PROCESO 1844: VISITA PAPAL VIRTUAL ESTADO DE SITIO EN GUANAJUATO

Los Tostado,

tres

generaciones de violencia

El inverosímil suicidio de Pablo Tostado Zamudio con las agujetas de sus tenis en el penal de Culiacán, el martes 28 de febrero, parece calcado del fin de su padre, Pablo Tostado Félix, quien fue “encontrado” en la misma situación en un penal de Durango en 2009. La espiral de violencia que desató en esta familia una probable venganza de Manuel Beltrán Arredondo, un aliado del Chapo Guzmán, alcanzó ya a decenas de personas en una trama violenta donde el Ejército y las corporaciones de policía actúan sólo en segundo plano. El hijo de Tostado Zamudio –José Pablo Tostado, campeón mundial Sub 17 con la Selección Mexicana de Futbol– enfrenta ahora el coletazo de esta tragedia generacional.

PATRICIA DÁVILA

A

rmas de fuego tronaron el mediodía del martes 28 de febrero en el penal de Culiacán, Sinaloa. Provenían del módulo 8.

Los celadores que acudieron al área encontraron a uno de los presos de la celda 24 colgando de los barrotes de su dormitorio, sólo sostenido por un par de agujetas enredadas en el cuello. Se trataba de Pablo Tostado Zamudio, quien ingresó dos días antes, acusado de secuestro.

Con su muerte, son ya tres generaciones de esta familia tocadas fatalmente por la violencia en siete años. Tostado Zamudio es padre de José Pablo Tostado Gastélum, exjugador de las Chivas, campeón del

Mundial Sub 17 con la Selección Mexicana y actual jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Antes que él fueron asesinados el bisabuelo del futbolista, Rigoberto Tostado Bazúa, y su abuelo, Pablo Tostado Félix –identificado por las autoridades federales como lugarteniente de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.

Ahora, su padre.

El 1 de junio de 2004, en Mazatlán, Sinaloa, Rigoberto Tostado, de 71 años, fue baleado por dos hombres con rifles AK-47. La procuraduría estatal difundió que los atacantes llegaron en un auto Nissan buscando a su hijo Alonso, pero éste se dio cuenta y huyó por atrás de su casa. Los desconocidos dispararon contra el anciano.

Más complejo es el caso de Pablo Tostado Félix, el abuelo del joven campeón mundial. Pasó su niñez y su juventud en El Aguaje, su pueblo natal, en el municipio de Tamazula, Durango. Ahí conoció, entre otros, a los hermanos Coronel: Magdaleno, Ignacio, Crispina y Benita, originarios del vecino municipio de Canelas.

En el libro Narcotráfico: El gran desafío de Calderón, de Alejandro Gutiérrez (Editorial Planeta), se reproduce su testimonio sobre la juventud de Joaquín Guzmán Loera: “Lo conocí allá en la sierra, cuando era simplemente un pinche Chapo, no era nadie”.

De Ismael El Mayo Zambada dice que lo veía “cuando era pobre, cuando estaba bien jodido, fue muy amigo de El Chapo”.

De hecho, añade, “fue mi primo Manuel (Beltrán Arredondo) quien le dio cobijo a El Mayo en sus primeros años dentro del negocio de las drogas”.

El bisabuelo. Muerto en 2004 Fotos: Especial

Foto: Especial

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El abuelo. Muerto en 2009

El padre. Muerto en 2012

Un incierto futuro LUCIANO CAMPOS GARZA

Tostado Gastélum

M

ONTERREY, NL.- El año pasado el futbolista José Pablo Tostado Gastélum se proclamó campeón del mundo en la categoría Sub 17 con el equipo mexicano. A mediados de febrero pasado su padre fue detenido bajo el cargo de pertenecer a una banda de secuestradores. Días después de haber sido recluido en el penal de Culiacán, fue hallado muerto en su celda.

A partir de entonces el joven jugador se ausentó de los entrenamientos para ocuparse, dijo, del asunto familiar. Su equipo, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), anunció que le dará el respaldo que necesite, desde atención psicológica hasta asesoría legal, pues la directiva está satisfecha con su conducta desde que llegó al club en septiembre pasado, después de que Chivas lo corriera con el argumento oficial de que se negaba a estudiar.

Una fuente cercana al club nuevoleonés dice que el jugador no tenía contacto con su padre.

Tostado Gastélum, que nació el 24 de julio de 1994, jugó los siete partidos de la Selección Mexicana en la edición 14 del campeonato mundial Sub 17. Participó en la final contra Uruguay, que los locales ganaron 2 a 0 en el estadio Azteca, el 10 de julio de 2011. El número 18, José Pablo, no anotó gol pero los buscadores de talentos le advirtieron suficiente calidad futbolística.

Pasada la efervescencia mundialista, el muchacho que creció en Culiacán, Sinaloa, se incorporó a las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara. Su futuro parecía prometedor, ya que la institución tapatía

suele ofrecer a los jugadores que se forman en sus fuerzas básicas oportunidades de llegar a la primera división.

Como es regla en el equipo, José Pablo estudiaba en el colegio Educare, que al igual que Chivas es propiedad de Jorge Vergara.

Pero los directivos del club consideraron que el joven fallaba en sus estudios, lo que lo convirtió en un jugador inelegible. Rafael Ortega, presidente deportivo de Chivas, lo exhibió públicamente: “Dentro de las reglas que tenemos en Chivas –declaró ante la prensa– es que los jóvenes estudien, que estén acudiendo a su escuela en Educare. Y esto lo hacemos porque el futbol es incierto; es importante que ellos se preparen porque no sabemos, el día de mañana, (si se tome) alguna decisión (para despedirlos) o que simplemente no les alcance su nivel para estar en la primera división. Procuramos que estén estudiando de forma paralela, para que eso les sirva también de crecimiento personal.

“Entonces la situación fue muy simple: Pablo no se pudo adaptar a acudir a la escuela. Entonces, aquí en Chivas no bloqueamos a nadie, por lo que preferimos darle la libertad para que él buscara otro equipo en donde pudiera haber un poquito más de flexibilidad en el asunto de la escuela.”

Así, Tostado Gastélum no alcanzó a debutar en un partido de la primera división con el equipo principal de Chivas, que en ese entonces dirigía José Luis Real. Sólo jugó un amistoso contra Juventus, el 28 de julio del año pasado y en Carolina del Norte. Los mexicanos perdieron 1-0 frente a los italianos.

A decir de Rafael Ortega, fue el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez Miechielsen, quien le comunicó su interés por el jugador. El mismo día en que se anunció su salida de Guadalajara, el equipo de Nuevo León presumió de su nueva contratación.

Una fuente de Tigres señala que el holandés Dennis Te Kloese, entonces director de fuerzas básicas de Tigres, se encargó de los detalles de la incorporación.

Una nota publicada en el suplemento deportivo Cancha el 23 de septiembre refiere que el representante del joven en la negociación con Tigres fue su padre, a quien identifican como “Juan Tostado”. La direc-

tiva aclaró el 1 de marzo que se trató del abuelo materno de José Pablo.

Jorge Vergara reaccionó ante la inmediata contratación del que fuera su jugador: “Tigres es curioso: son una universidad y reciben a alguien que no quiere estudiar, pues entonces no tiene nada de raro. Estoy seguro de que él está valorando ahorita, y perdió mucho al salir de Chivas, la escuela, el hecho de que creamos en los jóvenes, en los debuts, etcétera. Pero es consecuencia de lo que hizo y él tendrá que pagar esas consecuencias”, declaró el 27 de septiembre.

El presidente de Tigres le respondió al día siguiente: “Quiero recordarle a él (Vergara) que Sinergia Deportiva, el club Tigres, lleva los colores de la UANL, pero no tiene absolutamente nada que ver con ésta desde el punto de vista académico”.

Y agregó que Tostado sí estudiará: “Todas las gentes de fuerzas básicas, antes de entrar a lo profesional, tienen, por política nuestra, que estudiar. No te puedo decir el pupitre o el salón donde va a estudiar, pero lo hará”.

Noticias demoledoras José Pablo Tostado se mudó a Nuevo León, pero no pudo jugar de inmediato con la Sub 20 de Tigres porque el torneo ya había arrancado y él había jugado con Chivas. Tuvo que esperar hasta enero para portar la playera del equipo con el número 98.

Ahí Tostado se encontró con dos de sus compañeros campeones mundiales Sub 17: Jair Zacarías y Jorge Espericueta, formados en las fuerzas básicas de Tigres.

El recién llegado se instaló en una de las dos casas club del equipo en la colonia Anáhuac de San Nicolás, cerca del estadio Universitario, sede del equipo mayor de la UANL, que en diciembre se proclamó campeón del torneo Apertura 2011.

Un conocido suyo lo describe como un muchacho de bajo perfil, disciplinado, que comienza a adaptarse a la vida en Monterrey. En efecto, Tostado decidió continuar sus estudios e ingresó a la Preparatoria 7 de la UANL. El entrenador, Ricardo Ferretti, lo incluyó entre los 25 integrantes del equipo que jugó el repechaje de la Copa Libertadores ante el equipo chileno Unión Española. Tigres fue eliminado tras dos juegos de visita recíproca, y Tostado no entró a la cancha.

A principios de febrero se enfermó su

abuelo materno, radicado en Guadalajara, donde también vive la madre de José Pablo. Él pidió permiso a la directiva para atender este problema familiar.

En Guadalajara lo sorprendió la noticia del arresto de su padre, Pablo Tostado Zamudio, realizado en la misma ciudad bajo la presunción de que es líder de una banda de secuestradores, después de lo cual fue trasladado a Culiacán, donde sería procesado por un ilícito cometido en 2003.

No obstante, el futbolista regresó a Nuevo León a seguir con la escuela y su nuevo equipo, pero el 27 de febrero, después del entrenamiento matutino, le informaron que habían encontrado a su padre muerto en su celda. José Pablo regresó a Guadalajara, y de ahí viajó con su madre a Culiacán para resolver los trámites relacionados con el fallecimiento.

Por supuesto, esa semana faltó a los entrenamientos. Con todo, en una conferencia de prensa realizada el jueves 1, el presidente de Tigres enfatizó: “Cuando supimos lo de su señor padre, tenemos muy claro que mientras los acontecimientos (conductas impropias) de nuestros jugadores no los hagan ellos en lo personal, como lo que hizo su pariente más cercano, que es su señor padre, vemos que él no tiene ninguna culpa”.

Por ello, dijo de José Pablo, “cuando regrese le vamos a ofrecer toda la ayuda para que siga su carrera profesional y siga siendo un futuro en el futbol mexicano… y que si esta situación le afecta en lo emocional, parte psicológica o física, darle todo el apoyo al muchacho, que aquí se ha portado muy bien y ha dado lo mejor de sí”. O

Narco y venganza

Era la época dorada. El narco en el norte del país lo controlaba una sola organización apadrinada por Ernesto Fonseca, Don Neto.

Las penurias de Pablo Tostado Félix quedaron plasmadas en la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, perpetrado el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Los litigantes que siguieron la causa obtuvieron la autorización del reo para publicar los datos y la documentación está en poder del también abogado José Antonio Sánchez Ortega.

Otras fuentes son el citado libro del corresponsal de Proceso en España, Alejandro Gutiérrez, y las investigaciones de la reportera.

Según el acervo sobre el homicidio del cardenal, las diferencias entre Tostado Félix y Beltrán Arredondo surgieron el 6 de febrero de 2000, cuando alguien secuestró a Rosa Emma Quintero Félix.

Su esposo, Manuel Beltrán Arredondo, acusó a Tostado Félix de ser el autor. Los plagiarios pedían como rescate 100 millones de dólares, 50 kilos de cocaína y un lote de armas largas. Desde entonces los parientes, amigos y aliados de las dos familias se han exterminado entre sí.

Pero el documento Cronología de Pablo Tostado Félix, que forma parte del acervo sobre el caso Posadas Ocampo, retrae el asunto hasta 1991, cuando Pablo y su hermano Renato estaban en una hacienda en el kilómetro 1.5 de la carretera libre a Celaya. Al verlos ahí, varios policías judiciales de Querétaro intentaron detenerlos y se desató la balacera. Renato mató al policía Antonio Hernández Trejo, pero el acusado por esa muerte fue Pablo, quien huyó a Estados Unidos.

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Con el club Guadalajara

Un año después Pablo regresó y se instaló en Irapuato, Guanajuato, donde adquirió tres ranchos. El 24 de mayo de 1993 ocurrió el asesinato del cardenal Posadas Ocampo y posteriormente Pablo dijo a las autoridades que en el aeropuerto, en el momento del tiroteo, estaba presente Magdaleno Coronel Villarreal, el hermano mayor de Nacho Coronel (ambos murieron en Jalisco abatidos por el Ejército: el primero el 3 de junio de 1993 y el segundo el 29 de julio de 2010).

Detenido en Irapuato, el 12 de julio de 2000, Pablo Tostado fue trasladado el 11 de agosto al penal de Puente Grande, Jalisco, acusado por la XVI Zona Militar con sede en Sarabia de tener en su poder un mosquetón, que debió de entregar cuando se dio de baja en el 12 Cuerpo de Defensas Rurales del estado.

De ahí se lo llevaron en noviembre de 2002 al centro penitenciario de San José del Alto, en Querétaro, para responder por el asesinato del policía. El 7 de abril de 2004 quedó en libertad al revertirse el auto de formal prisión que se le había dictado.

En Guanajuato lo aguardaba otro proceso, ya que en 1999 fue acusado de secuestrar a María del Refugio León Rodríguez, hija de Juvenal León Martínez. Este hombre y su hijo del mismo nombre eran investigados por la venta de droga al menudeo, según declaró el gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva Ramírez (El Universal, 27 de febrero de 2007).

Para llevarse a Tostado Félix se enviaron dos caravanas, una de ellas como distracción contra posibles atacantes. Ambas salieron el 13 de abril de 2004, y cuando los vehículos de señuelo circulaban por la carretera a Chichimequillas, Querétaro, se toparon con un retén de supuestos agentes de la AFI que bloqueaban el camino con cuatro camionetas.

Al descubrir que en los vehículos iban militares, los supuestos afis intentaron escapar en sus vehículos, pero ocho de ellos fueron detenidos tras una persecución. La Procuraduría General de la República (PGR) reveló después que se trataba de sicarios con órdenes de matar a Tostado Félix. De acuerdo con información del acervo en manos del abogado Sánchez Ortega, el reo reveló que su sentencia de muerte provenía del cártel de Sinaloa.

Se identificó a los sicarios detenidos como los hermanos Ramón, Florencio y Miguel Ángel Beltrán Holguín (El Comandante), Carlos Chávez Favela, Rafael Rocha Ibarra, Jorge Buelnas Quintero (primo del capo Rafael Caro Quintero), Miguel Ángel Arellanes Beltrán y Gilberto Cepeda Urbano.

Tres días después Aarón Páez, director de Procesos de la procuraduría sinaloense, declaró públicamente que los deteni-

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ndo el triunfo Con la Sub 17. Festeja

dos estaban vinculados con la organización del Chapo Guzmán.

En el capítulo Las revelaciones de Pablo de su citado libro, el reportero Alejandro Gutiérrez señala que Pablo tenía que usar chaleco antibalas las 24 horas; además, el penal se vio obligado a asignarle 25 custodios para evitar que lo mataran.

“Extrañamente, ese 2 de marzo de 2005 faltó la custodia encargada de su seguridad. El peluquero que lo rasuraba habitualmente aprovechó su posición detrás del interno para hundir la charrasca en el cuello de Pablo. Hombre de acción al fin, logró reaccionar a tiempo a sabiendas de que en cualquier momento la muerte podía llegar”, describe Gutiérrez.

Agrega que, en el penal, Pablo Tostado “sorprendió a las autoridades al echar por el caño su seguro de vida: el silencio. Empezó a hablar de los más importantes narcotraficantes del país”. Y sigue: “Primero ante la juez Cuarto de lo Penal en Irapuato, Angélica Mora Padilla y –ésta se excusó– luego continuó ante el Juzgado Primero. Pablo les aclaró que el esposo de su prima Emma es Manuel Beltrán Arredondo, un miembro del cártel de Sinaloa, socio de El Chapo Guzmán, de Ismael Zambada, los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Leyva y de Ignacio Coronel.

“Entonces Pablo dio a conocer, por primera vez, que estos narcotraficantes se habían aliado nuevamente y estaban trabajando como La Federación de Cárteles o como el ‘megacártel’, que integran los narcos mencionados, además de Enrique Fernández, El Kiki Fernández, su primo político Manuel y su sobrino Julio Beltrán, entre otros operadores en el resto del país.

“Para tener una idea del poder de Manuel Beltrán –se aventuró el reo–, él es compadre de Francisco Labastida Ochoa y le pagaron la campaña. Juan S. Millán pa-

gó la campaña de Labastida con dinero de Manuel y de su hijo Julio Beltrán Quintero.

El narcotráfico paga las campañas y tienen un enorme cobijo y protección.”

Según estas declaraciones, en el sexenio pasado el principal protector del Chapo Guzmán fue el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha. Y los protectores de Beltrán Arredondo han sido los exgobernadores de Sinaloa Renato Vega Alvarado y Juan S. Millán.

“Quien paga para que me mantengan aquí y le puso precio a mi cabeza es Manuel Beltrán Arredondo”, argumentó Tostado Félix. Hizo notar que su prima cambió su declaración porque repentinamente “recordó una voz que dice es la mía, la que negociaba el rescate de su secuestro, por el cual se pedían 100 millones de dólares, 50 kilos de cocaína y 30 armas largas.”

Pero la cárcel era una molestia menor para él: “Mi caso es tan complejo, que ya se involucraron El Chapo Guzmán y sus primos, los Beltrán Leyva. Cuando Emma estuvo secuestrada, ellos movilizaron a más de 800 hombres armados en la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango buscándola”.

Supone que le imputaron el delito cuando “un santero cubano le dijo a Manuel que el responsable del secuestro era un familiar.

Entonces Manuel no lo pensó dos veces, me la echó a mí. Ahí está su declaración: de la noche a la mañana, él llega y empieza mi calvario. Yo le pedí a un medio hermano de Manuel, Joel Beltrán Rivas, que le diera mi teléfono para que me hablara y aclaráramos las cosas, porque él andaba diciendo en Tamazula (donde nació Pablo) que yo tenía que ver con el secuestro.

“Me hablaron Manuel y (su hijo) El Julión, y yo les dije, pues ustedes saben que yo no tengo nada que ver, yo tengo 20 años que me salí de mi tierra, fíjense bien en los enemigos que tienen por allá, que imagino que deben ser muchos, y bús-

N A R COTR Á F I CO quenle por otro lado”, relata Tostado.

Por toda respuesta, los Beltrán “secuestraron a varias personas cercanas de Pablo, como a Santos Cháidez Félix, el 26 de mayo de 2000, y un mes después secuestran a Ismael Calderón Félix, cuya única participación fue hacerle llegar a Manuel Beltrán el número telefónico de Tostado.

“Me ponían al teléfono en el momento en que los torturaban y me decían ‘entrégame a mi esposa y te entrego a éste’. Yo le decía, Manuel, nada tengo que ver, tú controlas la región, si yo hubiera entrado a Tamazula te hubieras dado cuenta.”

Pero Manuel Beltrán continuó con su venganza: según el informe de Ortega Sánchez, el 19 de noviembre de 2000, en Celaya, Guanajuato, un comando secuestró a Carolina y Alfonso, ermanos de Pablo, junto con sus sobrinos Nadia y David, entonces de 10 y 12 años.

Los tuvieron un mes con los pies atados y los ojos vendados. El Chapo era el interlocutor para presionar a Pablo; por teléfono le dejaba escuchar su voz para comprobar que los tenía cautivos. Le decía que entregara a la señora Rosa Emma a cambio de sus familiares.

El 5 de diciembre de 2000, la esposa de Manuel Beltrán quedó libre cerca del poblado Peña y Cebollitas, municipio de Canelas, Durango. En su declaración ante el agente del Ministerio Público José Luis Reyes Morales, en la capital del estado, declaró que no podía identificar a sus captores. Pero como mencionó a Tostado Félix, tres años después amplió su declaración y afirmó que sí reconocía a Pablo. Pocos días después fueron liberados Carolina, Alfonso, Nadia y David.

Las cosas no volvieron a la calma. La cronología de vida de Pablo Tostado Félix, integrada a la investigación de Posadas Ocampo, registra que el 6 de febrero de 2001 fue asesinado su abogado, Ulises Soto Sánchez, en sus oficinas de Irapuato.

Todo por la enemistad del capo sinaloense: “El Chapo Guzmán y yo coincidimos en el penal de Puente Grande. Yo lo conocía, nos veíamos pero no éramos enemigos ni amigos, pero de ahí para acá El Chapo ya se volteó completamente contra mi persona, y ahora está detrás de todo esto, a partir de ahí me declaró la guerra… es lógico, ahora que él está fuera (de prisión), sabe que yo sé todo y lo estoy denunciando, pues amigos ya no somos. Ahora ya somos enemigos. Una persona que secuestra a mi familia, será mi enemigo siempre”.

No tenía dudas: “Me matan a mi abogado, me secuestran a mi familia, me matan a mis amigos, me matan a mi papá, ¿qué más? Me fabricaron orden de aprehensión, ellos me tienen preso, esas personas están financiando mi estancia aquí”.

Pero Pablo Tostado Félix no habló esa vez de la muerte de sus enemigos. Un mes antes de que muriera el padre del declarante, el 29 de mayo un hijo de Manuel Beltrán y Rosa Emma llamado Adolfo fue ejecutado de dos balazos en el restaurante Los Gavilanes, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Un año después, el 13 de julio, el otro hijo de la pareja, El Julión, fue abatido a tiros en la avenida Álvaro Obregón de Culiacán. El propio Manuel Beltrán cayó a manos de tres sicarios el 3 de noviembre de 2007, en la galería San Miguel, de la misma ciudad. El 30 de mayo de 2009, en Tamazula, asesinaron a Rafael, hermano de Manuel Beltrán.

El 23 de abril de 2009, Pablo Tostado Félix fue absuelto del secuestro que se le imputaba en Irapuato. Tres centenares de policías se lo llevaron al penal duranguense, donde lo esperaba el proceso por el secuestro de Rosa Emma.

Al llegar a Durango lo aguardaban en el aeropuerto 500 efectivos policiacos que lo custodiaron hasta el Cereso. Ahí lo clasificaron como reo de alta peligrosidad y lo encerraron en el área de visita conyugal, sólo que sin la vigilancia extra que tenía en el presidio de Guanajuato.

“En el penal todos hablaban de una recompensa de 100 mil dólares que ofre-

cían por su cabeza”, comentan custodios de ahí a la reportera. Finalmente, dicen, se pagaron 2 millones de pesos por la ejecución. La tarde del 5 de mayo Pablo apareció ahorcado con las cintas de sus tenis.

“Se suicidó”, fue el dictamen de la procuraduría estatal.

Venganza en los hijos Aprehendido el 24 de febrero en Jalisco por policías estatales y de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) de Sinaloa, Pablo Tostado Zamudio –nieto de Rigoberto Tostado Bazúa (de quien no se consiguió una fotografía), hijo de Pablo Tostado Félix y padre del futbolista José Pablo Tostado Gastélum– fue trasladado de inmediato al penal de Culiacán. Para la PGJ de Sinaloa, encabezaba una banda de plagiarios que operó de 2000 a 2003 en esa entidad y en Durango.

El cargo oficial era la autoría intelectual del plagio de un empresario sinaloense y su hijo, cuyas identidades se han reservado las autoridades.

Portales informativos como mediotiempo.com señalan que la noche del 11 de noviembre de 2003 dicho empresario y su hijo se retiraban de un negocio de su propiedad (Forrajes El Barrio), ubicado en la capital,

cuando le cerraron el paso dos automóviles con “torretas rojas” que simulaban las policiacas. Los delincuentes dejaron libre al empresario para que buscara el millón de pesos que solicitaban por el rescate de su hijo, pero el joven logró escapar.

Otro portal, myspace.com, señala que la víctima fue liberada por la policía 14 horas después del plagio. En los dos casos se dice que el cobro del rescate no se concretó, y en cambio se arrestó a cuatro personas.

Desde entonces la fotografía de Pablo Tostado Zamudio apareció en el cartel de los secuestradores más buscados del país, que se reproduce en la página de internet de la PGJE. Consultada este viernes 2, su foto apareció marcada con la leyenda “capturado” en letras rojas. Para huir de la justicia, Tostado Zamudio se refugió un tiempo en Estados Unidos con un nombre falso.

Cuando lo detuvieron se declaró inocente. El juez cuarto penal le dictó auto de formal prisión por secuestro agravado y asociación delictuosa, según el expediente procesal 326/2003 de la Unidad Especializada Antisecuestros. Tostado Zamudio no fue juzgado. Dos días después de su arribo al penal murió ahorcado.

La mayoría de los medios de Culiacán se refieren a él como el “heredero” del “oficio” de secuestrador, en alusión a su padre.

J U STI CI A Octavio Gómez

El arraigo,

fábrica de culpables

Pese a los reclamos de activistas sociales, abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras, el gobierno calderonista se niega a terminar con el arraigo, bajo cuya oprobiosa figura jurídica las autoridades policiacas y militares detienen a cualquier ciudadano que ellas consideran sospechoso. Tal es el afán por fabricar culpables, que no se preocupan por demostrar si en realidad lo son. Proceso reproduce los testimonios de algunas de las víctimas que simplemente no saben por qué se ensañaron con ellas.

GLORIA LETICIA DÍAZ

E

ran las ocho de la noche del 20 de noviembre último cuando un sedán color arena se le cerró al auto que conducía Edwin Emilio Escamilla Cabrera en la ciudad de Pachuca, donde trabaja como policía preventivo. De él descendió un sujeto que le preguntó: “¿Eres hijo de Francisco Escamilla Amado?”…

Sin darle tiempo a responder, lo sacó por la fuerza de su Chevy Monza para subirlo al sedán donde lo esperaban tres personas. Comenzaron a golpearlo; luego lo llevaron a las oficinas de la Policía Ministerial y siguieron torturándolo.

Al segundo interrogatorio, Edwin, de 29 años, se dobló y firmó un documento en el que aceptó que durante ocho meses colaboró con El Pino, a quien le informaba sobre operativos policiacos. Más tarde se enteró de que El Pino se llama José Vega Pé-

Centro de arraigo en la colonia Doctores

rez y trabaja para Los Zetas; supo también que José Augusto Vega Pacheco y 10 policías de Actopan con los que supuestamente está relacionado también estaban detenidos.

Edwin estuvo incomunicado tres días en los separos de la procuraduría hidalguense.

De ahí fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México.

Apenas se enteraron, su madre, Liliana Cabrera Vizueth, y su esposa corrieron para la capital. El día 24 de noviembre su pareja pudo verlo durante cinco minutos, poco antes de que los agentes de la PGR lo llevaran al Centro Federal de Investigación, ubicado en la colonia Doctores, acusado de delincuencia organizada (expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/507/2011).

Nada pudo hacer la abogada de Edwin, Angélica Nieto Acosta.

Del 26 noviembre al 1 de enero de 2012, Edwin y tres personas estuvieron arraigados en una pequeña celda que tenía una ventana por la que no podían asomarse.

Sólo podían salir de su encierro 40 minutos: 10 para tomar sus alimentos y el resto para “ejercitarse”.

Durante ese periodo de cautiverio tuvo que vestir pantalón gris y playera amarilla. Tenía prohibido levantar la mirada aun ante su madre, su mujer y sus dos hijos pequeños que lo visitaron en varias ocasiones; no podía verlos ni tocarlos. “Los niños lloraban desesperados porque no podían tocar a su papá”, cuenta su esposa Érika Hernández.

