El derecho a la educación en Chile

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La Construcción del Derecho a la Educación y LA Institucionalidad Educativa en Chile / OPECH

hasta el retorno a la Presidencia de Arturo Alessandri. Claramente el Estado chileno evolucionó en una doble dimensión: “hacia 1924 cambió significativamente la forma en que el Estado se relacionaba con la mayoría de los habitantes, abandonándose la matriz excluyente como el eje que articulaba dicha relación, en otro nivel no hubo modificaciones. De este modo, mientras por una parte se creó lo que se conoce como “Estado de Bienestar”, “Asistencial” o de “Compromiso”, por otra, la manera en que se concibió y operó al interior de las prácticas política, administrativa y legal continuó siendo la misma: fueron un mecanismo de ascenso social y, por supuesto, patrimonializadas. Solo que ahora por los militares y civiles que habían llegado hasta ellas” (Fernández 2003: 114).

Evolución de la institucionalidad educativa Resulta curioso que en esta misma época de desorden institucional se dictaron profusamente una serie de leyes y decretos que van configurando un aparato ministerial educativo mucho más completo y complejo, proceso que se estabiliza hacia 1932, con el regreso de Arturo Alessandri a la Presidencia. Es así como en 1924 se crea el Servicio del Personal y Administración (Decreto N° 435), en 1925 se reorganiza y fijan normas para el funcionamiento del ministerio (Decreto Ley N° 800, que no alcanzó a regir), en 1927 se reorganiza administrativamente el Ministerio (Decreto N° 1564 que crea las Direcciones Generales de Educación Primaria y Secundaria), y se crea en dos ocasiones la Superintendencia de la Educación Nacional (Decretos N° 1312 y N° 2066). Ibáñez estaba empeñado en reorganizar el aparato estatal, lo que significó que a la “eliminación de empleados, supresión o fusión de servicios y reestructuración de otros, siguió el incremento de la burocracia (...) se amplió el aparato estatal -Ministerio de Fomento, numerosas Direcciones Generales y varias Superintendencias-” (Villalobos 2001: 824). Dentro de estas superintendencias estuvo la de Educación Nacional, que se creó, como ya se ha indicado, en dos momentos sucesivos, y que tuvo atribuciones para regular y supervisar los niveles primario, secundario y profesional. La Superintendencia era encabezada por el Ministro de Educación, y contaba con un Consejo de composición amplia (Núñez 2006). Sin embargo, el intento por establecer estos organismos no logró asentarse. También se dictaron tres decretos de importancia: N° 7500, N° 2693 y N° 22. A través del decreto N° 7500 se sostiene que “la educación

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