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incrementaran su participación en los bancos mexicanos a fin de aliviar el problema de la recapitalización. Por ejemplo, Probursa se hizo filial de un banco español, el Banco de Bilbao Vizcaya, y el Banco Nova Scotia absorbió un 55 por ciento de la participación mayoritaria en Inverlat. El Banco de Montreal compró el 16 por ciento de las acciones del Grupo Financiero Bancomer, y en 1995 se autorizó a 13 grandes bancos extranjeros a abrir bancos en México. Los cambios en la legislación permitieron a los bancos extranjeros incrementar su participación en los mayores bancos mexicanos al 49 por ciento, y pueden adquirir ahora bancos mexicanos cuyo capital sea inferior al 6 por ciento del capital del sistema (Secretaría de Hacienda, México, 1996, p. 20). La lección que aprendieron las autoridades mexicanas es que, si bien tuvieron que enfrentarse rápidamente con un sistema bancario de alto riesgo antes de la crisis, los poderes o la capacidad de reunir información de la estructura de vigilancia y control no se desarrollaron con rapidez suficiente para detener la crisis. Por ello, se está fortaleciendo ahora el poder de los supervisores para evitar que en el futuro se asuman riesgos excesivos. Un aspecto notable de esta iniciativa es el requisito de que el sistema bancario llegue en 1997 a la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que son más estrictos. Además, se hizo obligatorio en la segunda mitad de 1996 la utilización de métodos de valor de riesgo para determinar los riesgos del mercado y la capitalización adecuada de tales riesgos. Son estos los cambios en la supervisión y regulación que cabría esperar en los casos en que las líneas fundamentales de la red de seguridad financiera incluyen un seguro completo de depósitos y operaciones de salvamento de los bancos y prestatarios. Una supervisión estrecha es, en estos casos, la única forma de evitar el riesgo moral. Sin embargo, la presencia de bancos insolventes a los que se permite continuar funcionando como "bancos muertos que andan" constituye una amenaza continua de incumplimiento de los reglamentos. Es preciso limitar estrictamente la capacidad de expansión de las instituciones que ofrecen malas perspectivas. Argentina En 1994-95, durante la crisis asociada al llamado efecto tequila, la red de seguridad de Argentina era, entre los principales sistemas financieros de América Latina, la que ofrecía menos protección oficial a los propietarios y depositantes de los bancos. No había ningún seguro de depósitos y los servicios de liquidez que podía facilitar el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eran limitados. Además, Argentina tenía la tradición de hacer pagar a los depositantes parte de los costos de los bancos insolventes.
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LA TRANSICIÓN A UNA RED DE SEGURIDAD FINANCIERA FUNCIONAL