PROCESO 1840: TAMAULIPAS Ejército y Marina cobijan a El Coss

LA G UER RA DE CA LDE R Ó N Fracturado a partir de la caída de Ezequiel Cárdenas Guillén el 5 de noviembre de 2010 y las subsecuentes ejecuciones de sus seguidores, el cártel del Golfo se dividió en dos fracciones: la de Los Rojos, fieles a la familia Cárdenas, y la de Los Metros, controlados por José Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, quien hoy se erige como el principal jefe de esa organización criminal. Buscado por la justicia de Estados Unidos, apodado El Judas por sus rivales, es uno de esos sigilosos capos que saben escabullirse a toda clase de fuerzas de seguridad... bajo el presunto cobijo de la Marina y el Ejército.

Marina. El operativo contra “Tony Tormenta” en 2010

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

El pacto de “El Coss”

S

igiloso, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, ha logrado mantenerse lejos de la “guerra al narcotráfico” de Felipe Calderón y, asentado en Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, ve cómo se derrumba el clan de los Cárdenas Guillén.

Traiciones y batallas internas acendradas durante el año pasado en el cártel del Golfo (CDG) le han dejado poco a poco el control del grupo que ahora mantiene una alianza con Joaquín El Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa.

Informes de inteligencia de México aportados a este semanario por una fuente a la que se le otorga el beneficio del anonimato por razones de seguridad, y el reporte de la firma estadunidense Stratfor publicado apenas el martes 24 de enero, dan cuenta del fortalecimiento de Costilla Sánchez en su papel de líder del CDG como resultado de la embestida del gobierno de Calderón contra los Cárdenas Guillén. Pero advierten que la disputa no ha terminado.

Sus antiguos aliados acusan a El Coss de traición y de haber entregado a la Marina y al Ejército a los principales miembros y colaboradores de la familia que convirtió al cártel del Golfo en una de las principales organizaciones delictivas del país; logro en el que tuvo un papel crucial la incorporación como brazo armado de desertores de élite del Ejército que dieron vida a Los Zetas.

“Ha comprado la protección del gobierno federal y ha puesto a los Cárdenas Guillén y sus más cercanos colaboradores con la Marina”, asegura la fuente.

En varios encuentros con el reportero, explicó que con la caída de Osiel Cárdenas Guillén –detenido en 2003 y extraditado

cuatro años más tarde–, el liderazgo del CDG recayó en su hermano Antonio Ezequiel, Tony Tormenta, apoyado por Samuel Flores Borrego, El Metro 3, como segundo en la estructura delictiva y quien se quedó como “jefe de plaza” en Reynosa. En ese esquema, aunque era hombre de confianza de los Cárdenas quedó tercero en el escalafón.

“El Coss traicionó a los Cárdenas Guillén y al Metro 3 con el fin de adueñarse del CDG. Pactó con mandos de la Marina y el Ejército a cambio de que no lo toquen y dejarles, como recompensa, casas con mucha lana”, dice. Y advierte que “viene una guerra” por el control de los territorios del CDG. Costilla Sánchez, quien desde 2008 enfrenta dos procesos penales por narcotráfico en Estados Unidos bajo los alias del Coss, Doble X o Doble Equis, es ahora identificado por sus antiguos aliados como El Judas.

De acuerdo con la versión del testigo, el conflicto comenzó en 2010, cuando Costilla Sánchez buscó un arreglo con Nazario El Chayo González, entonces jefe de La Familia Michoacana. El Coss mandó a su cuñado, Ezequiel Campos Ramos, El Chacho, y a su sobrino, El Pato Campos, a realizar la negociación.

El pacto consistió en que El Chayo –quien fue ejecutado por la Marina en diciembre de ese año en Apatzingán– mandara sicarios a Reynosa a combatir a Los Zetas a cambio de permitirle a La Familia Michoacana el paso de droga por la carretera conocida como la Ribereña. Tony Tormenta y El Metro 3 estuvieron en desacuerdo.

La Ribereña es fundamental en el trasiego de drogas en el noreste de México.

Conecta a Reynosa con Nuevo Laredo, a la entrada de Texas, y facilita la movilidad

hacia el sur y centro de México. Las comunidades que rodean a municipios como Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Camargo, en el trazo de la Ribereña, se han convertido en enclaves de la delincuencia organizada; en particular la zona conocida como Brecha de Lucio, cerca de Díaz Ordaz, camino a Monterrey.

“Metros” y “Rojos” El desencuentro entre Tony Tormenta y El Coss devino confrontación. Las principales bajas han sido del lado de los Cárdenas Guillén y su entorno. La información entregada al gobierno de Calderón detalla la manera en que Costilla Sánchez se ha fortalecido dentro de la organización delictiva: cuenta con más de mil sicarios y halcones –conocidos como Deltas y Oriones–, jefes operativos que se identifican como R1, R2, R3, etcétera, y jefes de plaza que se nombran Los Metros.

Ha traído hombres de Petén, Alta Verapaz y Cobán, Guatemala, que le sirven de sicarios y cocineros para desaparecer contrarios. Pero sobre todo, indica, cuenta con la colaboración de las Fuerzas Armadas, en especial la Marina, para deshacerse de los Cárdenas Guillén.

En uno de los encuentros, el testigo refirió que en agosto pasado El Coss habría entregado 30 millones de pesos, el equivalente a un mes de pago a su estructura criminal, para que la Marina y el Ejército hicieran recorridos simulados y sus tropas evitaran pasar por los sitios donde se cruza la droga al otro lado del Río Bravo.

Según esta versión, el supuesto pago fue también para que se informara al Coss sobre los operativos de soldados y marinos para evitar que sus hombres se topa-

Benjamín Flores

ran con ellos. Cuando se hizo ese pago, añade el testigo, por los aparatos de radiotelecomunicación que provee la propia organización se escuchaba la inconformidad de los sicarios porque ese mes no recibieron su pago. Como consecuencia, se incrementaron los asaltos y levantones en la región.

Pagos de ese tipo permiten al capo moverse por Matamoros sin que nadie le haga nada, según la información aportada por el testigo. En esa ciudad, El Coss fue policía ministerial (Proceso 1768).

La misma versión indica que Costilla Sánchez “fue quien puso” a Tony Tormenta con las fuerzas especiales de la Infantería de Marina, en noviembre de 2010. En Tamaulipas, esa fuerza opera como personal civil bajo el mando de un capitán al que la información identifica como Talamantes o Sierra. En un operativo, estos elementos son los primeros en entrar, seguidos de los marinos uniformados.

Según esa versión, la Marina no actuó sola en la operación en la que murió Tony Tormenta. Junto con sicarios del Coss, los infantes de Marina atacaron la casa del entonces líder en Matamoros. El enfrentamiento duró varias horas. Precisa que uno de los escoltas de Ezequiel Cárdenas, Antonio Fuentes, El Tyson, fue detenido vivo y apareció asfixiado y con cuatro tiros, como si hubiera caído en el enfrentamiento.

“Después vino el botín por parte de la Marina y los sicarios de Costilla Sánchez”.

Detalla que un sobrino de Chacho Campos, el expolicía León Campos, presumió que ese día se quedó con dos escorpiones de diamantes que habían sido de Tony Tormenta. Tres días antes de la ejecución de Tony Tormenta, cayó en manos de Talamantes o Sierra otro colaborador de Ezequiel identificado como El 5.

Reuters

LA G UER R A DE CA LDE R Ó N

“El Junior”. Detenido en 2011

Casi un año después, el 3 de septiembre de 2011, fue asesinado El Metro 3, el segundo al mando después de Tony Tormenta y “jefe de plaza” del CDG en Reynosa. El Ejército y la PGR informaron que “se encontraron” el cuerpo de Samuel Flores Borrego en el kilómetro 21 de la carretera ReynosaMonterrey. Junto con el jefe delictivo estaba el cadáver de Eloy Lerma García, agente de la Policía Ministerial de Tamaulipas.

La siguiente baja del clan Cárdenas fue la de Ezequiel Cárdenas Rivera, El Junior, hijo de Tony Tormenta, así como de antiguos responsables en las operaciones del CDG. Ocurrió el 25 de noviembre pasado, durante una fiesta en una casa de la calle Álvaro Obregón, de Matamoros. La Marina informó que la detención de Cárdenas Rivera, de 23 años, fue gracias a “una denuncia ciudadana”.

Junto con El Junior fueron detenidos José de Jesús García Hernández, El Chuy, suCiudad Victoria. Operativo de la Sedena

puesto “jefe de plaza” en Matamoros; René Alberto Munguía Elizondo, El Amable; Javier Enrique Farías García, El Contador, supuesto responsable financiero del CDG, y Erasmo García Galván, El Checo, probable responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos.

Además, dice esa información, El Coss ha logrado quedarse con el control de Reynosa, apoyado en un jefe al que la información identifica como Águila y el Comandante Lino. El primero fue asignado a ese municipio luego de que El Metro 3, que lideraba una gran fuerza que se desplazaba en más de 100 camionetas, sacó del municipio al entonces responsable de Los Zetas en la zona, Carlos Alberto Oliva Castillo, La Rana, luego de la ruptura de éstos con el CDG, a principios de 2010.

En octubre pasado, Oliva fue detenido por el Ejército en Saltillo Coahuila, acusado de ser uno de los principales liderazgos regionales de Los Zetas y uno de los responsables del incendio del casino Royale, en Monterrey, en agosto de 2011, y en el que murieron 52 personas.

El informe Stratfor De acuerdo con la firma de inteligencia estadunidense Stratfor, que desde la década pasada ha dado seguimiento a la operación del narcotráfico en México, las divisiones al interior del CDG han dado lugar a enfrentamientos en Reynosa y Matamoros. El resultado han sido numerosas detenciones en México y Estados Unidos.

En un reporte fechado apenas el 24 de enero, confirma que la facción conocida como Los Metros, controlada por Costilla Sánchez, se ha colocado por encima de Los Rojos, afectos a la familia Cárdenas, con lo que El Coss tendría el control de las operaciones del cártel.

Ahora esa organización no sólo se enfrenta a sus antiguos socios de Los Zetas,

sino que sus propias divisiones incrementarán la violencia en la región, advierte.

Coincide en que la fractura en el seno del CDG comenzó en noviembre de 2010 cuando la Armada asesinó a Tony Tormenta. Costilla Sánchez asumió el control total de la organización, pasando por encima de Rafael Cárdenas Vela, el siguiente en la línea de la familia Cárdenas, lo que dio origen a las dos facciones, Los Metros y Los Rojos.

En la misma línea de la información en poder del gobierno de Calderón, Stratfor señala que las tensiones se exacerbaron a finales de 2011 a raíz de varios hechos violentos. El primero, cuando fue “encontrado” en Reynosa el cadáver del Metro 3.

Luego, en octubre, fue asesinado también en Reynosa César Dávila García, El Gama, encargado de las finanzas de la organización. Había sido el contador de Cárdenas Guillén. Poco después, el día 20, agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron al desplazado Rafael Cárdenas Vela en una calle de Puerto Isabel, Texas. Según Stratfor, Los Metros pudieron haber sido quienes informaron al ICE sobre la ubicación del integrante de la familia Cárdenas.

Una semana después fue detenido en Santa María, Texas, José Luis Zúñiga Her-

nández, a quien la firma estadunidense señala como segundo de Cárdenas Vela y jefe de operaciones en Matamoros. Las detenciones siguieron y el 25 de noviembre, en Matamoros, fue el turno de Ezequiel Cárdenas Rivera, El Junior, hijo de Tony Tormenta.

Según Stratfor, El Coss se ha recluido en ranchos solitarios. “Que no sea mencionado en los reportes de prensa no significa que haya sido removido de su posición”. Debido a que el otro hermano de los Cárdenas Guillén, Mario, se ha resistido a involucrarse en el negocio del narcotráfico, “parece improbable que Costilla Sánchez pudiera ser remplazado”.

En sus escenarios, advierte: “Como aparentemente Los Metros le han ganado a Los Rojos, anticipamos que más adelante van a expandir su dominio al principio de 2012”.

Sin embargo, las divisiones han debilitado a la organización y la han dejado vulnerable a ataques externos, sobre todo de sus antiguos aliados, Los Zetas, que tratarán de asumir el control del territorio del CDG. Pero El Coss parece tener de su lado a la Marina. De acuerdo con el testigo, “no sólo tiene un entendimiento con algunos de los mandos de la Marina en Tamaulipas, que han permitido los golpes a los Cárdenas Guillén, sino que ha aprovechado muy bien los agravios que tiene la Marina contra

Los Zetas, por el secuestro y desaparición de varios de sus elementos en Veracruz”.

Stratfor dice que si Los Zetas derrotan a Los Metros o ambos acuerdan una tregua, el cártel creado por exmiembros del Ejército puede desplegar a sus elementos en otras ciudades, particularmente en Veracruz y Guadalajara. Los refuerzos en Veracruz le permitirían enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación, que se hace llamar Los Matazetas.

Desde 2008, Jorge Eduardo Costilla Sánchez es requerido por la justicia de Estados Unidos, acusado de tráfico de cocaína y mariguana y lavado de dinero. Su nombre figura en la causa criminal 57-CKK que se instruye en la Corte Federal del Distrito de Columbia, donde se le persigue por su participación en la organización que se conoció como La Compañía, que operó desde mediados de 2006 en Tamaulipas y Veracruz para traficar cocaína y mariguana a Estados Unidos. La organización estaba integrada por el CDG y Los Zetas (Proceso 1736).

Junto con El Coss, en esa acusación fueron incluidos Tony Tormenta, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca; Miguel Ángel Treviño, El Z-40; Jaime González Durán, El Hummer, Samuel Flores Borrego, El Metro 3; Mario Ramírez Treviño, Mario Pelón o X-20; Alfredo Rangel Buendía, El Chicles; alguien

Archivo Proceso

Benjamín Flores

Octavio Gómez

identificado como Lino; Gilberto Barragán, Tocayo, y Juan Reyes Mejía González, R1 o Kike. Varios de ellos ya están detenidos y otros asesinados.

En otra causa criminal, la 08-507, abierta por tráfico de cocaína y mariguana entre Estados Unidos, México, Colombia, Guatemala y Panamá, también como parte de La Compañía, Costilla Sánchez aparece además con Omar Treviño Morales, El 42; Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito o Caballero; Alfonso Lam Liu, Gordo Lam; Eleazar Medina Rojas, El Chelelo; Aurelio Cano Flores, Yankee o Yeyo; Carlos Cerda González Puma o Carlitos; Hugo López Valdés, Jorge Hernández Martínez, Chiri o Chiricuas; Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, Chito o Chitón Canico, y Daniel Pérez Rojas, El Cachetes.

También en este caso varios han sido asesinados o detenidos.

En esa causa, el Departamento de Justicia aseguró que La Compañía estaba al mando de Ezequiel Cárdenas Guillén, Heriberto Lazcano y Jorge Eduardo Costilla Sánchez. El triunvirato, como los caracteriza, tenía el control de cientos de kilómetros en el territorio mexicano y en la frontera con Texas.

Según la acusación, Tony Tormenta, El Coss y El Lazca dirigieron el transporte de cocaína y mariguana por mar, aire y tierra desde Colombia y Venezuela a Guatemala y varias ciudades de México, conocidas como “plazas”, además de transportar la droga por vehículos en Texas para su distribución en Estados Unidos.

Para ello se valían de radios de telecomunicación, sofisticados registros computarizados, incluidas bases de datos con los embarques de cocaína, las identidades de los “jefes de plaza”, las nóminas y los pagos a las autoridades, así como el dinero que se le debía a la organización.

Sobre los roles de cada uno, indica que Tony Tormenta y El Coss estuvieron activamente involucrados en la administración de La Compañía en México, incluida la coordinación de los embarques de cocaína y mariguana a Estados Unidos, así como en la recepción de grandes embarques de dinero de Estados Unidos a México. El Lazca participó en las mismas actividades, pero, además, como jefe de Los Zetas era el jefe de seguridad del CDG. En ambas causas, el Departamento de Justicia ofrece a la Corte comunicaciones intervenidas a los integrantes de La Compañía. En una de ellas, en marzo de 2007, Costilla Sánchez le informaba al Metro 3 que desde 1996 había trabajado en Chiapas, en la frontera con Guatemala.

En otra, fechada el 8 de mayo de 2007, El Metro 3 hacía referencia a la decisión de Costilla Sánchez de aprobar la entrega de 2 millones de dólares a distintas autoridades en México para facilitar la operación de La Compañía. O

LA G UER RA DE CA LDE R Ó N

Yarrington Ruvalcaba

Hernández Flores

Cavazos Lerma

El

“tamaulipazo”, hacia otro ridículo

JOSÉ GIL OLMOS

F

ue a raíz de una infidencia de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que el gobierno federal terminó por admitir que desde 2009 comenzó a investigar a los exmandatarios tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado.

Las indagatorias que implican a los tres antecesores del gobernador Egidio Torre Cantú incluyen los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, así como el asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, el 28 de junio de 2010.

Apenas se conoció la noticia, la dirigencia nacional del PRI y su precandidato presidencial Enrique Peña Nieto declararon que se trata de una declaración de guerra. El propósito, dijeron, es minar las posibilidades del partido de recuperar la Presidencia de la República;

incluso advirtieron que es posible que haya más denuncias de este tipo contra otros priistas.

Eugenio Hernández Flores insiste en que se trata de golpes mediáticos que pueden poner en riesgo la elección presidencial. Asegura que no sólo enrarecen el ambiente político, sino que buscan polarizar más a la sociedad y desestabilizar el país, afectado ya por la violencia exacerbada y el narcotráfico.

No obstante la reacción del PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a los tres exmandatarios desde hace años por actos de corrupción, desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con el cártel del Golfo y Los Zetas.

Asimismo, reportes obtenidos por este semanario indican que en Estados Unidos se comenzó a investigar a Yarrington Ruvalcaba en 2002, cuando aún era gobernador, por su presunta participación en un negocio con Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo (Proceso 1397).

El lunes 30 de enero por la mañana, varios medios informaron sobre un oficio que la PGR remitió el día 13 a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para comunicarle que los tres exmandatarios priistas y alrededor de 50 allegados suyos y familiares no podían abandonar el país.

Jaime Carranza, comandante del aeropuerto de Tampico, adscrito a la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, envió el 30 de enero un escrito al delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que solicitaba su apoyo “para no autorizar la salida del país a los ciudadanos incluidos en el oficio de la PGR”.

Al día siguiente, Carranza fue destituido por el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, por “extralimitarse en sus funciones”, pues la orden no era impedirles la salida del país, sino sólo reportar sus entradas y salidas.

Horas después, la PGR confirmó que Cavazos, Yarrington y Hernández estaban siendo investigados por la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud, en tanto que Reforma informó sobre una averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) abierta en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra los tres exmandatarios.

Según el documento, la indagatoria se inició en enero de 2009, luego de la captura en la Ciudad de México de Miguel Ángel Soto Parra, uno de los fundadores de Los Zetas. El detenido declaró que entre 1998 y 1999 trabajó en Tamaulipas como agente comisionado de la extinta Policía Judicial

Las acusaciones no son nuevas. Desde hace años se sabe de las veleidades de los exgobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de sus negocios y de sus presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico sin que nunca haya prosperado ninguna denuncia en su contra. Ahora, la “infidencia” de un empleado de la SCT que motivó al gobierno federal a admitir su tamaulipazo –es decir, que los tres están bajo investigación desde 2009–, ha servido para lo mismo: para nada y para poner en ridículo, una vez más, al gobierno de Felipe Calderón.

Federal y que durante ese lapso protegió a Cárdenas Guillén.

Testigo protegido por autoridades de México y de Estados Unidos en el juicio que se realizó contra Cárdenas Guillén en el vecino país, Soto Parra expuso también que Cavazos, Yarrington y Hernández incluso realizaron varios viajes para encontrarse con el líder del cártel del Golfo.

Viejas querellas El jueves 2, La Jornada destacó que a raíz de las declaraciones de Soto Parra se iniciaron tres indagatorias más que abrió la SIEDO. Una de ellas, radicada en Matamoros, en realidad se reinició, pues desde 2007 había denuncias sobre la presunta vinculación de funcionarios de la administración de Hernández Flores con el crimen organizado.

La segunda está relacionada con el asesinato de Rodolfo Torre y la tercera es contra Cavazos Lerma por la designación, en 1993, de Raúl Morales como subprocurador, pese a que era abogado del mítico narcotraficante Juan Nepomuceno Guerra, tío de Juan García Ábrego, fundador del cártel del Golfo.

El viernes 3, Reforma informó que, según la averiguación de la SIEDO, Cavazos, Yarrington y Hernández hicieron negocios millonarios con la construcción de casas a través de prestanombres pero con dinero de Los Zetas y del cártel del Golfo.

Los tratos, indica el documento, iniciaron en 2002, durante la gestión de Yarrington, a través de Mohamed Farough Fatemi, un empresario de 35 años. El mandatario compró en Altamira una superficie de 250 hectáreas por las que sólo pagó 15 pesos por unidad para diseñar un complejo residencial a la orilla del mar con el concurso de Constructora Santa Dolores y Grupo Inmobiliario Comon.

Mohamed Farough es ubicado como uno de los prestanombres de los tres exgobernadores; los otros son Fernando Cano Martínez y Óscar Gómez Guerra, cuñado de Hernández Flores.

Y pese a que en la indagatoria de la PGR (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) se citan tres averiguaciones integradas en una sola, en varios momentos los tres exmandatarios han sido mencionados en otras investigaciones por denuncias diversas en las que se les acusa de haber permitido la incidencia de los cárteles del narcotráfico en procesos electorales de Tamaulipas.

En el caso de Yarrington, las denuncias en su contra datan incluso de 1998, cuando el abogado José Luis González Meza y el embajador de México en Nicaragua, José Puente León, presentaron una en su contra ante la PGR (expediente 146/DGMPEEB/98), en la que lo acusaban de “tráfico de influencias y lavado de dinero proveniente del cártel de Osiel Cárdenas Guillén”.

El 1 de febrero de 2005, inmerso Tamaulipas en una ola de violencia creciente, Reforma publicó un desplegado en el que un presunto empresario tamaulipeco (Rogelio Villa García) acusaba a Yarrington de estar vinculado con Cárdenas Guillén: “Durante el gobierno de Yarrington se reestructuró, creció y fortaleció a un nivel muy elevado el cártel de Osiel Cárdenas”.

Y se cuestionaba: “¿financia al exgobernante en su pretensión de ser considerado uno de los prospectos del PRI a la candidatura presidencial?”.

Yarrington, quien ya había terminado su gestión, declaró que el documento era un infundio. El firmante del desplegado, Villa García, nunca fue localizado (Proceso 1475).

Al año siguiente, José Antonio Guajardo Anzaldúa, candidato del PT al ayuntamiento de Río Bravo, denunció la intromisión del cártel del Golfo en el proceso de

Rodolfo Torre. La ejecución

elecciones municipales. Fue asesinado el 29 de noviembre de 2006. En esa ocasión el gobernador Hernández Flores logró que el PRI ganara la mayoría de las alcaldías y las diputaciones locales.

Es una campaña mediática La semana pasada, cuando se supo que Cavazos, Hernández y Yarrington eran investigados por la PGR, este último escribió en su cuenta de Twitter: “Me entero de que mi nombre aparece en un alerta migratoria. Espero que la autoridad aclare el motivo y los alcances de la misma”. El reportero intentó localizarlo para conocer su posición. Yarrington nunca contestó el teléfono.

Cavazos Lerma, candidato del PRI a senador, declaró el martes 31 que hasta el momento no había sido notificado de la investigación; aseguró que se trata de una estrategia del gobierno de Felipe Calderón “con intenciones político-electorales”.

“Los de enfrente –arguyó– están utilizando la guerra sucia para subir en las encuestas. Si no les funciona, entonces van a dar el siguiente paso, que es la guerra negra; es decir, la crispación, el enfrentamiento y la violencia.”

