Renovación (papel) 7 by Juventudes Socialistas de España

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EDITORIAL

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Sumario 02.- Editorial 03.- 100 años de parlamentarios socialistas 05.- Redefiniendo las políticas de juventud para el siglo XXI 07.- Igual trabajo, igual salario 10.- Una estrategia nacional para una sexualidad sana, libre y responsable 14.- De Kyoto a Cancún pasando por Copenhague 17.- México 2010: Una nueva oportunidad 20.- 10 acciones contra el cambio climático 22.- Innovación, formación, solidaridad y eficiencia 24.- Crisis y empleo juvenil 27.- Reforma laboral para los jóvenes 29.- Entrevista: Octavio Granado 32.- Ley de la ciencia, tecnología e innovación 34.- Las universidades españolas un año después de “Bolonia” 37.- Plan de acción 2010-11 en materia educativa 38.- El estatuto del estudiante universitario 39.- Ley del menor o tentación populista 41.- Informe de la oficina del Defensor del Pueblo 43.- El sistema nacional de la dependencia 45.- Entrevista: Luis Cayo Pérez Bueno 48.- Un año de imágenes 52.- Dos importantes pasos para un mundo más libre y seguro 54.- Reconstruyendo Haití 57.- Honduras 59.- Federaciones 75.- Entrevista: Huecco 77.- Entrevista: Miss Caffeina 79.- Centenario Miguel Hernández 83.- Cine

Coordinación General: Sergio Gutiérrez, Carlos Moya, Angélica Ruiz, César Luena y Chus Greciet. Colaborador Cultura: Antonio Cartier Diseño y maquetación: JC

Editorial Posiblemente nunca haya sido tan fuerte como ahora en todas las generaciones actuales de las Juventudes Socialistas de España el sentimiento de que es necesaria la política de izquierda. La gravísima crisis global, financiera y especulativa, que está destruyendo empleo, confianza y sueños, nos sitúa en una situación excepcional, donde lo urgente se ha impuesto a lo prioritario. Pero precisamente por ello, lo prioritario es preparar las reformas políticas y las transformaciones sociales que sólo desde la política y desde los valores de la izquierda pueden producir los cambios necesarios para imponer reglas económicas que eviten los desastres actuales y que preserven y mejoren el actual modelo social del estado del bienestar. Nuestro proyecto político concibe el compromiso como medio para avanzar y conquistar nuevas metas colectivas y oportunidades para todos. Debemos prepararnos para la pelea, porque si la caída de grandes corporaciones provoca la destrucción de millones de puestos de trabajo en nuestro país, el desánimo de buena parte de la población, entre ellos muchos jóvenes, puede favorecer el ascenso de populismos y políticas conservadoras que tendrán como objetivo no cambiar nada y permitir que la regresión se imponga al progreso. Es ahora cuando debemos reforzar nuestra capacidad de movilización y de producción propositiva. Es ahora cuando se necesitan unas Juventudes fuertes, valientes, frescas y atrevidas. Es ahora el momento de impulsar los cambios y de apoyar los proyectos que los han generado hasta ahora y que los garantizan en el futuro más inmediato. Es el momento de la militancia. De sentirse orgullosos de un proyecto colectivo que, en esta etapa de la historia, es el que más ha hecho por hacer avanzar este país en libertades, derechos de ciudadanía, en igualdad de oportunidades. Que la crisis no nos sirva de excusa para no seguir defendiendo, explicando, potenciando este hermoso proyecto de país. Que la recesión económica no nos difumine el relato del proyecto socialista, de lo que representan sus valores y sus principios más allá de las decisiones coyunturales. Es la hora de defender el proyecto porque sigue siendo el que mejor representa los valores de los jóvenes y el mejor de los futuros para la gente de nuestro país.

Edita: Juventudes Socialistas de España (JSE) Redacción: Ferraz, 35-1º izq., 28008 Madrid E-mail: oprensa@jse.org Web: www.jse.org Teléfono: 91 582 07 00 Fax: 91 582 07 02 Impresión: Grupo Marte Deposito Legal: M-7961-1977

Edita:

En este número de Renovación os ofrecemos gran variedad de contenidos. Esperamos que os guste. Quienes hacen posible esta revista han hecho un trabajo encomiable para trasladar a todos los militantes, a través de reportajes, noticias, entrevistas, imágenes, el alma de la organización, eso que no se ve, ni se toca, pero que cada uno de nosotros siente.Y es que quien más y quien menos de los que tenéis en la mano el Renovación habréis estado este año en un encuentro, actividad, reunión de las Juventudes, y habrá sentido que está a gusto. En esta organización la gente está a gusto.Y estarlo es la condición primera para hacerla más fuerte aún, más valiente todavía, más atrevida que nunca. Es el impulso que necesitamos para que ganen los cambios que están por venir, y el proyecto socialista español cuenta con nuestra alma, que es la vuestra.

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100 años de vida parlamentaria En mayo de 2010 se han cumplido 100 años de la entrada del primer socialista en el Parlamento español. Pero lo primero que tenemos que señalar es que de estos cien años de la historia de España casi la mitad los hemos vivido bajo un régimen de dictadura, es decir, de ausencia de instituciones democráticas y, por tanto, con el Parlamento “cerrado”. Pablo Iglesias llegó al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo de mano de la Conjunción Republicano Socialista, creada un año antes para combatir al Gobierno que en los meses de julio y agosto de 1909 se había enfrentado al primer gran movimiento huelguístico de carácter político en nuestro país, motivado por el envío de tropas a la guerra de Marruecos. La movilización de los reservistas fue la gota que colmó el vaso.

secuciones y las pésimas condiciones laborales y sociales en las que trabajaban y vivían los obreros españoles.

Pablo Iglesias fue la única representación parlamentaria del socialismo español durante ocho años. Sus intervenciones en la Cámara fueron el altavoz de las denuncias de las per-

La guerra de Marruecos tumbó a la monarquía, pues la Dictadura de Primo de Rivera no fue sino el último intento, ya imposible, de contener las ansias de libertad ya desbordadas.

Y fue tras otro importante movimiento huelguístico, el de agosto de 1917, esta vez declarado abiertamente antimonárquico, que la representación parlamentaria socialista se vio incrementada pasando de uno a seis los diputados presentes en la Cámara tras las elecciones de febrero de 1918.

Tras la Dictadura llegó la Segunda República y, con ella, una mayoría socialista en las Cortes Constituyentes. Con 116 diputados la llamada “Minoría de Cemento” fue el apoyo fundamental para la aprobación de la Constitución de diciembre de 1931 y de todas las leyes sociales y progresistas que comenzaron la transformación del país. Dos fueron los campos primordiales de la actuación socialista en el Gobierno republicano-socialista: las leyes de protección y regulación de las condiciones del trabajo y

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resistencia heroica frente al fascismo, en una coyuntura internacional adversa y “traicionados” por las llamadas democracias occidentales, que no permitieron la existencia de la joven democracia española. Vino la noche de los tiempos. España se convirtió en una cárcel. Algunos consiguieron salir al exilio, pero la mayoría quedaron atrapados sin poder escapar de la represión. Y si con fortuna salvaron la vida, sufrieron cárcel, hambre y persecuciones.

la reforma e impulso de la enseñanza y la extensión de la cultura. Esto era demasiado para quienes durante décadas habían gozado de grandes privilegios y decidido sobre la vida de los más humildes. Los terratenientes y caciques, apoyados en la Iglesia y el Ejército africanista, unieron sus fuerzas para tirar por tierra toda posibilidad de mejora y progreso social de la mayoría. Se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Fueron tres años de

Los socialistas no se rinden. Entre 1943 y 1953 hasta seis Comisiones Ejecutivas fueron organizadas y detenidas por la policía franquista. Fueron muchas las penalidades y los sacrificios, pero la llama seguía viva…, aunque pareciera en ocasiones casi extinguida. Los sufrimientos no se olvidan, dejan huella. Se traga saliva, se contiene la rabia…, pero se sigue adelante. La muerte del dictador abrió la puerta a una nueva situación de libertades democráticas y en la primera convocatoria electoral, en junio de 1977, el socialismo vuelve a ser una fuerza

mayoritaria. Las raíces son profundas. Pudieron cortar la planta, pero no destruirla. Sus tallos volvieron a dar fruto. Las elecciones de 1977 reprodujeron con fidelidad los resultados electorales socialistas de 1931 y 1936, ¿casualidad? ¡No! Tradición familiar, raíces profundas, memoria histórica. Podemos llamarlo como queramos, pero el caso es que es una realidad que está presente, producto del esfuerzo de decenas de miles de compañeros que con su ejemplo y perseverancia en la defensa y la propagación de los ideales socialistas, pagando en muchas ocasiones con la propia vida, han hecho posible llegar a donde estamos en nuestros días. En los últimos 30 años, con altibajos, el Partido Socialista Obrero Español ha sido de nuevo la columna vertebral de nuestro sistema democrático. El impulsor de las principales mejoras sociales y culturales que hoy disfrutamos y así continuará siendo en los próximos años. Lo precisan las generaciones futuras y se lo debemos a cuantos nos han precedido en la defensa de la libertad y la lucha por el progreso y la igualdad social y económica.

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Redefiniendo las políticas de juventud para el siglo XXI Desde el pasado mes de diciembre de 2009 están teniendo lugar en el Senado las reuniones de la Comisión Especial de Estudio para la Elaboración del Libro Blanco de la Juventud en España 2020. La creación de un Libro Blanco y de una Comisión parlamentaria para su elaboración eran objetivos del programa electoral socialista para las elecciones del año 2008. El objetivo del Libro Blanco es sentar las bases para las prioridades políticas generales en relación con los jóvenes para los próximos años. Un acercamiento a los “objetivos de la década” en materia de Juventud, desde el punto de vista formal, con el replanteamiento de las competencias en la materia para aumentar la eficacia de las Administraciones Públicas, pero también desde el punto de vista material, para dar salida con políticas públicas al dinamismo de las demandas de los y las jóvenes, continuamente cambiantes. Hay que destacar que la práctica representación de senadores jóvenes en la Comisión se debe al Grupo Socialista, quien ha confiado en sus más jóvenes miembros para la tarea,

El objetivo del Libro Blanco es sentar las bases para las prioridades políticas generales en relación con los jóvenes para los próximos años. Un acercamiento a los “objetivos de la década” en materia de Juventud, desde el punto de vista formal, con el replanteamiento de las competencias en la materia para aumentar la eficacia de las Administraciones Públicas

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al contrario que otras formaciones, y en Paco Jiménez para la portavocía del Grupo en la Comisión. Junto con Paco Jiménez, contamos con Patricia Hernández (que a su vez es portavoz de la Comisión de Igualdad, de la que depende ordinariamente el Injuve), Fátima Ramírez, Ana Sánchez, Miriam Andrés, Esmeralda Iranzo y los más veteranos Mario Bedera, Pilar Pérez, Roberto

Lertxundi y Luis Manuel García, quien ocupa la Presidencia de la Comisión. Desde el PSC, y a través del Grupo de Entesa, participa también Judith Alberich, que además de senadora es una de las alcaldesas más jóvenes de Cataluña. “La mitad de nuestros miembros – aseguran en el Grupo Socialista - estamos en los treinta o treinta y pocos, pertenecientes aún a JSE o recién salidos de la organización, algunos compañeros son más veteranos, pero pidieron estar en la misma por su experiencia y trabajo previo en políticas de juventud… en ninguna otra coincidimos tantos jóvenes.” Ya en los años 90 hubo una “Comisión de Juventud” en el Senado, pero el senador Paco Jiménez asegura “de aquella comisión han pasado ya casi 20 años, nuestros problemas son diferentes, aunque se comparten algunos males, tratamos de analizar la realidad actual y la

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que se nos presentará en los próximos años y plantear soluciones… de alguna manera sí nos estamos replanteando las políticas de juventud que estamos llevando a cabo y las que deberemos hacer.” La celebración de la Comisión en el Senado responde a uno de los objetivos primordiales del replanteamiento de las políticas de Juventud: dar una perspectiva de coordinación en el reparto competencial entre las diferentes Administraciones, y qué mejor para ello que celebrar la Comisión en la cámara de representación de los territorios: el Senado. Desde el Grupo Socialista, nos indican “El primer objetivo es, probablemente, mantener abierto el debate sobre los principales problemas que afectan a los jóvenes del país, ser capaz de generar un foro donde se visualicen nuestros principales problemas, donde nosotros hablemos de nosotros mismos…” Con el impulso del Grupo Socialista y con el impulso del Gobierno a través del Instituto de la Juventud, se llegó a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios del Senado para la creación de la Comisión. Una de las primeras decisiones que se tomaron antes de constituir la propia comisión, nos cuenta Paco Jiménez, “fue establecer las áreas que íbamos a abordar, era imprescindible que encarásemos problemas que consideramos básicos, emancipación, formación, cultura… aquí libramos la primera batalla con la oposición que desde el principio nos ha metido palitos en las ruedas, finalmente decimos ocho áreas: perspectiva europea de las políticas de juventud; perspectiva de las administraciones públicas sobre políticas de juventud; el reto de la emancipación; políticas de igualdad; participación, voluntariado y cooperación; ocio y tiempo libre; cultura, creación joven y tic; y un eje sobre los principios y valores de la juventud en España”. La intención del Grupo Socialista en relación con los comparecientes que le correspondían en la Comisión no era la de convertirla en una

La intención del Grupo Socialista era hacer de la comisión un foro para que los jóvenes y quienes trabajan con los jóvenes y sus problemas desde la sociedad civil pudieran dar salida a sus inquietudes y sus realidades delante de los senadores y las senadoras, pudieran plantear cuáles son los retos que, como generación y como país, tenemos para el próximo decenio

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sucesión de cargos políticos, sino en la de hacer de la comisión un foro para que los jóvenes y quienes trabajan con los jóvenes y sus problemas desde la sociedad civil pudieran dar salida a sus inquietudes y sus realidades delante de los senadores y las senadoras, pudieran plantear cuáles son los retos que, como generación y como país, tenemos para el próximo decenio. Para ello hemos contado con algunos de los colectivos que han querido participar con nosotros en los dos Foros de Movimientos Sociales que ha celebrado JSE, en Barcelona y Valladolid, como la Federación de Planificación Familiar Estatal o CERMI. En palabras de Paco Jiménez, nuestro portavoz en la Comisión: “Si repasamos la lista de comparecientes observamos que hay de todo, concejales, directores generales, consejeros, expertos… aunque son estos últimos los que prevalecen. Intentamos evitar desde el principio que la comisión fuese un campo de batalla entre los distintos grupos políticos así que procuramos que los comparecientes fuesen grandes conocedores de las áreas que íbamos a abordar” Además, se han solicitado las comparecencias de miembros de las diferentes Administraciones competentes en materia de Juventud, como la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Irene García, o el Consejero de los Jóvenes y el Deporte de la Junta de Extremadura, Carlos Javier Rodríguez, o Pierre Mairesse, por la Comisión Europea, junto con personas cuyo conocimiento de los y las jóvenes se centra en el mundo académico, como

María Jesús Funes, coautora en la elaboración del Informe 2008 Juventud en España; Lorenzo Navarrete, profesor de Sociología de la Universidad Complutense. Podía caerse en el riesgo de que la Comisión fuera un debate sobre los problemas de los jóvenes de hoy, un debate de actualidad, en lugar de un debate con vistas de futuro. Nuestros senadores socialistas nos cuentan que “es inevitable hablar de presente, nosotros somos parte de la generación anterior y la posterior tendrá parte de nosotros. Es necesario abordar el presente pero con la suficiente perspectiva como para anticipar ese futuro inmediato con criterio y objetividad: presente, futuro, criterio, objetividad… son las principales variables que tienen presente los comparecientes, tengan un perfil más técnico o más político…”. Ahora que ya llevamos varias sesiones de la Comisión, nuestros senadores piensan que será necesario incluir algunas comparecencias nuevas así que se plantea más batalla con la oposición que desde el principio quiso encorsetar la comisión. “En alguna ocasión – relata Paco Jiménez - nos han dicho que falta la visión de jóvenes que sin representar a ninguna institución viven en primera persona los problemas que intentamos abordar, es decir, jóvenes licenciados en paro, emprendedores que han sacado adelante sus proyectos aún en la coyuntura socioeconómica actual… gente que no tiene el cartel de experto o de político pero que sufre en primera persona esos problemas de los que permanentemente hablamos, y que nos harían aterrizar en la realidad más cruda.” Y siempre se generan problemas con la actitud del PP, que “no ha estado a la altura de las circunstancias”. Nuestros senadores, sin embargo, aseguran que “aunque hay que tener en cuenta que en el Senado el Grupo Socialista no tiene mayoría, hemos conseguido una gran sintonía con esos grupos minoritarios que nos ha permitido arrastrar al PP a nuestras posiciones”.

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Igual trabajo, igual salario: Una cuestión de justicia social y de eficiencia económica España es el cuarto país europeo con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por la consultoría de recursos humanos Adecco junto con la Escuela de Negocios IESE a partir de los últimos datos disponibles en Eurostat.

