Documentos de la Comisi贸n de Econom铆a y Mundo Laboral de Izquierda Republicana. 2009-2011
ÍNDICE
1. Banca Pública: Una banca de los ciudadanos para los ciudadanos
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2. Despidos y beneficios en tiempo de crisis
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3. Pensiones y reforma laboral: No más pasos atrás.
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4. Recortes injustos, democracia cuestionada
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5. Los republicanos ante la crisis: Es el momento
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6. Reforma despótica
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1 BANCA PÚBLICA: UNA BANCA DE LOS CIUDADANOS Y PARA LOS CIUDADANOS. Junio 2009
La actual crisis económica, cuyos primeros síntomas vinieron precedidos de las otrora famosas hipotecas subprime, con la serie de consecuencias que trasladaron sus efectos a todos los puntos del globo, dio lugar a que de manera incipiente se planteara el debate sobre la necesidad de que renaciese la banca pública. Desde diversos sectores de la política y la economía se reclamaba la actuación de una banca pública sin los excesos y defectos de la banca privada tanto comercial como de inversión.
Sin embargo, en gran parte del mundo occidental, y particularmente en nuestro país, esa banca pública que había llegado a jugar un papel notable en el sistema financiero en tiempos recientes (todavía en los años noventa suponía un porcentaje del 15% del volumen de créditos concedidos en España) fue desapareciendo sin que nadie llorase su pérdida. De hecho, para la banca privada fue un alivio el que desapareciese un competidor. La Corporación Bancaria Argentaria fue privatizada pasando a formar parte del BBVA, e incluso, más recientemente el banco alemán Deutsche Bank se hizo con la red que en su día poseía la Caja Postal en las oficinas de correos. La única presencia testimonial en nuestros días es la del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Incluso en este caso, el ICO ha de utilizar los canales de la banca privada para poder articular sus líneas de ayuda a diversos sectores de la economía.
El debate alcanzó cierta notoriedad hasta el momento en el que los gobiernos de los países occidentales empezaron a inyectar cantidades ingentes de dinero en los bancos que corrían mayores riesgos fruto de unas políticas especulativas que se han demostraron absolutamente nefastas y perniciosas EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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para la economía en general y para los más humildes en particular. El dinero de todos se puso al servicio de unos pocos. El objetivo declarado por los gobiernos era el de insuflar liquidez a la economía pero esa liquidez no ha alcanzado a quien más la podía necesitar: las familias endeudadas, las empresas pequeñas y medianas,…
En ciertos ámbitos, a la vista de la magnitud de esta intervención estatal en las instituciones
financieras
se
llegó
a
plantear
la
posibilidad
de
una
nacionalización pero finalmente todo se fue diluyendo para la mayor tranquilidad de los grandes accionistas y ejecutivos de la banca, que en ningún caso han tenido que responder en los tribunales por una gestión que roza lo delictivo.
En España, el Presidente del Gobierno, cercenó cualquier veleidad al declarar el pasado mes de octubre que “no queremos crear banca pública ni sustituir al mercado”. El sacrosanto mercado es intocable para nuestro gobierno y para el principal partido de la oposición.
Desde Izquierda Republica consideramos que una banca pública sí tiene una razón de existir y que la actual coyuntura hace necesaria su presencia y actuación en unos parámetros distintos a aquellos en los que existió hasta hace unos años. En este documento pretendemos lanzar algunas propuestas de cómo puede ser esa banca pública en la España del siglo XXI.
En los últimos años se ha ido dando por sentado que las funciones y servicios financieros han de ser guiadas por la mano del libre mercado que, como hemos visto, de libre tiene bastante poco. Está dinámica ha conducido a una sofisticación de los productos financieros que buscaban la especulación pura y dura para alcanzar beneficios enormes para unos pocos en cortísimos plazos de tiempo. Los modernos gurús y sacerdotes de las finanzas predicaban la EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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buena nueva del crecimiento ilimitado de las ganancias sin reparar en que las burbujas terminan explotando.
Sin embargo, los republicanos de IR planteamos que los servicios financieros han de cumplir una función social en diversas áreas muy sensibles para los ciudadanos. En particular, en el caso de España, el derecho a la vivienda está reconocido constitucionalmente. Por ello, la financiación de estas operaciones no puede responder únicamente a criterios de mercado y maximización del beneficio. La financiación de la vivienda habitual es un campo en el que la banca pública puede y debe desarrollar una labor absolutamente necesaria sin buscar el atar a los clientes a modernas esclavitudes de por vida. Los criterios de concesión de préstamos hipotecarios y las condiciones de su devolución no pueden ser en la banca pública tan leoninos como lo están siendo actualmente. Particularmente, la nueva banca pública ha de tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades para el acceso a la vivienda como es el caso de los jóvenes o los inmigrantes.
