Poco para el tercer sector en las APP
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Comunidades aledañas al Caño Martín Peña rechazan el atropello
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1 año de educación cooperativa
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Corporaciones deben $1,400 millones a Hacienda Entrevista a Juan Carlos Puig, Secretario de Hacienda
Por Puerto Rico Cooperativas participan de Asamblea del Pueblo
Un bosque urbano comunitario y cooperativo
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CRÉDITOS JUNIO - AGOSTO 2009
Cooperativismo por Puerto Rico
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ste lema es el que mejor describe el compromiso y la disposición de los cooperativistas que tenemos el deber de contribuir al debate publico sobre la situación nacional del país. Decía nuestro precursor Monseñor Antulio Parrilla Bonilla que:
Mildred Santiago Ortiz Directora Ejecutiva Liga de Cooperativas
“Le conviene al movimiento tomar posturas firmes y valientes en torno a nuestros problemas sociales, económicos y políticos…no se puede impedir que el movimiento … tome posiciones sobre los problemas del país, a favor de los pobres, de los consumidores, de los agricultores campesinos, de los indefensos y de todos aquellos a quienes, por ideología tiene que defender”. Ese sabio legado que esta arraigado en las bases filosóficas del cooperativismo validan las acciones de la Liga de Cooperativas en torno a temas que son de interés en esta edición. Las Alianzas Publico Privadas fueron tema de discusión en una actividad educativa que convocamos y en la cual recibimos valiosa información de parte de los profesores Francisco Catalá y Saúl Pratts. La concurrida asistencia y la participación del público ponen de manifiesto la necesidad que tenemos los cooperativistas de conocer el alcance de esta medida y su impacto en el país. Por otro lado, nos solidarizamos con la situación de las comunidades circundantes del Caño Martín Peña que han sido impactadas por la legislación que se aprueba, de prisa, sin mediar consultas, ni vistas públicas. No puede pasar inadvertida esa agenda que atenta contra un proceso de desarrollo comunitario que es ejemplo de autogestión y responsabilidad con el entorno. Es nuestra responsabilidad denunciar ese atropello porque desde hace dos años la Liga de Cooperativas participa activamente de este proyecto y de su junta asesora. Esa colaboración nos permite aquilatar el trabajo comunitario desarrollado y el efecto lesivo de las políticas que se implantan sin tomar en cuenta a los verdaderos protagonistas de los procesos. Las palabras de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla resuenan y señalan el camino infalible de los que atesoramos la esencia de los valores y principios cooperativos. La solidaridad no puede ser palabra hueca y tiene que expresarse en acciones concretas que nos coloquen al lado de los que más lo necesitan. Por eso dijimos presente en la Asamblea de Pueblo que la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico convocó el pasado 5 de junio. La convocatoria a todos los que sentimos o sentirán el impacto de las medidas gubernamentales que se proponen sin consulta, sin diálogo y en beneficio de grandes intereses fue reconocida por decenas de miles de puertorriqueñas y puertorriqueños que entendieron que la respuesta está en la unidad de propósitos, en la concertación de esfuerzos, en las alianzas de pueblo: un pueblo que está organizado en estructuras comunitarias, sindicales, ambientales, cooperativas, culturales, religiosas, profesionales, de mujeres y otras. En esta jornada de labor compartida con diversos sectores, Cooperativismo por Puerto Rico es el lema que define nuestro quehacer, pues no seremos simples espectadores y aceptamos el reto de contribuir en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo social, sin exclusiones, construyendo unidos una propuesta de país donde se respete la diversidad, y donde encuentren espacio los valores cooperativos de auto ayuda, auto responsabilidad, honestidad, transparencia, democracia, igualdad y equidad.
Comité de Periódico Ramón L. Ortiz Erazo Aida L. Torres Cruz Dámaris Torres Viana Miriam Leticia Del Valle Luis A. Velázquez Vera Héctor Rodríguez
Editora
Mildred Santiago Ortiz
Coordinador editorial José Julián Ramírez
Coordinadora editorial para Prensa Comunitaria Carla Minet
Asistente editorial de Prensa Comunitaria
Rosiris A. Ramos Meléndez
Colaboradores de esta edición Omaya Sosa Pascual Noelia González Casiano Fernando Collazo Collazo Edgar Rivera Ruiz Luis R. López Román Miguel A. Arrieta Morales
Prensa Comunitaria
Juan Xavier Villavicencio Vázquez José Antonio Rosario Juan Álvarez Lara Maryorie Lozada Scope Tatiana Escalera Vega Carlos A. Rivera Rosiris A. Ramos Meléndez Lilia Martínez
Diseño Gráfico y Diagramación Bárbara A. Brull Meléndez
Puerto Rico Cooperativista y su suplemento COOPOLIS es una publicación de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Aceptamos colaboraciones que aporten al debate ciudadano y a la discusión sobre economía cooperativa y solidaria. Nos comprometemos a revisarlos, pero no necesariamente a publicarlos, ni contestar correspondencia relacionada. Puerto Rico Cooperativista se reserva el derecho de editar los textos por razones de espacio y hacer correcciones de estilo. Para más información comuníquese a: Liga de Cooperativas de Puerto Rico Apartado 360707 San Juan, Puerto Rico 00936-0707 Urb. Roosevelt 458 Fernando Calder Tel. 787-764-2727 Fax. 787-250-6093 www.liga.coop julian@liga.coop Derechos Reservados © 2008-2009
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Poco para el tercer sector en las APP Por Omaya Sosa Pascual y Noelia González Casiano Centro de Periodismo Investigativo
“Las empresas que participarán en las APP están seleccionadas... lo más rentable se lo otorgarán a las grandes empresas, y lo no rentable se le dará al tercer sector”.
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ese a que la consigna de campaña del gobernador Luis Fortuño estuvo centrada en la importancia que daría al tercer sector, la punta de lanza de su plan de desarrollo económico excluye a la mayor parte de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y de base comunitaria de los proyectos de envergadura. La controvertible ley de las Alianzas Público Privadas (APP), uno de tres estatutos que provocaron la protesta masiva la Asamblea del Pueblo el pasado 5 de junio, menciona a las OSFL y a las cooperativas en un puñado de ocasiones, pero sólo en una de ellas se implica un compromiso de inclusión. Se trata de los proyectos de administración de componentes del sistema educativo del país, área reservada exclusivamente para OSLF, cooperativas, y corporaciones de trabajadores, según se establece en el Artículo 3. Esto se reduce a programas de apoyo tales como programas para desertores escolares, servicios psicosociales, mantenimiento, comedores escolares y cafeterías, entre otros, ya que el Departamento de Justicia reafirmó que constitucionalmente la docencia pública a niveles elemental, secundario y superior tiene que permanecer en manos del Estado. En teoría esto también deja la puerta abierta a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y sus recintos, pero Fortuño aseguró en declaraciones grabadas que los componentes del sistema de la UPR no cualifican para convertirse en APP. “El sistema público de la Universidad no cae bajo la legislación. Así es que información sobre cualquier tipo de universidad privada (aspirando a administrar recintos) no es cierta, simplemente no puede hacerlo bajo esta medida”, afirmó el Mandatario a preguntas del CPI. A parte de esto, es poco lo que hay para el tercer sector en las APP. Aunque el texto hace claro que las OSFL, corporaciones de trabajadores y cooperativas pueden aspirar a cualquier proyecto, el estatuto no incluye mecanismos que viabilicen su participación frente a la competencia de las grandes empresas en un proceso de licitación. De hecho, la ley no ofrece el detalle de cómo se llevarán a cabo estas licitaciones (en los casos que las haya, porque el estatuto permite prescindir del proceso en algunos casos), ni todos los factores que serán tomados en consideración, pero gran parte de lo poco que establece tiene que ver con capital e inversión, dos elementos que escasean en las OSFL, según encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en una revisión de la nueva ley.