Según Cavazos, es sospechoso que ahora el gobierno panista saque a relucir esta investigación, sobre todo porque, aclaró, él dejó la gubernatura hace 13 años.

Y retó: “El que nada debe, nada teme”.

Hernández Flores tiene reseca la boca y pide agua cuando empieza la entrevista con Proceso. Asegura que está tranquilo y, al igual que sus dos correligionarios, insiste en que se trata de una medida mediática en contra del PRI: “Estoy limpio –dice–.

No me voy a amparar, no voy a huir”.

Admite, sin embargo, que sabía que en 2009 fue denunciado junto con Yarrington y Cavazos por un panista que presentó la demanda ante la PGR vía internet, no por Soto Parra. Pero se trató de un escopetazo,

comenta, pues no aportó ningún elemento de prueba, ningún soporte jurídico o legal.

Mientras se realiza la entrevista, el precandidato presidencial de su partido, Enrique Peña Nieto, estaba en Tamaulipas en un evento en el que refrendó su apoyo a Cavazos, aunque aclaró que no defenderá a nadie, pues cada uno de los acusados debe defenderse conforme a la ley. Hernández dice que su caso no impacta al PRI ni a Peña Nieto.

El exmandatario evita aludir de manera directa al cártel del Golfo y a Los Zetas; sólo habla del “crimen organizado” y se refiere a sus dirigentes como “esas personas”, “esos señores”.

Durante la entrevista Hernández Flores insiste en que es inocente. Dice también que antes de dejar la gubernatura habló con el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, quien le confirmó que sí había una investigación en su contra. Desde entonces, asegura, no ha sido llamado a declarar.

Pero cuando el reportero le pregunta sobre los tres atentados que sufrió, de su supuesto encuentro con Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, quien al parecer lo golpeó, de que su hermano Eduardo también fue golpeado por los narcos y de que habían matado a algunos de sus caballos, Hernández Flores toma más agua y demora la respuesta. Al final dice.

–Todo eso es absolutamente falso. Nunca hubo un atentado contra mí ni contra miembros de mi familia; jamás tuve comunicación con esas personas. Fui muy cuidadoso en estos temas, me cuidé en extremo porque tenía claro que no debía hacerlo y que no me fueran a culpar por eso; fui intachable en mi sexenio y afortunadamente mis caballos están bien, nunca hubo un atentado o un ataque contra alguna de mis propiedades. Son falsas esas aseveraciones; totalmente falsas.

–¿Tampoco contra su familia, porque hay una versión de que su hermano Eduar-

do fue golpeado por uno de esos grupos criminales y usted lo llevó al hospital?

–No, para nada. Afortunadamente nunca tuvimos esos problemas. Hubo otras amenazas, pero las normales, en el ejercicio del poder; nada fuera de eso. A finales de 2008 mi esposa sufrió una balacera, fue atacada por la Policía Federal en Ciudad Victoria. Afortunadamente no pasó a mayores.

“Me llamó el presidente de la República para atenuar las cosas, me mandaron a personal de la Policía Federal a disculparse. Yo entendí que fue una equivocación”..

–¿No teme que se agarren de aquellos mensajes del cártel del Golfo en los que lo acusaban de ser miembro de Los Zetas y le llamaban Z-1?

–Pues yo no sé de esos mensajes. A mí no me llegaron este tipo de acusaciones. ¿Quién dijo eso? –pregunta Hernández Flores.

–Salieron en Tamaulipas hace unos años...

–No, no. A mí nunca me han involucrado en ese tipo de acusaciones; jamás me han involucrado. Siempre actué dentro de la ley: como gobernador hice un gran esfuerzo para combatir eso. Desgraciadamente esos esfuerzos conjuntos con la federación no han dado los resultados que todos quisiéramos.

–¿Es cierto que no quería declarar por el asesinato de Rodolfo Torre Cantú?

–Cuando mataron a nuestro candidato en 2010, la procuraduría estatal inició la investigación. Días después la PGR atrajo la investigación. Yo les dije que quería declarar porque podría aportar algunos elementos; era importante mi declaración. Así lo hice, siendo gobernador. Declaré por escrito a la PGR, así debe constar en el expediente.

–¿Está pensando en un amparo?

–No. Vamos a ver primero de qué se trata. Yo estoy muy tranquilo y quiero que resalte eso. Fui muy cuidadoso de hacer todo dentro de la legalidad. He sido empresario desde 1982. En ese ámbito soy exitoso y eso me ha permitido tener recursos. Tengo justificados todos y cada uno de mis bienes; tengo plenamente apoyado cualquier tipo de situación financiera.

–¿Está usted limpio?

–Estoy limpio y listo para ir a declarar.

Estoy listo para aclarar cualquier tipo de situación ante la PGR o cualquier institución que así me lo requiera.

–¿No se va esconder, no se va amparar?

–No, no me voy a esconder. Por el momento quiero saber cuál es mi situación jurídica. De qué se nos acusa (Yarrington, a Cavazos y a mí) o de qué se nos puede acusar.

E insiste: “No van a encontrar nada. Lo peligroso es que usen los dimes y diretes de los testigos protegidos, una figura desgastada, desacreditada que nuestro sistema judicial debe revisar”. O

PATRICIA DÁVILA

R

ecibió la noticia el 23 de enero, sólo cuatro días después de que el gobierno de Estados Unidos aprobó su solicitud de asilo.

Ahora Saúl Reyes Salazar, su esposa y sus tres hijos tienen una esperanza de vida.

En México dejan media familia: sus muertos, sepultados en el panteón del Valle de Guadalupe, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fueron asesinados por el Ejército Mexicano a partir de 2008, cuando invadieron el pueblo escudados en la guerra contra el narcotráfico.

Con su anuencia, el gobierno de Estados Unidos reconoció que los Reyes Salazar han sido activistas sociales y defensores de los derechos humanos desde los años noventa. El asilo implica también que en México la vida de esta familia es amenazada por el gobierno en su afán de acallar sus críticas.

Entrevistado en San Francisco, California, Saúl Reyes revela la mezcla de sentimientos que lo invadió al enterarse: “No es el proyecto de vida que tenía planeado, pero insistir en quedarme significaba morir, abandonar mis sueños. Es verdad que la vida te quita, pero también te da. Debía asumir la oportunidad que me estaba ofre-

ciendo de continuar, aunque fuera por un camino diferente. Abandoné todo. Hay que empezar, pero no importa ¡Estoy vivo!”.

Su esposa, sus tres hijos y él tenían visas estadunidenses. El 4 de abril del año pasado decidieron abandonar México. En El Paso, Texas, se presentaron con el abogado experto en asilos políticos Carlos Spector, quien meses antes obtuvo la aprobación de refugio para la activista Cipriana Jurado.

En la solicitud que envió a la oficina de asilo político del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del Departamento de Seguridad Nacional, el litigante expuso: “Saúl Reyes y su familia tienen un miedo

Una pero en Estados Unidos Un grupo de sobrevivientes de la familia juarense Reyes Salazar, algunos de cuyos miembros fueron asesinados por el Ejército, consiguieron asilo político en Estados Unidos. El gobierno de ese país finalmente comprobó que corren peligro en México, ya que militares y policías pretenden silenciar sus críticas y sus exigencias de justicia para cada una de las víctimas de sus abusos.

Miguel Dimayuga

EFE

LA G UER RA DE CA LDE R Ó N

LA G UER RA DE CA LDE R Ó N

fundado de persecución por ser miembros de un grupo social particular (defensores de derechos humanos). Específicamente, creen que existe una posibilidad razonable de ser perseguidos por el Ejército Mexicano y la Policía Federal mexicana como resultado de su activismo político desde 1998, cuando él y su familia participaban enérgicamente en la organización de una serie de demostraciones y protestas en contra de la Policía y del Ejército por abusos recibidos (de estos cuerpos armados).”

Señala que ese mismo año, con otros miembros de su comunidad y activistas políticos de los dos países, participaron en el bloqueo del Puente de las Américas, localizado entre Ciudad Juárez y El Paso. Además, Saúl Reyes y su familia fueron miembros del grupo que con manifestaciones y protestas lograron que en octubre de 1998 el estado de Texas cancelara la construcción de un basurero nuclear en la Sierra Blanca.

Recuerda que “muchos de los miembros de su familia, amigos y colegas han sido asesinados como consecuencia de su desenvolvimiento político: Julio César Reyes Salazar (sobrino, asesinado en noviembre de 2008); así como sus hermanos: Josefina (muerta el 30 de enero de 2010), Rubén (muerto el 18 de agosto de 2010), María Magdalena y Elías (ejecutados el 7 de febrero de

Miguel Dimayuga

Sara Salazar. En el exilio

2011) y Luisa Ornelas de Reyes (cuñada, muerta el 7 de febrero de 2011). También señala a los activistas sociales Marisela Escobedo (asesinada el 16 de diciembre de 2010), Armando Villarreal Martha (muerto el 23 de marzo de 2008) y a Manuel Arroyo Galván (muerto el 29 de mayo de 2009)”.

En su parte final, la solicitud de asilo, cuya copia tiene Proceso, es contundente: “La familia Reyes y/o los defensores mexicanos de derechos humanos y activistas

Allanamiento ominoso

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

H

acia las tres de la mañana del viernes 3 un comando irrumpió en el domicilio de la teniente de fragata y odontóloga Elvia Emilia Eguileta Arias, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y quien ha denunciado los excesos del fuero de guerra.

En su casa, en la colonia Unidad Nacional, de Tampico, Tamaulipas, sólo estaba su hija, Emely Castillo Eguileta, estudiante de medicina. A 500 kilómetros de ahí la teniente pasa los días y las noches en una unidad de la Policía Militar en la Ciudad de México.

El grupo de hombres que no se identificaron había brincado la barda de la vivienda y tomó posiciones en la azotea después de inmovilizar a la mascota de la familia, un dóberman. Con habilidad, bajaron del techo y derribaron con estruendo una puerta de servicio. La joven Emely, aterrorizada, no quería salir de su habitación y escuchaba cómo el comando destrozaba el menaje de la casa.

De pronto uno de los invasores entró a su recámara. Emily gritó lo más fuerte que pudo cuando vio entrar al hombre alto, forni-

do, con corte de cabello tipo militar que caminó en silencio por la habitación. Con paso seguro se aproximó a un buró, tomó un teléfono celular y salió, dando la orden de retirada a sus acompañantes.

“Gracias a Dios no tocaron a mi hija. Estoy segura de que fueron del Estado Mayor Presidencial (EMP). Se lo dije antes y con mayor razón ahora: hago responsable al presidente Felipe Calderón, como comandante en jefe, así como a los secretarios de Marina y de Defensa, de lo que pasó, de lo que pueda pasarme a mí, a mi familia y a mis compañeros de agrupamiento, porque esto fue una reacción por la entrevista con Proceso”, dice la teniente.

En su edición 1838, con fecha 21 de enero, Proceso publicó los testimonios de militares y marinos del Agrupamiento de Militares Procesados Libres Bajo Caución (AMPLBC), que se consideran víctimas del fuero de guerra, entre ellos, la teniente Eguileta.

En entrevista con este semanario, la teniente describió las acusaciones absurdas bajo las cuales se le sometió a Consejo de Honor, entre las que destacaba la de “ha-

que el gobierno mexicano no hace (por) o no puede proteger, tienen un miedo bien fundado de persecución pasada y futura…

La familia Reyes ha sido perseguida, amenazada y acosada por los militares mexicanos por su opinión y activismo político.

Miembros de la familia, colegas y amigos han sido brutalmente asesinados…”.

Finalmente, a finales de enero la USCIS le notificó que los Reyes Salazar son elegibles para recibir asilo en Estados Unidos.

ber visto los calcetines de un superior”.

Más allá de sus casos, la teniente y sus compañeros expusieron las razones de fondo de su inconformidad: un fuero de guerra que convierte a la Secretaría de la Defensa Nacional en legislador, juez y parte. A decir de los entrevistados, las violaciones a los derechos humanos en que incurren las fuerzas armadas y la integración de procesos contra mandos medios y soldados dejan impunes a los altos mandos.

Obligados a pasar lista cada mañana, sin ninguna otra asignación que una larga espera, decenas de militares y marinos pasan el día en las inmediaciones del Campo Militar Número Uno en condiciones inhumanas: sin comida, muchos de ellos durmiendo en el piso, sin cobijas, imposibilitados de conseguir un trabajo pues deben estar ahí al menos hasta media mañana.

Además, entre los señalamientos de la teniente Eguileta destaca su crítica a la incapacidad disciplinaria de la Secretaría de Marina, ya que casos como el de ella son procesados en la justicia militar.

Los integrantes del AMPLBC inconformes han denunciado las condiciones en que viven, el estancamiento de sus casos y la falta de transparencia en el manejo de los recursos que se les descuentan de su salario, que queda reducido al 10% de lo que ganan, por lo que consideran la justicia militar un gran negocio de los mandos.

El exterminio “Con el veredicto, Estados Unidos reconoce que existen motivos suficientes para que yo reciba la protección de las leyes de su país, por el riesgo que corre mi vida en México. Ello, sustentado en todos los crímenes cometidos en contra de mi familia y el riesgo latente con que vivimos por las amenazas de muerte recibidas”, explica Saúl Reyes.

En marzo de 2008, con el pretexto de combatir al narcotráfico, el Ejército empezó a cometer abusos, saqueos, desapariciones forzadas y torturas en el Valle de Juárez.

“Ante las injusticias, apoyada por toda la familia y cientos de personas más, mi hermana Josefina empezó un movimiento a favor de la desmilitarización –relata Reyes–. Los soldados allanaron su casa en varias ocasiones. En una, en agosto de 2008, el Ejército se llevó a su hijo Miguel Ángel, acusado de pertenecer al cártel de Juárez. Lo tuvieron desaparecido y ella exigía que se le juzgara legalmente. Al final lo soltaron.

“Un mes después, en noviembre, su hijo Julio César fue asesinado durante una boda, a 50 metros de un vehículo militar.

Los soldados declararon que no vieron ni escucharon nada, ¡era imposible!”

La familia exigió la aclaración del ca-

Espionaje y falso diálogo En entrevista con Proceso, la noche del viernes 3, la teniente Eguileta recuerda diferentes hechos ocurridos a lo largo de la semana que pudieran estar poniendo en riesgo a los integrantes del AMPLBC que han manifestado su inconformidad y se han adherido al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Por ejemplo, la noche del lunes 30 de enero, en el Teatro de la Ciudad de México, el colectivo de artistas El Grito más Fuerte presentó su video Ponte en los zapatos del otro, en el que actores reconocidos asumen la personalidad de las víctimas de la violencia y cuentan su historia.

Ahí estaban los integrantes del AMPLBC, cuyos testimonios habían sido publicados por este semanario. La teniente Eguileta, el teniente de corbeta Iván Gómez y el sargento segundo de materiales del Ejército Manuel Contreras conversaban con el activista Pietro Ameglio cuando notaron que “dos tenientes nos estaban tomando fotografías. Los vimos y los saludamos para que se dieran cuenta de que los habíamos visto. Eran del EMP”, narra.

Un día después, el martes 31 de enero, se presentó en la unidad habitacional de la Policía Militar, donde vive temporalmente la teniente Eguileta, un coronel de apellido Ruiz quien dijo ser enviado del general José Candelario Jaime Contreras López, comandante de la I Zona Militar. Los invitó a desayunar para el día siguiente.

so y Josefina –quien durante años exigió que se castigaran los feminicidios de Ciudad Juárez– no dudó en denunciar el crimen en instancias internacionales. El 4 de septiembre de 2009 su hijo Miguel Ángel, El Sapo, fue detenido nuevamente por militares, junto con Rodolfo Escajeda, El Riquín, identificado como uno de los principales operadores de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez.

Hasta la fecha no se le ha dictado sentencia a Miguel Ángel, preso en un penal de Tamaulipas. Saúl Reyes afirma que Josefina no quiso saber más de él: “Está el registro del penal. No lo visitaba”.

Josefina empezó a recibir amenazas.

Delincuentes del Valle de Juárez repartieron volantes para exigir que la activista abandonara el pueblo; le daban 24 horas o la asesinarían. Ella se mudó a Juárez y siguió con su labor social hasta el 3 de enero de 2010, cuando fue asesinada: “Por la carretera, en el ejido El Sauzal, se encontraba en su negocio de venta de barbacoa. Varios hombres trataron de secuestrarla, ella se resistió y le dispararon”.

Sus hermanos Saúl, Rubén, Elías, Marisela y Olga continuaban exigiendo al gobierno del estado y al federal que atrajeran el caso de Josefina y de su hijo Julio para castigar a los asesinos. Aún en due-

lo, el 18 de agosto del mismo año, la familia recibió otro golpe. Un comando intentó levantar a Rubén, quien opuso resistencia.

Lo ejecutaron.

“En los meses que siguieron –dice Saúl– continuamos exigiendo justicia. Elías dio una entrevista al programa Punto de Partida, fue muy duro en sus críticas al gobierno. A los pocos días fue secuestrado junto con su esposa Luisa Ornelas y mi hermana María Magdalena. Ellas viajaban en una camioneta junto con mi mamá (doña Sara).

Cinco kilómetros antes de llegar a Guadalupe, una camioneta bloqueaba la carretera. Hombres encapuchados bajaron del vehículo a Luisa, a doña Sara y a su nieta.”

En la edición 1791 de Proceso doña Sara narró que le pidió a los sujetos que dejaran a Elías y quiso sacar de la camioneta a Madgalena, pero no pudo porque estaba desmayada. “Subieron a Luisa, cerraron la puerta y se subió uno a manejar. Nomás vimos mi niña y yo cómo arrancaron las camionetas”, contó.

Prosigue Saúl: “De ahí iniciamos un plantón frente a la Fiscalía del Estado en Ciudad Juárez y presentamos la denuncia por desaparición forzada, pero ahí se negaron, querían levantarla por extravío de personas. Estuvimos hasta el día 15 sin que tuviéramos ningún resultado por parte de las

La cita fue en el comedor de un batallón, a donde Ruiz había invitado también a un mayor y un capitán, que no se presentaron. Se mostró interesado en saber si la información publicada por este semanario era fidedigna o había sido una invención del reportero.

“Nos preguntó directamente si estábamos conscientes de lo que habíamos dicho y que si era verdad que lo habíamos dicho. Dijimos que nos habían entrevistado en la Cámara de Diputados y que habíamos externado todo eso a raíz de que llevamos un año con escritos al presidente, a los secretarios y a diferentes órganos y nadie nos mandaba llamar ni fuimos escuchados”, dice la teniente.

Después de pedirles más pormenores del encuentro, especialmente si Proceso había ingresado a la zona militar, el desayuno terminó con la misma cortesía que tuvo el coronel desde la invitación.

Las respuestas a sus escritos nunca llegaron, salvo por la incursión al domicilio de la teniente Eguileta en Tampico, que atribuye al EMP. “Fue el mismo tipo de operativo de hace dos años, cuando me acababan de detener de manera arbitraria e irregular, y el EMP ingresó a mi casa llevándose computadoras y otros aparatos.”

–¿Por qué dice que fue el EMP? –Porque así operan ellos. Sabemos cómo se conducen todas las unidades y estoy segura de que fueron ellos. Revuelven todo,

se llevan cosas así como el celular, pero no roban… van a buscar información pero saben que ahí no hay nada, y yo temo que en una de esas me quieran sembrar algo.

“Es nada más para intimidar... un primer aviso”, añade.

Desde principios de 2010 la teniente vive en una unidad de la Policía Militar. Se le han negado todos los permisos para regresar a su casa, pero ahora advierte que se mantendrá en el Campo Militar pues considera que ahí estará segura.

La incursión en el domicilio de la teniente Eguileta se suma a la lista de agresiones contra integrantes del movimiento surgido en torno al poeta Javier Sicilia.

En las últimas semanas de 2011 fueron asesinados Nepomuceno Moreno, Julia Marichal y Trinidad de la Cruz, además de que Norma Andrade sufrió un atentado en Ciudad Juárez (la misma activista padeció otro, en la Ciudad de México, el viernes 3). Ellos, como la teniente Eguileta, habían desplegado su activismo como víctimas de la violencia y la impunidad.

La petición de Eguileta ahora es que el Estado garantice la seguridad de los integrantes del Agrupamiento y sus familias, así como entrevistarse con Felipe Calderón... y su desconfianza en el aparato militar la llevó a sacar a su hija del país horas después del allanamiento. O

Ricardo Ruiz / Procesofoto

Mexicanos en el exilio

Valle de Juárez. Protesta por los asesinatos

autoridades. Decidimos trasladar una parte del plantón a la Ciudad de México, frente al Palacio de Minería. Haríamos una huelga como medida de presión. A las cuatro de la tarde anunciamos esa movilización y a las ocho incendiaron la casa de mi mamá, que se encuentra a 80 metros de un retén militar en Guadalupe.

“Nosotros continuamos con el Plantón en Minería y acudimos a la Cámara de Senadores; ahí nos visitó el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y le exigimos justicia. Dos días después, un sobrino encontró los cuerpos de Elías, Luisa y María Magdalena. Estaban torturados. Habían sido sepultados entre cal. Cuando la presión fue mucha en Chihuahua y en la Ciudad de México, las autoridades iniciaron un rastreo. Fue cuando los desenterraron para que pudiéramos encontrarlos.”

Después la amenaza se abatió sobre ellos: “Trasladamos los cuerpos a Ciudad Juárez, fui a identificarlos –relata Saúl–.

Hicimos el servicio funerario frente a la fiscalía, los sepultamos en el panteón de Guadalupe y, a nuestro regreso a Juárez, recibimos llamadas a nuestros celulares, algunas provenientes del teléfono que llevaba mi hermano al ser secuestrado. Eran amenazas de muerte, nos decían que no entendíamos, que no nos callábamos la boca, que si continuábamos hablando seguíamos nosotros, que nos cortarían la cabeza. Las llamadas duraron dos o tres días, pero no podíamos esperar mucho tiempo a entender el mensaje: era muy claro lo que nos estaba pasando como para no creerlo”.

La familia se refugió en la Ciudad de México. En dos meses que permanecieron ocultos no sintieron la protección del gobierno federal: sólo les dieron un teléfono celular para que llamaran en caso de que se sintieran en peligro. Por eso se dispersaron. Algunos están exiliados en El Paso, otros en Oklahoma u otros lugares. “Fue

el exterminio de la familia”, afirma Saúl.

En junio de ese año llegó a El Paso la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, a la que se incorporó una de las hermanas Reyes. Días antes, el lunes 13, Saúl declaró que la movilización encabezada por el poeta Javier Sicilia era la “caravana de la esperanza”: “Es el sueño de todos los asilados. Yo quiero volver a llevar flores a la tumba de mis hermanos”. Dos días después de su declaración, las cruces de las tumbas de sus hermanos, su cuñada y su sobrino fueron arrancadas. Unas aparecieron tiradas cerca de un destacamento militar y otras en un cruce vial.

Ahora, dice Saúl, “estoy en una situación en la que puedo empezar a hacer planes. Mi vida va a cambiar totalmente. En México abandonamos las propiedades, los negocios, media familia en el panteón… pero ahora tenemos la oportunidad de seguir adelante y de trabajar. De una esperanza de vida diferente, pero no significa que olvidemos lo que dejamos porque el gobierno mexicano tiene pendiente una deuda con nosotros: investigar qué sucedió. Lo más probable es que sigan criminalizando a mi familia, conocemos al gobierno mexicano y sabemos de lo que es capaz.

–¿De qué? –se le pregunta.

–De ensuciar la memoria de las personas, de negarse a cumplir con su compromiso de seguridad. Y es capaz de soltar asesinos confesos, como en el caso de Rubí Frayre Escobedo.

A diferencia de Saúl, su sobrino Jorge Reyes, el hijo de 19 años de María Magdalena –su hermana asesinada el 7 de febrero de 2011– no tenía visa. Solicitó asilo al llegar al puente fronterizo, pero lo retuvieron varios días. Desde que fue liberado por el abogado Spector vive en Nuevo México a la espera de que lleguen su abuela Sara y uno de sus primos. Él dice a Proceso que para los Reyes Salazar “escapar significó vivir”.