Por otro lado, una banca pública tendrá que prestar su apoyo decidido a los proyectos empresariales productivos, creadores de empleo y de riqueza real y a largo plazo, que en muchos casos están siendo obviados por bancos y cajas para perseguir fáciles ganancias en operaciones inmobiliarias, energéticas o financieras de dudosa moralidad en algunos casos y cuyas bondades no alcanzan a la mayoría de la sociedad. El fomento de iniciativas de desarrollo sostenible es otro de los campos donde la pública habrá de jugar un papel notable. Asimismo, la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación no pueden quedar en manos de la banca privada únicamente, ya que ello supondría que aquellas propuestas que no tengan un inmediato retorno pecuniario carecerían de apoyo financiero para su desarrollo.
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Se trata, en definitiva, de que la banca pública se haga a cargo de hacer llegar financiación a distintas áreas de la economía con un interés social evidente, y que actualmente no reciben un tratamiento adecuado por parte de bancos y cajas, ni parece que lo vayan a recibir teniendo en cuenta su actual dinámica de funcionamiento.
Desde Izquierda Republicana queremos añadir un matiz nuevo a la banca pública que hemos descrito anteriormente. Se trata de la participación ciudadana. No estamos hablando de recuperar una banca pública en manos exclusivamente técnicas que pueda reproducir los defectos de la privada. Hay que buscar vías e instrumentos que permitan a los ciudadanos ser participes de las decisiones y líneas de actuación de las entidades financieras públicas.
En este sentido, hay tener presente la fallida experiencia que suponen las cajas de ahorro. La participación de los impositores en sus órganos de gobierno y control es puramente formal y se ha terminado traduciendo en un reparto de poder entre los partidos políticos mayoritarios y en una instrumentalización mutua entre los altos cargos de las cajas de ahorro y el poder político territorial. Estos vicios afectan a la adopción de decisiones tanto en los aspectos puramente financieros de estas entidades como a la obra social y cultural que desempeñan.
En conclusión, Izquierda Republicana reivindica una nueva banca pública con una clara visión de la función social de su actividad, que busque la creación de empleo y riqueza real impulsando a los sectores económicos marginados por el mercado financiero mediante la existencia de mecanismos de efectiva participación ciudadana en sus órganos de gobierno. La banca pública habrá de ser una banca de los ciudadanos y para los ciudadanos.
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2 DESPIDOS Y BENEFICIOS EN TIEMPO DE CRISIS
Noviembre 2009
Propuesta de la Agrupación Local de IR de Alicante que recoge la Comisión de Economía y Mundo Laboral.
Para realizar propuestas que interesen a la mayoría de los ciudadanos y tras el informe que realizó nuestra Comisión de Economía y Mundo Laboral sobre la Banca Pública -publicado en el boletín Nº 47, págs 4 y 5- en el que detallamos el papel que para los republicanos de IR debe cumplir dicha Banca, hemos abierto un debate sobre la facilidad con la que se está despidiendo, injustamente, a muchos trabajadores y lo que supone para esas familias. El final de este debate debe ser un conjunto de normas que defiendan al trabajador cuando una empresa rentable decida arbitrariamente su despido. Es algo que creemos de Justicia y nadie está intentando solucionarlo. Obviamente cualquier opinión o sugerencia no sólo será bienvenida sino que para nosotros es fundamental. Este es el objetivo de esta nueva sección "Debate abierto". Todos conocemos a personas que en la situación de crisis que vivimos han sido despedidas. Es cierto que si una empresa ve disminuidos sus ingresos durante un período medio de tiempo, deberá hacer ajustes pues en caso contrario incluso podría verse en peligro su continuidad. Que en estos ajustes se pierda algún puesto de trabajo es triste, pero asumible. En estos casos además de una cobertura económica por parte del Estado, se debe acompañar una formación adecuada que facilite la reincorporación al mercado laboral de las personas afectadas.
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Esto es lógico y razonable. Pero lo que no es ni una cosa ni otra es el despedir trabajadores por parte de empresas que no disminuyen sus ingresos y que se aprovechan de la crisis para realizar despidos que en otra situación serían absolutamente implanteables. Y lamentablemente este tipo de casos afectan a un montón de familias y nadie hace nada para evitarlo. Los poderes públicos lo consideran algo así como una tragedia inevitable y no es eso. Se podría evitar con una legislación adecuada y que velara por el interés de la mayoría, que somos los que trabajamos por cuenta ajena. Las dos líneas generales de la propuesta que estamos debatiendo actualmente son: I - Imposibilidad de despido improcedente cuando los resultados económicos sean positivos y similares a los de ejercicios anteriores. II - Reubicación del empleado en otros puestos "rentables" de la empresa mediante la formación profesional necesaria. Hay países en el norte de Europa donde existe algo similar. En España hay ciertos Colegios Oficiales que en ocasiones impiden el despido y la contratación de otro trabajador para ese puesto… ¿Qué opinas? Esperamos tus comentarios En nuestro siguiente boletín, contando con todas las opiniones recibidas, te detallaremos nuestras soluciones.
Para una adecuada comprensión de la situación actual en relación con los despidos que se están produciendo actualmente en las empresas relacionados con la crisis económica, el punto de partida no puede ser otro que el análisis de la normativa básica que regula las relaciones laborales, que no es otra que el Estatuto de los Trabajadores.