“Este proyecto realmente es para los grandes (empresarios), para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Edificios Públicos, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, todo lo que es carreteras, el manejo de desperdicios sólidos y las comunicaciones”, opinó el planificador José “Tato” Rivera Santana. El Gobernador ha insistido que no se trata de privatización porque el gobierno conserva la titularidad de las propiedades, pero bajo el estatuto puede concederlas al sector privado por hasta 75 años, lo que a juicio de otros analistas como Carlos Díaz Olivo es privatizar. Mientras tanto, las menciones del tercer sector se reducen a dos oraciones generales en la exposición de motivos, a los servicios de educación, a la posibilidad de que administren instalaciones recreativas y a que se considere la viabilidad de su participación en el análisis inicial que se realiza para deter-
Licenciado Carmelo Cosme, presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yabucoa.
minar si se recomienda el establecimiento de una APP. En la exposición de motivos dice que las alianzas entre el Estado y “el sector privado, las cooperativas, corporaciones de trabajadores y organizaciones sin fines de lucro” es un mecanismo para reforzar la economía, y que se vislumbra estimularán a estos sectores “a establecer iniciativas que faciliten su participación” en el proceso adquiriendo “las destrezas necesarias”, “formando consorcios” y “tomando todas aquellas medidas que las hagan más competitivas”. O sea, que es responsabilidad de las entidades estar a la altura de la competencia, lo que es imposible para la mayoría de las OSFL en términos de acceso a capital. “El problema que tenemos es que nosotros no estamos viendo claridad y transparencia en esta supuesta propuesta de APP porque no vemos qué participación real vamos a tener las OSFL o cómo nos van a poner a competir con las [empresas] con fines de lucro en proyectos de infraestructura, de desarrollo de vivienda, de mantenimiento de estructuras. Frente a un proyecto de APP, nosotros no vemos posibilidades de tener un espacio equitativo”, opinó María de Lourdes Lara, presidenta del comité de política pública de la Red de Apoyo a Grupos Comunitarios. Según dijo, la competencia es “desleal” por la posición de desventaja que tienen las OSFL en cuanto a la tenencia de capital, acceso a financiamiento, disponibilidad de personal para cumplir con toda la reglamentación, y el poder del cabildeo frente a las grandes empresas. A instancias de la senadora Norma Burgos, quien abogó por las cooperativas y las OSFL diciendo que éstas no tenían igualdad de competencia en las APP, se incluyó una enmienda al Artículo 12 que establece que las corporaciones de trabajadores podrán acogerse a beneficios contributivos y que las OSFL no perderán los suyos. Sin embargo, ese mismo artículo dispone que las empresas con fines de lucro también gozarán de todo tipo de exenciones. Finalmente, la ley establece que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, nueva entidad a cargo de implantar la política pública, tiene que incluir al sector en el análisis inicial que tiene que hacer para determinar si recomienda establecer una APP, el llamado “Estudio de Deseabilidad y Conveniencia”. Esto último, está contenido en el Artículo 7 que dice que “en la medida que sea aplicable”, se tiene que considerar la “viabilidad de que empresas de capital local, entidades sin fines de lucro y cooperativas puedan participar
en los procesos de formación”, sin “menoscabo de las leyes y normas que regulen y garanticen el libre mercado”.
“No podemos caer en la trampa” Ahora, ¿qué significa todo esto en términos de oportunidades reales para el tercer sector? No mucho, según Rivera Santana quien calificó las menciones como “un gancho” para mantener a las OSFL y cooperativas neutrales en el proceso. Igualmente Lara destacó que, independientemente del discurso público del Gobernador, “la ley no garantiza que eso será viable para nada”. “No podemos caer en la trampa”, coincidió el licenciado Carmelo Cosme, presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yabucoa, quien opinó que la enmienda de la senadora Burgos no tiene importancia, que es un “cálmate nene” para dar la ilusión de que están siendo tomadas en consideración. Según dijo, el plan es que el gobierno no tenga que gastar dinero; y, las cooperativas y las entidades sin fines de lucro no tienen el capital suficiente para invertir y competir con las grandes empresas privadas. Asimismo expresó preocupación por los problemas que el concepto pueda causar con los sindicatos porque sería como una privatización. Cosme afirmó que comparte la opinión general de los cooperativistas y de algunos analistas como Rivera de que ya las empresas que participarán en las APP están seleccionadas, que lo más rentable se lo otorgarán a las grandes empresas, y lo no rentable se le dará al tercer sector. La postura fue confirmada por el representante Johnny Méndez, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes y persona a cargo del fallido proceso de enmiendas en dicho cuerpo. En entrevista dijo inicialmente que entendía que la ley no tenía nada para las OSFL, “porque no tienen capital”, pero luego enmendó y dijo que había espacio en el área de mantenimiento de instalaciones recreativas y turísticas. Éstas son labores que al presente son asumidas frecuentemente por OSFL y donde no se generan ganancias, sino pérdidas. El legislador también había dicho que incluiría una enmienda para que los proyectos de vivienda de interés social fueran manejados por las cooperativas, pero luego dio reversa tras ser vetado por La Fortaleza. Las divisiones causadas por la ley de las APP van más allá
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del recelo de los sindicatos ante el seguro desplazamiento de trabajadores. El propio sector de las OSFL ha estado dividido sobre el tema y ha mantenido un perfil bajo, sin asumir posturas públicas. La fisura responde a que hay organizaciones que entienden que se beneficiarán de la medida y que las OSFL ya son en gran medida APP, mientras que otras ven posibles efectos nefastos. También responde a la estrategia de La Fortaleza de reunir a algunas sí y a otras no para presentarles su visión. En los pasados meses asesores de Fortuño estuvieron reuniéndose calladitos con un grupo selecto de OSFL en La Fortaleza y otros lugares para venderles las bondades de la entonces medida legislativa, desde el 8 de junio ley, y asegurarles que serían incluidas. Repetidos intentos por obtener una lista de estas reuniones, de los invitados y asistentes, y el criterio utilizado para seleccionar los invitados resultaron infructuosos. La Oficina de Prensa de La Fortaleza dijo que el único que podía dar esta información era el Gobernador y al cierre de esta edición no la había provisto. Varios entrevistados confirmaron que habían participado de los encuentros, y algunos también dijeron que La Fortaleza estaba reuniendo a las OSFL religiosas por separado. Uno de los que confirmó participación fue Justo Méndez, de Nuestra Escuela, quien dijo que se proveyó información general sobre el tema y expresó que “definitivamente” está de acuerdo con las APP. “Estamos a la expectativa de cuál va a ser el próximo paso”, declaró. Según dijo, lo que más les interesó es la posibilidad de contrataciones multianuales, evitando así la incertidumbre de las renovaciones anuales y las dificultades económicas que ello conlleva. Nuestra Escuela provee servicios de reinserción escolar y laboral a unos 300 jóvenes desertores anualmente y tiene una lista de espera de 2,017 casos.
“Este concepto de las APP con las OSFL existe hace mucho tiempo, lo interesante es esa contratación multianual, además de poderte sentar a negociar con los contratantes. Se nos está planteando que vamos a poder negociar los contratos”, explicó Justo Méndez.
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Más de un centenar de cooperativistas se dieron cita a la orientacion sobre el impacto de las Alianzas Público Privadas a las cooperativas que ofrecieron los profesores Saúl Pratts y Francisco Catalá el pasado 1o de junio. La actividad fue convocada por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Al decírsele que la ley no contiene garantías sobre el particular, sostuvo que eso es lo que se les ha representado en las reuniones donde había “decenas” de organizaciones de servicios de educación, de apoyo de personas en uso de sustancias, a personas sin hogar, a pacientes VIH, a víctimas de violencia, y hogares sustitutos. “Lo ha dicho mucha gente, muchas veces. Creo que quedarían bien mal si esto no se materializa”, opinó. Por su parte, la abogada Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva Proyecto Matria y de la Alianza Multisectorial por el Desarrollo Económico Comunitario, arremetió contra el nuevo estatuto y contra las posturas asumidas por algunas de las OSFL. “Parte de lo que ha estado pasando es que nuestro sector se dividió porque hay organizaciones que piensan que se van a beneficiar de las APP y hay algunos que piensan que guardando silencio van a mantener los donativos, aportaciones y colaboraciones que hasta ahora han mantenido con el gobierno. Lo que esas organizaciones no han visto es que hay veces
“El problema que tenemos es que nosotros no estamos viendo claridad y transparencia en esta supuesta propuesta de APP porque no vemos qué participación real vamos a tener las OSFL o cómo nos van a poner a competir con las [empresas] con fines de lucro en proyectos de infraestructura, de desarrollo de vivienda, de mantenimiento de estructuras. Frente a un proyecto de APP, nosotros no vemos posibilidades de tener un espacio equitativo” Dra. María de Lourdes Lara presidenta del comité de política pública de la Red de Apoyo a Grupos Comunitarios.
que hay unos valores y principios relacionados con derechos humanos y bienestar social que no deben negociarse bajo ninguna circunstancia”, sentenció. Sostuvo que la Alianza –que agrupa a 30 entidades- no ha podido tomar una postura precisamente por su composición (OSFL, bancos y agencias de gobierno). En el caso de Matria, organización de desarrollo económico para la mujer, están opuestas porque entienden que la ley es innecesaria, ya que en ordenamiento jurídico anterior las APP eran posibles y existían protecciones legales a la ciudadanía, y porque entienden que la nueva política creará divisiones más profundas de clase en el país. Según dijo, la ley es establecer un procedimiento expedito, y pone decisiones grandes, que afectarán a las comunidades, el ambiente, y los derechos humanos en manos de cinco personas. “En vez de democratizar la economía lo que van a hacer es acentuar la exclusión de grupos que actualmente ya viven en nivel de pobreza”, apuntó al señalar que en Puerto Rico son mayormente mujeres jefas de familia. Matria participó de dos de los citados encuentros y, pese a ser la única entidad que tiene un programa de incubadoras para empresarias en la Isla, no ha vuelto a ser invitada.
