Guatemala, 26 de septiembre de 2013, Suplemento Especial de Diario La Hora
COMISIONES DE POSTULACIÓN: ¿AL SERVICIO DE LA JUSTICIA O DE LA IMPUNIDAD?
FRASES DE NUESTROS COLUMNISTAS QUE LLAMAN A LA REFLEXIÓN… “Mantengamos firmes nuestros actuares, hagamos siempre lo justo, sirvamos, obedezcamos las leyes, seamos ciudadanos leales” Elizabeth Flores Universidad del Istmo
Editorial Debemos dimensionar el problema
A meses de que se inicie el proceso para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como titulares del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas, es indispensable revisar el mecanismo existente y que abrió las puertas a que grupos del poder oculto mantengan secuestrado al sistema de justicia y asegurada la impunidad en casos de corrupción. La idea de las comisiones de postulación surgió en el Consejo de Estado instalado tras el golpe de Estado de 1982 como un mecanismo para trasladar al mundo académico la responsabilidad de integrar el Tribunal Supremo Electoral. Históricamente la autoridad electoral guatemalteca dependía del poder político y los resultados fueron años de fraudes electorales que burlaron la voluntad popular. Se pensó, entonces, que si se trasladaba a las universidades y al Colegio Profesional de Abogados la responsabilidad de postular candidatos para integrar el TSE, se aseguraba la independencia y honorabilidad de sus integrantes, como de hecho ocurrió la primera vez que se utilizó ese mecanismo. Pero como hecha la ley, hecha la trampa, los perversos poderes ocultos se dieron cuenta del potencial existente y empezaron a cooptar la academia. Las decanaturas de las facultades de derecho ya no eran ambicionadas por académicos de prestigio, sino por miembros de las mafias que vieron la importancia de ser parte de las comisiones de postulación, para entonces ya extendidas a la integración de las Cortes y para designar Fiscal General y Contralor de Cuentas. El Colegio de Abogados, cuya directiva en el pasado se disputaban grupos de prestigio académico porque era un verdadero honor dirigir al gremio de juristas, pasó a convertirse en terreno fértil para que los grupos interesados en el secuestro de la institucionalidad judicial del país invirtieran recursos en campañas que se volvieron millonarias, como las de decanos y rector, porque lo que está en juego es muchísimo más que ese honor que antaño atraía a verdaderos prohombres. En otras palabras, para despolitizar y depurar el proceso de selección de magistrados y funcionarios, se trasladó a la academia la responsabilidad de postular candidatos. La idea original no era mala, pero no se contó con que el efecto sería la prostitución de ese mundo académico por la infiltración de los poderes fácticos que ahora, más que nunca, tienen control absoluto de toda la institucionalidad para asegurar que pueden realizar el saqueo del país con total impunidad. Si en los últimos años las comisiones de postulación fueron un hervidero de negociaciones espurias, ahora, tras ese pacto de enormes proporciones que se hizo entre el poder oculto, el capital tradicional, el capital emergente, el crimen organizado y los sectores políticos, resulta mucho más importante asegurar la cooptación del sistema de justicia y por ello nunca como ahora veremos tanta presencia de esos poderes aconchabados en las comisiones postuladoras. Siendo absolutamente realistas, a los diputados a los que el Movimiento Pro Justicia y el Foro Guatemala les hicieron el llamado para modificar la ley, los oirán como oír llover porque ellos son parte de ese tenebroso pacto para explotar hasta el último centavo del erario en el juego de la corrupción. Y nada sería tan efectivo para rescatar la institucionalidad democrática que una reforma profunda del sistema de comisiones de postulación, pero ya sabemos que para eso, para hacer las cosas bien, no están nuestros flamantes diputados. Siendo una Tribuna y no un Mostrador, les dejamos con las opiniones de los alumnos de las facultades de Derecho de las universidades que decidieron participar.