El 1 de enero, Edwin y los 10 policías de Actopan fueron sacados del centro de arraigo de la PGR. “A mi hijo lo estuvieron paseando hasta que después apareció en el Cefereso de

Villa Aldama; los de la SIEDO sabían que el juez ya no les iba a aprobar la ampliación del arraigo para mi hijo, porque no había nada contra él.

“Al final la SIEDO se sacó de la manga un testigo protegido de nombre Venus, un supuesto sicario de Los Zetas, quien dijo que Edwin era policía municipal de Actopan, pese a que él nunca ha estado en esa ciudad y aun cuando los uniformados de ese municipio dijeron que no conocían a mi hijo. No obstante, el juez de Villa Aldama, Veracruz, le decretó el auto de formal prisión”, relata doña Liliana Cabrera.

Edwin es hijo de Emilio Francisco Escamilla Amado, el comandante de Tránsito y Vialidad de la Policía Municipal de esa ciudad que fue detenido el 29 de junio de 2009 junto con 200 de uniformados hidalguenses por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Hoy, Edwin y su pa-

dre, así como los 200 policías, están recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 5 de Villa Aldama.

Doña Liliana y su nuera se ven cansadas. Dicen que aun cuando padre e hijo están recluidos en el penal veracruzano, el proceso contra Francisco es llevado en Tepic, Nayarit, mientras que el de Edwin se sigue en Almoloya, Estado de México.

“Sólo vivimos para ellos. Y aunque no tenemos dinero suficiente, tenemos que estar en todos lados… Sabemos que son inocentes”, sostiene doña Liliana.

El caso de Israel Arzate Otro caso oprobioso es el de Israel Arzate Meléndez, quien tras ser detenido y torturado por militares terminó por aceptar que él había participado en la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad

Juárez, ocurrida a finales de enero de 2010.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio seguimiento a su caso y en agosto del año pasado emitió la recomendación 49/2011; al mes siguiente, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU exigió la liberación de Arzate, juzgado bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vigente en Chihuahua desde 2007.

Arzate estuvo en prisión preventiva durante un año en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez. Después estuvo bajo arraigo y al vencer el plazo de 10 meses que fija el sistema penal acusatorio el fiscal debió presentar la relación de pruebas y dictaminar sobre su caso, pero no se cumplió con ese procedimiento.

En su informe del 9 de septiembre de 2011, el organismo de la ONU expone que “ante la ausencia de pruebas reales”, el

arraigo impuesto a Arzate es “contrario a las normas internacionales de derechos humanos”.

Jacqueline Sáenz Andujo, coordinadora de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que junto con el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez asumió la defensa de Arzate, sostiene que “durante los primeros 10 meses la fiscalía no formuló más elementos contra el detenido. La juez de garantía Carmen Leticia Prieto Ruiz le impuso arraigo domiciliario en la vieja academia de policía de Ciudad Juárez”.

Sáenz Andujo comenta que está por resolverse un amparo contra el arraigo de su cliente; también están en revisión en tribunales colegiados los amparos rechazados contra los autos de vinculación a proceso por el multihomicidio de Villas de Salvárcar y otro por robo de vehículo, “fabricado por los militares para justificar la detención de Israel en flagrancia”.

Guadalupe Meléndez, madre de Israel, cuenta a Proceso las condiciones en que vive su hijo: “La habitación donde está arraigado tiene puerta de metal, lo que le

impide ver la luz del día; sus custodios no lo dejan hacer ejercicio y lo humillan todo el tiempo. Su alimentación es muy mala y sólo me dejan verlo dos veces a la semana, los martes y los domingos. Yo le llevo comida cada semana para que se prepare”.

Meléndez, quien cuenta con medidas cautelares emitidas por la CNDH, luego de que una partida de soldados sacó a su hijo del Cereso para que les mostrara dónde vivía su madre, lamenta la incomunicación en que vive Israel. “Él tiene su esposa y su hijo de 10 años, pero no puede hablar con ellos porque se fueron a El Paso, pues el niño tiene la nacionalidad estadunidense. Hace año y medio que no los ve; no quiere que se involucren en este problema. Pero cada que me llama por teléfono, mi nieto me pregunta cuándo va a salir su papá”, dice la señora.

La abogada Jacqueline Sáenz agrega que la medida cautelar resultó tan restrictiva que los abogados de Israel no pueden verlo sin aviso previo, lo que dificulta la defensa.

“Las autoridades alegan que el arraigo se impuso porque nosotros solicitamos el amparo contra el auto de vinculación a proceso, pero ese trámite lo iniciamos

después de que venció el plazo para que aportaran más pruebas contra Israel, además de la confesión que él hizo bajo tortura. Resulta grave que la juez de garantías mantenga en esas condiciones a una persona que nunca debió ser sometida a proceso”, sostiene Sáenz.

Le preocupa, dice, que los vicios del sistema inquisitorio, como las confesiones arrancadas bajo tortura, se reproduzcan en el nuevo sistema, sobre todo “en casos en que hay la legítima exigencia social de respuesta inmediata, como en la de Villas de Salvárcar. Lo penoso es que se violen derechos humanos de Israel para que el gobierno de Chihuahua y el federal puedan decir que cumplieron”.

En su informe, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU –al que el gobierno de Felipe Calderón aún no responde– resalta que mientras a Israel se le han violado sus derechos, “las masacres alegadas y de las que se le ha acusado… siguen en la impunidad”.

El organismo internacional insiste en que Israel Arzate debe ser liberado, y exige una investigación sobre las torturas a las que fue sometido y que haya una reparación “completa y adecuada por los daños y perjuicios sufridos”.

Además, se sumó a la exigencia de otros organismos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que piden derogar las disposiciones constitucionales y legales que establecen el arraigo, así como “la facultad otorgada a las Fuerzas Armadas de participar en la investigación y persecución de hechos delictuosos, y prohíba que practiquen aprehensiones, arrestos y detenciones de civiles, pues no tienen ni deben tener funciones policiales”.

La pesadilla de Mauricio Marichal Alfredo Mauricio Marichal Cancino es músico; además, cursó Estudios Latinoamericanos en la UNAM y está a punto de titularse como licenciado en Comunicación Social en la UAM. Él estuvo sometido a arraigo durante 26 días, y dos días más bajo la custodia de agentes del Ministerio Público de la delegación Magdalena Contreras.

Sobrino de la actriz y promotora cultural Julia Marichal Martínez, Alfredo Mauricio fue considerado el principal sospechoso de su muerte ocurrida el 15 de noviembre último. Recuperó su libertad luego de la detención de Pedro Osvaldo Castellanos González y Ana Betsaida

Duarte Acosta, quienes presuntamente confesaron el crimen.

Mauricio, su hermano Bruno y su madre María Luisa Cancino accedieron a narrar la experiencia que vivieron. “No hubo ningún tipo de reparación a nuestra imagen, ni siquiera una disculpa”, sostiene Mauricio, quien atribuye su liberación a las manifestaciones que organizaron sus compañeros de la universidad y sus amigos y familiares que, dice, sabían que él era inocente.

Relata que todo empezó con una denuncia presentada a finales de noviembre por la familia Marichal en el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), luego de que detectaron que Julia Marichal no contestaba las llamadas telefónicas.

El 2 de diciembre los agentes de la dependencia pidieron a la familia que abrieran la casa de la actriz para investigar. Ese día Mauricio disponía de tiempo y decidió apoyar a los investigadores.

“Todo fue muy extraño. Cuando ingresamos a la casa de mi tía observé que los agentes agarraban las cosas sin cuidado.

Cuando salimos, unos agentes se fueron directo al patio, abrieron la cisterna y sacaron una bolsa y comenzaron a decir que era la cabeza de mi tía”, relata Mauricio.

Benjamín Flores

J U STI CI A

Morales Ibáñez. Atropellos

Medida

ineficaz y perniciosa

GLORIA LETICIA DÍAZ

I

nstrumento jurídico de la guerra contra el narcotráfico, la figura del arraigo ha resultado prácticamente ineficaz para la administración calderonista pues hasta la fecha la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha podido consignar ante juzgados federales a 3% de las personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado.

De junio de 2008 a octubre de 2011, 6 mil 562 personas estuvieron en centros de arraigo de la dependencia entre 40 y 80 días mientras se investigaba si tenían nexos o no con las bandas delincuenciales. Al final sólo 212 recibieron sentencia condenatoria.

Por lo que atañe a las personas detenidas por elementos de las Fuerzas Armadas –7 mil 591por efectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional y mil 84 por elementos de la Marina–, los jueces especializados en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones aprobaron la medida cautelar en mil 391casos; del resto no se sabe nada.

Los datos anteriores forman parte de

una investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que ha documentado violaciones a garantías individuales de casi 300 personas que han estado bajo arraigo en casos en los que ha participado personal de las Fuerzas Armadas.

Coordinados por Sergio Méndez Silva y los abogados Silvia Vázquez, Octavio Amezcua y Silvano Cantú, todos ellos de la organización, emitirán un nuevo informe sobre el arraigo, figura que incluso fue reprobada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, durante su visita de agosto pasado a México; al mes siguiente el relator especial para México de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, denunció que el gobierno calderonista no le permitió ingresar al Centro Nacional de Arraigos.

Los abogados de la CMDPDH comparten a Proceso los resultados preliminares de sus indagaciones que en breve presentarán ante el Parlamento Europeo y ante la CIDH.

Para ellos, “el arraigo ha generado un clima de impunidad; no sólo es una medida que afecta los derechos humanos, sino que pretende tapar la ineficacia en la investigación.

Al final –dicen– lo que se hace es fabricar culpables y para ello se recurre a la tortura”.

Sostienen también que el “vínculo casi indisoluble” entre el arraigo y la tortura fue evidenciado desde 2009 por el Subcomité para Prevención de la Tortura de la ONU, luego de que, tras revisar los exámenes médicos de 70 personas arraigadas por la PGR, sus investigadores detectaron que en la mitad de los casos había “signos de violencia”.

Además, las pruebas obtenidas durante los arraigos –que las autoridades no pudieron robustecer durante los procesos penales– provocan que la mayoría de los detenidos recuperen su libertad. Y citan como ejemplo el michoacanazo de 2009, en el cual la PGR no pudo demostrar los presuntos nexos de los alcaldes y colaboradores del gobierno de Leonel Godoy con el narcotráfico.

Para Silvano Cantú, lo más escandaloso es que la mayoría de los arraigos a partir de 2008 fueron hechos por juzgados ilegales: “La reforma constitucional de ese año refiere la existencia de jueces de control y jueces de garantía que van a emitir estas órdenes cautelares (cateos, arraigos e intervención de comunicaciones) y vigilar que se respe-

ten los derechos humanos de las personas privada de libertad, pero los artículos transitorios de la misma reforma fijan la entrada en vigor de estos jueces a partir de 2016”.

Figura inoperante La prisa por operar la figura del arraigo –“única en el mundo, una especie de pena preprocesal”, apunta Cantú – llevó al Consejo de la Judicatura Federal a crear seis juzgados especializados a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que comenzaron a funcionar en enero de 2009.

No obstante, el abogado aclara que “el Consejo de la Judicatura no tiene atribuciones constitucionales para crear juzgados en materias distintas a las ya existentes”. Dice que a todas estas irregularidades se suma la actuación de las Fuerzas Armadas en detenciones “en las que no hay claridad de cuáles son sus atribuciones para realizarlas”.

Resulta peor aún que una vez que se decreta el arraigo no existe ningún recurso para combatirlo, sostiene su colega Sergio Méndez: Y expone: “El amparo no procede porque el Ministerio Público y los propios jueces juegan con los tiempos procesales y para colmo el dictamen de la nueva ley de amparo que aprobó el Senado, y que aho-

ra está a disposición de la Cámara de Diputados, considera improcedente el amparo cuando se impugnan normas constitucionales, entre ella el amparo”.

Octavio Amezcua agrega: “En los juicios de amparo que hemos seguido, impugnamos desde la detención porque en los casos que llevamos no hay órdenes judiciales ni flagrancia, por lo que no hay elementos que justifiquen el arraigo, pero se deja pasar el tiempo de manera que el ministerio público cambia la situación jurídica del arraigado por el de indiciado, y en ese momento el juez sobresee el juicio”.

Detalla que la mayoría de los asuntos documentados por la CMDPDH corresponde a policías municipales o ministeriales detenidos en Tabasco, Hidalgo, Baja California y Michoacán.

“Las autoridades federales y el Ejército se han ensañado particularmente con policías locales en su afán de imponer la imagen de mano dura de las Fuerzas Armadas y desprestigiar a las civiles; el caso más emblemático que llevamos es el de la detención masiva de 150 policías municipales de Pachuca en 2009; el problema es la forma en que se están llevando a cabo estas detenciones y la debilidad de las pruebas que presenta la PGR contra los involucrados”, comenta Amezcua.

La inoperancia del amparo en casos de arraigo consta en los informes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha enviado a la organización. Así, por ejemplo, del 5 de enero de 2009 al 13 de octubre de 2011, juzgados federales negaron 310 solicitudes de amparo contra órdenes de arraigo y sólo concedieron 14.

Silvia Vázquez, oriunda de Tijuana, apunta: “Los jueces no dan seguimiento a la serie de violaciones a derechos humanos que nosotros hemos registrado como una constante: después de la detención arbitraria, viene la desaparición forzada por 96 horas en promedio, tiempo en el que no se le informa a los familiares a dónde se envía al detenido. A ello se debe que algunos terminen en alguna instalación militar; la mayoría de los detenidos son torturados o coaccionados para que se autoinculpen e involucren a otras personas en delitos contra la salud o delincuencia organizada”.

De forma invariable, continúa, a los arraigados se les consigna ante jueces “que avalan todas las irregularidades”; incluso liberan órdenes de formal prisión contra ellos y la mayoría son enviados a cárceles de máxima seguridad.

Relata que en 2010 tuvo que exiliarse de esa ciudad fronteriza tras sufrir amenazas de muerte por defender a 25 expo-

J USTICIA músico, que era primo de Kalimba y que había matado a mi tía actriz; algunos me hostigaban y me decían que de cuánto había sido la herencia y que yo estaba bien panqué (adinerado)… Estás encerrado con esa gente 21 horas del día, sin hacer nada, sólo puedes salir de la celda tres horas.”

Durante el tiempo de visita, de 12 a 15 horas, “los agentes me sacaban a diligencias, esposado. Hacían que corriera el tiempo para que no viera a mi familia; me decían que no me querían, que se habían olvidado de mí”.

En el centro de arraigos capitalino, recuerda Mauricio, a los detenidos se les obliga a caminar sobre una línea y son esposados a sillas durante las diligencias o cuando reciben visitas. “Es doloroso ver a un familiar al que no puedes abrazar”.

Mientras estaba arraigado, su familia fue sometida a investigación. Sus celulares y sus teléfonos fijos, así como sus correos electrónicos, fueron intervenidos; incluso fueron citados por el Ministerio Público para que declararan sobre el asesinato de Julia Marichal.

“Era desesperante y desmoralizante, porque al paso del tiempo te dabas cuenta de que a los agentes no les interesaba saber la verdad, sino hacernos caer en contradic-

ciones para incriminar a mi hermano”, comenta Bruno, quien durante el tiempo en que Mauricio estuvo arraigado sintió impotencia, desesperación e insomnio.

Bruno y su madre María Luisa recuerdan que durante ese periodo algunas revistas “nefastas” publicaron datos tergiversados de la averiguación previa, así como fotografías de la reconstrucción de los hechos filtradas por la procuraduría capitalina.

Hoy, Mauricio Marichal se siente desalentado por los gastos que hizo su familia para demostrar su inocencia, por las filtraciones de la procuraduría y por el manejo de sus datos personales durante el arraigo. “Quedamos muy expuestos ante la delincuencia”, resume.

Dice que como lo acusaron de feminicidio, hoy “muchas vecinas me cierran la puerta cuando me ven; incluso una de mis sinodales de la UAM simplemente me dijo que no quería saber de mí”.

Para él, lo peor de todo es que aun cuando los presuntos asesinos ya confesaron y la procuraduría encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa, aspirante a jefe de gobierno, fue incapaz de formularle una acusación sólida, no le han reparado los daños. O

licías municipales detenidos y torturados por militares en las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, donde permanecieron 40 días, según consta en la recomendación 87/2011de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En ese caso estuvo implicado el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana Julián Leyzaola, quien hoy ocupa un cargo similar en Ciudad Juárez. El

documento del ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva documentó la tortura a que fueron sometidos los detenidos, así como el hostigamiento a su defensora, Blanca Mesina.

Desde 2008 a 2011, la CNDH ha emitido varias recomendaciones relacionadas con denuncias formuladas por personas que han sido sometidas a arraigo; además, el organismo recibió 405 quejas por violaciones

a derechos humanos contra personas en situación de arraigo por delitos federales en ese mismo periodo.

De los ómbudsman del país, sólo el del Distrito Federal, Luis González Placencia, se ha pronunciado de manera abierta por la abolición del arraigo. En la recomendación 2/2011, emitida en mayo del año pasado, planteó al entonces procurador Miguel Mancera Espinosa (hoy aspirante a la jefatura de gobierno) y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Édgar Elías Azar, tomar las medidas necesarias para ordenar a sus subalternos no solicitar más arraigos, al primero, e instruir entre los jueces y los integrantes de la judicatura no otorgarlos, al segundo.

El visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Mario Patrón Sánchez, dice que “tiene listas dos iniciativas que presentará a la Asamblea Legislativa: una para abolir la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales y otra para eliminar la Ley contra la Delincuencia Organizada, lesiva también para los derechos humanos”.

Los abogados de la CMDPDH intentan llevar uno o varios casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención a fin de que se pronuncie contra el arraigo porque, insisten, es contrario a los tratados internacionales. O

Eduardo Miranda

El joven fue llevado a la agencia investigadora de Magdalena Contreras, invitado por los agentes para que diera cuenta del hallazgo. Del día 2 al 4, Mauricio estuvo en poder de los agentes y no se le permitió ver a su familia ni a su abogada.

“No me dejaban dormir, llegaban y me decían que les explicara cómo había matado a mi tía, otro me decía que sólo un familiar pudo haber cometido un crimen así y que era por una herencia”, dice el entrevistado.

En la sala de espera de la delegación, su familia era también maltratada por los agentes ministeriales. “Nos querían vender en 20 mil pesos el expediente desde el principio”, asegura la madre de Mauricio.

El 4 de diciembre, el juez 31 penal otorgó a la PGJDF una orden para arraigar a Mauricio. Su abogada no estuvo presente.

En el centro de arraigos, ubicado en Azcapotzalco, Marichal compartió un espacio de tres por seis metros con cuatro personas. “Como el delito que me achacaban era grave, conmigo estaban personas acusadas de delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Yo me sentía amenazado porque los custodios no tenían cuidado con mis datos personales.

“Delante de todos decían que yo era

Afis en acción

16

1844 / 4 DE MARZO DE 2012

Los responsables de la seguridad pública, la gendarmería vaticana y el episcopado tienen miedo. La visita que el jefe de la Iglesia católica realizará a Guanajuato a finales de este mes es motivo de preocupación porque se conjuntarán dos factores: por un lado, la violencia asociada al crimen organizado y, por otro, medios italianos han hecho correr la especie de que en algún lugar del mundo hay un complot para acabar con la vida de Benedicto XVI. Por lo pronto, el Estado Mayor Presidencial empezó a establecer un impresionante cerco de seguridad en el estado.

Cerco

VERÓNICA ESPINOSA Y RODRIGO VERA

G

UANAJUATO, GTO.- El pasado 23 de enero el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, exhortó al crimen organizado a permitir que los peregrinos vengan a Guanajuato para ver al Papa Benedicto XVI, quien estará en la entidad a finales de este mes: “Que colaboren siquiera permitiendo que todas estas personas vengan a un acto totalmente respetable. Que no lo aprovechen para hacer algo que pudiera llevarnos a una experiencia de duelo y muerte”, pidió.

Su petición –interpretada como un llamado a la tregua– obtuvo respuesta a los pocos días, cuando aparecieron 11 narcomantas en varios municipios guanajuatenses. En ellas la organización Los Caballeros Templarios aceptó la propuesta a condición de que a su cártel rival, Nueva Generación, se le impida operar en Guanajuato.

Pero esta promesa del crimen organizado no resulta confiable para el Estado

militar en Guanajuato

Maria Grazia Picciarella / Procesofoto

Mayor Presidencial (EMP), que asumirá el control del viaje papal: coordinará todos los cuerpos policiacos en el estado, pedirá acreditaciones hasta de los altos jerarcas eclesiásticos, vigilará rigurosamente el flujo de peregrinos y acordonará las ciudades donde estará el pontífice.

El martes 28 de febrero el gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva, adelantó: “A partir del próximo 10 de marzo el Estado Mayor Presidencial asumirá el control de la seguridad en el estado de Guanajuato para asegurar la tranquilidad durante la visita del Papa”.

Por su parte, Ricardo Sheffield y Édgar Castro, alcaldes de León y de Guanajuato, respectivamente, han advertido a la población que los militares aplicarán un recio “cerco” en ambas ciudades. Los tres funcionarios señalan que el EMP coordinará a las policías municipales, estatales y federales desde días antes de la llegada del Papa, quien estará en Guanajuato del 23 al 26 de marzo.

En suma, el viaje de Benedicto XVI quedará bajo el control de este cuerpo de élite integrado por mil 891 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y especialistas civiles.

Su función es cuidar la seguridad del presidente de la República y de los jefes de Estado que lo visitan. Ahora también dará protección a las casi 3 millones de personas que vendrán a ver al Papa.

Mientras tanto, desde enero –cuando se confirmó el viaje de Benedicto XVI–, representantes del EMP y de la Conferencia del Episcopado Mexicano se han reunido para coordinar la seguridad y la logística.

Manuel Corral, vocero del episcopado y quien participó en estos encuentros, comenta: “El objetivo de las reuniones es garantizar la seguridad del Papa y de los fieles. Puede haber fanáticos, gente enferma o cualquier otra persona que intente no digamos atentar contra la vida del Papa, sino simplemente crear una estampida o cualquier otra situación caótica en medio de la multitud”.

–¿Quiénes encabezan estas reuniones?

–Por parte del Estado Mayor Presidencial está un general de apellido Lechuga, junto con sus subalternos. El general Lechuga es un militar con mucha firmeza y autoridad. Ha conducido los encuentros con liderazgo y profesionalidad.

“Monseñor Víctor René Rodríguez, secretario general del episcopado, es quien coordina a los representantes de la Iglesia. Él no puede ir a todas las reuniones. A veces voy yo o a veces el encargado de alguna otra comisión episcopal. Pero tenemos comunicación constante y un buen entendimiento con el Estado Mayor Presidencial.”

–¿Dónde se realizan los encuentros?

–En ocasiones en la residencia oficial de Los Pinos. Otras veces en la nunciatura o en las oficinas del episcopado. Incluso en

Octavio Gómez

E L E C C IO N E S 2 0 1 2 / VI SI TA PA PA L

Desde el Cerro del Cubilete

la arquidiócesis de León, pues también debemos ir a los lugares donde estará el Papa.

Tan drástico es el control del EMP –relata Corral–, que en un primer momento exigía un minucioso registro de cada uno de los sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales que van a concelebrar con el Papa o simplemente a estar en sus homilías; se les pedía llenar un formulario muy detallado, enviar fotografías, copias de la credencial de elector, de la CURP, número de pasaporte, aval de sus diócesis y otros requerimientos que debían enviar por correo electrónico.

Pero no había tiempo para cumplir con todos los requisitos, sobre todo porque hay sacerdotes que trabajan en parroquias remotas a quienes les es difícil enviarlos con rapidez. De ahí que –prosigue Corral– se acordó que sólo enviarán copia de su credencial de elector y acreditación como sacerdote dentro de una lista avalada por su diócesis.

“Así logramos resolver el problema ya sin tanto papeleo. Entendemos que las exigencias del Estado Mayor Presidencial son para impedir que a los eventos se cuelen sacerdotes falsos, pues es muy fácil conseguir una vestimenta religiosa y hacerse pasar por sacerdote”, dice el vocero del episcopado.

–¿Pero sí tendrán que someterse a revisión en cada acto?

–Por supuesto. Desde el simple párroco hasta el cardenal más encumbrado del séquito papal tendrán que someterse a cada revisión del Estado Mayor Presidencial, deberán pasar por los arcos detectores de metal y sujetarse a todas las normas del protocolo de seguridad. ¡No hay de otra!

Tres millones Según los cálculos del episcopado, alrededor de dos mil sacerdotes y 200 jerarcas

–obispos, arzobispos y cardenales– participarán en los actos del Papa. Muchos vendrán de otros países de América Latina así como de Estados Unidos y Canadá.

También se calcula que durante los cuatro días que estará en Guanajuato, el pontífice congregará a casi 3 millones de fieles de todo el país.

Para vigilar y organizar a las multitudes que participarán en los recorridos y en los actos pontificios, se adiestrará a 100 mil voluntarios civiles que cuidarán las vallas metálicas.

“Estos voluntarios también desempeñarán funciones de seguridad y previamente deben estar acreditados por las organizaciones católicas, instituciones educativas o de gobierno de donde provengan. No puede llegar cualquiera”, advierte Corral.

Y señala que a diferencia de otros jefes de Estado que visitan México y sostienen encuentros cerrados con autoridades gubernamentales, el Papa suele tener contacto directo con su feligresía y “encabezar eventos masivos y abiertos”, de ahí que esté más expuesto a una agresión.

“El Papa es un líder mundial y no podemos adivinar qué loco intentará atentar contra su vida, como le ocurrió a Juan Pablo II, quien por fortuna salió librado del atentado que sufrió en 1981 en la Plaza de San Pedro”, agrega el vocero del episcopado.

–¿Cuáles son los lugares más riesgosos en los que estará Benedicto XVI? –Bueno, las más fuertes medidas de seguridad se implementarán al pie del Cerro del Cubilete, donde presidirá la concentración más nutrida. Pero también en la Plaza de la Paz de la ciudad de Guanajuato, donde se reunirá sobre todo con niños y ancianos.

Lo mismo en su recorrido que va del aeropuerto a la ciudad de León. Y ni qué decir del Colegio Miraflores, donde pernoctará.

“Las monjas que residen en el Colegio

Fidel Aguilar Castillo

E L E C C IO N E S 2 0 1 2 / VI SI TA PA PA L nedicto XVI dijo: “La tarea de la Iglesia no es la transformación del orden político ni el cambio del tejido social, sino el anuncio de Cristo. Es la caridad la que debe animar todas nuestras acciones; no se trata de hacer un mundo a la medida, sino de amarlo.

Es por esto que la Iglesia no tiene como vocación principal la tranformación del orden político o el cambio del tejido social, quiere llevar la luz de Cristo, pues es él quien transformará todo y a todos”.

Connivencia

Ante la violencia en México,

ceguera papal

CYNTHIA RODRÍGUEZ

P

ALERMO, ITALIA.- No basta que el Papa diga que llevará un mensaje de paz en su próxima visita a México, o que la alta jerarquía católica declare que el viaje no busca incidir en la política interna de ese país; es necesario sobre todo que Benedicto XVI asuma una posición ante el crimen organizado, pues de otra forma lo avala y fortalece, señala en entrevista la académica siciliana Alessandra Dino.

Socióloga jurídica por la Universidad de Palermo, Dino se ha dedicado a estudiar el fenómeno mafioso y las relaciones que las organizaciones criminales, sobre todo la Cosa Nostra, han establecido desde siempre con la Iglesia católica. Señala que hasta ahora las declaraciones del Papa sobre la violencia en México han sido muy tibias.