Lara dijo que la Red, que representa a 18 entidades, no está en contra del concepto, sino con la forma en que quedó redactada la ley y la estructura de lo que será el sistema, y el impacto que tendrá en la ciudadanía. “Nosotros entendemos que los servicios públicos no deberían ser manejados por corporaciones cuyo objetivo fundamental es la ganancia. Ellos ganan más en la medida en que sirven menos o en la que les sale más barato. O sea la ganancia está en detrimento del servicio. Vemos problemas de que se pueda aprobar una APP donde el Estado no puede tener control de ese lucro y lo que ha sucedido históricamente es que (el Estado) no mide cuanta calidad le ofrecen por lo que paga, las corporaciones se lucran, y la ciudadanía queda insatisfecha con el servicio”, indicó al citar el ejemplo de la Reforma de Salud donde aún no se garantiza igualdad de servicios y el Gobierno continúa generando pérdidas multimillonarias. La líder achacó las distintas posturas entre las OSFL a las ambigüedades de la ley y a la estrategia de reuniones ejecutadas por el Gobierno. Para un análisis completo de la ley puede visitar: www.cpipr.com
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Comunidades aledañas al Caño Martín Peña rechazan el atropello Juan Xavier Villavicencio-Vázquez Fotos por José Antonio Rosario Prensa Comunitaria
El 17 de junio la Cámara de Representantes aprobó el proyecto 1403 del legislador José “Nuno” López luego de que, el pasado 21 de mayo, se aprobara por descargue el proyecto del senado 365. Ambas maniobras legislativas tomaron por sorpresa a líderes y residentes de las ocho comunidades que ahora esperaran por el veto del Ejecutivo para sendas medidas.
El pasado 21 de mayo el Senado de Puerto Rico aprobó por descargue el proyecto de ley 365, que desmantela el Fideicomiso de la Tierra para las comunidades aledañas al Caño Martín Peña y la gestión del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña (ENLACE).
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a decisión sobre la propuesta de ley sometida por los novoprogresistas recién llegados a la Casa de las Leyes, Tomás Rivera Schatz y Kimmy Raschkee, tomó menos de 15 minutos. Sin deliberación y bajo el mecanismo de descargue -lo que parece ser la nueva modalidad en la asamblea legislativa de Puerto Rico- el senado “borró de un plumazo el Fideicomiso”, expresó la líder comunitaria Amparo García. Días más tarde, el proyecto de la Cámara de Representantes 1403, que tiene propósitos similares, también recibió el aval de dicho cuerpo legislativo, aun cuando infructuosamente los líderes de la comunidad intentaron reunirse con la presidenta camaral y estudiante de derecho, Jennifer González para impedir la aprobación el mismo. En la actualidad, este modelo innovador y único de autogestión comunitaria en la Isla, el Caribe y uno de pocos de América Latina, fue nuevamente atacado por el proyecto 1403 de la Cámara de Representantes, que sumado al 365, altera la ley 489, en especial el artículo 16, que pone en manos de las comunidades la titularidad de la tierras. De la autoría del representante José “Nuno” López, quien preside la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Ciudad Capital, el 1403 hace voluntario el traspaso de tierras de dominio público, siempre y cuando “no conflija con la legislación, reglamentación, programas y objetivos y la situación fiscal de la Agencia Pública de la que se trate”; lo que deja el campo abierto a otras intenciones por parte de las agencias con títulos sobre la tierra. Licenciada Érika Fontánez Torres, catedrática de derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y asesora del grupo comunitario del G-8.
“Nuestro interés mayor es no desaparecer. Que no se nos haga como hacen con los deambulantes y con los animales realen-
gos: ¡los sacan de un sitio y los tiran en otro!”, reaccionó Eduardo Escalera, vecino de Barrio Obrero, ante el efecto que tendría sobre su comunidad enmendar el artículo 16. Ambos proyectos ponen en vilo la propuesta de justicia social del Fideicomiso, el precedente que tiene para el país y roban la tranquilidad de los residentes, principalmente los que no tienen título de propiedad. “Este proyecto –refiriéndose al proyecto en el Senado-, da al traste con el trabajo que la comunidad ha logrado de tomar en sus manos el futuro de esta comunidad. Un proyecto extraordinario y aquí los senadores no han tomado en cuenta responsablemente lo que significa este proyecto para el Caño Martín Peña y para el País”, sentenció a las afueras del Capitolio la licenciada Érika Fontánez Torres, catedrática de derecho en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras que asesora al grupo comunitario.
Las ocho comunidades Para disfrutar de un concierto en el Choliseo, llegar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, cruzar al Viejo San Juan y hasta para pagar la hipoteca en la Milla de Oro hay que atravesar las tierras que circundan el Caño Martin Peña. Los puentes, elemento de conexión física entre dos puntos, sirven de frontera para dos Puerto Ricos que contrastan; a un lado el país de los que tienen recursos y trabajan con traje y corbata, y al otro el país de los que no tienen un hogar seguro. Es una perfecta trampa al ojo. Las ocho comunidades del Caño son, al norte: Barrio Obrero Marina, Barrio Obrero San Ciprián, Buena Vista-
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El Fideicomiso de la Tierra Producto de dos años y 700 reuniones en las que participaron activamente miembros del G-8, el 24 de septiembre de 2004 se crea el Fideicomiso de la Tierra bajo la Ley 489, conocida como “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña”. La ley establece la instrumentación jurídica para incorporar y dotar a ENLACE de toda capacidad para administrar los proyectos de desarrollo comunitario y resuelve el problema histórico de la titularidad, legalizando la relación de la comunidad con la tierra. La ley responsabiliza de esta manera a la comunidad sobre los terrenos que bordean el Caño. “El Fideicomiso de la Tierra es un mecanismo novel en Puerto Rico de tenencia colectiva de la tierra que se crea desde la comunidad para evitar el desplazamiento involuntario de las comunidades, sabiendo la gente del barrio que estas comunidades están localizadas en un lugar céntrico del país, al lado de la Milla de Oro, y que una vez draguen y canalicen el Caño Martín Peña va haber un aumento en el valor de la tierra que eventualmente, mediante los mecanismos de mercado, va a generar o va a significar el desplazamiento de la comunidad”, expresó Rodríguez. Vivir en alguna de las comunidades del G8 no se traduce en pasar las horas de sol contemplándose en el fondo del caño, como narra el cuento de José L. González o como parecieron pensar los funcionarios públicos en el salón de las Mujeres Ilustres del Capitolio la tarde en que por descargue la 365 se convirtió en una pesadilla. Los residentes de estas comunidades capitalinas han dado su palabra para el cambio y han trabajado para el futuro de su gente. Ahora, esperan por que los líderes que el pasado 4 de noviembre fueron escogidos bajo el voto popular para crear políticas en beneficio del bien común, -conocedores del derecho y a la vez autores de los proyectos que amenazan el futuro de sus comunidades- cumplan con darle el cambio social participativo con que se comprometieron.
Santurce y la Península de Cantera; y al sur Parada 27, Las Monjas, Buena Vista-Hato Rey e Israel-Bitumul. Ubicadas en el centro de la ciudad capital de San Juan, ocho comunidades han sobrevivido por décadas a la indiferencia, el discrimen, el costo del juego político partidista y las innumerables ocasiones en que las autoridades irrumpían en el barrio para tumbar sus hogares. Pero esta nueva estocada, que parte desde la legislatura, deja desprotegida legalmente a los residentes de esta comunidades que quedan a merced del desalojo, el tractor y la pala. La intención de conservar el espacio habitado por generaciones de puertorriqueños y dominicanos, más allá de organizarlos y fortalecerlos como colectivo, les brindó las fuerzas para iniciar el proyecto de desarrollo para el Caño. El grupo de las ocho comunidades que rodean el Caño Martin Peña, también conocido como el G-8, es la organización responsable de reunir al liderato comunitario. Formada desde 2002 e incorporada en el 2004, ha sido, junto a ENLACE, los encargados del proceso de autogestión comunitaria de la zona. Lyvia Rodríguez, planificadora de ENLACE, narra que el G-8 se inició durante el proceso de planificación participativa que llevó a la creación del Plan del Desarrollo Integral de Uso de Terrenos. Fue ese proceso lo que le dio al liderato de las comunidades la oportunidad de interactuar y conocerse. Justamente como resultado del mismo, vieron la necesidad de crear una entidad para unir al liderato de todas las organizaciones de base comunitaria en la zona bajo amenaza. Las comunidades que hoy se agrupan en el movimiento comunitario de vanguardia son “un modelo para ser transportado a otras áreas que están en esa misma condición dentro de nuestro país”, destacó Escalera. Juntas han vencido las pequeñas diferencias entre comunidades, priorizando la tierra como lo que debe ser: un bien común. “Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en comunidad, como residentes de nuestra comunidad. Estamos haciendo una aportación, y si usted viene y participa con nosotros en nuestros trabajos, se ve que estamos integrados. Aquí no hay banderías políticas, porque eso lo que hace es que destruye lo que ya está hecho”, añadió Escalera. “Las comunidades del Caño Martín Peña hemos luchado por sobrevivir, en nuestras tierras, que fueron trabajadas por nuestros padres, abuelos y por nosotros mismos. Llevábamos años tratando de que se nos tomara en cuenta, reclamando a las agencias del Gobierno su apoyo para mejorar nuestra calidad de vida. Organizaciones comunitarias de Cantera y de IsraelBitumul han desarrollado proyectos de vivienda en áreas donde las autoridades gubernamentales nunca consideraron como viables, o al menos nunca les interesó. Y ahora, estas familias son el vivo ejemplo de cómo han mejorado su calidad de vida. Esto es sólo un ejemplo de lo que somos capaces de hacer en comunidades organizadas”, depuso Mario Núñez, presidente del G-8, el pasado 13 de abril del corriente año frente a la Cámara de Representantes. Hace un año las ocho comunidades enfrentaron el proyecto de la Cámara 2177, cuyos promotores eran los también estadistas Albita Rivera, Liza Fernández, Jorge Navarro y Francisco “Junior” González. Pero el intento fue detenido por el veto del entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá.
