La Hora
ACTUALIDAD
Guatemala, 9 de abril de 2013/Página 3
EXCEPCIÓN: Diputado anuncia investigación de denuncias sobre anomalías
Bloqueo en el Congreso impide compras para la reconstrucción
INSEGURIDAD
Oficialistas culpan al sector justicia Por Cindy Espina cespina@lahora.com.gt
El expresidente de la comisión de Gobernación del Congreso y diputado del Partido Patriota, Juan Alcázar, indicó que los altos índices de inseguridad y aumento de muertes violentas es problema del sector justicia y exculpó al Ejecutivo del aumento de 91 muertes más en el primer semestre del año a comparación de 2012. Esto debido a que se le cuestionó al diputado sobre la incidencia que puede tener la comisión de Gobernación para reducir el índice de violencia en el país. A esto Alcázar argumentó que violencia en Guatemala se debe a ineficacia de la justicia, ya que el Congresista asegura que la política de seguridad empleada por Ejecutivo es eficaz, porque se captura a los delincuentes, “el problema es que ya no se juzgan”. Alcázar indicó que su labor el año pasado desde la comisión de Gobernación sólo fue dar acompañamiento al Ministro, pero que esa no es la labor específica de la Sala de Trabajo que presidía, ya que sus obligaciones es la generación de leyes para reforzar las políticas de seguridad y la ejecución de la justicia. El diputado agrega que también este aumento de muertes violentas “refleja el poder económico y de adquisición de arma que tiene el crimen organizado sobre el Estado”. Arístides Crespo, actual presidente de Gobernación, y diputado del PP, indicó que este miércoles citará al ministro Gobernación, Mauricio López Bonilla, para conocer el plan de seguridad, pero aseguró que no puede inferir, ya que su trabajo como diputado es legislar. Al cuestionar a Crespo sobre la ineficacia de la política de seguridad en el país, indicó que es nuevo en la comisión y no sabe nada del trabajo que realizó dicha comisión respecto al tema de seguridad, concluyó.
El estancamiento en la agenda legislativa impide al Congreso ratificar la ampliación del Estado de Calamidad decretado en ocho municipios afectados por el terremoto ocurrido el 7 de noviembre pasado. Por Cindy Espina cespina@lahora.com.gt
En el artículo 6 la Ley de Orden Público refiere, el Ejecutivo podrá a través de un acuerdo gubernativo decretar Estado de Calamidad, pero deberá ser ratificado por el Congreso; solo así el Estado podría realizar acciones que dicha Ley permite, como el realizar compras por excepción, como es el caso por la reconstrucción a causa del terremoto. Debido a que el Congreso de la República se encuentra en proceso de interpelación desde el 22 de enero, los congresistas argumentan que por esta razón no se ha podido ratificar el Estado de Calamidad, el cual venció en el mes de diciembre pasado, luego que el 13 de noviembre el Organismo legislativo lo ratificará por 30 días. Que no exista una ratificación de parte del Congreso le impide al Ejecutivo seguir realizando obras por Estado de excepción. El proceso indica que los acuerdos gubernativos emitidos por el Ejecutivo deben se dictaminados en el Congreso, en este caso es la Comisión de Gobernación la que tiene a su cargo emitir el dictamen de estos, el último en llegar al Congreso fue el que se emitió el 5 de abril, pero aún no ha sido dicta-
FOTO LA HORA: ARCHIVO
La situación en el Congreso no permite que se amplíe oficialmente el Estado de Calamidad.
minado por falta de firmas el acuerdo gubernativo del uno de marzo. DOS PROBLEMAS De acuerdo a este tema el diputado del Partido Patriota y presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Juan José Porras, el que no exista un Estado de Calamidad ratificado por el Congreso, no le debe de permitir al Ejecutivo realizar compras a excepción para la reconstrucción, pero que no siga reconstruyendo los destrozos del terremoto también hace caer a dicho poder del Estado en otra
ilegalidad, ya que el mandatario, Otto Pérez Molina, no estaría cumpliendo con sus deberes. El diputado agrega que si el Estado realiza una acción respaldado por el Estado de Calamidad podría justificarse, debido a que el Congreso se encuentra en un impase, ya que no existe otra forma y no se pueden dejar a medias el proceso de reconstrucción, explicó Porras. Por su parte la Contraloría General de Cuentas de la Nación indicó ayer, mediante la directora de auditoria gubernamental, Elizabeth Pacaja, que cualquier convenio o acuerdo que se sus-
criban o establezcan fuera del periodo de Estado de Calamidad son sujetos a sanciones. INVESTIGARÁN DENUNCIAS El diputado Amílcar Pop anunció que iniciará investigación sobre denuncias realizadas por pobladores del departamento de San Marcos, donde han indicado actos anómalos de los temas de reconstrucción, ya que según comentó Pop, las materias que se comprarían para dicho lugar se estarían usando en otros que no se encuentran adentro del Decreto de Calamidad.
CORRUPCIÓN
Realizan inusual manifestación afuera del Congreso Cindy Espina
cespina@lahora.com.gt
Por segunda semana consecutiva la Unidad Defensora del Pueblo (UDEP) realizó una manifestación a las afueras del Congreso de la República, en la cual sostenían grandes pancartas con la imagen de la vicepresidenta Roxana Baldetti, acusándola de ser la “mujer más corrupta” y presentaron un símil de la
crucifixión de Jesús. Hace dos semana UDEP ya había realizado plantón frente al Congreso donde manifestaban su inconformidad a la reforma magisterial y a la entrega en usufructo de la Empresa Portuaria Quetzal. Hoy fue diferente, los inconformes gritaban y sostenían pancartas acusando a Baldetti de ser la persona más corrupta del Gobierno y manifestaban el rechazo a su figura política.
FOTO LA HORA: JOSE OROZCO
La manifestación impidió el paso a los diputados.