SEGURIDAD
A responder
por 2.575 crímenes sexuales
a Fiscalía está en cuenta regresiva para radicar, ante los diferentes tribunales de Justicia y Paz que hay en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, las imputaciones masivas que lleva preparando más de un año, y que se realizarán en contra de 16 exmiembros de grupos ilegales que fueron escogidos por el organismo como prioritarios. Se trata de 13 exjefes paramilitares, dos exintegrantes de las Farc y un exmiembro del Ejército Revolucionario Guevarista. En agosto —la fecha exacta está por definirse— los magistrados de Justicia y Paz tendrán en sus despachos voluminosos expedientes para definir si esas personas, en el marco de la justicia transicional, deben ser hallados culpables. Por estos días el proyecto de priorización de la Fiscalía ha causado bastante revuelo tras conocerse que podría implicar que delitos menores como el hurto de celulares o las lesiones personales podrían engavetarse. Sin embargo, en el escenario de Justicia y Paz, el ente investigador tiene claro que seleccionar personajes, y a través de ellos los delitos más atroces, es una necesidad y una urgencia para hacer que el modelo de justicia transicional, establecido durante el gobierno Uribe, culmine con relativo éxito. Relativo porque, como bien lo reconoce el ‘Plan de Acción’ de la
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La Fiscalía radicará en agosto imputaciones masivas, admitiendo que la Ley de Justicia y Paz no colmó las expectativas de las víctimas, el país o la comunidad internacional. Fiscalía, los resultados de la Ley de Justicia y Paz no fueron “los esperados por las mismas víctimas, la sociedad, el país y la comunidad internacional”. En el contexto de los diálogos en La Habana con las Farc, el alto Gobierno sabe bien que el tema de justicia y las responsabilidades que puedan llegar a imponerse sobre los guerrilleros es un tema crucial y aún sensible de tocar. En la Fiscalía hay también conciencia de que lo que se haga con el modelo de Justicia y Paz será un precedente para cualquier iniciativa que se emprenda con el fin de que se establezca en Colombia “una paz sostenible y duradera”. Según el ‘Plan de Acción’ de la Fiscalía, el camino para conseguir esa paz es “afianzando el deber del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas por los actores armados dentro del conflicto armado interno”. En ese mismo ‘Plan de Acción’ se admite que el programa de Justicia y Paz representó “una dimensión no esperada que debió
Revista de Colombia para el Mundo
afrontar el aparato judicial”. Al fin y al cabo, a corte de diciembre de 2012, sólo las víctimas habían reportado más de 417 mil hechos en el marco del conflicto. En contraste, a la fecha, sólo se han producido 14 sentencias contra desmovilizados postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que se resumen en penas de máximo ocho años a cambio de verdad y reparación tanto económica como simbólica. “Las sentencias no atienden con suficiencia hechos criminales que reflejen patrones (...) que permitan consolidar aspectos esenciales de reconstrucción histórica de los hechos”, explica la Fiscalía. De acuerdo con el ente, nada de lo que se ha hecho hasta la fecha permite detallar las estrategias de los grupos armados ilegales, sus dinámicas locales, regionales o nacionales, su logística, su modus operandi o los actores públicos y privados que interactuaron con ellos para darle así continuidad a su barbarie. Por eso, para las imputaciones que se aproximan, la Fiscalía tuvo en cuenta principalmente que los postulados escogidos debían ser “máximos