Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010

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Tabla 5.6

C5

Países de Centroamérica: saldo de la deuda pública externa (1990-2008)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Costa Rica República Dominicana

...

24.2

20.6

21.6

21.7

22.5

21.7

19.8

18.1

16.0

15.6

15.2

15.0

14.3

13.5

12.3

10.4

8.4

7.3

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

18.6

17.7

16.4

16.2

El Salvador

43.2

41.4

39.3

28.5

25.4

22.8

24.4

24.1

22.0

18.0

17.5

19.1

24.2

26.2

26.2

25.0

26.8

23.9

22.1

Guatemala

14.5

10.8

10.4

9.6

9.9

9.8

9.2

9.6

10.7

13.2

12.5

13.9

13.3

14.6

14.7

12.8

12.9

12.1

11.3

Honduras

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

52.0

50.1

51.6

54.4

55.0

40.9

25.4

14.5

14.7

Nicaragua

165.8

277.3

238.8

264.9

289.6

241.6

126.0

121.5

124.2

116.4

113.0

109.9

112.2

115.2

79.1

71.5

49.8

25.6

24.0

Panamá

40.9

37.0

34.6

31.4

31.8

31.7

48.7

46.2

46.1

47.6

47.5

52.4

51.3

49.9

50.6

48.4

45.3

42.3

36.6

2007

2008

Fuente: Base de datos Cepal.

Esta situación se revirtió en 2009, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un programa de crédito por valor de USD935 millones para ayudar a Guatemala a superar la crisis. Durante el mismo año, el Banco Mundial aprobó un préstamo para políticas de desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés) por USD350 millones para el Gobierno de Guatemala, con el objetivo de continuar apoyándolo en sus esfuerzos por mejorar las políticas fiscales e institucionales del país y mitigar el impacto de la crisis global. Gráfica 5.13

Déficit fiscal como porcentaje del PIB

(1980-2008) 9 8 7 6 5 4 3 2 0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1

Fuente: elaboración propia, con cifras del Minfin y el Banguat.

En la gráfica 5.13 se observa el movimiento del déficit fiscal durante un cuarto de siglo; en los años 80 del siglo XX, los déficit públicos subieron al 8% como consecuencia de los gastos militares en el marco del conflicto armado, así como por una baja recaudación debida a la caída abrupta del PIB. A finales de esta década, la recaudación mejoró y el déficit se redujo a un 2%; entre 1991 y 1992 el déficit fue de cero, debido a que la recaudación del ISR fue excepcional «al decretarse los

Bonos del Tesoro Emergencia Económica, obligatorios tanto para personas individuales como jurídicas».41 Luego, se logró una estabilización (alrededor del 2%) como producto de reformas fiscales y un gasto público limitado.42 De acuerdo con la Cepal,43 si para bajar la razón deuda pública/ PIB en diez puntos porcentuales se estima un esfuerzo adicional permanente de entre 1 y 2% del PIB, significa que Guatemala debe mantener un endeudamiento limitado mientras no mejoren la carga tributaria y el crecimiento económico que permitan incrementar la deuda futura y pagar un nuevo servicio de la deuda (intereses) con solvencia. Es importante señalar que el déficit del sector público en Guatemala no incorpora la operación de otros niveles de Gobierno, tales como entidades descentralizadas, empresas estatales y las municipalidades, limitando la comparación con los países de la región centroamericana que sí las incluyen; no obstante, para Guatemala el mayor deudor es el Gobierno central.44 El uso relativamente moderado de préstamos y colocaciones de bonos refleja, al mismo tiempo, limitaciones del Estado debido a la baja carga tributaria y las tasas de crecimiento económico insuficiente que no permiten honrar mayores obligaciones en el mediano y largo plazos. Es decir, el bajo endeudamiento del Estado guatemalteco, en relación con la región centroamericana, no refleja solamente una virtud de sus políticas sino, sobre todo, una constitución fiscal frágil. Por esta razón, no sólo es necesario evaluar los niveles de deuda, sino valorar la sostenibilidad de la deuda pública, que es al mismo tiempo el análisis de la sostenibilidad de la política fiscal. Para el FMI, la sostenibilidad fiscal es «aquella situación en la que un país deudor se espera que sea capaz de continuar honrando el servicio de su deuda en ausencia de

41 Icefi (2007: 9). 42 En 2009, durante las negociaciones para la firma de un acuerdo stand by con el FMI, dicho organismo había pedido al Gobierno mantener un déficit fiscal no mayor al 2.8% del PIB. Sin embargo, luego de la última revisión, aceptó que el país tenga un desbalance hasta del 3.4%. 43 Paunovic, I. (2004: 12). 44 Ibíd., p. 15.

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