Publicado el pasado mes de febrero, el estudio sitúa la diferencia media del salario que perciben un hombre y una mujer por realizar el mismo trabajo en un 34,5%, un dato que indica un fuerte incremento de la brecha salarial de género con respecto a estudios anteriores, que la cifraba entre el 20 y el 25% de media, y que de nuevo evidencia que la igualdad entre hombres y mujeres es otra de las grandes damnificadas por la situación de crisis económica que estamos viviendo. Además, según los estudios este incremento de la brecha salarial está afectando más a las pocas mujeres que ascienden a puestos directivos, que a las empleadas de base, un fenómeno que, según algunos expertos, se debe a que en épocas de incertidumbre e inestabilidad se tiene a

volver a modelos tradicionales, a "patrones paternalistas”. Este repunte de la diferencia de salarios y oportunidades de promoción laboral entre hombres y mujeres no es un fenómeno circunscrito tan sólo a nuestro país, sino que es general en toda la Unión Europea, tal y como ha denunciado la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia, Viviane Reding, quien ha advertido que la situación económica no puede servir de excusa para aumentar las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, y ha afirmado que estas diferencias no sólo son "moralmente indefendibles" sino que además suponen un "enorme coste económico". En la Unión Europea la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa

en un 17% de media. Es decir, una mujer europea tiene que trabajar 52 días más cada año para igualar su salario al de un hombre. En el caso de España la diferencia es mayor, ya que una mujer tendría que trabajar entre 418 y 450 días, dependiendo de los datos que manejemos, para ganar el mismo dinero que cobra un hombre por 365 días de trabajo Según Reding, eliminar esta diferencia aumentaría un 15% el PIB de la UE. Un dato que ha llevado a la Comisión Europea a sopesar la posibilidad de adoptar medidas que incluirían el endurecimiento de las sanciones contra los empresarios que incumplan el derecho a igual salario, el aumento de la transparencia en los salarios, o la presentación de informes periódicos sobre la diferencia salarial.

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Porque más allá de consideraciones sobre equidad, y justicia social y laboral, que no parecen ser suficientes para determinados sectores sociales y empresariales, la diferencia de salarios por razón de género, y las dificultades a las que se enfrentan las

mujeres a la hora de acceder a los puestos de responsabilidad, tanto en el ámbito público como en el privado, suponen para nuestra sociedad una enorme pérdida de talento, que a su vez conlleva considerables costes económicos. Es decir, se trata de un grave problema para nuestro sistema productivo, que se está mostrando incapaz de aprovechar de manera eficiente el talento y la formación de un 50% de la población activa. Un sistema que condena a las mujeres al desempeño de tareas que en muchos casos están por debajo de su cualificación, que desconfía de sus capacidades, y que incluso las llega a expulsar del mercado laboral ante la falta de expectativas de promoción o de reconocimiento de su valía. Cómo, si no, podemos explicar que en nuestro país, cuando hombres y mujeres tienen hijos a su cargo, la

tasa de empleo de las mujeres caiga 12,4 puntos y la de los hombres aumente un 7,3%. Un fenómeno relacionado con las dificultades que encuentran las mujeres para compatibilizar su vida laboral y familiar, y con un mero y frío cálculo económico: si alguien tiene que quedarse en casa, será quien menos salario cobre, o quien tenga menos posibilidades de ascender en su trabajo, y por tanto de incrementar los recursos económicos de la unidad familiar. Un modelo ineficiente, en el que siguen primando toda una serie de valores, estereotipos y roles sociales que deberían ser propios de otro tiempo, y que no se rige por criterios objetivos, y obvia una realidad innegable, que las mujeres hoy en día están igual formadas que los hombres, y que por lo tanto están tan recibir, por ello, la misma retribución que sus compañeros de trabajo por realizar las mismas tareas que ellos.

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Y para apoyar esta afirmación sólo es necesario mirar los campus de nuestras universidades, donde la presencia de la mujer es mayoritaria. Así, el 54,7% de los estudiantes universitarios de primer y segundo ciclo son mujeres, entre los graduados las mujeres alcanzan el 60,9%, y además, se titulan con mejores calificaciones que sus compañeros Sin embargo, a la hora de acceder al mercado laboral, títulos, calificaciones, capacidad de trabajo, cualificación no importan, o al menos no tanto como otras consideraciones ligadas a esos roles tradicionales del hombre y la mujer, que condenan a las mujeres a la precariedad – el 80% de los contratos temporales se realizan a mujeres- , y en muchos casos a la decepción que implica contemplar la falta de confianza en la validez y capacidad de las mujeres para desempeñar su trabajo. Un fenómeno que los expertos han denominado “techo de cristal”, y que para muchas mujeres parece más bien compuesto de hormigón o de acero, por las dificultades que encuentran para romperlo de manera definitiva, y competir de manera justa y equilibrada con sus compañeros de trabajo, a pesar de que, tal y como explicó la “cazatalentos” Eva Levy en el Foro Europeo de Mujeres Beijing+15, celebrado el pasado mes de febrero en Cádiz, las empresas que dan cabida a mujeres en su dirección mejoran sus resultados económicos. Por ello, es en tiempo de crisis cuando es más necesario reforzar las políticas de igualdad, y poner en marcha medidas que impidan que se dé un paso atrás, y que permitan mantener los avances ya conseguidos, y seguir dando pasos adelante. Gracias al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley reconoce sobre el papel la igualdad total entre hombres y mujeres, nos queda alcanzar la igualdad real. Afrontar los cambio decisivos que permitan asentar en nuestra sociedad que hombres y mujeres hemos de disfrutar de los mismo derechos y oportunidades en cualquier circunstancia y ámbito social.

Contamos con los instrumentos legales para conseguirlo, con una Ley de Igualdad que tiene, entre otros objetivos, la puesta en marcha de medidas que permitan concienciar a los ciudadanos de que la igualdad de género ha de ser una ambición de todos, y que beneficia al desarrollo social y económico de nuestro país. Y con otro factor fundamental, el compromiso político del Gobierno, imprescindible para concienciar a los ciudadanos, tal y como reconoce Viviane Reding, quien ha afirmado que ”los españoles son mucho más conscientes que en otros países sobre el hecho de que hay problemas que es necesario resolver" en materia de igualdad, debido a que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha

hecho de esta cuestión una prioridad de su mandato. Desde la llegada de la democracia España ha avanzado con enorme rapidez en la senda de la igualdad de género, hasta equipararse en muchos aspectos con los países de nuestro entorno. Pero todavía queda mucho por hacer, especialmente en el ámbito laboral. Podemos hacerlo porque realmente estamos comprometidos con la igualdad, porque estamos convencidos de que es de justicia que hombres y mujeres sean iguales, o por mero cálculo de eficiencia económica. Pero nuestra sociedad necesita que hombres y mujeres sean iguales de verdad, y en este sentido hemos de trabajar todos, porque a todos nos incumbe.

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Una Estrategia Nacional para una sexualidad sana, libre y responsable El pasado 3 de marzo se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una ley que tiene un objetivo fundamental que desde la derecha política y social se ha intentado pasar por alto de forma deliberada: reducir los embarazos no deseados en nuestro país. Para ello está previsto que se ponga en marcha una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que contribuya, a través de la formación y la información, a que los ciudadanos y, de manera especial los más jóvenes, puedan disfrutar de una sexualidad sana, libre y responsable. Según el Informe Juventud en España 2008 elaborado por el INJUVE, un 12% de las mujeres de entre 14 y 29 años que habían tenido relaciones sexuales completas se quedaron embarazadas sin desearlo. La media de edad en que esto ocurrió fue de 22,5 años, y casi la mitad (49,5%) de los embarazos no deseados terminaron en aborto. Así, de las 115.812 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizaron en nuestro país en el año 2008 (datos del Ministerio de Sanidad y Política Social), el 62% se practicaron a jóvenes menores de 29 años y el 37% a menores de 24. Un porcentaje muy alto de estos embarazos no deseados, y, por lo tanto, del número de abortos entre jóvenes y adolescentes, se podrían haber evitado proporcionando educación se-

xual desde edades tempranas, y garantizando el acceso a los métodos anticonceptivos. Éste es uno de los objetivos fundamentales de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que está elaborando el Ministerio de Sanidad y Política Social, pero no el único, porque tal y como reivindican los expertos, la educación sexual no sólo tiene que prevenir embarazos no deseados, sino también infecciones de transmisión sexual, comportamientos sexistas y homofóbicos, y la adopción de ideas estereotipadas sobre el sexo y las relaciones sexuales. La educación sexual hoy Así se refleja en un informe publicado por el Observatorio de la Salud de la Mujer en 2007, elaborado a partir de entrevistas con profesionales de los sistemas sanitario y educativo de todo el país. En dicho informe, son muchos los profesionales que opinan que los adolescentes cuentan hoy con menos información y de menor calidad acerca de las enfermedades de transmisión sexual y de los métodos anticonceptivos, y achacan esta falta de información a que han disminuido las campañas generales en los medios públicos, y a que se han limitado los recursos para llevar a cabo campañas o talleres de educación sexual en las escuelas. Además, critican que, en general, el acceso a otros métodos anticoncepti-

vos regulares que no sean el preservativo es bastante escaso y difícil, porque se han limitado los espacios a los que los adolescentes y los jóvenes pueden acudir con confianza y libertad, y también porque el control social permanece, por lo que siguen prefiriendo evitar al médico y el centro de salud de la familia. El resultado es que los jóvenes suelen acudir a los centros de salud sexual cuando se enfrentan a un problema, en lugar de hacerlo antes, cuando están a tiempo de aprender a evitarlo. Quizá uno de los problemas fundamentales es que existe una tendencia generalizada a creer que los jóvenes de hoy tienen información suficiente, e incluso a veces excesiva, en ma-

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teria de sexo. Que lo saben todo, que no necesitan ningún tipo de formación o educación suplementaria, y que cualquier “tropiezo” o mala experiencia se debe a que actúan de manera “alocada” e irresponsable. Pero la realidad confirma una y otra vez que estas afirmaciones son falsas, y que hoy más que nunca es necesario articular un sistema que ofrezca una formación e información adecuada y profesionalizada que facilite a los jóvenes herramientas para tomar decisiones sobre su vida sexual de una manera meditada y responsable, que les permita hacer frente a los continuos estímulos y presiones que reciben de su entorno más cercano, de los medios de comunicación o de la publicidad.

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Porque, a pesar de que vivimos en una sociedad muy diferente a la de hace veinte o treinta años, persisten entre los adolescentes los mismos mitos, falsas creencias, rumores, y medias verdades en cuanto al sexo con las que tuvieron que convivir sus padres. Las preguntas que se plantean en las dinámicas que se llevan a cabo en los institutos siguen siendo “las de siempre”. Así, educadores y profesionales del entorno sanitario afirman que los jóvenes saben mucho menos sobre sexo de lo que los adultos creen, y lamentan que hoy existan menos posibilidades de intervenir para darles una información apropiada que les ayude a discernir y a discriminar entre la maraña de “información” que reciben.

El sexo se ha convertido en una constante en nuestras vidas, en un tema con el que convivimos diariamente, hasta el punto de que, tal y como afirman la mayoría de los profesionales entrevistados para el informe anteriormente citado, “hoy, la educación sexual con mayor presencia y mayor peso la imparten las series de televisión, las revistas femeninas para adolescentes, la publicidad y la pornografía en Internet”. Y a pesar de ello, desde determinados sectores sociales, se ponen pegas al establecimiento de este tipo de formación, porque consideran que no es beneficioso para los jóvenes. Insisten en que la educación sexual es “cosa de los padres”, su responsabilidad exclusiva, y que cualquier

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entre jóvenes y adolescentes de la posibilidad de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Los jóvenes y adolescentes asocian el SIDA y las ETS con la pobreza, la homosexualidad, o un determinado tipo de personas cuya imagen está muy alejada de la que tienen de ellos mismos. No conciben que alguien que es como ellos, o que viste bien, tiene una buena apariencia y parece tener una buena situación económica pueda contagiarles algún tipo de enfermedad. También despiertan gran inquietud entre los profesionales determinadas actitudes tradicionales e incluso excesivamente conservadoras, que hacen que, a pesar de la mayor autonomía de la mujer, el sexo siga siendo entre los jóvenes un elemento de presión, y que persistan comportamientos posesivos y de dominación. Actitudes machistas. intento realizado desde el ámbito de lo público de proporcionar este tipo de formación supone una injerencia intolerable que sólo puede tener efectos negativos, porque, según afirman, puede contribuir a fomentar el inicio en las relaciones sexuales a edades más tempranas. Una postura que no comparten profesionales como las responsables de uno de los centros jóvenes en la Comunidad de Madrid de la Federación de Planificación Familiar Estatal, que sin negar la responsabilidad fundamental que tienen los padres a la hora de educar a sus hijos, piden que se tenga en cuenta que la educación sexual está plenamente relacionada con la estabilidad física y mental de los jóvenes y con su capacidad para desarrollarse plenamente como personas, lo que la convierte en un asunto de salud pública que nada tiene que ver con la moral. Además, no podemos olvidar que en la mayoría de los casos se habla poco o nada sobre estos temas en el entorno familiar. El pudor y las dudas sobre cómo abordar los asuntos relacionados con la vida sexual y afectiva acaba imponiendo, en la mayoría de los casos, el silencio, o un diálogo lleno de vaguedades que ni aclara dudas, ni permite establecer un clima

de confianza. Eso lleva a los jóvenes a acudir a otros “agentes”, la mayoría de las veces el grupo de amigos, que desgraciadamente suelen adolecer de la misma falta de información que aquellos que la solicitan. Así, cuando los padres intervienen ya se haya superado la etapa de prevención y se está “frente al problema”. Es por ello, que los profesionales instan a poner en marcha programas que, por un lado, disminuyan la angustia de los padres, y, por otro, generen espacios de diálogo con los hijos, uno de los objetivos de la actual Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que está elaborando el Ministerio de Sanidad y Política Social. ETS, homofobia y roles sociales y sexuales Y si el objetivo fundamental de esta Estrategia es la prevención de los embarazos no deseados, tampoco podemos olvidar asuntos tan fundamentales como son la prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual, y de determinados comportamientos y actitudes relacionados con los roles sexuales, con el cuándo, con quién, cómo o porqué. Son mayoría los profesionales que advierten sobre la falta de conciencia

Los celos se valoran como signo de cariño, y las actitudes de posesión, chantaje emocional y presiones ante la primera relación sexual son habituales, lo que lleva, según advierten, a que estas primeras relaciones no sean hoy más libremente aceptadas ni más satisfactorias que lo eran antes. Especialmente en el caso de las chicas, a las que se presiona para que “cedan”, y al mismo tiempo y de forma paradójica, se las estigmatiza si se muestran activas y toman la iniciativa. Se desarrollan relaciones absorbentes y posesivas, en las que continuamente se piden cuentas al otro y no se respeta su libertad individual. Relaciones especialmente problemáticas para las chicas, que se enfrentan a dos grandes problemas: Por un lado, porque aunque es cierto que ha habido una evolución, y que son concientes de que pueden exigir el uso del preservativo y decir que no o que sí, a la hora de tomar una decisión, tienen miedo de que ésta no sea respetada, a decepcionar a su “pareja” y provocar su rechazo, o incluso a ser juzgadas de manera negativa si se atreven a hacerlo. Por otro, los profesionales afirman que persiste una tendencia que afec-

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IGUALDAD ta a chicos y chicas, a no reconocer de manera plena la libertad sexual de las chicas, y relacionan este fenómeno con el papel que juegan fundamentalmente los medios de comunicación (televisión, cine y publicidad principalmente), que contribuyen a reforzar los papeles tradicionales asignados a hombre y mujer en los roles más estereotipados, al tiempo que generan una corriente de frivolidad y exigencia que influye en cómo los adolescentes y los jóvenes están viviendo su sexualidad. “En efecto, en la publicidad y en la televisión, elementos centrales en la configuración de los imaginarios sociales actuales, se les incita constantemente a que consuman sexo y se frivoliza a menudo con la sexualidad. Para empezar, se la suele reducir a lo genital, y al sexo se le atribuye la calidad de mercancía, de arma de la que valerse, de objeto para jugar, desplazando por completo la sexualidad de su origen, vinculado a la emoción. Al mismo tiempo, en otra parcela de la televisión y también en parte del cine, se le da frecuentemente una imagen graciosa, divertida y simpática que obvia los riesgos de salud que conlleva si no se toman –como nunca ocurre en las películas– medidas de prevención”, se afirma en el informe. Acciones eficaces y a tiempo Para los profesionales, el problema fundamental es que estos jóvenes y adolescentes se encuentran en un momento vital en el que se concentran numerosas expectativas, que se refuerzan por el vacío de información explícita previa, un problema que desde su perspectiva, se puede combatir a través de una educación sexual “entendida ampliamente desde la primaria”. Una educación que dé a los niños pautas acordes con esa etapa de su vida, y que al mismo tiempo los prepare para que su adolescencia no sea una sucesión de expectativas frustradas. Ofrecerles una formación que salga de la esfera únicamente coital y reproductiva, y aborde los contenidos con una perspectiva acorde a cada etapa de la vida, tal como se hace, según sugieren, con las matemáticas.

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“El conocimiento del cuerpo, la higiene, las habilidades sociales, las relaciones afectivas son algunos de los ejes que podrían recorrerse a lo largo de todo el crecimiento de un niño hasta que alcance prácticamente la mayoría de edad. En este proceso poco a poco irían apareciendo elementos más específicos de prevención de enfermedades de transmisión genital y de anticoncepción, que no son los temas que más les preocupan ni siquiera cuando ya tienen relaciones coitales, porque a los 12 años, como a los 14, lo que más les importa, mayoritariamente hablando, es su desarrollo corporal, y a los 15 o 16, si ya tienen relaciones coitales, lo que sobre todo les preocupa es que no los pillen”. Así se conseguiría acompañar su proceso de maduración con la información y la formación que requieren en cada momento. Hablar de la sexualidad a través de planteamientos no relacionados directamente con las relaciones eróticas, pero que permitirían abordarla de modo que se eviten riesgos indeseados. “Empezar a trabajar la sexualidad en Primaria significa poder empezar a hablar con ellos cuando no hay urgencia, cuando no hay apenas riesgos y la capacidad de asimilación es mucho más alta que después, cuando ya se han cargado de prejuicios y se mueven en esquemas bastante cerrados. En este sentido, como sugería

otro profesional entrevistado, hay que plantear la educación sexual tomando en cuenta tres cosas que a veces no se distinguen: lo que pueden saber, según sus capacidades intelectuales y cognitivas; lo que necesitan saber, con vistas a que su educación sea integral, y lo que quieren saber, estimulados por el entorno”. De otra manera, afirman, se llega tarde para evitar no sólo el riesgo del contagio de enfermedades de transmisión sexual y los embarazos imprevistos, sino otro tipo de trastornos asociados con la forma con la que se trata el sexo en nuestra sociedad, donde el mundo de las emociones y los sentimientos pasan a un segundo plano, por detrás del coito en sí mismo, y donde la belleza, el culto a la imagen es un requisito indispensable para el éxito también en las relaciones personales. El objetivo final, el que quiere conseguir la Estrategia que está elaborando el Ministerio, es conseguir que los más jóvenes tengan criterio y capacidad crítica a la hora de decidir sobre su propia vida sexual, darles herramientas para que se enfrenten a toda la serie de cambios físicos y hormonales que sufren a esta edad, con mayor capacidad para tomar decisiones meditadas y responsables, y para respetar al otro sexo y otras opciones sexuales. Una sexualidad sana y responsable para una sociedad mejor.