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En principio el artículo 49.1.l) establece que el contrato de trabajo podrá extinguirse por “causas objetivas legalmente procedentes”. Esto debe ser puesto en relación con lo previsto en el artículo 52.c):
“El contrato podrá extinguirse: (…)
c) Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al establecido en el mismo. A tal efecto, el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos. Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.”
Finalmente, el artículo 51.1, referido al despido colectivo establece lo siguiente:
“A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a: a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores. c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.
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Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos.”
Para finalizar esta introducción hay que apuntar que en caso de despido improcedente, el trabajador no tiene la facultad de poder reincorporarse a su puesto de trabajo si no que la opción es ejercitada por la empresa entre la reincorporación o la indemnización. Todo ello da lugar a que podamos hablar de un despido libre con indemnización.
No conviene olvidar por otro lado, que, aunque el Estatuto de los Trabajadores contenga una serie de previsiones acerca de la necesidad de que las empresas justifiquen la situación económica negativa, la jurisprudencia ha cambiado notablemente a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2008. Desde entonces se ha facilitado la acreditación de las circunstancias que dan lugar a los despidos por causas económicas. Simplemente hay que acreditar la existencia de pérdidas cuantiosas y continuadas que presuman que la amortización de puestos de trabajo contribuirá a la superación de la situación.
Desde el comienzo de la crisis económica que ahora nos azota hemos asistido a un goteo cada vez más intenso en la destrucción de empleo por parte de las empresas tratando de mantener sus cuentas de resultados.
En España, uno de los mecanismos más utilizados ha sido la no renovación de los diversos tipos de contratos temporales cada vez más precarios. Una fórmula ágil y barata para los empresarios que recurrieron a este tipo de contratación EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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con las bendiciones de los gobiernos. Es una forma de mejorar las estadísticas del paro y el empresario se ahorra costes sociales y futuras indemnizaciones. Evidentemente, todo confluye en aumentar los beneficios.
No obstante, no podemos decir que estos privilegios sean nada nuevo en la historia de las relaciones laborales en nuestro país. Históricamente se ha facilitado a las empresas la realización de ajustes en la plantilla de trabajadores en cuanto las cuentas de resultados lucían unos resultados menos lustrosos.
Si se consulta la hemeroteca podemos comprobar como en cada momento de crisis o apreturas económicas la destrucción de empleo ha sido la principal herramienta utilizada por las empresas: Crisis del petróleo de 1973 y 1979, reconversión industrial en los años 80, “crash” tecnológico y bursátil en los noventa,… A todo ello ha contribuido de manera destacada las llamadas políticas de competitividad de la Unión Europea.
Las formulas han sido diversas: Expedientes de regulación de empleo (EREs), prejubilaciones, despidos individuales… El interés empresarial cada vez ha sido más poderoso y los controles externos han ido disminuyendo hasta convertirse en una mera formalidad. Hemos llegado a nuestros días con una flexibilidad casi absoluta tanto en la entrada como en la salida de trabajadores del mercado laboral. Poco a poco, se ha transformado el empleo estable y con derechos laborales por un empleo precario y sin derechos, llegando a sustituir las relaciones laborales por relaciones comerciales (contratos mercantiles, falsos autónomos).
Es por ello que no nos debe extrañar que actualmente nos encontremos con despidos en empresas que muestran beneficios en su contabilidad. Pueden revestir la forma de despidos individuales o de despidos colectivos (EREs y otros similares). EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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¿Qué planteamos desde Izquierda Republicana?
Los republicanos de IR nos oponemos de forma tajante a que la masa salarial sea la que cargue con los costes sociales de la crisis. Estamos ante una crisis del propio sistema con un claro origen financiero. Además entendemos que los sacrificios de los trabajadores tanto en términos de pérdida de empleo como de congelaciones o reducciones salariales no van a ser la puerta de salida de esta situación sino que contribuirá a que ahondemos cada vez más en ella.
Proponemos una modificación normativa inmediata que se debe reflejar en el Estatuto de los Trabajadores. Se prohibirán los despidos por causas económicas en empresas que tengan beneficios en sus últimos resultados presentados.
En el caso de empresas con pérdidas en el último ejercicio pero con resultados positivos en los tres anteriores se establecerán limitaciones en cuanto al porcentaje de posibles despidos en función del tamaño de la plantilla y de la cuantía de las pérdidas en último ejercicio.
Se
reforzaran
los
mecanismos
de
acreditación
de
las
circunstancias
económicas que puedan dar lugar a los despidos incluyendo los controles externos que deberán correr a cargo de comisiones mixtas con la participación de representantes de los trabajadores, de la empresa y de los servicios públicos de empleo cuyo dictamen será vinculante.
Por otra parte, en los casos de despidos improcedentes, la posibilidad de elección entre reincorporación del trabajador o indemnización no será facultad de la empresa sino que deberá decidir el Juzgado de lo Social correspondiente habiendo escuchado las alegaciones de empresario y trabajador. En determinados casos la reincorporación podrá ir ligada al compromiso del trabajador y la empresa de recibir una formación que permita EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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a aquel reubicarse en otro puesto de trabajo más adecuado a los intereses del empresario.