“La esencia de un país ordenado, pacífico y próspero se encuentra en sus tribunales” Camilo Peña Universidad Francisco Marroquín “…solamente teniendo un Organismo Judicial independiente se puede lograr que se imparta justicia imparcialmente…” Alejandro Pokus Universidad Rafael Landívar “El problema más grande de Guatemala es, pues, un problema de diseño” Javier Santizo Mansylla Universidad Francisco Marroquín “El país y en consecuencia su pueblo, ha llegado a un límite en el que la justicia es simplemente una palabra más, en el diccionario del idioma español” Cristina Barbier Universidad del Istmo “En nuestro país, lastimosamente, aunque la justicia no necesita presentarse, pocos la conocen; aunque la justicia no necesita ojos, pocos tienen la visión para impartirla; en Guatemala, la justicia necesita equilibrio pero muchos se tambalean al aplicarla” Astrid Lima Universidad Rafael Landívar “Solo alcanzando la justicia legal, será posible la virtud y podremos hablar de justicia social y distributiva” Luis Pedro Martínez Universidad Rafael Landívar “El sistema de administración de justicia, aun con todas sus deficiencias y carencias institucionales debe velar siempre por la observancia y el respeto de las garantías constitucionales atendiendo en primer término al debido proceso y el derecho de defensa, pilares imprescindibles en todo Estado de Derecho” Mónika Schlesinger Universidad del Istmo El derecho sigue y seguirá siendo aquel viejo intento de alcanzar la justicia. Los que debemos cambiar en realidad somos nosotros, y los ojos con los que lo vemos” Ignacio Grazioso Universidad Rafael Landívar
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Se vienen las Comisiones de Postulación Camilo Peña
Elizabeth Flores Universidad del Istmo
Bienvenidos al sitio de vanguardia, el último grito de moda. En esta espléndida tarde les ofrecemos como plato principal, la recomendación especial del chef: ¡Comisiones de Postulación! como parte del menú, podrán encontrar un recetario lleno de distintos sabores y colores. Algunos platos se destacan por la frescura en sus ingredientes… pero, no olviden verificar el precio, ya que éste puede resultar muy costoso. Así es, para todos nosotros los comensales, estamos a punto de degustar el plato que tanto hemos esperado y que está por servirse. Nos encontramos a la víspera de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Fiscal General de la República, entre otros. Por mandato constitucional, se establece que la elección de dichos funcionarios públicos se realice de conformidad con una nómina presentada por una comisión de postulación. En el caso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y otros tribunales, el nombramiento es realizado por el Congreso de la República, mientras que la elección del Fiscal General de la República corresponde a nuestro Honorable Presidente de la República. Dichas Comisiones de Postulación varían en su integración, según la elección del funcionario público. (Artículos: 215, 217, 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala). De acuerdo con la Ley de Comisiones de Postulación, dicha ley se emite con el fin de establecer “parámetros” o “lineamientos” que ayuden a la transparencia del procedimiento, así como a la fijación del perfil subjetivo del postulante. Sin embargo, el proceso se ha visto politizado, de tal forma que los comensales hemos empezado a pagar la cuenta, de una comida que se veía prometedora, pero sin los ingredientes esenciales para hacer de la misma una exquisitez. Lo anterior, debido a que la selección de dichos ingredientes se encuentra sujeta a diversos intereses, entre ellos: económicos y políticos en su mayoría, circunstancias que han de surgir siempre en un proceso de elección con un carácter trascendental. No está de más establecer que aunque las circunstancias condicionan la situación, no deben determinar la misma. Existen varios ingredientes que deben cambiarse antes de la cocción de las próximas elecciones con el fin de cumplir con la transparencia en el proceso. Entre ellos: la conformación de las Comisiones de Postulación, vemos que la transparencia es uno de los principales temas en controversia (e irónicamente un principio rector de la ley); ello debido a que participan en la elección abogados del Gremio, de la Academia y del Organismo Judicial. A simple vista es notorio que los intereses son los que imperan sobre la mesa, siendo necesario entonces establecer requisitos mínimos para la participación, por ejemplo: Decanos representantes de Universidades con (x) trayectoria y cantidad (y) de egresados. Asímismo, encontramos en la ley que para calificar una postulación, se deben atender criterios de honorabilidad comprobada, idoneidad, honradez, proyección humana, entre otros. Dichos criterios, subjetivos a toda luz, son criterios difíciles de comprobar, ¿Soy una persona de suma honradez, sólo por tener una colegiación activa?; es necesario entonces establecer criterios objetivos, que puedan demostrar la honorabilidad de un postulante. Por ejemplo: ¿Cuántas sentencias son impugnadas y declaradas con lugar ante una segunda instancia? Luego de presentar el menú, y sugerir unos cambios en los ingredientes ¿puedo tomar su orden? ¿Desean Comisiones de Postulación al servicio de la Justicia o de la Impunidad? eliflob10@hotmail.com