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De Kioto a Cancún pasando por Copenhague La lucha contra el cambio climático continúa La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, que se celebró en Copenhague, Dinamarca en diciembre de 2009 parecía ser la mejor oportunidad para abordar una estrategia integral que regulase las emisiones a la atmósfera de gases invernadero y el comercio internacional de derechos de emisión. Pero una vez más, no hubo acuerdo entre las grandes potencias que priorizaron su propio interés al interés general, mucho más pendientes de la especial coyuntura económica que estamos atravesando, que de la necesidad de tomar medidas serias para frenar el proceso de calentamiento del planeta. Organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que celebra conferencias anuales desde 1995 con la meta de preparar futuros objetivos para reemplazar los del Protocolo de Kyoto, en ella se acreditaron 34.000 personas procedentes de 192 países.

Para conseguir este objetivo, los países debían marcarse objetivos intermedios. Así, los países industrializados deberían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 25% y un 40%, respecto a los niveles de 1990 en el año 2020, y deberían alcanzar una reducción entre el 80% y el 95% para 2050.

Esta cumbre fue la culminación de un proceso de preparación que se inició en Bali en 2007, con una "Hoja de Ruta" adoptada por los países miembros, y tenía como objetivo la conclusión de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que se aplicara a partir de 2012, y que significara la reducción mundial de las emisiones de CO2 en al menos un 50% en 2050 respecto a 1990.

Para facilitar las negociaciones en pro de la consecución de un acuerdo vinculante que incluyera objetivos nacionales de reducción de emisiones y cifras de financiación a países en desarrollo, los países de la UE acudieron por primera vez unidos en un solo bloque. Una sola voz para todos los países miembros, un único objetivo, y un compromiso previo que pretendía garantizar que la cumbre fuera un éxito.

UN / Eskinder

Ya que previamente los países miembros de la UE habían llegado a un compromiso que incluía recortar en 2020 sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) un 20% con respecto a los niveles de 1990, recorte que se podía elevar al 30% si otros países realizan "esfuerzos comparables, admitían que los países en desarrollo necesitarían alrededor de 100.000 millones de euros anuales a partir de 2020, de los que entre 22.000 y 50.000 millones de euros debían proceder de la financiación pública internacional, y asumían que antes de la entrada en vigor de un nuevo texto legal para sustituir al Protocolo de Kioto, había que adelantar entre 5.000 y 7.000 millones de euros anuales para el periodo 2010-2012. Pero a pesar del rayo de esperanza que suponía que la UE acudiera a la

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cumbre con los deberes hechos y dispuesta a conseguir un acuerdo firme y vinculante, ya desde su comienzo quedó claro que iba a ser muy difícil que Copenhague cumpliera las expectativas que sobre ella se habían despertado, y que conseguir llegar a un buen acuerdo iba a resultar muy complicado. Así fue. Después de muchas negociaciones y grandes desencuentros, en la última noche se gestó el acuerdo final entre cuatro grandes países emergentes y EE.UU. en una reunión convocada por el primer ministro de China, Wen Jiabao, en la que participaron los presidentes de India, Brasil y Suráfrica, incorporándose después el presidente de EE.UU. Un acuerdo, propuesto por India, con el que se intentó “salvar la cara” y evitar que la cumbre fuera un completo y absoluto fracaso, y que implicaba la firma un tratado no vinculante. El texto tiene solo tres folios e incluye de forma orientativa la reducción de emisiones que cada país presentó a la cumbre, aunque los países se comprometían a presentar las reducciones definitivas el 3 de febrero de 2010. El pacto no incluye la verificación de emisiones que rechazaba China. La

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transparencia se limita a un sistema "internacional de análisis y consultas" por definir, estableciéndose que cada país comunicará sus emisiones a la ONU respetándose la soberanía nacional. Las reducciones de emisiones que se hagan con dinero internacional sí están sujetas a un completo sistema de comprobación. Y aunque mantiene el objetivo de que la temperatura global no suba más de dos grados centígrados, sobre cuándo las emisiones deberán alcanzar su máximo sólo se dice que "lo antes posible”, sin fijar ningún plazo ni criterio. El único acuerdo concreto logrado en la cumbre fue la creación de un fondo global de 100.000 millones de dólares financiado por los países ricos para combatir el cambio climático en los países pobres. Así, en el último momento se consiguió evitar que la cumbre se cerrara sin haber logrado ningún compromiso, pero lo acordado distaba mucho de cumplir con los objetivos iniciales. De hecho, la mayoría de los movimientos ecologistas y organizaciones no gubernamentales presentes en la conferencia de Copenhague expresaron su desilusión. Advirtieron que el acuerdo conseguido era insuficiente, y condenaron que no

haya objetivos para los recortes de carbono, ni un tratado legalmente vinculante, al tiempo que consideraron la creación de un fondo global de 100.000 millones de dólares como insuficiente. En cuanto a los países que aceptaron el acuerdo alcanzado “in extremis”, aunque la mayoría de ellos mostraron su decepción por los magros resultados obtenidos, quisieron mostrarse optimistas, y señalaron que éste podía ser la base para negociaciones más ambiciosas. Pero tampoco faltaron las críticas por parte de los países en desarrollo, que insistieron en que las naciones industrializadas, responsables de la mayoría de la contaminación, deberían pagar la mayor parte del costo para mitigar los efectos. La próxima cita es la XVI Conferencia sobre Cambio Climático, que se celebrará en Cancún, México, el próximo mes de noviembre. Tras lo sucedido en Copenhague, parece que la comunidad internacional ha decidido no crear demasiadas expectativas, una postura que contrasta con las ONG y movimientos ciudadanos, que reivindican para este encuentro un mayor compromiso que permita alcanzar a los acuerdos que no fueron posibles en Dinamarca.

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al poder. No en vano, el presidente del Gobierno fue uno de los primero líderes políticos en asumir la gravedad de las consecuencias del cambio climático, y en comprometerse a poner en marcha medidas para combatirlo.

Y a pesar del fracaso de Copenhague, hay lugar para la esperanza. De hecho las reacciones de los líderes políticos al finalizar la cumbre demuestran que los dirigentes mundiales son cada vez más conscientes de que es necesario tomar medidas serias que afronten este problema y den soluciones eficaces. Saben que no pueden seguir ignorando de manera indefinida las demandas de una ciudadanía cada vez más concienciada y comprometida ante este proceso. Hasta ahora las motivaciones económicas han condicionado la posibilidad de llegar a acuerdos para conseguir un compromiso claro de reducción de las emisiones de gases invernadero, y ha resultado muy difícil hacer comprender que las implicaciones de este proceso y sus consecuencias van mucho más allá de los puramente económico o medioambiental. El cambio climático es ya una de las principales causas de la pobreza, y son muchos los científicos que lo relacionan directamente con algunos graves desastres naturales que se han producido en los últimos años. Hoy hablar de otro mundo posible significa, más que nunca, luchar contra la pobreza y contra el cambio climático. Todos los expertos nos están diciendo que los efectos del cambio climático serán más, y más virulentos con los que menos tienen. De modo que todos los países desarrollados o en vías de desarrollo nos enfrentamos a problemas tales como el terrorismo internacional, las pandemias, o los movimientos migratorios que en mayor o menor medida

están relacionados o se van a agravar como consecuencia del cambio climático. Problemas a los que difícilmente podremos hacer frente de forma individual. Por ello, se hace cada vez más necesaria una postura común que permita aunar esfuerzos ante problemas comunes. Y aunque hasta ahora no hemos sido capaces de articular un compromiso global para detener y paliar los efectos del cambio climático, cada vez resulta más difícil para los dirigentes mundiales explicar las causas por las que se sigue retrasando la toma de decisiones serias. Porque se trata de un problema que ya forma parte de nuestro presente, y si no se ponen en marcha acciones decididas, condicionará de manera irreparable el futuro de toda la Humanidad. Ya no caben medias tintas ni soluciones de compromiso, y es en este punto donde han de jugar un papel fundamental los ciudadanos, que han de reivindicar mayor compromiso político, y pedir explicaciones ante cualquier titubeo por parte de aquéllos que tienen en su mano poner en marcha medidas y soluciones. En el caso de España, además, hay que recordar que, aunque todavía haya algunos que se permitan dudarlo y que lleguen a frivolizar sobre el tema con declaraciones y afirmaciones fuera de lugar, es uno de los países más vulnerables al calentamiento global. Ésa ha sido una realidad que ha tenido en cuenta el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde su llegada

Así lo demuestra el hecho de que desde el año 2006 nuestro país no haya dejado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o que se hayan puesto en marcha medidas como la Ley que regula el Comercio de los Derechos de emisión, los Planes Nacionales de Emisión, la Estrategia Española de Cambio Climático, el Plan de Acción de Eficiencia Energética, o la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Pero todos somos conscientes que no basta con el compromiso individual que haya podido adquirir un Gobierno determinado. La lucha contra el cambio climático requiere acciones globales. Ése ha sido uno de los objetivos del Gobierno de España, durante su presidencia de la Unión Europea: tomar la sostenibilidad como eje conformador de un nuevo modelo económico tanto para nuestro país como para la Unión Europea. Así, se ha impulsado el Plan de Acción Europeo de la Energía y la puesta en marcha de la Agencia Europea de Cooperación de reguladores, con el objetivo de asegurar a la sociedad el acceso a una energía limpia, segura y a precios adecuados para su bienestar y progreso basada en la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad de suministro. Ahora cabe esperar que nuestros dirigentes políticos sean exigentes y se muestren capaces de consolidar la unidad de acción de la UE, y que ésta sirva para que Europa se convierta decisiva a la hora de tomar decisiones. Es lo deseable, y lo que esperan cada vez más ciudadanos de nuestro país, y del mundo. Porque, a pesar de algunos escépticos de la derecha, no deberíamos dejar pasar la oportunidad que se nos vuelve a presentar, en el horizonte, en México.

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México 2010 una última oportunidad “Tomamos nota del acuerdo” fue la conclusión a dos semanas de reunión y más de dos años de intenso trabajo tirados por la borda. El encuentro de Copenhague, se había señalado como la fecha clave para cambiar nuestro rumbo climático, pero lamentablemente la indiferencia y la “sordera intencionada” de los líderes políticos hizo que se perdiera esta oportunidad. Celia Barbero Sierra y Arantxa García- Fundación IPADE La cumbre de Copenhague esperaba convertirse en un hito histórico para el clima, la comunidad internacional y sobre todo la sociedad civil esperaba salir de la COP15, con un acuerdo internacional justo, ambicioso y jurídicamente vinculante, que significara un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo Copenhague pasará a la historia como una fecha anodina. La Hoja de Ruta de Bali, estableció en 2007 las líneas de trabajo en materia de cambio climático para los dos años de negociaciones que transcurrirían antes de Copenhague. El desarrollo de las negociaciones se articuló en dos vías: 1.- La primera de ellas trataría de dar continuidad al protocolo de Kioto más allá de 2012, promoviendo que los países ricos (menos Estados Unidos) acordaran nuevas obligaciones de reducción de emiUN / Mark Garten

siones, más ambiciosas que las ahora vigentes. 2.- Para dar cabida a todos los países en la lucha contra el cambio climático, también se puso en marcha el grupo de trabajo para la Acción de Cooperación a Largo plazo, que pretendía alcanzar: recortes de emisiones para EEUU comparables con los asumidos por el resto de los países desarrollados en la sucesión de Kioto; límites de emisiones en los países en desarrollo basados en apoyo técnico y financiero para lograrlo; y la movilización de financiación para la adaptación de los países empobrecidos a los efectos del cambio climático. A pesar de que las líneas de trabajo estaban claramente definidas, las partes implicadas en la negociación no fueron capaces de alcanzar ninguno de los objetivos esperados para

estos dos años de trabajo. De hecho, el desenlace de dos semanas de malentendidos y constantes retrocesos en la negociación de los textos, fue un acuerdo sin contenido, que ni tan siquiera fue adoptado por la COP.

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MEDIO AMBIENTE El Acuerdo de Copenhague, fue ideado por Estados Unidos, China, India, Brasil y Sudáfrica, sin considerar a la Unión Europea y posteriormente fue discutido con 25 jefes de Estado, perdiéndose la esencia de las negociaciones plurales de las conferencias de cambio climático de Naciones Unidas. Se generó de manera tan improvisada que no da ninguna respuesta concreta. Son tres páginas de generalidades, que no se han adoptado en el marco de la COP, ya que varios países en desarrollo (Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Sudán) decidieron no asumirlo, ya que lo consideraban insuficiente y excluyente. Por este motivo, la COP sólo “tomó nota” del acuerdo, que quedó abierto para la inscripción de cada país (a mediados de junio de 2010 más de 120 países lo han suscrito) y lo único que se concretó es la continuidad de las negociaciones basadas en los textos oficiales producidos a través del proceso formal de Naciones Unidas. Lamentablemente lo que debía haber sido un acuerdo ambicioso, justo y vinculante, quedó en un mero acuerdo para continuar reuniéndose. Hay que seguir adelante Tras el fracaso de la COP15, es imprescindible que sigamos trabajando y seamos capaces de aprovechar la oportunidad crítica en la que nos encontramos para alcanzar un acuerdo eficaz para la lucha contra el cambio climático. Reconducir el proceso para que en México se alcance lo que no se logró en Copenhague, pasa por: 1.- Mantener e incrementar la presión y social, para que los líderes políticos sean conscientes de que ésta es la última oportunidad y de que si no son capaces de dar una respuesta contundente, tendrá consecuencias electorales. 2.- Fortalecer y actualizar la información científica y apostar por programas de comunicación y sensibilización, para que día a día la ciudadanía sea más consciente de los impactos del cambio climático y del potencial de cada persona y de la sociedad como agente de cambio hacia modelos de desarrollo más sostenibles, justos y equitativos.

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Tanto el liderazgo político como la presión social deben dirigirse a conseguir en México un acuerdo ambicioso, justo y vinculante, en el que no falten los siguientes elementos: • Los países desarrollados asumen metas de reducción del 40% respecto a los niveles de 1990 para 2020 y esa reducción se fundamenta en medidas de recorte a nivel nacional. • Los países en desarrollo limitan el crecimiento de sus emisiones y ejecutan planes de adaptación con apoyo financiero y tecnológico. • Se incrementa la movilización de financiación para adaptación a corto plazo (2010-2012) y se asume un mínimo de 100.000 millones de dólares anuales de financiación para adaptación para el año 2020. • Se reconoce de modo formal la adicionalidad de los fondos de adaptación y mitigación, respecto a los compromisos previos de los países

ricos de destinar el 0.7% de su renta nacional a la ayuda al desarrollo.

bles (mujeres, comunidades locales y pueblos indígenas, etc.).

• Se establece un nuevo mecanismo financiero global, gobernado por una representación equitativa de todos los países y eficaz en el suministro de fondos para la adaptación y mitigación de los países en desarrollo, implementando estrategias de acceso a la financiación que favorezcan a los grupos más vulnera-

Si la COP16 pretende ser la cumbre en la que se consiguió una solución y no un mero encuentro más, en el que mantener una estructura de encuentro internacional, en la que no se soluciona nada, estas cinco prioridades deben encabezar las movilizaciones sociales y convertirse en los puntos clave de la agenda de los negociadores.

Referencias CAMBIO CLIMÁTICO: Copenhague se hunde. http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93814

Khor, M. 2010. The Real tragedy of Cophenhagen. Economic and political. Vol XLV No1.

CAN International. Fair Ambitious and Binding. Essentials for a successful climate deal.

La Presidencia española de la UE, al rescate del liderazgo europeo en cuestiones climáticas. http://www.plataformasinc.es

Costa Morata, P. 2007. Todos contra el cambio (climático), pero sin el cambio (socioeconómico). Tiempo de Paz nº85. Drexhage, J. 2009. The Barcelona Negotiations on Climate Change: Where the Spirit is willing? An IISD Commentary. Empresas y Cambio Climático. El reto de convertir los desafíos en oportunidades. EsPosible. La revista de la Gente que actúa. Nº1.Enero 2010.

La UE es incapaz de superar el fracaso de Cophenague. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/UE/inca paz/superar/fracaso/Copenhague/elpepisoc/201001 17elpepisoc_4/Tes Nieto, J. y Jiménez, D. 2010. Presidencia española de la Unión Europea 2010: Prioridades para el cambio climático y una economía baja en carbono. http://www.falternativas.org/opex/documentosopex/documentos-de-trabajo

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm Intermon Oxfam.Un clima de vergüenza: volved a la mesa. Análisis de la reunión sobre el clima en Copenhague. Nota informativa de Oxfam Internacional. 21 de diciembre de 2009.

Nota sobre los principales resultados de la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de NNUU sobre cambio climático. http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/p df/Nota_resultados_COP15.pdf

Khor, M. 2009. Talks end with “noting” The Star. 21 de diciembre de 2009.

EEUU arremete contra la “caótica” Cumbre del Clima. ELMUNDO.es. jueves 14/01/2010.