El pasado 12 de diciembre, cuando Benedicto XVI anunció desde la Basílica de San Pedro su viaje apostólico a México y Cuba, no dedicó una sola línea de su largo discurso a la situación de violencia que priva en América Latina (http://www.vatican.va/ holy_father/benedict_xvi/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20111212_america-latina_it.html).

“En el momento actual, mientras se conmemora en diversos lugares de América Latina el Bicentenario de su Independencia, el camino de la integración en este amado continente prosigue y contemporáneamente se advierte su nuevo protagonismo a nivel mundial. En estas circunstancias es importante que los diferentes pueblos salvaguarden su rico tesoro de fe y su dinamismo histórico-cultural, mostrándose siempre de-

fensores de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y que sean promotores de la paz.

“Deben tutelar a la familia de su auténtica naturaleza y misión, intensificando al mismo tiempo un vasto trabajo educativo que prepare rectamente a las personas y las haga conscientes de sus propias capacidades, de modo que enfrenten de manera digna y responsable su destino. También son llamadas a promover siempre más iniciativas adecuadas y programas concretos que propicien la reconciliación y la fraternidad, que incrementen la solidaridad y el cuidado del ambiente, que intensifiquen los esfuerzos para superar la miseria, el analfabetismo y la corrupción, y para arrancar cada injusticia, violencia, criminalidad, inseguridad civil, narcotráfico y extorsión”, indicó Ratzinger casi al final de su discurso.

A Dino la sorprende que la Iglesia se exprese en términos generales ante una situación de clara emergencia, cuando una de las noticias más impactantes en todo el mundo es la larga lista de muertos –casi 60 mil– en la “guerra contra el narco” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón.

El pasado 22 de febrero Christopher Pierre, nuncio apostólico en México, declaró a la revista electrónica Vatican Insider que “la visita papal en México no tiene tintes electorales... La visita de Benedicto XVI es eminentemente religiosa y ajena a cualquier connotación electoral”.

Ya 12 días antes, el 10 de febrero, durante la audiencia otorgada a los miembros de la Fundación Juan Pablo II, el propio Be-

Para la investigadora es sintomático que sea otra vez en México donde la Iglesia trate con distancia los temas relativos a la gente más necesitada. Menciona que en 1975 y 1979, en sus visitas apostólicas, Juan Pablo II aprovechó para condenar a la Teología de la Liberación, movimiento que surgió en 1968 y en el cual muchos sacerdotes fundamentaban su toma de posición en favor de los pobres y desfavorecidos.

Dino, autora del libro La mafia devota. Iglesia, religión y Cosa Nostra, reflexiona acerca de las posibles consecuencias de esta falta de definición papal: “Me llama la atención el anuncio de los narcotraficantes que se hacen llamar Los Caballeros Templarios, quienes luego de que el arzobispo Martín Rábago solicitara paz para cuando estuviera el Papa en México, respondieron ‘positivamente’ con una tregua e incluso ofrecieron resguardar la zona ellos mismos.

“Estos hechos obligan a reflexionar sobre el papel de la Iglesia y sus representantes eclesiásticos en un momento por demás dramático para el país, pero sobre todo acerca de la relación que los grupos criminales pueden tener con la Iglesia y con sus símbolos, importantísimos para legitimarse ante la sociedad.”

Que la Iglesia diga solamente que el pontífice llevará a México un mensaje de paz demuestra que asume un papel poco relevante y difunde un ideario muy limitado, opina la entrevistada.

Y agrega: “Estos enunciados del Vaticano, de que nos encomendamos al mensaje de Cristo y basta, son muy reduccionistas; en realidad el mensaje de Cristo involucra mucho más.

“Pero más allá de lo que es el supuesto mensaje de Cristo, que obviamente a mí no me toca juzgarlo, me parece un mensaje extremadamente político del Papa, en el sentido de que no irá a manifestarse sobre la política ni en torno al cambio que debe haber en el tejido social. Si es así, entonces este mensaje conviene a los narcotraficantes porque significa la no modificación del statu quo.”

La investigadora recuerda que en 1992 los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que luchaban contra la Cosa Nostra, fueron asesinados en Sicilia. Meses después, el 9 de

mayo de 1993, Juan Pablo II hizo una visita a la isla y ahí, en la tierra de la mafia, conminó a los criminales a que se arrepintieran.

“Dios dijo una vez: ¡no maten! Ningún hombre, cualquiera que sea, ninguna aglomeración humana, ni la mafia, pueden cambiar ni aplastar este derecho santísimo de Dios... En el nombre de Cristo, les pido a los responsables, conviértanse, que un día vendrá el juicio de Dios”, dijo el pontífice en el Valle de los Templos, en Agrigento (http://video.google.com/videoplay?doc id=-3081148180934542952#).

La mafia, prosigue Dino, ignoró el llamado y respondió con estallidos de bombas en iglesias de Roma: la basílica de San Juan de Letrán y la iglesia de San Jorge en Velabro; ambos atentados ocurrieron el 28 de julio de 1993. Sin embargo, el mensaje del Papa marcó una gran separación entre los católicos y la mafia.

En Italia desde hace mucho tiempo el crimen organizado necesita de la Iglesia, sostiene la especialista y enfatiza: “Muchas veces, cuando la Iglesia no toma posición, en realidad apoya las acciones del crimen organizado, como cuando el mafioso o el criminal construyen una capilla al lado de la iglesia o se encargan de reparar los centros religiosos. Los silencios de la Iglesia siempre han sido más largos, fuertes y abruptos.

Si la Iglesia no habla, la mafia o el crimen organizado se valen de este factor que termina por legitimar sus hechos”.

Así ocurre, apunta Dino, con organizaciones criminales como los llamados Caballeros Templarios, que llenan las ciudades con sus narcomantas. “Es obvio que el contexto se los permite, y el silencio tácito (en este caso de la Iglesia) es una forma de complicidad, aunque sea involuntaria. Cuando la Iglesia diga ‘no nos interesa nada’, y no como el obispo que pide tregua, sino tomando una posición fuerte y deslindándose por completo (de los delincuentes), entonces las cosas comenzarán a cambiar”.

Menciona ejemplos de sacerdotes italianos inconformes con la práctica de que los criminales, apoyados por la Iglesia, organicen las fiestas católicas en las comunidades. Estos curas se pronunciaron abiertamente contra la delincuencia y poco a poco la sociedad ha recuperado algunos de sus ámbitos de convivencia.

“Es verdad que esto les ha costado la vida a muchos de esos sacerdotes porque también eran casos aislados. Ahora cada vez son más y envían a la sociedad un mensaje claro: no quieren nada con los criminales. De ahí la importancia de manifestarse en contra de ellos y asumir una posición clara.” O

tendrán que dejar sus habitaciones. Ahí estarán vigilando elementos del Estado Mayor Presidencial y también la guardia personal del Papa, a cargo de Domenico Giani, comandante de la Gendarmería Vaticana.”

–¿Giani ya vino a Guanajuato a inspeccionar los lugares donde estará el pontífice?

–Por supuesto. Realizó una inspección meticulosa e hizo algunas recomendaciones sobre logística. Incluso felicitó al Estado Mayor Presidencial por su profesionalismo.

Giani –un hombre calvo y corpulento de 49 años y a quien llaman El Ángel Guardián del Papa– se hizo célebre en la celebración de la Misa de Gallo de 2009. En esa ocasión una mujer llamada Sussana Maiolo saltó la valla, jaló la estola de Benedicto XVI y lo derribó. Giani logró sujetar a la mujer y al mismo tiempo amortiguó la caída del Papa.

Los rumores En días recientes la prensa italiana ha ventilado versiones de un supuesto complot para matar a Benedicto XVI, a quien le dan sólo “12 meses de vida” según supuestos “informes confidenciales” que le han entregado al propio Papa.

Corral señala que el asunto ya se trató en Los Pinos con el EMP. Pero no se le to-

E L ECC ION E S 2012 / VISITA PAPAL mó en serio: “Ese chisme no nos afectó el ánimo. Más bien fue motivo de bromas. Es pura fantasía. Lo tomamos como si fueran las profecías mayas sobre el fin del mundo”.

–Pero en México la violencia y los asesinatos sí son reales…

–La cuestión del narcotráfico nos tiene metidos en un conflicto muy doloroso pero la presencia del Papa ayudará a resolverlo porque viene con un mensaje de paz y reconciliación. A una persona así se le respeta. Y si algún grupo mafioso intenta llamar la atención creando una situación de violencia, se ganaría el repudio internacional y sería su acabose, pues los ojos del munNarcomanta de Los do estarán puestos en México Templarios durante la visita del Papa.

No obstante las autoridades r p bles de la seguridad en Guanajuato están La noche del 15 de febrero, en los mupreocupadas por la escalada de violencia nicipios de Celaya, Salvatierra, Acámbaro, del mes pasado en la entidad. “Habrá un Villagrán y Apaseo el Alto fueron ejecutafortalecimiento del sistema de seguridad dos 10 hombres casi de forma simultánea; durante la visita del Papa”, declaró el se- los agresores aún no han sido identificacretario de Gobierno de Guanajuato, Héc- dos pero se cree que se trató de un ajuste tor López Santillana. de cuentas entre bandas rivales.

Junto con el procurador estatal, Carlos Y desde principios de febrero en varios Zamarripa, López Santillana ha señalado municipios empezaron a aparecer narcoque Guanajuato es escenario de la dispu- mantas de los Caballeros Templarios. Una ta territorial en la que prevalece el grupo de ellas se colocó el día 5 cerca del domimichoacano Caballeros Templarios sobre cilio del procurador, en León, pocas horas otras organizaciones, como Los Zetas y el después de que la escolta de éste se enCártel Nueva Generación que comenzó a frentó con un grupo armado. incursionar recientemente.

La manta decía: “Ciudadanía de Gua-

najuato: hace pocas horas el procurador de Guanajuato fue objeto de un artero atentado. La violencia va a aumentar. Nosotros tenemos presencia en el estado para arremetir la entrada de los contrarios (…). Solo advertimos que no queremos más grupos en el estado de Guanajuato. Los confrontamientos serán inevitables. Quedan advertidos señores Nueva Generación. Queremos a Guanajuato en paz. Así que no piensen en asentarse y menos en generar violencia justo en estas fechas que viene su Santidad Benedicto XVI. Quedan advertidos. Atentamente: Caballeros Templarios”.

Los Caballeros Templarios también están dejando mensajes en protesta por la reciente detención de uno de sus principales operadores, Ariel Pineda Jiménez, El Cepillín, quien lideraba la plaza de Silao y ya acumulaba seis órdenes de aprehensión por homicidio, secuestro y robo.

Maria Grazia Picciarella / Procesofoto

La cañada guanajuatense

Los guardias de Benedicto XVI

Otro motivo de preocupación para las autoridades locales es el control y la movilidad de las masas que congregará el Papa.

Sobre todo en los estrechos callejones de la pequeña ciudad de Guanajuato, de 175 mil habitantes y apretujada en una cañada.

Sin recursos extraordinarios (necesita casi 8 millones de pesos que espera recibir de la Federación para este acto) y con sólo 75 policías por cada uno de los tres turnos, el gobierno municipal echará mano de todos sus recursos humanos en protección civil, policía vial y limpieza, principalmente. Édgar Castro comenta: “Claro que la visita nos dará proyección internacional.

Pero, siendo realistas, estamos preocupados; no se ha dimensionado correctamente la magnitud de la afluencia en una ciudad tan complicada topográficamente.

Estamos en el centro del país, a poca distancia de ciudades importantes de donde se desplazará mucha gente. No sabemos cuántas personas van a llegar… ni qué tanto podremos controlarlas”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteleros de Guanajuato, Armando López, se queja de la actitud de los miembros del EMP que realizan sus actividades en un total hermetismo: “Pedimos una reunión con el Estado Mayor Presidencial a través del presidente nacional de los hoteleros, Armando Uribe, porque a estas alturas estamos en las mismas: no sabemos nada.”

Miguel Dimayuga

E L E C C ION E S 2012 / PR I

Al Senado , dinosaurios, juanitas y televisos

JENARO VILLAMIL

U

na soterrada rebelión se gesta en el PRI luego de saberse que dirigentes de sectores como el Movimiento Territorial y el Frente Juvenil Revolucionario, legisladores con arraigo estatal y organizaciones adherentes al partido fueron marginados de las listas de aspirantes plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados para privilegiar al viejo corporativismo sindical, a personajes vinculados con las dos grandes televisoras y presumiblemente para incluir a “juanitas”, es decir candidatas que una vez electas renuncien para cederle su curul a un suplente varón.

Mientras el conflicto interno crece, la dirigencia nacional y el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto hicieron las paces con el mandatario Felipe Calderón, luego de una reunión privada que con él sostuvo Pedro Joaquín Coldwell, presidente del CEN del PRI, el pasado 27 de febrero.

La “guerra declarativa” entre el PRI y el gobierno federal se suspendió. Apenas el 23 de febrero Joaquín acusó a Calderón de convertir la institución presidencial en “una encuestadora patito”, en referencia al presunto estudio demoscópico de Los Pinos que colocó a la aspirante presidencial panista Josefina Vázquez Mota sólo cuatro puntos abajo de Peña Nieto.

Y las demandas interpuestas por el PRI

La nueva cara del PRI se ve peor que su viejo rostro: en las listas de candidatos plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados la dirigencia nacional priista incluyó a representantes del más rancio sindicalismo –como los responsables del Pemexgate, por ejemplo–, a varias mujeres que, según sus antecedentes, se convertirán en “juanitas” y a personeros de las dos grandes empresas de la televisión. Otros sectores de ese partido quedaron marginados, se enojaron y ya comenzaron protestas que podrían devenir en una crisis tricolor. en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra María Luisa Calderón Hinojosa, hermana del presidente, no se volvieron a mencionar.

A su vez el gobierno federal dejó de “filtrar” avances de investigaciones ministeriales contra los exgobernadores priistas de Tamaulipas (Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores) y contra el sobreendeudamiento en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, exdirigente nacional del PRI. Este partido también decidió no incorporar a sus listas a la Cámara de Diputados o al Senado a los exmandatarios más señalados por presuntos casos de corrupción, co-

mo Hernández Flores, Fidel Herrera, Ulises Ruiz, Mario Marín y Moreira. El exdirigente nacional priista declinó ser considerado en las listas “por razones estrictamente personales”. Informó que haría “una maestría en historia”, afirmó Joaquín.

Otros exgobernadores sí estarán como aspirantes uninominales al Senado, como René Juárez, de Guerrero; Patricio Martínez, de Chihuahua; Félix González Canto, de Quintana Roo; Teófilo Torres, de San Luis Potosí; Enrique Burgos, de Querétaro; Ismael Hernández Deras, de Durango; y Manuel Cavazos Lerma, de Tamaulipas, a quien Peña Nieto defendió luego de que se filtrara a la prensa que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Or-

ganizada (SIEDO) lo investigaba por presuntos vínculos con el crimen organizado.

No sucedió lo mismo con Mario Marín. El 10 de enero El Góber Precioso reapareció en un mitin con Peña Nieto y la estructura territorial del PRI. Dos días después el mexiquense descartó en conferencia de prensa que exista en este momento “acuerdo ni mayor relación” con el exmandatario poblano.

La semana pasada Pedro Joaquín negó cualquier negociación “secreta” entre Los Pinos y el PRI, mientras Peña Nieto festejó que Calderón se hubiera comprometido a conducirse imparcialmente. Y las coordinaciones del tricolor en la Cámara de Diputados y en el Senado suspendieron la discusión sobre la interferencia presidencial en el proceso electoral.

Joaquín negó que uno de los acuerdos fuera marginar de la contienda al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, para concentrarse en una disputa bipartidista PRI-PAN. “Me parece un poco paranoica la declaración (de Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD) de que el presidente nos llamó a dar una explicación y él deduce que es para armar un complot contra el PRD”, afirmó Joaquín.

Un día después de culminada la reunión de la Comisión Política Permanente del PRI para aprobar las listas plurinominales de aspirantes a diputados y senadores, se divulgó una encuesta de GEA-ISA y Milenio TV donde Peña Nieto lleva sólo siete puntos de ventaja a Josefina Vázquez Mota.

Los viejos rostros El rostro del “PRI del cambio” no se ve en las listas de candidatos plurinominales, donde reviven personajes como los dirigentes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana –protagonistas del escándalo Pemexgate que le costó una multa al tricolor de mil millones de pesos– o cuotas para la CTM, como el senador Carlos Aceves del Olmo, o el veterano dirigente cetemista del Estado de México Armando Neyra Chávez, quien ocupa el tercer lugar en la lista al Senado.

Las plurinominales incorporan a excandidatos priistas perdedores como Manuel Añorve Baños, de Guerrero, y Javier López Zavala, de Puebla; y personajes polémicos como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente de los pepenadores del Distrito Federal, o el líder de Antorcha Campesina, Brasil Acosta Peña.

El PRI también garantiza posiciones seguras a personajes vinculados a las dos grandes televisoras: Tristán Canales y Jorge Mendoza, exdirectivos de TV Azteca.

Canales va en el lugar 13 de la lista plurinominal al Senado y Mendoza, actual senador, está en el tercer lugar de la circunscripción 2 para la Cámara de Diputados.

También aparecen Arely Gómez González Blanco, hermana del vicedirector de Noticias de Televisa, Leopoldo Gómez, a quien el PRI impulsó infructuosamente como consejera general del IFE y se coló al octavo lugar de la lista al Senado; o Hanna de la Madrid Téllez, hermana de Jessica de la Madrid, exnovia de Enrique Peña Nieto y artífice del primer contrato millonario de Televisa con el exgobernador. Hanna de la Madrid va por vía doble: como candidata a diputada federal uninominal y plurinominal, en el octavo lugar de la cuarta circunscripción.

Con tal de cumplir la llamada “cuota de género” (50% varones y 50% mujeres) existen tres candidatas al Senado que aparecen tanto en las fórmulas de mayoría como en las plurinominales. Son Guadalupe Flores Valdez, exdirigente agraria de Tamaulipas que aparece como compañera de fórmula de Cavazos Lerma y en el lugar 12 de la lista plurinominal; Hilda Flores Escalera, en el décimo lugar de la lista al Senado y compañera de fórmula del exalcalde de Torreón Braulio Manuel Fernández Aguirre; y María Isabel Aguilar Morales, en el lugar 14 de la lista plurinominal y compañera de fórmula de Enrique Burgos.

También se incorporó a la esposa de Jorge Hank Rhon, María Elvia Amaya Araujo, en el octavo lugar de la primera circunscripción; a Elsa Patricia Araujo de la Torre, hermana de Hugo Andrés Araujo, en el cuarto lugar de la circunscripción 2, y a María Elena Barrera, alcaldesa con licencia de Toluca, que va a la Cámara de Diputados tanto por la vía uninominal como en el segundo lugar de la lista plurinominal de la quinta circunscripción.

Nueve de los 33 actuales senadores del PRI quedaron en las plurinominales para San Lázaro. Por ejemplo el actual coordinador Manlio Fabio Beltrones, que encabeza la lista de la primera circunscripción; Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo; el bajacaliforniano Fernando José Castro Trenti; Francisco Agustín Arroyo Vieyra, exaspirante al gobierno de Guanajuato; Jorge Mendoza Garza, exdirector de TV Azteca; Eloy Cantú Segovia, empresario regiomontano, y Carlos Aceves del Olmo, de la CTM.

El retorno de Gamboa Patrón A la cabeza de la lista de aspirantes al Senado aparece Emilio Gamboa Patrón, actual dirigente de la CNOP y coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura. Aspira a coordinar a los senadores priistas.

Políticos marginados de estas listas, consultados por Proceso, le atribuyen a Gamboa ser el artífice principal de los “amarres” y las negociaciones para incorporar a figuras vinculadas con la telebancada, a los sindicatos más desprestigiados y a representantes de grupos de interés.

Fuera de las listas al Senado quedaron figuras como Francisco Rojas, actual coordinador de los diputados federales del PRI; el exgobernador mexiquense Emilio Chuayfett, quien también perdió en la fórmula de mayoría por la entidad que gobernó Peña Nieto; Canek Vázquez, dirigente del Frente Juvenil Revolucionario y exsecretario privado del senador Beltrones; Carlos Flores Rico, dirigente nacional del Movimiento Territorial, y la senadora María de los Ángeles Moreno, exdirigente nacional del partido.

A hurtadillas Los integrantes de la Comisión Política Permanente del PRI se reunieron en la hacienda hidalguense Mineral de la Reforma el pasado 29 de febrero para definir las listas a diputados federales y senadores por la vía plurinominal. La dirigencia priista decidió salir de la Ciudad de México a fin de evitar las protestas que ya habían empezado afuera del PRI capitalino.

En menos de dos horas se discutieron y aprobaron las listas. Gamboa Patrón fue uno de los cabilderos más activos antes y durante ese cónclave, según confirmaron varios priistas consultados.

Pedro Joaquín Coldwell admitió que hubo dos inconformidades durante la sesión.

Una encabezada por priistas de Yucatán que querían modificar la lista. El senador Cleominio Zoreda, exaspirante a la gubernatura de esa entidad, quedó fuera de la lista de la tercera circunscripción. En la sesión dijo que había un acuerdo previo con la actual gobernadora yucateca, Ivonne Ortega Pacheco, para incluirlo.

Los yucatecos fueron marginados de los primeros lugares de la tercera circunscripción, donde aparecen personajes como Simón Valanci Buzali, concesionario de Radio Chapultepec; Jorge del Ángel Acosta, dirigente de la sección 30 del sindicato petrolero, o el líder azucarero Arnoldo Ochoa González; y los oaxaqueños Martín J. Vázquez Villanueva y María de las Nieves García Fernández, que negociaron aceptar su derrota en las fórmulas para el Senado a cambio de que los incorporaran en las listas plurinominales.

Otra protesta fue la de cinco consejeros del Frente Juvenil Revolucionario que votaron contra el dictamen de la lista plurinominal al Senado. Su dirigente, Canek Vázquez, declaró ante la prensa que el actual Comité Ejecutivo Nacional “enterró” las propuestas de esta organización.

Carlos Flores Rico, dirigente nacional del Movimiento Territorial, no aceptó quedar en el sitio 15 de la lista plurinominal al Senado. Criticó que se hubiera marginado a este organismo de la mayoría de las listas. Mientras al sindicato petrolero le dieron más de cuatro posiciones, al movi-

E L E C C IO N E S 2 0 1 2 / P R I de base, eventuales y jubilados. Es decir, más de 1 millón de personas, tomando en cuenta a sus familias. De cada peso que se invierte, que se gasta del presupuesto de egresos del país, de la federación, 40 cen-

Peña Nieto

impone su ley JENARO VILLAMIL

E

l retorno en pleno del montielismo en el Estado de México, con el aval de Enrique Peña Nieto y de su sucesor Eruviel Ávila, así como el resurgimiento de siete exgobernadores alineados con el aspirante presidencial priista –René Juárez, de Guerrero; Patricio Martínez, de Chihuahua; Félix González Canto, de Quintana Roo; Teófilo Torres, de San Luis Potosí; Enrique Burgos, de Querétaro; Ismael Hernández Deras, de Durango, y Manuel Cavazos Lerma, de Tamaulipas– caracterizan las fórmulas de las candidaturas por mayoría relativa del PRI al Senado para 2012.

Un comunicado emitido por esa organización política el 16 de febrero aseguró que las convenciones a delegados en 31 entidades de la República para elegir a los candidatos al Senado se realizaron “en un ambiente cordial y de unidad”.

En contraste, los grupos internos desplazados en el PRI señalaron que predominó el método del “planchazo” y que las nominaciones se decidieron desde la cúpula del equipo de campaña de Peña Nieto, coordinado por Luis Videgaray. El exgobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong “palomea” ahora la lista de candidatos al Senado por la vía plurinominal.

Los conflictos y las amenazas de deserciones quedaron soterrados, en la mayoría de los casos, luego de intensas negociaciones durante la última semana de enero y las dos primeras de febrero. Apenas el 23 de enero, el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, advirtió claramente en Guanajuato que “en política se premia y se reconoce la lealtad”.

En su propia entidad, Quintana Roo, tuvo que aceptar que su medio hermano Carlos no entrara en la fórmula para el Senado. En primer lugar quedó Jorge Emilio González Martínez, El Niño Verde, posición negociada desde antes con el PVEM, y el exgobernador Félix González Canto, quien quedó en segundo lugar de la fórmula.

El polémico convenio de coalición parcial con el PVEM y el Panal, firmado por Moreira antes de dejar la presidencia del PRI, a finales de noviembre de 2011, se respetó para las posiciones acordadas con el Partido Verde.

Se reservaron éstas en seis entidades: Quintana Roo, Distrito Federal, Chiapas, Estado de México, Colima y Zacatecas.

La fuerza de Montiel En el Estado de México, que representa poco más de 10 millones de electores del padrón nacional, la fórmula de candidatos al Senado se definió a favor de Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien pidió licencia a la alcaldía de Ecatepec, y de Juan José Guerra Abud, coordinador de los diputados federales del Partido Verde.

Herrera Anzaldo está claramente vinculada al exgobernador Arturo Montiel, el “tío en segundo grado” de Peña Nieto. Desde la llegada de Ávila al gobierno de la entidad, Montiel dejó el ostracismo político en que se mantuvo durante seis años para proteger a su sucesor.

Ahora define posiciones en el gabinete local y en las candidaturas federales.

Originaria de Ecatepec, Herrera Anzaldo tuvo una meteórica carrera en el gobierno de Montiel: fue coordinadora de Comunicación Social unos meses, luego secretaria técnica del Consejo Estatal de Población y después secretaria de Desarrollo Social.

Durante unos meses ocupó la Secretaría de Gestión Social del PRI, cuando Isidro Pastor dirigió el tricolor mexiquense. Adversario de Peña Nieto en la contienda interna del PRI para la gubernatura, Pastor fue artífice de la Fuerza Electoral Mexiquense, la red nacional de opeMontiel. Sombra protectora

tavos, por lo menos, vienen del petróleo.

“Por eso el partido ha considerado que debe dar una oportunidad de representación senatorial, y en otros cargos de diputados, a los representantes del gremio petrolero.”

El jueves 1, en entrevista con Carmen Aristegui en MVS Radio, Gamboa hizo una encendida defensa de los protagonistas del Pemexgate en 2000, cuando él fungió como coordinador de la campaña de

radores formada con recursos y apoyo del gobierno de Montiel.

En el sexenio de Peña Nieto, Herrera Anzaldo fue diputada local y alcaldesa de Metepec. Su candidatura dejó en el camino a otros aspirantes como Ernesto Nemer, actual secretario de Gobierno de Eruviel Ávila y vinculado al exgobernador Emilio Chuayfett; a María Elena Barrera, alcaldesa de Toluca, apoyada directamente por Peña Nieto, y a Alfredo del Mazo Maza, alcalde de Huixquilucan, aspirante a gobernador en 2011 e hijo de otro exgobernador y tío de Peña Nieto: Alfredo del Mazo González.

También desplazó a Ricardo Aguilar, exdirigente estatal del PRI, aspirante a la gubernatura en 2011 y considerado uno de los operadores más eficaces de Peña Nieto. Lo marginaron de cualquier puesto de elección para 2012 y se mantiene como coordinador regional en el equipo de campaña peñista.

El segundo aspirante del Estado de México en la fórmula priista, Juan José Guerra Abud, fue un político vinculado hace tiempo con Montiel y primer jefe de Peña Nieto, antes de que éste fuera secretario de Administración en el gobierno montielista.