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Firmeza en la propuesta del Plan Estratégico Cooperativista Por Maryorie Lozada Scope Foto por Juan Álvarez Lara Prensa Comunitaria
El Congreso Estratégico del Movimiento Cooperativo, que reunirá en el mes de septiembre a más de 70 delegados de los sectores cooperativistas, busca proveer un foro para la discusión del contenido de la propuesta para el Plan Estratégico 2010-2014. Entre otros elementos de análisis, se enfocará en reflexionar sobre la posición actual del Movimiento Cooperativo y su dirección. Irene Cruz Cruz, directora del Departamento de Desarrollo Cooperativo y Empresarial de la Liga de Cooperativas.
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ras la meta de impulsar el modelo socioeconómico cooperativista, el Comité de Planificación Estratégica de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico presentará el próximo 19 de septiembre su propuesta para el Plan Estratégico 20102014, en el Congreso Estratégico del Movimiento Cooperativo a celebrarse en Guayanilla. El modelo sugerido por el Comité de Plan Estratégico, bajo la asesoría de la comisión técnica, propone la integración del cooperativismo como estrategia primordial para el desarrollo integral de los individuos y una sociedad justa y equitativa. Del mismo modo, plantea una misión orientada a promover el modelo cooperativo cuyo enfoque esté dirigido a eliminar las desigualdades sociales a través de la integración de empresas cuya filosofía responda a los principios de participación y consenso. Según Irene Cruz Cruz, directora del Departamento de Desarrollo Cooperativo y Empresarial de la Liga, esta propuesta representa el plan de dirección hacia el desarrollo del cooperativismo para los próximos cuatro años, en miras de fortalecer áreas de necesidad del país. Insertar el modelo cooperativista como solución frente a dichas necesidades le permitirá convertirse en ejemplo para aquellas empresas que persiguen un fin social. Los tópicos de primer orden que integran la propuesta del Plan Estratégico cubrirán cuatro áreas principales que incluyen economía, educación, vivienda y el sector gubernamental. En materia de economía destaca, los ángulos relacionados a seguros, ahorro y crédito, industria y trabajo, desarrollo comunitario, consumo y servicio, entre otros. Las metas en dicho sector comprenderán el logro de un sistema cooperativo integrado, esto con el objetivo de crear alianzas económicas entre distintas cooperativas. Lograr salud financiera en la familia puertorriqueña
por medio del cooperativismo es otra de las metas afines con el ámbito económico. También el desarrollo de una oferta cooperativa de productos y servicios competitivos para las familias de Puerto Rico, con el objetivo de crear cooperativas de producción así como un mecanismo de distribución y comercialización. Los planteamientos en el plano de educación se enfatizarán en trabajar con la juventud como grupo a impactar y la vinculación de la educación tanto con el aspecto técnico empresarial como formativo. Como metas directas figuran: la unificación de lo que es el principio filosófico cooperativista con la práctica empresarial; el erradicar la competencia entre las cooperativas y el estímulo de la solidaridad. Los objetivos a nivel educativo se han delineado hacia el desarrollo de programas cónsonos con las necesidades filosóficas y empresariales. Además, fortalecer las políticas educativas que promuevan el modelo y los valores cooperativos. En el renglón de vivienda, se abarcará el tema sobre el desarrollo de nuevos proyectos bajo el modelo ya existente, es decir, de cooperativas mancomunadas a cooperativas de titulares de vivienda. Sus dos metas principales serán estimular la creación de cooperativas de vivienda como alternativa de interés social viable y el logro de una concertación con el sector financiero del cooperativismo. Mientras, en sus objetivos está poner en vigor el Reglamento General de Titularidad e instituir instancias de participación para que los socios puedan intervenir en asuntos de interés; además, difundir y promover los modelos de cooperativas de viviendas como una opción al momento de adquirir una propiedad. Para finalizar, se buscará incentivar un rol más protagónico del Movimiento Cooperativo en el sector gubernamental para que dicha participación redunde en una menor dependencia de las agencias de
gobierno. Por ello, sus objetivos estarán orientados hacia la creación de condiciones que aseguren una mayor autonomía, libertad de acción y protección de la exención contributiva de las cooperativas.
Congreso Estratégico del Movimiento Cooperativo El Congreso Estratégico del Movimiento Cooperativo, que reunirá en el mes de septiembre a más de 70 delegados de los sectores cooperativistas, busca proveer un foro para la discusión del contenido de la propuesta para el Plan Estratégico 2010-2014. Entre otros elementos de análisis, se enfocará en reflexionar sobre la posición actual del Movimiento Cooperativo y su dirección. Como parte del proceso de deliberación, el comité responsable del proyecto estratégico junto a una comisión técnica, participaron de reuniones, talleres y de la administración de un cuestionario para así establecer un diagnóstico sobre las necesidades en los principales sectores cooperativos del país. Una vez se logra identificar estas urgencias, se delineará un programa de trabajo cónsono con esta realidad de Puerto Rico. Para Cruz, también miembro del comité del Plan Estratégico, es de gran importancia tener una convicción de humanizar la actividad económica. Por ende, es crucial la participación de la base cooperativa (sus socios) con el fin de lograr los objetivos del Congreso Estratégico y discutir cómo el Movimiento Cooperativista puede aportar a la sociedad en momentos de crisis. Igualmente, Cruz recalcó el aspecto positivo de que más allá de establecer estrategias, la dinámica en este congreso ha propiciado un análisis reflexivo de cada uno de los sectores de forma enriquecedora y una planificación estratégica que sirve de proceso educativo, formativo y de concienciación sobre lo que se desea lograr con el modelo cooperativista.
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CENASE forma cooperativistas Por Tatiana Escalera Vega Fotos por José Antonio Rosario Prensa Comunitaria
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ENASE comenzó a brindar seminarios y talleres en abril del 2008 principalmente a los socios dirigentes de cooperativas, para que fortalezcan sus conocimientos sobre aspectos legales y empresariales, destrezas necesarias para administrar una cooperativa. Es por eso que CENASE se enfoca en ofrecer cursos en las áreas legal, técnico empresarial, filosófica y ética del cooperativismo. El Centro también se ocupa de ofrecer cursos básicos sobre el cooperativismo al personal de cooperativas. “En muchos casos el personal de cooperativas desconoce elementos sobre cooperativismo y vimos que era necesario ofrecer esa capacitación”, apuntó José Julián Ramírez, coordinador de CENASE. Actualmente, uno de los cursos que más demanda tiene es el de la Ley 247: Marco Legal de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, que trata sobre la ley orgánica de reciente cuño que agrupa todas las agencias de gobierno que están vinculadas al cooperativismo. De acuerdo con Ramírez esta ley es el marco legal que establece una nueva relación entre el Estado y las cooperativas. También se brindan seminarios sobre ética y principios filosóficos para incentivar a las cooperativas a que mantengan altos estándares de responsabilidad social. Por otra parte, se explora la posibilidad de proveer una serie de seminarios dirigidos al tema de prevención de fraude administrativo. Según Ramírez, CENASE cuenta con excelentes recursos. “Nuestros educadores son cooperativistas que les apasiona la educación cooperativa porque están comprometidos con los dirigentes que tienen en sus manos la posibilidad de echar a Puerto Rico hacia delante”, dijo. Por su parte, el licenciado Moisés Rodríguez Rodríguez, quien ofrece varios cursos en el programa, citó a Ana María O’Neil, una de las pioneras del cooperativismo puertorriqueño, al decir que “las cooperativas hay que hacerlas con coopertivistas”, para enfatizar la importancia de la educación en la
José Julián Ramírez, coordinador de CENASE.