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acciones contra el cambio climático

Está claro que sin un acuerdo global a alto nivel que comprometa a todos los países del mundo en la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, y en la puesta en marcha de medidas que permitan parar el cambio climático y paliar sus efectos, el problema irá a más. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros, como ciudadanos, tenemos mucho que decir y hacer para contribuir en esta lucha que es y tiene que ser de todos

De nada sirve lamentarse por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto, o por la falta de un acuerdo vinculante en la cumbre de Copenhague. Es el momento de pasar a la acción, de exigir, pero también de demostrar nuestro compromiso, y de poner nuestro granito de arena para reducir las emisiones y parar el cambio climático. Basta con realizar pequeños cambios, algunos de ellos casi imperceptibles, en nuestros hábitos de vida diarios, para conseguir ahorrar energía y contribuir a la reducción de las emisiones de gases a la atmósfera. Pero para ello, primero tenemos que tener en cuenta, y ser perfectamente conscientes de que las familias ejercen un efecto directo sobre el consumo de energía en nuestro país, y por lo tanto sobre las emisiones de CO2. Actualmente, los más de 14,5 millones de hogares que hay en España consumen aproximadamente el 30% de toda la energía nacional. Este consumo se reparte entre la demanda de energía de la propia vivienda (18%) y el uso del coche particular (12%), un uso que en muchos casos podemos evitar. También conviene saber que los desplazamientos en coche inferiores a 3 kilómetros, es decir, la mayoría de los que realizamos dentro de nuestra ciudad, son los que más contaminan, debido a que el motor está frío y su combustión no es óptima. Por ello, nos permitimos ofrecer 10 consejos muy simples, y fáciles de realizar para que tú contribuyas a la

lucha contra el cambio climático, 10 acciones que te pueden convertir en uno más de los muchos comprometidos de verdad, de los que dan ejemplo y demuestran a los dirigentes mundiales que éste es un problema que sí importa a los ciudadanos, y que no vamos a consentir más fracasos ni acuerdos de mínimos. Acciones ciudadanas para luchar contra el cambio climático Apaga por completo los equipos eléctricos. Los televisores, los descodificadores digitales, las videoconsolas, los equipos de música y todos los demás aparatos eléctricos que tenemos en casa siguen consumiendo energía cuando los dejamos en posición standby (con el piloto luminoso encendido). Este consumo en standby puede parecer en principio inapreciable, pero multiplicado por millones de hogares, llega a representar un gasto realmente significativo de energía y, además, totalmente inútil. Este consumo “fantasma” puede suponer a una familia media cerca del 12% de su factura anual de electricidad. Con esta energía se podrían abastecer durante todo un mes seis ciudades como Madrid. Tan sólo desenchufando el cargador del móvil al final de la carga evitaríamos entre la contaminación equivalente a la que producen más de 100.500 coches en circulación durante un año.

Utiliza el vehículo privado sólo cuando es imprescindible. El coche representa el 12% del consumo de energía de las fami-

lias españolas y supone un gasto medio anual en combustible de 1.200 € al año. El transporte es uno de los sectores más perjudiciales para el calentamiento global, y de los que más está contribuyendo a agravar el problema del cambio climático, debido al uso creciente e incontrolado del automóvil en las ciudades. Conecta varios equipos eléctricos a una regleta con interruptor. Así podrás desconectarlos todos completamente con un solo “clic”.

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Presta atención a las ventanas. Cerca de la mitad de la factura energética de las viviendas españolas se destina a calefacción y refrigeración. Un tercio del gasto en calefacción se debe a las pérdidas de calor que se producen por ellas. Los sistemas de doble ven-

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dad. Usa programas de baja temperatura. El uso de lavavajillas genera cerca de 400 mil toneladas de CO2 al año y un gasto de 163 millones de en electricidad en los hogares españoles. El 90% de la energía que consume un lavavajillas se utiliza para calentar el agua de lavado, y sólo el 10% restante es la que hace funcionar el motor. Al comprar un equipo informático, asegúrate de elegir equipos que lleven el sello Energy Star, que pasan a un estado de reposo en el que el consumo es como mucho un 15% del normal cuando ha pasado un tiempo sin haber sido usado.

La pantalla es la parte del ordenador que más energía consume, más cuanto más grande sea. Los monitores con pantalla LCD (de cristal líquido) consumen entre un 50 y un 70% menos energía en modo encendido que los monitores convencionales. Activa la función de ahorro de energía en tu sistema operativo y utiliza un salvapantallas negro (los que usan fotografías son muy brillantes y consumen más). Apaga el monitor en ausencias breves, y si son más prolongadas, más de media hora, apaga por completo el equipo.

tana consiguen reducir estas pérdidas a la mitad, en comparación con un acristalamiento sencillo. Una carpintería de marco de aluminio o hierro tiene grandes pérdidas térmicas por su alta conductividad, siendo preferibles los marcos de madera y las que tienen rotura de puente térmico. Además, baja los toldos, cierra las ventanas y corre las cortinas en las horas de más calor del verano. De cara al invierno instala burletes en puertas y ventanas para evitar pérdidas de calor y apaga la calefacción cuando te vayas a dormir. A la hora de comprar un electrodoméstico, fíjate en la energía y el agua que consumen y opta por los de calificación A. Si se cambiase todo el parque de frigoríficos actualmente existente en España por aparatos de efi-

ciencia energética clase A, se produciría una reducción de energía equivalente a la energía eléctrica que consumen 1.000.000 de hogares en un año. Así por ejemplo, un frigorífico de clase A puede consumir un 39% menos de energía que uno de clase C. Eso supone evitar la emisión de más de una tonelada de CO2 a lo largo de la vida del aparato y un ahorro de más de 300 €. Una lavadora de clase A puede consumir un 40% menos de energía que una de clase D. A lo largo de la vida útil del aparato eso supone evitar la emisión de media tonelada de CO2, así como un ahorro de más de 200 € en la factura eléctrica. Además consume menos agua: 35.000 litros menos.

Al poner la lavadora o el lavavajillas ajusta al máximo la capaci-

Recicla. El 65% de lo que tiramos a la basura se puede reciclar. Por cada botella de vidrio que se recicla se ahorra la energía que necesitan cinco bombillas de bajo consumo de 20 W para funcionar durante 4 horas.

Sé exigente con los poderes públicos. Exige a los poderes públicos que apuesten por el medio ambiente y por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si todos nos mostramos activos y comprometidos en la lucha contra el cambio climático, será más fácil influir sobre los poderes públicos y conseguir un mayor compromiso político en este objetivo.

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Innovación, formación, solidaridad y eficiencia. Valores de toda una generación en la economía sostenible Ha llegado el momento de cambiar, de dar un giro de 180 grados al modelo económico de nuestro país. Iniciar una nueva andadura que nos permita superar una etapa en la que nuestro crecimiento económico se ha basado fundamentalmente en el boom de la construcción y en la especulación, cambiar las reglas del juego y hacer una gran apuesta de renovación que permita a nuestro país volver a crecer con fuerza y de manera más sostenible, creando empleo, y construyendo una sociedad más equitativa que mantenga y desarrolle la cohesión social y el bienestar social. Ya no hay excusas que impidan afrontar este importante reto, pocos se atreven a defender un modelo económico basado en el ladrillo y la especulación que se ha derrumbado como consecuencia de la crisis económica y financiera internacional. Un modelo que ha demostrado estar asentado sobre cimientos de barro. Hasta ahora cada intento de cambio se había visto dificultado por la oposición de aquéllos que se estaban beneficiando del “boom” de la especulación urbanística, que, con el apoyo de la derecha, que no sólo fue incapaz de detectar los fallos de nuestro sistema productivo, sino que no ha dejado de fomentar el urbanismo más salvaje, han hecho todo lo posible por frenar los cambios emprendi-

dos a partir de 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero cada vez son más los ciudadanos que tienen claro que Rajoy se equivoca cuando propone que se vuelvan a poner en marcha las políticas del 96, las que el PP implantó cuando llegó al Gobierno, las mismas que contribuyeron al crecimiento desproporcionado de la burbuja inmobiliaria, que redujeron los presupuestos educativos. Cada vez somos más los ciudadanos que sabemos que es el momento de hacer políticas de y para el siglo XXI, de impulsar una nueva economía que mantenga el afán por las políticas sociales, que fortalezca nuestra capacidad competitiva e innovadora, y que nos permita salir fortalecidos de la crisis.

Pero ¿cómo debe ser ese cambio?, ¿qué tipo de reformas debemos emprender para conseguir que nuestro país salga de la crisis y emprenda la senda del crecimiento económico?. José Luis Rodríguez Zapatero nos dio la clave sobre las características que ha de tener este nuevo modelo económico a finales del año pasado, cuando definió cuáles han de ser las bases sobre las que se asiente nuestro sistema productivo, y que él denominó como de “economía sostenible”, que es aquella que se basa en el conocimiento, en el desarrollo tecnológico, y en la innovación. Por eso en los últimos años el Ejecutivo ha hecho un enorme esfuerzo en estos campos, y sigue trabajando, para incrementar la inversión en I+D+I del sector público, del gobierno, de las Comunidades Autónomas, de los ayuntamientos, y del sector privado, y ha trabajado desde el ámbito legislativo presentado un Ley de Ciencia que pretende conseguir que España se convierta en un país atractivo para los investigadores y evite la “fuga de cerebros”, dando derechos y acabando con la figura del “becario precario”, entre otras medidas. Y no se puede llevar a cabo esta apuesta por la investigación y la innovación si previamente no nos marcamos como objetivo fundamental el formar a los ciudadanos y a los trabajadores en todos los niveles. Porque la educación y la formación son el factor fundamental capaz de aumentar nuestra competitividad. Hemos de apostar por el factor hu-

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mano como valor fundamental del crecimiento económico, y para ello necesitamos el compromiso de todas las Administraciones Públicas sin excepción, que han de marcarse como prioridad política conseguir que nuestro sistema educativo se sitúe a la altura de los países de nuestro entornoYa se han puesto medidas en este sentido, con el incremento de los presupuestos para educación y becas, con la reforma de la Formación Profesional, la creación de los másteres a precios públicos, las becas salarios, o la universalización de la educación de 0 a 3 años. Pero no nos podemos parar aquí, hay que seguir aumentando la inversión en políticas de educación, seguir apostando por universidades de excelencia, por la mejora del bachillerato y de la Formación Profesional, y por seguir combatiendo de manera decidida el abandono escolar. Pero una economía que apuesta por el conocimiento, la tecnología, la innovación y la educación también ha de ser capaz de conseguir que sus empresas respeten los principios del buen gobierno y de la Responsabilidad Social Corporativa, y exigir eficiencia y agilidad a sus administraciones públicas para impulsar la capacidad emprendedora de la sociedad. Por eso, el Gobierno ya ha previsto medidas para agilizar la contratación pública acortando plazos y simplificando burocracia, y para favorecer la creación de empresas, reduciendo el coste y el tiempo necesario. Y para cambiar el modelo es imprescindible que busquemos alternativas que garanticen la sostenibilidad medioambiental del mismo. Por ello es necesario seguir apostando por el ahorro y la eficiencia energética, por las energías renovables. Porque es imprescindible tomarse en serio el cambio climático, y hacer todo lo posible para sustituir las viejas energías contaminantes por energías limpias y renovables. Por ello, el Gobierno ha propuesto incorporar al ordenamiento jurídico español los compromisos de la UE para el 2020, que implican la reduc-

ción de las emisiones del CO2 en un 20%, y conseguir que el 20% de la energía que se consuma provenga de energías renovables; ha puesto en marcha medidas para impulsar la denominada economía verde, como generadora de empleo, se ha comprometido a promover el ahorro energético para la Administración y la movilidad sostenible. Y no podemos hablar de sostenibilidad medioambiental si no ponemos coto al caos urbanístico. Es necesario trabajar para conseguir pueblos y ciudades a la medida del ser humano, de los ciudadanos, y no de los especuladores, un objetivo para el que se empezó a trabajar desde la legislatura anterior con medidas como la nueva Ley de Suelo o el Código Técnico para le Edificación. Como tampoco es posible cambiar de modelo económico y fortalecer nuestra economía si previamente no ponemos en marcha un sistema de supervisión y reglas estrictas de control sobre el sistema financiero, tanto en nuestro país como a nivel internacional, y mecanismos de control sobre los incentivos de las indemnizaciones de los altos directivos con el objetivo de que la prudencia rija los comportamientos de todos, y así evitemos que se vuelvan a repetir situaciones

como las que nos han traído a la actual situación de crisis económica. Todos éstos son pasos fundamentales para conseguir dar ese giro que impulse un nuevo modelo de crecimiento económico para nuestro país, pero no podemos olvidar un aspecto fundamental, el fortalecimiento de las políticas sociales y de igualdad. Porque un país que no fomenta la igualdad de oportunidades, que consiente cualquier tipo de discriminación, que desperdicia el talento de una parte de su población, o abandona a su suerte a los que menos tienen, a los más débiles, no puede garantizar la estabilidad y la paz social necesaria para mejorar y crecer. Porque una economía sostenible es, sobre todo, una economía que respeta y protege el Estado del bienestar y lo desarrolla, que consigue mayor cohesión social cada día, que respeta los derechos de los trabajadores y fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, que no deja a ninguno de sus ciudadanos abandonado a su suerte. Este es el país que queremos y por que trabajamos. Un país mejor para todos, más justo e igualitario, que cree en sus ciudadanos, apuesta por ellos, y les da la oportunidad de desarrollar sus capacidades.

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Crisis y empleo juvenil. Lecciones del pasado, oportunidades para el futuro El desempleo se ha convertido en la principal preocupación de la sociedad española, que después de años de crecimiento económico y de descenso de los datos de paro, se ha tenido que enfrentar a un rápido y doloroso proceso de destrucción de empleo consecuencia de la crisis económica, que ha afectado de manera especial a los jóvenes. Según la última encuesta del CIS de mayo de 2010, el paro preocupa a un 79,9% de los españoles, mientras que el 47,8% está preocupado por la economía en general. Una preocupación más que razonable si tenemos en cuenta que los índices de desempleo general en España rozan el 19%, y el de los menores de 30 años es del 40%.

biliario, miles de jóvenes dejaron sus estudios y se incorporaron al mercado laboral en un sector, el de la construcción, que apenas requería un mínimo de formación, y que en los momentos de máximo auge les ofrecía buenos sueldos, a veces muy por encima de la media, aunque también una enorme precariedad laboral.

El perfil del desempleado en esta crisis es un joven menor de 30 años con escasa formación (por debajo del Bachillerato) que proviene del sector de la construcción. Se calcula que hay unos 500.000 jóvenes parados menores de treinta años que no tienen el título de educación secundaria, 800.000 jóvenes si lo ampliamos a menos de Bachillerato. En cambio, la tasa de desempleo juvenil de los jóvenes con titulación superior (universitaria o FP 2) es del 9%.

Eran años en los que un empleado de la construcción podía ganar más dinero que muchos titulados universitarios o de formación profesional, y en los que sobraba el trabajo. Se encadenaba un contrato temporal tras otro, pero prácticamente nadie se preocupaba por el futuro, ya que cuando una obra terminaba, inmediatamente se encontraba trabajo en otra. En cambio, cualquier joven que hubiera optado por continuar con sus estudios tardaba en encontrar su primer trabajo, y cuando lo hacía, era en la mayoría de los casos con un contrato temporal y un suelo de mi-

A lo largo de estos años de crecimiento descontrolado del mercado inmo-

leurista, que no parecía precisamente la recompensa más justa tras años de estudio y preparación. Pero a mediados de 2008 la situación empezó a cambiar. La construcción se convirtió en el primer sector al que afectó la crisis económica, y el que a lo largo de este tiempo con más intensidad ha sentido sus efectos, comenzando una auténtica espiral de destrucción de empleo, especialmente en aquéllas comunidades autónomas que basaron su crecimiento económico en el “boom del ladrillo”. Esta es una de las razones fundamentales por las que el crecimiento del desempleo no ha evolucionado igual en el contexto de la crisis en todas las regiones de España. De hecho, son aquellas regiones en las que más peso económico consiguió el sector del ladrillo las que con más intensidad han sufrido las consecuencias de la crisis y el proceso de destrucción de empleo que viene su-

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con la precariedad y la temporalidad que los asola, sin caer en la tentación eterna de la derecha de reducir sus derechos y garantías laborales. Necesitamos agilizar el cambio hacia un modelo productivo que premie el conocimiento por encima del cemento, donde las plusvalías que se generen no sean las de la especulación sino las de la innovación y las del talento. Mejorar los índices de formación, para mejorar así la calidad de nuestros empleos es uno de los grandes retos que debemos asumir como generación. Y para ello, es necesario mejorar las líneas de conexión entre el mercado laboral y nuestros sistema educativo, con especial atención a la formación profesional, para intentar acabar con la terrible estadística de abandono escolar prematuro de miles de jóvenes que, especialmente en los países del sur, ligan su futuro al andamio o a la obra.

friendo nuestro país desde la segunda mitad del año 2008. Regiones como la de Murcia, en la que el incremento del desempleo ha sido 9 puntos superior a la media nacional, la Comunidad Valenciana, que supera la media en 8 puntos, o la Comunidad de Madrid, 5,4 puntos por encima. Y frente a esta situación, que ha dejado prácticamente sin expectativas laborales a corto plazo a un porcentaje altísimo de jóvenes menores de 30 años, sólo parece posible dar una respuesta: la puesta en marcha de políticas de fomento del empleo centradas en mejorar la contratación, incentivar el empleo y el autoempleo joven, y sobre todo, y de manera indispensable, apostar por la formación en todos sus niveles La formación. Ésa parece ser la clave para conseguir reintegrar en el mercado laboral a una parte importante

de esos jóvenes desempleados. Una formación capaz de prepararlos para acceder a un mercado laboral que, según los expertos, ya no volverá a ser el mismo, y que demandará de los trabajadores cada vez más preparación y cualificación. Un mercado laboral que, de hecho, ya está demandando trabajadores más y mejor formados. Así lo demuestra el que hayan sido precisamente las empresas más innovadoras, las enmarcadas en el área de las nuevas tecnologías y las energías renovables, aquéllas que requieren mano de obra más cualificada, las únicas que no han dejado de crecer y de crear empleo a lo largo de este período de crisis. Esto demuestra que la formación tiene que ser la piedra angular de la igualdad de oportunidades. El primer paso necesario para disminuir las tasas de paro, mejorar la calidad del empleo de los jóvenes y romper