En entrevista, se le pregunta al litigante Carlos Spector: –Además de la aceptación de que corren un grave riesgo de quedarse en México, ¿qué indica el que Estados Unidos le haya concedido asilo a la familia Reyes?

–Con la victoria de Saúl tenemos ganados los casos de asilo más sonados de México: Cipriana, Mónica Arias (cuñada de Juan Manuel Escobedo, hijo de Marisela Escobedo) y Alejandro Hernández Pacheco (reportero de Televisa). Ello nos indica que el gobierno estadunidense acepta lo que todo mundo sabe: que el gobierno mexicano trata de silenciar la disidencia o ignorar los ataques contra ellos, coordinándose con los cárteles.

–¿Con los cárteles?

–¡Claro! Tenemos testimonio de 30 o 40 personas que vivían en Guadalupe, quienes saben perfectamente que el Ejército llegó a esa región para apoyar al cártel de Sinaloa, y que esta organización se quedó con el dominio de la plaza desde que atraparon a El Riquín Escajeda.

El abogado, ante la imposibilidad de representar a todos los mexicanos que le han solicitado promover su asilo político, eligió llevar gratuitamente los casos de los defensores de derechos humanos y activistas sociales. Tiene acreditados 23 casos de activistas asesinados en Ciudad Juárez, “coincidentemente” desde 2008, año en que llegó el Ejército.

“Lo vemos como una limpieza ideológica o genocidio. Con el exilio, el gobierno mexicano espera que su activismo se acabe, que se callen, pero ellos no están dispuestos a hacerlo. Formaron la agrupación Mexicanos en el Exilio para iniciar un movimiento de conciencia en Estados Unidos. Estarán en Tucson y Phoenix, Arizona y Dallas.

“Saúl trabaja en California, Oregon y Washington. Posteriormente, junto con Cipriana y Jorge Reyes, asistirán en la Universidad de Austin y con la comunidad judía para decir lo que sucede en México, con testimonios directos de las familias afectadas. Esto se repetirá en todo el país.”

Es contundente: “¿Cómo es posible que Estados Unidos siga financiando al Ejército Mexicano a través del Plan Mérida? Éste debe cancelarse por el papel que la fuerza castrense ha jugado en la violación a los derechos humanos: no han tenido éxito en disminuir la venta ni el consumo de drogas.

“Además queremos atacar el mito de que los 60 mil muertos y toda esa violencia están relacionados con los narcotraficantes, que todos los involucrados son narcos. Ninguno de los casos que defendemos está relacionado con la delincuencia, todos son crímenes de Estado.”

Tarahumara:

Rarámuris. Hambre centenaria

del presidente para abajo, Eduardo Miranda

la negligencia

MARCELA TURATI

L

as muertes por desnutrición que se registran en la Sierra Tarahumara son el epílogo de una larga cadena de errores cometidos por el gobierno federal que, a pesar de estar informado desde 2011 de la escasez que se avecinaba, sólo hasta el último minuto y a base de presión social decretó un plan de emergencia humanitaria para los estados del noroeste del país afectados por la sequía sin precedente.

En la pasada gira de Felipe Calderón a Zacatecas, se enfrentó a rancheros furiosos, secos como el paisaje, que le reclamaron por el olvido. Calmó los ánimos diciendo que “nadie va a morir por hambre o sed”. Hasta ese momento –un año después de la advertencia de las organizaciones campesinas de la situación que se avecinaba– tomó en serio la necesidad de ayuda y decretó un plan de emergencia.

El jueves 2 Calderón viajó a la Sierra Tarahumara portando la gorra de jefe de las Fuerzas Armadas, descargó un helicóptero con víveres y garrafones de agua, y ordenó al Ejército y la Marina surtir a las comunidades necesitadas.

Sin embargo, una de las primeras acciones de su gobierno, al estrenar su sexenio, fue excluir a los rarámuris del programa de atención prioritaria a los 125 municipios más pobres, a pesar de que las mediciones de la ONU ubican a seis municipios habita-

dos por rarámuris entre los 10 donde más se concentra la miseria y que las emergencias por hambre son cíclicas.

Además, en el transcurso del sexenio, 20 mil rarámuris fueron dados de baja del padrón de Oportunidades, el programa asistencial más importante del país, según informó Milenio, como castigo por haber incumplido reglas de operación, pues no acudían a escuelas o centros de salud que les quedan a jornadas enteras de caminata.

El gobierno de Chihuahua, a su vez, redujo este año en 24% el presupuesto de la ya de por sí disminuida Coordinación Estatal de la Tarahumara, la oficina que se encargaba de canalizar los apoyos gubernamentales a los indígenas rarámuris, pimas y guarojíos serranos.

La negligencia e insensibilidad de los gobiernos tendrán consecuencias difíciles de contener. Por lo pronto, los niños siguen llegando a los hospitales de la sierra con distintos grados de desnutrición, la escasez de agua originó la primera epidemia de hepatitis en un albergue infantil, se han detectado brotes de sarna por carencia de lo más elemental para la higiene, y los precios de los alimentos se duplican en esta y otras zonas golpeadas por la catástrofe.

“La gente va por agua cada vez más lejos, toma agua estancada que no es buena para el consumo. En las comunidades me he encontrado gente con alergias e infecciones, excoriación en la cara por falta de agua para la higiene, tuberculosis y, obviamente, desnutrición. En un albergue de Sisoguichi con 63 niños, cuatro menores y la directora estaban incapacitados por hepatitis, y un jardín de niños en Basaseáchic entró en cuarentena preventiva para evitar contagio. Preocupa que los niños no acuden a las escuelas o que los adultos se estén enfermando y nadie se dé cuenta”, señala la diputada local Guadalupe Rodríguez.

Y el jesuita José Guadalupe Gasca, director de la clínica Santa Teresita de Creel, que sirve como termómetro de la situación serrana, informa: “Nos siguen llegando niños y niñas; estos días llegaron 24 con diferentes grados de desnutrición y hospitalizamos a tres”. En noviembre falleció la primera. Antes, seis adultos habían muerto por esa causa en Carichí.

(Proceso 1837)

declaratoria de emergencia que atendiera a cientos de municipios.

“La iniciativa de los agricultores se llamaba ‘El hambre no espera’, presentamos documentos, hicimos conferencias de prensa, tuvimos reuniones con legisladores y funcionarios. Y en una reunión en el Senado, el presidente de la Comisión de Agricultura, Alberto Cárdenas, dijo: ‘en México nadie se muere de hambre, a mí me dijeron que quien no trabaja no come’, minimizando el problema como hasta el día de hoy lo hacen los secretarios de Economía y Agricultura”, se queja Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (Anec).

Las organizaciones campesinas pedían, desde entonces, que se constituyera una reserva de alimentos que amortiguara la crisis; el impulso de siembras en el altiplano, el bajo occidente y el sur-sureste del país para compensar la pérdida de cosechas del norte; programas de empleo temporal para compensar el ingreso de los campesinos en desgracia; la extensión de los programas de abasto social de leche de Liconsa y de tiendas comunitarias Diconsa (que evitan el aumento de precios), así como el establecimiento de comedores populares.

Los documentos están fechados en febrero de 2011, un año antes de que el presidente diera el banderazo de salida a los tráileres y helicópteros destinados a salvar vidas.

“Se anticipó con suficiente tiempo y el gobierno hizo caso omiso de esas advertencias, de esas señales y las propuestas que permitían enfrentar la emergencia y sentar las bases de un cambio de modelo, Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

P R E S IDE NCIA

Negligencia criminal Desde febrero de 2011 –cuando una fuerte helada quebró la cubierta vegetal y se pronosticaba la falta de lluvias– las organizaciones campesinas del bloque El Campo no Aguanta Más acudieron a la Secretaría de Agricultura, la Cámara de Diputados y el Senado para pedir que se implementaran medidas preventivas y se lanzara una

Calderón. Responsable

puesto que ya veíamos venir, además de la sequía y las heladas, la duplicación y triplicación de los precios internacionales de los alimentos”, dice Suárez.

La sequía golpeó a mil 213 municipios de 19 estados, aunque los más afectados fueron Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

A la falta de planeación se sumó la lentitud para tomar decisiones y las luchas partidistas.

En enero el presidente vetó 10 mil millones de pesos aprobados por el Congreso de la Unión para atender la emergencia, bajo el argumento de que se arriesgaba la estabilidad financiera. Apenas la semana pasada anunció el cambio de las reglas del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que permitirá a los estados disponer de recursos catastróficos también por causa de las sequías.

Aunque la Secretaría de Hacienda liberó en noviembre las indemnizaciones de los seguros de riesgo por pérdida de cosechas, sólo Durango e Hidalgo han entregado a los productores los recursos y 17 administraciones estatales los han retenido.

Ni las críticas de los partidos políticos al veto. Ni las marchas de campesinos. Ni los reportes de las primeras muertes por desnutrición hicieron mella en el Ejecutivo. Fue hasta que las redes sociales difundieron el video en el que el productor chihuahuense Ramón Gardea señalaba que 50 rarámuris se habían suicidado por hambre (información que luego fue desmentida por las autoridades), lo que provocó una masiva solidaridad ciudadana y la apertura de centros de acopio de alimentos, cuando Calderón reaccionó.

El 25 de enero lanzó un “acuerdo de acciones para mitigar los efectos de la sequía”, por el cual se destinan 33 mil millones de pesos como ayuda a las zonas siniestradas, y ordenó las visitas de brigadas de salud, el surtido permanente de tambos con agua, la perforación de pozos y la aceleración de entrega de recursos de programas sociales. Posteriormente, la Sedesol anunció hasta la construcción de viviendas para indígenas en la Tarahumara.

“No basta el trabajo local ni basta el suministro de provisiones o agua potable.

Se necesitan medidas de largo plazo que enfrenten estructuralmente y a nivel global la problemática del cambio climático”, dijo, cuando faltan 10 meses para concluir su sexenio.

La misma lentitud mostró el gobierno de Chihuahua.

El jesuita Javier El Pato Ávila, con casi cuatro décadas en la sierra, señaló que hace cuatro meses los miembros del Programa Interinstitucional de Atención al Indígena de Chihuahua –donde él participa– pidieron al gobernador César Duarte que solicitara la declaratoria de emergen-

Germán Canseco

P RE S IDE NC I A

Ayuda tardía

cia para la Sierra Tarahumara, pero no los escuchó.

El sacerdote solicitó dos veces una entrevista con el mandatario estatal para plantearle la difícil situación que se vivía, pero nunca lo recibió. Posteriormente, el gobierno acordó con las organizaciones sociales repartir alimentos conjuntamente, pero no quiso quitar los logotipos de su gobierno, como se le pidió.

“De repente los gobiernos estatal y federal comenzaron sus repartideros de despensas, porque hasta que brinca el indígena en el escenario se dan cuenta de que existe y que tiene hambre. Además, estamos en época electoral, estoy seguro de que Felipe Calderón vino porque el estado (gobernado por un priista) le estaba ganando y pintando la sierra, y Duarte comenzó a repartir en regiones donde no hay emergencia alimentaria y, como se publicó, para tomarse la foto. Es lamentable que en estos momentos la federación y el estado se peleen y entre las patas del caballo quede el pueblo, que se ponga en riesgo el hambre del pueblo a cambio de votos”, critica.

El también presidente de la Comisión para la Solidaridad y la Promoción de los Derechos Humanos (Cosyddhac) reprueba que la entrega se realice de una manera asistencialista, no consensuada con los pueblos indígenas, aunque, dice, podrían organizarse brigadas de mejoramiento de la tierra y captación de agua y cuidado de los bosques.

“Al indígena no lo han pelado cuando le instalan su proyecto minero y le sacan millones de sus tierras, ni cuando lo desplazan con sus proyectos turísticos o fores-

tales ni durante los conflictos territoriales, o cuando pide autonomía. Ahora sí se dan cuenta que tiene hambre por una noticia falsa, entonces sí reaccionan”, dice.

Carlos Zarco, director de Oxfam-México, organización internacional enfocada al derecho a la alimentación, señala que en la Tarahumara se conjuntó la falta de lluvias, la carencia de infraestructura para la captación de aguas (95% se filtra o escurre), la sobreexplotación de suelos y la deforestación, y dice que aunque el gobierno conocía perfectamente la situación que se avecinaba, no echó a andar políticas preventivas para atajar la crisis.

Menciona que es necesario, además de entregar despensas, realizar antes de julio proyectos de conservación de suelos y retención de agua mediante pequeñas infraestructuras comunitarias, así como sembrar huertos de autoconsumo para que la gente tenga una reserva de alimentos para el próximo ciclo. Cada proyecto costaría 300 mil pesos.

En un recorrido que hizo recientemente por la sierra para constatar la situación, Zarco detectó las fallas en la repartición de alimentos: “No están informando previamente a las comunidades que va a llegar la ayuda y los camiones llegan de pronto, normalmente al pie de carretera, y cuando la gente se entera y llega –tras caminar horas– ya no encuentra nada. Nos reportaron casos de funcionarios que venden las despensas a 30 pesos, pero no tenemos pruebas. También se reparten distintos tipos de despensas, las del gobierno federal, las estatales, las voluntarias, las que llegan a la diócesis, así que la distribución es poco eficaz”.

La diputada Rodríguez menciona que la ayuda está llegando a comunidades semiurbanas, de fácil acceso, y no a las retiradas que necesitan más apoyo.

El jesuita Gasca da un reporte similar: “La ayuda está llegando a los centros de población más grandes y ahí les toca a los vecinos, pero no a las personas que viven más lejos o a los que no se dieron cuenta o no se apuntaron; se dan casos de que algunos van pero no reciben porque no aparecen en el censo o porque van sin identificación. Algunos no pueden cargar sus 30 kilos y los terminan vendiendo barato a los coyotes. Nosotros, a diferencia de los gobiernos, confiamos en las estructuras comunitarias: entregamos las despensas a través de los gobernadores rarámuris, los capitanes y sus policías porque entre ellos se conocen, organizan y ayudan”.

La pregunta que queda en el aire es si los gobiernos federal y estatales se coordinarán para enfrentar la emergencia y sostendrán el apoyo (de víveres y agua) hasta octubre próximo, aun pasadas las elecciones. De ello depende la supervivencia de miles de familias.

Cómo se

negoció

el triunfo de Mancera

Excepto la diputada Alejandra Barrales, los precandidatos de la izquierda al Gobierno del Distrito Federal reconocieron con su mejor sonrisa el triunfo de Miguel Ángel Mancera en las encuestas que se dieron a conocer el 19 de enero. Sin embargo, una grabación realizada el día 16, en la evaluación del desarrollo de dichas encuestas, revela cómo Manuel Camacho Solís y los partidos del Movimiento Progresista negociaron que los contendientes aceptaran los resultados a cambio de prebendas políticas.

GLORIA LETICIA DÍAZ

E

n la plancha del Zócalo capitalino, con el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de fondo, la fría mañana del 28 de enero un sonriente Miguel Ángel Mancera posó ante las cámaras con su equipo de campaña.

Con él estaban cuatro de sus excompetidores por la candidatura de la izquierda para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal: Joel Ortega, Martí Batres, Carlos Navarrete y Laura Velázquez. Ante los periodistas, todos llamaron a la unidad y dieron por concluida la contienda.

El triunfo de Mancera aún debe validarse en el Consejo Estatal Electivo del PRD. Pero esos rostros de satisfacción en nada se parecían ya al gesto duro que por lo menos Ortega, Batres y Mancera tenían el 16 de enero, cuando se reunieron en las oficinas del DIA (Diálogo para la Reconstrucción de México) con el resto de los aspirantes y con los dirigentes de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador para la elección presidencial.

Ortega, Batres, Mancera, Alejandra Barrales y Gerardo Fernández Noroña se reunieron, entre otros, con Manuel Camacho Solís, coordinador del DIA, y con los dirigentes partidistas Adolfo Orive (PT), Jesús Zambrano, Dolores Padierna, Manuel Oropeza (PRD) y Luis Walton (Movimiento Ciudadano). También estuvieron presentes el sena-

El precandidato y sus exrivales Procesofoto

dor del PT Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de López Obrador, y René Cervera, presidente de la Fundación Equidad y Progreso, leal a Ebrard.

A partir de una grabación de audio a la que tuvo acceso este semanario, se logró reconstruir la mayor parte de esa reunión, cuyo propósito fue evaluar el desarrollo de las 9 mil encuestas encargadas a las empresas Nodo, Covarrubias y Asociados, y Buendía y Loredo, que se realizaron del 14 al 16 de enero.

Desde el principio los aspirantes se quejaron del despojo de su propaganda, del excesivo despliegue de mantas, pendones y volantes por sus rivales, la transmisión de un reportaje biográfico de Mancera en TV Azteca el 14 de enero, la difusión de una declaración de René Bejarano (líder de Izquierda Democrática Nacional, IDN) a favor del exprocurador, y el uso de call center a favor de Mancera y de Barrales.

“Dimos una imagen de unos contra otros, de otros contra el gobierno y del gobierno contra mí, porque me quitaron prácticamente toda mi propaganda”, lamentaba por ejemplo Joel Ortega, a quien Mancera nombró ya coordinador general para su campaña.

Quien fuera secretario de Seguridad Pública, destituido por el caso News Divine, estimó que el call center realizó “cerca de 1 millón de llamadas”, en las que se es-

cuchaba la voz de López Obrador elogiando a Mancera, lo que alteraría el resultado de las encuestas sin que el partido hiciera algo para evitarlo.

Ortega calculó que ese recurso, sumado a la propaganda en “espectaculares, valet parking y transporte urbano” superaba el tope de gastos de precampaña fijados por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), de poco más de 7 millones de pesos: “Creo que se rebasaron y tengo la certeza que tanto el PRI como el PAN lo han tomado en cuenta”, advirtió.

Un informe de la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF reportaba que, hasta el viernes 3, de 100 denuncias formuladas contra perredistas en el proceso electoral que arrancó en octubre pasado, cuatro fueron contra Mancera por actos anticipados de campaña (El Universal, 3 de febrero).

A su vez, Barrales y Fernández Noroña señalaron que en las redes sociales se alertó de un operativo en el que personas afines a Mancera lo promovían en casas que después eran visitadas por los encuestadores oficiales.

Mancera se defendió. Mostró actas levantadas ante el Ministerio Público para deslindarse de las llamadas en su favor y para denunciar otras, en las que “imitando la voz del licenciado López Obrador se decía que yo era un peligro para la ciudad y que

era un ratero”. Aseguró también que fracasó su intento de impedir la transmisión del programa de TV Azteca. Sobre el apoyo de René Bejarano, dijo que su difusión “era un servicio informativo, y no sé cómo se puede comprar un servicio informativo”.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, manifestó su preocupación por las quejas. Dijo que aun cuando llegó a pensar que podría tratarse de un asunto “provocado desde afuera para provocar un pleito gratuito para quienes luego somos bastante dados a tomarlos”, tras escuchar a sus compañeros concluyó que la situación “no deja de ponernos en foco amarillo, porque lo peor que nos puede pasar a estas alturas es que se descomponga” el proceso interno.

En su turno, Martí Batres, actual responsable de la vinculación de Mancera con movimientos sociales, también deploró la “enorme desigualdad publicitaria”, pero fue conciliador: “A mí me interesaría respaldar el resultado, sea cual sea. Finalmente una crisis política derivada de un cuestionamiento puede ser letal para la elección constitucional. Realmente no estaría inconforme con el resultado desigual, como está; nosotros somos responsables: ganó quien ganó y punto. Después, la perspectiva es de inclusión o de alejamiento”.

Fue más claro: “Mi perspectiva es: si me favorecen los resultados, creo que todo

mundo (los perdedores) se integra al proceso político, esto es la integración de todos al gobierno, y si no fuera así (que no ganara la encuesta), yo creo que de todas maneras tenemos muchos derechos a formar parte de este proceso, hemos luchado durante muchos años y no durante unas horas”.

Fernández Noroña, diputado federal del PT, reclamó a los dirigentes de los partidos que se les diga a los aspirantes con menos publicidad: “Se aguantan aunque ocurrió chingadera y media”. Les dijo a quienes inundaron la ciudad con propaganda: “¿Creen que nosotros no queremos avanzar, que no tenemos sangre en las venas? No, seguimos teniendo expectativas del resultado final”.

De todas formas, ante la difusión de las presuntas irregularidades durante el fin de semana en que se levantaron las encuestas, el exvocero del PRD conminó a sus compañeros a que no hicieran declaraciones, se apegaran “al resultado de la encuesta, y aquí discutimos cómo queda cada uno”.

Sólo pidió que los acuerdos a que llegaran los precandidatos fueran avalados por los partidos que conforman el Movimiento Progresista: “Es complicado, nunca fui palomeado en el PRD, nunca fui diputado. Sería muy desafortunado que hubiera un acuerdo sólo de los precandidatos, cuando las direcciones polí-

ticas de los partidos son las que tienen que cerrar los acuerdos”.

La negociación Ricardo Monreal, senador por el PT, exgobernador de Zacatecas por el PRD y exdiputado federal por el PRI, explicó: “El DF es clave para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, si no se asume así, hay irresponsabilidad política (…) Estuve en comunicación con Manuel (Camacho), con Chucho Zambrano, con Luis Walton y Beto Anaya, y a todos nos preocupaba el desenlace (de la elección de candidato para el Distrito Federal). Por eso nuestra presencia en esta reunión con ustedes. Me gustaría un comentario de que podamos lograr un acuerdo de aceptar los resultados”.

El acapulqueño Luis Walton, de Movimiento Ciudadano, retomó la idea de Batres de que el aspirante ganador “incluyera” al resto, pues “no son fuerzas políticas individuales, debe haber un compromiso de incluir a todos porque todos son importantes y todos tienen voz”. Propuso que acordaran las formas de “inclusión” antes de que se dieran a conocer los resultados de las encuestas.

Manuel Camacho Solís, a quien Marcelo Ebrard le confió la supervisión del proceso de selección del candidato, dio respuesta a los aspirantes. Sobre las quejas contra

pacto de tal manera que todos vamos a quedar bien”.

Enseguida, Camacho Solís les encargó a los precandidatos que definieran sus aspiraciones de acuerdo “a sus posibilidades” y “potencialidades”, para que las expusieran ante los dirigentes de los partidos y el propio Camacho antes de que se conocieran las cifras de las encuestas, a fin de que aceptaran el triunfo de quien tuviera mayores preferencias.

Una vez que se declaró a Miguel Ángel Mancera como “el bueno”, la integración de los demás aspirantes fue casi un trámite. En esa labor fue determinante el jefe de gobierno, aunque los acuerdos fueron ratificados por Mancera.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, Joel Ortega pidió la coordinación de la campaña; Martí Batres apartó para su grupo la jefatura delegacional de Iztapalapa y se le ofreció salir bien librado de las investigaciones de la Contraloría del Distrito Federal sobre su gestión como secretario de Desarrollo Social.

De acuerdo con las mismas fuentes, el senador Carlos Navarrete –actual coordinador de vinculación con la sociedad ciBarrales. Berrinche efímero

Benjamín Flores

Mancera y Barrales, dijo que la más delicada era la referente a los call center, pero descartó que éstos influyeran en el resultado final. “Las llamadas que llegan a ser efectivas en una campaña son las llamadas negativas, no las positivas”, expuso.

Al hablar de las denuncias, dijo: “Me parecen muy legítimos los comentarios. No todo mundo hizo lo mismo, no todo mundo tiene que estar avalando esas cosas”.

Después urgió a elaborar un plan de acción política más allá de la resolución de estos problemas de la precampaña: “No es irnos punto por punto sino al fondo... Pero no lo tenemos que hacer dentro de tres años o dentro de seis, sino que hay que hacer algo de inmediato”.

El que fuera regente del Distrito Federal en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se explayó en su propuesta: “Una especie de gobierno de coalición política, en el que se pacta el programa y después la composición política, de tal manera que si alguien no sacó la suficiente mayoría (porque no creo que sea el caso de que alguien diga: ‘Yo aquí gané todo’) va a necesitar de los demás. Entonces de una vez armemos un programa y una especie de

La

disputa

por las candidaturas...