Universidad Francisco Marroquín
En el futuro cercano arrancarán los procesos para designar a los profesionales que ocuparán algunos de los puestos públicos más importantes del país, entre ellos el de Fiscal General y jefe del Ministerio Público y el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, procesos que se llevan a cabo mediante las polémicas Comisiones de Postulación. Antes de 2009 la única regulación que tenían las comisiones se encontraba en la Constitución. Hay que reconocer que con la entrada en vigencia de la Ley de Comisiones de Postulación se uniformó un procedimiento que la Ley Fundamental trata de manera escueta. Sin embargo, la forma como se designa al fiscal y magistrados, entre otros, sigue siendo muy cuestionada y, al parecer, está lejos de rendir buenos resultados. Pero el problema no sólo radica en la Ley de Comisiones de Postulaciones; el germen viene desde la propia Constitución. Uno de los peores vicios de las Comisiones de Postulación es la forma en que se integran. El hecho que en el proceso intervengan los decanos de las facultades de derecho o ciencias jurídicas y sociales no sólo ha politizado la academia, sino también ha incentivado la proliferación de facultades de ciencias jurídicas con el objetivo de que grupos de presión influyan en la formación de las nó-
minas de candidatos de las cuales saldrán el nuevo jefe del MP y los magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones. Además, cuando la Constitución establece que las Comisiones de Postulación deberán estar integradas, entre otros, por los decanos de las facultades de derecho, por un número equivalente de representantes electos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y por igual número de representantes electos por la Corte de Apelaciones o de la CSJ (según sea el caso), aumenta exponencialmente el número de personas que intervienen en el proceso, lo que trae consigo dos consecuencias negativas: se hace mucho más difícil mantener un buen control en la creación de las respectivas nóminas y mientras más grande sea la comisión, más expuesta a presiones políticas estará. Por otra parte, si bien es necesario que los actos de las comisiones sean públicos, el hecho que la Ley de Comisiones de Postulación permita una especie de fiscalización incluso de actores internacionales también trae problemas. En el último proceso de postulación de magistrados se hizo notoria la presión de embajadores de varios países, así como agrupaciones civiles con agendas propias, todos ellos con intereses particulares en el desenlace del proceso. Otro vicio de las comisiones se encuentra en la participación del Colegio de Abogados. Éste es
el actor más politizado de todos dentro de las comisiones, ya que es en el CANG donde muchos grupos de poder y partidos políticos ejercen influencia para que las elecciones de magistrados les sean favorables. Creo que hacer reformas a la Ley de Comisiones de Postulación tendrá pocos resultados positivos. Si en realidad deseamos que lleguen los mejores a puestos tan importantes como lo son las cortes y la jefatura del Ministerio Público, debemos reformar la propia Constitución de tal manera que no sólo incluya cambios en las Comisiones de Postulación sino en el propio sistema de justicia, como hacer vitalicio el cargo de los magistrados para que gocen de verdadera independencia, por ejemplo. Pero aquí nos topamos con otro gran problema. Dadas las circunstancias políticas de Guatemala, llamar a una reforma constitucional será lo más parecido a abrir una caja de Pandora: no tenemos certeza alguna de lo que saldrá de la reforma, pero si estamos seguros que será algo no querido por la gente. cpena@ufm.edu
La fiscalización ciudadana Alejandro Pokus Universidad Rafael Landívar
Las Comisiones de Postulación empieza nuevamente a ser un tema muy sonado en Guatemala, ya que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto 19-2009 del Congreso de la República “Ley de Comisiones de Postulación”, son las encargadas de elaborar la nómina de los candidatos que podrán ser nombrados a un cargo público cuya decisión final corresponde al Presidente de la República o al Congreso de la República, en su caso. El próximo año será todo un reto, ya que se tendrán que presentar las convocatorias para integrar cada Comisión, quienes tendrán la gran responsabilidad de proporcionar el listado de los candidatos con mayor idoneidad para ejercer los diversos cargos como lo son, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Contralor General de Cuentas, y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, en donde la sociedad guatemalteca espera que los nuevos funcionarios sean personas con la preparación profesional y académica necesaria para desempeñar el cargo y sobre todo de reconocida honorabilidad, procurando fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas que en algunos casos, se han ido deteriorando. Se ha evidenciado que en los procesos de las Comisiones de Postulación a partir de la emisión de la Ley que las regula, han sido