No nos olvidamos de que el marco socio-económico en el que España se sitúa es el de la Unión Europea. En este sentido, es evidente que desde este marco, los contenidos sociales y singularmente las relaciones laborales no han sido nunca una prioridad. Los aspectos mercantiles y financieros siempre han ido muy por delante buscando siempre la mayor flexibilización del empleo para favorecer una falsa competitividad de los productos europeos en los mercados mundiales a costa del sacrificio de los trabajadores. Por ello, después de 52 años de andadura, las instituciones europeas han de reorientarse en un sentido social que garantice para sus ciudadanos unas condiciones dignas en sus puestos trabajo incluyendo la prohibición de despidos en empresas con beneficios.
Se trata en definitiva, de recuperar para los trabajadores unos espacios de derechos que nunca debieron de perderse en nombre de una modernización y una competitividad que en el contexto actual de crisis han mostrado su verdadera y desagradable cara. La situación actual, tal y como ya se apuntaba en nuestro anterior documento sobre Banca Pública, viene a cuestionar al capitalismo como sistema económico que pueda permitir a la humanidad progresar de una forma digna y sostenible. Hay que ir buscando alternativas sobre todo a través de una mayor participación pública en la economía y en las relaciones laborales. El Estado, con la participación de unos ciudadanos implicados puede y debe tener un papel notable en la configuración de lo que debería ser un nuevo sistema socioeconómico que todavía está por definir. Desde Izquierda Republicana vamos a seguir trabajando en nuevas propuestas en ese sentido.
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3 PENSIONES Y REFORMA LABORAL: NO MÁS PASOS ATRÁS Febrero 2010 En las últimas semanas, la excusa de la crisis económica y sus funestas consecuencias tanto en el terreno laboral como económico ha servido de cobertura para que desde el neoliberalismo triunfante se exijan mayores sacrificios a la clase trabajadora. Hablan de ajuste utilizando su piadoso lenguaje pero de lo que se trata es de que la mayoría de los ciudadanos, que no se benefició de las sucesivas burbujas financieras, tenga que apechar con las consecuencias de los excesos. De momento ya se esta viendo la crudeza de esos ajustes en forma de incremento desorbitado del paro, que ya supera la cifra de cuatro millones de personas en nuestro país.
Pero los sacerdotes de la religión capitalista no se conforman. El presidente del gobierno acudió a la cumbre de Davos y volvió con el encargo de seguir recortando el gasto público con la amenaza de que si no cumplía, la deuda española encontraría dificultades para ser financiada en los mercados especulativos. De este modo, nos encontramos con la propuesta de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, el aumento del periodo de cálculo de las pensiones, un recorte del gasto público por importe de 50.000 millones de euros y una reforma laboral cuyo calado no se acaba de perfilar pero que indudablemente supondrá un recorte en los derechos de los trabajadores.
En la propuesta sobre las pensiones se han alegado una serie de motivos demográficos y de sostenibilidad del sistema que son bastante discutibles teniendo en cuenta hasta hace escasas fechas, desde el gobierno se nos aseguraba la gran fortaleza del sistema de Seguridad Social (superávit, Fondo de Reserva…) que garantizaba las pensiones. Estos bandazos dan a entender
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claramente que a los ciudadanos se les miente según conviene y no se le aportan los datos que les permitan tener un juicio adecuado sobre cuestiones importantes para sus vidas. Evidentemente se debe asegurar el sostenimiento del sistema de pensiones actual basado en la solidaridad intergeneracional y es probable que haya que ajustarlo a las nuevas expectativas en cuanto a esperanza de vida o evolución de la población activa pero también hay que apuntar que las pensiones pueden ser financiadas por otras vías que no sean las cotizaciones sociales. Por otra parte, detrás de este cuestionamiento del sistema público subyace el propósito nada oculto de fomentar los fondos privados de pensiones con los que los mercados financieros engrasan su maquinaria especulativa con resultados nefastos en muchas ocasiones para los ciudadanos que los contratan.
En cuanto a la reforma laboral, ya apuntábamos en nuestro documento sobre despidos y beneficios, que esta expresión es la forma amable de llamar al abaratamiento del despido y al recorte de derechos laborales. Con la globalización, es sumamente fácil para muchas empresas trasladar su producción a los países más dispuestos a rebajar los derechos de los trabajadores y el uso de esa presión les facilita la consecución de mayores beneficios a costa de la reducción de los salarios. Los sindicatos mayoritarios deben abandonar sus tibias posiciones al amparo de las subvenciones públicas para cumplir el papel que se supone que deben cumplir frente a la ofensiva de las grandes organizaciones empresariales.
Por lo que se refiere a los recortes en el gasto público, es claro que desde las Administraciones Públicas se debe ejemplificar y proceder con la mayor austeridad y rigor pero todo ello teniendo en cuenta que el gasto social es en este momento más necesario que nunca. En este aspecto, no podemos dejar de criticar como republicanos la opacidad y despilfarro que caracterizan las cuentas de la casa real. No hay que olvidar las posibilidades de aumentar los EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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ingresos públicos mediante un sistema tributario verdaderamente progresivo y un decidido esfuerzo para combatir de forma efectiva el fraude fiscal.