El próximo jueves 9 el Movimiento Progresista dará a conocer los nombres de los precandidatos a puestos de elección popular que el domingo 12 y el lunes 13 serán definidos en el congreso electivo de la izquierda. Proceso obtuvo copia de las listas de aspirantes, entre quienes destacan personajes tan disímbolos como Cuauhtémoc Cárdenas, Purificación Carpinteyro, Laura Esquivel, Joel Ortega, María Rojo o Dolores Padierna... Muchos veteranos políticos están incluidos en varias relaciones: si no hay suerte en una, la habrá en otra.

Benjamín Flores

Camacho. Por el pacto

vil en la campaña de Mancera–, consiguió la promesa de que su corriente, Nueva Izquierda (NI), tendrá el control en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Navarrete pudo acomodarse pese a que el 11 de enero, tras el debate de los precandidatos, declinó a favor de Barrales. Un dirigente de NI pidió el anonimato a cambio de confiar a la reportera que Navarrete primero le ofreció a Ebrard su declinación y el apoyo a Mancera, pero que el jefe de gobierno lo “maltrató”.

El entrevistado añade que “en la decisión por Barrales también influyó que hace seis años, a cambio de que Jesús Ortega le levantara la mano, Marcelo nos ofreció varios espacios en su gobierno. Para empezar, la Secretaría de Gobierno para Zambrano. Pero no cumplió. Ahora el acuerdo es con Mancera, quien no tiene equipo y nos necesita”.

La “inclusión” también benefició a la exsecretaria de Desarrollo Económico, Laura Velázquez Alzúa, leal a René Bejarano, ya nombrada coordinadora de gestión social de Mancera y registrada como aspirante a diputada local.

Velázquez quería ser candidata a la jefatura de gobierno pero no pudo posicionarse en las encuestas, por lo que al igual que Benito Mirón –también de IDN– desistió del intento como parte de un acuerdo entre “el profesor” Bejarano y el jefe de gobierno.

“Para aceptar a Mancera –narró un integrante de IDN– el profesor le pidió a Marcelo que se respetaran los puestos que la corriente tiene en el gabinete (tres secretarías) y respetar las candidaturas que alcanzáramos para diputados locales y federales, para jefes delegacionales y el Senado, que es la aspiración de Dolores Padierna.”

En cuanto a la diputada local Alejandra Barrales, su posición varió en la semana.

De declarar que se reservaba su derecho a calificar las encuestas, pasó a aceptar de facto a Mancera al comprometerse a “acatar la resolución del Consejo Estatal Electivo” del PRD, que el 11 y 12 de febrero validará la designación del exprocurador como su candidato a jefe de gobierno.

Hasta el cierre de edición, Barrales se abstuvo de hacer declaraciones. Proceso solicitó una entrevista con ella, pero se negó. Únicamente porque el 25 de enero Ebrard dijo que “sería extraordinario” que Barrales fuera al Senado, se ha difundido que esta es la salida para que ella reconozca la candidatura de Mancera.

Ese mismo día se le preguntó a la secretaria general del PRD, Dolores Padierna, su opinión sobre esa supuesta oferta, a lo que respondió molesta que en el caso de Barrales “se necesita algo más que estar arriba en las encuestas”, y que en todo caso “el jefe de gobierno tiene los votos (en el PRD) para meterla”. O

Hugo Cruz

Octavio Gómez

P OL Í T ICA I A / PRD

Cuauhtémoc Cárdenas

ROSALÍA VERGARA

L

a coalición Movimiento Progresista –formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC)– y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsan, como precandidatos a legisladores y jefes delegacionales, a empresarios, actores, luchadores sociales, in-

Purificación Carpinteyro

telectuales, viejos militantes de izquierda y hasta unos cuantos expanistas.

Si bien no será sino a partir del próximo jueves 9 cuando se den a conocer oficialmente los nombres de los precandidatos a diputados federales, senadores, asambleístas y jefes delegacionales, este semanario obtuvo copias de las listas de aspirantes.

Aún falta que el domingo 12 y el lunes 13 el Congreso Nacional Electivo del PRD defina, ahora sí, las candidaturas.

Laura Esquivel

Rumbo a San Lázaro Fernando Canales Stelzer, hijo del exgobernador nuevoleonés Fernando Canales Clariond, figura como aspirante a una curul en la Cámara de Diputados por el distrito 1 de Nuevo León (Santa Catarina).

En una conferencia de prensa el pasado 18 de diciembre Canales Stelzer calificó al precandidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador,

Miguel Dimayuga

Germán Canseco

Germán Canseco

“El Fisgón”

como el único personaje que puede lograr un cambio verdadero en el país mediante el combate a la corrupción, la eliminación de la impunidad y una política industrial para generar empleos.

Otro precandidato es el actor de cine, televisión y doblaje Jorge Arvizu Martínez, El Tata. Éste declaró el 30 de diciembre a El Universal que estaba listo para ser diputado y que ya estaba enlistado como precandidato de Morena-PT-MC por los distritos 22 (Naucalpan) y 23 (Valle de Bravo) del Estado de México.

En la lista también está Rafael Barajas, El Fisgón, cartonista del periódico La Jornada, como representante de Morena en el distrito 11 del Distrito Federal, correspondiente a la delegación Venustiano Carranza.

Laura Esquivel, autora de la novela Como agua para chocolate, competirá por la candidatura del distrito 24 del Distrito Federal (Coyoacán).

Precandidata por el distrito 23 del DF (también en Coyoacán) es María Rojo, reconocida por su carrera como actriz de teatro, cine y televisión y, en su calidad de senadora, como autora y promotora de iniciativas de ley de apoyo al cine y a la cultura. Exjefa delegacional en Coyoacán, Rojo fue registrada por todos los partidos de la coalición y competirá contra los perredistas Mauricio Toledo, diputado federal; Ariadna Montiel Reyes, directora de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, y Rodolfo Amador Martín.

Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes del gobierno calderonista que el año pasado fue considerada como posible candidata del PRD al gobierno del Estado de México, abogada, empresaria y experta en telecomunicaciones, está registrada en la lista de mayoría relativa del PRD para el distrito 17 (Cuajimalpa) y de Morena-PT-MC para el 10 (Miguel Hidalgo) del DF.

Dolores Padierna

También está enlistado el regidor petista en Acapulco y coordinador de Morena en ese municipio, Genaro Vázquez Flores, hijo del legendario guerrillero Genaro Vázquez Rojas.

Roberto Gallardo Gallardo aspira al distrito 9 de Chihuahua (Hidalgo del Parral). Es vocero de Francisco Turner, coordinador de enlace con empresarios de Morena y propuesta de López Obrador para formar parte de su gabinete como secretario de Economía.

En todas las listas Hay perredistas inscritos en todas las listas: en la de su partido y en la de Morena, así como en la de aspirantes a una diputación por mayoría relativa y también en la de representación proporcional.

Son los casos de Valentina Batres Guadarrama, exdiputada federal y local que compite por el distrito 2 (Gustavo A. Madero); Francisco Chíguil, por el distrito 6 (Gustavo A. Madero); Froylán Yescas, por el 8 (Cuauhtémoc); Benito Bahena, secretario de Fomento al Empleo del gobierno capitalino, por el 13 (Iztacalco), y Ernestina Godoy, por el 12 (Iztapalapa), todos en el DF. Igual está Horacio Duarte Olivares, por el distrito 38 del Estado de México (Texcoco). Duarte fue el encargado de la defensa jurídica de López Obrador tras los comicios de 2006. En este esquema también figura Fabiola Alanís, quien el año pasado fue precandidata del PRD al gobierno de Michoacán.

Al parecer Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD y quien estuvo distanciado del lopezobradorismo durante casi 12 años, irá por una senaduría, lo mismo que Joel Ortega, exsecretario de Seguridad Pública del DF y quien fue destituido a raíz de la tragedia de la discoteca News Divine.

La perredista Virginia Jaramillo Flores,

“El Tata”

cercana a René Bejarano, aparece en la lista de aspirantes a jefes delegacionales: quiere repetir mandato en Cuauhtémoc.

Compite con David Razú y Agustín Guerrero Castillo, diputado federal. Pero esta trabajadora social también aparece en la lista de Morena para diputada federal por el distrito 8 en esa delegación. Ahí compite con Froylán Yescas.

Igual es el caso del perredista Pablo Trejo, quien aspira a una diputación local o, en su defecto, a la jefatura delegacional de Iztapalapa, donde compite con los diputados locales Aleida Alavez y Víctor Varela, entre otros.

En las listas de Morena está inscrito Nahum Medina como precandidato a diputado por el distrito 7 de Veracruz (Martínez de la Torre), pero como no se incluyó su segundo apellido, no es posible saber si se trata de Nahum Medina García, exalcalde de Tlapacoya, acusado de daño patrimonial por unos 8 millones de pesos, o es un homónimo.

Morena En las listas de precandidatos también están Arnaldo Córdova, fundador del PRD, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Julio Boltvinik, perredista, académico, exdiputado y también columnista del periódico La Jornada. Ambos compiten por la precandidatura del distrito 5 (Tlalpan) del DF. Otro militante de Morena es el jurista y escritor Bernardo Bátiz, expanista, exprocurador general del DF, quien en 2006 fue candidato a jefe delegacional en Benito Juárez; ahora busca una curul en esa misma demarcación por el distrito 15, que disputará con la coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres del Movimiento Ciudadano, María del Carmen Ojesto Martínez Porcado, hermana del exmagistrado del Tribunal Electoral del Po-

P OL Í T ICA I A / PRD der Judicial de la Federación José Fernando, quien podría ser candidato a senador por Morena.

La senadora Rosario Ibarra ahora busca ser diputada por el distrito 18 del DF (Iztapalapa), pero también por el 11 de Nuevo León (Cadereyta Jiménez).

Es el mismo caso de Alejandro Encinas Nájera, hijo del diputado federal y excandidato a gobernador del Estado de México Alejandro Encinas Rodríguez, quien está registrado en las listas del PRD para diputado local y federal.

La coordinadora de Morena en el Estado de México, Martha Pérez Bejarano, competirá por el distrito 32 del Estado de México (Xico). Rosario Esparza Flores compite por Morena para el distrito 7 de Coahuila (Saltillo) y comparte apellidos con el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores.

Por la ALDF Una vez que el exprocurador capitalino Miguel Ángel Mancera se convirtió en precandidato al Gobierno del Distrito Federal, las tribus perredistas se disputan las precandidaturas a la Asamblea Legislativa.

El exdiputado local Isaías Villa, de Nueva Izquierda, quiere competir por el distrito local 4, donde hay 11 aspirantes, entre ellos Elio Ramón Bejarano Martínez, hermano de René Bejarano. Por el 7 compite Alejandro Rojas Díaz Durán, exsecretario de Turismo del DF a quien Ebrard despidió por enturbiar el proceso de selección del candidato a jefe de gobierno.

Otros aspirantes son: Verónica Juárez, vocera del PRD nacional; el exdiputado federal Alfonso Suárez del Real; Dione Anguiano Flores; David Eleazar Quiroga Anguiano, hermano de la diputada local Karen Quiroga Anguiano; Alfredo Hernández Raigosa; Armando Contreras Luna, secretario de Alianzas del PRD, y Eduardo Sánchez Camacho, hermano de Alejandro Sánchez Camacho, exdiputado federal.

Los aspirantes a diputados locales plurinominales son Rocío Sánchez Pérez, quien ha colaborado con Alejandro Encinas; Vladimir Aguilar García, secretario de Planeación del CEN perredista, y otra vez Armando Contreras Luna y Alejandro Encinas Nájera.

Por el distrito 25 se perfila Polimnia Romana Sierra, quien durante nueve años fue asistente y coordinadora de giras de Andrés Manuel López Obrador y jefa del grupo de seguridad del tabasqueño, Las Gacelas, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En cuanto a las delegaciones destaca un nombre: el de Antonio Padierna Luna, hermano de la secretaria general del PRD y aspirante al Senado, Dolores Padierna

Luna, quien además busca la precandidatura para la jefatura delegacional de Azcapotzalco.

Para Coyoacán se perfila el diputado federal Mauricio Toledo, de Nueva Izquierda, quien infructuosamente buscó la misma candidatura en 2010. Compite con Ariadna Montiel Reyes, que también quiere ser diputada.

La legisladora Leticia Quezada quiere ser jefa delegacional en Magdalena Contreras, el asambleísta Víctor Hugo Romo Guerra busca la jefatura en Miguel Hidal-

go y Alejandro Sánchez Camacho en Milpa Alta. Tláhuac se la disputan cinco perredistas, entre quienes destaca Maricela Contreras Julián. En Venustiano Carranza figura Esthela Damián, quien en enero pasado renunció a la precandidatura al Senado para sólo aspirar a este cargo. Avelino Méndez y Adolfo González compiten por Xochimilco.

Y hasta en tanto no se definan las candidaturas –el domingo 12 y el lunes 13– seguirán los “jaloneos” entre tribus y aspirantes. O

TELECOMUNICACIONES Aunque la Comisión Federal de Competencia rechazó la fusión entre Televisa y Iusacell, no todo está escrito. Falta conocer el dictamen final y es probable que el duopolio televisivo apele exitosamente la decisión del órgano regulador. En toda esta maraña de leyes, reglamentos y regulaciones se advierte un afán de gatopardismo: que todo cambie para que todo permanezca. Los mismos monopolios, las mismas prácticas que lesionan el interés de los consumidores, los mismos abusos...

Montes Urales 460, en el Distrito Federal.

El comunicado emitido por la CFC la noche del pasado 24 de enero se limitó a informar: “El pleno resolvió hoy sobre la concentración Televisa-Iusacell, a la que corresponde el expediente CNT-031-2011”.

El mismo boletín advirtió que por mandato del último párrafo del artículo 31-bis de la Ley Federal de Competencia, reformada recientemente por el Congreso, “la CFC y sus comisionados están imposibilitados de pronunciarse públicamente sobre el expediente hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes económicos involucrados”.

Se trató de evitar un escenario similar al de la multa a Telcel, que derivó en un largo litigio de la empresa de Carlos Slim contra Pérez Motta por haber ventilado públicamente su posición sobre este tema, en pleno proceso jurídico.

Operación fusión:

el revés de la trama

Apenas el pasado 20 de enero, seguro de que iba a ser aprobada la concentración, Grupo Televisa cubrió la totalidad de los mil 602.5 millones de dólares acordados para la compra de acciones de Iusacell, según el reporte enviado por la empresa a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El reporte del consorcio televisivo informó: “En relación con esta inversión, Grupo Televisa hizo pagos en efectivo durante el segundo y tercer trimestres de 2011 por un monto total de mil 152.5 millones de dólares (13 mil 528 millones de pesos), y en octubre de 2011, por un monto de 450 millones de dólares (6 mil 249 millones de pesos)”.

La negociación original fue reconocida por Televisa y Grupo Iusacell en abril de 2011, a pesar de que la negaron airadamente cuando el columnista Miguel Ángel

L

a noche del pasado 24 de enero, durante la reunión de los cinco integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC), sólo se tenía claro que dos comisionados votarían contra la solicitud de concentración de Televisa en Grupo Iusacell, y otros dos a favor.

Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, y Rodrigo Morales Elcoro, integrantes de ese organismo desde el sexenio anterior y que han votado coincidentemente en otros asuntos polémicos –como la megamulta contra Telcel por mil millones de dólares–, no querían apoyar la solicitud de conversión de deuda por 50% de las acciones de Televisa en Grupo Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, accionista principal de TV Azteca.

Pérez Motta había sido el centro de las presiones ejercidas en las pantallas de Televisa y TV Azteca y, en especial, de los dos principales operadores de la “megafu-

sión”: Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa y estratega de la ampliación del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en el área de telecomunicaciones, y Pedro Padilla Longoria, director general de Grupo Salinas (Proceso 1838).

Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez, los dos comisionados que se integraron a la CFC en el sexenio de Felipe Calderón, ambos con vínculos estrechos con Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, argumentaron –a favor de la fusión– que se necesita un competidor fuerte en telefonía móvil para enfrentar al gigante formado por Telmex-Telcel, de Carlos Slim.

Curiosamente ambos también votaron contra la declaración de dominancia contra Telcel, Telefónica y Grupo Iusacell en la terminación de llamadas en su propia red de telefonía móvil, el 7 de noviembre de 2011.

En junio pasado Ibarra Pardo y Miguel Flores Bernés votaron a favor de que Pérez Motta se recusara en el caso de la multa a Telcel, porque declaraciones suyas en

medios electrónicos ponían en duda su imparcialidad.

El voto del quinto comisionado, Flores Bernés, estaba en duda. Hasta esa sesión argumentó que estaba contra la concentración Televisa-Grupo Iusacell porque no se iba a combatir a un gigante como Telmex-Telcel con la creación de otro, formado por las dos televisoras dominantes.

Al igual que los otros cuatro comisionados, Flores Bernés fue objeto de intensas presiones, tanto de las televisoras implicadas en la fusión como de autoridades del gobierno federal que argumentaban a favor de esta operación para “combatir al monstruo” Telcel-Telmex.

Según testimonios recabados por Proceso, el punto medular de la deliberación interna del organismo se orientó más hacia el otro escenario: la fusión no tendría problemas si Televisa comprara 100% de Grupo Iusacell y se eliminara el “incentivo para prácticas monopólicas” en materia de televisión abierta, donde ambos grupos controlan 95% de las frecuencias con-

cesionadas, más de 65% de la publicidad de las otras compañías de telefonía móvil, así como el mercado de contenidos en televisión abierta y restringida.

Otro escenario planteado por uno de los comisionados fue que sólo se aceptaría la fusión si Grupo Televisa se deshiciera de alguna de sus tres cadenas de televisión nacional abierta (Canal 2, Canal 5 o Canal 9) y se regularan el must offer y el must carry, en los términos planteados por otras empresas de televisión restringida, como MVS, accionista de Grupo Dish, que ha criticado duramente a Televisa y a TV Azteca por negarle el acceso a sus canales de televisión abierta y por bloquear la contratación de publicidad en Canal 2 o Canal 13.

Tras una larga deliberación la fusión se rechazó por tres votos contra dos. Se acordó que no se daría a conocer la decisión hasta que se les notificara a los entes regulados; es decir, hasta completar el proceso de notificación de la resolución, en especial a Grupo GSF Telecom Holdings, controladora de Grupo Iusacell, ubicado en

“Ganar tiempo” A pesar del hermetismo de los comisionados de la CFC, pronto se filtraron distintas versiones en torno al sentido del voto. El Universal publicó el 25 de enero, como nota principal, que la fusión había sido rechazada por tres votos contra dos. Ese mismo día, la edición online de The Wall Street Journal citó a “un alto ejecutivo” de Televisa afirmando que el organismo regulador rechazó la solicitud de concentración.

Para los inversionistas de la televisora y, en especial, para De Angoitia, principal artífice de esta operación, ventilar la negativa tenía como objetivo aminorar el impacto negativo en el Bolsa Mexicana de Valores y en el mercado bursátil estadunidense, donde cotiza el consorcio encabezado por Emilio Azcárraga Jean. Las acciones de Televisa disminuyeron 8% esa semana y registraron una baja de poco más de 3.4% el miércoles 1, cuando se confirmó el rechazo a la solicitud de concentración.

Octavio Gómez

Miguel Espinoza / “El Universal”

JENARO VILLAMIL

Pérez Motta. Presiones

Benjamín Flores

TELEC O MUNICA CIO NE S hacerse propietario de 98% del papel de la emisión 2011, de 92% de la de 2012 y de 76% de la correspondiente a 2013.

Este enigmático inversionista vive entre Nueva York y Londres, y mantiene una rivalidad financiera muy fuerte con los ejecutivos de Televisa, en especial con De Angoitia. En un principio fue el principal apoyo para la demanda interpuesta por Paula Cussi, la última esposa de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, quien acusó a Azcárraga Jean de incumplimiento en el reparto de la sexta parte de la herencia de su padre.

Televisa vio la oportunidad de que Martínez no se hiciera del control de la cuarta compañía de telefonía celular en México y le compró la deuda de Iusacell en poco más de mil 600 millones de dólares.

Apenas unos meses antes Televisa negoció con Grupo Nextel la inversión de mil 440 millones de dólares para adquirir 30% de la compañía, una vez que tuviera los títulos de concesión del bloque de 30 Mhz, de la banda de 1.7Ghz, en la polémica Licitación 21. Finalmente Televisa abandonó la sociedad con Nextel y comenzó su negociación en seDe Angoitia. Apoyo creto con Grupo Iusacell.

Ante la negativa de la CFC, Granados Chapa, autor de Plaza Pública, la Iusacell y Televisa buscan ganar tiempo, dio a conocer el 23 de enero de ese año. en función de las elecciones de este año.

Desde ese momento el punto medular Tienen 30 días hábiles para presentar un para ambos consorcios fue ganar tiempo, recurso de reconsideración ante el orgade tal manera que la autorización de esta nismo regulador y éste, a su vez, disponoperación se acercara a 2012, año de la su- drá de 60 días hábiles para considerar los cesión presidencial en México, y pudieran argumentos que le presenten ambas parhacer valer su capacidad de presión, ad- tes. virtieron analistas financieros consultaEl contenido de la resolución se desdos por este semanario. conoce, hasta ahora, porque el proceso de Grupo Televisa y Grupo Iusacell no no- notificación culminará el martes 7. Si amtificaron de inmediato a la CFC, entidad bos grupos aceptan las condiciones que reguladora que por ley debe autorizar este incluye la resolución de la CFC, la fusión tipo de operaciones. A pesar de eso, desde puede ser aprobada en junio de este año abril de 2011 las compañías ya habían in- o irse a un litigio que se prolongaría más formado a la Bolsa Mexicana de Valores y allá de julio próximo. a la SEC de Estados unidos.

El 6 de abril de 2011 The Wall Street Jour- Tretas nal publicó que Televisa “compraría 50% de Iusacell”. Citando a círculos financie- Una de las maniobras para ganar tiempo ros, el periódico especializado, señaló que fue obstaculizar el proceso de notificación la operación implicaría “la compra de una de la CFC y presentar a Grupo Iusacell coparte, o la totalidad, de la deuda restructu- mo una “víctima de la arbitrariedad” de rada de Iusacell, por parte del empresario elementos de la Policía Federal que apoyaregiomontano David Martínez y su fondo ron al personal del organismo regulador.

El 31 de enero, el abogado Fidel Sierra, de inversión Fintech”.

Martínez fue adquiriendo deuda de notificador de la CFC, acudió por primeIusacell en los mercados bursátiles hasta ra vez al domicilio de Iusacell, en Montes

Urales 460, para entregar un primer citatorio. Los abogados de la empresa de Salinas Pliego, en una triquiñuela jurídica, cambiaron el número exterior del edificio, ahora 409, para negar que ese fuera el domicilio legal.

En paralelo, el director de Cumplimiento Regulatorio de Iusacell, Eduardo Ruiz Vega, comentó en distintas entrevistas con la prensa que la CFC no había hecho oficial la notificación y que el plazo perentorio seguiría siendo el 7 de febrero.

También advirtió que acudirían a instancias judiciales si se rechazaba la alianza.

Ruiz Vega fue integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Después de un largo litigio interno abandonó ese organismo para trabajar al servicio de Ricardo Salinas Pliego. La estrategia de judicializar las resoluciones desfavorables es común en el sector de telecomunicaciones, pero, en especial, Grupo Salinas demanda y litiga prácticamente todo, como sucedió con más de 60 juicios interpuestos contra la Licitación 21.

Para evitar un conflicto en las instalaciones de Iusacell, el miércoles 1 el notificador Fidel Sierra y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de CFC pidieron apoyo a la Policía Federal para realizar el proceso de notificación. En el vestíbulo de las oficinas de Iusacell hubo jaloneos y empujones, pero al final se completó el proceso de notificación.

