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Martes 2 de noviembre de 2010 • Año 7
Un gran cambio en el ejercicio de la abogacía: PUCP y CAD 3, 4, 5 y 6 / FRANCISCO JOSÉ DEL SOLAR
2 / Ética y responsabilidad del abogado
7-8 / Entrevista: Walter Albán Peralta MARÍA ÁVALOS CISNEROS
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OPINIÓN
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Ética y responsabilidad del abogado
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l 20 de octubre último, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) y Ciudadanos al Día (CAD) presentaron tres importantes publicaciones en el Centro Cultural de la PUCP, referidas a la ética y responsabilidad del abogado. Asistieron al acto académico más de 50 personas, entre decanos de las facultades de Derecho y gerentes legales de diferentes instituciones privadas y públicas. Amplia información del mismo fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, al día siguiente, en la página 14, lo cual nos releva de tratar más sobre el particular. Sin embargo, no podemos soslayar la importancia de algunas opiniones que posteriormente han remitido a Jurídica, atendiendo un pedido que se hizo público en el acto mencionado. Así, por ahora, presentamos las siguientes opiniones: - Jornadas de inducción en las facultades de Derecho: Jesús Antonio Rivera Oré, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y pastdecano del Colegio de Abogados del Callao. En primer término, deseo felicitar muy sinceramente a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la persona de su decano, doctor Walter Albán Peralta, y a Ciudadanos al Día, representada por su directora, doctora Beatriz Boza Dibós, editora general de estas publicaciones. En segundo término, expresar mi profunda satisfacción y resaltar de manera muy especial esta brillante iniciativa que no tiene precedentes en nuestro medio, porque la formación moral y ética de los profesionales en derecho es de suma importancia en estos tiempos de cambio y frente a una realidad que plantea constantemente nuevos retos a la formación profesional, pues-
jurídica
Jesús Antonio Rivera Oré.
to que estamos en un permanente cambio de velocidad que demanda la adquisición de nuevos conocimientos. En este orden de ideas, también hay que subrayar, sin duda alguna, que el derecho se transforma con el desarrollo de la tecnología. La legislación se desactualiza con mucha rapidez y en varias circunstancias no alcanza nunca la velocidad de los cambios técnicos. Los diversos derechos nacionales se interconectan y requieren de soluciones crecientemente concertadas en el ámbito internacional. En este contexto, es fundamental e imprescindible que las facultades de Derecho asuman el rol que les corresponde revisando su plan de estudios, su malla curricular que englobe cursos sobre teoría de ética y los principios deontológicos para que los futuros profesionales del derecho conviertan su carrera en una noble profesión y no en un vil oficio porque los abogados y los juristas somos servidores del derecho y la justicia. La Junta Nacional de los Colegios de
María Julia Morales Valentín.
Abogados del Perú y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) –que hace poco ha celebrado su bicentenario– también deben asumir el rol que les corresponde, revisando y reestructurando su vigente Código de Ética, con la finalidad de adecuarlo a los conceptos y principios que están recogidos en los tomos presentado por estas dos importantes instituciones que están marcando el paso para que los abogados seamos mejores o, en su defecto, convocar a los colegas de los respectivos colegios para preguntarles si asumimos como nuestro código esta brillante Propuesta de normas de conducta y responsabilidad del profesional del derecho. - La autorregulación, herramienta de libertad individual y responsabilidad del buen profesional, afirma Julia María Morales Valentín, secretaria general del Grupo Telefónica y profesora de derecho en la PUCP. La autorregulación es una convicción y opción personal que, desde luego, va