Con el fin de mantener viva la educación entre los líderes voluntarios de las cooperativas y, a su vez, cumplir con el quinto principio del movimiento cooperativista, que es educar, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico creó, hace un año, el Centro Nacional de Servicios Educativos (CENASE) que, entre otras cosas, coordina actividades de educación continuada y capacitación para el Movimiento Cooperativo.
filosofía cooperativista. Añadió que “el cooperativismo es un cuestionamiento al sistema en que hemos crecido, el capitalismo; por lo tanto, la educación es fundamental para nosotros, para que la gente tenga una visión diferente”, reflexionó. En el período de un año la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y el Consejo de Educación Continuada de la Liga han acreditado y avalado un total de 19 cursos de CENASE. Durante los nueve meses del pasado año se matricularon 1,112 participantes en el programa y durante este año, hasta el mes de abril, ya han ingresado 844 participantes: un 71% adicional al año pasado. El incremento reflejado en las estadísticas, se debe a que se están ofreciendo más seminarios abiertos y, por otro lado, las cooperativas están solicitando servicios del Centro y enviando propuestas para más cursos. “Es un requisito para las cooperativas la educación continuada para sus cuerpos directivos. Al contratar a CENASE cumplen con sus horas de educación continuada y reciben un servicio de excelencia a un mejor costo,” dijo Ramírez. De hecho, cuando una Cooperativa de Ahorro y Crédito envía sus cuerpos directivos a educarse con CENASE ayudan a becar cuerpos directivos de cooperativas no financieras. En ese sentido CENASE disminuye los precios y hace todavía más accesible la educación cooperativista para aquellas cooperativas pequeñas que no cuentan con los recursos necesarios. Los cursos se ofrecen en el salón Ramón Colón, de la Liga de Cooperativas en Hato Rey, y en otros
Licenciado Moisés Rodríguez Rodríguez, conferenciante.
salones de centros educativos y cooperativas que ofrecen sus espacios para dar los seminarios. “Esa es una versatilidad que nos provee el Centro. Nos movemos a petición de las cooperativas porque queremos educar”, dijo el coordinador. “Yo creo que cuando una persona llega a una cooperativa debe oler una fraternidad y un espíritu de trabajo en equipo que no necesariamente percibirá en una corporación privada. Esa es unas de mis misiones a nivel personal en CENASE, además de continuar ofreciendo cursos creativos y nuevos para atemperarnos a los tiempos”, conclyó Ramírez.
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Modelo de éxito en el cooperativismo juvenil De la redacción
Foto suministrada
El pasado 5 de mayo de 2009 la Cooperativa Juvenil El Gujataca de la Escuela Superior Manuel Ramos Hernandez de Quebradillas inauguró sus nuevas instalaciones. La actividad contó con el develado de un mosaico gigante que engalana la entrada principal y que fue preparado por los estudiantes, la maestra de arte y un padre voluntario. Ese mismo día se celebró la octava asamblea y su décimo aniversario.
“Haciendo pininos” Una escuela cooperativa en Puerto Rico Carlos A. Rivera García Prensa Comunitaria
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n tema harto discutido en diversos foros concernientes a las misiones del Movimiento Cooperativista de Puerto Rico, es, sin duda alguna, la educación. Se hace énfasis en que esta educación sirva como promoción del modelo solidario y los valores que sustentan al cooperativismo para que sea agente de mejoramiento social. La Escuela Martín García Giusti parece ser uno de los escenarios ideales para cumplir con este propósito, ya que sirve de incubadora de un proyecto piloto que persigue establecer escuelas cooperativas alrededor de la Isla. Aunque lleva sólo meses inscrita como cooperativa, esta escuela, ubicada en el Barrio Pájaros de Toa Baja, es el resultado de sobre dos años de trabajo para lograr la conversión del plantel en una cooperativa y, a su vez, la conformación de una cooperativa de maestros. El representante del distrito de Toa Baja, Betito Márquez García, fue quien propulsó esta iniciativa basada en el modelo estadounidense de las EdVisions Schools Cooperatives, un concepto educativo que surge en Minnesota en 1992 dentro del sistema de educación, y que según explicó, “permite que los maestros asuman liderazgo y tomen las riendas de lo que sucede y cómo sucede en su entorno escolar”. A pesar de la renuencia de algunas otras escuelas del distrito, la administración de Escuela Martín García Giusti acogió con beneplácito la propuesta, ya que según la directora escolar, Migdalia Orengo, muchos ya tenían nociones sobre el cooperativismo y sus beneficios. “Nos enamoramos inmediatamente del proyecto”, observó. El cambio, subraya la también maestra, ha sido uno paulatino, sin embargo ya ha rendido notables frutos. “Estamos en pininos, pero ya los maestros son socios y ya comenzamos a trabajar con la fuerza voluntaria. Hace poco celebramos el décimo aniversario de la escuela y la cooperativa se involucró completamente en eso”, señaló Orengo, añadiendo además que la escuela cuenta con el respaldo de la
comunidad, incluyendo los negocios aledaños y el municipio.
Una educación genuinamente cooperativista Claro está, aunque el currículo de la escuela debe cumplir con los requerimientos del Departamento de Educación (DE), tanto el representante como la directora escolar coinciden en que la filosofía cooperativista debe estar presente, no tan sólo en clases que traten sobre el cooperativismo, sino integrada a cada uno de los cursos. “Se pretende, para agosto que viene, que los principios y valores cooperativistas se desarrollen en todas las materias; que se integren, que los estudiantes los aprendan y que los vivan”, explicó la directora. Por otra parte, a pesar de que parece haber un choque en algunos puntos entre la ley 149 del DE, que rige las escuelas, y la ley 239 de Sociedades Cooperativas, para resolver posibles contradicciones, la escuela comenzó operando como una cooperativa de maestros. “No obstante, hoy día puedo decir que ya me reuní con el actual secretario de educación, Carlos Chardón, y él está viendo con buenos ojos trabajar como proyecto piloto las escuelas cooperativas y trabajarlo bajo el P. de la C. 1622”, declaró el representante, quien también preside la Comisión de Educación y de Organizaciones Sin Fines de Lucro y Cooperativas. Este proyecto, el cual crearía la “Ley Especial para la Creación de Escuelas Especializadas y Operadas como Cooperativas”, propone, entre otras cosas, que sea política del Gobierno lograr una divulgación más eficaz de la filosofía cooperativista, así como la creación de un ambiente favorable para el desarrollo y fomento de la misma dentro del sistema de educación público, con el fin de lograr un currículo general más atractivo y creativo. “Si estamos hablando de rescatar unos valores, pues tenemos un modelo ahí extraordinario, que crea líderes para el futuro, que le da el elemento democrático. Tenemos que ofrecer lo que es requerido ofrecer, pero tenemos que ser creativos”, arguyó Márquez García a favor del proyecto.
El mosaico que da la bienvenida a las nuevas instalaciones, está compuesto por tres manos que representan las manos de los jóvenes cooperativistas aunando esfuerzo más allá de las diferencias para lograr el bien común. Las cintas de colores convertidas en palomas que van y vienen de un extremo de la pared al otro, representan la bandera del cooperativismo que está compuesta por los colores del arco iris. Todas las cintas se enlazan hasta encontrarse en un torbellino de colores en el otro extremo de la pared simbolizando las ideas que surgen dentro del Movimiento Cooperativista para mejorar la calidad de vida. El diseño es una creación de la maestra de arte la Sra. Marlene Arvelo y ha sido trabajado por los estudiantes de nuestra escuela y un padre voluntario que contribuyó en la instalación del mismo durante el pasado año escolar. La Cooperativa Juvenil El Guajataca fue inaugurada el 24 de octubre de 1998 y durante más de una década ha sido reconocida por las cooperativas Consumidores del Noroeste y San Rafael de Quebradillas, entre otras. Su éxito se debe a la perseverancia de sus maestros y maestras consejeras; al compromiso de sus socios estudiantes y, al apoyo responsable de la comunidad escolar.
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Políticas de regulación para el sector no financiero Rosiris A. Ramos Meléndez Prensa Comunitaria
Foto de archivo
“Tenemos que cumplir con la labor de fiscalizar, regular y brindar servicios a las cooperativas; servir más como proveedores y ayudantes y no entorpecer el crecimiento del sector”, dijo José González, presidente ejecutivo de COSSEC. Anteriormente, el gobierno intensificó las regulaciones sobre las cooperativas no financieras. Parece ser que bajo la nueva ley 247 y la nueva administración de COSSEC, el enfoque va dirigido a facilitar dichos asuntos. “Estamos en proceso de revisar todo tipo de regulación para ser más ágiles. Y, si es posible, establecer un solo reglamento y garantizar el desarrollo de las cooperativas no financieras”, declaró González. Así también, expresó que se contempla hacer posible el permitirle a estas cooperativas de tipos diversos que diversifiquen sus servicios, de modo que se establezcan funciones además de la principal. Se estima que entre los meses de agosto y septiembre los borradores de lo que serán los reglamentos estén listos para que sean discutidos con estos sectores cooperativos. Mientras, se espera que para el cuarto o último trimestre del año en curso esté verificado e implementado el nuevo reglamento. En marzo de 2009 la Liga de Cooperativas presentó ante COSSEC una propuesta de política pública para la supervisión de las cooperativas de tipos diversos. El documento recoge el insumo de estas cooperativas respecto al desempeño de la regulación estatal. los sectores de trabajo asociado, consumo, vi- En la misma se insta a que COSSEC fomente “la esvienda, transporte, comerciales, entre otros tipos. tabilidad y la solvencia de las cooperativas mediante Si bien es cierto que existen cooperativas de tipos di- la intervención no punitiva, correctiva y facilitadora versos que son muy exitosas, el sector más sólido, y del Estado en el cumplimiento de ley”. también el más numeroso, es el financiero o de ahoSegún Mildred Santiago, directora ejecutiva de la rro y crédito. Los costos o gastos en los que incurren Liga de Cooperativas, con esta propuesta, el Moanualmente estas cooperativas no financieras para vimiento Cooperativo busca evitar que el regulador cumplir con los requerimientos de COSSEC, que as- gubernamental reproduzca viejos estilos de regulaciende a los 250 mil dólares según datos provistos ción similares a los que se establecen a las coopepor su presidente, José González, resultan onerosos. rativas de ahorro y crédito.