En su noticiario Hechos, de Canal 13, el reportero Marcos Morales, de Azteca Noticias, hizo una crónica pormenorizada de la llegada de los notificadores, acompañados por fotógrafos que “parecen que los invitaron ex profeso para que tomaran fotos”.

La crónica de siete minutos, al estilo de los programas de nota roja de la televisora del Ajusco, relata el episodio como si fuera un acto de agravio de las autoridades a Grupo Iusacell para simular una “trifulca”: “12:12. Hay tensa calma en la recepción, pero las cosas poco a poco vuelven a la normalidad. Sin embargo, en las calles que rodean el edificio de Iusacell se mantiene la presencia de los elementos de la Policía Federal. Una camioneta, incluso, se detiene frente al inmueble en actitud de intimidación.

“A las 13:37 reaparecen el notificador y sus testigos en la recepción. Los fotógrafos esperan del otro lado del umbral y de inmediato lo rodean para captar el momento.

“Los reporteros lo mantienen rodeado y ahora se ve a policías federales armados en escena. Continúa dando declaraciones y dice que ya cumplió con parte de su trabajo. Detrás de él se ve a sus escoltas.

“Y lo de hoy podría repetirse otra vez.

Rodeados de los hombres de negro, el verificador vuelve tácitamente a ponerse de acuerdo con la prensa.”

El conductor Javier Alatorre editorializó el episodio de esta manera: “Ya se lo comentábamos. Incomodan, desde luego, mucho las formas en que se llevó a cabo la notificación. Imagínense si esto le ocurre a una empresa del tamaño de Iusacell, ahora piense cuál es el trato que recibiría un ciudadano común, un ciudadano de la calle que, por encima de todo, debe sufrir ante las posturas que monopolizan un sector, tal como lo volvió a demostrar la OCDE.” Hechos dio paso a la nota de la OCDE en que responde a las críticas que Carlos Slim, dueño de Telmex-Telcel, lanzó un día antes contra el informe sobre Revisión de las políticas de telecomunicaciones y regulación en México emitido por el organismo internacional.

Contra la competencia Durante dos días Grupo Iusacell pagó desplegados de prensa para acusar al periódico Reforma de “esconder” información para favorecer a Telmex-Telcel, de estar “vendido a Carlos Slim” y de “manipular la información” para proteger al magnate.

La empresa que en diciembre de 2002 protagonizó el asalto armado a las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite, ahora acusa a autoridades de la CFC de prácticas típicas de las empresas de Salinas Pliego.

El comunicado de Grupo Iusacell afirmó que “revisaremos a detalle la extensa resolución” de la CFC y “haremos llegar a la comisión y/o a la instancia legal competente los argumentos para que se analice a fondo la conversión de las obligaciones de Televisa en acciones de Iusacell”.

La empresa de Salinas Pliego cita un párrafo de la resolución, en la página 18, que considera favorable a su interés de fusionarse con Televisa: “Al existir competidores que cuentan con una presencia significativamente mayor, el fortalecimiento de Iusacell tendría efectos favorables sobre la competencia”.

Hasta ahora ninguno de los comisionados de CFC ha hecho declaraciones públicas en torno a este caso. El organismo sólo ha señalado que el proceso de notificación “ha sido complejo, pero va por buen camino” y la comisión publicará su decisión “una vez que haya culminado con éxito este proceso”.

Dish México, propiedad de MVS, afirmó en un comunicado que la decisión de la CFC “no resuelve los problemas de la alta concentración y prácticas anticompetitivas que se tienen en la industria de la televisión. Por el contrario, mantener el statu quo sólo beneficia al duopolio televisivo”.

“Al no autorizar la concentración en

Iusacell del duopolio y no haber sometido dicha operación a fuertes condicionantes en los mercados relacionados, se optó por mantener las cosas en el estado que se encuentran, beneficiando a los actores de siempre”, argumentó Dish.

La empresa dirigida por Ernesto Vargas subrayó que Televisa y TV Azteca continuarán impidiendo que Dish México se anuncie en sus canales de televisión abierta y “seguirán negándonos sus señales abiertas para incluirlas en nuestra programación e insistirán en sus ventas atadas”.

Por su parte, Salomón Padilla, representante legal de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México (ARTM), organismo que agrupa a empre-

sas de televisión por cable independientes de Televisa, afirmó que falta conocer la versión pública de la CFC y que esta decisión “es una oportunidad para el regulador de enderezar el mercado sin filias ni fobias. Mis respetos al notificador que logró hacer su trabajo”.

Desde el 9 de marzo de 2011 la ARTM presentó una queja contra el dominio que tiene Televisa en materia de contenidos de televisión restringida, a través de Cablemás, de TVI y su filial Telum, cuyos accionistas forman parte del Consejo de Administración de PCTV, generando “prácticas monopólicas absolutas y relativas” en el mercado de contenidos, como ocurrió con las ventas forzadas de la transmisión del Mundial de Futbol.

AV IA CIÓ N JESUSA CERVANTES

David Deolarte

L

comprador, nuevos obstáculos

Nuevo

queador” del proceso de venta. De él se dice incluso que ya tiene asegurado un cargo en Interjet para cuando acabe el sexenio calderonista.

El miércoles 18 de enero un grupo de diputados federales, encabezado por el priista Adán Rubí Salazar y por Di Costanzo, se entrevistó con Felipe Consuelo Soto, Badín y un grupo de funcionarios de la SCT. Durante el encuentro –Proceso tiene copia de la videograbación–, Consuelo reveló que los slots, rutas y horarios están en manos de Interjet y Aeroméxico, pero sólo en calidad de “préstamo”, pues la SCT argumentó que el país no se podía quedar incomunicado. “Accedí por el interés público”, reveló el juez ante los legisladores y a quienes en privado ya les había comentado que fue “presionado”.

En el video se ve cómo el juez acusa a la SCT de mantener una actitud “deleznable”: “La omisión (del gobierno) también es una forma de actuar (...) han tenido poca cortesía con los inversionistas y el gobierno debiera estar buscándolos y no estarlos criticando o dándoles mala cara. ¡Es una postura deleznable! Es clara y patente la posición del gobierno y contra todo ello he luchado”.

Desde que Mexicana dejó de volar, el 20 de agosto de 2010, por lo menos 24 grupos han pretendido adquirirla; no obstante ha habido presiones del gobierno para que la adquisición no se concrete.

Apenas el lunes 30 de enero el juez Consuelo reveló que el interesado (Med Atlántica) ya había depositado 300 millones de dólares en un fideicomiso, aunque Felipe Duarte aclaró que fueron 415 millones.

El 31 de enero el juez envió a la SCT los datos y nombres del interesado y del fideicomiso en un sobre sellado. Esa información apareció al día siguiente en una columna periodística. El miércoles 1 en el noticiario Segunda Emisión, de MVS, Consuelo denunció que alguien “de alto nivel” filtró los datos, “lo que pudiera generar malestar” en los inversionistas, que podrían “sentirse presionados”.

Enredo jurídico-financiero El entramado jurídico y económico en que el gobierno federal convirtió el caso de Mexicana empezó el 20 de diciembre de 2005 cuando a través de Servicios Corporativos Cintra vendió Mexicana al Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga.

En la venta se incluían dos subsidiarias: la Compañía Mexicana de Aviación y Aerovías del Caribe, empresas clave pues son las que poseen la concesión por 90 años de los slots y las rutas.

Las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes parecen empeñadas en impedir que la Compañía Mexicana de Aviación vuelva a volar. Ahora, cuando aparece otro grupo de inversionistas interesado en adquirir la empresa emblema de la aviación nacional, se ponen nuevas trabas al proceso de compra-venta. Según legisladores que siguen el caso y el juez encargado del concurso mercantil, de lo que se trata es de otorgar las rutas y horarios de aquella a otras aerolíneas... una de las cuales pertenece a Miguel Alemán Velasco.

El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Fernando Perfecto, ha dicho que Mexicana valía mil 456 millones de dólares y que el gobierno se la vendió al Grupo Posadas en 165 millones, con el compromiso de éste de formar un fondo de 265 millones de dólares producto de los pasivos laborales de sus trabajadores.

En septiembre de 2006, en una carta entregada al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, el abogado y director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, Pablo Casas Lías, denunció que Grupo Posadas estaba en una situación económica crítica, lo que ponía en riesgo la prestación de los servicios aéreos y no garantizaba la seguridad de las operaciones y la integridad física de los usuarios. Demandó revisar y, de ser necesario, retirar la concesión.

El 2 de octubre de ese año, el entonces director general de Aeronáutica Civil, hoy director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gilberto López Meyer, rechazó las imputaciones contra Posadas. Dijo que “no se justifica el inicio de una verificación extraordinaria”.

Menos de dos años después, el 17 de abril de 2008, el Grupo Mexicana de Aviación firmó un crédito con Banorte por mil 700 millones de pesos para mantener en vuelo a Mexicana y Link (Aerovías del Caribe) y saldar sus millonarias deudas con el fisco. Gastón Azcárraga dejó en prenda las dos aerolíneas.

En octubre de 2009 Azcárraga le cambió el nombre a Grupo Mexicana de Aviación; lo llamó Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA). El 2 de agosto de 2010 el Grupo Posadas solicitó a un juez que declarara el concurso mercantil por insolvencia financiera; el 15 de ese mes se nombró un visitador para Mexicana de Aviación y el 20 de agosto la aerolínea dejó de volar.

A partir de entonces Banorte y Azcárraga, ante la actitud omisa de la SCT, hicieron una serie de movimientos que incluyeron fraude y venta ilegal de acciones, a lo que se sumaron las “presiones” del gobierno federal contra los posibles inversionistas. El gran mercado aéreo lo tomaron Aeroméxico –que dirige José Luis Barraza, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial–, Volaris e Interjet.

Reveladoras reuniones En la reunión del 18 de enero, el juez sintetizó así el caso de Mexicana: “El problema es que el NGA fue vendido aparentemente a Tenedora K, pero no consta en actas; Jorge Gastélum es el accionista de Tenedora y la SCT permitió que dejara de volar (Mexicana). Otro problema es que NGA se quedó sin cabeza (y) que hoy busca un comprador”.

Más revelador aún, el juez refirió que Grupo Posadas, luego de cambiar de nomAFP ImageForum

a disputa por las rutas, slots (reservaciones de espacio aéreo) y horarios de la Compañía Mexicana de Aviación que el gobierno federal “prestó” a Interjet y Aeroméxico, es lo que hoy impide que aquella aerolínea vuelva a alzar el vuelo, a pesar de que el nuevo inversionista interesado en rescatarla, Med Atlántica, ya depositó los 415 millones de dólares que se le pedían en un fideicomiso de Banca Mifel.

Inversionistas, autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el juez que lleva el caso del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, y el conciliador de Mexicana, Gerard Badín, tuvieron dos encuentros la semana pasada, pese a lo cual la venta de la aerolínea no ha podido concretarse.

El jueves 2 los inversionistas, el juez Consuelo y Badín tendrían una reunión en la que se conocería el plan de negocios de Med Atlántica y las autoridades de la SCT validarían la venta, previa verificación de los recursos ya depositados. Sin embargo la reunión duró pocos minutos pues el titular de la SCT, Dionisio Pérez-Jácome, pidió posponerla un día, según reveló el diputado petista Mario di Costanzo, integrante de la comisión legislativa encargada de vigilar el proceso.

El viernes 3, en la segunda reunión, se corroboró que los 415 millones de dólares de Med Atlántica siguen depositados en el fideicomiso. Sin embargo las pláticas para revisar el plan de negocios no concluyeron debido a que el subsecretario de Comunicaciones, Felipe Duarte, “está poniendo piedritas en el camino”, comentó Di Costanzo sin dar más detalles.

El petista dijo que de seguir “la actitud obtusa de Felipe Duarte y su rechazo a que Mexicana vuele, la Cámara va a exhortar al juez a que congele el concurso, pida el regreso de los slots en un plazo de 72 horas y que, de no cumplirse, se establezca el desacato de Duarte para posteriormente iniciar la demanda de juicio político”.

Los legisladores y los sindicatos de tierra y pilotos consideran a Duarte el “blo-

Juez Consuelo Soto. Reuniones estériles

bre a NGA, la vendió a Fondo Advent en “mil pesos” y éste a su vez transfirió NGA a Tenedora K. Pero además lo que tiene NGA, que es Mexicana y Click, está en poder de Banorte, ya que se dieron en prenda bancaria.

“Esa situación provoca que los inversionistas digan: ‘¿Qué es lo que te estoy comprando, Mexicana o NGA? Primero me dices que deposite 250 millones de dólares, luego me dicen con quién me voy a sentar a negociar la venta. Es decir, primero te tengo que garantizar a ti SCT que tengo el dinero y luego me voy a sentar con el que tiene las acciones para ver cuánto me va a pedir y a ver si me arreglo con él’. Todo esto es tan anormal –sigue el juez– que ha generado la prórroga y la insistencia de que autorizara el préstamo de los slots. Pero nunca se tuvo previsto que durara tanto ni menos que implicara una falta de ingresos para Mexicana.”

En la misma reunión Consuelo reclamó duramente la actitud de las autoridades: “Mexicana es una aerolínea de bandera y cualquier gobierno debería buscar salvarla; es un emblema, más allá de que es una línea aérea, es toda una institución a nivel mundial. Si yo decreto la quiebra, habrá que buscar la venta en partes o totalmente y eso llevará tres años. Sería una situación de perder-perder. Pierden los acreedores, los pasajeros, los proveedores, los trabajadores. Pierde México”.

Cuando en la reunión se discutía qué se está vendiendo, Gerardo Badín, el conciliador, dijo: “Se vende la marca, la posibilidad de crecer a 45 aviones, los slots, rutas y horarios que tiene Mexicana, el personal como los pilotos certificados y terminales certificadas”.

Sobre el costo, que incluye el pago de impuestos, el conciliador dijo que cuando se vende también se adquiere la deuda de

línea de bajo costo del país y se vio beneficiada con la desaparición de Mexicana de Aviación.

Inversionista mayoritaria de Med Atlántica, Gina Diez Barroso Azcárraga es hija de Laura Azcárraga Milmo, hermana del fallecido Emilio El Tigre Azcárraga.

En su libro El sexenio de Televisa, el periodista Jenaro Villamil detalla que Alemán Velasco era propietario de 8.3% de las acciones de la televisora, y su hijo, Miguel Alemán Magnani, de 6.1%. La familia Diez Barroso Azcárraga poseía 21.1%, y Emilio Azcárraga Jean, 10%, además de otros accionistas. Tras la muerte de El Tigre, los Alemán y otros accionistas, entre ellos la familia Cañedo White, le vendieron sus acciones a Azcárraga Jean, quien sumó entonces 55%.

Si la familia Alemán hubiera vendido sus acciones a los Diez Barroso, éstos hubieran controlado desde 1997 el consorcio televisivo. En vez de eso se enfrentaron. El pleito que ha surgido ahora por los slots y rutas de Mexicana de Aviación revive aquel añejo enfrentamiento, trasladado al ámbito aeronáutico. Proceso buscó a Gina Diez Barroso para una entrevista, pero en su oficina se negaron a informar de su participación en Mexicana.

Interjet explota 22 de las rutas, slots y horarios de Mexicana de Aviación en México, además de las de Guatemala, La Habana y San Antonio; pretende hacerlo también a Miami y Nueva York. Aeroméxico a su vez utiliza rutas, slots y horarios de Mexicana hacia Caracas, Bogotá, Denver, Fresno, Panamá, Montreal, San José y los destinos nacionales de San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez.

Benjamín Flores

Octavio Gómez

Pérez Jácome. Obstáculos

impuestos de Gastón Azcárraga. “Es claro que los inversionistas se preguntan por qué ellos los tienen que pagar. Esa es una exigencia que se puso en el modelo: que había que pagar los impuestos y parte de lo que se le debe a los trabajadores (del fondo de pensiones)”.

Acerca de la venta de las acciones de NGA en “mil pesos” el conciliador dijo “no tener idea” de por qué se dieron en tal cantidad y menos aun quién fue el funcionario federal que autorizó dicha venta.

“Pero no sólo se vendieron a mil pesos, sino que se vendió algo que está dado en prenda, que está pignorado, ¿cómo es que se permitió?”, insistió Di Costanzo.

“El dueño de las acciones es Tenedora K y las tiene dadas en garantía a Banorte”, respondió Badín.

En su momento los representantes de la SCT, funcionarios de segundo nivel, aclararon que el 20 de agosto de 2010 la secretaría recibió la notificación de la transferencia de las acciones de NGA, pero “es importante aclarar que ni la Ley de Aviación Civil ni su reglamento le otorgan facultades a la SCT para regular la compra-venta de acciones de sociedades concesionarias de transporte aéreo”.

Pero la respuesta oficial que la SCT le dio a Casas Lías –quien representa a un grupo de sobrecargos– fue diferente: “Sobre el particular no existe la autorización, fecha y razones por la que se autorizó por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la adquisición por parte de Tenedora K, S.A. de C.V., de 95% de las acciones del Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V (...), no existe documento en el que conste el acto administrativo mediante el cual la DGAC, en términos de la Ley de Vías Generales de Comunicación y Ley de Aviación Civil y su reglamento, autorizó a la empresa Tenedora K la adquisición de 95% de las acciones de NGA…” En la reunión Gerard Badín reveló además que, sin autorización, Banorte “tomó” 18 millones de dólares que Mexicana tenía en un fideicomiso en Estados Unidos, “por lo que hay una denuncia penal” contra esa institución bancaria.

Pleitos de familia Detrás de Med Atlántica hay 25% de capital español: el de los empresarios hoteleros Christian Cadena y Jamal S. Iglesias.

El restante 75% fue aportado por un grupo de inversionistas mexicanos.

De este grupo la accionista más fuerte, según versiones aparecidas en diversos medios, es Gina Diez Barroso Azcárraga, directora de Grupo Diarq. Su participación revive una vieja disputa de familias.

Interjet es propiedad de Miguel Alemán Velasco. La suya es la principal aero-

Alemán. Ganón

RELIGIÓN

El “mártir”

asesino RODRIGO VERA

E

l martirio de los hermanos Miguel Agustín y Humberto Pro Juárez –fusilados sin previo juicio en noviembre de 1927, en plena revuelta cristera – motivó al joven fanático José de León Toral a buscar su propio martirio, según le confesó a Roberto Pro, hermano de los “mártires” y a quien el gobierno callista le perdonó la vida pero lo exilió en La Habana, Cuba.

“La sangre de los mártires es semilla de buenos cristianos. Yo necesité que murieran tus hermanos para decidirme a moverme. Ahora estoy trabajando con empeño… ¿Por qué ha de ser imposible que lleguemos a morir de una manera tan gloriosa como ellos?”, le comentó De León Toral a Roberto Pro en dos misivas fechadas a principios de 1928 y que le envió a la capital cubana.

En estas cartas, hasta hoy inéditas, De León le dice a Pro que lamenta el hecho de que “no hayas sido llamado a la acción que consumaron tus hermanos”. Además le informa sobre los buenos ánimos con que trabajan los católicos “por salvar a la Iglesia en México”. Le habla también sobre su vida privada, principalmente de su afición por la pintura y el futbol.

Gracias a esta habilidad para la pintura y el dibujo, a los pocos meses de escribir sus cartas De León logró acercarse al general Álvaro Obregón y balearlo en el restaurante La Bombilla, de San Ángel, en la Ciudad de México. Con este homicidio conseguiría su propósito de ser fusilado como los hermanos Pro. La primera carta a Roberto, escrita a mano y fechada el 11 de enero de 1928, dice textualmente:

9 de febrero de 1929. La ejecución de José de León Toral

Sr. Roberto Pro Habana, Cuba Bastante querido amigo: Tal ves te acuerdes de mí, tal ves no; más

Cuando el Papa Benedicto XVI, en su próxima visita a México, evoque a los mártires cristeros ante los católicos del Bajío, pocos echarán de menos la mención de José de León Toral. En las cartas que le dirigió a Roberto Pro en 1928, De León ensalza a sus hermanos Miguel Agustín y Humberto Pro, fusilados el año anterior, y le cuenta que va a emular su martirio. En efecto, fue condenado a muerte por asesinar al general Álvaro Obregón, pero la jerarquía católica mexicana nunca lo nombró mártir de la Iglesia. A él, que comparaba la guerra cristera con un reñido partido de futbol, finalmente le anularon el gol. probablemente sí. Desde la última ves que te vi, ya no te he vuelto a ver y palabra que lo siento mucho.

Otra cosa que sentí mucho más (en serio) fue que no hayas hecho, o mejor dicho no hayas sido llamado a la acción que consumaron tus hermanos: uno centró, el otro remató; tú (en esta ocasión goal-keeper) imposible que marcaras también tu goal. Pero ¿cuántas veces un portero es el héroe del partido? Ya paraste mucho, te falta todavía más; sólo Dios N.S. sabe si te cambiarán de delantero. Pido que no interpretes para mal mis figuras; solamente para tu bien. Hay señalados muy diferentes caminos para llegar a la patria bien adinerados.

La cartita que mandaste a tu hermana yo he tenido el gusto de leerla más adelante y el consuelo fue recibido no como procedente de Cuba, sino de mucho más allá. Ya han comenzado a consolarse del todo.

Hubo una pobrísima sustitución, pero a no dudar con la ayuda de Dios N.S. y los muchachos se podrá cumplir. Esa ayuda ya la hemos visto patente.

Todos los de mi casa y los amigos te deseamos especiales consuelos, y acabo rogándote me encomiendes en tus oraciones.

Espero tus letras y quedo tu seguro servidor y amigo.

Pepe.

La segunda misiva, también manuscrita y fechada el 8 de marzo de ese año, empieza con un “Viva Cristo Rey” y prosigue: Sr. Roberto Pro Habana, Cuba.

Muy querido amigo: Espero que te encuentres muy bien de salud, tranquilo de espíritu y con una buena chamba.

Supongo que recibirías, mejor dicho sé que recibiste una carta mía medio rara. Lástima que no haya recibido contestación, pero tal ves se deba a falta de conductos u otra razón de peso (cubano).

No obstante, ya ves que te vuelvo a escribir aparte de mandarte multitud de saludos con Anita y tu papá.

Nuestro Señor tuvo que morir para salvarnos. La sangre de los mártires es semilla de buenos cristianos. Yo necesité que murieran tus santos hermanos para decidirme a moverme. Ahora estoy trabajando con empeño. Te consolará mucho saber que todo este rumbo está muy animado y que se ha logrado algo y esperamos alcanzar mucho más. Algunos muchachos han reaccionado también y otros han comenzado a trabajar.

No hemos dejado de pedirle a Dios N. S te ayude con tu carga; ya lo creo que deb ser pesada. Sin embargo todo depende del

do como se lleve: una petaca puede descoyuntar un brazo y sobre el hombro cargarse sin fatiga. Dios N.S. todo lo dispone para nuestro bien, ¿por qué hemos de dudarlo? Y si no lo dudamos ¿por qué nos entristecemos? Calculo que tus hermanos han de tenernos santa envidia, están disfrutando de una gloria conquistada con sus trabajos, su santa muerte, y deben estar sorprendidos del premio –inimaginable para nosotros– que superó todos sus cálculos. Se de cada trabajo por insignificante que fuera, hecho por esta causa importante, nos proporcionó un grado más de gloria por toda la eternidad… ¿si hubiéramos durado un día más, un año, diez años más? ¿cuánta mayor gloria no tendríamos? Sí, deben envidiarnos; nosotros estamos en posibilidad de almacenar méritos, santificándonos, y ¿por qué ha de ser imposible que lleguemos a morir de una manera tan gloriosa como ellos?