intrínsecamente unida al más amplio concepto y visión de la libertad que tiene cada abogado. Los gerentes jurídicos que nos hemos reunido, debatido y aceptado por consenso esta propuesta, lo hemos hecho firmemente convencidos de la necesidad de contar con un cuerpo normativo que ilustre sobre los principios que deben inspirar el ejercicio de nuestra profesión y las normas concretas de conducta que debemos observar y promover. Por ello, el compromiso de nosotros, los gerentes jurídicos que hemos participado ha sido total desde que empezamos el trabajo y se ha visto incluso reforzado al ver el resultado de tan intensos y enriquecedores debates. Estar comprometidos a autorregularnos en materia de ética y responsabilidad profesional en derecho es para nosotros una manifestación tangible del Buen Gobierno Corporativo en el que nosotros creemos y que nuestras empresas e instituciones practican. ◆
Directora (e): Delfina Becerra González | Subdirector: Jorge Sandoval Córdova | Editor: Francisco José del Solar | Coeditora: María Ávalos Cisneros | Editor de diseño: Julio Rivadeneyra Usurin | Diagramador: César Fernández Fernández Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. Sugerencias y comentarios: fdelsolar@editoraperu.com.pe
Jurídica es una publicación de
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Abogado por la PUCP y la U. Central de Venezuela. Posgrados en Derecho, Historia y Ciencias de la Comunicación. Gerente legal (e) de Editora Perú y editor de Jurídica. Profesor de Derecho en la UIGV
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a Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), representada por su decano, Walter Albán Peralta, y Ciudadanos al Día (CAD), con su directora Beatriz Boza Dibós, presentaron tres publicaciones fundamentales en el campo de la ética, valores y principios que todos los abogados debemos respetar, cuidar e imponer, sea cual fuere nuestra función. Ello se debe dar en un estricto marco de autorregulación con la finalidad de elevar y mantener los estándares éticos de la abogacía en este mundo de modernidad y globalización. Las obras en mención son: 1. Consulta
Walter Albán Peralta.
pública: propuesta de normas de conducta y responsabilidad del profesional del derecho. Resultado de la Consulta Pública de los abogados Beatriz Boza Dibós y Christian Chocano Davis; 2. La misión del abogado:
Ética y responsabilidad profesional del abogado a cargo de Themis, institución formada en el año 1965 por alumnos de la Facultad de Derecho de la PUCP, cuya edición general fue de Beatriz Boza; y, 3. Graduación de
sanciones: Ética y responsabilidad social del abogado elaborado por Ius et veritas,
Beatriz Boza Dibós.
UN HITO HISTÓRICO En términos generales, podemos señalar que estas obras, en conjunto, constituyen un gran avance en el difícil, complejo y hasta abstracto tema de la ética, y, en este sentido, marcan, sin duda alguna, un hito histórico sin precedentes debido al esfuerzo, dedicación, constancia y consenso logrado en su elaboración y presentación. Este extraordinario resultado comenzó hace cuatro años atrás, a mediados de 2004, cuando Beatriz Boza Dibós, coordinadora del curso Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, de la Facultad de Derecho de la PUCP, impulsó la formación del Grupo de Estudio sobre Responsabilidad Social del Abogado, con los mejores alumnos de la asignatura. Pues bien, en palabras de la docente: “Ellos sesionaban semanalmente con la finalidad de actualizar los materiales de enseñanza, elaborar nuevos casos de estudio, diseñar estrategias de educación en valores, entre otros, profundizando en el análisis del Código de Ética vigente –para entonces–, especialmente, desde una perspectiva de derecho comparado. Así, en 2006, en el Grupo de Estudios elaboramos un primer Borrador de Anteproyecto de Código de Ética del Abogado (con 120 artículos, en 17 títulos), que luego presentamos a 20 catedráticos de Derecho de distintas disciplinas para su revisión y crítica. Ellos, a su vez, convocaron a grupos de trabajo multidisciplinarios para
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asociación civil sin fines de lucro integrada por alumnos de Derecho-PUCP.