Guerra fue candidato a diputado federal por el Partido Verde, una clara posición a favor del montielismo y del peñismo. Ahora será el segundo en la fórmula tricolor para el Senado.

del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu y sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari. La entidad está gobernada por el expriista Ángel Aguirre Rivero, quien se convirtió en candidato de la coalición opositora.

Los exmandatarios estatales que tienen asegurado un espacio en el Senado son Manuel Cavazos Lerma, de Tamaulipas; Patricio Martínez, de Chihuahua; Teófilo Torres Corzo, de San Luis Potosí; Ismael Hernández Deras, de Durango, y Enrique Burgos, de Querétaro.

El caso de Cavazos Lerma es el más simbólico. Operador electoral del PRI en decenas de comicios estatales desde 2006, recibió el espaldarazo personal de Peña Nieto, luego de que se filtrara a la prensa que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) realizaba una investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Tamaulipas es una de las cinco entidades insaculadas por el PRI nacional para realizar un proceso de auditoría interna a las precampañas al Senado. Las otras son Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Veracruz.

El reparto

Auditorías De una lista de casi 12 exgobernadores que aspiraban a candidaturas del PRI en sus entidades sólo quedaron siete. No todos llegarán al Senado debido a la fuerza del PAN o del PRD en sus respectivos estados.

En Guerrero, el exgobernador René Juárez Cisneros encabeza la fórmula junto con la actual diputada federal Claudia Ruiz Massieu, hija Octavio Gómez

miento sólo una en la lista de la Cámara de Diputados.

Al respecto Joaquín argumentó que este gremio “representa aproximadamente 200 mil trabajadores, entre gente

En la lista de candidatos priistas al Senado aparecen muchos políticos con escasa o nula trayectoria nacional, pero con aspiraciones a ser gobernadores. También figuran descendientes de exmandatarios estatales, como Felipe Cervera Hernández, hijo de Víctor Cervera Pacheco, el hombre fuerte del priismo yucateco los últimos 20 años.

Cervera Hernández es primo de la actual gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco. Fue aspirante a la gubernatura, pero el PRI designó como candidato de unidad a Rolando Zapata Bello. Cervera Hernández comparte fórmula con la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, una figura polémica que se ha enfrentado a la oposición panista que durante más de 18 años gobernó la capital yucateca.

En Chiapas el PRI apoyará la candidatura de Roberto Albores Gleason, diputado federal del Partido Verde e hijo de Roberto Albores Guillén.

En Sonora los aspirantes son Claudia Pavlovich Arellano, exdirigente estatal del partido, y Ernesto Gándara Camou, exalcalde de Hermosillo.

En Hidalgo la fórmula es encabezada por el diputado federal Omar Fayad y en segunda posición se ubica el diputado federal David Penchyna, vocero del PRI durante la gestión de Moreira al frente de este partido.

En Sinaloa aspiran al Senado Aarón Irízar López y Daniel Amador Gaxiola, apoyados

Francisco Labastida, perdedor ante Vicente Fox. “Se les buscó, se les analizó, se les investigó y gozan de absoluta libertad... Fueron acusados 16 miembros de la campaña

por los exgobernadores Francisco Labastida y Juan S. Millán.

En Tlaxcala, Joaquín Cisneros Fernández y Anabell Ávalos Zempoalteca encabezan la fórmula para el Senado.

En Nuevo León, la diputada federal Marcela Guerra Castillo, respaldada directamente por Peña Nieto, encabeza la fórmula junto con Ivonne L. Álvarez García. Hace poco Guerra Castillo emprendió una campaña para defender la “honorabilidad” de Peña Nieto a raíz de las acusaciones que públicamente hizo en su cuenta de Facebook Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos que el exgobernador mexiquense tuvo fuera de matrimonio.

En Nayarit, Manuel H. Cota Jiménez y Margarita Flores Sánchez cuentan con el apoyo directo del equipo peñista.

En Puebla, después de los rumores y los intentos por dejar como aspirante a Javier López Zavala, candidato perdedor a la gubernatura, quedaron la exalcaldesa de la capital Blanca Alcalá Ruiz y Juan Carlos Lastrini.

En Campeche, el exsecretario de Desarrollo Social Raúl Aarón Pozos Lanz encabeza la fórmula junto con Óscar Rosas González, diputado federal con licencia. En Morelos la encabeza Francisco Moreno Merino, líder de la CNOP local; la segunda posición será para el Partido Verde.

En Guanajuato, entidad gobernada desde hace 18 años por el PAN, quedaron al frente Miguel Chico Herrera, quien renunció como precandidato a la gubernatura, y María Bárbara Santibáñez.

En Aguascalientes los candidatos son Miguel Romo Medina, exsecretario de Gobierno, e Isidro Armendáriz, exsecretario de Desarrollo Social.

En Baja California van como candidatos Eligio Valencia, líder estatal cetemista, y Nancy Sánchez, diputada local.

En Nayarit el diputado federal Manuel H. Cota Jiménez y Margarita Flores Sánchez son los aspirantes al Senado.

En Jalisco, otra entidad gobernada por el PAN y con elecciones concurrentes para gobernador este año, la fórmula priista para el Senado está encabezada por Arturo Zamora Jiménez, aspirante a gobernador en 2006 y actual diputado federal, y Héctor Vielma Ordóñez, exalcalde de Zapopan.

Hace seis años Zamora Jiménez acusó a la ultraderecha de Jalisco de haber emprendido una campaña de “difamación” en su contra a raíz de una serie de señalamientos públicos que le atribuían vínculos con el crimen organizado.

En Colima, el PRI eligió al alcalde de la capital con licencia, José Ignacio Peralta Sánchez. Su compañero de fórmula será Nabor Ochoa López. O

El candidato cabildea en Washington J. JESÚS ESQUIVEL

W

Eduardo Miranda

ASHINGTON.- De ganar la Presidencia de México en las elecciones de julio próximo, el priista Enrique Peña Nieto exigiría al gobierno de Estados Unidos dos cosas: revisar la Iniciativa Mérida y aumentar el intercambio de información de inteligencia para corregir los errores cometidos por Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico.

La semana pasada, Jorge Montaño y Emilio Lozoya, asesores del mexiquense, se reunieron con representantes del Congreso federal estadunidense para exponerles la petición. Y aprovecharon su visita en esta ciudad para sostener 14 entrevistas con legisladores demócratas y republicanos, y también con analistas políticos, académicos y empresarios interesados en la relación México-Estados Unidos.

“Nos dijeron que el candidato del PRI quiere un nuevo marco de cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, basado en una mayor y mejor cooperación en materia de inteligencia”, comenta a Proceso uno de los políticos estadunidenses con los que se reunieron Montaño y Lozoya.

Tras solicitar que se omita su nombre puesto que el encuentro fue privado, el entrevistado sostiene que ambos adelantaron que Peña Nieto “quiere una estrategia bilateral de combate al narcotráfico más pragmática”.

Lozoya, encargado de los asuntos internacionales en la campaña de Peña Nieto, y Montaño, secretario de Asuntos Internacionales del PRI, fueron muy bien recibidos en el Capitolio, en la Cámara de Comercio y en organizaciones de análisis político, que incluyó a la conservadora Heritage Foundation.

Entrevistado vía telefónica, Montaño resume: a los legisladores federales “les planteamos que si Peña Nieto gana los próximos comicios presidenciales, será necesario hacer una revisión profunda a la Iniciativa Mérida porque ésta –dice– es una herramienta de aportaciones incumplidas por parte de Washington”.

Conocedor del modus operandi del Congreso federal estadunidense y de la política local, pues entre 1993 y 1995 fue embajador, sostiene que tanto él como Lozoya le hablaron fuerte a los congresistas: “Les hicimos notar que el énfasis de la Iniciativa Mérida ha sido la entrega de helicópteros y equipo militar, y que las aportaciones comprometidas en este acuerdo no se han cumplido conforme a lo pactado”.

En el Capitolio se le recuerda como un

Romero Deschamps. Sobreviviendo

diplomático aguerrido y muy efectivo. La razón: aun cuando el Poder Legislativo se oponía al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Montaño logró que fuera aprobado y rubricado por los presidentes Bill Clinton y Carlos Salinas de Gortari.

Hoy se ufana del tono con el que habló a los congresistas estadunidenses: “No tengo reservas en aceptar que soy un diplomático tradicional. Tengo 65 años, y por mi experiencia puedo asegurar que en el Capitolio hay que hablar de manera directa y con un lenguaje duro para sacar provecho a las cosas”.

Varios de los interlocutores de Montaño y Lozoya consideran al primero “un típico político priista de los ochenta”, mientras que, afirman, el segundo es “más pragmático” y representa la nueva cara del PRI.

Interlocutores mal informados La lucha contra el narcotráfico y la inseguridad en México fue el tema central de los enviados de Peña Nieto. Consultado al respecto, uno de los participantes expone: “Nos hablaron de la necesidad de una cooperación más amplia pero pragmática. Insistieron en que Estados Unidos debe hacer más para reducir la demanda y consumo de drogas”.

Montaño acepta que en Washington se encontraron con “interlocutores mal informados” respecto del virtual candidato presidencial del PRI. “Tuvimos que aclararles que, de ganar los comicios del 1 de julio, Peña Nieto no se va a sentar a negociar acuerdos con narcotraficantes; que no se va a poner a platicar con El Chapo (Joaquín Guzmán Loera) ni lo va a nombrar secretario de Estado”.

También les dijo que en el marco de

del candidato Labastida y ninguno fue a la cárcel”, indicó.

Cinco años después el Pemexgate derivó en una multa de unos 100 millones de dólares al PRI y de 258.3 millones de dólares a exdirectivos de Pemex, entre ellos a Rogelio Montemayor, acusados de presunto desvío de fondos de la paraestatal para la campaña presidencial priista.

Gamboa también negó que existiera una telebancada o pago de favores a las dos televisoras dominantes con la incorporación de sus exfuncionarios a las listas. El actual dirigente de la CNOP fue uno de los principales impulsores de la Ley Televisa en el Senado, en marzo de 2006, y como secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue el artífice de la privatización de Imevisión concretada en 1993 –de la que fue beneficiario Ricardo Salinas Pliego– y de la entrega de 62 concesiones más a Televisa para que concretara su tercera cadena nacional.

cooperación bilateral contra el narcotráfico con una presidencia priista, el gobierno mexicano presentaría a la Casa Blanca y al Capitolio una lista con nuevas exigencias.

“Queremos que de verdad hagan algo con respecto al problema de la venta de precursores químicos porque en México sigue subiendo la producción de metanfetaminas.

Pero, ¿de dónde llegan los productos químicos para elaborarlas? –se pregunta–. De Estados Unidos, por supuesto.”

En su encuentro con los congresistas, Montaño y Lozoya insistieron en que se analice profundamente el tema de la venta de armas. Según el encargado de las relaciones exteriores del PRI, “los mexicanos hemos puesto más de 50 mil muertos, ¿y Estados Unidos, qué?; ¿la Iniciativa Mérida?, unos 450 millones de dólares (sic)”.

Les explicaron incluso que con Peña Nieto en el poder, se revisaría el tema de la participación del Ejército Mexicano en la guerra contra el narcotráfico: “Los soldados tendrían que regresar a los cuarteles en un tiempo prudencial, lo más pronto posible, pero con las salvaguardas necesarias de la seguridad nacional del país”, dice Montaño.

En el Capitolio algunos asesores de legisladores demócratas y republicanos admiten que sí tienen “ciertas dudas” sobre lo

Germán Canseco

ELECCIONES 2012 / PRI

Peña Nieto. Visión pragmática

que se menciona de Peña Nieto en los medios de comunicación, tanto de México como de Estados Unidos; y sostienen que aun con las aclaraciones que les hicieron Lozoya y Montaño, no están del todo satisfechos con lo que escucharon.

Por lo que concierne a los energéticos, tema sensible para el Capitolio, uno de los políticos estadunidenses participantes en los encuentros comenta a Proceso que la propuesta de Peña Nieto es atractiva.

“Nunca nos hablaron concretamente de Pemex, porque hablaron en términos gene-

rales, pero nos dijeron que en materia energética se buscará una reforma que admita las inversiones foráneas, como ocurre en Brasil con Petrobras”, dice.

Montaño corrobora la afirmación del entrevistado. “Es cierto, ese fue el planteamiento, pero es algo que ya ha dicho el propio Peña Nieto a políticos, banqueros y empresarios en sus viajes a Estados Unidos”.

Los enviados del aspirante presidencial del PRI presentaron también un proyecto de relaciones hemisféricas en el que se aboga por un aumento en la ayuda a los países centroamericanos que enfrenten una aguda crisis de inseguridad por el narcotráfico.

“Una cooperación concertada a través de México, porque lamentablemente en los últimos cinco años y medio nuestro país ha ido perdiendo protagonismo en las relaciones hemisféricas. Debemos dejar de bailar samba y comenzar a bailar un poco más de raspa”, expone Montaño.

Adelanta que la visita del 28 y 29 de febrero a la capital de Estados Unidos fue el primero de los viajes que Lozoya y él realizarán en los próximos meses. Y remata: “Es seguro que de aquí a las elecciones del próximo 1 de julio seguirán circulando las aseveraciones falsas e infundadas (sobre México y el candidato del PRI); habrá que aclararlas”. O

ELECCIONES 2012 / PAN

La Wallace

Ante la ola de críticas que desató en el seno del PAN su imposición como “candidata ciudadana”, la mujer que dejó el activismo social por vestirse de política profesional desdeña ahora la obligación de todo militante, y aun de todo candidato externo de Acción Nacional, de plegarse a los postulados partidistas asumiéndolos mediante firma. En entrevista con Proceso, Isabel Miranda de Wallace, la candidata al Gobierno del Distrito Federal impulsada por el PAN, sostiene que México “no está en aprietos” económicos, y dice que ello se debe a las políticas de Felipe Calderón… “¡Eso es ser gente de izquierda!”, exclama en referencia al mandatario derechista.

desdeña la doctrina del PAN

I

mpuesta por la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) como candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal –pese a la promesa de que esa posición se disputaría en una elección abierta a toda la ciudadanía–, Isabel Miranda de Wallace goza de un trato de privilegio.

El PAN le ha dispensado todo, incluidos los compromisos doctrinarios que los aspirantes a candidatos están obligados a firmar, aun los que –como ella– no son militantes. “Yo no he firmado nada”, asegura.

–¿No se comprometió a respetar los documentos básicos del PAN? –No, porque yo no soy panista. Eso es para los panistas.

–También para los externos.

–No. A mí no me dijeron: “Aquí está esto y tienes que respetarlo”. Jamás, porque es candidatura independiente, no es candidatura de ellos.

Sin embargo el Reglamento de Selección de Candidatos a Puestos de Elección Popular dispone, en el artículo 34, que todos los aspirantes deben firmar, entre otros documentos, la “carta de aceptación de la precandidatura y (el) compromiso de cumplir con los Principios de Doctrina, Estatutos, Reglamentos del Partido, así como aceptar y difundir su Plataforma Política y cumplir con el Código de Ética”.

Y en el artículo 35 se establece que sólo podrán ser precandidatos “los ciudadanos de reconocido prestigio y honorabilidad que asuman el compromiso de aceptar los Estatutos, Principios de Doctrina, Reglamentos, los Programas de Acción Política, Plataformas y el Código de Ética del Partido”.

Conforme a estas obligaciones, todos los aspirantes a cargos de elección popular del PAN deben entregar a la Comisión

David Deolarte

Nacional de Elecciones cuatro formatos, entre ellos el RF-03 que los compromete a cumplir, durante el proceso interno de selección y la campaña electoral constitucional, los principios de doctrina, estatutos generales y reglamentos del partido.

Pero la señora Wallace asegura que lo único que ha firmado es un documento del Instituto Federal Electoral –ni siquiera del órgano electoral capitalino– “donde puse cuál es mi nombre y que acepto la candidatura”.

A este desaseo normativo se suma el político: El presidente del PAN, Gustavo Madero, quebrantó el pacto que hizo el 21 de diciembre con los cinco aspirantes a esa candidatura a realizar una elección abierta a los ciudadanos; los cinco –Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo, Demetrio Sodi, José Luis Luege Tamargo y Carlos Orvañanos– se enteraron de la imposición de Miranda de Wallace cuando era un hecho consumado.

Desde el 12 de enero, cuando Madero y la cúpula del PAN la presentaron como su candidata –ante la furia manifiesta sobre todo de Sodi y Luege–, Wallace ha escandalizado a los panistas con expresiones y temas para ellos inaceptables: Aborto, uniones entre personas del mismo sexo, adopción de niños por homosexuales y programas de gobierno más propios del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Creo que ellos, en su interior, indudablemente que les debe doler que yo no salga a decir que voy a acabar con el aborto, pero yo no voy a decir una mentira, lo único que me corresponde es aplicar la norma”, insiste la activista, a quien le da lo mismo haber sido candidata del PRD. “Si hubieran aceptado mis condiciones, sí”.

Su más reciente declaración polémica fue calificar de “vergüenza para el PAN” a Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey, candidato a diputado federal impulsado por Madero, cuyo secretario particular, Jorge Villalobos, está vinculado también con Juan José Rojas Cardona, El Rey de los Casinos.

En entrevista con Proceso en la sede nacional del PAN el 6 de febrero, y antes, en una charla informal el 16 de enero, Miranda de Wallace –quien se volvió activista a raíz del secuestro y asesinato de su hijo en 2005– afirma que “los panistas han sido más de izquierda que los perredistas” y niega que Acción Nacional sea el partido de la impunidad por encubrir a Juan Molinar Horcasitas y a Cecilia Romero.

Niega una y otra vez que Felipe Calderón la haya impuesto como candidata.

“No es mi amigo, y no es que yo niegue una amistad. Para mí sería un honor tener un presidente de amigo, porque me daría acceso a saber cómo piensan”.

–Pero si Calderón no quiere que sea candidata, no es.

–Pero eso es diferente. Quiere o no quiere, ya es otro cantar. Tú lo que me preguntas es si tengo una relación con él. No la tengo, te lo juro que no la tengo. Nunca he ocultado a mis amigos. Siempre lo he dicho: Yo no tengo amistades dentro de la política. He trabajado con ellos y voy a seguir trabajando con todos, pero eso no quiere decir que sean mis amigos. Insisto: Yo no tengo amigos dentro de la política.

Boicot por “proabortista” Es 6 de febrero, un día después de la elección de la candidata presidencial del PAN, y el edificio de la sede nacional de ese par-

tido está desierto hacia el mediodía. A la señora Wallace –cuya lucha contra la impunidad por el asesinato de su hijo le ha dado relevancia internacional– le prestaron una oficina.

Es la segunda ocasión que va a ese edificio, luego de que fue presentada ante los medios el 12 de enero como candidata.

“Yo no me la creo, me siento como cuando empecé en el activismo”, describe su ánimo, consciente de su metamorfosis de activista a política.

“Aquí está pasando lo mismo: yo quiero hacer transformaciones. Si la etiqueta es política, ni modo, cargaré con esa cruz, pero lo que me importa es transformar cosas en la ciudad”, asume en el despacho de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer.

Antes de 2005 Miranda de Wallace era una ciudadana clasemediera “común y corriente” dedicada a su familia, propietaria de una empresa de anuncios espectaculares; solía estar informada y votar.

“Desde muy joven me gusta lo que pasa en el país. Leía mucho Proceso, la revista Siempre de Pagés Llergo, Impacto. Leía cosas de política. Me leí todos los libros de Luis Spota. Siempre me ha gustado leer.”

Su empeño contra la impunidad le dio una proyección que ha ido a la par del gobierno de Calderón, cuya “guerra” los ha unido. Junto con María Elena Morera y Alejandro Martí, quien claudicó de su exigencia de que se vayan del gobierno los que no puedan contra la delincuencia, Wallace valida las posiciones oficiales.

Y el PAN la hizo su candidata aunque un día antes del anuncio ella había declarado públicamente que no estaba interesada en serlo. Fue Madero, dice Wallace, quien la convenció. “Me dijo: ‘Isabel, tu patria te necesita hoy, no dentro de seis

años ni dentro de 12, y tú que tanto dices querer a México es el momento de que te arriesgues’. Y sí es cierto, es arriesgar mucho, es arriesgar todo”.

Pero sus declaraciones públicas, distantes de la agenda conservadora del PAN, concitaron la furia de militantes de ese partido y de agrupaciones aliadas vinculadas con la Iglesia, como el Comité Nacional Provida y el Colegio de Abogados Católicos.

Jorge Serrano Limón, de Provida, dijo al reportero de Proceso Rodrigo Vera que la postulación de Miranda de Wallace era una incongruencia del PAN “con la que prácticamente traicionó sus propios principios ideológicos” y que eso le resultaría costoso.

“Con la designación de Wallace el PAN le provocó una gran desilusión a la Iglesia Católica y a las organizaciones que defendemos la vida desde el momento de la concepción. Seguramente muchos militantes dejarán de votar por ese partido, que con nosotros tenía asegurado gran parte de su voto duro.”

–¿Perderá este voto sólo en las elecciones capitalinas?

–No, es muy probable que también en las elecciones presidenciales de este año, pues es mucho el desencanto que nos provocó el nombramiento de esta mujer, que tan pronto se le designó candidata ha venido declarando que defenderá la legalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar hijos.

A su vez, Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, vinculado a la arquidiócesis que encabeza Norberto Rivera, advirtió inclusive que habrá un boicot contra la candidata panista: “No puedes votar por una persona que esté postulada por un partido que históricamente defiende la vida y que ella no la

vaya a defender. Sería un llamado directo a no votar por ella en el uso de las facultades y atribuciones que tenemos como sociedad civil. La arquidiócesis no puede hacerlo, pero nosotros sí, que somos ciudadanos.”

Francisco González Garza, expresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia y director de A Favor de lo Mejor, quien acudió a escuchar a la señora Wallace en una reunión que tuvo con miembros de la Asociación Nacional de la Publicidad, el 16 de febrero, dijo al reportero que ella había matizado sus declaraciones. “Se fue de bruces”, afirmó.

–¿Sí se fue de bruces? –se le pregunta a la candidata.

–A veces los seres humanos queremos imponer nuestro pensamiento al resto del mundo y nos creemos dueños de la verdad absoluta. No soy proaborto, estoy a favor de la vida. Lo he dicho quedito y fuerte: Yo jamás abortaría, no sería capaz de abortar. ¿Por qué? Nadie lo hace deliberadamente, nadie se embaraza para abortar.

“Lo que en México tenemos que hacer es, primero, promover una educación real sin hipocresías sobre la sexualidad y, número dos, tenemos que impulsar casas para que estas mujeres que no quieren o no pueden tener a su bebé puedan tener otra opción, como la adopción. Yo no apoyo el aborto, pero tampoco voy a violar la ley.”

A tal punto generaron alarma en el PAN sus declaraciones que la señora Wallace fue invitada a reunirse el 23 de enero con un grupo de 20 prominentes panistas en la casa de Cecilia Romero, secretaria general de Acción Nacional; asistieron, entre otros, Teresa Gómez Mont, José Luis Luege, Gonzalo Altamirano Dimas, Adrián Fernández, Carlos Gelista, Ignacio Gómez Morin, Esteban Zamora y José Luis Galván.

“Me invitaron básicamente a conocerlos y a decirme que contaba yo con ellos. Y en este conocernos salieron a relucir muchos temas, que hay mucha gente que tiene experiencia en gobierno, que indudablemente también tocó el tema del aborto”, revela.

Asegura que dijo a los panistas que el aborto no se va a acabar con una ley, sino inculcándole valores a los hijos. “Ninguna hija que tenga valores bien fundamentados va a abortar de manera sistemática o por deporte”, subraya.

“Creo que el tema del aborto está muy bien explicado en la ley y estaba explicado antes de esta reforma, que era cuando la gente era violada o corría riesgo. Pero cuando alguien se practica diferentes abortos porque no sabe cómo prevenir un embarazo, ahí te está hablando de que lo que tenemos que hacer es educar.”

–¿Le pidieron prudencia?

–No. Contrario a lo que los medios manejan los panistas han sido infinitamen-

ELECCIONES 2012 / PAN te respetuosos. Creo que ellos tienen muy claro que a mí, como jefa de Gobierno, lo único que me corresponde es aplicar la norma. Ellos son gente muy inteligente y nunca me pidieron: “no digas esto, no digas lo otro”. Para nada.

El PAN, de izquierda Celosa de su independencia, rodeada sobre todo de un equipo de ciudadanos, aunque con auxiliares panistas, Miranda de Wallace afirma que en lo personal ha estado cerca del PAN. “La filiación panista me es más afín a mí que la de los perredistas y curiosamente creo que los panistas han sido más de

ÁLVARO DELGADO

A

las conductas fraudulentas en las elecciones internas del PAN del 19 de febrero –las exigencias de nulidad en 16 estados deberán resolverse la semana que comienza– se suman ahora las denuncias de militantes del Distrito Federal que acusan compra de votos, afiliaciones corporativas, uso de recursos públicos y rebase de gastos de precampaña.

Estas irregularidades en la elección de candidatos federales y las que están en curso para los locales se atribuyen al grupo que controla el PAN capitalino, encabezado por Mariana Gómez del Campo, sobrina política de Felipe Calderón; Jorge Romero, aspirante a jefe delegacional en Benito Juárez, y Obdulio Ávila, subsecretario de Gobernación. Este grupo se distribuye el Consejo Regional, el Comité Directivo Regional, las candidaturas a jefes delegacionales y los primeros lugares de las listas plurinominales para senadores y diputados federales y locales.

A la sombra de esta facción, que durante el actual sexenio se ha consolidado con afiliaciones masivas –a menudo fraudulentas–, ha crecido también la amorfa organización cristiana Casa Sobre la Roca, que lideran la diputada federal Rosa María de la Garza Ramírez, quien se hace llamar Rosi Orozco, y su marido Alejandro Orozco, director del Instituto Nacional para los Adultos Mayores.

En Benito Juárez, “la capital del PAN” como la llama Jorge Romero, está la sede nacional de ese partido y hace tres lustros la gobierna. En su propósito de ser candidato a jefe delegacional, Romero no ha escatimado recursos.

El problema es que el tope de gastos de precampaña es de 30 mil pesos y sólo con el dispendioso acto de inicio de su precampaña en el salón de fiestas Le Crillón, el 18 de febrero, Romero rebasó esa cantidad,

tud ha sido el aumento de la pobreza en el sexenio de Calderón y, aunque cifras oficiales establecen que hay 12 millones de mexicanos en pobreza patrimonial, ella afirma que son sólo 5 millones.

–¿Eso es ser de izquierda?

–Mire, yo creo que el problema… A ver, aquí habría que tener, y lo digo de veras honestamente... no estoy defendiendo a nadie, yo creo que algo que tenemos que hacer los ciudadanos es tener claro qué le compete a cada quien: Qué le compete a la federación, al estado, al municipio y qué nos compete a nosotros los ciudadanos.

Resume: “Lo que le quiero decir es que la pobreza es una responsabilidad de todos: de los empresarios, de los ciudada-

nos, de los gobiernos estatales y también de la federación. Eso es indudable”.

Y así como defiende al gobierno de Calderón sobre la violencia y los casi 60 mil muertos en el sexenio, también lo hace con Cecilia Romero, directora del Instituto Nacional de Migración cuando ocurrió la matanza de 72 indocumentados en Tamaulipas, y de Juan Molinar, director del IMSS cuando murieron 49 bebés en la guardería ABC de Hermosillo.