Después del anuncio de estas medidas, se ha levantado una notable oposición tanto política como social y el gobierno, aparentemente, ha comenzado a titubear. Pero los ciudadanos no podemos dejarnos engañar. Los mercados van a seguir utilizando todos los medios a su alcance para conseguir sus fines. Al igual que amenazaron con el colapso financiero si no se aportaba dinero público a los bancos, ahora toca profetizar terribles desastres si no se recortan los derechos sociales. Para ello se sirven de numerosos “expertos” que desde sus tribunas ilustran y justifican sus exigencias. Todo ello es ejecutado por unos gobiernos incapaces de mantener las convicciones por las que han sido elegidos por los ciudadanos. En el caso de España, nos encontramos con un gobierno socialista que, pretendiendo ser de izquierdas, no duda en ejecutar políticas neoliberales como lo hizo en su día el Partido Popular.
El chantaje es permanente en el sistema capitalista. Si los ciudadanos, asustados, seguimos dando pasos para atrás en la defensa de nuestros derechos terminaremos cayendo al precipicio. No debemos de pensar de modo egoísta buscando soluciones individuales a costa de la desgracia de los otros. Estaremos haciendo el juego al sistema y los que piensen que se han librado terminaran siendo igualmente víctimas de la exclusión social. Desde Izquierda Republicana pensamos que esta crisis nos da la oportunidad de elegir, de salir de unas dinámicas perversas cuyos efectos estamos viviendo día a día en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos… No podemos permitir que nuestro futuro se decida en las mesas de unos poderosos a los que no hemos elegido. Este sistema está agotado y es cada vez más cruel con los más débiles; demos un paso al frente en dirección a
otro
futuro
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más
justo,
más
libre
y
más
solidario.
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4 RECORTES INJUSTOS, DEMOCRACIA CUESTIONADA Mayo 2010
El anuncio de recortes en el gasto público efectuado ayer por parte del Presidente del Gobierno viene a suponer la confirmación de la victoria absoluta de las tesis neoliberales en nuestro país apoyándose en las instituciones financieras internacionales (como el FMI y los mercados de deuda) así como en los mensajes enviados desde la Unión Europea. Es evidente que el gobierno español ha cedido de forma irresponsable y se ha sumado al carro de los que cargan el peso de la crisis en los sectores más débiles de la sociedad mientras que los beneficiarios de las sucesivas burbujas permanecen a salvo de cualquier inquietud.
Injusto es el recorte de los salarios de los empleados públicos en una media del 5% cuando hasta hace sólo unos meses se nos decía que se mantendría su poder adquisitivo y que ni siquiera se planteaba la congelación salarial. Hacen mal algunos sectores sociales en alegrarse de este recorte puesto que se trata de un medida ejemplificadora y muchos empresarios van a disponer de una referencia en su negociación al ver el comportamiento del gobierno con sus empleados. Eso por no hablar de los efectos que pueda tener esta disminución de ingresos de muchas familias en el crecimiento económico y en la recaudación fiscal.
También supone una grave injusticia el hecho de que la mayor parte de las pensiones de nuestros mayores no vayan a ser actualizadas de acuerdo con el incremento del IPC. Se trata de un sector con graves dificultades
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económicas debido a que la mayor parte de las pensiones son de cuantías ínfimas teniendo que soportar estrecheces para llegar a fin de mes.
Injusto es que se retire tras escasos años de aplicación el llamado “cheque-bebé”, una de las pocas medidas, ya de por si bastante insuficiente, de ayuda a las familias. Su implantación de modo lineal, otorgando la misma ayuda sin atender a los ingresos ya fue errónea pero el gobierno vuelve a equivocarse en su eliminación para todas las madres.
Finalmente, se remata la injusticia haciendo recaer los recortes del gasto público
en
los
beneficiarios
de
la
Ley
de
la
Dependencia,
aun
insuficientemente implantada.
El gobierno socialista ha optado por las recetas más fáciles servidas por las cocinas del neoliberalismo. Todo para “tranquilizar” a unos mercados cuya voracidad es insaciable, lo que supone que los recortes muy probablemente no se quedarán ahí. Es fácil que próximamente volvamos a escuchar amenazas respecto a las pensiones y que se articule una reforma laboral gravemente perjudicial para los intereses de los trabajadores.
Nada se ha concretado con respecto a la posibilidad de elevar los ingresos de las arcas públicas mediante una persecución decidida del elevado fraude fiscal, la elevación de los tramos del IRPF de las rentas más altas, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio,… entre otras posibles medidas. Parece que nos quiere molestar a las grandes empresas y fortunas que con crisis o sin ella siguen mostrando cuantiosos beneficios.
Llama la atención el contraste entre la generosidad del gobierno con bancos y cajas cuando estos se vieron apurados por sus pésimas decisiones inversoras hace escasos meses con el rigor que se aplica a una gran parte de EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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los ciudadanos que no tuvieron ninguna culpa de la incubación de la actual crisis.