Francisco José DEL SOLAR ROJAS
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Necesarios cambios en la profesión legal por autorregulación según propuesta de la Facultad de Derecho PUCP y CAD
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revisar cada una de las secciones”. Qué duda cabe que este fue un arduo y sacrificado trabajo con una duración de dos años; esto es, de 2004 a 2006. SIGUIÓ EL GRAN AVANCE Con los resultados obtenidos en este gran laboratorio de investigación y formulación de propuestas de profesores y alumnos, en noviembre de 2007, el Grupo de Estudios produjo un segundo texto, que, evidentemente, fue más elaborado, perfeccionado y sistemático. Beatriz Boza nos dice que, “entre otras innovaciones, incluía trece definiciones y agrupaba el contenido en siete títulos, con 110 artículos, dándose a conocer bajo el nombre de Anteproyecto de Código de Responsabilidad Profesional del Abogado. Inmediatamente –agrega la destacada profesora–, procedimos a su discusión con un círculo más amplio de abogados. Así, en el verano de 2008, con la colaboración de la mayoría de los principales estudios de abogados de la capital se llevaron a cabo una serie de desayunos de trabajo con socios y abogados de empresas de distintos sectores.” Ahora bien, con los resultados de estos valiosos intercambios se enriqueció notablemente los aportes trabajados desde su origen (2006) por el Grupo de Estudios, conformado, además de Boza Dibós, por Diego Asmat, Luis Bustamante, Christian Chocano, Mariela Houghton, José Carlos Llerena, Ana Piñeiro, Vladimir Popov,Renato Sarzo y Carolina Torres. Fue, entonces, cuando se vio la necesidad de efectuar una tercera revisión integral del texto ampliando las bases de consulta, investigación, información y experiencias profesionales en el duro y complejo ejercicio de la abogacía. Para ello –nos refiere la coordinadora del curso de Ética– se contó con el invalorable y desinteresado concurso de cinco (5) asociaciones de estudiantes de Derecho, como Themis, Ius et Veritas, Círculo de Derecho Administrativo, Foro Académico y Ius Inter Gentes. El avance fue extraordinario, en cuanto se elaboró una riquísima exposición de motivos de 352 páginas, la cual se presentó en junio de 2008, como Proyecto de Código de Ética y Responsabilidad del Profesional en Derecho, con 121 artículos en siete títulos. UNA REVISIÓN MÁS Con ánimo de lograr mayor difusión y más consenso sobre esta tercera versión, el Proyecto de Código …, se sometió a consulta pública en noviembre de 2008, en un acto solemne en el que participaron el rector de la
PUCP, la defensora del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, la jefa de la OCMA y otras distinguidas autoridades; asimismo, destacados abogados representantes de los más importantes estudios de la abogacía limeña, gerentes legales de empresas tanto del sector privado como público. Sobre el particular Boza Dibós apunta: “Desde esa fecha llevamos a cabo 37 reuniones de discusión y revisión del contenido del mismo a nivel de decanos de las Facultades de Derecho de Lima, y también decanos de las facultades de Derecho de la Red Peruana de Universidades, así como profesores de Derecho de la PUCP y abogados que integran gerencias jurídicas de empresas.” Empero, agrega algo más: “Paralelamente, convocados por Julia María Morales
Valentín, nos reunimos todos los miércoles por la mañana desde octubre de 2008 hasta fines de 2009, con un grupo de gerentes jurídicos de importantes empresas y organizaciones públicas para intercambiar ideas acerca de las implicancias prácticas y adecuaciones necesarias para la propuesta” (…) “Los valiosos intercambios con Eduardo Schmidt S.J. nos permitieron darle un enfoque más profundo a esta propuesta, especialmente en lo referido al proceso de internalización por parte de los abogados y organizaciones profesionales. Su aporte ha sido decisivo y nos plantea todo un desafío.” Los decanos de las Facultades de Derecho de Lima y de la Red Peruana de Universidades que participaron en el proceso
de consulta , a invitación del decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, Walter Albán Peralta, fueron: José Castillo Román de la U.N. de Cajamarca; Manuel Castillo Venegas de la U.N. de Piura; Mariano Castro Sánchez-Moreno de la U. Científica del Sur (Lima); Dante Cervantes Anaya de la U.N. de San Agustín (Arequipa); Víctor García Toma de la U. de Lima (Lima); Alberto Navas Torres de la U.N. de la Amazonía Peruana (Iquitos); José Antonio Ñique De la Punte de la UNMSM (Lima); Jorge Polo y La Borda González de la U.N. de San Antonio Abad del Cusco (Cusco); Daniel Quispe Pérez de la U.N. de San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho); Jesús Antonio Rivera Oré de la U. Inca Garcilaso de la Vega (Lima); Lilian Rocca Carbajal de la U. San Ignacio de Loyo-
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la (Lima); Teódulo Santos Cruz de la U.N. de Trujillo; Miriam Schenone de la U. San Juan Bautista (Lima); Gastón Soto Vallenas de la U. Tecnológica del Perú (Lima); Luis Vargas Fernández de la U. Católica de Santa María, Arequipa; Marjorie Mellet (representante del decano) de la U. del Pacífico (Lima). CUARTA Y ÚLTIMA REVISIÓN Finalmente, Beatriz Boza afirma, contundentemente: “Las distintas inquietudes, críticas y sugerencias de revisión recibidas fueron procesadas a través de una cuarta revisión integral que concluyó el 30 de junio de 2009, con la presente “Propuesta de Normas de Conducta y Responsabilidad del Profesional en Derecho” (142 artículos, en 7 títulos y con una exposición de motivos de 196 pp.).