eminentemente públicos, permitiendo así la participación activa ciudadana como principales fiscalizadores. A las futuras Comisiones de Postulación se deberán presentar los profesionales que crean poseer los requisitos “ideales” del perfil para cada uno de los puestos públicos, tales como la preparación académica, profesional y sobre todo una evaluación entorno al Ethos Professional. El aspecto ético en el ejercicio profesional, es uno de los más importantes que debe de tener la persona que aspira a ser elegible; actualmente existe una iniciativa de reforma a la Ley de Comisiones de Postulación que le otorgaría una ponderación específica a este elemento, la cual no está incluida en la ley actual, sin embargo, se estima necesario recalcar que aún en la reforma el porcentaje que se le asigna a la ética es bastante reducido a lo que debería de ser en realidad, debido a que es la mayor y más fiable fuente de respeto por parte de la sociedad, y sobre todo porque en ella va inmersa la honorabilidad. La honorabilidad es un factor bastante subjetivo de calificar, ¿Qué hace a una persona honorable y que no?, es una pregunta que le puede surgir a cualquier ciudadano, y es aquí donde “juega” un rol importante la sociedad al darle el acompañamiento fiscalizador al proceso, siendo críticos y sobre todo pronunciarse en contra de cualquier miembro de la comisión que tenga algún interés perverso, y
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de aquellos candidatos q u e posean alguna tacha en su vida profesional, siendo pronunciamientos debidamente fundamentados y de manera responsable, logrando así un análisis y una valoración más objetiva por parte de la comisión. Es responsabilidad de cada persona como ciudadano de cumplir como miembro de la sociedad guatemalteca el acompañar y fiscalizar las Comisiones de Postulación, exigiendo a las autoridades que deben elegir al profesional que tenga las cualidades idóneas al cargo, con una trayectoria de ética sobresaliente. Serán los nuevos funcionarios públicos junto con todos los guatemaltecos quienes tendrán una gran barrera que vencer, debido a que la justicia en Guatemala sigue siendo lenta, frágil, inaccesible para muchos y sobre todo existe desconfianza de la ciudadanía, recayendo en una crisis llamada “impunidad” que día a día reina en el Estado, debiendo fortalecer un Estado Democrático de Derecho en donde prevalezca la justicia sobre la impunidad. apokus52@gmail.com
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Independencia,
93 aĂąos de vivirla, para decir la verdad
Independencia Responsabilidad Compromiso Rectitud
La diferencia entre el ser y el deber ser: Javier Santizo Mansylla Universidad Francisco Marroquín
Tal como establecen los considerandos del decreto 19-2009: la función esencial de las Comisiones de Postulación es proponer al Presidente o al Congreso, según sea el caso, la lista de candidatos con perfil idóneo para optar a cargos tan importantes como el de Fiscal General, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones y el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, entre otros. Idealmente se pensó en este mecanismo como una solución eficiente para despolitizar la elección de los cargos anteriormente señalados, cargos que de una forma u otra necesitan de una independencia absoluta. Independencia tanto para fiscalizar a funcionarios en la utilización de fondos públicos, como independencia en la averiguación, investigación e independencia en la impartición de justicia. Si bien la idea como tal resultó brillante, ya que implicaba una elección objetiva y transparente por parte de la academia y los colegios profesionales, todos conocedores del derecho –y que prometía estar basada en méritos y no en influencias–, la realidad nos ha demostrado lo contrario. Ello sin desmeritar el gran avance que la idea de las comisiones representa para el pueblo guatemalteco, avance que si bien debe ser aplaudido también ha demostrado ser insuficiente. En primer lugar han surgido nuevas facultades de derecho para conseguir un representante (decano) en la comisión de postulación correspondiente, hecho que se ha venido dando con una velocidad alarmante al punto de hacer pensar que en realidad la inauguración de dichas facultades responde a un objetivo que trasciende la enseñanza del derecho. Y es que no es coincidencia que se haya pensado en los decanos de derecho y en los representantes del Colegio de Abogados como miembros de dichas comisiones, tratando así de mantener la elección de los candidatos bajo parámetros y exigencias legales. Así también las comisiones de postulación se han politizado al punto de desvirtuar su objetivo inicial y crear en aquellos miembros que desean verdaderamente elegir al candidato más apto, una presión política a la que no estaban acostumbrados, sus miembros, pues se ven sumergidos en un juego político en el que existen amenazas y críticas de todo tipo para poder conseguir los tan ansiados puestos a elegir, algo que fue especialmente evidente en el proceso de elección anterior. Dicha politización no se circunscribe a la elección como