En el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (2015), la Red Regional de Mujeres de la Laguna emite el siguiente
Pronunciamiento En relación a la situación de avances y retrocesos de las mujeres en los Estado de Coahuila y Durango: En comparación con años anteriores, la desigualdad de mujeres y hombres ha sido visibilizada en la agenda pública. Las organizaciones de mujeres desde nuestra lucha y quehacer cotidiano hemos contribuido a esto. Existen diversas instancias cuyo objetivo es atender diversas problemáticas que afectan a las mujeres en una sociedad patriarcal como la nuestra: Centros de Justicia para las Mujeres; Secretarías o Institutos de las Mujeres; Institutos y/o instancias Municipales de las Mujeres, además de oficina de atención a las mujeres en otras instituciones (DIF), mesas del MP especializadas en delitos sexuales y familiares. Asimismo, tanto en Coahuila como en Durango tenemos un amplio marco jurídico para respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de las mujeres En el sector salud existe la NOM-SSA-046 para atender situaciones de violencia sexual y familiar hacia las mujeres y la pastilla del día siguiente para casos de violación. En el terreno político la presencia de mujeres está asegurada por una legislación electoral federal que obliga a la paridad en las candidaturas de mujeres en los cargos de senadores y diputados federales y locales, así como a destinar un 2% del presupuesto público para capacitación de liderazgos femeninos.
No obstante la anterior sigue habiendo rezagos, pues aún: Hay espacios en que la problemática de género sigue invisibilizada y el enfoque de género no ha transversalizado los procesos de gestión municipal y estatal. Igualmente el sector de la educación superior sigue ajeno a las políticas de transversalidad de la perspectiva de género. Las instituciones que atienden a las mujeres que sufren violencia utilizan modelos de atención diferentes; la conciliación sigue siendo un recurso utilizado por el MP y los jueces en los casos de violencia familiar, no obstante que está prohibida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y aun cuando la violencia familiar es un delito.
Son mínimos los programas que aporten al empoderamiento de las niñas, adolescentes y jóvenes, así como de atención a las problemáticas por razón de género presentes en estas etapas de la vida.
Se carece de indicadores de impacto de las políticas y programas estatales y municipales de atención a las mujeres, ejemplo: ¿cuánto se ha reducido la violencia hacia las mujeres? ¿Han mejorado los indicadores de impunidad en delitos de violencia hacia las mujeres? ¿Ha cambiado el tato clientelar de las mujeres a una política de empoderamiento? Continúan siendo insuficientes los esfuerzos por reducir los embarazos adolescentes; los programas de educación sexual siguen sin incorporar una visión integral desde una perspectiva de juventudes, con atención eficiente y oportuna a la salud sexual y no solo reproductiva y que garanticen el acceso real a métodos antifecundativos así como el ejercicio y respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Las leyes de igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no han sido adecuadamente traducidas en acciones orientadas a respetar, promover y garantizar los derechos de las mujeres.
Ambos estados tienen leyes punitivas que criminalizan a las mujeres que abortan en lugar de una política adecuada a la salud para las mujeres de todas las etapas de su vida y en particular la sexual y reproductiva. La cuota de género no es suficiente para llevar a mujeres al poder y en el ámbito local los partidos políticos realizan de manera insuficiente la capacitación de liderazgos políticos femeninos. En Durango se tiene una ley electoral que no garantiza la presencia de mujeres en la elección de Ayuntamientos y permite que aún ocurran los casos de “las juanitas”. Las mujeres de la Región Lagunera de ambos estados se han visto particularmente afectadas por la violencia sexual y feminicida, sin que hasta el momento exista una acción concertada de los gobiernos de ambas entidades para atender esta situación.