Estamos en un punto de no retorno. La crisis nos ha llevado, de un modo brusco y traumático, a un escenario nuevo al que debemos adaptarnos. Un escenario que, según todos los indicadores, hace necesario apostar por un nuevo modelo productivo asentado en una clara apuesta por el conocimiento, la innovación y el fomento de las nuevas tecnologías como base de nuestro crecimiento. Para competir con los países de nuestro entorno en igualdad de condiciones, y porque no podemos caer en la tentación de afrontar los retos que nos presentan economías emergentes como las de los denominados “Tigres Asiáticos”, utilizando sus mismas armas: mano de obra barata, jornadas de trabajo maratonianas y escasez de derechos laborales. Nunca podríamos ganar esa competición. Al final, la crisis ha decidido por todos. El “aterrizaje” gradual de la “burbuja” inmobiliaria por el que apostó el Gobierno Zapatero para iniciar el cambio de modelo económico no ha sido posible. El terremoto económico y financiero en el que se ha sumido la economía mundial lo ha precipitado todo, y ahora no queda más remedio que abordar las reformas en

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a aprobar todas las propuestas realizadas por el Gobierno, sin ni siquiera llegar a valorar si eran buenas o malas, como se han negado a apoyar la mayor parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para intentar salir de la crisis y combatir el desempleo. Y aun así, el Ejecutivo ha seguido empeñado en trabajar para luchar contra el desempleo juvenil. Por eso llevó a la mesa de diálogo social un Programa Extraordinario de Empleo Juvenil, en el que de nuevo se incidía en la puesta en marcha de políticas de fomento del empleo, la educación y la formación. Por eso la reforma laboral incluye todo un apartado destinado fundamentalmente a los jóvenes. Un apartado que contempla la mejora de las condiciones de los contratos de formación y en prácticas: se prevé el cobro del 100% del SMI en el segundo año, se reconoce a quienes celebren estos contratos la protección por desempleo, y se bonifican en 100% las cuotas empresariales para estos contratos.

profundidad, algo que está intentando el Ejecutivo con su propuesta de Ley de Economía Sostenible y las medidas de apoyo al empleo y a la educación que se han ido poniendo en marcha a lo largo de la Legislatura. Reformas que aborden de manera seria y eficiente los altos índices de fracaso escolar y abandono temprano de la educación, y la escasa inversión en I+D+I, áreas donde según todos los estudios España aparece más retrasada en relación con los objetivos propuestos por la Comisión Europea para impulsar y fortalecer la economía de aquí a 2020. Hay mucho trabajo por realizar, y parece claro que administraciones públicas, empresarios y ciudadanos en general hemos tomado conciencia de que el modelo anterior ya no vale, y que es necesario buscar una alternativa que permita remontar la situación actual con garantías. Es el momento de hacer lo necesario para conseguirlo.

Muchas han sido las propuestas y las medidas puestas en marcha por el Gobierno para atajar el grave problema del paro juvenil, pero desgraciadamente no siempre ha encontrado el apoyo y la colaboración necesaria para poder ponerlas en marcha con todas las garantías. Así lo demuestra lo sucedido con el Plan de Empleo Juvenil propuesto en la conferencia de Presidentes del pasado mes de diciembre. Un programa que tenía como objetivo fundamental la puesta en marcha de medidas que favorecieran la empleabilidad de los jóvenes, y que incluía entre sus propuesta la idea de abrir a la participación de las empresas la planificación e impartición de las enseñanzas del sistema de formación profesional, con el fin de mejorar las posibilidades de los jóvenes de acceder al mercado laboral. Un Plan que las Comunidades Autónomas del PP impidieron que saliera adelante. De hecho, se negaron

Como también de vital importancia para los jóvenes trabajadores son las medidas con las que se quiere reducir la temporalidad, y por lo tanto la precariedad laboral, de las que son principales víctimas. Medidas que incluyen limitar el tiempo de los contratos por obra o servicio, hace más estricto el régimen de prohibición de la concatenación de contratos temporales en una misma empresa, y sube la indemnización actual por fin de contrato hasta alcanzar los 12 días por año, con el fin de fomentar la contratación indefinida. Estas son algunas de las medidas que ha propuesto el Gobierno de España para luchar contra el desempleo juvenil, y facilitar la integración de los jóvenes en ese nuevo modelo productivo que se está empezando a construir. Unas medidas que han encontrado el apoyo de las Comunidades Autónomas del PSOE, que las han hecho suyas e incluso las han ampliado, y el rechazo de todo el Partido Popular, tanto a nivel nacional como en los territorios en los que gobierna.

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Una reforma laboral para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y reducir la precariedad laboral La Reforma laboral promovida por el Gobierno incluye un apartado especial destinado a mejorar las expectativas laborales de los jóvenes, así como otras medidas que les favorecen. A continuación se detallan las principales medidas: • Fomento de la empleabilidad de los jóvenes. Para favorecer el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y reducir así nuestra alta tasa de paro se realizan una serie de medidas, muy ambiciosas, principalmente dirigidas a los jóvenes de hasta 30 años y sin formación. Así, se crea una bonificación de 800 durante tres años (1000 en el caso de mujeres) para las empresas que contraten de forma indefinida a desempleados menores de 30 años siempre y cuando éstas supongan un incremento de nivel del empleo fijo de las empresas. De la misma manera, las empresas que conviertan en indefinido un contrato de formación, relevo o sustitución por edad anticipada de jubilación (la inmensa mayoría de estos contratos son firmados por jóvenes) tendrán una bonificación en las cuotas empresariales de la Seguridad Social de 500 durante tres años. • Límites a la contratación temporal. Se fija un tope de tres años (uno más si es de acuerdo a un convenio colectivo) el contrato de obra y servicio. Hasta ahora, esta fórmula carecía de límites. Además, a partir de 2012 se elevará hasta 12 días la indemnización por despido de los contratos temporales (hasta ahora, esa indemnización era de 8 días). Igualmente, se hace más restrictivo el régimen de prohibición de la concatenación de contratos temporales en una misma empresa. En este caso, se considerará contrato indefinido al

trabajador que, con independencia del contrato y del puesto de trabajo, haya estado 24 meses consecutivos en una misma empresa con contratos temporales. • En ningún caso se abarata el despido. En la actualidad, el 92% de los contratos que se realizan en España son de carácter temporal, es decir, con una indemnización por despido de 8 días por año trabajado. Lo que se pretende es, frente al temporal, incentivar el uso del contrato de fomento del empleo para determinados sectores (jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años, mujeres desempleadas en determinados puestos de traba-

jo, o personas con discapacidad) cuya indemnización por despido es de 33 días por año trabajado. Todas las personas que tengan, antes y después, derecho a una indemnización de 45 días por año trabajado seguirán manteniendo ese derecho, pues esa modalidad no se deroga. • Un impulso a los contratos de formación. Estos contratos son aquellos que se realizan con personas de entre 16 y 21 años que no tienen la titulación académica necesaria para un realizar un contrato de prácticas y cuya finalidad es que el joven reciba la formación profesional mínima para permanecer en el mercado

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dor que se nutre con las aportaciones de las empresas en las que ha trabajado. Si el trabajador cambia de empleo, el fondo acumulado no se perderá. En caso de que el trabajador sea despedido antes, la cantidad acumulada hasta ese momento en su hucha serviría para compensar su despido. Por el contrario, si al final de su vida laboral este fondo es positivo, el dinero acumulado serviría para completar su pensión. • Soluciones para que las empresas en crisis no despidan a sus trabajadores. El modelo alemán. Se introducen mecanismos de adaptación, de flexibilidad y seguridad que permitirán a las empresas poder reaccionar a las condiciones del mercado, para mejorar su competitividad, preservar su viabilidad y, con ella, el empleo.

laboral. Estos contratos pueden ser especialmente útiles para los 500.000 jóvenes desempleados que no tienen el título de educación secundaria. Para ello, se potenciará su uso con una bonificación al empresario del 100% de las cotizaciones sociales durante toda la vigencia del contrato. Se limita el uso de este contrato desde un mínimo de 6 meses a un máximo de dos años, estableciéndose la obligación de salvaguardar un mínimo del 15% de la jornada laboral para la participación en ciclos formativos, por ejemplo, el de la obtención del graduado escolar si no lo tuviere. • Nuevas garantías para el contrato en prácticas. Este contrato es aquél que se realiza para personas que tienen el título universitario o de formación profesional medio o superior dentro de los cinco años desde la obtención del título y su objeto es obtener la práctica profesional adecuada a sus estudios. Pero, en la práctica, esta modalidad de contrato era un coladero de precariedad y de ciertos abusos que ahora se in-

tenta mitigar, limitando su duración a un mínimo de 6 meses (menos de ese tiempo no se entiende que sirva para coger las experiencias mínimas) y un máximo de 2 años (superior a ese tiempo se considera que debe pasarse a otro tipo de figura contractual). De la misma manera se establece la obligación de que el salario de estos trabajadores no podrá ser inferior, en el primer año, al 60% del salario de ese puesto de trabajo ni, en el segundo año, inferior al 75% del mismo. • Creación de un Fondo para el trabajador. El modelo austriaco. A partir de 1 de enero de 2012 todos los nuevos contratos indefinidos conllevarán la constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores por un número de días de salario año por determinar. El trabajador podrá hacer uso del fondo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, actividades de formación o en la jubilación. Se trata, en definitiva, de una hucha-colchón para cada trabaja-

Es decir que, como alternativa al despido, las empresas podrán reducir entre un 10 y un 70% la jornada de sus empleados que cobrarán “el paro” en la parte de la jornada que no desempeñen. Hasta ahora, la reducción horaria tenía que ser al menos de un tercio lo que endurecía el recurso a esta figura. La norma mejora la prestación por desempleo en estos casos y reduce de 30 a 15 días (siete para pequeñas empresas) el plazo para acordar la reducción de jornada. Con esta nueva fórmula, la empresa que, por ejemplo, haya reducido su producción y necesite ajustar la plantilla por excedente de personal podría esquivar el despido colectivo y proponer a sus trabajadores una reducción de jornada para adecuar la distribución de la plantilla a las necesidades productivas. Además, los trabajadores afectados por la medida deberían asistir a cursos formativos en las horas que tengan libres. No obstante, según Trabajo, estos cursos financiados por los Servicios Públicos de Empleo (SPE) tendrían que ser específicos y estar vinculados al tipo de trabajo que desarrolla el empleado en la empresa.

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Octavio Granado “Llevamos 20 años con el mismo modelo laboral, con lo que se ha visto que el sistema es ineficaz” Nació en Burgos, el 9 de abril de 1959. Casado. Dos hijos. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid. Profesor de enseñanza media. Procurador de las Cortes de Castilla y León desde 1983 a 2003. Senador designado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde 1983 a 2001, ha sido portavoz del Grupo Socialista en la Comisiones de Presupuestos y de Economía y Hacienda. Secretario de Estado de la Seguridad Social desde el 19 de abril de 2004, en el XXXVII Congreso del PSOE, celebrado en julio de 2008, fue elegido Secretario Federal de Política Económica y Empleo. ¿Qué momento actual vive el Estado de Bienestar en España? ¿Vivimos una deslealtad en su mantenimiento en sanidad, educación y dependencia por parte de algunas Comunidades?

- En una situación de crisis como la que estamos atravesando es donde se pone a prueba el Estado de bienestar, y creo sinceramente que el nuestro ha

respondido bien. Gracias a nuestro sistema de protección social se han amortiguado mucho los efectos de la crisis sobre los ciudadanos más desfavorecidos, y hay datos que corroboran esta afirmación, como por ejemplo los datos de índice de pobreza relativa, que se han mantenido estables en el último año a pesar de la coyuntura.

Otra cosa es, que algunas Comunidades Autónomas, en lugar de colaborar con el Estado para que los ciudadanos puedan acceder a prestaciones y ayudas con la mayor rapidez, estén haciendo justo lo contrario. Los ejemplos de las ayudas por dependencia o la renta básica de emancipación son más que conocidos, tan conocidos como

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sario es más fácil despedir que intentar llevar a cabo cualquier otra medida de ajuste más flexible. Además, tenemos un mercado laboral segmentado entre trabajadores fijos y temporales, algo que supone una anomalía en el ámbito europeo y que acaba teniendo un alto coste tanto a nivel económico como social. Hay que generar incentivos suficientes para cualquier medida de flexibilidad alternativa al despido, y para los contratos indefinidos, lo que nos permitirá extraer toda la potencialidad de la recuperación económica y traducirla en más y mejor empleo, con un nuevo marco laboral adecuado tanto para los empresarios como para los trabajadores. los Gobiernos autonómicos que ralentizan los trámites. Más que deslealtad es una cuestión de jugar con las necesidades de la gente y sobre todo de insultar su inteligencia, intentando convencerles de que la culpa de que esa gestión sea ineficiente es del Gobierno de España. - ¿Es necesario un debate sobre la elevación de la edad de jubilación?

- Sí que lo es. La gente tiene que saber que, a pesar de que el sistema de Seguridad Social goza de buena salud, dentro de 30 años podría volverse insostenible si no se llevan a cabo cambios. Tenemos unas proyecciones de población que nos dicen que en el año 2040 habría que pagar 15,3 millones de pensiones, mientras que ahora mismo se están pagando 8,6 millones. Además hay que tener en cuenta que aunque la edad legal de jubilación son 65 años, la edad media real es inferior, mientras que cada vez se accede más tarde al mercado laboral y la esperanza de vida aumenta, a la vez que aumenta la cuantía de las nuevas pensiones. Prolongar la edad de jubilación es un esfuerzo para los ciudadanos, pero supondría que los actuales cotizantes tendrían garantizado un sistema de pensiones con las mismas ventajas que los actuales pensionistas, lo que es una exigencia del pacto intergeneracional. Seguir retrasando el ajuste es empeorar la situación, sobre todo, del futuro de los jóvenes.

- A pesar de que hay buenos datos que apuntan a un relanzamiento de la economía, ¿por qué esos datos no han venido acompañados de una mayor creación de empleo?

- Tras una crisis económica, el empleo es la última variable que se recupera. Es necesario que antes se recupere el consumo, la inversión y el crecimiento, porque sólo entonces empezaremos a ver datos positivos en el empleo. En nuestro caso además, si queremos evitar lo que ha ocurrido con la crisis, tenemos que poner las bases para que el empleo que se cree tenga un perfil diferente. Para ello, es necesario llevar a cabo reformas de amplio calado para cambiar el sistema productivo, aumentar la competitividad de la economía y subsanar las debilidades de nuestro sistema de relaciones laborales, y en ello estamos, aunque tenemos algún indicador positivo, como es el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social durante los últimos cinco meses, o la disminución del desempleo, espectacular en el pasado junio. - El Gobierno ha tenido que plantear la reforma laboral por decreto al no alcanzarse un acuerdo entre sindicatos y patronal. ¿Por qué es necesaria la reforma?

- Para empezar, llevamos 20 años con el mismo modelo laboral, y evidentemente las circunstancias han cambiado, con lo que se ha visto que el sistema es ineficaz. Por ejemplo, esta crisis ha demostrado que cuando hay dificultades, para un empre-

- ¿Qué medidas se han tomado en la reforma para impulsar el empleo juvenil?

- En primer lugar se ha reordenado el sistema de bonificaciones, que en la actualidad era poco efectivo porque prácticamente cualquier contratación era susceptible de tener bonificación. En esta reordenación se ha considerado prioritario el colectivo de los jóvenes entre 16 y 30 años con especiales problemas de empleabilidad, bonificándose su contratación indefinida, a lo que hay que añadir la bonificación por conversión de los contratos formativos en indefinidos. Además se reconocen importantes mejoras en los contratos para la formación: se amplía de 21 a 24 años la edad de los jóvenes que pueden beneficiarse, se mejoran sus condiciones salariales, al fijarse el cobro como mínimo del 100% del salario mínimo en el segundo año de contrato y se refuerza la protección por desempleo. También se incentiva la contratación en prácticas para los jóvenes sin experiencia laboral. En definitiva, buscamos que haya más trabajo para los jóvenes y que sea de mayor calidad. - Ha quedado claro que hay una relación directa entre la formación de los jóvenes y la tasa de desempleo juvenil, ¿qué medidas se proponen en la reforma para elevar la cualificación de los jóvenes?

- La reforma establece que aquellos jóvenes cuya contratación esté bonificada (los de difícil empleabilidad y los que tengan contratos formativos)

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MODELO PRODUCTIVO serán objetivo prioritario en los planes de formación para personas ocupadas, dentro de los programas de formación profesional para el empleo. Se trata de dos medidas absolutamente complementarias, que su contratación sea más atractiva para los empresarios y, al mismo tiempo, que a lo largo de ese contrato los jóvenes incrementen su cualificación profesional con formación específica. - Para el relanzamiento de la economía, es importante dar salida a las inquietudes emprendedoras de muchos jóvenes que acaban de culminar su formación. ¿Qué medidas de fomento del emprendimiento se han previsto en el decreto de reforma?

- Las ayudas que se dan para la constitución de empresas, asesoramiento, etc, dentro de las políticas activas de empleo gestionadas por las Comunidades Autónomas, y las bonificaciones en los costes de Seguridad Social para los primeros años de contrato son importantes, pero hasta ahora no han conseguido vencer una cierta resistencia cultural. Las organizaciones de jóvenes, en esto, nos tenéis que “echar una mano” - ¿Lograremos reducir la tasa de temporalidad con esta reforma? ¿Qué se ha planteado para ello?

