”, El Tiempo 28 de abril de 2012

contrató a los pilotos de la aeronave que llevarían la droga hasta el aeropuerto catalán, y que dispuso su traslado hasta Buenos Aires, punto de partida del vuelo; ese traslado desde los depósitos cruceños se realizó por vía terrestre, ingresando la droga al territorio argentino a través del paso fronterizo Yacuiba-Salvador Mazza41. En estos esquemas de tráfico, la provincia de Salta pasa a desempeñar un rol crucial. Se ha dicho que en Salvador Mazza y sus alrededores, en el norte salteño lindero con Bolivia, viven más de 1200 ciudadanos colombianos, la mayoría de los cuales desarrollan tareas para los cárteles de la droga42.

Henry de Jesús “Mi Sangre” López Londoño, líder de la banda criminal colombiana “Los Urabeños”, detenido en Buenos Aires a fines del 2011

Al momento de la redacción de la presente ponencia, el último acontecimiento de relevancia vinculado las actividades de los carteles criminales colombianos consistió en la detención del narcotraficante de esa nacionalidad Henry de Jesús "Mi Sangre" López Londoño, quien había ingresado al país a fines de 2011 con documentación venezolana junto a su esposa y su hijo. López Londoño estaba acusado de liderar la banda criminal “Los Urabeños”, con sus principales áreas de operaciones sitas en Antioquia y el Golfo de Urabá, próxima a la frontera septentrional del país, desde donde se prolongan rutas de tráfico de cocaína hasta 41 42

“Narcojet: la droga llegó a la Argentina en camiones desde Bolivia”, Infobae 26 de abril de 2011 “En Mazza se radicaron unos 1300 colombianos”, Clarín 5 de agosto de 2012

Panamá y Venezuela. Las investigaciones en torno a este personaje lo vincularon tanto con el ajusticiamiento de dos compatriotas llevado a cabo en el año 2008 en un centro comercial cercano a Buenos Aires, como con la provisión de cocaína que se intentó traficar a España en el ya referido caso del “Narcojet”. Perú Las crónicas indican que la presencia del narcotráfico peruano en Argentina es ligeramente previa a la que pueden ostentar sus pares colombianos y mexicanos, remontándose a fines del siglo pasado. Y en este caso su principal actividad se concentró en el tráfico de cocaína procedente de Perú. Dos características distintivas de estas acciones eran, por un lado, que geográficamente se asentaban en barrios marginales o periféricos de las ciudades; y por otro, que incluían vínculos con la organización insurgente Sendero Luminoso. De acuerdo a las investigaciones desarrolladas en su momento por Mónica Cuñarro, ex titular de la Unidad Especial para la Investigación de Delitos Complejos de Drogas y Crimen Organizado (UFIDRO), el mencionado asentamiento se vio favorecido por una suerte de abdicación de las fuerzas policiales, que cejaron en su intento de preservar el control sobre esos núcleos urbanos, facilitando así el accionar criminal43. En cuanto a la cocaína traficada, que ingresa al país a través de la porosa frontera septentrional, este tráfico se realiza por tierra o aire. La primera opción se caracteriza por el uso intensivo de “mulas” (burriers) oriundas del país andino, cada una de las cuales puede llegar a ingerir hasta un kilogramo de esa substancia, distribuido en un centenar de cápsulas. En el reclutamiento de las mulas suelen incidir el conocimiento previo (personal o a través de vínculos familiares), la falta de antecedentes penales, así como desfavorables situaciones socioeconómica (suelen proceder de sectores carenciados) y laboral. El ingreso por vía aérea de cocaína peruana ha mostrado algunas particularidades, siendo la más notoria que con ese objetivo se montó una empresa de fachada denominada Asociación Peruana de Pilotos (APP) que, según pesquisas periodísticas y acusaciones efectuadas desde la mencionada Asociación Antidrogas de Argentina, recluta a pilotos peruanos sin trabajo para que manejen las pequeñas aeronaves Cessna que clandestinamente llevan droga de Sendero Luminoso desde las zonas de producción en la selvática zona de Ayacucho hasta la provincia de Salta. Al frente de la APP se encuentra el narcotraficante Víctor Girao Alatrista (“El Monstruo”), de quien se ha dicho que 43