tal de las comisiones, sino es también anterior e incluso posterior a las mismas. No sólo existen cargos dentro de sus miembros que también implican una elección cuasi popular y por lo tanto requieren utilizar una considerable cantidad de recursos, muchas veces ajenos, para conseguir el puesto dentro de la misma comisión. Sino también se cae en la cuenta que la decisión final es del Presidente de la República o del Congreso, haciendo de la misma, nuevamente una decisión eminentemente política, si bien filtrada con anterioridad. En conclusión, creo que al día de hoy las comisiones de postulación representan el perfecto “deber ser”, sin que la realidad cumpla con las expectativas con las que las mismas fueron creadas. Representan eso sí, un avance definitivo en intentar despolitizar cargos tan importantes como los anteriormente señalados. En la elección que se avecina, los guatemaltecos debemos procurar fiscalizar a las mismas comisiones para que poco a poco lleguen a cumplir con su objetivo de elegir al mejor candidato y no al más popular políticamente hablando. jasantizo@ufm.edu
La Comisión de Postulación como un Juego de Ajedrez Cristina Barbier Universidad del Istmo
Tal y como comienza el juego de ajedrez que todos conocen, así empieza pues la maquinación y estrategia de movimientos que dan inicio al proceso de elección para los cargos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, Fiscal General de la Nación y Jefe de la Contraloría General de Cuentas. Dichos cargos conllevan implícitamente el poder de decisión sobre cuestiones de gran magnitud y relevancia para toda la sociedad guatemalteca. Así pues, este no es cualquier juego de ajedrez, es un juego que es público en el que todo guatemalteco tiene derecho de poder fiscalizar los movimientos o infracciones que se cometan y denunciar los mismos. El campo de batalla comienza con la participación de la Comisión de Postulación de la cual, quienes la integran tienen la obligación de sujetarse a los principios, reglas y procedimientos establecidos en la Ley de Comisión de Postulación, de los cuales se desprenden la transparencia, excelencia profesional, objetividad, publicidad, la reconocida honorabilidad, etc. Los peones, que son los integrantes de la Comisión son los primeros que se ven involucrados en este proceso de elección, y por lo tanto los primeros que son objeto de manipulación, amenazas y coacción para decidir sobre la
nómina de aspirantes a tan importantes cargos. Cada sector, va hacer hasta lo imposible por proteger sus principales piezas y que las mismas no sean eliminadas del juego para no verse afectados en sus intereses. Es aquí en donde se empieza a observar que el fin para el cual nació la Ley de Comisión de Postulación, que en un principio era establecer los mecanismos y procedimientos para la elección de importantes cargos en el país y darle lugar a una auditoría social efectiva, se corrompe. Es tan fácil manipular la integración de Comisión de Postulación con la sola creación de una escuela de estudios superiores, con una facultad de Derecho, aun así no teniendo ni un solo egresado de la misma, para lograr la intervención del Decano que pueda favorecer intereses particulares dentro de dicha Comisión. En consecuencia de lo anterior, la estrategia del juego consiste en corromper la normativa desde el comienzo del proceso. Para terminar con la corrupción y la falta de obediencia es preciso, no sólo la exigencia de la academia en el sentido de exigir requisitos mínimos a las Facultades de Derecho, como tener un mínimo de egresados y por lo menos 10 o más años de existencia en el mundo de la educación superior. Así como
también exigirle a la Comisión de Postulación una vez integrada, el respeto a todos los requisitos establecidos en el perfil idóneo para los cargos a elegirse. Dentro de los principales requisitos que se exigen a los aspirantes, debiera de tomarse con mucha más consideración la calificación de la “reconocida honorabilidad”, de la cual hasta la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado sobre su definición, ya que la misma no ha adoptado una definición general aplicable, ni mecanismos para dicha calificación. Por la razón expuesta, entra en juego el subjetivismo de los integrantes de la Comisión, lo que puede dar lugar a revertir requisitos formales y rechazar o aceptar perfiles de aspirantes en base a opiniones subjetivas. Tal y como señaló Benjamín Franklin “la honradez reconocida es el más seguro de los juramentos”, asegurar este requisito sería como abrir la puerta a la correcta actuación de dicho aspirante dentro del cargo a ejercer ya sea magistrado, fiscal u otro cargo. cristinabarbierf@gmail.com
Los méritos éticos de los candidatos Astrid Lima Universidad Rafael Landívar