Compara ambos casos de impunidad con el del perredista René Bejarano y aduce que los tres deberán seguir su “curso jurídico”. Aunque el caso de la guardería ABC “no puede quedar impune”, niega que el responsable sea Molinar.

“Esto es como si dentro de un periódico o una revista alguien tiene un accidente o alguien tiene una omisión, y por eso va ir a la cárcel el director del periódico o la revista”, compara y dice que, en todo caso, la responsabilidad recae sólo en la guardería. “¿Por qué? Porque es la que tiene ahí en corto a los niños y es la que sabe si tiene habilitada la puerta de emergencia o si no la tiene”.

Insiste en que no es incondicional del PAN y de Calderón y prueba de ello es el equipo que integran, entre otros, el experto en combate a la delincuencia Samuel González –“ha atacado al PAN y al presidente”–, el químico Luis Manuel Guerra y el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Oro-

na, a quien define como “un hombre de mucha valía para mí, porque es preparado, crítico, objetivo”.

–También es antipapista.

–Pues sí, pero qué bueno. Yo siempre lo he dicho y ahí está la prueba: Lo que queremos es a los más preparados para los temas que tengamos que tener, más allá de las filosofías. Algo de lo que yo pretendo con esta participación es: quitémonos colores, vámonos con México. Este país es mucho más importante y más rico que un partido, están en juego nuestra patria y el porvenir de los mexicanos, hagamos a un lado todas las etiquetas y escojamos a los mejores hombres y a las mejores mujeres. O

El blanquiazul en el DF:

por sólo ocho votos sobre Tito Omar Pacheco López, quien ya impugnó la elección.

Adame, presidente de la asociación civil Ayuda Mutua y amigo de Romero, supuestamente es el operador de la afiliación de personas de escasos recursos... aun sin su consentimiento y falsificando sus firmas.

A muchos de estos panistas, según quejas recogidas por el reportero, se les pagaron entre 500 y mil pesos para ir a votar en la elección del 19 de febrero, cuando Rosi Orozco ganó la candidatura a senadora plurinominal y a favor de la precandidata Torres García.

De hecho entre los panistas de Gustavo A. Madero se presume el contubernio de Adame con Alejandro Orozco, ya que por ejemplo en la colonia Santa Isabel Tola trabajan de manera conjunta, como se aprecia en dos mantas colocadas en el DIF de esa colonia.

Justamente el precandidato que perdió la candidatura a diputado federal por ocho votos presentó ante la CNE un recurso de inconformidad para anular la elección, debido a que el padrón del PAN tenía errores y omisiones que le impidieron votar a 27 miembros activos, lo que supera en más de tres veces la diferencia de votos que hubo entre el primero y el segundo lugares.

Además, según la impugnación, la lista nominal contenía a personas que renunciaron al PAN precisamente por haber sido afiliados sin consentimiento y cuya baja fue solicitada en tiempo y forma por Pacheco, aunque no se produjo.

En esta delegación tienen su feudo la diputada federal que se hace llamar Rosi Orozco y su esposo, Alejandro Orozco, quienes con Casa Sobre la Roca han seducido a Felipe Calderón y su esposa.

En el PAN se le atribuye a Rosi Orozco haber telefoneado a líderes panistas para votar por ella –quien respaldó a Cordero en su aspiración presidencial– como candidata a senadora y en favor de Carlos Flores, del

equipo de Josefina Vázquez Mota. La propia Orozco, sin embargo, empleó el acarreo de militantes en la elección del 19 de febrero, cuando le ganó a Flores, quien sin embargo desistió de impugnar la elección.

La afiliación corporativa es, justamente, una de las características del grupo de Gómez del Campo y Romero, por el que han sido denunciados desde 2009 y con cuyo mecanismo han logrado controlar las candidaturas en Benito Juárez (Proceso 1812). Forman parte de este grupo también el exdirector de Participación Ciudadana en Benito Juárez, Christian von Roerich, candidato a diputado local por el distrito 17, y Luis Mendoza Acevedo, quien llegó a la presidencia delegacional del PAN bajo acusaciones de fraude.

En la precampaña en curso por candidaturas a delegados y diputados hubo una alianza del grupo de Romero con Federico Döring, quien del Senado busca pasar a diputado de la Asamblea Legislativa por el distrito 20, y cuyos adversarios son Julio Castillo López, hijo de Carlos Castillo Peraza, y su suplente Juan Pablo Gómez Morin, nieto de Manuel Gómez Morin, fundador del PAN. Mientras que Castillo López y Gómez Morin recibieron el respaldo de Luis H. Álvarez el miércoles de la semana pasada, Döring convocó a medio centenar de militantes de la colonia Nápoles a una reunión, el 27 de febrero, en el hotel Vermont. Sólo asistieron siete.

Desde el gobierno delegacional impulsa la candidatura a sucederlo de Camilo López Campos –exdirector jurídico y quien fue su coordinador de campaña en 2009– para la elección abierta en la que competirán otros cinco precandidatos: Kenia López Rabadán, José Manuel Rendón, José Antonio García Jiménez, Gabriel López León y Arturo Becerra Oropeza.

Ha comenzado el encono porque, según panistas de los equipos antagónicos, se pretende también usar recursos federales, como el programa Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo Social. Apenas el 25 de febrero en el Centro Cultural Delegacional se convocó a los operadores de Oportunidades en la delegación y Froylán Zamora González, responsable de atención de ese programa, presentó a López Campos como el precandidato a apoyar.

Esta intentona generó repudio, sobre todo porque López Campos, quien quedó a cargo de la delegación mientras Orvañanos estaba de licencia, ha sido acusado de extorsiones para levantar clausuras a giros negros.

Según panistas consultados, en la elección abierta de Cuajimalpa el grupo de Romero y Gómez del Campo respaldará a López Rabadán, mientras que en Miguel Hidalgo lo harán con Ricardo Pascoe, extrotskista y experredista. Pascoe rompió con Sodi y enfrentará a la diputada local Lía Limón, quien padece el desafecto de Gómez del Campo y de la familia Calderón por no apoyar la impugnación a la despenalización del aborto.

En Coyoacán, definido como el “imperio” de Obdulio Ávila, se perfilaba la candidatura única de Ezequiel Rétiz, pero repentinamente se inscribió José Alfredo Labastida Cuadra, exdelegado del Instituto Nacional de Migración en el Distrito Federal y habitante del Estado de México, a quien respaldan Romero y Gómez del Campo. O

izquierda en muchos sentidos que los perredistas. El problema es que no supieron vender estos logros.”

–¿Cómo cuáles?

–Pues mire... por ejemplo es la primera vez que después de una crisis económica mundial México no está en aprietos.

Esto tiene que ver con políticas que aplicó el presidente Calderón. Por ejemplo, la cobertura en salud se alcanzó de manera importantísima, mucho más que muchos gobiernos priistas; en el tema de educación, es cuando más escuelas se han construido y universidades. ¡Eso es ser gente de izquierda en el sentido de que ves por las masas!

Se le pregunta si sabe de qué magni-

compra de votos, recursos públicos, rebase de gastos

conforme a cotizaciones de la empresa controladora del recinto, donde se congregaron más de mil simpatizantes que comieron, bebieron y fueron provistos de dípticos y pulseras propagandísticas.

Las evidencias de este rebase del tope de gastos, que implicaría la cancelación del registro como precandidato, fueron desechadas por la Comisión Electoral Delegacional del PAN, por lo que Alfredo Vinalay Mora, el contendiente que lo denunció, ya turnó la queja a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE).

Según información obtenida por Proceso, la instancia local del PAN, integrada por allegados a Romero, desechó la queja sólo porque no le fueron entregadas facturas originales y desestimó las cotizaciones del acto, que incluía taquiza. Para mil personas el costo es de 213 mil pesos, y de 183 mil para 400.

Fue el propio Romero quien se ufanó de su convocatoria en su página de Facebook la tarde de ese sábado: “Gracias a los más de 1000 panistas que nos acompañaron en mi registro. ¡No tengas duda BJaGanar!”.

El coordinador de la precampaña de Romero, Mauricio Tabe, declaró el mismo día, según nota de El Universal, que el gasto había sido de sólo 20 mil pesos por la renta del salón, el equipo de sonido y las mantas. Si a esa cantidad se añade el costo de los objetos de propaganda, el tope de gastos queda rebasado: La empresa Marshall Agencia Lounge cotiza en seis pesos cada pulsera

de tela, siempre y cuando el pedido sea de 3 mil piezas. Costo total: 18 mil pesos. Y el millar de dípticos, conforme a la misma empresa, cuesta 4 mil 900 pesos.

Pero en el lanzamiento de Romero hubo más que eso: Cuatro mesas de registro con tres personas por mesa, playeras con el apellido del precandidato estampado, un staff de 30 jóvenes y un equipo de logística integrado por otros 20, además de dos pantallas gigantes, circuito cerrado, seis lonas de seis metros de alto y una de 10 metros de largo.

También Gustavo A. Madero Pero el grupo de Romero –exdirector de Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales de Benito Juárez–, de Gómez del Campo –quien se ubicó en el segundo lugar de la lista plurinominal de senadores sólo detrás de Ernesto Cordero– y de Ávila tiene también influencia directa en otras delegaciones, como Gustavo A. Madero.

Los operadores de la facción en la delegación son los hermanos Garrido López: César, director jurídico justamente de la delegación Benito Juárez, y Diego, presidente del PAN delegacional. Un tercero es Alan Adame, asesor de Gómez del Campo desde que ella presidió ese partido. Los tres están identificados como responsables de operar fraudulentamente para hacer ganar la candidatura por la diputación del segundo distrito federal a la profesora Gabriela Torres García

Candidato de Oportunidades Como Gómez del Campo, Gabriela Cuevas, Demetrio Sodi y José Luis Luege, Carlos Orvañanos aspiraba a ser candidato a jefe de Gobierno, pero la imposición de Isabel Miranda de Wallace lo frustró. A diferencia de las dos primeras, con las que peleó por cambiar su apoyo de Cordero a Vázquez Mota, tuvo que regresar a su puesto, en la delegación Cuajimalpa.

Hans-Maximo Musielik

ESTADOS / NUEVO LEÓN Cervantes Niño, Abel Garza Ramírez y Myriam Viviana Quistiano Valdez.

Índices internacionales A escala mundial se estima que cada año 7 millones de personas son víctimas del tráfico en el mundo; de ellas 80% son mujeres. La trata ya es la tercera actividad ilegal más lucrativa, después del tráfico de drogas y armas.

Para su estudio sobre México, los investigadores crearon indicadores similares a los usados en el Informe internacional de tráfico de personas 2011 que cada año elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos y que es anunciado por Washington como el instrumento estadístico mundial más confiable en la materia.

Fueron abiertas cuatro categorías en las que ubicaron a los estados mexicanos, de acuerdo con la legislación que ya tienen al respecto y las políticas públicas que usan para solucionar el problema.

En el nivel 1 fueron ubicados los estados que tienen legislatura específica para el combate al fenómeno y códigos armonizados con estatutos internacionales y con la Ley Federal para Prevenir la Trata de Personas. También fueron ubicados en este escalafón los que cuentan con políticas públicas, medidas y programas para combatir el delito. Ahí están Baja California, Chiapas, el Distrito Federal, Hidalgo, Quintana Roo, Nayarit, Sonora, Veracruz y Yucatán.

En el nivel 2 están las entidades que tienen leyes específicas pero no medidas para la prevención y el combate a la trata: Baja California Sur, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.

Los del nivel 3 carecen de leyes en la materia, aunque realizan esfuerzos, como la aplicación de políticas públicas, prevención del delito, procuración de justicia y además tienen comités regionales de la CNDH: Colima, Oaxaca y Zacatecas.

En el nivel 4, el que se refiere a la total desatención, los estados sólo tienen el delito de trata de personas en su marco jurídico local y en algunos casos ni en el Código Penal Estatal. En esta zona de alar-

impunidad LUCIANO CAMPOS GARZA

M

ONTERREY, NL.- Si bien en México hay una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, ni la federación ni los estados saben cómo aplicarla o establecer los castigos. En la mayoría de las entidades los jueces no saben sentenciar a quien comete ese crimen, un policía municipal no reconoce el delito y un agente estatal ignora cómo canalizar a una víctima.

Lo anterior se desprende del libro Perspectivas del tráfico de personas en México, un análisis de este fenómeno entidad por entidad –estudio sin precedente en el país– llevado a cabo por el doctor Arun Kumar Acharya, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El académico de origen indio encabezó un grupo de ocho investigadores –alumnos y profesores de la UANL– para anali-

zar la legislación de los 32 estados de la Republica en materia de tráfico de personas, la nueva forma de esclavitud. El resultado fue preocupante: más de la tercera parte de las entidades no tiene legislación específica sobre la materia ni incluye ese delito en sus códigos penales.

El libro –de próxima aparición– revela que sólo nueve estados tienen leyes y políticas públicas para combatir este fenómeno. Ocho tienen previsto el delito en los códigos penales, pero sin medidas específicas para prevenirlo o sancionarlo. Y en todas las entidades federativas –tengan leyes al respecto o no– hay un inoperancia de las autoridades que deja en la indefensión a las víctimas y, aparentemente, sin castigo a los tratantes.

Además los códigos penales de las entidades no están adaptados a las leyes locales de tráfico humano y la legislación federal en la materia choca con la estatal: No queda claro quién debe atraer los casos. Esta indefinición jurídica beneficia a los delincuentes.

Hay un dato revelador y preocupante: Desde que se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas –el 27 de noviembre de 2007– hasta ahora, en todo el país ha habido menos de 200 casos denunciados ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR... y esta instancia no sabe si los procesados recibieron sentencia.

“El problema es que el gobierno tiene las leyes sólo para cumplir un requisito. Por eso mi interés es que la solución del problema no quede en manos del gobierno. Éste tiene que bajarlo para que haya una organización, un instituto especializado que le exija al gobierno lo que necesita”, dice Kumar a Proceso.

Tráfico sin castigo Kumar llegó a México en 2002 para doctorarse en antropología en la UNAM. Su tesis, Una nueva forma de esclavitud humana.

El tráfico de mujeres en México, lo hizo aden-

trarse en el problema de la explotación de las mujeres en este país, tema que ya había estudiado en el suyo.

En 2009 publicó –bajo el sello editorial de la UANL y como parte de un proyecto patrocinado por el Conacyt– el estudio: Mujeres invisibles y victimización sexual: un estudio exploratorio sobre el tráfico de mujeres en la zona metropolitana de Monterrey.

Durante un año analizó el problema de esta metrópolis como punto neurálgico de la trata de blancas. Monterrey tiene el mayor tráfico de mujeres para la explotación sexual después de la Ciudad de México.

Ahí expuso que en México cada año unas 10 mil mujeres son traficadas entre los estados con fines de explotación sexual y laboral. Él personalmente se entrevistó en hoteles y prostíbulos con un centenar de mujeres dedicadas a la prostitución en Tapachula, el Distrito Federal y Monterrey.

A partir del trabajo de Kumar, en Nuevo León se promulgó la Ley Estatal contra el Tráfico de Personas, mientras el gobier-

no federal lanzó una campaña junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar la esclavitud forzada. Sin embargo el impulso inicial menguó y decayó el ánimo para proteger a las víctimas de este delito.

Como una continuación de ese estudio, apoyado de nuevo por el Conacyt, decidió emprender una investigación más amplia ayudado por otros académicos que revisaron las legislaciones de todos los estados para volver a llamar la atención sobre el problema.

Así se gestó Perspectivas del tráfico de personas en México. Para este trabajo los investigadores emprendieron de noviembre de 2010 a noviembre de 2011 una búsqueda bibliográfica, hemerográfica y en línea para conocer las leyes de cada estado del país.

El equipo de Kumar lo formaron Jesús Gómez Ontiveros, Armando Moctezuma Suárez, Araceli Jazmín Morquecho Carrizales, Tania Paola Domínguez Salas, Andrés Alejandro Benítez Aguilar, José Juan

Hans-Maximo Musielik

legalizada

Kumar. Estudio revelador

Brote feminicida LUCIANO CAMPOS GARZA

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ONTERREY, NL.- Los feminicidios en Nuevo León son un problema en aumento, aunque el gobierno estatal se niegue a reconocerlo, acusa Irma Alma Ochoa Treviño, directora de la asociación civil Arthemisas por la Equidad. Y presenta estadísticas: en 2000 hubo 28 homicidios dolosos contra mujeres en territorio nuevoleonés; 2011 cerró con 221.

Feministas del estado afirman que hay una actitud de desdén del gobernador Rodrigo Medina frente al problema, mientras organismos no gubernamentales han pedido al gobierno federal que lance una alerta de violencia de género (AVG) y se investiguen las causas del incremento de la violencia contra las mujeres en la entidad.

La diputada local panista Jovita Morín Flores considera inadmisible que el gobierno estatal no haya iniciado un estudio para determinar las causas del incremento en la cifra de homicidios de género y lamenta que no prosperara en el Congreso de Nuevo León la iniciativa que presentó en octubre para tipificar como delito el feminicidio, una figura ausente en los códigos de la entidad.

El gobierno de Rodrigo Medina, afirma, no quiere atender el problema porque hacerlo significa exhibir a la entidad como un reducto de violencia donde las mujeres son las víctimas.

El año pasado el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) presentó ante la legislatura local una iniciativa con 46 reformas al Código Penal para adecuar las leyes a favor de los derechos de las mujeres. El expediente está archivado.

Violencia a la alza Aunque la inseguridad es general en el país, actualmente el fenómeno se acentúa en Nuevo León, donde durante 2011 cada cuatro horas se cometió un homicidio. “El es-

tado no es un buen lugar para que vivan las mujeres”, señala Liz Sánchez Reyna, subdirectora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).

Desde 2000 Arthemisas por la Equidad hace un conteo hemerográfico de homicidios dolosos contra mujeres. Aquel año hubo 28. En 2008 fueron 20. La cifra se duplicó en 2009. En 2010 hubo 74 y en 2011, 221 homicidios dolosos contra mujeres. El incremento desde el inicio del milenio es de 689%... y en los primeros 40 días de 2012 han sido asesinadas 23 mujeres.

En lo que va de este siglo, el total de feminicidios es de 548, del que 34% corresponde a víctimas no identificadas y se presume que en 46% de los casos, los victimarios fueron miembros de grupos delictivos. Del total, 452 homicidios de mujeres ocurrieron en la zona urbana y los 96 restantes, en el área rural.

En la danza de las cifras, el IEM aporta las suyas, similares a las de Arthemisas: En 2011 el Instituto reporta 216 casos de mujeres asesinadas, de las que 24 fueron víctimas de la violencia familiar. En la cifra total se incluye a las mujeres muertas en el Casino Royale el pasado 25 de agosto, cuando un grupo armado prendió fuego al inmueble y mató a 52 personas.

Ochoa afirma que el gobierno de Nuevo León ha ocultado la información al no publicar las cifras por género en la página de la Procuraduría de Justicia, pues al revelarlas quedaría en entredicho por la poca seguridad que ofrece a las mujeres.

El 23 de noviembre de 2011 algunas ONG locales enviaron un informe al Comité de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, de la ONU. En ese reporte –Informe sombra de la sociedad civil– los organismos encontraron que, según registros hemerográficos, entre 2000 y 2008 hubo un promedio de 23 mujeres asesinadas al año en Nuevo León, cifra que aumentó a 40 en 2009.

Frente a la brutalidad prevalece la indiferencia de los tres poderes de Nuevo León, según expusieron ante la ONU: “El problema se ha minimizado en los diferentes órdenes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mientras que organismos descentralizados que deberían velar por la integridad de las mujeres y sus derechos, como el Instituto Estatal de las Mujeres, no han ejercido acciones al respecto”.

Argumenta el informe: “Organizaciones civiles reportan haber recibido casos de vio-

laciones que no han sido denunciados ante la autoridad, con la característica de que las mujeres son desaparecidas. Las víctimas son mujeres jóvenes que han sido bajadas de sus vehículos por comandos armados o han sido interceptadas en plena calle, sumándose a la violación otras agresiones”.

El informe sombra fue elaborado por Arthemisas por la Equidad, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León, Pro Salud Sexual y Reproductiva, Zihuame Mochilla y el Colectivo Plural de Mujeres.

Tras documentar el panorama de violencia contra las mujeres, organismos civiles de Nuevo León solicitaron, el pasado 12 de enero, al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que estudiara el caso Nuevo León para que fuera lanzada una AVG basada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que toca el tema en su capítulo V: “Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”

Promovieron la petición Arthemisas por la Equidad, Alternativas Pacíficas, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León (CIMACNL) y Pro Salud Sexual y Reproductiva.

Ochoa Treviño explica: “Cuando se lanza una alerta de género se toman acciones para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra, como pueden ser medidas preventivas, que las autoridades avoquen las investigaciones, que encuentren a los criminales y los procesen y juzguen”.

Sánchez Reyna señala que la alerta es una instancia que no ha sido empleada en el país desde que fue creado el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en 2007.

El sistema rechazó la solicitud el pasado 8 de febrero. Ochoa dice que planea promover un amparo apoyada por feministas de otras organizaciones del país, debido a que se les negó el derecho de audiencia en la sesión. Agregó que el estado de Nuevo León, representado por el IEM, votó contra la solicitud, una decisión que llamó “simulación” frente a los feminicidios públicamente conocidos.

Por su parte, Juany Nava, directora de CIMACNL, consideró que el rechazo del IEM en la entidad representa una mues-

tra de insensibilidad y falta de interés en la seguridad de las mujeres: “El instituto en Nuevo León es un mecanismo para el avance de las mujeres y lo que hicieron evidencia una falta de interés en lo que les pasa a las mujeres aquí. Están negando una realidad. La alerta de género pide que se investiguen estos hechos tan lamentables que se han incrementado en los últimos años”, comenta.

Al explicar la razón por la que el IEM votó contra la solicitud de investigación para la AVG, María del Refugio Ávila Carmona, secretaria ejecutiva del organismo, precisó que las promoventes no cumplieron con formalidades requeridas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.

Entre otros puntos, explicó que incumplieron con el artículo 33 al no acreditar en qué consistieron los hechos violatorios de los derechos humanos de las mujeres en cada uno de los casos expuestos, pues se mencionan de manera general.

Las organizaciones que pidieron la investigación incluyeron como feminicidios los casos de las 42 mujeres que murieron en el incendio del casino Royale. Para Ávila Carmona esas mujeres murieron por “un accidente trágico”.

Iniciativas congeladas El 5 de octubre del año pasado, Jovita Morín presentó una iniciativa para reformar el capítulo IX del Código Penal de Nuevo León. Propuso reformar el artículo 326 para tipificar el delito de feminicidio para quien dolosamente prive de la vida a una mujer en las siguientes circunstancias: cuando haya relación afectiva con la víctima; una relación laboral, de confianza o subordinación; cuando haya signos de violencia sexual; cuando se le inflijan a la mujer lesiones con cicatrices visibles; que haya mutilaciones, y que haya antecedentes de amenazas o acoso”.

Para este delito propuso una penalidad de entre 25 y 50 años de prisión.

En entrevista con este semanario la legisladora señala que el atraso en el Código Penal de Nuevo León es responsabilidad del gobernador Medina, quien no ha manifestado voluntad política para contener la violencia contra las mujeres.

Para la legisladora, el gobernador tiene miedo a enfrentar la realidad del estado, pues no puede calcular las reacciones adversas que habría contra la imagen de su gobierno si dejara de ocultar, como lo ha hecho hasta ahora, la cifra de feminicidios.

“Si no existe la estadística, no hay ese nivel de gravedad e importancia que se le debe dar al tema. Se cuida la imagen y el buen nombre de Nuevo León ocultando la realidad en la que vivimos”, dice.

Ella, en su calidad de legisladora, ha

enfrentado el burocratismo oficial: Antes de presentar la iniciativa para penalizar el feminicidio solicitó a la procuraduría local información relacionada con el tema y la respuesta que recibió es que no hay una categorización en las cuestiones de homicidios dolosos a mujeres. La estadística es general, sin distinción de género.

Considera grave que ninguna autoridad estatal se haya ocupado de analizar el fenómeno del incremento de los niveles de violencia en la entidad. Los datos más confiables son los que se pueden contabilizar en los periódicos.

Arturo Ojeda Becerra, quien fuera coordinador jurídico del IEM, presentó el 8 de marzo de 2011 un paquete de reformas al Código Penal del estado para adecuarlo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que opera en la entidad desde 2007.

El doctor en derecho dice que el espíritu de esta propuesta con 46 reformas era facilitar el uso de esa ley de las mujeres, pues con frecuencia los jueces decían que no era necesaria y que al interpretarla podían usar delitos que ya estaban tipificados en los códigos tradicionales.

El especialista intentó una completa reforma legal para proteger a las mujeres: Pretendió modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil para el Estado de Nuevo León, el Código Civil, el Código Penal, el de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Buscaba con ello armonizar también la legislación estatal con la federal en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia. Si embargo la iniciativa descansa en la congeladora legislativa. O

ma están Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos y Michoacán.

Se encontró que a escala nacional hablar de tráfico de personas es sinónimo de tráfico de mujeres, pues es este género el victimado en 99%, mayormente para fines de explotación sexual.

Se estima que cada año en México hay 10 mil personas traficadas, de las que la mitad es llevada a Estados Unidos y Canadá.

Los estados de origen son principalmente Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo. Los principales puntos de destino en México son Acapulco, Cancún, el Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana.

En el entorno mexicano y pese a los esfuerzos que han demostrado por revertir el problema, los estados del nivel 1 aún carecen de mecanismos para actuar, como explica Cervantes Niño.

“Se descubre que los estados del nivel 1 aunque tengan muchos programas, políticas, cuestiones de intervención, el punto de remediar el problema está muy lejano aún. En la investigación no pudimos comprobar qué tanto los programas que se aplican tienen un impacto. Es materia pendiente en nuestro estudio”, explica.

Por ello la investigación arroja que aun los estados del nivel 1, los mejor posicionados, no saben cómo combatir el problema.

“Tener las leyes no significa que vamos a disminuir el tráfico de mujeres. Las leyes, sin políticas públicas, no funcionan. Esperamos que el libro ayude al gobierno federal a ver cómo anda el país, los estados y qué se debe de hacer”, dice Cervantes.

Según el libro, en el escenario internacional México se ubica en el segundo nivel del reporte internacional de tráfico de Juan Carlos Cruz / Procesofoto

Félix Reyes Matías

ESTADOS / NUEVO LEÓN

Monterrey. Luto

ESTADOS / NUEVO LEÓN personas, y por ello incumple con las normas mínimas de la Ley de Protección de Víctimas de Trata: Promulgar leyes con sus respectivas sanciones penales; imponer a los traficantes penalidades mayores a los cuatro años de prisión; medidas preventivas y orientación de las fuerzas del orden para identificar víctimas; financiamiento del gobierno para dar a las víctimas atención sanitaria, orientación y refugio; protección a víctimas con acceso a servicios y refugio, con opciones diferentes a la del regreso a sus país de origen; asistencia jurídica a las víctimas sin lastimar su dignidad e integridad psicológica; repatriación segura y digna; medidas gubernamentales para evitar el problema.

La mayoría de los países asiáticos están en el nivel 3, el más bajo en la escala internacional. Ahí aparecen algunos países latinoamericanos, como Cuba y Venezuela.

En entrevista con este semanario, Kumar ejemplifica el caso de Nuevo León, similar al de otros estados del país, donde los policías que han rescatado mujeres que eran víctimas de tráfico no han sabido qué hacer con ellas, cómo canalizarlas para su atención.

“Si hubiera políticas públicas se les podría dar poder a los policías y organizaciones estatales para atender el fondo del problema. Pero tendríamos que ver que los órganos administrativos estén dispuestos a adaptarse y cambiar frente al problema.