Por otra parte, parece claro que en lo que respecta a las políticas económicas, los españoles no somos soberanos a la hora de tomar decisiones. Los mandatarios de la UE, EEUU y las instituciones financieras internacionales son las que marcan su particular modo de que salgamos de la crisis. Ni nuestro gobierno ni el parlamento, fruto de la voluntad popular, parecen tener margen de maniobra. Los ciudadanos debemos cuestionarnos si lo que vivimos en España es una democracia real o virtual. Nuestro gobierno no puede ser el títere de intereses particulares de grandes empresas, fondos de inversiones, bancos,…
Reiteramos desde Izquierda Republicana la necesidad de buscar un nuevo modelo económico y social alternativo que supere el actual sistema capitalista. Esta no es una crisis más. Revela las graves carencias del capitalismo para responder a las demandas de la sociedad. Sus recetas van en el camino de empobrecer a la gran mayoría de los ciudadanos y abrir un abismo social cuyas repercusiones pueden ser muy graves.
Asimismo queremos insistir en que las decisiones sobre políticas económicas no pueden quedar en manos de organismos e instituciones no elegidos por los ciudadanos y cuya presunta independencia es bastante cuestionable a la luz de su actuación en esta crisis.
Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana Mayo de 2010
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5 LOS REPUBLICANOS ANTE LA CRISIS: ES EL MOMENTO
Septiembre de 2010
En el momento en el que se escriben estas líneas, la angustiosa situación de los mineros chilenos ha vuelto a recuperar un cierto protagonismo en los titulares de los informativos televisivos, así como en las portadas de la prensa debido la favorable evolución de los trabajos de rescate. Desde aquí vayan nuestros mejores deseos de una pronta reunión con sus familias.
Pero el análisis de este episodio particular nos interesa no tanto como siniestro
laboral
sino
como
ilustración
de
las
múltiples
paradojas,
contradicciones y crueldades que supone el sistema capitalista en el mundo en el que vivimos y en la forma en la que los humanos percibimos lo que sucede en ese mundo.
Evidentemente, no se pueden criticar los loables esfuerzos que las autoridades chilenas están realizando para salvar la vida de los 33 trabajadores de la mina San José. Incluso se ha recurrido a una compleja y costosísima tecnología
alemana
junto
con
la
ayuda
de
la
Agencia
espacial
estadounidense (NASA).
El problema es que al mismo tiempo que se utilizan los más modernos artefactos y técnicas de perforación para rescatar a estos mineros, a muy escasa distancia muchos compañeros de profesión continúan trabajando en condiciones de inseguridad equivalentes a las que derivaron en siniestro que EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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nos ocupa, pero de eso nos hablan los principales medios de comunicación y persuasión (me permito tomar prestada esta certera expresión del profesor Vicenç Navarro) de nuestras acomodadas sociedades occidentales capitales. Es muy bonito hablar de la epopeya del rescate y de diversos detalles anecdóticos (nacimiento de la hija de uno los atrapados, regalos por parte de estrellas del deporte, entrega de videoconsolas…) que, en el fondo, sirven para tapar la extrema dureza de las condiciones de trabajo de miles de seres humanos que se juegan su vida literalmente para arrancar esos recursos naturales que el sistema necesita ir depredando para que nuestras sociedades funcionen del modo que nos dicen que necesitamos.
Al mismo tiempo, con esos recursos extraídos se engrasan los mercados de materias primas en los que unos pocos se lucran de forma indecente en el casino de la especulación, abierto 24 horas todos los días del año. Las consecuencias de ese juego no son nada inocentes: los débiles siempre pierden, los que tiene mucho siempre ganan. Esta es otra de las realidades que pasan desapercibidas para el ciudadano corriente, pero esta ahí presente en toda su crudeza. Los movimientos especulativos que se esconden detrás de las frías páginas de color salmón de los diarios económico se traducen en hambre física y real de personas de carne y hueso.
Hace pocos días se conocía la noticia de que una conocida productora de
contenidos
audiovisuales
(Endemol)
se
encuentra
en
la fase
de
preproducción de una serie de televisión sobre la circunstancias de este rescate…¡que todavía no se ha producido y que con suerte acontecerá en el mes de noviembre!. Verdaderamente tremendo. Toda la tragedia, sufrimiento e incertidumbre de unos trabajadores y sus familias reducidos a unas horas escasas de televisión en prime time, esperando que las audiencias respondan para que se produzca el correspondiente dividendo publicitario.
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Dejamos el episodio de los mineros chilenos, extrayendo las oportunas conclusiones para centrarnos en nuestro tema de portada: La crisis económica que nos azota desde hace más de dos años y el papel que desde un partido de republicanos de izquierda podemos jugar en su superación.