José González, presidente ejecutivo de COSSEC.
En tiempos de crisis económica, los modelos de desarrollo alternativos son clave para atajar los embates que trae consigo la recesión. Por eso, en aras de promover el progreso y agilizar los procesos de creación y mantenimiento de cooperativas de tipos diversos, la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, mejor conocida como COSSEC, se ha propuesto revisar los reglamentos y las regulaciones vigentes impuestas sobre estas cooperativas que incluyen
El Cooperativismo del Siglo XXI Fernando Collazo Collazo Catedrático de Economía Escuela Graduada PUCPR
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principios del siglo XIX, pensadores como el empresario Robert Owen, en Inglaterra y Philippe Buchez en Francia desarrollaron las bases conceptuales de un novedoso sistema de organización económica como alternativa al capitalismo, denominado inicialmente “socialismo” (“oweniano” o “utópico”) y, posteriormente, “cooperativismo”. En particular, las cooperativas autogestionarias o de trabajadores representaron un nuevo tipo de empresa, basado en la búsqueda de objetivos sociales (de ahí el término “socialismo”), el control democrático del proceso decisional y la distribución de la ganancia entre sus miembros a base de productividad. Dos siglos más tarde, ante la crisis del capitalismo privado y el socialismo estatal, el cooperativismo autogestionario se plantea nuevamente como alternativa económica, una “tercera vía”; pero esta vez, con el beneficio de una vasta experiencia histórica de cuyas lecciones es posible aprender. La primera de estas lecciones es, precisamente, que una cooperativa autogestionaria es, ante todo, una empresa, sujeta, por lo tanto, a las leyes y restricciones de la Economía. Aunque su objetivo es promover el bienestar integral, tanto individual como colectivo, de sus miembros; para sobrevivir, ésta tiene que producir un bien o servicio, cuyo valor en el
mercado sea suficiente para cubrir el costo económico de los recursos que emplea (incluido el capital) y generar una ganancia. Las ganancias (“economías netas”) son para una cooperativa como el alimento para la persona: no se vive para comer, pero sin alimentación, no hay vida. En términos económicos, la principal característica de una empresa autogestionaria, el control democrático del proceso decisional por sus trabajadores, constituye, también, su principal fortaleza. La evidencia empírica demuestra que esta participación de los trabajadores, aun en empresas convencionales, por lo general aumenta, tanto la flexibilidad y eficiencia organizacional como la efectividad de otros incentivos, especialmente la participación en ganancias. Las cooperativas autogestionarias deberían, por lo tanto, incluir como socios a la mayor parte de sus trabajadores regulares y ampliar sus procesos participativos más allá de la elección periódica de directores, mediante formas más directas y continuas de participación y trabajo en equipo. Al determinar las ganancias o “economías netas” a distribuirse entre los socios a base de productividad (“patrocinio”), una cooperativa autogestionaria debería considerar y, por lo tanto, deducir como costo (“costo de oportunidad”) el pago de un interés o rendimiento normal sobre el capital de la empresa aportado por cada socio trabajador. Esto promove-
ría, tanto una mayor reinversión de ganancias en la cooperativa como su uso eficiente en el financiamiento de proyectos de inversión. Además, se evitaría el problema de “degeneración organizacional” observado en muchas empresas autogestionarias en las que los socios más antiguos o con un capital mayor, se muestran renuentes a admitir nuevos socios, sustituyéndolos, cada vez más, con trabajadores asalariados. La experiencia histórica, especialmente en países como España, Italia, Francia y Eslovenia, ha demostrado claramente que las cooperativas autogestionarias, con el diseño y el apoyo institucional adecuados, son capaces de generar niveles de solidaridad, flexibilidad y eficiencia superiores a los de la empresa convencional, tanto privada como pública. En términos generales, sin embargo, el cooperativismo autogestionario es aún un sector económico minoritario -incluso dentro del cooperativismo -poco conocido y al que paradójicamente se recurre, principalmente, en situaciones de crisis o cierre de empresas convencionales. No obstante, en la medida en que las instituciones educativas, el gobierno y las organizaciones cooperativistas reconozcan y promuevan el desarrollo de este potencial, el cooperativismo autogestionario podría llegar a ser, en el presente siglo, lo que sus forjadores visualizaron que fuera: la forma de organización empresarial predominante en una economía globalizada.
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Un bosque urbano comunitario y cooperativo Por Lilia Martínez Fotos por José Antonio Rosario Prensa Comunitaria
Entre la avenida José de Diego y el expreso Luis A. Ferré, existe un bosque urbano producto de la solidaridad y perseverancia de un grupo de socios cooperativistas. Se trata del Bosque Comunitario Cooperativo de las cooperativas de viviendas Jardines de San Ignacio y Jardines de San Francisco, ubicadas frente al Cementerio de la Capital en Río Piedras.
Vista aérea del Bosque Comunitario Cooperativo en Río Piedras.
E
n un principio, lo que hoy es el Bosque Comunitario Cooperativo era un remanente de terreno propiedad del gobierno estatal y municipal, cuyos planes eran construir una escuela y un centro cultural, proyectos que nunca llegaron a materializarse, según la presidenta de la Junta de Directores de la Cooperativa San Ignacio, Carmen Couvertier. “Todos los terrenos donde ubican las cooperativas de viviendas Jardines de San Francisco y Jardines de San Ignacio estaban destinados originalmente al desarrollo de un amplio complejo de viviendas, mas sólo se construyeron, entre 1969 y 1970, los cuatro edificios de estas cooperativas”, explicó Couvertier. Agregó que, al no construirse las áreas comunes que habían sido programadas, parte de los terrenos fueron vendidos a una compañía privada para la construcción de las urbanizaciones Villas de San Ignacio y Villas de San Francisco.
Una de las tres ceibas sembradas como símbolo de la unión y fuerza de los socios cooperativistas.
Sin embargo, ante la solicitud de rezonificación de los terrenos en desuso para el desarrollo privado, los residentes de Jardines de San Ignacio y Jardines de San Francisco se aprestaron a solicitar la cesión de los mismos para usarlos con fines de recreación pasiva y siembra de árboles. Así nació el primer y único Bosque Comunitario Cooperativo de Puerto Rico, calificado por las coopera-
tivas de vivienda Jardines de San Ignacio y Jardines de San Francisco como “una extensión de nuestras viviendas y del compromiso social para lograr una mejor calidad de vida para todos los residentes de ambas comunidades”. Según Couvertier, el bosque cuenta con una variedad de árboles autóctonos como guayacán, ausubo, maga y ceiba, los cuales fueron adoptados por los socios cooperativistas. “Hemos sembrado tres ceibas como símbolo de la unión y fuerza de nuestros socios”, indicó la líder cooperativista. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para las socios de las cooperativas de viviendas. Desde que en 1985 surgió la idea de preservar los 2,390 metros cuadrados de terreno en desuso para desarrollarlo como bosque urbano, han sido varios los escollos que han tenido que superar. “El proyecto del bosque cooperativo fue engabetado y vetado en la Legislatura en más de una ocasión”, destacó Couvertier. Uno de esos vetos tuvo lugar en febrero del año pasado, cuando la Resolución 2354 no fue aprobada ya que, según el gobernador interino Fernando Bonilla: “la política pública de esta administración redunda en buscar el mayor rendimiento económico de los haberes públicos, cuyos bienes deben ser enajenados por su valor en el mercado y/o de la forma más ventajosa para el Estado Libre Asociado”. Dicha decisión no amilanó al Comité Unitario pro Bosque, que ni corto ni perezoso, volvió a someter su proyecto de bosque urbano cooperativo. Sorprendentemente, seis meses después, en agosto de 2008, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Resolución Conjunta 90, en la cual dispuso que tanto el Departamento de Transportación y Obras Públicas estatal como el Municipio de San Juan y el Departamento de Recreación y Deportes deben ceder el usufructo por treinta años a las cooperativas Jardines de San Ignacio y Jardines de San Francisco para el desarrollo de un bosque urbano o área de recreación pasiva, permaneciendo la titularidad en dichas agencias. A pesar de ello, ambas cooperativas están decididas a seguir luchando hasta lograr la cesión de la escritura de los terrenos.