“Si en el centro de la ciudad un policía detiene a una mujer que dice que es prostituta pero afirma que la engañaron y la trajeron a la fuerza, el policía se la lleva y no sabe cómo registrar el problema, no sabe si la debe deportar, y esto hace que la mujer vuelva a ser victimizada”, señala Kumar.

Por ello urge que los policías tengan un entrenamiento para atender a las víctimas y ofrecerles un futuro, porque si no encuentran una forma honesta de vivir, pueden regresar al trabajo que desempeñaban que era la prostitución, según sea el caso. No hay tampoco una atención sanitaria sistematizada hacia ellas.

Víctimas sin protección A los estudiosos del fenómeno les llamó la atención que los estados comúnmente considerados de mayor desarrollo no están en el nivel 1: el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Coahuila. En cambio sí están otros de desarrollo más bajo como Chiapas y Veracruz. Casi 75% de los estados están en los niveles 2, 3 y 4, en los que no hay cumplimiento de las leyes.

Los gobiernos estatales deben tener, por ejemplo, planes de trabajo para las mujeres violentadas. También debe haber un plan para atender a sus hijos después de ser rescatadas.

Por ello Kumar propone que cada esta-

do cree un organismo descentralizado que combata y atienda el problema. Sería una oficina similar a la de los institutos de las mujeres, pero que se encargara directamente de atender los casos ligados con este problema.

Los investigadores solicitaron a la PGR, a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, denuncias recibidas ante alguna autoridad sobre personas víctimas de tráfico. En su petición solicitaban todos los datos generales de víctimas y victimarios, exceptuando los nombres.

El 5 de enero de 2011, Ana Lilia Gazanini García, directora general de Asuntos Jurídicos de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR respondió a los académicos que había turnado su solicitud a la Fevimtra, creada el 31 de enero de 2008.

Gazanini notificó que la fiscalía especializada entregó una tabla con 180 denuncias recabadas a partir de la creación de la fiscalía en las que se especifican sexo de la víctima, nacionalidad (en algunos casos), sexo del victimario y su nacionalidad, así como el estado donde fue presentada la denuncia.

Al referir el estado de la denuncia, dice que en 43 casos ya está determinada, sin que se aclare qué significa eso. Los 137 restantes siguen en trámite y los investigadores no saben si fueron abiertas averiguaciones previas o si hubo sentencias. Es probable, dicen, que los traficantes se hayan amparado, valiéndose de ambigüedades legales. En ningún caso la PGR dijo si había sentencias.

Sin embargo, la fiscalía aclara que desconoce la información relativa a las averiguaciones previas y les sugiere que busquen la información ante el Ministerio Público o ante el Instituto Nacional de Migración.

Abunda Cervantes Niño: “Cuando se checó si había sentencias en estados que tienen leyes, se descubrió que casi no hay parámetros para dar seguimiento. Puede ser que los acusados estén en la cárcel o arraigados, pero no se sabe si otras gentes detenidas por trata fueron sentenciadas.

“O tal vez los jueces confundieron los delitos. Al no poder sentenciarlos por trata lo encuadraron en otra cuestión, como prostitución o migración ilegal. Y surge otro problema: todavía en los estados que tienen leyes como que el entendimiento del concepto de trata de mujeres es aún nebuloso para el sistema judicial.”

La confusión en materia legislativa es abundante en el país, lo que redunda, como dice el estudio, en que este delito sea considerado uno de los de mayor cifra negra por falta de denuncias.

Los investigadores descubrieron que a veces la ley federal aplica sanciones diferentes a las estatales y que no hay clari-

dad sobre cuál instancia debe juzgar y qué sanciones se deben aplicar, pues el delito se da al mismo tiempo en los dos niveles.

Algunos estados se abstienen de crear leyes para la trata y sólo dejan que quienes son detenidos por este delito sean enjuiciados por alguna de las leyes ya existentes en el Código Penal Estatal.

Los investigadores ejemplifican otra vez con Nuevo León, donde hay un vacío legal. Los jueces dejan que el Código Penal Estatal sancione esos delitos previstos en la Ley de Tráfico de Personas, lo que representa una controversia por la interpretación que se hace de las leyes. Los académicos temen que los traficantes puedan ser dejados en libertad por esa indefinición.

Recuerdan que en este estado se promulgó, en 2009, la Ley de Trata de Personas, pero no fue modificado el Código Penal Estatal, lo que la convierte en una norma estéril.

El caso de Nuevo León es típico de la desatención al problema: al crear la ley correspondiente los diputados locales tomaron como base el estudio que había publicado Kumar sobre las víctimas de la explotación sexual en Monterrey, pero ni siquiera sabían que el investigador radicaba en esta ciudad, por lo que no le pidieron una opinión para elaborar la ley, que los académicos observan con numerosas fallas.

En las conclusiones de su libro, los investigadores de la UANL recomendaron a las entidades federativas que para combatir con mayor eficacia la trata de personas creen sus propias leyes y los que ya la tengan, mejorarla y hacerla eficiente; crear reglamentos para que puedan ser ejecutadas esas leyes.

Otras propuestas fueron modificar las leyes para que las causas del delito no sean desestimadas por el consentimiento de las víctimas; crear la figura del delito del cliente, para castigar a quienes empleen los servicios de las personas tratadas; fortalecer la atención a las víctimas y darles seguimiento al menos a mediano plazo; crear programas para reintegrar a la sociedad a las personas tratadas; crear políticas públicas para investigar, perseguir y sancionar a los tratantes, incluidos funcionarios públicos cómplices.

Por ello, dice Cervantes, los municipios deben implicarse también en la solución pues son ellos los que regulan directamente los lugares donde puede ocurrir ese delito. Pero si los agentes municipales –inspectores, policías u otros funcionarios– no conocen las leyes, no podrán hacer nada para denunciar los delitos o intervenir en caso de que uno sea cometido, dicen.

Los investigadores consideran que es perentorio atender el delito de la trata de personas a través de lo que puede ser la apertura de un instituto federal especializado, con otros similares en cada uno de los estados, que se ocupen exclusivamente del problema.

Baldemar de los Llanos

E S TA D O S / SO N O R A

delincuente

No bien Carlos Alberto Navarro Sugich acababa de tomar posesión como procurador general de Justicia de Sonora cuando le detonó un cúmulo de añejas demandas penales en su contra. Entre las más graves destacan las siguientes: despojo, invasión de propiedad privada, amenazas e intimidaciones, interpuestas ante la misma dependencia por dos ciudadanos y que datan del tiempo en que el funcionario se desempeñaba como subprocurador de Procesos.

Al respecto, el gobernador Guillermo Padrés se deslinda: “Son situaciones que él tiene que contestar...”

PATRICIA DÁVILA

H

ERMOSILLO, SON.- Carlos Al-

berto Navarro Sugich, quien desde el pasado 25 de enero encabeza la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, enfrenta una serie de acusaciones y demandas penales por abuso de autoridad, portación de arma prohibida, asociación delictuosa, usurpación de funciones, despojo, invasión a propiedad privada, amenazas e intimidaciones.

Este alud de denuncias contra el funcionario datan del tiempo en que se desempeñaba como subprocurador de

grada en el expediente, Figueroa es propietario del predio denominado Unidad Ganadera la Esperanza, ubicado en el kilómetro nueve del Bulevard García Morales. El uso de la finca, de 66.51.74 hectáreas, está dividido en cuatro fracciones: dos destinadas a cultivos; una con la casa particular, talleres, pozo, hortalizas y locales comerciales, y una más en la que hay canchas de futbol; 2 mil 554 metros cuadrados de esta última corresponden a la parte supuestamente invadida por Navarro Sugich.

En su declaración ante el Ministerio Público del pasado 4 de noviembre, Alejandro Samaniego López, el agente de la PEI que apoyó al entonces subprocurador durante la invasión de la propiedad, reconoce: “Ese día, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, recibí por radio la orden de comunicarme a la base. De mi celular hablé con Gilberto Leyva Leyva, encargado de la base operativa, quien me indicó que me trasladara inmediatamente al predio ya que Carlos Navarro, subprocurador de Procesos, solicitaba apoyo y que me llevara a mis elementos del sector norte y que me enviaría a otros del operativo norte.”

El agente refiere que cuando llegó al predio se le acercó Navarro Sugich: “Me dijo que él había pedido el apoyo, que resguardáramos la integridad de las personas que se encontraban en el predio.

Asentí y él se volvió a meter al terreno de donde había salido. Más tarde notifiqué al operador de la base que todo estaba en orden y que no creía necesario que llegaran más unidades de la PEI en apoyo”.

Más atropellos La otra denunciante, Guadalupe Butrón Quiroz, sostiene que el 14 de septiembre último un grupo de personas, presuntamente bajo las órdenes del subprocurador Navarro Sugich, intentó despojarla de

un predio de 28.7 hectáreas conocido como El Rosario.

En entrevista con la reportera asegura que ese día, a las 8:30 de la mañana, realizaba un recorrido en su predio acompañada de su esposo, Benjamín Lagarda Burgos, cuando llegaron tres retroexcavadoras y varios vehículos.

“El señor Ramón Alejandro Noriega Villaescusa, El Chanate, dijo que iba a sacarme de mi propiedad a como diera lugar.

Estaba escoltado por 20 guardias de seguridad privada de la empresa Argus. A los operadores de las retroexcavadoras les ordenó que rompieran el cerco de púas y trozaran los postes en la parte que colinda con la calle Israel. Una vez dentro mandó que una de las máquinas derribara una barda de bloques de unos 100 metros de largo y 1.5 metros de altura”, dice.

Agrega que subió a una de las retroexcavadoras y logró bajar al operador para evitar que continuara con la demolición: “Al percatarse de ello, Noriega le dijo al operador que me atropellara y que bajo ninguna circunstancia permitiera que yo bloqueara el paso; mientras tanto, el operador de otra máquina en menos de 30 minutos tiró la barda.”

Butrón Quiroz afirma que tiene pruebas de estos hechos en una videograbación. Comenta que incluso solicitó el apoyo de la Policía Municipal y de sus familiares y llamó a un notario público para que diera fe de lo ocurrido.

“El mayor de mis hijos, Leonardo, es abogado y le hablé por teléfono para decirle lo que estaba sucediendo. Me pidió que lo comunicara con Noriega, quien le dijo que no le importaba que lo denunciáramos por daños y despojo, ya que contaba con el apoyo del subprocurador de Control de Procesos, Carlos Alberto Navarro Sugich, de quien recibió instrucciones de introducirse a mi predio.”

Especial

El procurador, presunto

Control de Procesos de esa dependencia (desde enero de 2010 hasta su actual promoción); fueron interpuestas por José Francisco Figueroa Mercado y Guadalupe Butrón Quiroz y dieron lugar a las averiguaciones previas 113/2011 y 108/2011, respectivamente.

Ambas personas sostienen que Navarro Sugich se valía de su cargo para que sus amigos se apropiaran de terrenos particulares.

“El 26 de julio de 2011 –relata Figueroa Mercado– me enteré por uno de mis hijos que en una fracción de mi predio estaban varias personas. Al llegar vi que el cerco que delimita mi propiedad estaba trozado y que dentro se encontraban unas 10 personas. Entre ellas estaba Carlos Ortiz, El Perico, así como agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y Carlos Alberto Navarro Sugich, quien en ese momento se identificó como agente del Ministerio Público.

“Me dijo que venía a ayudar a Ortiz para que tomara posesión de su predio. Le manifesté que yo era el propietario y le mostré los papeles a mi nombre. Me dijo que no servían. Le pedí que me mostrara los suyos. Respondió que no tenía que enseñarme nada, que se iba a meter y que debía retirarme de ahí porque ellos eran la autoridad, que traían órdenes del procurador general de justicia y que no dudaría en usar su arma y disparar si nos oponíamos, ya que este tipo de acciones eran políticas de Estado. Nos retiramos por temor a que nos privara de la vida.”

Puntualiza: “Ahora sé que Navarro Sugich no es agente del Ministerio Público, sino subprocurador de Control de Procesos en la procuraduría estatal. Quiero precisar que él daba las órdenes a las personas que iban armadas y vestidas de civil, así como al que mandó que de inmediato se procediera al cercado de una fracción de mi predio, del cual fui despojado desde ese momento. Además, esas personas ya habían introducido vehículos, algunos cargados con materiales”.

Figueroa, de 62 años, comenta que siempre estuvo acompañado de su hijo Manuel, de su abogado Jesús Acuña Alcantar y de Israel García Gaxiola, encargado de resguardar el predio.

“En poco tiempo terminaron de instalar un cerco nuevo sobre la fracción invadida de mi predio. Dicho cerco fue construido con malla ciclónica y postes de fierro clavados en concreto. También colocaron una puerta a la cual le pusieron candado y cadena. Ahí montaron un letrero que dice: ‘Propiedad Privada RPP 510060045 Corporativo Ortiz’. Al mismo tiempo metieron carros con pantallas de publicidad, cajas de tráileres y una caja grande de lámina, como para almacenar herramientas.”

De acuerdo con documentación inte-

Hermosillo. La acción de despojo en el predio de José Francisco Figueroa

E STAD OS / SONO RA lizando constituían un delito de despojo y daños en propiedad ajena.

“Sin embargo, en apoyo de Noriega, llegaron dos agentes de la PEI –a bordo de dos patrullas; una, la 1075–, quienes trataron de auxiliarlo para despojarme. El agente Alejandro Samaniego López entró al predio y trató de intimidar a mi esposo: Le mostró fotos de mis hijos y le comentó que ya los tenía fichados”, relata.

En su declaración testimonial, Noriega Villaescusa niega las imputaciones de Butrón y asegura que él no se presentó en el predio con 20 elementos de seguridad privada.

Contrario a las afirmaciones de Noriega, en una parte de su declaración Benjamín Morales Sánchez, agente de la PEI que llegó al predio a bordo de la patrulla 1079, señala: “Al ver una foto de Ramón Alejandro Noriega confirmé que es la persona que acompañada por un grupo de personas intentaba meterse al terreno”.

La demanda de amparo 1495/2011, interpuesta el 19 de diciembre de 2011 por Leonardo Lagarda Butrón ante el Juzgado Décimo de Distrito de Sonora, contiene una solicitud de juicio político en contra del ahora procurador Carlos Alberto Navarro Sugich, puesto que los actos reclamados –usurpación de funciones e intimidación– repercuten en los intereses públicos fundamentales. Así lo establecen, afirma el abogado, los artículos 7 y 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En dicha solicitud que Lagarda Butrón hace al Congreso local dice que Navarro Sugich incurrió en el delito de intimidación previsto en el título séptimo, artículo 189, del capítulo IX, el cual establece: “Se impondrán de seis meses a nueve años de prisión, de 10 a 250 días de salario mínimo de multa y destitución, en su caso… al

Luis Gutierrez

Leonardo Lagarda Butrón refiere: “Colgué con Alejandro Noriega y a los 12 minutos recibí una llamada a mi teléfono-radio Nextel. Provenía del número 62*231299*3, también de Nextel. Era el subprocurador Navarro Sugich, quien me dijo textualmente: ‘Mantente al margen. No te metas a defender a tu mamá ni a tu papá. Si te presentas en el predio para evitar la invasión te voy a chingar. Más vale que te mantengas al margen; de lo contrario, atente a las consecuencias. Ramón Alejandro Noriega y María Emilia Noriega Romandía son mis amigos y socios’.

“Le contesté que no era posible que me pidiera eso, que se trataba de mi madre y de su predio. Me respondió: ‘Vas a aprender a respetarme. Te advierto que no te aparezcas por el terreno; si lo haces, elementos de la PEI que envié te van a chingar’. Al terminar la llamada, me comuniqué telefónicamente con varios amigos y les pedí que acudieran en ayuda de mi madre.”

Lagarda Butrón dice que solicitó ayuda a Leopoldo Moreno Valenzuela, director general de la Defensoría de Oficio del estado de Sonora.

“Le dije: ‘¡No me vas a creer lo que está pasando!’ Me contestó que estaba enterado de lo que sucedía en el predio de mi madre, ya que minutos antes recibió una llamada de Navarro Sugich, quien de manera tajante y amenazadora le prohibió intervenir a favor de mi madre. Indignado, le espeté: ‘Cómo es posible que un subprocurador, abusando de su posición en nuestro estado, se valga de la misma para cometer delitos o prestar ayuda para que se perpetren’.”

Guadalupe Butrón comenta que al predio llegaron policías municipales, quienes reconvinieron a Ramón Alejandro Noriega y le dijeron que los actos que estaba rea-

Padrés Elías. Deslinde

servidor público que por sí, o por medio de terceros, inhiba o intimide, por medio de la violencia física o moral, a cualquier persona para evitar que ésta, o alguien con ella relacionada, formule una denuncia”.

A las demandas que acumula Navarro Sugich se suma un juicio que en noviembre de 2010 entabló Lagarda Butrón en su contra. En su alegato el abogado afirma que en su calidad de subprocurador de Control de Procesos, Navarro Sugich designó a Oswaldo Ordorica Hodgers director general de Control de Procesos, quien, afirma, no acreditó los exámenes de control de confianza ni fue registrado y certificado en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Detalla que el nombramiento para este puesto sólo puede otorgarlo el gobernador Guillermo Padrés Elías, mediante propuesta del procurador de Justicia, cargo que en ese entonces ocupaba Abel Murrieta Gutiérrez. Al hacerlo de manera autónoma, dice, Navarro Sugich violó el artículo 8 fracción V, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado; el artículo 6, fracción XVII del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGJE, y el artículo 201 fracción V del Código Penal estatal que tipifica como conducta ilícita la designación de funcionarios sin cumplir con los requisitos normativos.

Con base en el artículo 139, fracción III, nombrar director a una persona que no se haya certificado ni registrado conlleva sanciones de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días de salario mínimo de multa.

Cuando, el 3 de febrero, varios reporteros locales le preguntaron al gobernador Guillermo Padrés qué opinaba de las denuncias que pesan sobre el procurador, únicamente respondió: “Son situaciones que él tiene que contestar, que lo aclare ya sea en forma personal, como ciudadano o como procurador, si así lo amerita y si él lo ve pertinente”.

Antes, el pasado 25 de enero, al anunciar que Navarro Sugich sería el nuevo procurador de Justicia estatal, Padrés lo llenó de elogios: “Cuenta con el perfil, conocimiento y experiencia para desempeñar el cargo, por lo que será la propuesta que enviaré al Congreso del estado para ser ratificado como procurador general de Justicia del estado”.

En varias ocasiones –el 17 y el 22 de febrero, así como el 1 de marzo– Proceso trató de comunicarse telefónicamente con el procurador Carlos Alberto Navarro Sugich para conocer su postura respecto de las denuncias en su contra, pero no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió cuando la reportera intentó hablar con él por medio de su secretaria, Iris Barrios, y por medio de José Larrinaga Talamantes, vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien respondió que la agenda de Navarro estaba “saturada”.

Octavio Gómez

En los últimos tiempos se ha separado del SNTE casi una tercera parte de sus integrantes, lo que constituye una merma al poder que ejerce su lideresa vitalicia, Elba Esther Gordillo. Representantes de organizaciones independientes de maestros aseguran que en las próximas elecciones presidenciales, ella no podrá manipular a su antojo el voto de sus agremiados, y que incluso el Panal podría perder su registro. Algunos líderes disidentes auguran incluso que esto puede marcar el principio del fin del cacicazgo de Gordillo.

El SNTE se

desmorona JOSÉ GIL OLMOS

E

n el transcurso de los últimos cinco años, el núcleo de poder de Elba Esther Gordillo se ha ido debilitando. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya no es un ente hegemónico, pues ha tenido escisiones que dieron lugar a la formación de 24 sindicatos con un total de 450 mil agremiados. Se han declarado independientes y le apuestan electoralmente a diversos partidos.

A estos sindicatos se suma también la actuación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que, a decir del representante del Comité Nacional Democrático, Artemio Cruz, puede manejar otro tanto de profesores independientes para inhibir la acción de 100 mil operadores electorales con que cuenta Gordillo para trabajar a favor del candidato del Partido Nueva Alianza (Panal),

Gabriel Quadri, o de cualquier otro con el que se alíe, sea del PAN o del PRI. Representantes de varios de estos sindicatos independientes entrevistados por Proceso aseguran que desde que se rompió la alianza con el PRI y el PVEM, con quienes había formado la coalición “Compromiso por México” para las elecciones de este año, el poder de Gordillo ha entrado en un declive que podría ocasionar su caída, tras 22 años de estar al frente del sindicato magisterial.

Incluso aventuran que el próximo 1 de julio el Panal no alcanzará el 2% de la votación que requiere para mantener su registro, y que con ello Elba Esther estaría totalmente debilitada para mantenerse en el poder como lo ha hecho, sobre todo, desde los comicios de 2000, cuando operó a favor del PAN. El Panal se creó en 2005 y ha sobrevi-

vido gracias a las alianzas de Gordillo con el PAN y el PRI. En 2006 lanzó a Roberto Campa como candidato presidencial y logró colocarse como la cuarta fuerza política al conseguir 4.68% de la votación total emitida, con 1 millón 883 mil 494 votos.

En 2009 se unió con el PAN en la elección para gobernador de Baja California, mientras que en Campeche, Colima y Querétaro se alió con el PRI. A partir de 2010 se coaligó únicamente con el PRI en nueve entidades, sobre todo en la del Estado de México.

Debido a sus alianzas con el PRI, PVEM y el PAN, el Panal tiene cinco diputados federales, cuatro senadores y 50 diputados en 21 estados.

No obstante, para esta elección el partido de Gordillo irá solo tras el rompimiento de la coalición que ya había firmado con el PRI y PVEM. Lanzó como su candidato a la Presidencia a Gabriel Quadri, un

Gordillo. Caída “inminente”

ecologista casi desconocido en el medio político, luego de que otros personajes como Patricia Mercado, Esteban Moctezuma, Jorge Castañeda y Rosario Robles rechazaran el ofrecimiento.

La meta del actual presidente del Panal, Luis Castro, es mantener el registro; para ello confía en que la estructura magisterial habrá de funcionar como en 2006. Sin embargo, los líderes sindicales independientes y de la CNTE dudan que esto vuelva a ocurrir porque, advierten, la maestra ya no tiene el control absoluto del SNTE y, además, advierten que realizarán una campaña para inhibir a los operadores electorales que ella tiene a su disposición.

Divisiones Desde 1979, cuando se fundó la CNTE como una corriente disidente del sindicato para impulsar su democratización y garantizar adecuadas condiciones laborales y salariales para los docentes, no se habían registrado tantas divisiones en el SNTE. Según los dirigentes de varias entidades entrevistados, hasta el momento son 24 los sindicatos magisteriales que se han declarado independientes en 22 estados, en donde han hecho sus propias alianzas electorales. Por ejemplo, en Veracruz pactaron con el PRI, mientras que en Tabasco lo hicieroncon el PRD. Cada quien elige a sus candida-

tos, independientemente del partido, pero todos se niegan a seguir las órdenes de Elba Esther, a quien se refieren como “señora”, sin concederle el título de “maestra”.

El punto coincidente de todos los que han emprendido la fuga del SNTE es el rechazo al enriquecimiento de Gordillo tras 22 años de caciquismo. Mencionan que en todo este tiempo no ha entregado un solo reporte de lo reunido por concepto de cuotas de 1 millón 400 mil agremiados y añaden que en sólo un mes acapara más de mil millones de pesos, pues a cada trabajador se le descuentan de su salario entre 90 y 140 pesos.

Los sindicatos independientes también rechazan el uso del SNTE para fines políticoelectorales a través del Panal. Las dos hijas de Gordillo, Maricruz Montelongo y Mónica Arriola, así como su nieto René Fujiwara Montelongo y su yerno Fernando González, son los principales beneficiarios del enorme poder de la maestra.

Los primeros grupos magisteriales en sacudirse el yugo elbista fueron el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETE) y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco. Después hubo otros en casi todos los estados del país, los más fuertes en Veracruz, Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Querétaro y Quintana Roo.

SI N D I CA L I SM O Todos los disidentes enfrentan el problema del reconocimiento legal, así como dificultades para negociar presupuestos, jubilaciones y condiciones generales de trabajo con los gobiernos estatales y federal.

Sólo el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) logró obtener la toma de nota del Tribunal Federal de Coalición y Arbitraje el 8 de febrero de 2011, luego de una espera de tres años. Esta organización agrupa a 7 mil 500 maestros de Querétaro, Puebla, Yucatán, Distrito federal, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo y es el primer sindicato magisterial en lograr su registro desde que hace 68 años lo obtuvo el SNTE. Según el abogado del SITEM, Manuel Fuentes Muñiz, ese hecho representa un quiebre al monopolio de Elba Esther Gordillo en el SNTE y es comparable al resquebrajamiento que sufrió el PRI, luego de su derrota en 2000 y después de 71 años de gobierno hegemónico.

A pesar de que no han logrado su registro, desde hace dos años los sindicatos independientes hacen esfuerzos por unirse. En 2009 formaron la Coalición Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación (Conasite), y posteriormente el Frente Nacional de Sindicatos Independientes de Trabajadores de la Educación.

Algunos de sus integrantes comentan que en estos días están por transformar el frente en Federación de Sindicatos Independiente de Trabajadores de la Educación, con la idea de enfrentar al SNTE controlado por Gordillo desde 1989, y de que no se repita una nueva historia de cacicazgo.

“Nuestro objetivo consiste en mostrar que Elba Esther Gordillo no es dueña del magisterio”, asegura en entrevista el profesor Eliseo Islas, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos de Veracruz.

Cacicazgo impune Desde hace unos años, Elba Esther Gordillo pasa la mayor parte de su tiempo en su casa de San Diego, California, que compró en 1 millón 692 mil dólares en 1995, cuando concluía su segundo periodo como secretaria general del SNTE. La residencia tiene seis habitaciones, siete baños, cochera para tres autos, alberca y un muelle que da al río. Es parte de un conjunto de 70 propiedades que tiene a su nombre, de familiares o de colaboradores, de acuerdo con las copias certificadas del Registro Público de la Propiedad que Proceso ha recopilado desde hace tiempo.

Durante cuatro sexenios seguidos, la fortuna de la profesora rural chiapaneca ha crecido enormemente. Como líder del

Demian Chávez

S I ND ICALISMO

Repudio magisterial

SNTE en estos años ha recibido altas sumas de dinero mediante los fideicomisos que registró en Banobras y que no pueden ser investigados, pues están protegidos por el secreto fiduciario.

Según las cuentas de Punto Crítico, una organización disidente del magisterio, durante el gobierno de Carlos Salinas ella recibió 16 mil 197 millones de pesos a través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica; con Ernesto Zedillo se le entregaron mil 580 millones con el Programa de Desarrollo Educativo; con Vicente Fox le otorgaron 41 mil 333 millones de pesos mediante el Programa Nacional de Educación, y en la presente administración recibió más 6 mil 901 millones de manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con integrantes de sindicatos independientes, los enormes recursos del SNTE son usados por Gordillo para echar a caminar la maquinaria electoral.

Ello implica la compra e inducción del voto, la inclusión de maestros en los comités distritales y estatales del Instituto Federal Electoral (IFE) y entre los representantes de casillan así como el robo hormiga de votos.

Sin embargo, el representante del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán, Rigoberto Cervantes, advierte que ya no hay la garantía de que “la señora pueda sostener que llevará a 1 millón de maestros a votar, como lo ha dicho”.

Precisa que los sindicatos independientes ya no aportarán al SNTE sus cuotas y éstas se utilizarán para comprar lo que necesitan en sus respectivas localidades.