Se ha admitido convencionalmente que la quiebra de Lehman Brothers es el momento inicial de la crisis si es que atendemos a lo que nos cuentan en la versión “oficial”: Se trata de un colapso financiero de la burbuja inmobiliaria que, por sus extraordinarias dimensiones, ha terminado por afectar a la economía real con sus nefastas y consabidas consecuencias de paro, empobrecimiento de las clases medias y bajas, insostenibilidad del gasto público, etc.…
A lo largo de estos dos últimos años, desde la Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana hemos ido realizando diversas propuestas y anticipando lo que se venía encima: Banca pública, reforma laboral, pensiones, recortes del estado social… Es claro que como una primera línea a seguir, hay que tratar de preservar el escaso Estado de bienestar que en España hemos alcanzado tan recientemente a costa de la lucha y el sacrificio de muchos de los que nos precedieron.
En este sentido, entendemos y apoyamos la convocatoria de huelga general para el próximo día 29 de septiembre efectuada por los sindicatos tras la ruptura del dialogo social y la aprobación en las Cortes de un reforma laboral sumamente perjudicial para los intereses de los trabajadores en España. Una reforma, cuyo verdadero fin es cumplir con las indicaciones de organismos internacionales al servicio de políticas neoliberales. Desde luego, no es la reforma que necesitan los más de cuatro millones de personas que sufren la tragedia social y personal del paro; y tampoco va a beneficiar a los afortunados que conservan su empleo. EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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No obstante, en muchos de nuestros documentos ya apuntábamos que lo que está sucediendo viene determinado por la incapacidad del capitalismo para procurar una vida digna a la mayoría de los ciudadanos. Esta no es una crisis más del sistema, es la crisis del sistema capitalista como forma de organización económica y social del mundo. Esbozábamos muchas de sus carencias el principio de este artículo al analizar la situación de los mineros chilenos atrapados.
Pero las políticas neoliberales y sus defensores en todas las escalas del poder político, social, económico y mediático no van a renunciar fácilmente a su privilegiada posición. De hecho están fuertemente armados para lo que se pueda venir encima y están jugando al ataque con una ofensiva en todas las líneas. No tenemos más que abrir el periódico en las últimas semanas y ver todos los gobiernos occidentales esforzándose como aplicados alumnos en cumplir los dictados de los mercados en cuanto a los recortes de gasto público. La tijera es la herramienta de moda y no hace ascos a ninguna de las conquistas sociales: Seguridad Social, sanidad, educación, pensiones, derechos laborales y sindicales, infraestructuras… Todo lo que haga falta con tal de mantener contentos a los auténticos amos de nuestro mundo. Resultaría cómico sino fuese siniestro el hecho de ver a toda una ministra de economía de un país europeo como España mendigar el favor de instituciones financieras, agencias de calificación y prensa anglosajona especializada. O sea, los mismos que atizan las sucesivas burbujas cuyo estallido envía a la exclusión social y económica a millones de ciudadanos mediante sencillos clic en un ordenador. También resulta chocante, por ejemplo, ver como se celebra la colocación de deuda pública española en los mercados por debajo de determinado diferencial como si fuese alguno de los éxitos de nuestros deportistas.
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¿Es este el mundo que queremos? La respuesta debería ser no, pero no es menos cierto que una gran mayoría de la población actúa como si quisiera que esta situación se mantenga en la medida en la que su bienestar personal no se vea afectado. Aquí esta el gran meollo de la cuestión y el nudo gordiano que la fuerzas de izquierda transformadora tenemos que abordar. Y hasta ahora, hemos de confesar que no hemos sabido hacerlo.
Podemos llegar al ciudadano inquieto que se informa y no se deforma por los medios de persuasión pero el problema lo tenemos cuando nos enfrentamos al mero cliente-consumidor-usuario-espectador, cuya felicidad (o sucedáneo) consiste en poseer bienes materiales sin importar el dónde y el cómo se obtienen puesto que el sistema le hace ver el mundo de esa manera. Es difícil encontrar sensibilidad hacia el sostenimiento de los servicios públicos en aquel que considera que los puede obtener mediante sus recursos privados sin mayor problema. Es cierto que este tipo de personas asumen un engaño puesto que nadie esta libre de situaciones que mermen sus capacidades económicas hasta el extremo de requerir el auxilio de los derechos sociales que en otro momento desdeñaba.
Como republicanos de izquierdas tenemos la misión de dotar a los ciudadanos de las herramientas de información y formación que les permitan afrontar los cambios que se avecinan en la coyuntura de transito del capitalismo hacia una nueva forma de organizar y entender el mundo. Hay que recuperar al ciudadano como parte activa de los procesos de toma de decisiones. Son décadas las empleadas en ir apartando a la ciudadanía de los asuntos que le conciernen y hay que reconocer que el capitalismo lo ha hecho muy bien porque ha contado con mucho tiempo y recursos para conseguir sus objetivos. Es un proceso difícil, que exige incontables dosis de constancia frente a la incomprensión del mensaje que transmitimos pero se trata de un cambio cultural, el más complejo de todos. EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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Hemos hablado de una forma nueva de organizar la sociedad y la economía. La izquierda todavía no ha terminado de perfilar un discurso nítido y fácil de comprender sobre la alternativa que pretendemos ofrecer. Es una desventaja notable puesto que no hay mayor enemigo para el cambio que la incertidumbre y aunque lo malo conocido es muy malo (y de continuar en la misma dirección va a ser mucho peor) no es menos cierto que es lo conocido, el entorno socioeconómico en el que se han movido durante generaciones millones de personas.