- Ése es uno de los objetivos fundamentales que se pretende lograr con la reforma y para ello se plantean medidas en dos direcciones. Por un lado, introduciendo limitaciones a la contratación temporal, para conseguir que esta modalidad de contratos se use sólo en los casos en que esté completamente justificado. Además para incidir en esto se recogen otras dos medidas, el incremento progresivo de la indemnización por finalización de contrato, de 8 a 12 días a partir de 2015, y la extensión de medidas para evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales. Y la segunda pata para reducir la temporalidad es favorecer la contratación indefinida, extendiendo el uso de una figura que ya existía y que apenas se ha utilizado, como es el contrato para el fomento de la contratación indefinida. Al final se trata de que la contratación indefinida sea más atractiva para el

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“Resulta lamentable, pero

últimamente el PP se ha convertido más en parte del problema que de la solución. Desde que comenzó la crisis la obsesión de la oposición ha sido intentar convencer a los ciudadanos de que el culpable de la crisis es José Luis Rodríguez Zapatero, de que las medidas de ajuste eran consecuencia de la debilidad de nuestra economía, cuando todos los países de nuestro entorno han adoptado medidas similares

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empresario, y de que el trabajador pueda mejorar sus condiciones laborales, pasando de un contrato temporal a otro indefinido, con las ventajas que esto conlleva. - El PSOE ha tenido que afrontar en solitario la aprobación del recorte del gasto público y la aprobación de la reforma laboral. ¿Es irresponsabilidad de la oposición, electoralismo o no son conscientes del momento en que nos encontramos?

- Pues parece que una mezcla de todas esas cosas… Resulta lamentable, pero últimamente el PP se ha convertido más en parte del problema que de la solución. Desde que comenzó la crisis la obsesión de la oposición ha sido intentar convencer a los ciudadanos de que el culpable de la crisis es José Luis Rodríguez Zapatero, de que las medidas de ajuste

eran consecuencia de la debilidad de nuestra economía, cuando todos los países de nuestro entorno han adoptado medidas similares… Para colmo, las pocas propuestas que presentan van en la dirección de agravar la actual situación, bien alimentando la burbuja inmobiliaria, bien prometiendo rebajas de impuestos absolutamente imposibles. Parece que lo más generoso que se puede decir de esta actitud es que es absolutamente irresponsable. - ¿Qué intención tiene el Gobierno sobre la relación con los agentes sociales tras la reforma laboral?

- Para el Gobierno el diálogo social es y será siempre una herramienta fundamental en nuestro mercado de trabajo. Si hemos tardado más de dos años en aprobar esta reforma es porque esa idea la teníamos muy clara, pero ha llegado un punto en el que no se podía esperar más y el Gobierno ha decidido ser responsable y legislar. Aunque el final no haya sido el que a todos nos hubiera gustado, valoramos mucho todo el proceso de diálogo, porque ha servido para conocer las posiciones de las organizaciones empresariales y sindicales respecto de los objetivos de la reforma, así como sus aportaciones. Y de cara a futuro actuaremos de la misma manera, sometiendo cualquier modificación que tenga que ver con nuestro sistema de relaciones laborales a la discusión con los agentes sociales.

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Ley de la ciencia, tecnología e innovación: Hacia una ciencia vanguardista, progresista y abierta al mundo El diseño de una carrera científica estable y una economía basada en el conocimiento: las grandes apuestas del gobierno socialista. Secretaría de innovación y ciencia del PSOE El pasado 7 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI), que ha sido remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley. Este proyecto de ley pretende abordar los cambios necesarios para situar a nuestro sistema científico en la vanguardia internacional y hacer que el conocimiento generado por los y las científicas y tecnólogos/as españoles contribuya eficazmente al progreso económico y social.

Es preciso recordar que la vigente Ley de la Ciencia, impulsada por el Gobierno Socialista en 1986, marcó el nacimiento de un sistema científico moderno y equiparable al de los países más avanzados, un sistema científico que durante los últimos años ha despegado definitivamente gracias al importante impulso político y presupuestario que ha recibido desde 2004, y que ha convertido a España en la novena potencia científica mundial, con un volumen mucho mayor de investigadores/as – seis veces más que en el 86 –, de fondos dedicados a la I+D+i – catorce veces más que en 1986 –, y con un país transformado por dos nuevas realidades: el desarrollo de las autonomías y la adhesión a la Unión Europea. Este proyecto de Ley está incorporado en la Estrategia de Economía Sostenible y, en consecuencia profundizará en algunos aspectos del cambio de modelo productivo referentes al papel de la ciencia y la innovación, que ya se han avanzado en el proyecto de Ley de Economía Sostenible, actualmente en el Congreso. El proyecto de Ley responde a cinco grandes retos: 1.- Diseñar una carrera científica estable, predecible y basada en méritos, que permita retener y atraer talento y que facilite la movilidad de la comunidad científica. 2.- La Ley avanza hacia un sistema de I+D más eficiente y eficaz con la creación de una Agencia de Financiación, que dotará de

mayor autonomía flexibilidad y agilidad a la actividad científica, garantizando al mismo tiempo el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos. 3.- La innovación es un elemento central del nuevo modelo económico que trata de implementar el Gobierno socialista, para superar la crisis económica actual y convertir nuestra economía en un sistema mucho más estable y crear más empleo. La nueva norma complementa algunas mejoras ya previstas en la Ley de Economía Sostenible (creación de empresas de base tecnológica desde el sector público, regulación flexible y abaratamiento de los costes de patentes, compromiso con la compra pública innovadora y beneficios fiscales), e incorpora novedades como la Estrategia Estatal de Innovación, el Estatuto de Joven Empresa Innovadora para apoyar la consolidación de empresas de base tecnológica, y mejora de los mecanismos de cooperación público privada, de la movilidad entre sector público y privado y reconocimiento de los méritos de trasferencia de tecnología. La Estrategia se define como el marco de refe-

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distintas administraciones, y maximizar la producción científica de todos los sistemas de I+D, evitando duplicidades. Para ello, define un modelo de gobernanza con nuevos instrumentos de planificación y coordinación como la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y el Consejo de Política Científica y Tecnológica como órgano de coordinación entre la AGE y las Comunidades Autónomas. También se establecerá un Comité Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano de participación de los agentes sociales y económicos.

rencia plurianual en el que se definirán los elementos e instrumentos disponibles al servicio del cambio del modelo productivo, con el objetivo de transformar la economía española en una economía basada en la innovación. La nueva LCTI tiene entre sus principales retos la consecución del desarrollo de una verdadera Sociedad del Conocimiento y el impulso de una economía más sostenible. Para ello, se potencia la transferencia de los resultados de la actividad investigadora, facilitando que los centros de investigación

puedan transferir conocimientos al sector privado y fomentando la cooperación de los agentes públicos y privados a través de la participación en empresas innovadoras de base tecnológica. El nuevo marco legal que ofrece el proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación actualiza los mecanismos de transferencia y elimina barreras para estimular la colaboración público-privada. 4.- Por último, la Ley establece mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las

5.- La futura Ley recoge, además, una serie de aspectos transversales, pioneros muchos de ellos, que reflejan nuestra visión de la ciencia como herramienta esencial para lograr una mayor justicia social: • la inclusión de la perspectiva de género en la investigación, • la difusión universal del conocimiento científico generado con fondos públicos con la publicación en abierto, • la cooperación científica al desarrollo como actividad propia de los investigadores y las investigadoras, • la creación de un Comité Español de Ética que vigile los conflictos de intereses entre las actividades públicas y las privadas. • Promueve la divulgación y la cultura científica así como una mayor participación ciudadana en los ámbitos de la ciencia y la innovación.

Una carrera más estable para los y las jóvenes investigadoras: sustitución de becas predoctorales por contratos La ley sustituye todas las becas predoctorales por contratos, con todos los derechos, desde el paro a la baja por maternidad. Incluye nuevas modalidades de contratos para las distintas etapas profesionales del investigador/a y reconoce específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los Organismos Públicos de Investigación del Estado. El objetivo último es incrementar los recursos humanos dedicados a la investigación

en España, cuantitativa y también cualitativamente, mediante la mejora de las condiciones laborales de las y los investigadores. Es una ley centrada en las personas. Y mientras, que antes la edad media para que un científico o científica contara con un puesto fijo en un centro de investigación era de 39 años, ahora será de 34 años. España, junto a algunos países del norte de Europa, es un país pionero

en incluir mejoras en las condiciones sociales y laborales de los becarios/as e investigadores/as, que ahora podrán contar con todos los derechos sociales. Tanto es así que la Presidencia Española de la UE pidió precisamente a todos los Estados miembros, que siguieran el ejemplo de España y "consideraran la extensión de los derechos sociales a los investigadores en toda su carrera profesional, incluida la etapa de formación predoctoral".

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Las universidades españolas un año después de “Bolonia” Se cumple el primer año de la puesta en marcha del nuevo modelo de Universidad impulsado a través del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que ha supuesto el cambio más importante y profundo que ha experimentado nuestra universidad hacia su modernización y su adaptación a una nueva realidad sociolaboral y europea. Una reforma con la que España se ha unido junto a otros 45 países europeos a un proyecto común que tiene como objetivo la consecución de una universidad donde nuestros alumnos aprendan más y mejor, con más recursos y con una mayor implicación de la comunidad universitaria. Una trasformación que ha requerido y que requiere del esfuerzo y el trabajo de todos, de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto. A pesar de los malos augurios transmitidos por los llamados movimientos anti-Bolonia, que hasta hace poco más de un año se movilizaron en contra, el proceso ha seguido su camino con total normalidad. Las universidades se han esforzado y han dado un enorme impulso a nuestra adaptación al EEES. No podemos evaluar pormenorizadamente los resultados en tan solo un año de aplicación. Queda mucho por hacer y por mejorar, pero en JSE siempre hemos creído en el EEES y el cambio que suponía para la universidad española, y somos conscientes de que hay que seguir trabajando por ello. Éste es un proceso al que hay que darle tiempo, dejarlo asentarse y madurar. Tras una década de preparativos, no podemos pretender que en un año esté todo listo. Modelo de universidad Se han transformado las carreras, se ha cambiado el calendario escolar, o la forma de enseñar y de trabajar de alumnos y profesores. Se han producido un gran número de modificaciones

que implicará dar un giro de 180 grados a nuestra concepción de la Universidad, y que ya ha supuesto una mejora considerable de la Universidad española, acercándola a sus vecinas, las universidades europeas, y al nuevo perfil de nuestros estudiantes. Los protagonistas de este primer año de vida han sido la aplicación de los nuevos planes de estudio, la metodología desarrollada, la adaptación de las infraestructuras y la financiación. Con el EEES se ha puesto en marcha una nueva forma de enseñanzaaprendizaje, en la que no solo se imparten y adquieren conocimientos, sino que también se enseñan y aprenden competencias profesionales, eje central del nuevo sistema educativo. A los estudiantes se les pide a la vez que adquieran una serie de conocimientos, y que observen unas actitudes y unas aptitudes adecuadas. La clase magistral ha dejado espacio a una clase más tutorizada, exclusiva y adaptada a cada alumno. La “mercantilización” de la universidad a la que se hacía referencia en manifestaciones y protestas no ha se ha visto por ningún lado. Tenemos una universidad más moderna, homogénea y acorde al siglo XXI. Hemos abierto nuestras universidades a la sociedad, y las hemos hecho más dinámicas. Se han reducido las clases presenciales, se han reordenado y ampliado los recursos docentes y ha disminuido el tamaño de los grupos, algo fundamental en el nuevo mapa que dibuja el EEES.

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Mapa de titulaciones ¿han desaparecido carreras? Con el EEES el mapa de titulaciones ha cambiado, pero no ha desaparecido ninguna carrera. Los títulos de diplomado, licenciado y master han dado paso a los títulos de grado y master, cambiando con ello el sistema de transferencia de créditos y adecuándose a una estructura homogénea en toda Europa. La nueva estructura es conceptualmente diferente a la anterior, la diferencia fundamental es que cada ciclo conduce siempre a la obtención de un título oficial. En todos los casos, la superación del primero da acceso al segundo y la superación del segundo da acceso al tercero. Este curso 2009/2010 se ha impartido 148 títulos de grado adaptados al EEES en distintas universidades. Los grados han desarrollado una formación completa, con un mayor protagonismo de la enseñanza práctica y la movilidad. El master, oficial y a precio público, es una realidad y constituye una formación especializada de alto nivel que responde a necesidades de formación inicial y de aprendizaje permanente, que se va ampliando día a día, con la que se da continuidad a los grados y completa el segundo ciclo. Este nuevo modelo da opción a que el alumno confeccione su currículo a la carta, de ese modo su salida laboral mejorará, ya que uno de los parámetros tenidos en cuenta a la hora de diseñar los planes de estudio es su adaptación al mercado laboral. Acceso y nueva selectividad Acorde al nuevo bachillerato aprobado en la LOE, el nuevo modelo de acceso a la universidad puesto en marcha se adecua al EEES, con una mayor flexibilidad, valorando las capacidades, premiando el esfuerzo de los alumnos y aportando mayor objetividad a las calificaciones. La nueva PAU lleva aparejada una gran ‘optatividad’ que da la opción al estudiante a ser él mismo quien decida si quiere subir su nota a través de una prueba opcional en la que se examina de algunos conocimien-

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tos propios del grado universitario que van a elegir.

Una nueva metodología que, unida a otros muchos factores, ha dado lugar a una mejora en las calificaciones de la media de los estudiantes españoles, que no sólo han mejorado sus notas, sino también en otros aspectos tan importantes como la exposición oral, la expresión escrita, sus capacidad para trabajar en equipo, han desarrollado el pensamiento analítico, crítico y creativo y han mejorado su aprendizaje de idiomas. Con esto, podemos afirmar que la Universidad está formando universitarios mejor preparados de cara al mercado laboral y para moverse dentro del marco europeo e internacional, mejorando y fomentando con ello la movilidad estudiantil y laboral.

Con la nueva PAU se contribuye a que ésta deje de ser un obstáculo, para convertirse en una prueba destinada a mejorar las expectativas de los futuros universitarios. Con el nuevo modelo se contribuye a que hoy haya más jóvenes que acceden a los estudios superiores, con más opciones, y más posibilidades para su movilidad. Precios públicos. Becas y Masteres Se ha mejorado la financiación del sistema universitario como un instrumento para impulsar la consecución de objetivos de modernización y mejora del Sistema Universitario Español. Contamos con un nuevo modelo de becas y masteres adecuado a la incorporación de nuestro sistema en el EEES. Se ha hecho un esfuerzo en el sistema de becas y ayudas al estudio, mejorando la equidad financiera de las CCAA y la adaptación de las infraestructuras universitarias. Se ha promocionado la movilidad nacional e internacional de nuestros estudiantes, para lo que se ha creado el Observatorio de becas, ayudas y rendimiento académico como instrumento de información de la cohesión social del modelo. Se han garantizado los precios públicos para que todos los alumnos que lo deseen puedan cursar tanto un grado como un postgrado. Movilidad. Becas Erasmus Una de las razones de peso del EEES es el fomento de la movilidad del alumnado como clave de su forma-

ción. La reforma de la LOU establecía que se eliminarán todas las barreras que impidan el correcto funcionamiento de los créditos europeos en su doble dimensión de transferencia y acumulación. En las nuevas carreras se promueve el que los estudiantes cursen, al menos, un semestre de sus estudios en una universidad extranjera. Movilidad que se ve reforzada por medio de la ampliación de becas y ayudas, como es el caso de las Becas Erasmus, que ven ampliada su financiación. Papel del estudiante Los primeros estudiantes del llamado “proceso de Bolonia”, que empezaron sus clases el pasado mes de septiembre de 2009, han pasado de ser sujetos pasivos del proceso de enseñanza aprendizaje a ser el centro, y se les ha exigido una mayor implicación y una autogestión de su tiempo y de su aprendizaje.

Aún queda mucho por hacer… A pesar de todos los avances y medidas desarrolladas, queda mucho por hacer y hay que admitir que todo no ha sido “un camino de rosas”. Hay universidades que se han esforzado más que otras, a día de hoy aún encontramos a un sector del profesorado y del alumnado reacio a los cambios, que se resiste a cambiar. Por ello es necesario incentivar al profesorado, formándolo para los cambios que el EEES supone, para que el cambio de metodología docente sea real; e implicar al máximo a los alumnos, intentando evitar posiciones conservadoras, acomodadas u hostiles hacia un nuevo modelo que supone un cambio de actitud en su andadura universitaria, preparándolos desde el bachillerato para asumir responsabilidades ante los cambios que supone el nuevo modelo, a través de planes de acogida y orientación, ideas sobre las que ya están trabajando muchas universidades españolas y europeas. El alumno es un sujeto activo de su aprendizaje y como tal debe responder. En resumen, ha sido un año en el que el EEES ha empezado a caminar, y en el que la apertura de la universidad española es más que evidente. Hemos conseguido tener una universidad más flexible, más moderna, que se acerca cada vez más a la excelencia europea. A pesar de los agoreros, de las zancadillas y de las piedras del camino en tan solo un año el EEES ha demostrado que merece la pena.