Asimismo, sistematizamos los resultados de la consulta pública en un documento explicativo de casi 200 páginas (http://www. pucp.edu.pe/facultad/derecho).” Por último, señala que: “La transformación que ha ido experimentando la propuesta se manifiesta no solo en la variación de su contenido sino también en su ámbito de aplicación, concebida en el mundo académico fue mudándose al ámbito profesional y hoy aspira a un desarrollo mayor que refuerce la vida de la profesión” (…) “En esta travesía hemos contado en todo momento con el decidido apoyo del decano de la Facultad de Derecho de la PUCP y de los jóvenes que me acompañan en el Grupo de Estudio. Hemos contado además con el auspicio del World Justice
Project de la American Bar Association. El apoyo de todos los que han participado se convierte en esta entrega en una palanca para imaginarnos un ejercicio profesional diferente.” En verdad, hay que reconocer que esta tarea ha sido titánica y quisiéramos mencionar a todos quienes han participado activamente en ella durante los cuatros años de arduo trabajo. Empero, por razones de espacio, ello resulta casi imposible. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar al Grupo de Estudio sobre Responsabilidad Profesional que actuó como secretaría del Proyecto durante 2009, el cual estuvo conformado por Beatriz Boza, Juan Luis Balarezo, Francisco Baldeón, Luis Bustamante, Christian Chocano, Alberto de Belaunde,
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LA PROPUESTA Este primer libro cuya autoría corresponde a Boza y a Chocano, tiene 339 pp. Está divido en tres partes. La primera corresponde a la introducción y contiene la presentación a cargo del reconocido jurista y maestro universitario, Walter Albán Peralta, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP. Dicho sea de paso, recordemos que él realizó una extraordinaria labor cuando estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo. Con esa misma sapiencia, capacidad de trabajo, búsqueda de la eficiencia y eficacia, promotor del diálogo y amigo de los consensos dirige hoy con gran acierto esta facultad que es la cuna de muchas generaciones de grandes juristas, profesores de derecho y abogados, en general. Asimismo, un comentario bajo el título de “Compromiso del sector privado” de Julia María Morales. Una reseña histórica del “Proceso de Consulta Pública” de Beatriz Boza. Por último, las relaciones de la “Participación en el proceso de consulta”. En este orden de ideas, Albán, nos dice: “Afirmar en nuestra sociedad un ejercicio ético de la abogacía, es parte del compromiso que nos une a las Facultades de Derecho que conformamos la Red Peruana de Universidades de distintas ciudades del país. Fruto de ese compromiso y esfuerzo compartido, con las universidades de la red, hemos elaborado esta Propuesta de Normas de Conducta y Responsabilidad del Profesional en Derecho, que ahora tengo el agrado de presentar.” “El contenido de esta propuesta es fruto de un proceso de revisión, discusión y consulta nacional acerca de las reglas que deben regir la conducta profesional del abogado, iniciativa liderada por la profesora Beatriz Boza, coordinadora del curso Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, que busca trascender el claustro universitario para involucrar a colegios de abogados, tribunales administrativos y arbitrales, cortes judiciales, entre otros actores sociales”. En este contexto, agrega: “Quedan por delante grandes retos: evaluar las estrategias existentes para la transformación del criterio ético en los estudiantes, profundizar la transversalidad curricular y extracurricular de la formación en valores, promover espacios de reflexión en torno a la conducta profesional del abogado, así como generar
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Fernando del Mastro, Marielena Houghton, José Carlos Llerena, Francisco Miranda y José Saldaña.