“Lo más significativo de este bosque es que a través de él hemos preservado y conservado un espacio para que no se siembre más cemento en San Juan”, puntualizó Couvertier. Las cooperativas de viviendas Jardines de San Francisco y Jardines de San Ignacio fueron desarrolladas bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas y proveen vivienda a cerca de 2,600 personas de todas las edades. De acuerdo con la administradora de Jardines de San Francisco, Rosalina León Lebrón, quien vive en esa cooperativa desde los 21 años, “una particularidad que tienen las viviendas cooperativas es que nuestros hijos se casan y se quedan viviendo aquí”.
cooperativista PUERTO RICO
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Un Movimiento Cooperativo más unido Prof. Edgar Rivera Ruiz Presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico, COSVI.
Todos sabemos que este año ha sido uno de grandes retos para todos los sectores de la economía. Son estos retos los que tenemos que afrontar y redefinirnos para ser más asertivos con el fin de alcanzar nuestras metas y ser exitosos. Mucho se ha dicho que la crisis económica representa un sinnúmero de oportunidades para el cooperativismo. Señores, debemos aprovechar estas oportunidades para salir adelante. Por eso, este es el momento de mantenernos más unidos que nunca, basándonos en nuestros valores de ayuda mutua y cooperación que son los cimientos de nuestro movimiento. A través de los años hemos visto cómo se han ido creando más cooperativas con el propósito de proveer más y mejores servicios que satisfagan las necesidades de todos nuestros socios. Actualmente, contamos con excelentes cooperativas de ahorro y crédito alrededor de toda la Isla, cooperativas de consumo, agrícolas, así como gasolineras, cooperativas de transporte, vivienda, seguros múltiples y seguros de vida, entre otras. Estas cooperativas están ahí para todos nosotros, tenemos que auspiciarlas para hacerlas más sólidas. Fomentemos el hacer negocios entre el Movimiento Cooperativo, y no irnos a respaldar a otras instituciones ajenas a nuestros intereses. Todos los cooperativistas deberíamos tener nuestras cuentas
Sr. Luis López Presidente de la Junta de Directores FIDECOOP
FIDECOOP ofrece nuevas oportunidades de negocio en la Isla con el modelo Cooperativista El Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, conocido por sus siglas como FIDECOOP, busca grupos de personas que desean desarrollar sus ideas de negocio bajo el modelo cooperativo, que tengan la necesidad de apoyo financiero, y conocimiento especializado para ayudarlos a identificar oportunidades y los sectores económicos en que éstas se pueden gestar. FIDECOOP es una corporación sin fines de lucro creada bajo la ley 198, “Ley Habilitadora para el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo”, que está facultada para tener un rol proactivo, de pensamiento y diseño, de acciones estratégicas que impacten el desarrollo económico y social del país. Es una herramienta de financiamiento para el desarrollo del empresarismo social usando el modelo cooperativista. El Movimiento Cooperativo aporta hasta 25 millones de dólares, el sector público iguala estos fondos hasta que se llega a un tope de 50 millones de dólares. Este Fondo es para promover, ampliar, y establecer nuevas empresas cooperativas. Si usted está listo para crear una nueva empresa cooperativa, sepa que, FIDECOOP tiene la capacidad de invertir hasta un máximo de 2.7 millones de dólares, lo cual representa un 10% del capital del Fondo al cierre del año 2008. Las Cooperativas atraviesan las mismas condiciones de ventajas y desventajas que cualquier otro negocio establecido en
en una cooperativa de ahorro y crédito y no en una institución bancaria. Tengo que destacar que para cada una de nuestras necesidades podemos contar con los servicios de una cooperativa amiga. No hay razón por la cual no podamos ser solidarios con nosotros mismos. Tenemos que demostrar ese apoyo que siempre nos ha destacado. Es vital promulgar nuestros valores que por tantos años han sido la base del éxito del Movimiento Cooperativo. No es sólo decirlo, tenemos que actuar. Tú me das negocio y yo te doy negocio, bien sencillo, nos promovemos nosotros mismos y nos fortalecemos para seguir creciendo y aportando al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico que tanto queremos. Las cooperativas sirven a sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta. Todos los socios del movimiento cooperativo tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros, esto a diferencia de otros sistemas socioeconómicos que sólo benefician a unos pocos. Tengo que destacar que en COSVI contamos con una gama de productos de vida, incapacidad, retiro y servicios financieros diseñados especialmente para proteger lo más importante, su futuro y el de los suyos. En COSVI nosotros te aseguramos a ti. Los exhorto a todos ustedes a promover nuestras cooperativas de una u otra manera, ya que sin lugar a dudas, el Movimiento Cooperativo se solidifica si nosotros, los cooperativistas, fomentamos y respaldamos las empresas cooperativas que al fin y al cabo son nuestras. Cabe destacar que el cooperativismo es un modelo empresarial con fines solidarios.
la Isla. Se conoce que muchos negocios cesan operaciones antes del término de 5 años. FIDECOOP continuamente está desarrollando productos y estrategias para que las futuras cooperativas no caigan dentro de estas estadísticas. FIDECOOP está compuesto por un grupo de expertos en desarrollo de negocio que le ayudará a conocer e identificar las necesidades de mercado en la isla para ser certeros en el proceso de desarrollar nuevos productos y servicios para el consumidor puertorriqueño en las áreas de agricultura, comercio, industria, energía renovable y turismo, entre otras áreas de desarrollo. FIDECOOP ayudará a las jóvenes cooperativas a tener finanzas saludables desde el comienzo y a que estén al día en las prácticas y estrategias administrativas más apropiadas para sus cooperativas. Cuando hablamos sobre los asuntos del país, pensamos que la clave está en el modelo cooperativista. No debemos olvidar que en muchos momentos en que Puerto Rico ha atravesado tiempos de crisis económica las cooperativas de ahorro y crédito han gozado de una buena salud financiera como ocurre en estos mismos instantes. El contacto con las comunidades es crucial. Hay que salir a las comunidades, dar apoyo, ofrecer talleres y lograr un compromiso con éstas. Aquí en FIDECOOP estamos muy seguros de que un líder puede ser cualquier persona con la capacidad de transmitir el deseo, la visión, la inventiva y la motivación a otras personas; y, esto exactamente es lo que nos proponemos hacer. En estos momentos FIDECOOP está desarrollando varias estrategias para dar más apoyo a las cooperativas y a sus juntas de directores. Destacamos la creación de un banco de recursos especializados, con asesores expertos, que creen en el Movimiento Cooperativista para que asistan a las juntas de directores en las decisiones que tenga que tomar. Esto es libre de costo para las cooperativas participantes de algunos de los servicios de FIDECOOP. Así que, ¡manos a la obra! Usted que nos lee, motívese, motive a su vecino y a su comunidad, cree su grupo, y vamos a levantar a Puerto Rico. Para recibir orientación comuníquese a FIDECOOP a los teléfonos 787.999.0322, o diríjase a www.fidecoop.coop.
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Crisis: Oportunidad para la Transformación del Administrador a Líder Dr. Miguel A. Arrieta Morales Instituto para el Desarrollo Humano
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ocura se define, intentar lograr nuevos resultados haciendo más de lo mismo. Liderar en tiempos difíciles es sinónimo de ir más allá de la administración y el cumplimiento. Los tiempos difíciles son resultado de las actividades que se vienen haciendo, enfatizar en más de lo mismo lo profundiza aún más. Para superar los tiempos de crisis es necesaria una autotransformación del quehacer del dirigente de la empresa cooperativa. Algunas frases de moda, suelen ser: el cambio es sinónimo de oportunidad; lo único seguro es el cambio; hay un desgaste, se debe hacer reingeniería, falta de compromiso del talento humano, entre otras. Estas frases contienen grandes repercusiones para los dirigentes; implican visualizarse más allá de ser cumplidores de normas legalistas y rígidas para ser transformadores, que es la función esencial del líder. Todo tiende al desgate. Lo competitivo hoy, mañana pierde su sitial y se convierte en el nuevo estándar. Limitarse al cumplimiento carece de una actitud innovadora. Es justificarse en las zonas cómodas, es excusar para no asumir la responsabilidad de crear. Es cierto que es más seguro si evitamos riesgos. Pero, ese es el gran peligro de limitarse a ser un ejecutivo administrador: que no pase nada. No hay nada nuevo en los manuales de cumplimiento. Cuando el líder no tiene claro lo que persigue, pierde oportunidades perpetuando las mismas actividades sin mayor innovación. Lograr eficiencia implica mantenerse en la rutina. Al perseguir la eficiencia, los medios y la normalización óptima lo llevan a obtener resultados establecidos. Por otro lado, el fin del líder es el cambio y para lograr nuevos resultados hace falta trabajar en el caos. En la crisis de los Presidentes Ejecutivos y Líderes Voluntarios, se debe transcender de ser administradores para transformarse en líderes creativos. Deben ser eficientes en delegar para orientar su atención a pensar sobre nuevos resultados. Administrar bien su tiempo evita el desgate en prioridades pocos importantes para dedicarse al estudio de nuevas alternativas de negocios. Consecuentemente, estar ocupado con lo vigente, impide utilizar tiempo para lo importante que es la creación e innovación. Lo común se contrapone a las ideas y prácticas novedosas, no se espera del líder que atienda el día a día. Innovación es prestar atención a puntos de vista diferentes sobre las actividades de negocio para crear nuevos resultados. Limitarse a administrar actividades le resta en su función creativa. Cabe destacar que esto es posible solo cuando se apoya en una plataforma orientada por valores. Su empresa es sostenible y tiene resultados permanentes cuando los demás son importantes, tiene visión y es un buen educador. La definición de líder incluye otras funciones: dar dirección, creatividad, la revisión de paradigmas, educación y el sentido del humor como combustible para generar nuevas ideas. La crisis invita a replantear su ejecución sobre una plataforma de valores. Invita al otro a tener confianza en él para juntos asumir riesgos en pro de la renovación. El autor es Presidente del Instituto para el Desarrollo Humano, I.D.H y cuenta con 30 años de experiencia en el campo gerencial. El I.D.H. ofrece la primera y única Maestría: MBA, Administración de Empresas con Especialización en Liderazgo y Gerencia Ética. Tiene Licencia de Autorización del Consejo de Educación Superior, CES.
