parte de la confusión intelectual que existe sobre la naturaleza del conflicto". Claro está que nadie le pediría a Mancuso una discusión teórica sobre el particular. Pero lo cierto es que él y sus 8 mil hombres (que al final del año 2002 serán, según sus propias palabras, cerca de 26 mil), ejercen sobre el territorio un poder que sólo puede discutirse desde un punto de vista formal. El 13 de diciembre del 2001, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Claudio Grossman, expresó en Bogotá “su preocupación por la violencia desatada por los grupos de autodefensas, reflejada en la ejecución de masacres, asesinatos selectivos, actos de extorsión y desplazamiento masivo, como consecuencia de las llamadas limpiezas sociales”. En una conferencia de prensa, Grossman, quien señaló que “subsisten indicios graves que dan cuenta de la cooperación de agentes del Estado con los grupos de autodefensas”, habló coloquialmente del problema: “Hay autores confesos de actos graves contra civiles – dijo -, que se desplazan por todo el país concediendo entrevistas a los medios de comunicación y hasta toman tinto en lugares públicos de poblaciones como Barrancabermeja, como si nada hubiera pasado”. En el exterior tiende a creerse que la violencia paramilitar obedece casi que exclusivamente a razones de preeminencia territorial, y así se expresa con relativa frecuencia. Pero no. Un caso dramático es el de los reinsertados del ELN, que se reunieron en 1994 alrededor de la Corriente de Renovación Socialista (CRN). Sus integrantes han sido eliminados de manera sistemática. La lista completa de los antiguos guerrilleros la conocen tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas. Hace poco, esas ejecuciones extrajudiciales tuvieron un nuevo episodio. El 3 de marzo del 2002, un grupo de paramilitares torturó y asesinó a cinco campesinos cerca de la finca “La Galleta”, en Montebello, Antioquia. Los antecedentes del crimen tienen que ver de manera estrecha con el proceso de paz en Colombia.
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