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Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa 590 millones de euros para flexibilizar y modernizar el sistema educativo español Con el objetivo de lograr una mayor flexibilidad y modernización del sistema educativo español, abordando los grandes retos que tiene España, como respuesta a la situación económica y social actual, el Ministerio de Educación ha presentado el Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa dotado con 590 millones de euros. Dicho plan reconoce nuevas formas de enseñar y aprender, considerando a la educación como un bien público y principalmente como un eje fundamental para el crecimiento y el empleo, apostando por una formación inclusiva y adaptada, dando mayores facilidades para compatibilizar estudios y trabajo, centrando su acción en medidas para un alumnado cada vez más diverso y heterogéneo, poniendo énfasis en un sistema educativo inclusivo, moderno, equitativo y adaptado a la actualidad, consolidando proyectos ya en marcha, creando nuevos y apostando por la ampliación y creación de nuevas becas. NOVEDADES Programa de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras • Apuesta por la formación e intercambio de estudiantes, por las becas y ayudas y los programas de inmersión lingüística en los centros. • Impulso a las estancias en el extranjero de profesores y alumnos, con la promoción de un programa específico para que el alumnado de ESO y Bachillerato estudie entre 3 y 10 meses en países europeos, como hace el programa Erasmus. • Incremento de los centros plurilingües y fomento del reconocimiento de las competencias en idiomas adquiridas. Modificación de 4º de la ESO • 4º de ESO será un curso con carácter orientador, en el que se dará a los jóvenes varias opciones y siempre tendrán la posibilidad de orientar posteriormente su elección. Podrán elegir entre dos opciones:

- Enfocada al bachillerato. - Enfocada a la formación profesional. Certificación oficial de las competencias básicas del alumnado • El alumnado de ESO, además del título de ESO, recibirá un certificado con los años que ha permanecido en el sistema educativo y las competencias que ha adquirido durante ese tiempo. Formación Profesional a través de Internet • Se pondrá en marcha un centro virtual para estudiar FP a través de Internet con el diseño de 35 títulos para dicha modalidad.

Modernización e internacionalización de las universidades • Habrá una nueva regulación del doctorado, incluido dentro de la estrategia 2015. • Se desarrollarán medidas que potencien e incentiven la actividad del personal docente e investigador y los campus universitarios, mediante la agregación, la especialización y la internacionalización principalmente. Programa de educación inclusiva • Se desarrollarán medidas transversales para todo el sistema educativo para la mejora en la formación del profesorado para lograr la detección precoz de las necesidades específicas de apoyo educativo, asegurando los recursos de apoyo e incrementando las becas para ese tipo de alumnos. Creación de contratos programa plurianuales entre administraciones educativas y centros educativos • Se desarrollarán de forma eficaz acciones de fomento del éxito escolar. Observatorio universitario de becas, ayudas y rendimiento académico • Se creará un organismo que velará por la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del sistema de ayudas públicas. Impulso y ampliación de las becas • Se ampliarán las becas de movilidad, aumentarán las becas salario, los masteres gratuitos para desempleados y los planes de sostenibilidad financiera de las universidades.

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El estatuto del estudiante universitario: Una nueva promesa cumplida La demanda histórica de los estudiantes y de las asociaciones estudiantiles para articular su participación unida al nuevo escenario que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior, ha hecho posible que el Estatuto del Estudiante Universitario sea una realidad. El texto, que ha sido consensuado a través de muchas sesiones de trabajo conjunto con asociaciones, federaciones, confederaciones de estudiantes y otros agentes sociales y universitarios, sienta las bases para el desarrollo de un nuevo modelo de participación activa de los estudiantes en la vida universitaria y en los escenarios de la decisión política. Los estudiantes españoles se levantaron y protestaron cuando ese espacio legítimo de participación, de protagonismo, quería ser achicado por el Gobierno de Aznar a través de la LOU, igual que lo hicieron contra una restricción de los derechos de los estudiantes. Los socialistas contrajeron desde entonces el compromiso de recuperar y ampliar esos espacios de participación y de impulsar y reformar los derechos de los estudiantes, superando una legislación preconstitucional, aprobando un estatuto del estudiante universitario y permitiendo la organización de los estudiantes en torno a un consejo para articular las relaciones de los estudiantes con la comunidad universitaria y con el gobierno de las mismas.

El fruto de este compromiso adquirido por el propio Secretario General del PSOE y hoy presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es este Estatuto del Estudiante Universitario, que supone la recuperación y ampliación de espacios de participación, y el impulso y reforma de los derechos de los estudiantes.

Un órgano de representación que tendrá una visibilidad institucional y abrirá una vía de comunicación paralela y complementaria al de las asociaciones estudiantiles, lo que la convertirá ; por tanto, formará parte del marco clave para debatir las políticas de modernización y desarrollo de la convergencia europea.

Una carta de derechos y deberes en la que se da forma al Consejo del Estudiante Universitario, órgano de implantación nacional que establece la participación institucional de los estudiantes universitarios a través de sus representantes y asociaciones.

“La puesta en marcha de este

La puesta en marcha de este nuevo órgano supone el establecimiento de un canal directo de representación para todos los estudiantes semejante al que tienen los rectores y las Comunidades Autónomas a través del Consejo de Universidades y de la Conferencia de Política Universitaria, y fortalecerá el papel central de los estudiantes dentro del sistema universitario español, dándoles un papel relevante en la toma de decisiones que afectan a los procesos de aprendizaje, la docencia y los asuntos que tienen que ver con la vida y con el gobierno de la Universidad.

nuevo órgano supone el establecimiento de un canal directo de representación para todos los estudiantes semejante al que tienen los rectores y las Comunidades Autónomas a través del Consejo de Universidades y de la Conferencia de Política Universitaria

”

Es decir, tendrá una contribución decisiva en el impulso al proceso de modernización en el que están inmersas nuestras universidades, marcado por la estrategia Universidad 2015, que implica la aprobación y puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación suficiente y corresponsable, la igualdad de oportunidades a través de una política de becas que siga creciendo y que asegure la dimensión social de la educación, el programa de los campus de excelencia internacional y el desarrollo del espacio europeo de Educación Superior. La contribución de los estudiantes como una parte central a este proceso modernizador del servicio público universitario, tanto de forma individual como desde las diferentes asociaciones y órganos de representación y gobierno, es un hecho que define el sistema de gobierno de nuestros campus y que añade calidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la investigación, la ciencia, la transmisión de conocimiento y la función social de las universidades.

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La ley del menor o la tentación populista de legislar a golpe de telediario La Ley de Responsabilidad Penal del Menor está en el punto de mira de la derecha política y mediática. Desde su aprobación, en 2000, con el voto unánime de los grupos parlamentarios, ha sufrido constantes modificaciones y se ha convertido en recurrente objeto de polémica cada vez que la sociedad se enfrenta a un delito grave cometido por un menor. Polémicas que llevan a la reivindicación de nuevas modificaciones que siempre van orientadas en el mismo sentido: el endurecimiento de las penas y la reducción de la edad penal de los menores. Reformas que ya se han producido, y que han reducido la discrecionalidad en la elección de la medida por el Juez, y han establecido toda una serie de supuestos en los que es obligatorio el internamiento en régimen cerrado, así como el aumento de la duración máxima de la pena juvenil, que en la redacción original no podía superar los cinco años, y que ha alcanzado los 8 años e incluso 10 en caso de pluralidad de infracciones, condena que en algunos casos es incluso superior a la que cumpliría un adulto.

Y sin embargo, a pesar de estar continuamente en el “ojo del huracán”, la mayoría de los expertos coinciden en calificarla como una buena ley, y la sitúan como una de las más progresistas y avanzadas de Europa, ya que prima los mecanismos de educación y reinserción del menor, con las máximas garantías, y tiene en cuenta el interés superior del menor.

Además, se han introducido otras reformas cuyo objetivo era fortalecer la posición procesal de las víctimas ante los menores delincuentes, permitiéndoles que pudieran personarse como acusación particular.

La comisión de delitos graves por parte de menores, a veces casi niños, es algo que a la sociedad le cuesta comprender y asumir, y reacciona pidiendo de manera insistente que los autores de esos actos sean castigados de manera ejemplar, un castigo que compense a las víctimas por su sufrimiento, y que al mismo tiempo sirva para evitar que hechos de estas características se vuelvan a repetir.

Reformas que, a la vista de las continuas polémicas, que siempre surgen al calor de la indignación y el estupor que provoca cualquier delito grave cometido por menores, todavía no contentan a las víctimas, algo que puede considerarse razonable, ni a los sectores que ven en el Código Penal la solución a prácticamente todos los problemas de nuestra sociedad.

Y surge el recurrente debate sobre la edad penal de los menores y las supuestas deficiencias de las que adolece la actual legislación. Y determinadas voces elevan la voz para advertir sobre la imparable violencia juvenil, advertencias que, a tenor de los datos y de lo que opinan los expertos, no se corresponden exactamente con la realidad.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2000 hubo en España 11 asesinatos cometidos por menores de entre 14 y 16 años; en el 2001, nueve; en el 2002, cinco; en el 2008, tres, y el año pasado uno. Además, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, en 2008 entraron en los juzgados de menores de España 35.893 asuntos, de los que sólo el 5% se consideraron delitos graves o muy graves (lesiones, homicidio, asesinato o violación). A pesar de este hecho, los casos puntuales que llenan de titulares los medios de comunicación están siendo utilizados reiteradamente por los dirigentes del Partido Popular para presentar diferentes propuestas de reformas que enmiendan, desde la oposición y una vez más, sus propios criterios de cuando ejercen el Gobierno. Iniciativas que se reducen a pedir un endurecimiento de penas y la rebaja A pesar de estar continuamente en el “ojo del huracán”, la mayoría de los expertos coinciden en calificarla como una buena ley, y la sitúan como una de las más progresistas y avanzadas de Europa

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de la edad penal en nuestro país donde ya es una de las edades más bajas de toda Europa- y que hasta ahora se han encontrado con el rechazo del resto de los grupos parlamentarios, expertos y juristas, que han reaccionado reclamando sosiego, debate y diálogo, y haciendo llamamientos para que no se legisle en caliente, “a golpe de titular”. Esta postura del Partido Popular en el Congreso en relación con la reforma de la Ley del Menor ha girado en torno al populismo fácil y a la llamada a lo visceral de la población, buscando arañar votos con medidas poco reflexionadas y que se consideran de dudosa repercusión práctica. La estrategia del PP forma parte también de un discurso de criminalización generalizada de los jóvenes en general y de los menores en particular, asociado a la idea de que “la siempre estricta derecha” puede ser quien les controle, con vistas a calar entre una parte del electorado más sensible a hechos que, por aparecer en los medios de comunicación no son, ni mucho menos, la norma general. Cabe preguntarse si realmente el incremento de las penas o la reducción de la edad penal es capaz de tener ese efecto ejemplarizante que impida

que delitos de estas características se vuelvan a producir. ¿Cometen ese tipo de actos porque están convencidos de que pueden salir indemnes? ¿O es necesario ir más allá y buscar cuáles son las raíces de este tipo de comportamientos, y buscar la forma de atajarlos a tiempo?

acaben en prisión, eso no significa que los hechos queden impunes, ya que, aunque los menores de 14 años, según el Código Penal actual, se consideran inimputables, la Ley del Menor sí que permite medidas de tipo socio-educativo y de seguimiento para este colectivo

“Los datos, siempre tan fríos pero

De hecho, a pesar de que cada cierto tiempo se produzcan casos que nos conmueven y que nos llevan a dudar sobre la eficacia de la actual legislación, los datos, siempre tan fríos pero también tan reveladores, demuestran que más del 90% de los menores que cometen algún tipo de delito acaban reinsertados, una cifra que supera con creces los datos de reinserción de los delincuentes adultos.

también tan reveladores, demuestran que más del 90% de los menores que cometen algún tipo de delito acaban reinsertados, una cifra que supera con creces los datos de reinserción de los delincuentes adultos

”

Así, en determinados ámbitos jurídicos, se advierte con insistencia de que existe una convicción errónea de que el Derecho Penal puede solucionar los problemas de la sociedad y añaden que orientar todas las críticas de la ley en este sentido podría llevarnos a una espiral de endurecimiento de las penas y de rebajas de la edad penal, sin límite, cada vez que se produjera un delito de estas características cometido por un menor de edad inferior a la edad penal fijada. Además, explican que este tipo de delitos son episodios aislados, y recuerdan que, aunque los asesinos no

Opiniones más duras con las peticiones de endurecimiento de las penas encontramos entre psicólogos y trabajadores sociales, que consideran que el paso por el sistema penal puede provocar más daños que beneficios en la tarea de reinsertar a un menor delincuente. Y de todas estas afirmaciones podemos deducir que, aunque la ley puede castigar conductas concretas y determinadas, la labor de trabajar contra la violencia y la desigualdad es cosa de todos y, por cierto, más eficiente.

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Informe de la oficina del Defensor del Pueblo La situación de los centros de internamiento de menores con problemas de conducta y en situación de dificultad en nuestro país La preocupación del Defensor del Pueblo por los problemas de la infancia ha sido constante desde los orígenes de esta Institución, como muestra la elaboración de varios informes específicos sobre menores: en 1991, sobre la situación del menor en centros asistenciales y de internamiento; en 2002, sobre el primer año de vigencia de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores; los dos informes sobre violencia escolar, realizados en los años 2000 y 2007 respectivamente, y el estudio sobre la escolarización del alumnado de origen inmigrante en España que vio la luz en 2003. Además, a lo largo de estas dos últimas décadas, se han formulado a los poderes públicos numerosas recomendaciones y sugerencias sobre menores que se encuentran recogidas en los informes anuales a las Cortes Generales, e incluso algunas de ellas fueron favorablemente acogidas en la redacción de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Manuel Aguilar Belda Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo En este sentido, el Defensor del Pueblo ha venido recibiendo, a través de las quejas de los ciudadanos, la denuncia de numerosas irregularidades y deficiencias sobre la situación de los centros de acogimiento residencial en los que se atiende a los adolescentes con problemas de conducta y en situación de dificultad social. Por ello, esta Institución decidió efectuar una investigación orientada a la elaboración de un estudio monográfico destinado al Parlamento sobre los centros de protección de estos menores, entendiendo por tales aquellos niños o adolescentes que, como consecuencia de las alteraciones psíquicas que padecen y de su inadaptación al entorno familiar y educativo en el que se desarrollan, pueden llegar a provocarse daños a sí mismos, o vulnerar los derechos de terceras personas. Es importante esta precisión para aclarar que los menores a los que se refiere este informe no son delincuentes, ni están cumpliendo por tanto medida alguna de reforma en

el marco de la jurisdicción penal. La mayor parte de las veces, el único “delito” que han cometido estos niños es el de nacer en el seno de familias desestructuradas, o haber crecido en el ámbito de la marginación y la exclusión social. La mayor parte de los centros para la atención de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social están gestionados por entidades privadas que mantienen conciertos con las administraciones públicas competentes, pero sólo en algunas comunidades autónomas existe un protocolo para la asignación de los menores a centros específicos de trastornos de conducta

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La primera evidencia de esta investigación fue que ciertamente a partir del año 2000 se han habilitado bastantes recursos y han proliferado los proyectos de intervención que se desarrollan en los centros de meno-

res. Pero ni la diversidad de establecimientos abiertos en los últimos años, ni la variedad de programas existentes, responden en absoluto a la elaboración de planes específicos diseñados por los poderes públicos en función de las necesidades de los menores. Más aún, los recursos disponibles siguen siendo insuficientes para atender la creciente demanda de atención a jóvenes con trastornos de conducta en situación de dificultad social. Y ello, en la práctica, supone que, en muchos casos, los menores sean derivados a un centro específico en razón no de la adecuada indicación clínica o diagnóstica, sino en función de las vacantes existentes en el momento del ingreso. Además, no están delimitadas ni legal ni administrativamente las razones por las que un menor con problemas de conducta requiere un tipo de atención específica en un centro determinado, y menos aún el procedimiento por el que se decide su ingreso en un establecimiento concreto, ni los criterios

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que aconsejan que sea precisamente ese centro y no otro, el más adecuado a sus necesidades. Por otra parte, la mayor parte de los centros para la atención de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social están gestionados por entidades privadas que mantienen conciertos con las administraciones públicas competentes, pero sólo en algunas comunidades autónomas existe un protocolo para la asignación de los menores a centros específicos de trastornos de conducta. La falta de centros y de protocolos de actuación favorecen que las entidades públicas, en ocasiones, deriven a menores a recursos que no se ajustan a sus necesidades. Además, a diferencia de lo que ocurre en los centros de reforma, en los que el plazo de internamiento se encuentra señalado expresamente por la resolución judicial, en los centros de protección de menores con problemas de conducta el tiempo de permanencia se encuentra vinculado al diagnóstico y evolución en el tratamiento del menor, por lo que no suele determinarse previamente. Con su estudio monográfico, el Defensor del Pueblo ha querido propiciar la apertura de un amplio debate sobre la atención a los menores en estos centros específicos

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Otro aspecto que ha llamado la atención del Defensor es que la ausencia o escaso desarrollo de reglamentos internos de funcionamiento de los centros pueden propiciar la arbitrariedad en la aplicación de las sanciones y la indefensión de los menores. En este marco, la práctica de contenciones físicas o mecánicas, las medidas de aislamiento de los menores y el suministro de tratamientos farmacológicos parecen exigir una adecuada reglamentación. Relevante parece también el hecho de que muy pocas de las administraciones competentes hacen un seguimiento frecuente de la situación en que se encuentran los centros, y tampoco suelen mantener un

contacto regular y fluido con los menores. Por otro lado, la vigilancia que los fiscales deberían realizar de la situación de los menores en los centros, y que según lo establecido en el artículo 174 del Código civil, debería ser, al menos, semestral, es muy escasa. Como consecuencia de esta investigación, el Defensor del Pueblo ha realizado toda una batería de recomendaciones y sugerencias a los poderes públicos, las más importantes de las cuales podrían ser: a) La conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre la atención a los menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador. b) Establecer la necesaria autorización judicial, en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de trastorno psíquico, o en centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores, de acuerdo con su edad, pueden ejercitar. c) Parece necesario que en las comunidades autónomas en las que no haya sido aprobada una disposición que regule de forma pormenorizada el funcionamiento y convivencia en los centros, procedan a su elaboración, tipificando un régimen de infracciones y sanciones en el que no se contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que

conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Administración ha de ejercer las obligaciones que le corresponden a fin de asegurar la protección de los derechos de los menores, a través de la inspección y supervisión de todos los centros en los que se encuentren acogidos menores de edad. e) Por último, la Fiscalía ha de dotarse de los medios necesarios para realizar el control periódico del funcionamiento y organización de los centros de protección de menores con problemas de conducta y en situación de dificultad social. Con su estudio monográfico, el Defensor del Pueblo ha querido propiciar la apertura de un amplio debate sobre la atención a los menores en estos centros específicos, en el que participen especialistas de la comunidad científica, representantes de los distintos estamentos de la política y la Administración, universidades, instituciones tutelares de menores, profesionales, directivos y educadores de los centros, asociaciones de familiares de los niños, y los propios menores, con el fin de reflexionar, intercambiar experiencias, y fomentar estudios e investigaciones sobre cómo se puede hacer del acogimiento residencial un recurso más compartido, pedagógico, eficaz y positivo para nuestros adolescentes. En cierto modo, ésta ha sido la finalidad última del informe: no tanto denunciar las irregularidades detectadas, ni señalar con el dedo a personas o administraciones concretas, como llamar la atención de la sociedad española sobre los graves problemas del actual sistema de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social.