“Guerra de narcos peruanos en Buenos Aires”, Informe Reservado 13 de julio de 2007

maneja el ala peruana del Cartel de Sinaloa y controla la elaboración de PBC (pasta base de cocaína) para exportación44. Una vez en el país, la cocaína no sólo es comercializada para su consumo en el mercado local, sino que también es reenviada por aire o mar a Europa, África y Asia. En este sentido, un reporte elaborado hace poco más de un lustro indicaba que una vasta mayoría de mulas peruanas detenidas en otras partes del mundo procedían de nuestro país y habían tomado sus vuelos en el aeropuerto de Ezeiza; por cada viaje, los honorarios de una mula pueden fluctuar entre US$ 2 mil y US$ 5 mil45. En este contexto hace más de un decenio la zona porteña de Bajo Flores en general, y en forma más específica el asentamiento de emergencia 1.11.14 y el aledaño barrio Rivadavia, fueron ocupados por las organizaciones criminales peruanas vinculadas con la organización insurgente Sendero Luminoso (SL). De acuerdo al especialista peruano Hugo Cabieses, hacia la Argentina se habrían trasladado senderistas que en su mayoría proceden de la zona de Trujillo, donde hay una alta actividad del narcotráfico, tanto en lo atinente a laboratorios de procesamiento como en lo referente a tráfico hacia puertos del norte y del sur. De esa manera, los senderistas habrían traído a nuestro país el “expertise” de su lugar de origen. Ya en 2002, aproximadamente un lustro después de su inicio, la presencia de SL en esos barrios de emergencia capitalinos, dedicado al tráfico de drogas, fue denunciada por la Iglesia. En esos momentos Juan Antonio Baseotto, obispo de la diócesis santiagueña de Añatuya, envió una carta pastoral a esa diócesis desde Roma, donde se encontraba de visita a Juan Pablo II, haciendo referencia a esa presencia. En la nota, además, se aseguraba que un eventual aumento de la presencia senderista en Argentina podía poner en peligro la vigencia del régimen democrático. Hoy la villa de emergencia 1-11-14 ocupa un lugar de máxima relevancia dentro del mapa de comercialización de cocaína y paco en Buenos Aires, a punto tal, que no es raro encontrar referencias al lugar como el “Mercado Central del Narco” o el “Shopping del Narco”. Cabe consignar, en este punto, un dato casi anecdótico: uno de los principales puntos de venta de droga en ese lugar (en rigor de verdad,

MONTENEGRO Maximiliano: “Diario Popular de Argentina identificó al narcotraficante peruano Víctor Girao Alatrista”, Asociación de Pilotos Peruanos Unidos contra el Crimen (APPUC), 29 de agosto de 2012 45 PÁEZ, Ángel: “Ezeiza sería el puente a África y Asia de las "mulas" de la cocaína”, Clarín 13 de mayo de 2007

un largo pasillo) es conocido como “Sendero de la Muerte”, en honor a Sendero Luminoso46.

El barrio de emergencia 1-11-14 de la ciudad de Buenos Aires, considerado el principal asentamiento de los traficantes de droga procedentes de Perú, que dominan el expendio en el área metropolitana

Las pujas entre distintas fracciones criminales peruanas que competían entre sí por el mercado local de cocaína y sus ramificaciones en el exterior, motivaron fricciones que a lo largo del tiempo derivaron en ajusticiamientos y enfrentamientos armados. Sin embargo, durante todo este lapso el rol de principal líder del narcotráfico peruano en el lugar le correspondió a Marco Antonio Estrada Gonzales (“Marcos”), un personaje con antecedentes senderistas aunque menos contundentes que los de sus lugartenientes, que habían trabajado intensamente en el Comité Metropolitano de SL especializándose en colocación de explosivos y asesinatos selectivos47. Marcos logró imponerse y obtuvo esa jerarquía tras un sangriento incidente: el asesinato de su predecesor (quien por su parte había derrocado de igual manera a una banda integrada por traficantes paraguayos), sus principales lugartenientes, su esposa e hijos, enterrándolos en diferentes puntos del mencionado barrio48.

GERIUP: “Sendero Luminoso y su vinculación con el tráfico y comercialización ilegales de droga en Argentina”, Informes del GERIUP 22 de febrero de 2012 47 Ver al respecto “Los ex guerrilleros peruanos que pelean por la droga en Buenos Aires”, Clarín 21 de enero de 2007 48 “El poder de los narcos peruanos en Argentina”, La República 9 de septiembre de 2007

En el año 2005, la persistente guerra entre la banda de Marcos y otros grupos peruanos dedicados al narcotráfico arrojó el trágico saldo de cinco inocentes muertos, entre ellos un bebé, como resultado de un tiroteo desatado en una procesión religiosa. Las investigaciones del luctuoso incidente derivaron, dos años después, en un gigantesco operativo destinado a desmantelar la organización de Marcos, quien huyó de Argentina en un avión particular robado de un pequeño aeropuerto; sin embargo fue detenida su suegra, que ocupaba un lugar central en la estructura, quien fue procesada por narcotráfico, asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros cargos. Poco después Marcos fue detenido en Paraguay y extraditado a nuestro país, donde casi seis años más tarde recibió una condena a diez años de prisión. Uno de los grupos que le disputaba el control del negocio de las drogas, conocido como “Los Solís”, fue desarticulado al año siguiente: se detuvo a su jefa María Luján Solís y a casi una treintena de miembros, incautándose además drogas, armas, autos robados y dinero en efectivo.