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consenso en torno a la conveniencia de implementar mecanismos de autorregulación en el ejercicio de la profesión de abogado. Hacia esos objetivos estarán dirigidos nuestros esfuerzos en adelante…, y anhelamos poder contribuir con un ejercicio responsable del derecho.” Por su parte, la profesora de Derecho de la PUCP Julia María Morales Valentín, quien, a su vez, desempeña el alto cargo en el sector privado de secretaria general del Grupo Telefónica, aborda con gran transparencia y sinceridad la preocupación y el compromiso del sector privado de la necesidad de contar con los servicios profesionales de abogados con un desempeño ético, tanto en su vida personal como en el ejercicio de la abogacía, en un franco compromiso de autorregulación en materia ética y responsabilidad profesional en derecho. Esto, afirma Morales –como buena conocedora de la actividad privada– es una manifestación tangible del Buen Gobierno Corporativo, en el que nosotros creemos y que nuestras empresas e instituciones practican, ya que el derecho es, sin lugar a dudas, un vehículo para la ejecución del fenómeno económico. De otro lado, la reseña histórica de este singular y vital proceso de consulta es desarrollada por la factotum de esta iniciativa, Beatriz Boza Dibós, al decir de Albán Peralta. Reseña que hemos recogido en los inicios de este comentario. Luego aparecen las relaciones de todos los que han participado en este largo proceso de consulta. La segunda parte contiene la Propuesta de Normas de Conducta y Reponsabilidad del Profesional en Derecho (2009), con 142 artículos, en siete (7) títulos, 18 capítulos, con 19 definiciones, en un total de 29 páginas y con una exposición de motivos en 196 pp. Como toda obra seria cumple con los estándares de exigencia científica y presenta un “Glosario de Términos” para entender mejor el texto mismo de la propuesta. Es digno de resaltar que no ha caído en la debilidad común de muchos abogados de incidir en la polisemia o multivocidad, complicando una idónea interpretación sintáctica, semántica y contextual. Hay ausencia de metábasis o lagunas normativas y una adecuada aplicación del método deductivo o lógico. Esto, sin duda, le otorga a la propuesta un especial valor como “normas de conducta” y como producción de hermenéutica jurídica. Siguiendo el contenido normativo
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encontramos los “Principios generales” donde se aborda la “Misión del abogado y la abogacía” y los “Deberes y prohibiciones generales”. En el Título III se ve “La relación con el cliente”. En el IV: “Relaciones con las autoridades”. En el V: “Las relaciones con otros colegas y con terceros”: En el VI: “responsabilidad del abogado”. En el VII: Promoción y disciplina. La tercera parte divida en siete capítulos presenta el “resultado de la Consulta Pública: Análisis y Justificación”, que, justamente, desarrollan los abogados Boza y Chocano. MISIÓN DEL ABOGADO Es la segunda obra con 114 pp. Estuvo a cargo de los alumnos de derecho de la PUCP, integrantes de Themis. Reconocida institución creada en 1965 con el principal objetivo de difundir la cultura jurídica del país, que sin duda va mucho más allá de la doctrina jurídica, habida cuenta la cultura jurídica hace referencia a un concepto más general. La obra está dividida en una presentación, en el planteo de los aspectos metodológicos y en las respuestas a nueve preguntas que buscan abarcar los principales temas en torno a la misión del abogado que el equipo de Themis formula a 16 juristas, jueces, profesores y destacados abogados. Entre las principales interrogantes se encuentran: ¿A quién podemos llamar abogado? ¿Quién ejerce la profesión? ¿Son
