Revisión de las alternativas disponibles. La literatura sobre la materia discute extensamente las responsabilidades individuales, institucionales y sociales en la corrupción. Existe, en general, acuerdo en que es necesario contar con políticas de probidad que incidan en estos tres niveles, aunque desde el Estado es mucho más fácil actuar en relación con las dos primeras, es decir, los servidores públicos y la cultura de las instituciones. Investigaciones en profundidad de hechos de corrupción, sobre todo policial, así como estudios académicos, han permitido develar la compleja trama detrás de estos hechos, que normalmente solo son posibles gracias a la complicidad o, incluso, el aliento de las instituciones. A este respecto, asuntos tales como el diseño institucional y la cultura organizacional son fundamentales para entender los hechos de corrupción. Dentro de esta lógica, tan o más importante como reclutar a gente proba será contar con instituciones cuyo diseño y cultura estén alineadas firmemente con la lucha contra la corrupción. Esto es especialmente importante en la cadena de valor la seguridad ciudadana, considerando que las instituciones que forman parte de ella, especialmente las policiales y penitenciarias, están de manera permanente asociadas a quienes viven de la actividad criminal, para quienes neutralizar su acción resulta fundamental. Desde esta perspectiva, la lucha contra la corrupción no puede ser solo ni principalmente un esfuerzo por identificar y castigar a los corruptos, lo que en cualquier caso es necesario e imprescindible, sino por identificar los patrones de la corrupción, esto es, sus áreas más vulnerables y sus principales manifestaciones, con el propósito de modernizar la gestión institucional para reducir la discrecionalidad de los servidores públicos, transparentar su actuación y hacerlos responsables de sus actos (Campos y Pradhan 2007). La respuesta a la corrupción tiene gran incidencia en los procesos de apoyo, toda vez que son transversales y dan soporte a todos los procesos críticos. Es decir, su implementación evita o mitiga una amplia diversidad de riesgos que se manifiestan en los procesos críticos.
33