En entrevista, Cervantes considera que a partir del rompimiento con el PRI y del surgimiento de los sindicatos independientes del SNTE, Gordillo se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

–¿Esta división está minando el poderío de Elba Esther? –se le pregunta.

–Ella tiene candidatos sujetos a su voluntad. Pero ya no garantiza a nadie los

votos de todos los maestros. Tengo la plena seguridad y confianza de que el Panal va a desaparecer, porque no veo nada que haya hecho en beneficio de los trabajadores. Creo que ese partido debe desaparecer y que 2012 lo va a llorar Elba Esther Gordillo, porque se quedará sin sus maestros y sin partido.

Vaticinio Gaudencio Bravo, secretario de organización del SITEM, único sindicato independiente con registro legal, advierte que “hoy más que nunca la señora está seriamente preocupada porque el SNTE se le está desmoronando en las manos”.

Señala que el año pasado, al convocar al cambio en los comités ejecutivos seccionales, impuso a secretarios débiles para manipularlos más fácilmente, pensando que la alianza con e PRI le garantizaba un nuevo periodo de impunidad.

“Pero cuando se rompe la alianza con el PRI comienza a mostrar grandes debilidades. Ya no mantiene la seguridad de contar con el voto de los maestros, y empieza a manotear por todos lados para ver a quién lanza como candidato presidencial y mantenerse con registro para seguir viviendo del presupuesto. Yo veo muy difícil, muy complicado que lo logre. Para nosotros eso es muy alentador porque marca el principio del fin si la cosas continúan como hasta ahora”, indica Bravo.

–¿Cómo impacta en el SNTE el rompimiento con el PRI? –Fue brutal para ella; se le movió todo el piso, le quitaron las ligas de donde se colgaba. Por eso creo que la señora está pensando seriamente en buscar un espacio para caer en blandito porque las cosas se le complicaron.

–Electoralmente, ¿qué impacto tienen las escisiones del SNTE? –El maestro ha votado con libertad en los últimos procesos electorales; la seño-

ra ya no tiene influencia sobre el maestro, y eso le representa puntos negativos. Por otro lado, los sindicatos independientes han crecido en muchos estados y en los ya existentes hay un nuevo brío por buscar independizarse del SNTE. Esto se debe a todos los conflictos que ella generó. Hoy los maestros se están dando cuenta de que Gordillo ya no cuenta con el respaldo del presidente.

Bravo advierte que la lideresa está desesperada y tratará de agarrarse de cualquier cosa. Incluso no descarta que vaya a trabajar, debajo del agua, a favor de Enrique Peña Nieto o de Josefina Vázquez Mota.

Roger Arias, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, que tiene 16 mil 500 afiliados, asegura que por lo menos en ese estado y en otros donde los sindicatos magisteriales independientes son fuertes la operación electoral del SNTE ya no funcionará.

“Por ejemplo, nuestro sindicato dejó de ser corporativo del PRI, hay libertad partidista y ya no existe el voto forzado a favor del Panal. Aquí hay una pérdida de credibilidad en la maestra Gordillo. A nivel nacional está igual. Para nosotros Elba Esther ya está muerta, su liderazgo se perdió en el tiempo. La gente ya no cree en ella y su caída es inminente”, sostiene el maestro.

Eliseo Islas, miembro del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos de Veracruz, advierte que en ese estado los maestros apoyarán al PRI y augura que el Panal ni siquiera alcanzará 2% para mantener el registro.

Artemio Ortiz, representante del Comité Nacional Democrático de la CNTE, es más cauto. Considera que la acción de los sindicatos independientes no será suficiente para inhibir la maquinaria electoral de Gordillo compuesta por 100 mil operadores.

Sin embargo, adelanta que la coordinadora de maestros disidentes pondrá en marcha una estrategia de “caza mapaches electorales” para detener ese aparato que Gordillo echará a caminar, no sólo para Gabriel Quadri, candidato del Panal, sino de ser necesario a favor de Enrique Peña Nieto o de Josefina Vázquez Mota.

“Nosotros estamos haciendo el llamado para vigilar las elecciones y eso creo que sí podría romperles el esquema a Elba Esther Gordillo, al Panal y a quien se alíe con ellos, ya sea el PRI o el PAN, porque la señora va a trabajar con distintos candidatos en diferentes zonas del país”, asegura el maestro de Michoacán, quien forma parte del Movimiento de Unidad Social de un Gobierno del Pueblo (MUSOC-GP), que integra a decenas de organizaciones sociales que pactaron trabajar con Andrés Manuel López Obrador.

A N Á L I SI S JESÚS CANTÚ

NARANJO

Espejo a modo

Enemigos en casa

L

a selección de candidatos a los diversos puestos de elección popular puede dar al traste con el claro y persistente incremento en las preferencias electorales de la candidata presidencial del PAN, ya que las protestas y fracturas que dicha selección ha provocado pueden convertirse en el principal enemigo de Josefina Vázquez Mota para ganar la contienda electoral.

Y es que resulta tan importante tener una buena estrategia electoral y desarrollar una adecuada campaña, como conjuntar un buen grupo de candidatos y mantener la unidad del partido, pues tales factores permiten al abanderado presidencial sumar esfuerzos y votos. Y esto es exactamente lo que no sucede en el PAN, donde el calderonismo y los grupos locales (utilizando las prácticas fraudulentas que tanto condenaron los blanquiazules en el pasado) se apoderaron de las principales posiciones.

El resultado es una lluvia de impugnaciones y renuncias en al menos 14 de las 32 entidades, lo cual puede traducirse en una pérdida de apoyo para el blanquiazul y, por ende, para su candidata a la Presidencia de la República, que hoy parece una espectadora más en este proceso de selección interna.

En la lista nacional de candidatos al Senado, el grupo de Calderón se adjudicó

ocho de las primeras 11 posiciones con mayores posibilidades de triunfo para el panismo. Y la captura de las candidaturas también se dio en las listas de aspirantes a diputados. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León el CEN designó al controvertido alcalde regiomontano Fernando Larrazabal en el primer lugar de la lista de la tercera circunscripción y a Raúl Gracia (actual consejero de la Judicatura Estatal y otro de los líderes de la llamada “neocúpula”, acusada de manipular los padrones de militantes) para encabezar la fórmula, con lo cual les aseguraron una posición en la próxima legislatura.

Aunque en entidades donde se dieron procesos de selección interna abiertos a la militancia también se generaron fricciones, como en Chihuahua, donde Javier Corral documentó irregularidades, o en Coahuila, donde Jorge Zermeño denunció el rasurado del padrón y el uso de programas sociales.

La intromisión del presidente Felipe Calderón o la división de los panistas locales siempre ha sido fatal para el blanquiazul. Únicamente a manera de ejemplo se puede recordar que la intromisión presidencial fue uno de los factores determinantes para que el panismo perdiera, entre otras gubernaturas, la de Yucatán y San Luis Potosí; y que las divisiones de los grupos panistas impidieron el triunfo en

Nuevo León y contribuyeron a la pérdida de Querétaro y Aguascalientes.

La intervención presidencial en la vida blanquiazul se dio desde el inicio de su gestión, al grado de adelantar la elección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional para poder sacar a Manuel Espino y permitir el arribo de Germán Martínez, entonces muy allegado al presidente; tras su fracaso en las elecciones intermedias federales y estatales del 2009, donde el panismo únicamente ganó una de las seis gubernaturas en juego (Sonora), perdiendo Querétaro y San Luis Potosí, a Germán lo sucedió César Nava, igual o más cercano a Calderón que el propio Martínez, y finalmente llegó Gustavo Madero, quien, sin ser tan allegado al presidente como los otros dos, también es un instrumento del calderonismo.

Lo cierto es que en el transcurso del sexenio el panismo ha perdido cinco gubernaturas y obtenido cuatro, y aunque ganó en cantidad de población gobernada, eso se debió a que dos de las cuatro gubernaturas (Sinaloa y Puebla) las consiguió en coalición con la izquierda y, al menos en dos casos, con candidatos que renunciaron a sus partidos al ser marginados de la contienda (Baja California Sur y Sinaloa), es decir, en vísperas de la elección, por lo cual no pueden considerarse panistas.

Además, el saldo en el número absoluto de sufragios y los porcentajes de votación de las últimas elecciones, salvo en el caso de Michoacán, también es negativo, y hoy los panistas se encuentran ante la necesidad de revertir dicha tendencia si aspiran a alcanzar la Presidencia, justamente cuando para ello en nada contribuyen la intromisión presidencial y las pugnas internas.

Ni Calderón ni los grupos locales (que recurren a las peores prácticas del repertorio de fraudes electorales) piensan en el impacto que sus acciones pueden tener en la posibilidad de que su partido retenga la Presidencia; para ellos lo importante es asegurar una posición en la próxima legislatura, sin importar si ello implica un perjuicio para su partido y su candidata.

Y Josefina Vázquez Mota parece que ni siquiera se percató de la importancia de dicho proceso y piensa que ella sola puede conservar la tendencia alcista que muestran casi todas las encuestas de preferencia electoral. Todo indica que el enemigo lo tiene en casa y que sus propios correligionarios le harán más pesada la ya de por sí difícil tarea de posicionarse en el segundo lugar (como ellos aseguran que ya está) y luego remontar una todavía amplia diferencia con el puntero. O

A N Á L I SI S

L

ENRIQUE SEMO

SABINA BERMAN

De la contienda al circo

Educación científica o religiosa

os principales adversarios se afanan ya en elaborar sus estrategias electorales, pero poco sabemos de esos trabajos que se realizan en el más impenetrable de los secretos. Sin embargo, a medida en que los ponen en práctica, el misterio se va evaporando. Es probable que las tácticas vayan adaptándose a los cambios de situación. Pero hay elementos básicos que en la práctica son difíciles de cambiar rápidamente. Por eso, las decisiones iniciales cuentan mucho para determinar el éxito o la derrota final.

Los dos partidos que conforman la coalición gobernante, PRI y PAN, han dejado al desnudo tres objetivos comunes: a) Pintar un cuadro optimista de la situación actual de México. Calderón, Guillermo Ortiz, José Ángel Gurría, denuncian la aguda crisis europea, contrastan favorablemente la situación económica mexicana con los países más afectados del viejo continente, pero amenazan con el argumento de que si no se aprueban las reformas estructurales aconsejadas por el FMI, México puede caer en la misma situación. El PRI ha aprendido su lección.

Cuando como partido opositor intentó dar una imagen crítica y negativa de la situación del país, fracasó porque para el “cambio” no tiene credibilidad.

Además, estando en la delantera de las encuestas, Peña Nieto desea moverse lo menos posible. El PAN, partido gobernante, no puede dar una visión negativa o problemática, puesto que eso equivaldría al suicidio. Si reconoce algún problema siempre recuerda que es una herencia de hace 20 o 30 años, como la lucha contra el narcotráfico o el atraso en infraestructura.

b) En esta etapa inicial de la contienda, ignorar el reto de la izquierda –como si ésta no tuviera ninguna posibilidad de ganar–, para desanimar a sus partidarios, y sumirlos en la indiferencia, la pasividad o preferiblemente, la abstención. c) Evitar al máximo entrar a discutir los problemas más graves de la sociedad y reemplazarlos por un circo de varias pistas (Jacobo Zabludovsky), fuegos artificiales o cortinas de humo, provocando escándalos y discutiendo posiciones que a nada llevan. De tal manera que las opiniones del elector se formen no por un examen de la situación del país, sino por imágenes espectaculares, sentimientos de miedo o por la convocación de filias y fobias subjetivas.

AMLO se niega a participar en el circo. Sigue defendiendo su programa aprovechando cada ocasión para desarrollar diferentes aspectos, por ejemplo, sobre la contradicción principal de estas elecciones: “sólo hay dos opciones, más de lo mismo que representa el PRIAN, es decir, corrupción, privilegios e inseguridad… o un cambio verdadero que significa crecimiento, empleo, bienestar, paz social y tranquilidad”. Sobre las relaciones entre Estados Unidos y México, AMLO informa que el 5 de marzo se entrevistará con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que le planteará que “los problemas de ambos países deben resolverse de manera conjunta. La relación bilateral no se va a fincar nada más en la cooperación militar, sino en la colaboración para el desarrollo”.

En cambio, me parece que los partidos de izquierda tienden a caer más ingenuamente en la provocación al circo: el PRD interpone queja contra el presidente por usar fondos públicos para proselitismo y denuncia su viola-

ción a la ley electoral por hacer público un sondeo de opinión que registraba un avance meteórico de la candidata panista a la presidencia, colocándola a 4 puntos del PRI. Los partidos de izquierda prefieren la lucha entre políticos a la discusión de los problemas de los ciudadanos en la calle y las plazas, circunscribiéndose a los debates a puerta cerrada en las Cámaras.

El PRI y el PAN simulan una guerra sucia: el PAN usa las instituciones del gobierno central para amenazar a los gobernadores priistas y el PRI arma un gran escándalo sobre el presupuesto ejercido de 2011. Y luego Pedro Joaquín Coldwell visita a Calderón y acaban en un gran abrazo. Es impresionante que hasta ahora nada hayamos oído de la boca de sus candidatos a la presidencia sobre los grandes problemas nacionales. Sería por ejemplo interesante pedirle a Peña Nieto su opinión sobre la declaración del Sistema de Información Empresarial de México (SIEM), sobre el problema del cierre de más de 120 mil empresas en lo que va del año, la caída en 15.7% en la operación de los negocios y el número de firmas en activo más bajo del sexenio, o a Josefina Vázquez Mota acerca de la información del INEGI de que 14 millones de trabajadores están en la economía informal, que ese número aumentó más de 10% el año pasado y que uno de cada tres trabajadores remunerados en el país percibe un ingreso no mayor a dos salarios mínimos, 120 pesos al día.

En buena parte, AMLO queda hasta ahora sin respuestas. Es verdad que sus planteamientos están dirigidos a la ciudadanía y esperamos que lleguen a ella pese a los escándalos y la interferencia producidos por el gran circo.

Parte de éste son las encuestas revestidas de un manto de veracidad y durabilidad, al que no pueden, por naturaleza, aspirar. La encuesta puede servir para informar pero también para desinformar. Dice Giovanni Sartori: “los sondeos de opinión consisten en respuestas que se dan a preguntas (formuladas por el entrevistador) y esta definición aclara de inmediato dos cosas: que las respuestas dependen ampliamente del modo en que se formulan las preguntas (y por lo tanto de quién las formula) y frecuentemente el que las responde se siente “forzado” a dar una respuesta improvisada en aquel momento…De hecho, la mayoría de las opiniones recogidas por los sondeos es: a) débil (no expresa opiniones intensas, es decir, sentidas profundamente); b) volátil (puede cambiar en pocos días); c) inventada en ese momento para decir algo (si se responde “no sé” se puede quedar mal ante los demás); y sobre todo d) produce un efecto reflectante, un rebote de lo que sostienen los medios de comunicación. No olvidemos, además, que el encuestador es un vendedor de servicios, y el que pide la encuesta, un cliente a quien hay que dejar satisfecho. Además, está la tentación de la muy socorrida corrupción.

La fecha del inicio de las campañas se acerca. ¿Qué prevalecerá? ¿El circo o el debate de los problemas nacionales?

Esto depende en mucho de los medios de comunicación, pero no sólo de ellos. También cuentan los millones de activistas de los partidos de izquierda y de Morena, que están luchando para convencer directa y personalmente al elector. Está ampliamente comprobado que el trabajo de boca en boca puede contrarrestar la eficacia de los medios. O

A

ntes de morir, Charles Darwin habló con la reina Victoria de Inglaterra. La reina había sido una lectora entusiasta del libro de viajes del joven naturalista, hacía medio siglo, y su mecenas cuando le encargó una enciclopedia de los animales que Darwin había registrado en su viaje alrededor de África y Sudamérica, pero llevaba dos décadas irritada con él, desde la publicación de El origen de las especies.

Ella, como todo aquel que leyó El origen…, entendió que se trataba de un libro irreconciliable con la Biblia. O se creía en la Biblia o en la teoría de la evolución de las especies. O bien la fauna y la flora del planeta fueron creadas en seis días, en sus formas inmutables y por Dios, o fueron formándose a través de mutaciones graduales a lo largo de cientos de millones de años, sin un plan y sin intervención de ninguna inteligencia externa a ellos. O bien Dios era el gran creador de las formas perfectas de la vida o las formas de la vida eran un experimento azaroso, repleto de ensayos fatales, y Dios no existía.

La oposición de los dos relatos, el bíblico y el evolucionista, era clara, pero a últimas fechas se había convertido en una guerra cultural de odios desaforados. Los darwinistas, en su mayor parte jóvenes, querían suplir en las escuelas públicas el estudio de la Biblia por el estudio de El origen... Como réplica, los científicos religiosos y los sacerdotes exigían lo contrario, el retiro de las ideas darwinistas de la educación. ¿Qué pensaba Darwin mismo?

La reina Victoria quería saberlo de sus propios labios.

La conversación ocurrió en 1882. Sus palabras exactas se han perdido, pero para reconstruirla se cuenta con las notas que una hija de Darwin tomó durante el encuentro, los párrafos donde Darwin en

su autobiografía se expresa de la ciencia o la religión y las anotaciones que la reina hizo al margen de esa misma biografía.

Y el asunto viene a cuento ahora que en México, 130 años después de esa conversación, resulta que está por reinstaurarse en las escuelas públicas y gratuitas la educación religiosa.

Eso ha sucedido así. Sigilosamente, pasando por abajo del radar de la atención pública, la Iglesia católica presentó el año pasado a la Cámara de Diputados la propuesta de integrar a la Constitución “el derecho a la libertad religiosa”. Sigilosamente, con una discreción de confabuladores, la inclusión de “la libertad religiosa” fue aprobada por 191 diputados de todos los partidos, incluyendo el partido mayor de la izquierda, el PRD, el 15 de diciembre, cuando los mexicanos nos preparábamos para partir a los destinos de nuestras vacaciones. Y sigilosamente de nuevo, mientras ocurre la veda de difusión de los candidatos presidenciables, en el Senado se prepara todo para que sea votada precisamente cuando estalle el ruido del arranque de la disputa electoral, y así la votación pase desapercibida.

Hay que anotarlo. La “libertad religiosa” es un término premeditadamente equívoco. En teoría concede a todas las religiones habidas el derecho a adoctrinar fuera de los templos, por ejemplo en los medios de comunicación y en las aulas del sistema de educación pública, pero traducida a la realidad implica que la Iglesia católica será su única beneficiaria. ¿Qué otra Iglesia puede en México colocar un sacerdote en cada escuela?

A menos que los senadores rechacen la enmienda constitucional, o incluyan en ella la exigencia de que cada alumno tenga la oferta real de estudiar religión con

A N Á L I SI S ERNESTO VILLANUEVA

un cura, un rabino, un maestro zen, un pastor protestante o un humanista ateo, en la práctica la así llamada “libertad religiosa” supondrá que cada niño podrá optar entre ser adoctrinados cada mañana por un cura o ser el único, o casi el único, del salón que salga al patio de recreo en la hora de la doctrina.

Pero regresando al asunto de la incompatibilidad de una educación científica y una educación religiosa, regreso a la conversación de la reina Victoria y Charles Darwin. Darwin estaba encamado, con molestias atroces, y sin embargo se preocupó de darle a la reina una respuesta detallada.

Le explicó que él mismo había vivido en su propio cuerpo la batalla entre el relato bíblico y el relato evolucionista. A los 25 años prometió al Dios de la Biblia dedicar su vida “a desentrañar las leyes de su Creación perfecta”. Fue con sorpresa y espanto que al avanzar en sus observaciones de la Naturaleza se le volvió evidente la ausencia de una creación y de un creador. Tardó 20 años en redactar el penúltimo borrador de El origen…, y cuando lo hizo agregó un párrafo loando al creador del universo, para apaciguar a ese Dios en el que ya no creía pero cuya ausencia le aterrorizaba. Siete años de más investigaciones y más remordimientos transcurrieron hasta que redactó el texto publicable, y entonces, el rigor científico le impidió cualquier mención de Dios.

Y es que hay algo más, murmuró Darwin. Hay quienes quieren creer que el abismo entre la religión bíblica y la ciencia puede salvarse con la buena disposición. Que se puede creer en lo que la Biblia dice los domingos y en lo que la nueva biología dice el resto de la semana. Hay quien quiere poder ser religioso con el lóbulo izquierdo del cerebro y científico con el lóbulo derecho. Bueno, posible sí es, pero mi historia es de alguien que lo intentó y descubrió que hacerlo implica renunciar a la coherencia intelectual.

La religión no sólo relata la vida de otra forma, sino con otro método. La religión exige al acólito actos de fe. La ciencia le exige observación. La religión le pide que tome por reales seres y eventos imaginarios –ángeles, arcángeles, demonios, vírgenes que dan a luz, muertos que resucitan, trasmutaciones del agua en vino–.

La ciencia le pide que destierre lo imaginario de sus explicaciones del mundo.

Es en esa distinción entre la educación religiosa y la educación científica que estaban pensando los legisladores mexicanos cuando en la Constitución de 1857 describieron a la educación deseable como “laica” y sentaron las bases para construir un sistema de escuelas públicas que le quitara a la Iglesia católica el monopolio de la docencia. Es en la misma distinción que los legisladores de 1946 pensaron cuando describieron en el artículo 3° de la Carta Magna a la ya operante educación pública como obligatoriamente “laica y científica”. Y es esta distinción la que los legisladores que actualmente están dispuestos a aprobar “el derecho a la libertad de religión” parecen desconocer, o quieren olvidar para amistarse con la Iglesia católica.

Imagínese ahora el lector la confusión que se avecina para los alumnos de primaria y secundaria de nuestro país si un cura, desde el mismo pizarrón donde aprenden biología contemporánea, les enseña de milagros, personas aladas, particiones súbitas del mar, y demás hechos imaginarios y no naturales. Imagínese el lector la esquizofrenia que se volverá parte del currículum educativo cuando un cura los examine sobre valores católicos como la abstención sexual excepto por motivos procreativos, el rechazo de la anticoncepción, el repudio a la diversidad sexual, la intolerancia ante otras religiones, mientras el programa de la Secretaría de Educación los entera de lo saludable de una vida sexuada y placentera, la oferta de métodos anticonceptivos, la diversidad ideológica y los derechos de las minorías.

La manera más sencilla de evitar tal esquizofrenia sería que los legisladores que se proponen agradar a la Iglesia aprobando la enmienda, se decidan de una vez también por tachar la palabra “científica” del artículo que versa sobre la educación pública. ¿Qué más da? Para estos laxos legisladores, no importa retroceder al siglo XVII, sino quedar bien hoy con el arzobispo de México, para que a su vez el arzobispo pueda recibir al Papa Benedicto XVI esta primavera con la buena nueva de que México se ha enganchado al vagón de la contrarreforma que recorre el continente. O

Jorge Carpizo vs. Anabel Hernández

E

ntre el ejercicio de la libertad de expresión y la protección de los derechos al honor, a la vida privada y a la propia imagen hay, con cierta frecuencia, una línea tenue que requiere un análisis caso por caso. Para saber qué derecho prevalece debe hacerse un estudio ponderando los derechos en pugna bajo un juicio de proporcionalidad.

Es lo que ahora sucederá con la demanda por daño moral que ha interpuesto, en días pasados, Jorge Carpizo (teniendo como abogada a la doctora Perla Gómez Gallardo, defensora reconocida de la libertad de expresión responsable) contra Anabel Hernández, autora de la obra Los señores del narco, editada por Random House Mondadori. El caso fue turnado al juez Sexagésimo Quinto de lo Civil, Julián Enríquez Escobedo, con el número de expediente 64/2012. Dicho litigio es importante porque podrá arrojar nuevas definiciones o confirmar las existentes por lo que hace a los criterios judiciales sobre los alcances y los límites de la libertad de expresión. Veamos por qué.

Primero. Nadie puede estar en contra del periodismo de investigación, que permite ensanchar el derecho a saber de los gobernados y a poner bajo el escrutinio público hechos que pueden constituir delitos o faltas a la ley.

Daniel Santoro, uno de los periodistas de investigación con mayor prestigio en el hemisferio, señala a sus colegas que “nuestro mejor arsenal serán las entrevistas grabadas, el chequeo de

datos en otras fuentes y los documentos. Así blindaremos la nota…” (Técnicas de investigación, FCE, México, 2004, página 124). Ese blindaje es fundamental para librarse de demandas civiles o denuncias penales, o bien, para enfrentar tales procesos judiciales con las pruebas en la mano. Lo peor que puede hacer uno es imputar la comisión de delitos a una persona sin asideros probatorios que eviten, por un lado, enfrentar procesos legales y, por otro, perder la credibilidad, que es el mayor capital de un periodista y/o de un medio de comunicación. Por supuesto, a mayores afirmaciones de que alguien actuó al margen de la ley, mayores datos probatorios deben mostrarse para no dejar aspectos que pongan en riesgo la calidad de la investigación.

Segundo. En el Distrito Federal existe desde 2006 la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, que protege los derechos citados y tiene la bondad de no ser penal; es decir, no incluye sanciones con penas privativas de la libertad, ni deja al criterio del juez establecer castigos de grandes sumas de dinero que podrían dejar al periodista en la calle. Lo que hace, eso sí, es fincar responsabilidades a través del mismo instrumento mediante el cual se hubieran lesionado algunos de los derechos de la personalidad: los medios de comunicación.

En su obra, Los señores del narco, Anabel Hernández realiza una compleja investigación sobre las relaciones entre

el narco, los políticos y los empresarios.

Hay, en efecto, porciones de la obra documentadas, pero otras carecen de fuentes, lo cual nunca es aconsejable, menos aún cuando se trata de un tema tan delicado.

En su obra, Anabel formula, en esencia, tres imputaciones que podrían caber en lo que la ley en cuestión llama “insinuaciones insidiosas”. Así, por ejemplo, afirma que con motivo de la captura de Joaquín Guzmán Loera se distribuyó la suma de un millón de dólares de recompensa, de los cuales fueron repartidos 600 mil dólares. “Sin embargo –asegura Anabel–, nadie sabe qué pasó con los otros 400 mil dólares de la recompensa.

Hay quienes insinúan que Jorge Carpizo se los quedó” (páginas 45 y 46). Es de llamar la atención que una periodista con amplia experiencia como Anabel Hernández no hubiera revisado el boletín 269/93 de la PGR, del 1 de julio de 1993, titulado Pagos de la recompensa ofrecida por la captura de Joaquín Guzmán Loera, en el cual se detalla el destino de todos los recursos erogados.

Tercero. En la obra referida, la periodista formula dos afirmaciones más que buscan involucrar al exrector de la UNAM en actos violatorios de la ley. En ambos casos, Carpizo refuta las afirmaciones que lo denuestan, con documentos oficiales hechos públicos en su momento y que actualmente obran en la biblioteca de la propia Procuraduría General de la República. Es de esperar que Anabel Hernández explique a las autoridades judiciales cómo pudo llegar a

elementos de convicción sin haber contrastado sus datos con lo que tuviera que decir en su descargo el afectado, Jorge Carpizo, quien podría haberle proporcionado la orientación necesaria y/o los documentos oficiales que sustentaran sus dichos. Estos documentos forman parte de los anexos y copias certificadas de esta demanda.

La práctica de contrastar fuentes no es una ocurrencia mía. Está prevista como un deber en todo código de ética periodística. Así, por ejemplo, el Código Ético de la Federación de Asociaciones Periodísticas de España dispone que: “13. El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado. En consecuencia: a) Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber de contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos”.