aplicables las Normas de Conducta a todo abogado, no importa el ámbito o función profesional que desempeñe (por ejemplo: periodista o congresista)? ¿A quién considera que se debe el abogado? ¡Debe darle mayor prioridad a su cliente, a la justicia o al estado Constitucional de Derecho? ¿Está de acuerdo con la posición adoptada por la Propuesta en su artículo 1? ¿Cómo cree que su trabajo cotidiano concreta la misión de la profesión? ¿Es la responsabilidad social parte de la misión del abogado? ¿Considera, por ejemplo, que el trabajo pro bono debiera ser obligatorio?, etc. A todo ello debemos agregar dos preguntas de suma importancia relacionadas con la Constitución del Estado Constitucional de Derecho: ¿Debe el abogado defender y luchar por el Estado Constitucional de Derecho? ¿por los principios fundamentales de la justicia, de la libertad?, etc. Los entrevistados fueron: Reynaldo Bustamante Alarcón; Jimena Cayo Rivera Schereiber; Giancarlo Celis Noriega; Juan Carlos Cortés Carcelén; Javier de Belaunde López de Romaña, Eloy Espinoza-Saldaña Barrera; Huáscar Escurra Rivero; César LunaVictoria León; Julia María Morales Valentín; Manuel Monteagudo Valdez; Giovanni Priori Pozada; Carlos Rivera Paz; Jimena Sánchez Velarde; Martín Sotero Garzón; Mayen Ugarte Vásquez-Solís; Gonzalo Zegarra Mulanovich. Adicionalmente, Themis realizó una encuesta sobre estos temas a 50 abogados
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contratados o asociados a un grupo de los principales estudios de Lima. GRADUACIÓN DE SANCIONES Registra 355 pp. Estuvo a cargo de los integrantes de la asociación civil Ius et Veritas, constituida en 1990 con la finalidad de impulsar y contribuir con el debate intelectual y promover espacios de discusión sobre las diversas ramas del derecho. La obra está divida en 5 capítulos. El primero trata sobre la “Relación con el cliente” y se plasma en siete interesantes artículos. El segundo, aborda las “Relaciones con las autoridades” en dos sugestivos artículos. El tercero desarrolla “Las relaciones con otros colegas y con terceros” en un sesudo artículo. El cuarto ve la “Responsabilidad del abogado”, también, en un artículo muy preciso. Finalmente, el quinto está dedicado a la “Promoción y disciplina”, de manera muy concreta en un solo artículo. Finalmente, se cuenta con un índice detallado de estos valiosos aportes escritos por los más destacados estudiantes de derecho de la PUCP, y que lamentablemente, por falta de espacio, no hemos podido mencionar a cada uno de ellos con su artículo correspondiente. Solo nos queda felicitar muy sinceramente a todos quienes han hecho posible este gran aporte para el engrandecimiento y reconocimiento de especial valía al ejercicio responsable y ético de nuestra amada profesión. ◆
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Hacia las buenas prácticas para la abogacía Tanto en lo académico como en la percepción ciudadana, la relación entre ética, responsabilidad social y abogados, genera siempre mucha preocupación quizá porque su práctica muchas veces está asociada a un ejercicio sin los estándares mínimos de calidad o de una conducta proba. De ahí, la necesidad de debatir y adoptar nuevas normas de conducta y responsabilidad profesional para el ejercicio legal, que a propuesta de la Facultad de Derecho de la PUCP y Ciudadanos al Día, hoy forman parte de la discusión pública por un cambio radical de la abogacía, especialmente, promovida desde el sector privado, como lo detalla a continuación el decano de esta casa de estudios, Walter Albán Peralta.
María ÁVALOS CISNEROS
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Abogada y periodista. Coeditora de Jurídica.