Existen una serie de aspectos difusos que poco a poco se van abriendo camino y ya se han elaborado algunas propuestas interesantes y bien fundamentadas: decrecimiento, renta básica de ciudadanía, eliminación de paraísos fiscales, fiscalidad verdaderamente progresiva, imposición sobre los movimientos especulativos financieros, banca pública, los servicios sociales como fuente de empleo, el buen vivir frente al vivir bien, la participación ciudadana “real” en los asuntos públicos…
Gran parte de las mismas han contado y cuentan con nuestro apoyo y compromiso como partido pero seguramente habremos de esforzarnos aún más en la búsqueda de otros proyectos coherentes que permitan resolver los interrogantes y problemas que se plantearán en la sociedad. Hay que conseguir propuestas asequibles, coherentes y atrayentes. Un aspecto fundamental será la difusión y explicación de todas esas propuestas de futuro; hacer que lleguen a la mayor parte de la ciudadanía y que esta pueda analizarlas y contrastarlas para que sean pulidas y mejoradas con la aportación de todos. En ese empeño sabemos que tendremos viento contrario procedente de los grandes conglomerados de comunicación que ignoran sistemáticamente todo lo que ponga en cuestión el status quo socioeconómico. Afortunadamente, disponemos de la herramienta de Internet para alcanzar una divulgación notable. EEnn ccllaavvee rreeppuubblliiccaannaa
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Mucha es la tarea que nos queda por abordar porque estamos en los albores de un cambio trascendental a todos los niveles. Como republicanos pensamos que es el momento de hacer que esa evoluciรณn sea hacia un mundo con mรกs libertad, mรกs igualdad y mรกs fraternidad.
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6 REFORMA DESPÓTICA Septiembre 2011 Desde la Comisión de Economía y Mundo Laboral de Izquierda Republicana llevamos tiempo denunciando que el capitalismo está en una fase terminal como forma de organización social y económica, pero aquellos que están al mando de los gobiernos, las finanzas y las grandes empresas se han propuesto que muera matando y su víctima predilecta son los derechos sociales y laborales de los ciudadanos.
En España lo hemos experimentado a través del incremento en la edad de jubilación, la congelación de las pensiones, la reducción del sueldo de los funcionarios públicos, una reforma laboral que facilita el despido y fomenta la temporalidad y la precariedad en el empleo... Todas ellas medidas tomadas por el gobierno autodenominado socialista en aras de incrementar la confianza de los mercados, nombre que trata de ocultar a los especuladores y rapiñadores de las arcas públicas. Los medios de intoxicación al servicio de estos personajes han decidido que el mal supremo es lo público y singularmente el estado de bienestar (bastante raquítico en nuestro país) y utilizan toda las armas posibles desde la artillería pesada al navajeo infame para acabar con su enemigo.
El ultimo episodio, por ahora, de esta desigual batalla, es la reforma constitucional que en plan comida rápida han cocinado los partidos mayoritarios para limitar el gasto publico. La indecencia de los partidos dinásticos que dicen representarnos empieza a alcanzar cotas incompatibles con la dignidad de los ciudadanos. Parece ser que lo principal es tranquilizar a
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los insaciables mercados aunque sea tragándose el
sapo de reformar
esa granítica constitución intocable hasta hace una semana.
Aunque la propia Constitución contempla la posibilidad de que esta reforma sea sometida a referéndum si así lo demandan una décima parte de los diputados o senadores, la composición actual de las cámaras fruto de la injusta ley electoral que padecemos no permitirá que los ciudadanos puedan pronunciarse acerca de esta trascendente medida. En la línea del más puro despotismo ilustrado "todo para el pueblo pero sin el pueblo". Según el PSOE, la convocatoria de un referéndum solo serviría para aumentar la incertidumbre de los temerosos mercados. Al parecer las incertidumbres de los ciudadanos no suponen especial preocupación para el partido del gobierno. En cuanto al partido de la oposición aplaude con fervor una medida sobre la reclama su indiscutible paternidad. El PP se frota las manos con el trabajo sucio que les está haciendo Zapatero.
España ha vivido un sucedáneo de democracia desde 1978, ahora ya no podemos hablar ni de sucedáneo. Se va a constitucionalizar una medida injusta, absurda y que impide que el gasto público pueda financiar inversiones a largo plazo que son imprescindibles para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Es una medida con consecuencias gravísimas para la vida de los españoles y se quiere hacer sin un debate ciudadano, de forma apresurada y al final de una legislatura moribunda.
Si los ciudadanos no reaccionamos ante esta situación, estaremos empezando a perder nuestra dignidad para ser unos simples títeres en manos de déspotas que deciden por nosotros. ¿Es lo que queremos?
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Desde Izquierda Republicana tenemos claro que no, por lo que apoyamos la recogida de firmas para pedir la celebración de un referéndum así como las movilizaciones que se realicen en contra de esta reforma.
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