Un vaso de agua lo premiará Dios N.S, pero en todo hay distancias: no es lo mismo dar un vaso de agua al que siente deseos de beber que dar ese mismo vaso de agua al que sin él perecería de sed. Los trabajos en que tomamos parte, no lo dudo, son todos por salvar a la Iglesia en México que muere por momentos. Con paga centuplicada ¿quién no trabaja contento? Pero sin la Fe no ganaríamos tanto o pronto decaería nuestro entusiasmo; pidamos a Nuestro Señor nos dé y aumente la Fe. –He seguido jugando football y aún espero llegar a dar color. Sigo estudiando pintura y también tiro muy alto. Estoy trabajando por la causa y ¿me voy a contentar con poco? Comprendo que en football y en pintura podría no convenirme llegar alto, y Las cartas inédit as

del cristero

El fanático católico. Juicio

Dios no me lo concedería, pero en lo tocante a la santificación de las almas Dios nunca falta, sino que supera nuestras esperanzas— Si yo, que comienzo a trabajar ya estoy hablando de paga, tú que vas tan adelantado… deberías pedir a cuenta. Pidamos sin temor de abusar, pues nos tocará más de lo que nos imaginemos.

Hermano, animémonos mutuamente; no dejes de hacerlo con este tu algo viejo amigo.

José de León.

Cuatro meses después, el 17 de julio, De León Toral toma su cuaderno de dibujo y una pistola Star, calibre 35, y se dirige al restaurante La Bombilla, donde se le ofrece una comida a Obregón, entonces presidente electo de la República. Se acerca al sitio de honor donde se encuentra el general y empieza a hacer su retrato a lápiz. Nadie sospecha del dibujante. Sorpresivamente saca la pistola y dispara directo a la cara de Obregón. Después asesta varios tiros en el resto del cuerpo hasta vaciar la pistola.

El homicida es capturado ahí mismo, ante los aterrados comensales. Se le lleva a la penitenciaría de Mixcoac y, a diferencia de los hermanos Pro, se le somete a juicio junto con la religiosa capuchina Concepción Acevedo –la madre Conchita–, a quien se le achaca la autoría intelectual del crimen.

La jerarquía eclesiástica de inmediato se desmarca del asesino. El 6 de agosto monseñor Miguel M. de la Mora, obispo de San Luis Potosí, declaró a la prensa que “no es el clero católico el autor del atentado”, sino “pobrecitos exaltados que han llevado su exaltación hasta dar muerte violenta a un prominente personaje político”.

Gol anulado En prisión, De León Toral continúa dibujando y escribiendo cartas. Da rien-

da suelta a su grafomanía, al grado de dirigirle una misiva manuscrita al director de la penitenciaría, Felipe Islas, donde le ofrece su opinión sobre el general Obregón. La carta, fechada el 22 de noviembre de 1928 y ahora perteneciente al archivo del Centro de Estudios de Historia de México Carso, dice: Sr. D. Felipe Islas.

La opinión que tenía del Sr. Obregón y la que ahora tengo.

Desde que el Sr. Obregón comenzó a figurar oía yo que le achacaban ser sumamente sanguinario e impulsivo, y enemigo de la religión; que fue él o los suyos quienes en 1917 adicionaron los artículos persecutorios. También se le atribuían las muertes de Carranza y las de Serrano y Gómez, más tarde. –Yo desde 1915 trabajé en comercio y trataba con todo género de personas. No tuve personalmen-

RELIGIÓN te pruebas de tanta cosa que oía en contra del Sr. Obregón, pero sí lo creía. —Circuló la especie de que él iba a arreglar el asunto religioso, pero no hubo ningún aviso oficial o serio, y mientras se reformaba en otras partes la Constitución, a su iniciativa de la cuestión religiosa no se hizo nada, no obstante la pública ansiedad.

He sabido detalles hermosísimos de la vida del Sr. Obregón (su amabilidad, socorros a los necesitados, perdón a sus enemigos; proyectos e intenciones de arreglo, etc.), y, con verdad lo digo, si antes de julio he tenido estas pláticas con amigos del Sr. Obregón, nunca hubiera intentado contra su vida; pues ya únicamente no me explicaría ciertas cosas, pero imposible que buscara su muerte, ya que en un hombre de sus cualidades no cabe la maldad que suponía en él. Esto que ya conozco del Sr. Obregón, juzgo de urgente necesidad que se extienda, para deshacer tantas malas impresiones en la gente; esto debería haberse hecho desde hace mucho tiempo.

Dentro de pocos momentos iré a la Vista de la Apelación. Me siento tranquilo pues me he abandonado en las manos de Dios, y sin hacerme la más mínima ilusión, no pierdo la esperanza.

José de León Toral El homicida finalmente consigue ser condenado al paredón. La fecha marcada es el 9 de febrero de 1929. Antes del fusilamiento todavía alcanza a escribirle estas últimas líneas a su madre:

Sra. María de la Paz Toral de De León.

Mamacita querida: ¡Hágase la voluntad de Dios! ¡Fuerte mamá por el Señor! ¿Qué es la vida?, ¿qué es el cielo? Mamacita, por mí no tenga pena… cuídese usted. Viva aún lo que Dios quiera; recuerde que María Santa sobrevivió muchísimos años a Jesús su hijo… Seguramente no durará lo que Ella, pero ánimo mamá. Lo que dispongan de arriba.

Perdóneme todas mis faltas contra usted; Dios le dé una gran gloria por tanto que hizo por su hijito consentido.

El sacerdote Rafael Soto entra a la celda para aplicarle los últimos auxilios espirituales. Confiesa y absuelve al homicida que la justicia humana condenó. Al salir de ahí se topa con los reporteros.

–¿Y cómo está José de León Toral? –le preguntan.

–Tranquilo, asombrosamente tranquilo. Habla con facilidad de diversas cosas. No le falta a su pensamiento seguridad y aplomo –contesta el sacerdote.

Después entra a la celda un oficial moreno, de largos bigotes estilo káiser; es el capitán José Rodríguez Obregón. El dibujo, el crimen Rabiela, al mando del pelotón de fu-

silamiento, quien le pregunta a De León Toral al momento de llevárselo: –Y bien, ¿qué siente usted?

–Nada.

–¿Nada?

–Sí, nada; no tengo ninguna impresión, porque yo ya no estoy aquí.

Ya frente al pelotón, con los potentes máusers de fabricación rusa apuntándole, De León Toral pone los brazos en cruz y con los ojos abiertos va a gritar “¡Viva Cristo Rey!”, pero sólo alcanza a exclamar: “¡Viva…!”, porque la voz de fuego se le adelanta.

Ocho balas atraviesan su pecho. Cae muerto. Aun así, el capitán Rodríguez Rabiela se acerca a darle el tiro de gracia.

De León Toral mantuvo ante la muerte la misma serenidad que el sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro, su fuente de inspiración y quien, en 1988, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II por ser mártir de la fe, como otros participantes de la Cristiada.

Para igualarlo con ellos, en 2001 un grupo de familiares y simpatizantes de José de León Toral intentaron abrir su causa de canonización en el Arzobispado de México. Para lograrlo inauguraron el Centro de Estudios Históricos José de León Toral en una vieja casona de la colonia Santa María la Ribera, muy cerca de donde vivió

El sepulcro del asesino de Obregón

el homicida de Obregón. Ahí exponían algunos de sus dibujos y escritos, acuñaron monedas de plata y elaboraron otros objetos conmemorativos.

La religiosa Esperanza de León, hija de José, comentaba entusiasmada a este se-

manario: “Mi padre es un santo, un mártir, un héroe que ofreció su vida por la causa de Cristo. Para mí y para mi familia está en lo más alto del cielo”. Y Jorge de León, sobrino, decía que “sacrificó su vida con fines religiosos” pero que el “tiranicidio” que cometió ha sido un “tema tabú dentro de la Iglesia” (Proceso 1275).

El arzobispado les dio el portazo. Ni siquiera aceptó abrir el proceso de canonización. “¡La Iglesia no canoniza asesinos! Uno de sus mandamientos es precisamente: ‘¡No matarás!’. León Toral no es mártir porque asesinó. Si Obregón era pecador, tuvimos que buscar su conversión, no su muerte”, argumentaba el sacerdote Gerardo Sánchez, encargado de la Comisión para las Causas de los Santos del arzobispado (Proceso 1275).

En su viaje a México, programado para fines de marzo próximo, el Papa Benedicto XVI estará solamente en el Bajío, epicentro de la revuelta cristera. Presidirá la máxima concentración religiosa al pie del Cerro del Cubilete, lugar emblemático de los cristeros. Saldrán sin duda a relucir los nombres de sus mártires, pero no el de José de León Toral. Su caso sigue siendo tema tabú para la jerarquía. Es el mártir incómodo de la Iglesia mexicana.

ANÁLISIS JAVIER SICILIA

NARANJO

Opciones

El borramiento del dolor

E

n su larga reflexión sobre el rostro y la revelación del prójimo, Emmanuel Levinas escribió una frase tan profunda como conmovedora: “Sólo un yo vulnerable puede amar a su prójimo”. Sólo desde allí los seres humanos podemos abrirnos al otro que nos solicita en su presencia, en su dolor; sólo desde allí podemos reconocer su rostro y conmovernos. Cuando se es vulnerable, el rostro del otro, que expresa la desnudez de un ser humano, “se me impone –dice Levinas– sin que yo pueda permanecer sordo a su llamado, olvidarlo, quiero decir, sin que yo pueda dejar de ser responsable de su miseria”.

El poder, sin embargo, no lo ve. Para el hombre y la mujer de poder, que sólo se miran a sí mismos, los otros no tienen rostro. Son una masa amorfa, una estadística, un expediente en los archiveros de la burocracia o una posibilidad para triunfar. Por ello Felipe Calderón borró a las víctimas de esta guerra criminalizándolas o reduciéndolas a “bajas colaterales” que carecen de importancia para el Estado –simples cifras que se van acumulando y cuyo número es una abstracción que habla del poder–. Por ello también las campañas electorales en su inanidad, en su parálisis mental, en su ausencia de imaginación política y su corrupción, no han hecho otra cosa que continuar ese mismo borramiento. Obnubilados por el poder, lo que el ego vulnerable de la sociedad logró visibilizar: el rostro dolien-

te de las víctimas de la guerra, dejó de estar en su memoria y sus discursos. En la lógica de los partidos y de los candidatos –magnificados por los medios–, las víctimas no son siquiera ya estadísticas, simplemente han dejado de existir. Para ellos, no hay emergencia nacional, no hay dolor, no hay víctimas ni un espantoso estado de guerra que tiene postrada a la nación. Existen solamente los votos, la hermosa y dolorosa presencia de los seres humanos, reducidas a papeletas, a números, a instrumentos al servicio de la imbecilidad del poder.

Atrincherados en sus egos y sus intereses, la vulnerabilidad no forma parte ni de los partidos ni de los candidatos. Son el poder, y el poder no tolera el rostro de las víctimas. Por eso Gobernación y el Estado Mayor Presidencial, durante el segundo diálogo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, intentaron que las víctimas no entraran con las fotografías de sus muertos. Por ello, los partidos y los candidatos los han sacado de sus discursos. No quieren ver sus rostros porque no quieren ser vulnerados. Se niegan a la bondad que al responder a la interpelación de miles de rostros los obligaría a decir: “Aquí estamos ante sus miradas, obligados para con ustedes, siendo sus servidores”. Hacerlo sería aceptar ser cuestionados por los ojos y las voces que hablan desde el dolor, sentirse obligados, acusados, requeridos, y ellos, al igual que Calderón, no quieren

aceptar esa responsabilidad tan humana como exorbitante. Es mejor entonces, para ellos, darles la espalda y endurecer el oído, aunque eso signifique también darle la espalda a la nación entera y a su clamor de paz y de justicia. Su lógica es la misma que la de los criminales: borrarlos, desaparecerlos de la existencia, sacarlos de la intranquilidad de la conciencia que es, dice Finkielkraut, “la modalidad misma de la hospitalidad moral” y del acogimiento del otro.

Las víctimas son siempre molestas para los hombres y las mujeres del poder porque al irrumpir en sus egos turban su quietud y los desvían de sus intenciones egoístas. Sus rostros los despojan de su soberanía y los obligan a acciones humildes. El amor que les reclaman los pone a prueba, los violenta, los desaloja, los persigue y hostiga hasta en los rincones más recónditos de sí mismos. De allí la crueldad con la que los criminales las destruyen; de allí también el desprecio con el que el poder las trata; de allí el mal que se ha instalado en la vida de México.

Al reducir a las víctimas a una pura carne despreciable o al borrarlas bajo la lógica de la estadística o de la inexistencia, el poder del crimen y el poder del Estado han creado un universo en el que los seres humanos son nada, seres intercambiables, utilizables o desechables: “Si los mataron –dice esta lógica implacable– es que algo han de haber hecho”.

Despreciar, asesinar, contabilizar e ignorar, ese cuádruple acto en apariencia funcional, que recorre las lógicas del crimen, del Estado y de las campañas políticas, borra de los seres humanos el misterio del rostro. Al borrarlo, al desaparecer esa realidad única e irrepetible que exige nuestro servicio, se degrada al ser humano a la condición de una pura instrumentalidad para uso del poder.

Las elecciones que nos aguardan se han convertido así en lo que no hemos dejado de repetir: las elecciones de la ignominia. El borramiento que han hecho del rostro de las víctimas y de la emergencia nacional ha reducido la vida de todos a trozos de piel cualquiera. “Sólo en un mundo sin rostros –escribe Finkielkraut– el nihilismo absoluto [como está sucediendo en México] puede establecer su ley”. Son los compasivos, aquellos cuyo ego está vulnerado y reconocen, al margen del poder, el rostro de sus prójimos, quienes mantienen viva la humanidad del país.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón. O

ANÁLISIS

L

JESÚS CANTÚ

ENRIQUE SEMO

Candidatos y tendencias

El regreso del ogro

o más probable es que este domingo 5 de febrero ya no haya ninguna duda sobre los candidatos presidenciales: Josefina Vázquez Mota por el PAN; Andrés Manuel López Obrador por la coalición Movimiento Progresista, y por el PRI y la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, quien, justamente como se pronosticó, tendría su mayor nivel de preferencia electoral tras dejar la gubernatura (encuestas de octubre de 2011) y, a partir de ese momento, iniciaría su declive paulatino, al punto de que hasta ahora ha perdido casi ocho puntos porcentuales.

No hay ninguna razón objetiva para suponer que no se confirme la postulación de Josefina Vázquez Mota, pues aunque la legisladora con licencia no inició la contienda interna a la cabeza de las preferencias (como sí lo hicieron los otros dos candidatos), desde marzo del año pasado arrancó con un crecimiento sostenido, obtuvo la primera posición en agosto y ahora supera en todas las encuestas a los otros dos precandidatos con una relación de casi dos a uno (sumando las preferencias de Santiago Creel y Ernesto Cordero).

Todas las encuestas coinciden en que entre los simpatizantes blanquiazules Vázquez Mota lleva una amplia ventaja, pero además todas (con la única excepción de la realizada en diciembre por Reforma) muestran que si ella es la abanderada panista iniciará su campaña en el segundo lugar de las preferencias electorales, por encima del candidato de la coalición de izquierda, lo que no sucede con ninguno de los otros dos precandidatos, particularmente con Cordero, quien aparece en un lejano tercer lugar.

Además, de acuerdo con la encuesta de Consulta Mitofsky dada a conocer el pasado 1 de febrero, de los tres precandidatos Vázquez Mota es la única que muestra un saldo de opinión positiva (mayor porcentaje de ciudadanos

que los que tienen de ella una opinión negativa) y también la única que hace crecer la preferencia electoral por su partido. Prácticamente todos los análisis posibles a partir de las encuestas muestran la conveniencia, para el PAN, de postular a Vázquez Mota.

A pesar de ello, son pocos los que se atreven a asegurar su triunfo, por el apoyo de Felipe Calderón y sus allegados a la candidatura de Ernesto Cordero, lo que coloca en el ambiente político la posibilidad de un fraude electoral a favor del favorito del presidente. Son varias las reflexiones que vale la pena hacer al respecto.

La primera es la permanencia de algunos rasgos de la cultura política mexicana que aparentemente es imposible erradicar, entre los que sobresalen los siguientes dos: la importante presencia que todavía tiene entre la ciudadanía la idea del fraude electoral, con la posibilidad de que no sea la voluntad de los votantes (en este caso los militantes panistas) la que decida la elección de la autoridad, sino la voluntad del poderoso que, por distintas vías, imponga la suya, o bien, que la influencia del poderoso, superior jerárquico y/o autoridad pese demasiado a la hora de votar.

En cuanto al evidente compromiso de Felipe Calderón con Ernesto Cordero, a pesar de que no genera ningún entusiasmo entre los panistas, se abren, al menos, tres variantes: una, el presidente definitivamente cree que Cordero es su mejor sucesor (ya sea porque su oposición a las otras dos opciones –Vázquez Mota y Creel– es absoluta o porque piensa que Cordero es el único capaz de darle seguimiento a sus políticas) y, por lo mismo, está dispuesto a apostar todo su capital (o lo que le resta) para lograrlo; dos, es una muy hábil jugada política para distraer a todos los actores políticos y, en realidad, su apuesta es a favor de Vázquez Mota, pero para darle libertad de movimiento la posiciona

como alguien que llegó en contra de su voluntad; y tres, hay algún arreglo para favorecer al candidato tricolor, Enrique Peña Nieto, pues la candidatura de Cordero casi en automático asegura el desplome en las preferencias electorales del PAN y, de acuerdo con la encuesta ya citada, casi la mitad de quienes optaron por el blanquiazul como su primera preferencia eligieron a Peña Nieto como la segunda (30% manifestó que nunca cambiaría su voto, 20% no quiso revelarla y únicamente 1% eligió a AMLO).

Así que, de acuerdo con dicha encuesta, el gran beneficiario de un desplome panista sería Peña Nieto.

Es casi un hecho que los panistas elegirán a Josefina Vázquez Mota como su abanderada y que ésta, conforme a las últimas encuestas (de Consulta Mitofsky y Parametría, dadas a conocer el miércoles y el jueves pasados, y muy coincidentes con el resto), arrancará en el segundo lugar con 28% de las preferencias electorales, 22 puntos abajo de Peña Nieto y apenas 6 puntos arriba de AMLO, con lo cual el segundo lugar todavía está en disputa, pues esta última diferencia se sitúa dentro de los márgenes de error.

De acuerdo con los resultados de Consulta Mitofsky, de la encuesta de octubre del año pasado a la de la primera quincena de enero de 2012, Peña Nieto perdió 8 puntos de preferencia efectiva (sin contar a los que no respondieron), Vázquez Mota ganó 5 puntos, y AMLO, 2.5.

Hoy todavía parece muy lejana la posibilidad de que Peña Nieto pierda una ventaja tan amplia (por estas mismas fechas, en el año 2000, Francisco Labastida superaba a Vicente Fox por 12 puntos, y el guanajuatense finalmente ganó por 6 puntos de diferencia; en el 2006, AMLO superaba a Felipe Calderón por 8 puntos, y en los comicios éste lo superó por apenas medio punto porcentual).

No obstante, si se mantienen las tendencias a la baja y a la alza, la elección será muy cerrada. O

E

l ogro filantrópico, lo llamó Octavio Paz. Quizá el nombre de El ogro clientelar fuera más exacto. En todo caso, las encuestas tempranas le atribuyen todas las posibilidades para que regrese al poder.

Ante esto, urge hacer una reflexión sobre lo que el regreso del PRI significaría para el proceso de democratización.

Hace sólo 12 años el PRI estaba sumido en una profunda crisis: 70 años de dominio ilimitado se esfumaban en el aire.

El electorado no sólo rechazó un partido, sino, en muchos sentidos, un régimen. Y para que no hubiera dudas, en 2006 repitió su dictamen. En el 2000, el PRI perdió la Presidencia, así como la mayoría constitucional en las cámaras de diputados y de senadores; seis años más tarde seguía en caída libre, con 22.6% en la elección presidencial frente a 35.9% del PAN y supuestamente 35.3% de la coalición de izquierda.

En las cámaras se vio reducido al segundo puesto y sólo el número de sus gobernadores se mantuvo. Esto representaba un rechazo contundente. ¿Qué ha permitido que una parte de la ciudadanía que impulsó con tanta esperanza la alternancia y el pluripartidismo, ya sea hacia la derecha o la izquierda, haya vuelto a optar por el pasado? O bien, ¿el PRI de hoy ha cambiado tanto que la gente piensa que ya no tiene nada que ver con el autoritarismo que nos rigió durante el siglo XX? Sin duda, el desempeño desastroso y angustiante del segundo gobierno del PAN tiene mucho que ver con el regreso del ogro.

Y podrían citarse causas más técnicas, como el apoyo de la televisión y los medios, así como los éxitos del exgobernador del Estado de México. Pero hurgando más profundamente en las experiencias y la psicología del electorado, ¿por qué no opta por la izquierda, la otra fuerza de oposición histórica? Es verdad que sólo estamos en la pre-campaña y todo puede cambiar. Pero la izquierda debe plantearse esta pregunta con mucha preocupación porque el PRI es el principal adversario a vencer.

El PRI no es sólo un partido. Es, como dijo una vez Cosío Villegas, un estilo de

gobernar que, mantenido durante más de 70 años, se transforma en una cultura política. De ahí que algunos observadores confundan los hábitos aprendidos con una supuesta esencia del mexicano. La sustancia democrática que se desprende de nuestras leyes fue transgredida por los gobiernos autoritarios, cuyas prácticas cotidianas eran frecuentemente ilegales, amorales y violentas. La infracción arbitraria y sistemática de la ley deja como único terreno sólido de conducta la lealtad al jefe. En ese mundo, el oportunismo y la simulación son formas de sobrevivencia.

Para citar otra vez a Octavio Paz: “El simulador pretende ser lo que no es. Su actividad reclama una constante improvisación, un ir hacia adelante siempre, entre arenas movedizas. A cada minuto hay que rehacer, recrear, modificar el personaje que fingimos, hasta que llega un momento en que realidad y apariencia, mentira y verdad, se confunden…”.

En el juego de intereses personales y de grupo, pactos y alianzas turbias y secretas, el antiguo opositor que ahora puede pactar con el sistema acaba avalándolo

y reproduciéndolo para volverse una pieza de él. La lealtad a ideas y partidos cede el lugar a las lealtades personales.

La “transa” llega a ser la regla no escrita de un sistema de poder altamente centralizado. Al margen de lo legal y lo establecido, contractual o públicamente, está siempre la posibilidad de llegar a un “arreglo” en el cual se prescinde del pueblo, de los militantes o de la ley. En la cúspide todo es secrecía; los hilos de poder permanecen ocultos para la mayoría de la población, que se mueve en un ambiente de rumores en lugar de información. La jerarquía del poder se construye en la lealtad a las “transas” del jefe, en servilismo y lambisconería. El poder puede usarse para bien o para mal, pero la capacidad de influencia de la ciudadanía es mínima; la cúpula, en cambio, vive en la impunidad y la arbitrariedad. El poder del presidente o del jefe y sus subordinados no tiene contrapeso alguno. La “transa” ilegal en nuestro partido es loable, y en el del enemigo, un crimen.

Durante largo tiempo la mayoría de los mexicanos consideró que la estructura de poder creada por el PRI era deleznable

ANÁLISIS AXEL DIDRIKSSON

pero la única que aseguraba la estabilidad y la paz internas; de ahí que el cinismo se convierta en la otra cara del autoritarismo, muchas veces sangriento.

“No importa que el político robe, si deja también algo para los de abajo”. “Sólo el pendejo le cree al político; si quiere tu voto, que pague”. Estos dichos expresan la asimilación popular del autoritarismo y la corrupción de los de arriba para reproducirla hasta en las capas más desfavorecidas de la sociedad.

Una democracia no puede prescindir del estado de derecho, del respeto a los principios del gobierno representativo, de la solución pacífica de los conflictos sociales.

Es verdad que no hay democracia perfecta, pero hay un punto en que las prácticas antidemocráticas se vuelven realidad autoritaria. Y a pesar de los avances evidentes, México no ha cruzado aún el límite que separa autoritarismo de democracia.