Cargos importantes de gran peso en el buen desempeño de nuestro país, cargos que llevan sobre sus hombros esperanzas, justicia e ideales. A todo esto se enfrentan las Comisiones de Postulación, próximamente en orden de escoger a los representantes de órganos significativos del país como lo son el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Para todos estos procesos existe una normativa preestablecida, tanto en el mandato constitucional que estipula que la elección de estos funcionarios debe hacerse mediante Comisiones de Postulación, así como dentro de la normativa ordinaria con la Ley de Comisiones de Postulación, cuyo objetivo último debe ser el de colocar filtros que permitan a la ciudadanía confiar en que las autoridades electas para estos cargos descansan sobre personas intelectual y éticamente capaces. Lastimosamente, pese a existir un proceso largo y aparentemente depurador para la elección de estos funcionarios, los periódicos y noticias no terminan de publicar cuestiones anómalas de las personas al mando de estos organismos, por lo que muchas veces ha sido cuestionada la verdadera transparencia e independencia de las Comisiones de Postulación al momento de valorar los perfiles de futuros aspirantes a dichos cargos. Esta cuestión refleja la problemática suscitada alrededor de algunas Comisiones, la politización de la elección, los conflictos de intereses y
el manejo de influencias, el cual es un tema que aunque no puede generalizarse, es un problema que claramente agobia a nuestro país. Quisiera centrarme en un punto que, a mi parecer, es la columna vertebral del proceso, este se refiere a los méritos éticos de los candidatos, que son uno de los cuatro aspectos que las Comisiones están encargadas de evaluar sobre los aspirantes. Pero ¿cómo se califica la ética de una persona?, o más complicado aún, ¿cómo se califica la ética de una persona que es nueva ante los ojos de muchos de los que integran la Comisión y que el parámetro para evaluarles consiste únicamente en papelería que se dedica a narrar proezas laborales y hazañas académicas? Considero que en este punto las Comisiones deben procurar un estudio exhaustivo y detallado de los aspirantes, creo que el ámbito ético y de honorabilidad juega un papel fundamental en la elección, donde la ética comprobada de los aspirantes devolvería un sentimiento de confianza en las instituciones y permitiría brindar una lista verdaderamente depurada al Congreso y Presidente de la República quienes son, en última instancia, quienes hacen la elección definitiva. Considero importante el que en la propuesta de reformas a la Ley de Comisiones de Postulación se considere la posibilidad de llevar a cabo pruebas psicométricas y evaluaciones para determinar idoneidad de los candidatos, pienso que es una pincelada que pueda ayudar en la elección y permitir a los integrantes de las Comisiones
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no sólo juzgar papelería ya incorporada, sino permitir una mayor observación de la conducta de los aspirantes y la idoneidad de los mismos. Además, el ampliar el plazo para la evaluación de papelería es un objetivo positivo dentro de las reformas, pues permite un análisis profundo, con posibilidad de un mejor estudio sobre los perfiles de los candidatos a elegir. No debe permitirse que profesionales que verdaderamente son idóneos no participen por considerar que todo está resuelto previo a la elección, debe buscarse el devolver a todos los ciudadanos la confianza en el proceso, donde sería lamentable que pagos de favores se evidencien posteriormente en el sistema de Justicia del país. Es una ardua tarea la que llevarán a cabo las Comisiones de Postulación, pero es necesario el motivarles a que actúen de manera tenaz, responsable e independiente y con un sólo objetivo: colocar en los cargos importantes de nuestro Estado a profesionales que amen tanto su profesión que se rehúsen por todos los medios a deshonrarla y que se encuentren al servicio de la justicia para combatir la impunidad. astridlima12@hotmail.com
Entre postulaciones y contiendas electorales Luis Pedro Martínez
Universidad Rafael Landívar
Gorgoritos, pancartas, influencia de poderes, cócteles, campaña masiva por diversos medios, derroche de dinero de fuentes desconocidas, favores personales y comunitarios, souvenirs desde lapiceros hasta “lapiceros” modelo 2013 y con aros de lujo… En fin, proselitismo político en su mayor expresión. Aunque desearía que esta fuera una más del compilado de opiniones que existe relacionadas a las elecciones políticas, lastimosamente éste no es el caso. Los juegos sucios de nuestra política se han incursionado en varios ámbitos de la sociedad, y entre ellos, las Comisiones de Postulación. La Ley de Comisiones de Postulación aprobada en el año 2009 constituyó un gran avance para la transparencia del proceso de selección de funcionarios públicos honorables. Sin embargo, lejos ha quedado esa visión debido a que ciertos grupos de poder con objetivos completamente disímiles han irrumpido en el proceso de conformación de la comisión, logrando así influenciar en el nombramiento y descarte de los aspirantes que se presentan. Hago especial énfasis en el proceso de selección llevado a cabo por los distintos Colegios Profesionales. Para ser nombrados por la Asamblea General, ciertas agrupaciones inician su show electoral con una campaña comparable incluso con la de los partidos políticos. Organizan almuerzos, reuniones, cenas y demás celebraciones, asemejando los famosos tés de bodas. Lo anterior