Habrá que ver con qué pruebas de sus dichos cuenta Anabel Hernández y por qué no fueron citadas en su obra. Será, por supuesto, la autoridad judicial la que tenga la última palabra. O Evillaneva99@yahoo.com Twitter: @evillanuevamx Blog: www.ernestovillanueva.blogspot.com

A N Á L I SI S M A RTA L A M A S

AXEL DIDRIKSSON

Por la rehabilitación de policías L

a fuga de El Coqueto (el violador y asesino serial de siete mujeres) y los tres policías que supuestamente lo custodiaban ha desatado todo tipo de exigencias, desde quienes piden la renuncia del procurador del Estado de México hasta quienes proponen cadena perpetua para los policías, si es que los encuentran. “Hay que tener mano dura y poner el ejemplo a los demás policías”, me dice un abogado. Cuando inquiero si existe la posibilidad de que, cuando los detengan, los inscriban en algún programa de rehabilitación, recibo como respuesta una mirada estupefacta y una carcajada. “¿Rehabilitarlos?... ¡Ja, ja, ja!...”.

Mucho hay que comentar sobre el caso, pero me intriga qué provocó la fuga de esos tres policías, ¿negligencia o corrupción? No tengo elementos para desentrañar el sentido de su desaparición, pero considero que su acto muestra cómo ellos mismos se han aplicado violencia al quedarse sin trabajo y ponerse en la mira de la justicia. ¿Cómo interpretar esto?

Leticia Cufré, una psicoanalista y politóloga que trabaja en el Centro de Estudios de la Cultura de la Universidad Veracruzana, y que investiga las relaciones de sentido entre violencia y subjetividad, encuentra que “con frecuencia se describe la violencia como un fenómeno emergente que desorganiza desde el “afuera a una situación previa más o menos estable.” Ella propone invertir esta perspectiva y visualizar la violencia “como parte de la producción social de subjetividad, o sea, verla como una fuerza organizadora” que surge también desde “dentro” de nosotros.

Su perspectiva me sirve, no para bucear en la subjetividad de estos policías sino para tratar de ubicar el sentido de su conducta con una visión más amplia, que abarque el campo social en que están situados. ¿Cuáles son los usos y costumbres de la policía en México? ¿Cuál es la relación entre las prácticas de estos tres sujetos y la institución a la que pertenecen? ¿Qué tipo de capacitación se les dio, qué controles de confiabilidad tienen, cuáles son las condiciones de trabajo y la carga laboral? Es más que probable que sus

actitudes –corruptas o irresponsables– simplemente reflejen formas de funcionamiento que existen desde hace años dentro de su corporación. La cultura de la discriminación, la impunidad y la corrupción está en todos los niveles del sector, con independencia de las denominaciones políticas de quienes gobiernan.

A mí me inquieta el destino de esos tres policías. Sin quitarles un ápice de la responsabilidad que tienen, se me dificulta verlos como los únicos responsables de lo ocurrido. Los comentarios de varias personas en el sentido de que hay que “dejar caer sobre ellos todo el peso de la ley” me remiten a lo que hace tiempo acertadamente dijo Ana Laura Magaloni: “El miedo y el deseo de venganza no pueden seguir siendo los ejes rectores del discurso ciudadano en torno a la criminalidad y las políticas para combatirla.” ¿Qué significa fincarles sólo a ellos la responsabilidad de la fuga del asesino serial? Significa usarlos de tapadera como “chivos expiatorios” de una problemática mucho más compleja y preocupante.

Que nuestro país requiere serias reformas judiciales y de seguridad es un hecho

más que sabido. Y también lo es el que estas reformas parciales están entrelazadas con una reforma del Estado y con el fortalecimiento del estado de derecho.

Lo que no parece estar tan claro es que dentro del indispensable proceso de profesionalización de los policías también debería estar incluida la rehabilitación de quienes transgreden el código de conducta de su función social.

La “rehabilitación” no sólo consiste en volver a habilitar a alguien para un puesto sino que también supone “restituir a su estado anterior a alguien”. ¿A su estado de ser humano decente?

En vez de recurrir a la fácil y riesgosa medida de despedir al personal que falla o es corrompido, resulta imprescindible mantener bajo vigilancia a los agentes, pero con un programa individualizado de rehabilitación.

No se ven alternativas claras para abordar el proceso de deterioro social que estamos viviendo, donde las aguas negras de la corrupción de judiciales y policías nos están llegando al cuello.

Años de impunidad y desinterés han criado y fortalecido prácticas nefastas en quienes deberían velar por nuestra seguridad. Despedir sin más a este personal es enviarlo a engrosar las filas de la delincuencia organizada, y su “castigo” se revierte negativamente en la ciudadanía.

En cambio, un tratamiento de “rehabilitación” podría evitar que más expolicías engrosen el mundo de la criminalidad.

Claro que una política de “rehabilitación”, que apunta a algo sumamente difícil – cambiar conciencias– es compleja y requiere de una sólida inversión económica.

Pero a la larga es más costoso (económica y socialmente) endurecer penas o construir más cárceles.

Hay que saber a qué se le tira, y creo que si un objetivo es fortalecer el tejido social, no se puede dejar fuera a los policías. Una gran cantidad de acciones humanas sólo son posibles en la medida en que las personas involucradas se constituyen como parte de un “nosotros”. Tenemos que hacer que los policías sepan muy bien que ellos son parte del “nosotros” de la ciudadanía y no del “nosotros” del crimen organizado. O

La verdadera reforma educativa A

punto de entrar en escena los equipos de campaña, los candidatos, los manejadores de imagen, la publicidad que abarrota las calles, las numerosas entrevistas y todo lo demás en lo que será una de las más complicadas sucesiones presidenciales del país, vale la pena concentrarse en las propuestas y en las más ingentes prioridades nacionales, como la seguridad, la energía y la educación.

Por lo que se refiere al tema educativo, lo que se ha conocido en los primeros discursos de los candidatos a la Presidencia de la República no anuncia la superación de las terribles y costosas condiciones de atraso y desigualdad que padecen millones de niños y jóvenes mexicanos. Hace falta ir más allá y proponerse organizar e impulsar un gran acuerdo social para la transformación del conjunto del sistema educativo, lo cual no será posible si lo encabezan quienes han llevado la educación al peor nivel conocido en la historia nacional.

La necesidad de transformar el sistema educativo implica mucho más que evaluaciones al magisterio o a los alumnos y parches en la currícula, y poco tiene que ver con la reproducción de las componendas entre el SNTE y la burocracia de la SEP para manejar los recursos y las políticas públicas en su provecho. La transformación de la educación debe incidir en los ejes organizativos que garanticen el pleno derecho a la educación y al aprendizaje, superando la irracionalidad con la que se ha manejado la política pública

en el sector, a la que el Estado no ha dado la alta prioridad que reclama. Algunas propuestas al respecto podrían ser las siguientes.

Primera. Para hacer frente a la marginación de grandes sectores de la población, tanto de los grupos de escolarización como de la población adulta, en donde se ubican los segmentos de rezago, reprobación y abandono educativos, se debe sustentar una política sostenida y gradual de ampliación de la cobertura para alcanzar plenas tasas de universalización por cada nivel educativo, verificables año con año, así como conseguir una reducción drástica de la deserción escolar y de la desescolarización de la población de 15 años y más.

Segunda. Es indispensable modificar de forma radical el paradigma tradicional a través del cual se organiza el actual proceso de enseñanza-aprendizaje (de manera especial el equivocado “enfoque por competencias”), para impulsar un currículum alternativo que tenga como objetivo el desarrollo integral de la persona como un ciudadano crítico, activo y culto, con formaciones que articulen conocimientos culturales, humanísticos, históricos, científicos y tecnológicos.

Tercero. Es preciso mejorar sustancialmente las condiciones de sanidad, la potabilidad del agua, la alimentación de los estudiantes, el mobiliario escolar, los espacios para la recreación y el deporte, las bibliotecas y aulas de cómputo, a la vez que se impulsan el diseño y la construcción de edificios que configuren la planta física de la nueva escuela mexicana.

Cuarta. Se impone igualmente la tarea de cambiar de raíz el actual modelo de formación normalista, para centrarlo en los nuevos paradigmas del quehacer docente centrado en el estudiante, y formar a docentes-investigadores que tengan mejores condiciones de trabajo y de reconocimiento social. Es preciso suspender las pruebas que se aplican al magisterio porque por sí mismas no permiten transformar su desempeño, y sustituirlas por una verdadera evaluación del profesor en sus actividades académico-curriculares.

Quinta. Es un imperativo realizar una reforma orgánica, legislativa y política de la SEP, de manera que puedan trasladarse sus funciones a los sitios en donde se organiza la escolaridad real, que se impulse la innovación académica en las escuelas y que se den las condiciones para la regulación y participación de la comunidad cercana en la toma de decisiones sobre los recursos, la calidad de la enseñanza y la elección de directores de plantel y de los supervisores, al punto de que pueda ser factible la ciudadanización de la educación. Esta reforma procurará establecer los criterios para ser secretario de Educación (no más improvisados y mediocres) y funcionario de una nueva SEP, evitando la reproducción de la relación del sindicato dentro de esta dependencia federal en lo que se refiere a la definición y orientación de la política pública. El sindicato debe velar por los intereses de sus agremiados, pero no dirigir una educación que debe ser ejercida por los ciudadanos, los actores del proceso y las autoridades. O

E N SAYO

Transparencia y rendición de cuentas

México:

¿Estado corrupto?

(II y última)

En la segunda y última parte del ensayo escrito en exclusiva para Proceso, Arturo González de Aragón hace un recuento de las desgracias y calamidades que la opacidad y la deshonestidad han dejado en México: los casos del Fobaproa y la Estela de Luz, las tragedias del Casino Royale y de la guardería ABC... El extitular de la Auditoría Superior de la Federación propone que la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización superior queden asentadas constitucionalmente para evitar en lo sucesivo la desmesura enfermiza de quienes detentan el poder.

ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O. *

M

éxico es un país que tiene una ciudadanía con profundos valores éticos y morales: Es una sociedad trabajadora y esforzada, pues según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) somos el pueblo más trabajador entre los miembros de la misma: Laboramos en promedio casi 10 horas al día (595 minutos) en tanto que los alemanes son los que menos trabajan –siete horas diarias– pero son los que más valor crean.

México está haciendo esfuerzos para combatir la opacidad, pero no son suficientes. El pasado 20 de septiembre el país firmó junto con Estados Unidos, Brasil, Noruega, el Reino Unido, Sudáfrica, Indonesia y Filipinas, la Alianza para el Gobierno Abierto con el fin de promover la transparencia y combatir la corrupción. Las naciones firmantes deben presentar un plan de acción con compromisos a desarrollar en 2012. México asumirá cuatro compromisos: aumentar la integridad pública, hacer eficiente el manejo de recursos públicos, incrementar la rendición de cuentas y mejorar los servicios públicos.

La realidad insiste en negar los compromisos que asume el gobierno federal. En el seminario organizado el mes pasado por el

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Red por la Rendición de Cuentas y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se invitó a los partidos políticos a comprometerse con la rendición de cuentas, como actores indispensables para robustecer las normas en la materia. Se pidió a sus dirigentes proponer formas de rendición de cuentas también en la VIII Semana Nacional de Transparencia celebrada del 7 al 9 de septiembre pasado.

La mayoría de los dirigentes no asistieron a la mesa programada.

En casa del herrero, azadón de palo. Pareciera increíble, pero en el palacio de la transparencia, el IFAI, las sesiones del consejo son privadas. Por un principio elemental de congruencia todas las sesiones del pleno de ese instituto y todos los recursos de revisión deberían ser públicos. Se debe predicar con el ejemplo.

En materia de elecciones uno de los delitos mas preocupantes que se está presentando y del cual no se conoce su verdadera dimensión es el denominado turismo electoral, que consiste en trasladar personas de otras entidades federativas al lugar en el que se llevan a cabo comicios.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en las elecciones de 2010 se detectaron casos de traslado masivo de personas de Morelos y San Luis Potosí a Veracruz, con credenciales de elector con domicilios falsos, para votar y alterar los re-

sultados. Casos similares se han detectado en Chihuahua, el Estado de México, Hidalgo y Tabasco.

El fenómeno de turismo electoral no se tiene cuantificado y ha tomado dimensiones masivas en los últimos comicios, pues se altera de forma ilícita el Registro Federal de Electores, lo que lo convierte en un delito muy grave. Este es otro de los casos en los que la falta de transparencia afecta seriamente el estado de derecho en el país.

Por otra parte, en materia gubernamental, no disponer de una contabilidad patrimonial ha generado que no se cuente con registros del patrimonio nacional, con inventarios integrales del mismo ni mecanismos apropiados para su control y preservación, propiciando prácticas corruptas que implican un elevado riesgo de la desaparición de los activos.

No llevar registro, control y resguardo de los activos adquiridos en los tres niveles de gobierno ha provocado en muchos casos que al término de cada administración se pierdan los bienes patrimoniales, debido al abuso de muchos servidores públicos deshonestos. Cuántas veces hemos visto que al terminar las gestiones de gobierno desaparecen inmuebles, muebles, archivos, computadoras, vehículos, obras de arte y tantos y tantos bienes que forman parte del patrimonio de todos los mexicanos.

Con el apoyo de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, el 31 de diciembre de 2008 se aprobó finalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en vigor a partir del 1 de enero de 2009, obligatoria para los tres niveles de gobierno y con efectos plenos para 2012.

La aprobación de esta ley hará posible la integración de las operaciones y su inclusión uniforme a la cuenta pública, cubrirá requerimientos de información transparente a los ciudadanos y hará viable la preservación del patrimonio público y el proceso de fiscalización superior.

Faltan sanciones Muchos de los males que acontecen en el país ahora los conocemos gracias a la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización que llevan al cabo el IFE, el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la sociedad civil. Antes no sabíamos nada.

Para el fortalecimiento de la transparencia en México, que signifique un salto cualitativo en el acceso a la información y en la rendición de cuentas, es necesario establecer el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del IFAI, dotarlo de capacidades de sanción, otorgarle autonomía constitucional, ampliar su cobertura en la materia para toda la administración pública federal y a toda persona física o moral que reciba recursos públicos, así como establecer que las sesiones del consejo del IFAI sean públicas.

En materia de transparencia existe la convicción de que la rendición de cuentas es un motor de cambio, un revulsivo en la relación entre la sociedad y la gestión pública, pues de lo contrario las actitudes regresivas y la tentación de ejercer presiones veladas o abiertas siempre estarán presentes y pueden afectar los avances alcanzados.

El IFAI afirma que la falta de transparencia en nuestro país no es casual, es intencional, ya que se han generado obligaciones de transparencia sin consecuencias para los incumplidos.

Los obstáculos en contra del acceso a la información son, en muchos casos, infranqueables, sobre todo en estados y municipios. La falta de sanción para los servidores públicos que incumplen con su obligación genera la sensación de cinismo.

De acuerdo con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el estado de derecho y la democracia son las bases esenciales para una auditoría pública independiente y responsable. La independencia, la rendición de cuentas

y la transparencia son condiciones de una democracia basada en el estado de derecho.

La rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales para el buen gobierno. La transparencia es una fuerza poderosa que, cuando se aplica de manera coherente, puede ayudar a combatir la corrupción, mejorar el gobierno y promover la obligación de rendir cuentas. La rendición de cuentas y la transparencia son inseparables, y de su calidad y contenido depende en buena medida la fiscalización.

Por medio de la transparencia y la rendición de cuentas conocemos los programas de gobierno y la sociedad ejerce su derecho de escrutinio y evaluación del desempeño de los servidores públicos y de sus resultados. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser reflejo de una responsabilidad social con los ciudadanos y ser ajenas a la manipulación, la opacidad, las componendas, las consignas y las complacencias.

Recuento de oprobios Gracias a la transparencia, al derecho de acceso a la información, a la fiscalización superior y a las denuncias ciudadanas conocimos, entre otros, los casos siguientes: 1. El robo a la nación por el Fobaproa, Amigos de Fox y el Pemexgate en dos ocasiones, por la complicidad y corrupción de funcionarios públicos; 2. La muerte de los niños de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, por la negligencia, complacencia y corrupción de servidores públicos; 3. La pérdida constante del patrimonio público en todo momento y en todos los rincones del país, por la falta de una contabilidad patrimonial; 4. El uso inadecuado de ingresos excedentes obtenidos por el aumento de los precios del petróleo, por la falta de visión y la carencia de proyectos; 5. La opacidad, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas del Poder Legislativo por falta de voluntad política y el abuso de facultades en el uso de recursos públicos; 6. El crecimiento desmedido de los gastos de comunicación en el Poder Ejecutivo, ya que según el CIDE hasta 2010 se ha gastado 28% más de lo autorizado por la Cámara de Diputados; 7. El escaso cumplimiento de la transparencia y la rendición de cuentas de estados y municipios sobre los cuantiosos recursos federales que reciben y el desmedido endeudamiento contraído, que afecta seriamente las finanzas de futuras administraciones y el desarrollo de las generaciones por venir, por el manejo mafioso de los asuntos públicos; 8. El poder del crimen organizado y la delincuencia que han azotado al país y han provocado más de 45 mil muertes en cinco años, afectando la paz social y la garantía de seguridad que debe proporcionar el Estado; 9. La casi nula prevalencia de la ley y del Estado de derecho por la enorme corrupción de policías, ministerios públicos y jueces que venden la aplicación de la justicia en subasta al mejor postor, haciendo que la impunidad sea la constante en el país, pues sólo son castigados entre uno y dos de cada 100 delitos denunciados; 10. Los partidos políticos que manipularon la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación a su conveniencia para no rendir cuentas y ser fiscalizados por los cuantiosos recursos públicos que reciben y manejan; 11. El contubernio y la corrupción entre servidores públicos y crimen organizado en los casos de casinos y casas de apuestas, que provocaron la muerte de 53 personas en el Casino Royale de Monterrey; 12. La falta de transparencia y rendición de cuentas sobre denuncias ciudadanas en las instancias públicas y en los medios de comunicación, sobre extorsiones de servidores públi-

Eduardo Miranda

E N SAYO

Congreso de la Unión. Por la opacidad

cos a los gasolineros para prevenirlos ante posibles intervenciones de las autoridades, caso en el que pareciera han callado a los denunciantes; 13. La mala calidad de la educación en México, que se hizo patente con las evaluaciones aplicadas en la prueba ENLACE por el gobierno mexicano, y por el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), aplicado por la OCDE, con resultados decepcionantes que explican en gran medida el atraso del país y lo ubican entre las naciones menos preparadas de los países líderes de las mayores economías del mundo; 14. La construcción de la Estela de Luz para conmemorar el bicentenario de nuestra Independencia, convertido en una hemorragia de opacidad, corrupción, impunidad e ineptitud para cumplir los objetivos establecidos. En lugar de un monumento al Bicentenario resultó ser un monumento a la corrupción; 15. Gracias al proyecto de Presupuesto de Egresos 2012 conocimos que cada uno de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán garantizados 5.9 millones de pesos en percepciones y prestaciones, por arriba de lo que recibe el Presidente de la República; y 16. Los partidos políticos, que en ciertos casos protegen a delincuentes y se convierten en escuela de capacitación intensiva de delitos electorales. Personajes conocidos denunciados públicamente lo acreditan con suficiencia.

Ante las actitudes retrógradas que apuestan a debilitar la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización en el país y que atentan en contra de nuestra débil democracia, se requiere del fortalecimiento de las instituciones responsables y de los instrumentos y mecanismos existentes en estas materias. Para ello es necesario reflexionar en una serie de decisiones que hagan posible su consolidación y que se refieren a lo siguiente: 1. Cambiar el diseño institucional para asegurar la desaparición de la impunidad, que tanto afecta a la prevalencia de la ley y del estado de derecho y que alimenta la creciente corrupción que vivimos; 2. Fortalecer la independencia del IFE, el IFAI, la ASF, la CNDH y los órganos reguladores de distintas materias, a través del otorgamiento de la autonomía constitucional requerida para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades; 3. Otorgar y/o fortalecer facultades de sanción a las instituciones responsables de hacer cumplir las leyes en materia electoral, de acceso a la información pública gubernamental, de fiscalización superior y de derechos humanos, así como de otras especialidades como competencia, comunicaciones, administración tributaria, protección al consumidor y usuarios de servicios financieros; 4. En la elección y/o designación de los titulares de las instituciones responsables de cumplir y hacer cumplir las obligacio-

nes en las materias antes descritas, propiciar la participación de representantes de la academia, las universidades, los investigadores y la sociedad civil, que aseguren privilegiar los perfiles profesionales y los méritos requeridos; 5. Evitar la intromisión de los partidos políticos en las designaciones de los titulares de las instituciones autónomas, para acabar con el cuotismo y el cuatismo de sus particulares intereses, que terminan cobrando facturas a los elegidos por el apoyo otorgado, convirtiéndolos en verdaderas marionetas; 6. Reflexionar, en cada caso, sobre la conveniencia de que las resoluciones de las instituciones autónomas sean inatacables; 7. Hacer públicas las sesiones y resoluciones de las instituciones autónomas que cuenten con órganos colegiados, para favorecer la transparencia y conocer las posiciones que favorezcan y/o afecten el interés superior de la sociedad; 8. Como exigencia de la sociedad, reducir a la mitad los recursos públicos que se destinan a procesos electorales, incluyendo a partidos políticos, institutos y tribunales electorales y fiscalías especializadas, buscando fórmulas de cálculo que limiten este enorme despilfarro de dinero público; 9. Modificar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, eliminando la excepción que existe para que los partidos políticos sean fiscalizados por la ASF. En 2009, esta excepción fue incluida en lo oscurito el día anterior a su aprobación, por los representantes de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados; 10. Establecer observatorios ciudadanos que representen los intereses de la sociedad para vigilar el comportamiento, la actuación y los resultados de las instituciones públicas, evaluando su desempeño y las desviaciones detectadas, haciéndolo del conocimiento de la opinión pública; 11. Exigir a los gobernantes y a los partidos políticos tomar las medidas necesarias para acabar con todos los monopolios públicos, privados y sociales existentes, que han representado un enorme obstáculo para hacer más competitivo al país, afectando el desarrollo económico de México y de los ciudadanos; 12. Exigir a los partidos políticos y candidatos a la Presidencia de la República proyectos de gobierno con visión de Estado y los compromisos que pretenden cumplir suscritos ante notario público, para su evaluación y seguimiento por parte de las instituciones responsables y de las organizaciones de la sociedad, haciendo públicos los resultados; 13. Establecer fórmulas que hagan posible la gobernabilidad, para evitar la parálisis política que hemos vivido en la últimas administraciones y que tanto han afectado el crecimiento y el desarrollo económico del país; y por último, 14. Alcanzar un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas y de los poderes fácticos, que privilegie sobre cualquier

cosa el interés superior de la nación, estableciendo consecuencias severas para los responsables de los incumplimientos, con el fin de asegurar con una visión de largo plazo la atención de los grandes problemas nacionales.

Conclusiones Hay un postulado supremo en las democracias que no admite discusión: El pueblo manda, el mandatario obedece, rinde cuentas y se somete al escrutinio de la sociedad.

En México cada vez tenemos más información de los programas y las acciones de gobierno, pero cada vez tenemos también menos rendición de cuentas, pues la detección de conductas indebidas de los hombres públicos casi nunca tiene consecuencias. Vivimos casi en la total impunidad. En lugar de castigarlos se les encubre, justifica, protege, solapa o ampara y en el peor de los absurdos se les premia. La complicidad y el intercambio de complacencias alimentan la corrupción y la impunidad que nos hacen parecer un país de cínicos. Nuestro estado de derecho es una verdadera caricatura.

Existen muchos políticos que al alcanzar el poder desarrollan el llamado Síndrome de Hybris. Éste era usado por los griegos para referirse al héroe que al alcanzar la victoria se embriagaba de poder y se veía como un Dios capaz de realizar cualquier cosa.

Este síndrome puede afectar los procesos de gobierno y la toma de decisiones de los dirigentes, engendrando locura en el sentido de estupidez, obstinación o irreflexión. Una característica de la hybris es la incapacidad para cambiar de rumbo o dirección, porque ello representaría reconocer un error. El autismo y la soberbia, en muchas ocasiones, devienen en un gran fracaso y en un enorme daño para los gobernados.

La ineficiencia, la corrupción y el abuso de poder de los gobernantes los hace incapaces de representar a la sociedad. El hartazgo social y la indignación ciudadana se manifiestan cada vez con mayor fuerza. Los gobernantes no pueden continuar con su autismo. La capacidad de escuchar y atender las legítimas demandas de la sociedad es una de sus obligaciones. La nuestra como ciudadanos implica exigir, denunciar, participar y ser corresponsables de construir un mejor país en beneficio de todos.

La posibilidad de llamar a cuentas a los gobernantes es una de las condiciones necesarias de la democracia. Toda democracia debe contar con la posibilidad institucional de obligar a los hombres públicos a rendir cuentas a la sociedad. La rendición de cuentas debe ser pública, porque públicos son los recursos que se manejan y pertenecen a todos los mexicanos.

Los gobiernos que no aceptan rendir cuentas para ser fiscalizados, los que rechazan la transparencia y la medición de resultados tienden a ser gobiernos antidemocráticos con altos niveles de corrupción.

La transparencia ha sido siempre una virtud de los hombres honestos y actualmente se ha convertido, al igual que la rendición de cuentas, en eje fundamental de la democracia y en aspiración de la reforma del Estado.

La exigencia contemporánea de transparencia tiene raíces profundas en el espíritu humano. Su reclamo se finca en la búsqueda de la verdad sobre los asuntos que son de interés público.

“Un pueblo sin visión no prevalece”, dice la Biblia.

En la actualidad la mayoría de los que se dicen políticos sufren por su falta de visión, inmersos en las emergencias y el cortoplacismo, que obnubilan su pensamiento y propician que actúen sin la ética política y la moral pública requeridas; con la perversidad intencional de no permitir el triunfo de los adversarios políticos, sin importar que para ello se sacrifique el interés general de la nación.

Las añagazas de su conducta son la constante en su diario actuar.

El servicio público debe ofrecer al ciudadano un rostro sin máscara, un rostro que no se oculte y muestre el sentido más amplio de su desempeño y de su compromiso con los más altos valores de la patria. Para lograrlo, gobierno y sociedad deben darse cuenta de que los verdaderos cambios no están solamente en las leyes, sino también en las conciencias de todos los mexicanos.

Creemos firmemente que el imperio de la ley y la prevalencia del estado de derecho deben estar siempre presentes como premisa ineludible de cualquier acción de gobierno. El intercambio de complacencias debe ser erradicado de toda acción política. Los órganos autónomos no deben actuar como fábrica de indulgencias plenarias.

El ejercicio profesional del poder implica no sólo la premisa de que quienes participan en la actividad pública asuman las consecuencias jurídicas de sus actos, sino que al mismo tiempo rijan su actuación con base en valores éticos y morales, mirando siempre el interés superior de la nación.

Por todo ello resulta indispensable que las bases universales de la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización superior queden asentadas en nuestra Carta Magna, estableciendo el principio general de su observancia, con excepción de la reserva de asuntos de seguridad nacional y datos personales.

Siempre he afirmado lo siguiente: “No hay peor pecado que hacer mal uso de los recursos que pertenecen al pueblo. Las conductas que se valen de trampas para aprovecharse de las ventajas que proporcionan los cargos públicos, merecen la peor condena de la sociedad y por ende el más severo de los castigos”.

Para terminar, recordemos en todo tiempo y en todo lugar las sabias palabras del gran poeta y político cubano José Martí, hombre universal, quien señalaba: “Sólo la moralidad de los individuos conserva el esplendor de las naciones”. * Auditor superior de la Federación de 2002 a 2009.