La razón del regreso del ogro es que el PAN, partido de oposición de origen liberal, ya en el poder acabó utilizando sin reparos y en forma visible las prácticas del PRI. Ni siquiera llevó a juicio a los responsables de la guerra sucia y Miguel Nazar Haro murió tranquilamente de vejez. Por si esto no fuera suficiente, el PAN llegó incluso hasta un monumental fraude electoral.

El PRD, por su parte, no quiso quedarse atrás y no ha podido hacer una elección interna medianamente satisfactoria ni empoderar a la militancia frente a la cúpula. Lo cómico es pensar que el electorado mexicano de hoy no se da cuenta de eso y acepta, al igual ayer, esa forma de hacer política como “natural”, como única posible. Si el PAN se mimetiza sin lograr la paz y la estabilidad, y el PRD se parece políticamente cada día más al PRI, aun cuando en lo social y lo económico difiere de él; si el regreso al estilo de gobernar tradicional parece ser inevitable, ¿por qué no poner al PRI en el gobierno, si es el que mejor sabe hacerlo?

La izquierda debe diferenciarse del PRI no sólo en su programa económico y social, sino en el estilo de hacer política, en dar el paso de las prácticas autoritarias a la democracia. Sólo así podrá demostrar que otro México es posible. En nuestro país, la democracia no es sólo pluralidad de partidos y competencia entre los poderes; es también, y sobre todo, un cambio en los modos autoritarios de ejercer el poder. En la campaña que apenas comienza, la izquierda deberá dejar claro que está consciente de este desafío. Su debilidad no está en las características personales de su candidato a la Presidencia, sino en la cultura política que aún predomina en sus filas. O

SABINA BERMAN

La corrupción

Adiós, Elba Esther E

l declive del grupo que encabeza Elba Esther Gordillo está siendo aún más pronunciado ante la proximidad de la elección federal. Rechazado por el PRI, desairado por dos de los precandidatos del PAN y vilipendiado por Andrés Manuel López Obrador, este grupo compacto que lleva más de dos décadas enquistado en el SNTE –dos sexenios gozando de las alianzas con los gobiernos del PAN, que le facilitaron y entregaron recursos millonarios, cargos de alto nivel a lo largo y ancho del país y la mitad de la SEP– está en sus peores momentos.

La dirigente de este grupo se ha convertido en el ícono de lo más aberrante y corrupto de la política mexicana –habiendo tanta tela de dónde cortar–, en objeto de rechazo multitudinario por parte de miles de maestros –como se pudo observar durante las manifestaciones que ocurrieron hace unos días–, y ahora en un personaje despreciado por sus otrora aliados. La fortaleza que antes podía esgrimir para negociar puestos y canonjías ha ido disminuyendo y apenas puede acomodarse a la sombra de su inefable protector, Felipe Calderón –al que le quedan pocos meses para continuar con su farsa de combate al crimen y a la delincuencia–, y de su precandidato que no levanta, Ernesto Cordero.

Y es que las cosas no le han salido bien a ese grupo. Las denuncias por abuso ilegal del poder y de corrupción sindical y electoral se le han venido acumulando, y sus irregularidades son tan evidentes que se han convertido en una papa caliente para este régimen panista. El partido que

controla el grupo enquistado en el SNTE, el Panal, no pudo maniobrar electoralmente a favor de la hermana de Calderón en Michoacán, y en el mismo sindicato los tiempos se están apretando peligrosamente, porque el próximo 16 de marzo se vence la toma de nota que de manera ilegal le entregó el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en 2008, y se tendrá que emitir la convocatoria (que debería de haberse conocido desde diciembre de 2011) al congreso nacional para renovar el Comité Ejecutivo Nacional. Si todo se presenta formal y legalmente, este grupo tendría que dejar el poder que se ha adjudicado de manera fraudulenta durante tanto tiempo.

Desde sus puestos en la SEP, este grupo y su dirigente no han hecho sino refrendar la total incoherencia y burocratización que han mostrado los gobiernos panistas en el ámbito educativo, y en sus secretarías estatales, federales y del Distrito Federal han dado muestras de que operan para su beneficio particular, no para mejorar el de por sí desastroso sistema educativo que, como nunca antes, existe en el país.

Por ejemplo, con la suscripción de la denominada Alianza por la Calidad de la Educación (suscrita el 15 de mayo de 2008) se puso en marcha un mecanismo excluyente del resto de los maestros, justificado a partir de metas abstractas y deseos que no han redundado en ningún cambio a favor de la educación, y las evidencias son harto conocidas. Esta alianza entre Calderón y el grupo que comanda Elba Esther Gordillo fue el motivo, además, de constantes desatinos de la entonces secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, quien tuvo que sufrir la pena de su extravío cuando el mismo Calderón la llamó a rendir cuentas “mes

1. tras mes” al SNTE, y después enfrentar reclamos de que desatendía los acuerdos de la Alianza en la búsqueda de su candidatura por el PAN. La denominada “evaluación universal del magisterio”, que nunca fue discutida con expertos, secciones sindicales o algún grupo de maestros –ahora se ha limitado sólo a los afiliados al SNTE–, se impuso sólo con el aval del grupo gordillista, pero ha tenido tan malos resultados que de ninguna manera puede aseverarse que ha impactado en la calidad de la educación, en ningún sentido. El mecanismo ha servido, otra vez, para el beneficio del grupo cerrado del SNTE, y no para los miles de maestros que con todas las buenas intenciones acuden a evaluarse. El hecho es que su rechazo crece y crece. Y el mismo destino ha tenido la supuesta reforma a la educación básica, que ha pretendido poner en marcha un modelo educativo basado en competencias, porque se tenía planeada su generalización en el ciclo escolar 2010-2011, y esto no ha ocurrido ni en la imaginación, pues ha quedado en puro rollo.

El grupo de Elba Esther ya no puede garantizar votos, pero sí marrullerías, y habrá que ver quién se atreve a recurrir a ellas para atraer sufragios.

Tampoco da imagen política, sino todo lo contrario, y lo peor es que, por donde se le vea, ha demostrado ser el obstáculo más grande para mejorar nuestra educación. Sin embargo, no olvidemos que este grupo y su dirigente no van solitos, pues han sido arropados para evitar que ocurra una verdadera reforma educativa. Sería verdaderamente cínico quien adujera lo contrario. O

La corrupción existe en México. Hay que afirmarlo, así parezca candoroso, porque de forma interesada los que tienen la voz pública, los políticos, quieren convencernos que es un tema menor o subsidiario. “Parte de una guerra sucia con fines electorales”, dice el presidente del PRI esta semana, cuando un funcionario de un gobierno priista fue capturado con 25 millones de pesos en efectivo. Parte de una voluntad envenenada de populistas de izquierda, dicen los panistas, cuando la gente se indigna ante el costo desorbitado de la Estela de Luz. 2. Y es que la corrupción no empezó a erradicarse en el año 2000, cuando se inauguró la alternancia en México, como fabulan los políticos. Lo demuestran los últimos escándalos donde se han develado casos particulares, con montos extraordinarios de malversación de dinero público. Lo demostrarán los siguientes casos que el gobierno federal panista develará en esta guerra por la Presidencia.

Habría que preguntarles a los panistas: si ahora develan estos casos, ¿por qué ayer no?

3. Todos los mexicanos somos corruptos, supone uno de los mitos que nos paralizan en su erradicación. Octavio Paz pensó en el siglo pasado que la enfermedad nos venía de antiguo, lo que es cierto, y que los mexicanos la condonamos en otros porque la compartimos, lo que ha dejado de ser cierto. En realidad, la mayor parte de los mexicanos no podemos ser corruptos.

Aquellos que no trabajamos en el gobierno o en el crimen organizado, estamos sujetos a la rendición de cuentas de la empresa privada. Ninguna organización productiva podría subsistir con el saqueo sistemático que padece el gobierno. Ninguna organización laboral fuera del gobierno disculparía desfalcos de sus empleados.

4. A propósito: ¿dónde está la ganancia billonaria de Pemex de este último sexenio? El senador Manlio Fabio Beltrones sue-

le aseverar que nunca en nuestra historia ha habido una ganancia mayor en Pemex, y suele luego afirmar que este gobierno debe dar cuenta de ella. Sorprende que lo declare en la prensa y no lleve el tema al Senado, donde tendría consecuencias legales.

5. Lo cierto es que sólo en nuestros tratos con el gobierno o el crimen los ciudadanos podemos, o estamos obligados, a transar. El Estado sigue siendo “el gran corruptor”. La expresión es del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que conoció desde adentro los engranajes del sistema político.

6. La corrupción es excepcional y su monto, sumados todos los casos particulares, es despreciable. Este es otro mito que rodea a la corrupción y que nos cuentan también los políticos. En general, los ciudadanos suponemos lo contrario, la corrupción en el gobierno es la norma, su monto tiene consecuencias para la economía del país y lo que es excepcional es su develación.

Como la corrupción es encubierta, no hay números que la cifren y decidan qué percepción es más justa. Pero cada que el sistema político elige a un corrupto para

ANÁLISIS MARTHA LAMAS

exhibirlo y para que sea destrozado por la indignación ciudadana, atisbamos, como por una puerta entreabierta, los tamaños de los hurtos.

Humberto Moreira tomó parte o todo el monto de 33 mil millones de pesos del erario de Coahuila. De la Estela de Luz no son explicables 375 millones de pesos, según el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles.

Según los abogados de su exesposa, el gobernador Arturo Montiel se enriqueció durante su mandato en el Estado de México con 600 millones de dólares.

7. El sistema político elige a corruptos para expulsarlos de su seno, no por razones legales o morales, sino siempre políticas, y luego no los juzga. Los señores del poder político, abren la puerta para expulsar a uno de ellos y mirar con regocijo cómo la opinión pública lo despedaza. Y luego lo que sigue es nada. Nada. Nada. No hay juicios donde el expulsado pueda limpiar su fama o ser condenado y castigado.

No es casual: la Justicia es el engranaje mayor que falta para que nuestro sistema político no sea corrupto.

8. La corrupción persiste hoy oculta bajo métodos sofisticadísimos. En su excelente libro, Los ricos del gobierno, recién editado, Luis Pazos describe parte del arsenal que hoy emplean los funcionarios para hurtar y traficar influencias. Me detengo en uno. La creación de empresas ficticias. Agrego tres más. La inflación de los precios de los terrenos donde los funcionarios deciden construir obra pública.

La inflación de los costos de esas construcciones. La complicidad de funcionarios de todos los órdenes de gobierno con los supuestos interventores de la Secretaría de Hacienda.

9. Pero el costo al país de la corrupción es más que pecuniario, para empezar implica la distorsión de las decisiones de gobierno. Se decide lo que conviene al que decide, no a los muchos. Se vende el futuro del bien común en aras del bien de uno o unos cuantos. Reflexiónese sobre lo que ha costado a una generación de niños la ausencia de un proyecto educativo, dada la paralización del sector por un sindicato de maestros que pone y descarta secretarios de Educación. Reflexiónese otra vez sobre ese superávit petrolero. Tómese usted tres tequilas y siga reflexionando.

10. Para seguir, la corrupción tiene un costo al orden moral. Textualmente, la corrupción desmoraliza a la sociedad. Difumina los límites del bien y el mal. Vuelve a la ley negociable. Emborrona cualquier mérito

o valor. La corrupción es una neblina moral que envenena la convivencia y abre la opción del reino de la ley del más fuerte.

El crimen que asuela al país no es sino el reclamo de otras clases, aparte de la clase política, de saquear lo ajeno y traficar con lo prohibido.

11. En todas partes del planeta hay corrupción, relata otro mito narrado para nuestro consuelo. Obligatoriamente lo cuentan quienes no han vivido en otras partes del planeta. La realidad es que una corrupción endémica, como la nuestra, solo ocurre en países no desarrollados. En países no desarrollados sí que sucede lo que en el nuestro.

La corrupción impide la disolución de los monopolios, mantenidos a base de sobornos y extorsiones al gobierno. Impide los proyectos de educación verídicamente ambiciosos.

Impide la inversión extranjera, ahuyentada por la falta de normatividad clara.

Vasos comunicantes, la corrupción y el no desarrollo suelen convivir.

12. En el tema de la corrupción, los políticos entre sí juegan damas chinas.

Enrique Peña, candidato del PRI a la Presidencia, abraza a Mario Marín, exgobernador señalado por la prensa como corruptor sexual de menores y protector de traficantes de niñas para uso sexual, y a la semana lo palomea para ocupar una senaduría, por vía automática, sin el trámite de una votación pública, y donde gozará de fuero. Si se lo permite, es porque la infamia del acto se equilibra por otros actos infames de otros políticos. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, candidato de las Izquierdas, palomea esa misma semana a René Bejarano, asimismo exhibido por la prensa como ladrón de ligas y portafolios con dinero ajeno, para otra senaduría plurinominal, donde igual será amparado por el fuero.

13. Los ciudadanos queremos una democracia digna y con porvenir. Acaso por ello rehuimos las historias de pillos de cuello blanco y nos disponemos a escuchar, en la liza por la Presidencia, debates sobre ideas constructivas para el país.

Nos engañamos sin embargo si ponemos el odioso, el sucio, el maloliente tema de la corrupción en una esquina de nuestra conciencia, y permitimos que los políticos lo omitan de la conversación democrática.

Ahí está esa suciedad, esa neblina moral, ese viejo perro cojo, con los colmillos igual de mordelones que hace un siglo. No exigir a los políticos que respondan sobre su parte en la corrupción, implica aceptar que nos merecemos seguir otro siglo sometidos a ella. O

E

l lenguaje es lo que nos constituye como seres humanos. Mediante la palabra nos comunicamos con los demás habitantes del planeta, y una forma suprema de hacerlo es con la escritura.

Sean poéticos o periodísticos, los escritos no sólo logran traspasar fronteras para transmitir ideas y sentimientos, sino que incluso, como lo ha demostrado el PEN Club, detienen injusticias y salvan vidas.

Así sucedió con Arthur Koestler, arrestado en la España fascista de Franco y sentenciado a muerte, pero liberado luego de que el PEN Club hiciera presión. Y también el PEN Club salvó a Wole Soyinka, marcado para una ejecución inmediata, de una forma por demás chusca. En 1967 el PEN, que tenía como presidente al dramaturgo estadunidense Arthur Miller, envió una carta al jefe de Estado de Nigeria, el general Yakubu Gowon, solicitando el indulto para el poeta. Cuando el general vio quién firmaba, preguntó si era el mismo hombre que se había casado con Marilyn Monroe. Al comprobar que sí, Gowon liberó al prisionero, quien luego abandonó el país, siguió escribiendo y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1986. Estas son sólo dos anécdotas, pero el PEN Club ha realizado todo tipo de intermediaciones y defensas. Cuando en España el dictador Primo de Rivera encarceló a Miguel de Unamuno, el Congreso del PEN creó el Comité para la Defensa de los Escritores en Prisión.

Más recientemente el PEN se ha interesado por la suerte de los periodistas, y ahora le tocó a México recibir a una importante delegación, encabezada por el actual presidente del PEN Club Internacional, John Ralston Saul, e integrada por Hori Takeaki, presidente del PEN Japón y secretario del PEN Internacional; Gillian Slovo, presidenta del PEN inglés; Emile Martel, presidente del PEN Quebec, y la exgobernadora de Canadá Adrienne Clarkson, entre otros. Lo nutrido y relevante de dicha delegación habla de la gran preocupación que hay a nivel mundial por lo que está pasando en nuestro país.

El PEN Club México organizó un acto por nuestros periodistas asesinados o secuestrados. El pasado domingo 29, en Casa Lamm, se dieron cita multitud de escritores de todos los géneros: poetas, periodistas, dramaturgos, novelistas, co-

La labor del PEN club municadores. Las siglas PEN aluden tanto a la “pluma” con la que se escribe como a las iniciales de Poetas, Ensayistas y Novelistas.

Creado en Londres en 1912 con el objetivo de luchar por la libertad de expresión, la paz y la amistad, su labor se ha ido fortaleciendo en la medida en que ha defendido a los escritores hostigados, perseguidos o encarcelados por sus palabras. Por eso el PEN Club deja una silla vacía en todos sus actos públicos como un símbolo que recuerda a los escritores presos o asesinados.

Es tal vez la organización defensora de los derechos humanos más antigua del mundo, y cuenta hoy con 145 representaciones alrededor del planeta. México ha tenido varios presidentes de ella, y hoy la encabeza una escritora: Jennifer Clement.

En su discurso, Clement recordó que México fue uno de los primeros países en afiliarse al PEN Internacional, y señaló: “En México estamos enfrentando un nuevo orden en la censura: el acoso y la ejecución de periodistas por organizaciones criminales. La valentía de los periodistas locales e internacionales al cubrir estos asuntos es formidable”. Clement dio las gracias por la solidaridad de todos los centros PEN del mundo ante este grave problema.

Las cifras son realmente aterradoras: “Tan sólo en 2011 se registraron 17 homicidios en el gremio: 13 periodistas, dos trabajadores en áreas distintas a la Redacción, dos laborantes de talleres y aparte dos familiares, lo que sumado en los años de gobierno panista representa 101 asesinatos, que se desglosan así: 85 periodistas, ocho trabajadores de talleres, seis familiares de víctimas y dos amigos. Además, hay que sumar 14 desapariciones sin resolver”. La organización Artículo 19 reveló que del año 2000 al 2011 organizaciones criminales mataron violentamente a 77 periodistas en México. En meses recientes, estos grupos han asesinado a 15 reporteros, desaparecido a tres y atacado con armas de fuego o explosivos a 19 periódicos.

La agenda de la delegación del PEN no se redujo al acto en Casa Lamm. Tuvo una entrevista con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y con representantes del Senado, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, le dijo que “no se escatimarán es-

fuerzos para lograr el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra periodistas en el país”. También comentó las medidas de protección a favor no sólo de periodistas y comunicadores, sino de todas aquellas personas cuya actividad está relacionada con la escritura en medios impresos y electrónicos.

El presidente del PEN Club Internacional destacó que cuando comenzaron los

asesinatos y desapariciones de periodistas en nuestro país, en el PEN Club pensaron: “Es México, es una democracia, es una gran civilización, esto no va a durar”.

Pero cuando vieron que la ola seguía y crecía, consideraron que se trataba de un patrón de comportamiento y que había que hacer algo. Muchas gracias, PEN Club, por la preocupación y la solidaridad. Las necesitamos. O

AP photo / Mohammed Asad

La violencia en el estadio de Port Said –cuyo saldo fue de 74 muertos y más de mil heridos– fue provocada, o al menos permitida, por las fuerzas de seguridad con el propósito de “castigar” a los seguidores del equipo de futbol Ahly, quienes han tenido una importante participación en las manifestaciones en contra del depuesto régimen de Hosni Mubarak y de la actual junta militar que gobierna al país. Tal es la tesis de la organización Hermanos Musulmanes, que domina el Parlamento, y de activistas de la Plaza Tahrir. Pero la “provocación” resultó en apariencia contraproducente: reavivó las protestas antigubernamentales y desató una nueva crisis política.

INTERNACIONAL / EGIPTO RICARD GONZÁLEZ /EL PAÍS*

E

Estadio de Port Said. Tragedia

La

AP

“mano invisible” de la violencia

L CAIRO.- La tragedia del miércoles 1 en el estadio de futbol de Port Said, donde tuvo lugar una violenta refriega que se saldó con 74 víctimas mortales y más de mil heridos, reabrió las costuras de la turbulenta transición egipcia.

En una caldeada sesión parlamentaria varios diputados pidieron el jueves 2 la dimisión del ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, y responsabilizaron de los hechos a la Junta Militar. La tensión se palpaba esa noche en el centro de El Cairo, donde miles de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del orden, en lo que podría ser el anticipo de una nueva ola revolucionaria. El Ministerio de Sanidad egipcio estimó en más de 388 los heidos en los choques ocurridos esa noche.

El primer ministro, Kamal Ganzuri, intervino en el Parlamento para expresar su dolor por lo ocurrido y dar explicaciones de la actuación gubernamental. “Estoy dispuesto a rendir cuentas ante cualquier institución porque sé que tengo una responsabilidad política por los hechos”, dijo Ganzuri, quien acudió al hemiciclo acompañado por el ministro del Interior.

En su breve discurso, Ganzuri informó que el gobierno había actuado con celeridad la noche anterior y había aceptado las dimisiones del gobernador de Port Said, del responsable de las fuerzas de seguridad de la región, así como de toda la junta directiva de la Asociación de Futbol Egipcia.

Como en otros episodios violentos de los meses anteriores, el gobierno culpó de la matanza a un misterioso complot “que pretende desestabilizar el país”, una herramienta discursiva que los actuales líderes del país parecen haber tomado prestada del manual del régimen anterior. La noche del miércoles 1, el mariscal Hussein Tantawi, presidente de la Junta Militar, había recurrido a la otra medida habitual: la apertura de una comisión de investigación. “Los culpables serán castigados”, aseguró en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, las promesas de Tantawi y Ganzuri no inspiran ya ninguna confianza en la mayoría de los diputados electos en las primeras elecciones democráticas, por lo que la institución decidió realizar su propia investigación de los hechos. Varios legisladores lanzaron en sus discursos en la cámara afilados dardos contra la cúpula castrense.

“No es aceptable para el director de la seguridad de Port Said, al que no absuelvo de ninguna responsabilidad, convertirse en un chivo expiatorio. Queremos una limpieza a fondo del ministerio del Inte-

rior”, afirmó Hussein Mohamed Ibrahim, diputado del Partido de la Libertad y la Justicia, organización política con la que los Hermanos Musulmanes se presentaron en las recientes elecciones.

Precisamente, la restructuración del sistema de seguridad, al que las organizaciones de derechos humanos acusan de perpetrar numerosos abusos, es una de las principales demandas insatisfechas de la Revolución del 25 de enero.

El histórico movimiento islamista emitió un comunicado público en el que atribuyó la violencia a “facciones internas con fuertes relaciones con el antiguo régimen”, y que tendrían como objetivo “bloquear una transición pacífica”.

Más directo y contundente fue Mohamed Abu Hamid, del partido laico Egipcios Libres. “Lo que sucedió ayer (miércoles 1) no lo podemos llamar un incidente.

Es una conspiración de la que la Junta Militar debe responder. La Junta debe caer. ¡La Junta debe caer!”, remachó el diputado ante las cámaras de televisión, que transmitieron en directo la sesión.

Los legisladores se hicieron eco en el hemiciclo de una indignación compartida por la mayoría de los egipcios, sobre todo por los miles de personas que se concentraron el jueves 2 en la estación de tren de Ramsés para recibir a los aficionados del Ahly provenientes de Port Said.

En un país proclive a las teorías de la conspiración, no sólo algunos diputados ven la mano negra de la Junta Militar detrás de una masacre inédita en la historia del futbol egipcio. “Los militares quieren crear el caos para justificar su permanencia en el poder. Es mucha casualidad que todo esto suceda justo después de levantar la ley de emergencia”, apuntaba Ahmed Ismail, un veterano ingeniero que se sumó a las marchas de protesta.

Una de las más multitudinarias pretendió culminar el jueves 2 frente a la sede del Parlamento. Sin embargo, sus zonas aledañas, y buena parte del centro de El Cairo, estaban completamente selladas por la policía con alambradas y muros. Se desató una batalla campal con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, con un saldo de casi 400 heridos.

El mismo jueves un halo de incertidumbre envolvía los incidentes, que constituyen el más violento de los espasmos que han sacudido al Egipto pos Mubarak.

Varios testigos aseguran que la presencia policial en el estadio de Port Said era mucho menor de lo habitual y que los agentes desplegados no hicieron nada para evitar que miles de personas invadieran el te-

El Cairo. Nuevas protestas

rreno de juego para linchar a los jugadores y aficionados del Ahly, el equipo visitante.

En un comunicado en su página de Facebook, las Águilas Verdes, el grupo de seguidores fanáticos del club Masri, afirmaron “no tener nada que ver con lo sucedido” y denunciaron que “grupos de vándalos” se infiltraron en sus filas.