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cooperativista PUERTO RICO
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Acueducto comunitario en Naguabo mejora su calidad de servicio
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Foto suministrada
Por Rosiris A. Ramos Meléndez Prensa Comunitaria
a comunidad de Maizales en Naguabo, fruto de una larga historia de autogestión, recibió recientemente la aportación de 25 mil dólares por parte de la Fundación Rotaria para instalar equipos para el monitorear la calidad del agua en el acueducto rural comunitario del sector también conocido como Rancho Grande. El Club Rotario Ciudad del Turabo se interesó en la situación de la comunidad Maizales luego de que esta última tuviera que gestionar la compra de filtros de agua para poder mantener en funcionamiento el acueducto y cumplir con las exigencias del Departamento de Salud (DS) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). El domingo 26 de abril, el Club Rotario entregó simbólicamente la suma de dinero para el mejoramiento de los servicios de agua potable y se reconoció a uno de los fundadores del acueducto, Florentino Berríos.
Heredada la lucha por el Acueducto de Maizales En la falda de las montañas que rodean a la comunidad de Rancho Grande, los más viejos acostumbraban sentar a sus más jóvenes descendientes para contarles historias de valor, esfuerzo y trabajo duro. Cuarenta años más tarde, aquellos residentes todavía rememoran con orgullo la gesta de sus abuelos quienes, ante la necesidad de suplir a sus familias y vecinos con el líquido más preciado, subían sobre sus hombros y cuesta arriba las grandes piedras que formaron parte de los tanques de agua que hoy son símbolo de lucha, perseverancia y tradición. Ese es el caso de Rosa Gómez, portavoz de la Junta de Directores del Acueducto Comunitario de la Comunidad Racho Grande en Naguabo y nieta de uno de los trabajadores del barrio. Gómez, con 38 años en Maizales, así como muchos otros miembros del barrio, han sido los responsables de mantener en marcha el acueducto comunitario y más aún, de convertirlo en un importante proyecto de autogestión. Y es que con cerca de medio siglo de funcionamiento, el acueducto de Maizales ha sido objeto de logros y vicisitudes para sus beneficiarios. Para la década del 90 la EPA y DS, entre otras agencias, exigieron la instalación de sistemas de filtración para cumplir con disposiciones federales y garantizar la calidad y salubridad del agua. Para entonces, los encargados del acueducto sólo aplicaban cloro como medida higiénica, por lo que se encontraron ante la amenaza de clausura del mismo. Sólo una persona asumía todas las labores concernientes al acueducto, tales como el cobro de los diez dólares de cuota por mantenimiento a las 517 familias del barrio, la limpieza y demás diligencias. En el 2005, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) propuso implementar un proyecto de agua potable
La comunidad de Maizales recibió 25 mil dólares de la Fundación Rotaria para la compra de un sistema de monitoreo de calidad a ser instalados en el Acueducto Rural Comunitario de Rancho Grande en Naguabo, luego de haber logrado otra importante aportación de 60 mil dólares para la instalación de filtros de agua. para toda la zona que se servía del acueducto rural. Para ello, expropió los terrenos donde ubican los tanques sin notificar a los residentes. Ante el panorama del inminente cierre del acueducto y los altos costos del servicio de agua que hubiese cobrado la agencia del gobierno, los residentes decidieron reorganizarse. Para comenzar a resolver la problemática y tomar acciones efectivas, la comunidad escogió una junta directiva que los representara; entre ellos, 19 cobradores. Con mucho esfuerzo lograron obtener unos bonos de 60 mil dólares para adquirir el sistema de filtración que exigía la EPA. Alcanzada dicha meta, la directiva, presidida por Efraín Ramírez, presionó a la AAA para que redactara un contrato de usufructo para ambas partes. Las disposiciones del mismo debían reconocer a la mencionada agencia como propietaria de los terrenos donde se encuentran los tanques de agua y a la Comunidad Rancho Grande Inc., como administradora del acueducto. “Además de sacrificadas (las acciones de la comunidad) han sido satisfactorias. Porque esta comunidad ha hecho de un problema un logro individual para cada cual. Nos hemos unido y alcanzado la solución”, dijo Ramírez. Al tiempo que los moradores de Maizales demostraban, una vez más, su capacidad para manejar el acueducto, otra organización se interesó en su situación. Se trata del Club Rotario Ciudad del Turabo, presidido por el Rotario Michael C. McCall y el Club Rotario de New Haven de Tampa Florida, presidido por el Rotario David Thomsen, quienes aunaron recursos y sometieron con éxito una solicitud de fondos a la Fundación Rotaria para financiar la compra de equipos de monitoreo de calidad de agua para ser instalados en el acueducto rural de Maizales. “Teníamos un problema con el DS, la EPA. Teníamos problemas de dinero, permisos y no había solución, pero nos unimos y al final del camino vimos la luz. Ahora tenemos, no sólo los filtros sino que tenemos un sistema de monitoreo”, señaló Ramírez. Cabe destacar, que los logros de esta comunidad no sólo se debieron a la otorgación de fondos externos. Por medio de actividades de recaudación, se reunieron 15 mil dólares que fueron empleados en la construcción de las instalaciones que acogerán las maquinarias de monitoreo. Por otro lado, los planes de la comunidad continúan, puesto que luego de colaborar con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (RUM), para identificar alternativas de energías renovables, ahora centran sus esfuerzos en conseguir los fondos para instalar un sistema que supla la demanda de energía que requerirán los filtros y monitores del acueducto, según recomendado por los especialistas del RUM. “Un sistema de monitoreo como éste, en Puerto Rico no lo hay. Y que además promete ser de mayor eficiencia que el mismo de la AAA. Estamos súper complacidos con este acueducto”, reflexionó Gómez.
Viaje para conocer las cooperativas en Cuba De la redacción
Armados” con una cámara de video y un micrófono, salen hacia la hermana y vecina Isla de Cuba una pequeña delegación compuesta de tres puertorriqueños que creen en la filosofía del cooperativismo, como la alternativa económica ante la coyuntura actual de crisis económica. El trío de boricuas sale este próximo 4 de julio por 15 días a realizar un documental educativo que lleva como título; “El Cooperativismo, Un Movimiento sin Fronteras”. Según nos adelantó el profesor universitario de economía y finanzas, Fernando Quiles, quien es parte del equipo de trabajo, quieren documentar cómo el cooperativismo puede nacer, crecer y desarrollarse tanto en nuestra sociedad capitalista de libre comercio, como en una sociedad socialista de economía centralizada y dirigida por el estado. El trabajo de investigación se centrará en visitar y estudiar las cooperativas de producción agrícolas propiedad de trabajadores en las provincias de La Habana, Pinar del Río y Cienfuegos. El trabajo incluirá una comparación con las cooperativas en Puerto Rico. “Estaremos visitando el municipio de Bauta-Caimito en donde hay plantaciones de cítricos, mango, guayaba y papaya administradas por unidades de producción agrícolas. En la provincia de Pinar del Río, visitaremos las cooperativas del Valle de Viñales y las siembras de tabaco. En Cienfuegos documentaremos las siembras de hortalizas y de regreso a La Habana los huertos urbanos de ciclo corto que han sido todo un éxito en satisfacer las necesidades alimentarias de la población, explicó Yolanda Vázquez, preparada en horticultura orgánica tradicional. Junior Ramos, periodista independiente y experto en medios, como responsable de este proyecto, exhorta a aquellas cooperativas que quieran unirse en este esfuerzo a comunicarse al 787-222-5869 o escribir a boricua1@centennialpr.net para detalles adicionales de cómo pueden participar. Al regreso de nuestro viaje haremos una reseña gráfica de esta iniciativa en exclusiva para Puerto Rico Cooperativista y su suplemento Coopolis.
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