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a Facultad de Derecho de la PUCP y Ciudadanos al Día presentaron recientemente tres publicaciones que recogen las propuestas de nuevas reglas de conducta profesional para elevar los estándares éticos y de actuación de los hombres del derecho en sus diversas actividades. ¿Cómo surge la iniciativa? En realidad, se trata de una propuesta nueva en un proceso que ya tiene algunos años. Me explico, el contenido de esta iniciativa es el resultado de un proceso de revisión, discusión y consulta nacional acerca de las reglas que deben regir la conducta profesional del abogado. El proyecto comenzó aquí en nuestra facultad cuando se puso en práctica una nueva manera de enseñar el Curso de Ética, a cargo de la doctora Beatriz Boza y, en la época del decanato del doctor Armando Zolezzi. Ahora, se busca trascender el claustro universitario para involucrar a colegios de abogados, empresas, universidades, profesores, estudiantes de derecho, colegios profesionales de abogados, firmas legales, tribunales así como organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Es importante sentar las bases de una nueva normativa para el ejercicio de la profesión legal en el Perú y, de alguna manera, contribuir a guiar la actuación responsable de los abogados en situaciones diversas, ya sea ante sus clientes, ante el Estado, ante sus colegas abogados y ante la sociedad. En líneas generales, se trata de un esfuer-
zo privado por optimizar esta actuación y contribuir, desde las propias facultades de derecho, a mejorar el funcionamiento del sistema judicial en el país. De ahí que este reto de afirmar un ejercicio ético del abogado en nuestra sociedad, pretende involucrar, de manera muy activa, a las facultades de derecho que conforman la red peruana de universidades de distintas ciudades del país, así como de otras facultades en Lima. Con ello, también queremos mejorar la metodología de los cursos de ética para lograr la atención de los estudiantes de derecho y, en especial, comprometer a los docentes en la práctica de estas propuestas,
a fin de evitar toda suerte de doble moral: una en las aulas universitarias y otra en su ejercicio profesional. Que quede claro que debe existir una integridad. Los colegios de abogados también están involucrados en este debate... Así es, en realidad queremos que los colegios profesionales, y en forma especial el gremio de abogados, asuman un mayor liderazgo en la promoción de un mejor ejercicio ético de la profesión, así como de sanción a toda práctica irregular de los abogados. Esperamos que la propuesta sea acogida para el debate, pues, actualmente,
también se puede advertir ciertos contenidos obsoletos en los códigos de ética de los colegios de abogados, donde por ejemplo, se prohíbe y sanciona al profesional que absuelve consultas por un medio de difusión, que obviamente es un sinsentido y afectaría toda posibilidad de brindar asesoría legal a aquellas personas sin posibilidad de contratar servicios legales, en términos serios. La publicidad para atraer clientes tampoco está permitida. Hay una serie de aspectos que hacen notar que los contenidos actuales de esos códigos no corresponden a la realidad del ejercicio profesional del siglo XXI. Por eso, la propuesta de normas de
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conducta para los abogados se ha preocupado por reunir toda la jurisprudencia sobre el ejercicio correcto de esta profesión, que no existe en otros países de la región. Incorpora, además, las observaciones de instituciones públicas vinculadas al tema judicial, como el Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo, decanos de facultades así como de abogados, muchos de ellos vinculados a la enseñanza en esta facultad. Es más, como resultado de estas consultas es que se llegó a la conveniencia de evitar hablar de un Código de Ética sino de reglas éticas para el ejercicio responsable de la profesión, que es como se denomina ahora. La propuesta apuesta también hacia la implementación de un sistema de autorregulación para abogados, quizá muy similar a la experiencia de la ANDA o del Consejo de la Prensa Peruana. ¿Es cierto o no? En efecto, con Ciudadanos al Día se ha propuesto crear un sistema de autorregulación y de sanciones, basado en los nuevos estándares de conducta, de tal manera que las normas sean aplicadas por una instancia privada independiente. Esta propuesta de autorregulación está impulsada por la doctora Maria Julia Morales, quien lidera un grupo de gerentes legales corporativos muy interesados en el proyecto y que, a la fecha, han generado una suerte de consenso para apuntar al cumplimiento de estas reglas. Un compromiso serio de las empresas que contratan normalmente muchos servicios externos de firmas legales, para que atiendan estas reglas como un elemento a considerar al momento de contratar, a modo de un requisito de partida. Es decir, solo serían exigibles como asesores de estas empresas aquellos estudios que hayan suscrito estas reglas éticas; y, claro para que a la larga, al ser asumida con mayor cabalidad, probablemente, exija una suerte de tribunal ético, que sin tener las mismas atribuciones de un Colegio de Abogados, obligue a quienes pertenecen a este círculo. Aunque, claro, no es indispensable dicho colegiado para comenzar a comprometernos en esta dirección. Es más, hay empresas y estudios jurídicos que ya trabajan con esa lógica y lo que queremos que eso quede de alguna manera formalizado a partir de un pacto que tendríamos que celebrar en 2011, es decir, la implementación de este tribunal de honor. El debate para la adopción de las nuevas normas de conducta ya
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PRECISIONES PARA LA DISCUSIÓN
está en marcha y ahora seguirán los encuentros y foros, incluso las universidades están interesadas en asimilar toda la experiencia de la facultad de Derecho, respecto a los cursos de ética y más empresas como firmas legales se vienen adhiriendo a esta iniciativa. En este escenario, ¿qué falta o queda por hacer en la siempre demandada revalorización de la profesión? En efecto, esta es la propuesta en términos más amplios, que ahora ingresa a una etapa nueva, con nuevos retos especialmente, sobre la probable autorregulación y la posibilidad de por lo menos contar con los colegios profesionales, empezando por Lima, que pudieran hacer suyas las reglas. Qué falta, pues diría que evaluar las estrategias existentes para la formación del criterio ético en los estudiantes, profundizar la transversalidad curricular y extracurricular de la formación en valores, promover espacios de reflexión en torno a la conducta profesional del abogado, así como generar consenso en torno a la conveniencia de implementar mecanismos de autorregulación en el ejercicio de la profesión de abogado. Hacia esos objetivos estarían dirigidos nuestros esfuerzos en adelante, que buscan principalmente mejorar nuestros servicios de justicia y atacar uno de los problemas más serios que ella afronta como es la corrupción. ◆
Walter Albán Peralta.
