Recuadro 2.7
C2
El fin del laicismo y la reconciliación entre la Iglesia y el Ejército Pareciera que a partir de 1954 concluyó la tradición anticlerical (por momentos muy fuerte) y liberal-militar heredada de la Revolución Liberal y, en particular, del general Barrios. Castillo Armas otorgó a la Iglesia católica plena personalidad jurídica, reconoció sus derechos y devolvió sus propiedades. Las relaciones de poder en el país cambiaron de diversas maneras y se adecuaron a partir de entonces, con la presencia ganada, de nueva manera, por la Iglesia, que por lo demás y en el pasado siempre fue importante. Monseñor Mariano Rossell y Arellano, con sus homilías anticomunistas, encabezó un movimiento de fieles y seguidores de la Iglesia católica contra el régimen democrático; su sucesor, monseñor Mario Casariego, fue el capellán general del Ejército. La Teología de la Liberación habría de quebrantar no tanto la alianza de la Iglesia con los militares, sino sobre todo las relaciones entre la jerarquía y la base, los curas de aldea. La respetabilidad creciente del empresariado no solo descansó en su organicidad gremial, sino en su unificada diversificación en los planos agrícola e industrial, servicios, finanzas y otros. Sucedió que, al velar por sus múltiples intereses de mercado, las iniciativas empresariales se convirtieron muchas veces en políticas de Estado; y al defenderse frente a decisiones que el Estado pudiera tomar, influyeron en lo relativo a la política fiscal, monetaria y cambiaria, los compromisos laborales y, en general, las políticas sociales. La primera entidad de esta naturaleza fue la AGA, fundada en 1928, ilegalizada por Ubico, resurgida en 1944 y que pronto se unificó en el Cacif. Desde entonces se crearon cámaras y la organización se expandió al formarse las «gremiales», lo cual permitió delinear mejor sus intereses productivos.79 La historia de esta especie de estadomayor de la clase empleadora guatemalteca no ha estado exenta de disidencias y conflictos internos; pero también ocurre en el Cacif que lo que separa la política pronto lo unifica el mercado. Y, como lo establece Marti, el cuidado por lo que pueda suceder en el mundo de la política los ha llevado a ser influyentes en la selección y/o nombramiento de Ministerios clave para la economía del país. En efecto, entre 1954 y 1993, técnicos o políticos del sector privado estuvieron un 45% del tiempo en el Ministerio de Finanzas; un 72% en el
de Economía y un 56% en el de Agricultura.80 La síntesis de estas experiencias y aquellos datos es que en la constitución del poder del Estado y en las relaciones de dominio que todo ello implica, los intereses empresariales se convierten en decisivos. De hecho, como lo establece la historia, las élites terratenientes en sociedades agrarias ejercen un poder casi total, sin proporciones en relación con el Estado. Todo esto se traduce en que los nuevos empresarios, con la conformación del Estado autoritario-desarrollista, se convirtieron también en una formidable fuerza social y política que contribuye a la definición de políticas públicas, en especial de aquellas que les interesan, vetando las que no. No es posible entrar en detalles sobre lo que sucede en los escenarios en los que el poder se comparte y particulariza. De hecho, los intereses que representa el Cacif como empeño general —o algunas de sus cámaras, en particular— contribuyen a la conformación de un poder corporativo a veces directo, sin las mediaciones propias de los partidos políticos (o a veces, por interpósita mano de agrupaciones partidarias). Lo importante es el registro general y las eventuales contradicciones de estos vínculos entre el Estado como representante de la nación y los intereses privados. En esta dimensión, hay dos consideraciones finales, de distinto rango. Una es que no es cierto que el Ejército esté sometido o fuertemente vinculado con los empresarios. Las relaciones en el interior del Estado autoritario-desarrollista, o entre Ejército y burguesía, no son tan simples; son vínculos múltiples, con variables y grados temporales de atracción y/o rechazo. El Ejército en Guatemala tiende a ser un poder independiente; los grupos propietarios lo tienen por su misma constitución clasista. El segundo punto es que no será democrático el Estado en tanto su vocación de servicio a la nación, a todos y especialmente a los menos privilegiados, no se satisfaga plenamente. La excesiva penetración de intereses privados corporativiza el poder y lo vuelve débil y parcial. Paralelo al ascenso de la coalición post-arbencista, los nuevos actores conservadores que contribuyeron a redefinir las relaciones de poder después de 1954 desorganizaron las entidades opositoras, particularmente los sindicatos obreros y los organismos campesinos, que durante todo este tiempo hicieron esfuerzos para salir del marasmo de la desmovilización y desorientación. Las «clases» asalariadas no lograron crecer en número e influencia en la política nacional, pese a algunos logros importantes pero temporales y aislados.81 Es lo que se reconoce como una crisis de participación y representación del asociacionismo propio de la sociedad civil.
79 En opinión de Adams, la organización más importante fue Anacafé, inicialmente gubernamental, que recibía 39 centavos por cada saco de café exportado; se ocupaba de cuidar la calidad y cantidad producida y de fijar las políticas cafetaleras. Adams, R. (1970: 350). 80 Marti,WJ. (2006: 65, cuadro 4.8). 81 Lo que aquí se dice no constituye un balance del movimiento popular, menos aún de lo que hacen las organizaciones mayas, femeninas, de derechos humanos, ecológicas, etc. Es sólo una referencia a lo que hubo en el período democrático, cuando sobresalieron la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y la Central Campesina.
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Informe nacional de desarrollo humano 2009/2010