con la finalidad de satisfacer a ciertos grupos y su sed de dominio. Es decir, utilizan una institución diseñada para defender el ejercicio decoroso de las profesiones como escenario y sus integrantes como marionetas. Esto contamina los principios y exponen las falencias de la Ley de Comisiones de Postulación. Todas las debilidades buscan ser enmendadas con la iniciativa de ley 4471, la cual establece un sistema de fiscalización de ingresos de campaña por parte del Tribunal Electoral de cada Colegio. Vivimos en una sociedad encasillada en buscar soluciones reactivas y no preventivas. La investigación de fondos no sería necesaria si se evitase todo el juego electoral para obtener un puesto en las comisiones. Es decir, contando con un Tribunal de Honor y una Junta Directiva, ambos elegidos por los profesionales, estos órganos representativos del Colegio deberían ser los llamados a acudir la Comisión en todos los procesos. Teleológicamente, esto aseguraría que las personas conformando las comisiones posean un mayor sentido de representación institucional del Colegio y, por ende, basen las decisiones relacionadas a los aspirantes en un interés no parcializado. Logrando una reducción al tráfico de influencias y una innecesaria contienda política que antecede a la conformación de las Comisiones. Es menester recordar que al existir grupos de poder anhelando las ganancias personales que pudieran llegar a obtener de los cargos
p ú b l i c o s, existen también grupos que se oponen a ello con la firme convicción que dichos cargos representan la mejor opción para una mejor Guatemala. Entre estos últimos destacan la academia, la sociedad civil y los profesionales. Hago un especial llamado a los jóvenes, que como futuros profesionales y en específico, futuros abogados, debemos empezar ahora con la fiscalización seria y responsable de los procesos. Para, en un futuro, contar con participación más directa y eficaz mediante normativas que buscan la justica y el bien común. Los profesionales deben recordar todos aquellos valores e ideales que una vez juraron mantener y perseguir mediante el ejercicio de su carrera profesional y conjuntamente, buscar un objetivo común despojándose de intereses personales y apegándose al bienestar colectivo. Todo lo anterior, fundamentado en la atribución que la sociedad confió, manifestándose en la Ley de Comisiones de Postulación. Solo así se golpeará el lucro personal del poder delegado, golpe que se celebrará con gorgoritos y pancartas que no exigirán votos a cambio. luispemv@gmail.com
Comisiones de Postulación: Una fiesta cívica que deberíamos celebrar Ignacio Grazioso Universidad Rafael Landívar
El aire comienza a ponerse más pesado; los ánimos se crispan: se percibe la ansiedad, expectación, ambición en el ambiente; repentinamente algunos parecen querer acercarse y expresar mucha mayor cordialidad de la habitual con los futuros comisionados. No cabe duda que esto sólo puede significar una cosa: se acerca la época de las Comisiones de Postulación de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema, Corte de Apelaciones y Fiscal General del Ministerio Público. Pero no frunza el ceño don David, diría Ricardo Arjona; nada de caras largas y apáticas. Nuevos vientos soplarán pronto sobre el Estado de Guatemala y hay que asumir esta época electoral (porque eso es) como la fiesta cívica que debería ser. Son momentos para que salgan a relucir nuestras mejores cualidades, para que todos aquellos guatemaltecos honrados que siempre han querido hacer algo bueno por la patria, pero que nunca lo han hecho, se pongan los pantalones bien arriba de la cintura, pulan sus currículum vitae y salgan a la calle a luchar contra todos aquellos malhechores de los que siempre nos hemos quejado, burlado e
insultado pero que jamás hemos movido un dedo para reemplazar. La Constitución Política confió (casi ciegamente) en la academia para que depurara de tal manera la nómina de postulantes a cargos públicos, que fuera imposible para nuestro agitado y travieso Congreso errar al momento de su elección. Lo hizo así porque de la academia se espera que impregne a las Comisiones de la sabiduría, madurez, sobriedad y profesionalismo para discernir que le son propios. Confiemos en que sus decisiones, así como las de los demás integrantes de las Comisiones, sean dignas de la gran responsabilidad que Guatemala les ha encomendado. Pero este año, en vez de esperar con antipatía a que nos cuenten quién va para dónde, les propongo a todos aquellos “guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, (…) en el goce de sus derechos ciudadanos, (…) abogados colegiados” y que además de esto tengan todas las ganas del mundo de sacar adelante a Guatemala desinteresadamente, que se presenten como postulantes. Al hacerlo, la nómina de candidatos quedará fortalecida, de tal manera, que será casi imposible para nuestros comisio-