¿Qué normas o reglas contienen estas propuestas hacia una conducta responsable? La iniciativa contiene normas referidas a la misión del abogado, deberes y prohibiciones; la relación y deberes con el cliente, la libertad de patrocinio, conclusiones y su renuncia, la competencia y diligencia profesional, secreto profesional, lealtad y conflicto de intereses, el cuidado en el manejo de los bienes del cliente; y, la fijación de honorarios. Normaría, además, aspectos sobre las relaciones con las autoridades y el patrocinio debido; las relaciones con otros colegas y con terceros, la publicidad y competencia; la responsabilidad social del abogado, las organizaciones profesionales, responsabilidad del abogado con los practicantes y colegas jóvenes; el procedimiento disciplinario, las sanciones y efectos, entre otros. ¿Cuál es el respaldo recibido? La propuesta de conducta ética y responsabilidad profesional en Derecho, a la fecha, ha sido adoptada por nueve universidades de todo el país, que forman parte de la red peruana de universidades. Entre ellas, las universidades nacionales de la Amazonía Peruana, de Cajamarca, de Piura, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cusco, San Agustín de Arequipa, Católica de Santa María de Arequipa y de Trujillo, junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibió igualmente el compromiso de hacerlo exigible como parte de sus prácticas de responsabilidad social empresarial de 25 gerentes jurídicos de empresas, como el Grupo Interbank, Cosapi, Supermercados Peruanos, Corporación Drokasa, Citibank, Compañía Cervecera Ambev Perú, Aguaytía Energy, Electro Medio Sur, Río Tinto, Inti Raymi, Graña y Montero, Hochshild Mining PLC y Cementos Pacasmayo, Banco de Crédito, Southern, Banco Continental, Fondo Mivivienda, Backus, BCR, Telefónica del Perú, Ferreyros, Scotiabank, Edegel y Minera Yanacocha, entre otros. En el debate, difusión y elaboración participaron asimismo de manera entusiasta los alumnos que forman parte de las asociaciones de estudiantes de Derecho de la PUCP, como el Círculo de Derecho Administrativo, Derecho & Sociedad, Foro Académico, Ius et Veritas, Ius Inter Gentes, Themis. Además, ha recibido el auspicio de The World Justice Project. Más aún, el grupo de estudios sobre responsabilidad profesional del abogados en la PUCP, está liderado por la doctora Beatríz Boza, e integrado por los profesores Juan Luis Balarezo, Francisco Baldeón, Alberto de Belaunde, Luis Bustamante, Christian Chocano, Marielena Houghton, José Carlos Llerena, Fernando del Mastro, Francisco Miranda y José Saldaña. ¿El proyecto en debate regula la conducta o la ética profesional? Regula la conducta esperada de un profesional en Derecho. Es deseable que el abogado actúe convencido de los valores de la profesión, no obstante, al margen del convencimiento personal, todo abogado debe respetar el estándar mínimo que le exige la profesión