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El sistema nacional de la dependencía: un derecho que la derecha boicotea En noviembre de 2006 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas con el objetivo de garantizar a los dependientes que no pueden valerse por sí mismos y a sus familias el acceso a toda una serie de prestaciones y servicios, según su grado de dependencia. La ley supone, tal y como afirmó José Luis Rodríguez Zapatero, sentar las bases del cuarto pilar del Estado del Bienestar, que incrementa la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre ciudadanos y completa el sistema de atención y protección social constituido hasta ese momento por el sistema de salud, el de pensiones y el sistema educativo. Un paso de gigante en los derechos sociales de los españoles, que sitúa a España entre los países más avanzados del mundo, garantizando la atención del más de un millón de ciudadanos que necesitan ayuda para llevar a cabo las actividades básicas de su vida diaria, y los casi dos millones que requieren algún servicio externo

para realizar alguna tarea en su vida cotidiana. Con su aprobación, el Estado compromete una aportación de más de 12.638 millones de euros hasta el 2015, las comunidades autónomas deben aportar la misma cantidad, y los usuarios sufragar el 35% del total, en función de su renta. La Ley pretende ser universal, promociona la tele asistencia, la ayuda a domicilio y los centros de día, siendo «excepcional» el pago de un sueldo al cuidador familiar, y ha supuesto la puesta en marcha de un nuevo escenario de protección. Pero también ha encontrado numerosos problemas en su aplicación, dificultades que en algunos casos se han producido por la "falta de voluntad institucional" de

los gobiernos de las Comunidades Autónomas de la derecha, tal y como ha denunciado el Observatorio Estatal para la Dependencia en un dictamen publicado a finales de 2009. Durante la presentación del dictamen, el Observatorio consideró "muy preocupante" que una tercera parte de la población española viva en comunidades autónomas en las que existe "falta de voluntad institucional" de implantar el sistema, y citó a Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Euskadi y Navarra como "ejemplo positivos" de la colaboración entre las administraciones autonómicas y locales, con un incremento de recursos para que éstas últimas puedan cumplir sus funciones.

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minadas Comunidades Autónomas se están poniendo para que cumpla con sus objetivos está perpetuando una situación de desigualdad entre ciudadanos y generando una desigualdad de derechos entre territorios. Pero además, los retrasos en su aplicación y las trabas que desde determinadas Comunidades Autónomas se están poniendo para que cumpla con sus objetivos están perpetuando una situación de desigualdad entre hombres y mujeres.

Una falta de “voluntad institucional” que en casos como los de Madrid, Valencia y Región de Murcia ha sido relacionado, directamente, con la falta de interés para que una medida que ha sido puesta en marcha por el “adversario político” salga adelante con éxito, más que con la falta de medios o de recursos para llevarla a buen puerto. Comunidades Autónomas que en función de intereses meramente electoralistas han sometido a muchas personas dependientes y a sus familias a largas esperas. Estos plazos excesivos que se han ido acumulando y la tardanza de estas administraciones en resolver los expedientes han llegado a poner en peligro el sistema que, según advertía en este último informe, corría peligro de colapsarse. Este es el motivo que, desde el Gobierno de España, a la vista de los reiterados incumplimientos por parte de determinadas Administraciones Públicas, se impulsó un acuerdo por el que se obliga a las Comunidades Autónomas a dictaminar las ayudas que correspondían a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses. Pero a pesar de este acuerdo, según un informe

de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales 252.000 personas aún esperaban las ayudas a la dependencia tras 17 meses de trámites. Personas con derecho a atención pero a las que no se les había realizado el Plan Individualizado de Atención (PIA), preciso para recibir la prestación. Solucionar esta situación de desigualdad es, y debe ser, una de las prioridades del Gobierno, pero también una reivindicación clara de la ciudadanía. Y ello por tres razones: 1.- Porque es de justicia que todas las Administraciones Públicas se vuelquen en la atención de estos tres millones de personas que no pueden valerse por sí mismas, y en ayudar a sus familias. Facilitar que todos estos ciudadanos disfruten de sus derechos, y puedan llevar una vida digna. 2.- Porque es una ley que nos afecta a todos y de la que todos nos podemos beneficiar de manera directa o indirecta en un determinado momento de nuestra vida, dado que incluye la prestación de servicios a ancianos y a sus familias 3.- Y porque los retrasos en su aplicación y las trabas que desde deter-

Las mujeres siguen siendo las principales responsables del cuidado y atención de las personas dependientes. Según diversos estudios, el 80% de las personas encargadas de atender a las personas dependientes son mujeres. Mujeres que en muchos casos renuncian a trabajar fuera de casa, reducen su jornada laboral, o añaden a las obligaciones que les marca su empleo las tareas de cuidado y atención de un familiar dependiente. Una tarea que durante muchos años no ha tenido reconocimiento alguno por parte de la sociedad. Y en este sentido hay que apuntar, que además de reconocer los derechos y las prestaciones de un amplísimo segmento de la población española, la puesta en marcha del sistema de dependencia ha incidido favorablemente en el fomento del empleo. De hecho, según las estimaciones realizadas en su momento por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la ley puede suponer la creación de al menos 300.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con los servicios sociales en sus primeros ocho años de aplicación. Es decir, la Ley de Dependencia no es sólo una apuesta por la cohesión social y por la igualdad de oportunidades de las personas dependientes y sus familias, sino también un enorme yacimiento de creación de empleo. Un aspecto que debería ser tenido en cuenta en estos momentos de crisis, en los que el paro se ha convertido en la principal preocupación de los españoles.

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Luis Cayo Pérez Bueno Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Luis Cayo Pérez Bueno (Calasparra, Murcia, 1967) es Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).Desde 1994, trabaja en el sector social de la discapacidad. Actualmente es editor de cermi.es, el periódico de la discapacidad, Director de la colecciones cermi.es, Abyectos, Telefónica Accesible, Convención ONU y Barclays Igualdad y Diversidad, Vicepresidente del Consejo Nacional de la Discapacidad y Vocal del Real Patronato sobre Discapacidad y del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social, presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad y patrono de la Fundación ONCE. Escritor, traductor y poeta, ha publicado diversas obras, estudios y traducciones tanto de creación literaria como sobre la realidad social y el movimiento de la discapacidad. Su última obra es Discapacidad, Derecho y Políticas de Inclusión (febrero de 2010). En 2008, le fue concedida por el Ministerio de Justicia la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, al mérito en el Derecho y la Justicia. El diario EL MUNDO.es lo ha incluido en la lista de los 500 españoles más influyentes del año 2010, en el ámbito “poder alternativo”. - - ¿Cuáles son los principales problemas que afronta una persona con discapacidad en nuestro país? ¿En qué ámbito es en el que se encuentran con más dificultades?

- Todavía, la discriminación contra las personas con discapacidad es un hecho diario, una práctica más habitual de lo que parece que amenaza y pone en entredicho unas condiciones de vida digna para sus víctimas. Por supuesto hay que dotarse de leyes vigorosas contra la desigualdad y la discriminación. Pero no basta. La posibilidad de ser víctima de discriminación acecha y los primeros interesados en que se respeten nuestros derechos somos nosotros mismos. Debemos, pues, convertirnos en autodefensores eficaces de nuestros derechos, no transigir con los atropellos, transformar localmente las conductas que tratan de lacerarnos como ciudadanos. Eso requiere un aprendizaje, una actitud, una disposición, una escuela de vida casi. Lo repito, el combate que tiene visos de más éxito es el que libre cada uno en su esfera personal y social. Precisamos políticas vigorosas de equiparación; medidas de acción positiva que nos sitúen en posiciones de partida de igualdad real y efectiva. Un dato estremecedor, acreditado por recientes estudios, que revela cuán necesaria es aún la acción afirmativa: acceder a los mismos bienes y servicios que el resto de los ciudadanos –una guardería, un vehículo, un viaje turístico-, le supone a una

persona o familia con un miembro con discapacidad, entre un 40% o un 45% más de coste que a una persona o familia sin discapacidad. Más que un sobrecoste, es un agravio, que lastra en muchas ocasiones o que torna heroica, la realización de los anhelos y las aspiraciones de la persona. Dejar persistir, sin atacarlas, las condiciones que permiten ese estado de cosas, escamotea lo más valioso que tiene el individuo: un proyecto de vida y de felicidad libremente elegido en relación armónica con la comunidad a la que pertenece. - ¿Cree que falta concienciación social entre la ciudadanía?

- En esta cuestión soy optimista. Las sociedades complejas, como la española, son más propensas a gestionar y aceptar la diversidad; eso es un punto a favor de la presencia normalizada de las personas con discapacidad. Esto se

ve reforzado por una mayor visibilidad, una más notoria presencia: en la escuela, en la calle, en los trabajos, etc. Todo esto ayuda, desata espirales casi irreversibles, de difícil retorno. No obstante, siempre estaremos en una situación un tanto precaria, quebradiza,

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en torno a la discapacidad; en suma, con las organizaciones representativas y con la ciudadanía, que pugna por innovar nuevas formas de participación política. Nadie sabe más de discapacidad, de autonomía personal, de vida independiente y de inclusión que quien lo vive, personalmente o en familia, en el día a día. El principio de diálogo civil, concreción de la democracia participativa, ha de presidir todas las políticas de discapacidad. - Aunque queda mucho por hacer, ¿cree que nuestra sociedad ha avanzado en los últimos años en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad? ¿Cuál cree que han sido los principales cambios positivos que se han producido en los últimos años?

por lo que la acción ha de ser constante, indesmayable. Desde el activismo de la discapacidad no pedimos que se nos acepte, que se tome conciencia de nuestra realidad, vamos más allá; señalamos la riqueza de la diversidad que aportamos, el valor intrínseco de nuestra forma de estar en el mundo. No es sólo una diferencia de grado, sino de calidad. - ¿Qué medidas propone CERMI para incrementar la sensibilidad ciudadana ante los problemas que afectan a las personas con discapacidad?

- Proponemos políticas, acción pública y activismo social auténticamente transformadores. Las políticas de discapacidad que planteamos y reclamamos han de hacerse coparticipadamente, corresponsabilizadamente, mediante un diálogo constante con la sociedad civil articulada

- Desde hace bastante tiempo, el movimiento social de la discapacidad venía preconizando un cambio, un giro radical diría, sobre la visión de eso que hemos venido llamando discapacidad. Ese cambio consistía en sacarla del concepto de estado doliente que inspiraba, a lo sumo, lástima o benevolencia en el resto de personas, en aquellas que no presentaban una discapacidad. Esa visión, eso modelo de entender la discapacidad, llevaba aparejadas unas políticas, unas intervenciones del todo insatisfactorias. Se postuló situar la discapacidad en el plano de los puros y simples derechos humanos, y de ver a las personas con discapacidad como ciudadanos como los demás, con déficits, eso sí, de las garantías propias de las sociedades que aspiran a ser decentes. Esa labor ha llevado a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad de 2006, que es la proclamación de que la discapacidad es una urgente e inaplazable cuestión de derechos humanos. Respecto de los cambios relevantes acaecidos, nunca es fácil decantarse por una única cosa, por suerte, en el ámbito de la discapacidad, en los últimos años, ha habido numerosas y positivas muchas de ellas. Pero si me forzarán a quedarme con una, optaría por la adopción de la Convención Internacional sobres los Derechos de las Personas con Discapacidad, de diciembre de 2006, ya citada, y que España ha firmado y ratificado. Este tratado internacional está llamado a reorientar todas las legislaciones y las políticas públicas de discapacidad en todo el mundo. Establece con rango de norma internacional, lo que muchos veníamos pretendiendo, abordar la discapacidad como una cuestión de derechos humano. Es un cambio cualitativo radical, que no tendrá efectos inmediatos, pero sí transformará el modo de ver, de concebir y de regular la discapacidad. - Juventudes Socialistas de España junto con los jóvenes socialistas de Europa han aprobado una resolución que insta al Consejo de la Unión Europea a crear la “Capital Europea de la Accesibilidad, ¿qué opina sobre esta iniciativa? ¿Hay algún municipio que se pueda considerar ejemplo de accesibilidad?

- Nos sentimos plenamente identificados con esa iniciativa, no en balde fue una idea del CERMI, planteada al Gobierno español y asumida por éste, quien a su vez la elevó a la Unión Europea y ésta terminó adoptando. Es uno de los logros de la recién concluida Presidencia Española de la Unión Europea. Se trata de desencadenar una pugna, en el buen sentido, entre las ciudades europeas para que compitan en inclusión, en accesibilidad, en simpatía por tratar amistosamente a las personas con discapacidad. Una ciudad que deja de ser hostil para las personas con discapacidad, por mejora su accesibilidad, despliega bienestar e inclusión para toda la ciudadanía. En ese sentido, la discapacidad es una suerte de piedra de toque; si se pasa su examen, todo son beneficios.

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- ¿Qué significó para las personas con discapacidad de nuestro país la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia?

- La Ley fue recibida con esperanza y ansiedad. Era la primera respuesta, en términos de derechos, a una demanda histórica y sostenida de cientos de miles de personas con discapacidad, aparte de las personas mayores. Pero no podemos dejar de tener en cuenta que la Ley, por nuestra realidad territorial, es de aplicación compleja. Son muchos actores y operadores los que intervienen, y los consensos no son nunca fáciles. Podríamos decir, que a día de hoy, más de tres años después de su entrada en vigor, la Ley supone en gran medida una expectativa no cumplida, una aspiración vehemente que no está encontrando respuestas satisfactorias. - ¿Podríamos decir entonces que nos encontramos ante el cumplimiento y el asentamiento del cuarto pilar del Estado de Bienestar?

- Atender en términos de derechos las necesidades de apoyo para la autonomía de las personas mayores o con discapacidad es un avance en la dimensión social de los Estados, un paso imprescindible, pero no suficiente para hablar de un cuarto pilar concluido. El bienestar excede en amplitud la respuesta a las necesidades de autonomía de determinados sectores de la ciudadanía. Los derechos sociales abarcan más realidades no atendidas o precariamente cubiertas. El bienestar está aún por llegar. - La aplicación de la Ley está resultando más lenta y difícil de lo deseable. ¿Qué valoración realiza de la aplicación de la ley? ¿Cuáles son los principales problemas a los que se están enfrentando?

- Hay malestar y decepción en las personas llamadas a ser beneficiarias de sus servicios y prestaciones; el proceso de desarrollo y aplicación no está siendo ejemplar. El potencial de autonomía personal de la Ley no está constituyendo el centro de su despliegue, asistimos a una especie de gestión de servicios para la dependencia pasiva, en la que la discapacidad no se reconoce. Creemos que hay que reconducir el proceso y dar participa-

ción real y efectiva a los movimientos sociales y al resto de grupos de interés, para reorientarlo y alcanzar de verdad los objetivos que hoy vemos muy problemáticos y aún lejos. Los antecedentes de la actual situación son muchos y variados. Problemas de modelo, falta de tradición, la forma del Estado que extrema las dificultades de gestión, ausencia de participación de los sectores sociales en el sistema, la crisis económica, etc. Pero hay algo peor, que se ha evidenciado en estos más de tres años, a saber: la deslealtad institucional entre los poderes públicos llamados sentar las bases y desplegar el nuevo sistema. Considero que en este hecho cualitativo está buena parte del problematismo actual.

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- A qué achaca esos problemas y cómo cree que se pueden solucionar.

- Los antecedentes de la actual situación son muchos y variados. Problemas de modelo, falta de tradición, la forma del Estado que extrema las dificultades de gestión, ausencia de participación de los sectores sociales en el sistema, la crisis económica, etc. Pero hay algo peor, que se ha evidenciado en estos más de tres años, a saber: la deslealtad institucional entre los poderes públicos llamados sentar las bases y desplegar el nuevo sistema. Considero que en este hecho cualitativo está buena parte del problematismo actual. - ¿Son optimistas con respecto al futuro y la sostenibilidad de la ley o cree

que peligra su viabilidad? ¿De qué factores cree usted que depende el buen desarrollo de la misma?

- Somos constitutivamente optimistas, es una nota idiosincrásica de la discapacidad. Esto se proyecta en todo lo que hacemos, en todos nuestros análisis y en toda nuestra actividad. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia es sostenible, es ampliable incluso. Hace falta voluntad política, desde luego, recursos, por supuesto, y mucha, mucha creatividad. Cuando se le ha preguntado a la ciudadanía, se ha pronunciado categóricamente a favor de esta dimensión social de la acción pública, incluso con incremento de sus aportaciones. La alianza de los sectores sociales directamente concernidos es firme. Con todos esos elementos, el éxito debiera estar asegurado. - ¿Cómo cree que se puede trabajar para incrementar esta sensibilización desde una organización política juvenil como JSE?

- Iría más allá de la sensibilización. Primero, aconsejaría a la JSE que se abrieran activamente a la discapacidad, que se propusieran ser inclusivas y que pudieran atraer e incorporar a jóvenes con discapacidad en sus filas. También que la agenda política progresista propia de esta formación se enriqueciera con la discapacidad, que formara parte de su relación de asuntos primordiales y de su horizonte de acción. Mientras se prepara ese futuro, con carácter inmediato, reforzaría la relación entre las organizaciones políticas juveniles y el tejido asociativo de la discapacidad.

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