4. A MODO DE CONCLUSION

A lo largo del presente trabajo se describieron las características generales que muestra la presencia en la Argentina de carteles criminales procedentes de otros países de la región, seleccionando como casos de estudio los correspondientes a Perú, Colombia y México. En los tres casos la cuestión de la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales ha ocupado el centro de la escena, eclipsando otras actividades ilegales llevadas adelante por organizaciones oriundas de los referidos países. Lo primero que se desprende del informe es que, fuera de toda duda, el papel de nuestro país dentro de los esquemas transnacionales y dinámicos de la criminalidad organizada ya no es el que se suponía antaño, y definitivamente nunca volverá a serlo. En otras épocas se insistía en que la Argentina era un mero país de tránsito de drogas hacia sus mercados de consumo, con una importancia marginal dentro de los circuitos de tráfico, dotado de un doble atractivo: por un lado la porosidad de sus fronteras septentrionales, facilitando el ingreso de productos ilegales; por otro, una infraestructura portuaria y aeroportuaria relativamente desarrollada, apta para la salida de productos ilegales hacia otros destinos.

Hoy, en cambio, Argentina presenta múltiples atractivos para la criminalidad: un mercado de consumo creciente; la disponibilidad de precursores químicos en cantidad y calidad adecuadas, proporcionados por una industria local relativamente desarrollada; la posibilidad de legalizar activos; una legislación relativamente complaciente, de penas reducidas y fáciles excarcelaciones, y una geografía amplia y en buena medida desguarnecida, que facilita la instalación de infraestructuras dedicadas al procesamiento. A todo esto debe agregarse que no existe información, ni indicios, que permitan suponer que en los últimos años ha habido un incremento cuantitativo y una mejora cualitativa de los recursos estatales asignados al combate de este flagelo, en sus diferentes aristas. El atractivo argentino para las organizaciones criminales latinoamericanas se potencia aún más a partir de su simultaneidad con el endurecimiento de los esfuerzos de numerosos gobiernos de la región por enfrentar de manera eficaz este flagelo. Los gobiernos de Colombia, Perú y México se incluyen en este grupo. Así, debido a lo que suele denominarse “efecto globo” o “efecto diáspora”, nuestro país puede haber atraído actividades criminales que sus protagonistas decidieron relocalizar en entornos más favorables. En el marco de este nuevo posicionamiento dentro de los esquemas de la criminalidad, las organizaciones criminales que desarrollan en Argentina sus actividades ilegales vinculadas con la cuestión de las drogas, muestran perfiles claramente diferentes entre sí, rompiendo con la idea de patrones y modelos de conducta comunes y estandarizados 49. Los carteles mexicanos, con énfasis en el de Sinaloa y los Zetas, parecen concentrar sus esfuerzos en dos nítidas direcciones. La primera, la legalización de activos a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles; la segunda, el acceso a efedrina que puedan emplear en la confección de drogas de diseño, en laboratorios sitos aquí o en tierra azteca. Por su parte las organizaciones colombianas se concentran en el lavado de activos y el tráfico de cocaína en gran escala a mercados internacionales, incluyendo como dato novedoso su participación en el ingreso al país de cocaína procedente de Bolivia. Finalmente, los carteles peruanos parecen concentrar buena parte de sus esfuerzos en la provisión de cocaína (y paco) al mercado local, aunque esto no quita que también trafiquen hacia mercados externos; en ambos sentidos del tráfico, hacia o desde Argentina, el empleo de “mulas” (burriers) es un dato característico. 49

Por ejemplo, el modelo de conducta que sigue toda organización criminal en su ingreso al país:, de acuerdo a la mexicana Anabel Hernández: primero, invierten sus capitales; después comienzan a traficar la droga; finalmente, ejercen la violencia contra rivales y enemigos. En HERNANDEZ, Anabel: Los Señores del Narco, Random House Mondadori, México DF 2010, pp.563 y ss

Una mención especial debe efectuarse respecto al ejercicio del sicariato por parte de los grupos colombianos, pues esta no es una actividad que sus ejecutores decidieron realizar en nuestro país debido a las ventajas que ofrece frente a otras opciones; por el contrario, la razón se vincula con la ubicación en Argentina de las víctimas. Por último, el carácter absolutamente heterogéneo y multifacético que ostentan las actividades en nuestro país de los carteles criminales de Perú, Colombia y México, obliga a repensar la estrategia estatal contra este flagelo a partir de un abordaje integral y totalizador que articule diferentes políticas públicas, llevadas adelante por diferentes organismos y a distintos niveles. Será vital que esas políticas públicas trasciendan la coyuntura para proyectarse a mediano plazo, no sean permeables a intereses sectoriales ni cálculos electorales, y le otorguen prioridad no sólo a la represión al tráfico y la comercialización en el mercado doméstico, sino también a cuestiones tales como la legalización de activos ilícitos; la comercialización de precursores químicos; la falta de controles fronterizos y del espacio aéreo; la falsificación de documentos y la corrupción de funcionarios públicos.Bibliografía consultada:

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