Fortalecimiento de la gestión pública
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Descoordinación sectorial y desarticulación territorial. La capacidad de coordinación entre los sectores es baja en el Estado peruano, lo que lleva al diseño de políticas públicas sin una visión integral, generando duplicaciones e ineficiencia en la asignación de recursos. La definición de funciones de gasto por nivel de gobierno, junto a la provisión de recursos públicos para cumplir con dichas funciones, aún puede ser mejorada. La actual falta de precisión ocasiona, por un lado, que los GGRR no cuenten con recursos suficientes para cumplir con las funciones de gasto transferidas en el marco del proceso de descentralización; y por otro lado, los ingentes recursos transferidos a los GGRR y GGLL, particularmente los derivados del canon, van sin más funciones de gasto asociadas que su uso en PIP. Escaso desarrollo de la programación multianual. La función de planificación es aún débil en el Perú. Tanto a nivel de los sectores como de los GGSS, el presupuesto tiene escasa vinculación con una programación multianual de ingresos y gastos que incluya la gestión integral de los riesgos fiscales. Este problema se debe en parte a la falta de claridad sobre el ente rector en la materia, que incluye a la DGPP y la DGPI dentro del MEF, así como al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); y también a la escasa cultura de planificación en la administración pública.
3. Prioridades del gobierno El actual gobierno ha ratificado su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de la gestión fiscal. En agosto pasado, en su presentación ante el Congreso, el Premier mencionó el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal en cuatro años, respetando la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Indicó además que se había conseguido que las empresas mineras pagaran un gravamen de cerca de S/.3000 millones por año. A su turno, el Ministro de Economía y Finanzas mencionó la meta de una política fiscal sana y prudente que permita alcanzar un superávit fiscal de al menos 1% del PBI con equilibrio estructural en 2014. Asimismo, el aumento de la presión tributaria en 2,6 puntos del PBI para 2016 a través de una mayor carga a la minería, y medidas de administración tributaria como la reducción del contrabando y la evasión en el IGV y del impuesto a la renta, el pago electrónico, la recuperación