A mayor transporte, mayor violencia. ¿Por qué? Lo sucedido en Guatemala prueba de forma elocuente que se empieza por el tráfico y se termina lavando dinero; el aumento del tránsito está directamente asociado con el consumo porque a los servidores locales se les paga «en especie»; asimismo, crean expendedores-de-calle, es decir, expendedores al detalle que se han multiplicado por todo el ámbito nacional. Los «transportistas» guatemaltecos dejaron de ser simples distribuidores al menudeo y entraron a formar parte de una poderosa mafia internacional, que lava dinero e invierte capital en los mercados. El proceso tan brevemente descrito llevó, desde finales de los años 80 del siglo XX, al surgimiento de mafias bien organizadas que se conocen como delincuencia organizada. Los éxitos de las políticas antidrogas, relativos pero ciertos en Colombia y México, han fortalecido el papel de las mafias centroamericanas y guatemaltecas, desde donde operan varios grupos de los cárteles mexicanos —como los denominados zetas—, elevando los niveles de peligrosidad. A partir de 2003-2007, comenzaron a ocurrir en el país operaciones de larga escala que son, hasta la fecha, virtualmente imposibles de detectar e impedir; las «mafias» ya no se ocupan solo de drogas, sino también de acciones de contrabando de armas y de personas, robo de automóviles y cabezales, secuestros, extorsiones y otros hechos criminales. Un fuerte mercado ilegal funciona y convierte ese capital criminal en capital financiero, fuente de grandes inversiones locales en áreas inmobiliarias, tierras, comercio, industrias, que se mueven del mundo de lo ilegal para alcanzar un carácter público y legal. Es este mecanismo el que convierte en organizada a la delincuencia y que la transforma en una amenaza al mercado legal y a las instituciones públicas. El narconegocio es sustancialmente violento y corrupto, dotado de una capacidad expansiva capaz de penetrar variadas capas de la sociedad, diversos sitios de la geografía, las instituciones públicas y privadas, y de modular, según sus intereses, partes sustantivas de la política, la economía, la vida social y la cultura misma.28
1.6 Algunas acciones del Estado en materia de seguridad En lo que sigue se tratará de resumir las decisiones que el Estado toma para dar a los ciudadanos la seguridad inherente a su condición de tal. Las políticas de seguridad pueden formularse para enfrentar las causas de la inseguridad subjetiva
en general, o con un propósito específico, dirigido a proteger a grupos muy vulnerables. Se ha insistido acerca de la intensidad de los hechos criminales y sobre las dificultades que el Estado tiene para enfrentarlos; son estos dos hechos los que establecen los límites o enmarcan las políticas públicas de seguridad. En términos generales, ¿el desborde violento encuentra las respuestas apropiadas? ¿En qué aspectos la seguridad ciudadana está satisfecha y en cuáles no? En general, las políticas pueden ser preventivas o de castigo, según se considere al delito como resultado de una mala conformación social, o bien el efecto de desajustes personales. En el debate de estos temas o se enfatizan sólo los aspectos que lo califican como un acto voluntario, o los que lo asumen como un producto social. En Guatemala, en las actuales circunstancias, hay una combinación de factores que agravan la situación. Entre ellos están la comisión de crímenes por jóvenes a quienes la sociedad no dio oportunidades de educación y trabajo y crecieron en hogares desorganizados y barrios violentos. Las pandillas juveniles son típicamente un problema social.
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Ahora se vive una doble situación como el terrorífico rostro de la Medusa, uno que mira el castigo individual y otro que lo ve como una patología social. Hay una condición histórica criminógena en la sociedad, que premia las conductas ilegales, hay irregularidades en los mecanismos de socialización básica y no se internalizan las normas elementales de la convivencia social. En la más pura perspectiva durkheiniana, se diría que hay una situación anómica en que se premian los resultados buscados sin importar los medios utilizados. Frente a esta situación son indispensables, también, las políticas preventivas, sobre todo si ellas conducen a enfrentar el problema que produce el delito como un síndrome social, de larga duración. A continuación, en forma breve, se abordan algunas de las acciones que el Estado ha realizado relacionadas con el Sistema Nacional de Seguridad, el Acuerdo nacional para el avance de la seguridad y la justicia, la PNC y la seguridad privada.
1.6.1 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad29
Visualizado el fin del enfrentamiento armado interno y en vísperas de la firma de los Acuerdos de paz, se percibe claramente el declive de una manera de pensar la seguridad
28 Sobre el origen de las pandillas y su relación con las organizaciones de la narcoactividad, existen diferentes puntos de vista. Véase PNUD (2009), Rosada, H. (2008), USAID (2006), UN Oficina contra la Droga y el Delito (2007). 29 En ésta y las dos siguientes secciones, se han tomado contenidos de un estudio sobre el Acuerdo nacional para el avance de la seguridad y la justicia realizado por Héctor Rosada (2009) en el marco de preparación del Informe de desarrollo humano para América Central 2009/2010 y actualizado en el marco de elaboración de este Informe. El estudio será publicado como Cuaderno de desarrollo humano de la serie 2009/2010. El Estado, la seguridad y la justicia
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