nados errar al momento de proponerlos. Es decir, que se dejen de esconder los cientos de abogados destacables que conozco y los otros miles que aún no he conocido, porque la justicia de este país los necesita. A la llamada Sociedad Civil, que en realidad creo que es mejor denominarle la parte ciudadanamente activa de la Sociedad Civil, se les agradecería infinitamente que continúen su encomiable labor de fiscalización y que a través de ella faciliten otro poco el trabajo de los comisionados, coadyuvando de manera transparente, informada, sin presiones y objetando responsablemente a quien en verdad lo merezca. Por último, respecto a los comisionados, llegado el momento de presentar sus nóminas, Guatemala confía en que sus decisiones serán valientes. Con las acciones de todos rendiremos honor al verdadero fin que la Constitución le ha asignado a las Comisiones. igna.gra@gmail.com
Comisiones de Postulación: ¿una partida de ajedrez? Mónika Schlesinger Universidad del Istmo
La historia de Guatemala nos demuestra que el proceso de elección de autoridades se originó como resultado de prueba y error. No ajeno a este pasado o realidad, se encuentra la ley de comisiones de Postulación (Decreto 19-2009 del Congreso de la República) como un intento democrático, para desarrollar las disposiciones constitucionales y normar la elección de candidatos a cargos de suma importancia, tales como los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; de la Corte de Apelaciones; el Contralor General de Cuentas; el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público y el Procurador de Derechos Humanos; a través de procedimientos de selectividad mediante la intervención de los Colegios Profesionales, y las Facultades de Derecho de las Universidades del país. El panorama político y de justicia actual, se asemeja metafóricamente a una partida de ajedrez. Los candidatos electos vislumbran la oportunidad de cobrar facturas políticas y satisfacer necesidades mezquinas; por supuesto excluyendo honradas y contadas excepciones, perdiendo objetividad y desempeñándose en base a criterios individualistas, sin tener conciencia de la importancia del ejercicio de la función pública y lo que ello implica. En ese contexto, el servicio a la justicia pasa a segundo plano, el único objetivo es ganar el juego. Para ello se emplean estrategias y tácticas, cada una con su particular mecanismo de actuación: las torres, quienes actúan de modo prepotente y sin rodeos; los alfiles, caballeros zigzagueantes y con poder de gran alcance; los audaces caballos, quienes circulan elegantemente en una dirección sui géneris; los numerosos y subordinados peones, mandos medios llenos de ambición, hambre y codicia de llegar, cuadro a cuadro al otro extremo; el Rey, de gran importancia pero en extremo inútil, y finalmente la omnipotente y amenazante reina: la impunidad. Para cambiar dicho paradigma, es necesario que la elección se realice no solamente en virtud de los méritos académicos, profesionales, y de proyección humana, sino conforme criterios objetivos claramente delimitados, sin dar cabida a cabildeos políticos, compadrazgo, tráfico de influencias e injerencia de los grupos de poder. La elección de funcionarios y magistrados debe realizarse en base a su integridad ética y moral. Su trayectoria debe ser intachable, en el entendido que el honor de la persona, no admite medias tintas, pues las cosas son siempre blancas o son negras. Quien ejerza una función pública debe ser persona proba, competente, idónea, capaz y con agallas, para poder dirigir estas instituciones de la manera más honrosa, transparente y eficiente posible, enmarcando su gestión dentro de los límites de la ley y del Derecho. Para que el proceso de elección sea transparente es igualmente necesario que las comisiones postuladoras, las cuales tienen una existencia efímera y finalista, se integren y desarrollen de manera independiente, ajenas a cualquier tipo de interés, presión, amenaza o influencia y que posean un alto sentido de responsabilidad moral derivada de la significativa labor a su cargo. Es innegable que el procedimiento de elección de funcionarios públicos por medio de Comisiones de Postulación, es un avance en la eterna búsqueda de democracia y transparencia. Sin embargo, empero resaltar que la ley no agota el Derecho, pues es creación humana, por tanto es falible. Como toda ley, este Decreto tiene carencias que deben ser analizadas a profundidad. Solamente en el transcurso del tiempo es posible determinar si el procedimiento de elección de funcionarios públicos y magistrados mediante Comisiones postuladoras cumple los objetivos y resulta idóneo y confiable, en la medida en que se subsanen los errores que el texto positivo presenta y se evite su politización a capa y espada. Dejemos de lado esa actitud pasiva que caracteriza la memoria guatemalteca, la cual es selectiva y olvidadiza. Transformemos ese paradigma y unámonos para ejercer presión social, y fungir como vigilantes en pro de la justicia y del Derecho. Es necesario que todos y cada uno de nosotros nos hagamos responsables al informarnos y conocer acerca del procedimiento de selección de funcionarios y magistrados, pues en ellos reside el futuro de Guatemala. monika.michelle.schlesinger@gmail.com
Diario La Hora/Guatemala, 26 de septiembre de 2013/Página 7
Pรกgina 8 / La Hora / Suplemento Universitario / Guatemala, 26 de septiembre de 2013