“El mismo equipo” Las banderas de los clubes de futbol Ahly y Zamalek, los dos más populares y laureados de Egipto, presidieron las diversas marchas de duelo y protesta que el jueves 2 organizaron en el centro de El Cairo “los ultras”, los aficionados más fanáticos del Ahly. A pesar de la tradicional inquina que existe entre los seguidores de ambos equipos cairotas, se hermanaron en sus sentimientos de dolor y rabia por la tragedia del miércoles en Port Said.

“Estoy destrozado, ayer perdí a dos amigos en el estadio”, dijo con los ojos acuosos Atif Abdel Aziz, un joven de 19 años y cabeza rasurada que se declara miembro de los ultras. “Pero hoy no estamos aquí como seguidores del Ahly o del Zamalek. Todos somos de un mismo equipo: Egipto”, añadió, mientras señalaba la bandera de Egipto dibujada en su frente.

La tarde del mismo jueves, frente a la sede de la Asociación Egipcia de Futbol, situada en el exclusivo barrio de Zamalek, se concentraron a primera miles de personas para pedirle cuentas a ese organismo.

Los jóvenes gritaban consignas de homenaje a los caídos en Port Said, aderezados con referencias religiosas como “¡Dios ama a los mártires!” y “¡Con nuestra alma, con nuestra sangre, moriremos por vosotros, mártires!”

“Yo soy un fan del Zamalek de toda la vida y me siento realmente conmocionado. Todos somos hermanos. Todos somos egipcios”, aseguró Samih Alí, rodeado de

aficionados del Ahly que asentían con la cabeza. En el grupo había incluso un aficionado del Masri, el equipo en cuyo estadio tuvo lugar la masacre.

“Quienes asesinaron a más de 70 personas no son seguidores del Masri. Vinieron de fuera, y se infiltraron entre nuestros aficionados. Todo estaba planeado”, afirmó Ahmed Fathy, ataviado con una bufanda con los colores de Egipto.

A causa de su trabajo, Fathy tuvo que viajar el martes a El Cairo, y no pudo asistir al trágico encuentro que disputaba su club.

Pero sí lo hicieron su tío y su primo. “Ellos me han dicho que vieron seis vehículos llegar al estadio. Aunque llevaban banderas del Masri, nadie los conocía. Ellos fueron los responsables”, asegura.

Todos los presentes coincidieron en que fue una carnicería planeada, y culparon a la Junta Militar de ser la “mano negra” que orquestó los incidentes. “Incluso

Reuters / Handout

en las escaramuzas entre aficionados del Zamalek y del Ahly, es impensable algo así.

Su excitación deportiva los lleva a pelearse, pero nunca hay la intención de asesinar al rival”, sostiene Alí.

Había numerosas pancartas que incriminaban a la cúpula castrense. Una de ellas, sostenida por un veterano seguidor del Ahly, rezaba: “La Junta Militar y el caos van siempre unidos”.

De pronto, un adolescente con la cabeza y la pierna izquierda vendadas se abrió paso entre la multitud. Vestido con una cazadora del Ahly, caminaba renqueando y se apoyaba en los hombros de dos compañeros. Uno de ellos confirmó que el joven, tan débil que no quería realizar declaraciones ni posar para los fotógrafos, resultó herido en el estadio de Port Said. Mientras se acercaba a la concentración, otro joven que caminaba a su lado, visiblemente exaltado, intentó arrebatar una bandera del Zamalek a un seguidor de este equipo, pero el adolescente herido le sujetó el brazo y le indicó que no con el dedo. No necesitó ni abrir la boca para atajar de inmediato el único conato de enfrenamiento.

Nadie entre los asistentes lanzó críticas contra los aficionados del Masri, el equipo de Port Said. Todo lo contrario: incluso en algunos cánticos, los seguidores del Ahly quisieron lanzar un guiño a sus adversarios para mostrar la unidad del mundo del futbol: “¡Dios es grande y ama a Port Said!”

Las consecuencias políticas de esta tragedia aún son inciertas, pero ya se ha conseguido todo un hito en Egipto: hermanar bajo una misma enseña a antiguos enemigos irreconciliables. O

El largo

brazo de Assad

*Fragmentos de textos publicados por el diario El País, con cuya autorización se reproducen.

AP

AP photo / Khalil Hamra

INTERNACIONAL / SIRIA

Miles de sirios se refugian en Líbano. Huyen de la represión desatada por el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, en este país son perseguidos por los aliados del dictador sirio, como Hezbolá. Activistas en el exilio coinciden en que la revuelta en Siria derivó ya en una guerra civil y que, pese a que el régimen de Damasco está herido, aún tiene la fuerza para resistir.

MATTEO FAGOTTO

Estación Ramsés. Recibimiento

T

RÍPOLI.- “Yo corría, tratando de escapar de los tanques que nos atacaban. Cuando llegué a un crucero recibí dos tiros en la pierna izquierda y caí. Un amigo se detuvo para ayudarme. Los franco-

tiradores le dispararon tres veces y una bala le dio en la cabeza. Murió en mis brazos.

Su nombre era Hassan Matar.”

Abu Hamsa, un activista de 25 años (cuyo nombre real se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, al igual que los de las personas entrevistadas en este texto), se afana en hacer un vívido re-

cuento de los acontecimientos del pasado 17 de diciembre, cuando fue herido durante los choques entre las fuerzas sirias de seguridad y los manifestantes en la ciudad de Qusayr, ubicada en la frontera de Siria con el norte de Líbano.

Junto a Abu Hamsa dos de sus compatriotas guardan un respetuoso silencio mientras escuchan la historia: “Sucedió alrededor de las tres de la tarde. Yo permanecí tirado en la calle durante cuatro horas, con mi ropa empapada en sangre y haciéndome pasar por muerto, para evitar que los francotiradores siguieran disparándome”.

Al oscurecer, su hermano tuvo la posibilidad de lanzarle una cuerda desde la esquina de la calle y arrastrarlo hasta sacarlo del crucero. El hospital de la ciudad estaba ocupado por los shabbiha, las milicias sirias leales al régimen de Bashar alAssad, por lo que la familia de Abu Hamsa decidió enviarlo a Líbano.

De acuerdo con la HCFSR, desde mediados de diciembre el hospital ha atendido a más de 142 sirios, todos heridos de bala. Uno de ellos es Abu Suleiman, un joven de 27 años originario de Bab Amr, el principal reducto de la oposición en Homs. Este decorador de interiores se unió al ESL en abril pasado, luego de que su barrio fue sometido a un intenso ataque por parte de fuerzas combinadas de los shabbiha, el ejército y el Mukhabarat, el servicio secreto sirio.

Tan pronto como se enroló en el movimiento armado, Suleiman abandonó su hogar para proteger a su familia y fue a dormir con otros combatientes en casas de seguridad ubicadas en Bab Amr. “Había algunos desertores del ejército que nos entrenaban y nos enseñaban

AP photo / Bassem Tellawi

teles se prohibieron los teléfonos celulares, y las únicas noticias que podíamos escuchar eran las que transmitía la agencia nacional de prensa”, se justifica.

En Trípoli, Ismail estableció contacto con el ESL y ahora espera a que su hombro sane totalmente para incorporarse a las filas de los rebeldes. Como a muchos disidentes sirios, a este exsoldado también le gustaría que la comunidad internacional estableciera una zona de restricción aérea, que permitiera al ESL crear áreas de seguridad para albergar y entrenar a combatientes como él. “La OTAN intervino en Libia al principio de la rebelión. Nosotros estamos ahora en el undécimo mes del levantamiento y, después de miles de muertes siguen contemplándonos”, apunta.

Muchos aquí comparten la urgencia de Ismail: en privado, los disidentes sirios reconocen que la lucha contra el régimen de Assad va a ser larga. Además, en varias ocasiones durante la revuelta, el gobierno ha jugado la “carta sectaria” advirtiendo que su caída podría conducir a una guerra civil entre las diferentes comunidades que habitan Siria. Siempre influido por los acontecimientos que ocurren del otro lado de la frontera, Trípoli ya está sintiendo sus efectos.

El levantamiento sirio ha revivido viejas tensiones entre los sunitas y alauitas libaneses, comunidad esta última de la que proviene la familia de Assad y que, por lo tanto, teme represalias de la mayoría sunita en caso de que caiga el régimen sirio.

Si bien los activistas intentan minimizar este riesgo atribuyéndolo a la propaganda gubernamental, en Siria hechos inquietantes como los secuestros sectarios

Assad. No cede

a usar armas”, explica. “Operábamos en pequeñas unidades de 30 personas, casi siempre manteniendo posiciones defensivas y emboscando algunos puestos militares aislados”.

Herido en diciembre pasado, Suleiman fue operado en Bab Amr antes de ser transferido a Trípoli por razones de seguridad.

Con una población mayoritariamente sunita, hostil al régimen de Damasco, esta ciudad se ha convertido en el reducto de la oposición siria en Líbano, pero sus activistas y combatientes siguen preocupados por la fuerte influencia que el gobierno de Assad mantiene sobre las autoridades locales.

Hezbolá, un viejo aliado del régimen sirio, es parte de la coalición gobernante 8 de Marzo, y los disidentes se quejan de que ésta es la principal razón de que las

Civiles sirios. Éxodo

autoridades libanesas no se muestren muy entusiastas de recibir a quienes han escapado de Siria.

Más aún, los disidentes sostienen que en los últimos meses activistas sirios han sido secuestrados en Líbano y enviados de regreso a Siria, y acusan a Hezbolá y al Partido Social Nacionalista Sirio local de hacer el trabajo sucio para el régimen de Damasco.

Suleiman está muy consciente de esta situación. “Siempre trato de ser cuidadoso y evito salir del hospital”, explica. “Sí, esto nos preocupa. ¿Pero qué podemos hacer?”.

“A la gente que ha escapado de la represión del régimen sirio el gobierno libanés no le ha dado asistencia ni concedido el estatuto de refugiado. No hay comida, ni ropa, ni nada”, lamenta Abu Omar, un veterinario sirio que dejó su trabajo en Arabia Saudita para ayudar a sus compatriotas. “La HCFSR está sosteniendo todos los gastos a través de donaciones privadas y con la ayuda de algunas ONG extranjeras”, agrega.

Hasta ahora, la organización ha registrado en Líbano a poco más de mil 500 familias, pero Abu Omar cree que el país alberga actualmente a unos 20 mil refugiados. “Muchos de ellos temen mostrarse en público. Temen por su seguridad.

No quieren dar sus nombres, por miedo a acabar en manos del gobierno”, dice y añade que su familia, originaria de la localidad de Baniyas, se encuentra ahora escondida en Siria. “Me gustaría traerla aquí, pero temo que la puedan matar al intentar cruzar la frontera”.

Om Salim, una joven de 27 años proveniente de Homs y que ahora trabaja como voluntaria en el hospital, no tuvo este problema. Se mudó a Líbano el 10 de octubre, después de que su marido fuera muerto durante las protestas y su hermano, el famoso activista Abu Jaffar, entrara en la clandestinidad. “La situación –dice– se había vuelto insostenible. El Mukhabarat nos

Otro sirio que está tratando de acoplarse a una nueva vida es Mohammed Ismail, un exsoldado de 23 años que desertó de las Fuerzas Armadas Sirias el 12 de octubre, a unas semanas de concluir su servicio militar. En los meses previos, participó cuatro veces como francotirador en las protestas de Homs. “Éramos seis, y nuestra tarea era proteger a las fuerzas de seguridad que operaban sobre el terreno y aplicar el toque de queda impuesto a la ciudad. Estoy prácticamente seguro de que herimos y matamos a algunas personas, al disparar de manera indiscriminada en la oscuridad”, admite.

Ismail asegura que les dijeron que quienes protestaban eran agentes extranjeros provenientes de Arabia Saudita e Israel, y que sólo se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando en la ciudad fronteriza de Tel Kalah, donde tuvo la posibilidad de entrar en contacto con la gente.

“Durante las manifestaciones yo oía consignas de libertad normales, y escuchaba que la gente nos preguntaba: ‘¿Por qué nos disparan? ¿Qué hemos hecho para merecer este trato?’”, explica Ismail.

“Hablé con tres amigos míos del ejército, de plena confianza, y ellos compartieron conmigo la misma preocupación”.

Convencido finalmente de que estaba disparando contra manifestantes inermes, trató de incorporarse al ESL, al tiempo que ayudaba a algunos civiles a escabullirse de Siria, desviando a las patrullas militares fronterizas que él mismo conducía. Atrapado in fraganti cuando ayudaba a dos sirios a atravesar el río que delimita la frontera entre Siria y Líbano, recibió un tiro en el hombro izquierdo por parte de los soldados y tuvo que cruzar hasta la otra orilla para salvar su vida.

Ahora se recupera en Trípoli, donde vive junto con otros 12 sirios en una casa de cinco habitaciones proporcionada por una organización humanitaria.

En cuanto a su experiencia en el ejército, de lo único que se arrepiente es de no haberlo abandonado antes. “Pero no podía entender lo que estaba pasando. Tras el inicio del levantamiento, en los cuar-

Ejército rebelde. Posiciones defensivas

Reuters / Handout

Trabajo sucio

acosaba constantemente, llegando a la casa en busca de mi hermano”.

Junto con su hijo de dos años, su madre y la familia de su hermana, ella vive ahora en una casa de los suburbios de Trípoli donde batalla para adaptarse a una vida nueva.

“Nuestros vecinos dicen que los precios han subido debido al flujo de refugiados, y que nos regresemos a Siria. A mí me gustaría regresar pronto, pero me temo que tendremos que quedarnos aquí por algún tiempo”, lamenta.

“Carta sectaria”

Reuters/ Omar Ibrahim

Luego de cambiar seis veces de automóvil y nueve horas después de que fue herido, llegó a la ciudad libanesa de Halba, donde fue sometido a cirugía. Hoy es uno de los 30 sirios atendidos en Dar el Zahra, un hospital privado de Trípoli cuyo último piso es manejado por la Comisión Superior de Apoyo a los Sirios (HCFSR, por sus siglas en inglés), una organización caritativa vinculada con el Consejo Nacional Sirio (CNS), principal órgano político en el exilio que se opone al régimen de Damasco.

Los pacientes ahí son civiles, activistas y soldados del Ejército Sirio Libre (ESL), todos heridos durante los 11 meses del levantamiento popular que intenta derrocar al presidente Bashar al-Assad y que ha causado ya la muerte de más de 5 mil civiles.

INTERNACIONAL / SIRIA entre los sunitas y alauitas de Homs empiezan a crear preocupación.

“Si el régimen dimite rápidamente, no tendremos ninguna guerra civil”, replica Om Salim, tratando de conjurar sus propios miedos. “Yo soy sunita y tengo amigos alauitas que se han sumado a las protestas y han ayudado a los heridos”.

No obstante estas historias individuales, la mayoría de los alauitas y sunitas sirios se ha alineado respectivamente con los bandos en pro y contra de Assad, lo que ha incrementado la posibilidad de que se desaten actos de venganza. Los disidentes sunitas dicen con amargura que los mejores puestos gubernamentales en Siria están reservados a los alauitas, lo que agrega una dimensión económica y social a la brecha ya existente entre las dos comunidades.

Sin embargo, por ahora este problema ha sido hecho a un lado ante el apremio de derribar al régimen, el objetivo explícito de todos los disidentes que se encuentran aquí. Conformarse con menos que la captura y el juicio de Assad no parece una opción para nadie. “Perdonaremos a Assad si devuelve los 6 mil mártires que ha matado”, dice Abu Hamsa con ironía.

Pero ganar lo que rápidamente se está convirtiendo en una guerra real puede constituir una enorme tarea para un ejército rebelde, cuyas acciones militares todavía se circunscriben a proteger civiles y mantener posiciones defensivas.

“Derrocar a Assad tomará tiempo”, concede Suleiman desde su cama de hospital.

“El régimen es fuerte y todavía tiene apoyo.

Pero al final habremos de imponernos, inshallah”. (Traducción: Lucía Luna)

CULTURA CU

La Columna de la

Octavio Gómez

Germán Canseco

Independencia y la Estela de Luz

XAVIER GUZMÁN URBIOLA*

M

e precio de conocer con cierto detalle la Columna de la Independencia, pues tuve la suerte de aplicar la normatividad federal para su restauración entre febrero y septiembre de 2006, al lado del arquitecto Jesús Enrique Velázquez, quien por entonces era mi contraparte en el Gobierno del DF. Traigo esto a colación por las revelaciones y los incrementos inexplicables en el costo de la llamada Estela de Luz que

se han hecho públicos. Ambos son monumentos urbanos. Un par de gobiernos separados por el tiempo, el de Porfirio Díaz y el de Felipe Calderón con los Bicentenarios. Al más antiguo le tocó sufrir una crisis constructiva que se solucionó con alardes tecnológicos de la época (una vez que la obra arrancó en enero de 1902, se debió desmontar en 1906, cuando ya se alzaba hasta el primer tercio de su altura, y se cimentó con pilotes de madera, algunos con cabeza de concreto), en tanto que un escándalo no aclarado envuelve al segun-

do. El ingeniero Javier Jiménez Espriú lo ha resumido bien. Él se preguntó en agosto de 2010, cuando se anunció que no se terminaría a tiempo, y luego en agosto de 2011, frente a una serie de explicaciones baladíes: ¿por qué se pasó de un presupuesto para su construcción de 200 a otro de 690 millones, para enseguida brincar a otro de mil millones?1 ¿Por qué se compró el acero en Finlandia y el cuarzo en Brasil, éste además se pulió en Italia, con algún incremento predecible de costo, sólo por su transporte? ¿Por qué se colocó la

primera piedra sin contar con un proyecto ejecutivo? ¿Por qué se cometieron “pequeños errores” que implicaron pasar de un peso de 80 a mil 700 toneladas en la estructura, o no calcular los vientos y tener que aumentar la cimentación de 30 a 50 metros? Y claro, por consecuencia, ¿por qué se incrementó tan escandalosamente su costo? En las preguntas mismas, Jiménez Espriú, al ironizar daba indicios de las respuestas.2 Como sea, el primer monumento logró crearse y atraer el afecto de los capitalinos y su silueta se identifica hoy con la Ciudad de México, en tanto que la Estela de Luz, con su oscuro pasado, deberá luchar contra su mala fama para representar algo positivo.

Por ello es que creo pertinente hacer el siguiente ejercicio, a la espera de que se den a conocer los resultados de las auditorias en curso sobre el costo e irregularidades de la Estela de Luz, por ejemplo, la asignación de la obra a GUTSA, estando dicha compañía inhabilitada.

La Columna de la Independencia, que proyectó el arquitecto Antonio Rivas Mercado, costó, según diversas fuentes de la época y de estudiosos contemporáneos, 2 millones 150 mil pesos.3 Esta cifra incluye el corte y montaje de la cantera entre 1902 y 1906, el desmontaje que debió hacerse de la misma en 1906, su cimentación, la estructura de concreto (pionera en aquel momento, con unas varillas descomunales), los trabajos de cantería que forran la estructura, los mármoles, la obra artística importada, el vaciado de la Victoria Alada (popularmente conocido como El Ángel) que remata el monumento, el resto de las esculturas artísticas (bronces y mármoles), la cubierta de oro de hoja de 24 kilates, 6% del costo de la obra que se le pagó al arquitecto por el proyecto y dirección, y hasta el año que permaneció en París seleccionando y supervisando las esculturas. Para que esta cifra diga algo es necesario recordar que la “raya” de un peón adulto, o de un artesano urbano, como los operarios que trabajaron ahí, era de 2 reales o 25 centavos por “una jornada laboral”.4 Eso quiere decir que un peón ganaba a la semana 1.25, y 5 pesos al mes.

Las “rayas” de los peones urbanos y rurales eran similares. No importa aquí que en las fronteras del México porfiriano, o por desarrollar trabajos riesgosos, las retribuciones llegaran a 30 y hasta 50 centavos, o que en ciertas zonas rurales, en cambio, fueran tan bajos como 18 centavos. Sí es importante tener presente que esas “rayas” eran sólo una parte de la retribución que un peón recibía, pues en el campo o la ciudad éstas se completaban con diversas prestaciones paternalistas.

Ahora bien, contrastando la información anterior, sorprende que la Estela de

Luz, proyectada por el arquitecto César Pérez Becerril, según diversas fuentes haya costado mil, o mil 110 millones de pesos, no sabemos con claridad aún. Por supuesto que aquellos pesos porfirianos y los actuales no son los mismos. Entre 1905 y 2012 el peso sufrió varias devaluaciones.

Así, puesto que hacer los cálculos para comparar los costos de ambos monumentos, o hacer proyecciones para ver a cuánto equivaldrían esos pesos de 1902-1910 a los de hoy, sería poco claro para el lector, es más fácil e ilustrativo empezar por recordar de nuevo los sueldos actuales: un albañil recibe hoy el salario mínimo, o mil 740 pesos al mes.

Llevaré el ejercicio más allá. Hago unas divisiones simples. Redondeando, a la baja, mil millones entre mil 740 pesos, da 574 mil 712 sueldos mensuales de igual número de albañiles. Si repito la misma operación con los 2 millones 150 mil pesos porfirianos, resultan 430 mil rayas mensuales a igual número de peones.

Aquí no viene a cuento algún comentario cínico actual que argumentara un aumento de sólo 30% o 40%. En cambio, a lo anterior hay que agregar dos factores más: la complejidad de uno y otro monumentos es importante, puesto que el antiguo fue un verdadero tour de force. Para resolverlo debió echarse mano de la ingeniería más avanzada. En tanto que, el monumento moderno, más parece haber sufrido por los errores de previsión. El tiempo invertido en levantarlos es otro factor que debe tomarse en cuenta y sí puede compararse.

Entonces resulta que entre enero de 1902 y septiembre de 1910 (105 meses) no se pagaron 430 mil rayas en ese lapso, puesto que no laboraron ahí igual número de peones y, repito, ese costo incluye lo enlistado atrás. Pero si esto es así, sin ser auditor, de igual forma puedo asegurar que entre agosto de 2009 y diciembre de 2011 (28, contando los meses que la obra se paró), no se pagaron 574 mil 712 salarios a igual número de albañiles que hubiesen trabajado en la Estela de Luz. No creo que la Estela de Luz pueda aspirar a transformarse en un referente de la ciudad. Es de muy dudosa calidad, es simple (son cuatro cilindros enormes que sostienen dos bastidores para montar las 500 placas de cuarzo), no se regeneró el espacio urbano circundante, lo cual sí preveía el proyecto original. Estoy seguro que se alteró gravemente la propuesta de Pérez Becerril, como él mismo lo ha explicado.5 Estos datos me parece que sí dan sentido a la cifra del costo del nuevo monumento, a la vez que hacen evidente una desproporción más escandalosa que la arrojada por la Columna de la Independencia. Hoy se gastó 30% o 40% más dinero, pero en menos tiempo, cuatro veces menos, para levantar un monumento menos complejo.

Pero entonces, ¿por qué fue tan caro?

Para explicar el costo tan elevado, aventuro un par de hipótesis abundando en lo explicado por el ingeniero Jiménez Espriú: debió ser muy oneroso comprar el cuarzo en Brasil y pulirlo en Italia, o caer en la cuenta de que la cimentación no debía ser a 30 sino a 50 metros, o arrancar sin un proyecto ejecutivo, sí, pero no se ha señalado y pensado en las implicaciones de que la obra se detuviera en agosto de 2010, cuando fue evidente que no se terminaría, y se abandonaran las plumas y grúas en el terreno durante casi un año. Una obra que se arranca y se detiene es carísima, lo sabemos. ¿Cuánto costó la renta de ese equipo durante esos meses en que no se usó? No sólo, se dice, esto debe corroborarse, que la Estela de Luz, tal como la vemos hoy, son en realidad dos, porque el acero que se utilizaría durante el periodo que estuvo parada la obra (puesto que se dudaba en terminarla) se vendió y, para concluirla, hubo que comprarlo de nuevo. ¿Es cierto eso? La auditoría que se realizará debiera darnos una explicación.

1 “1,036 millones, 460 mil pesos”, para ser exactos, según declaró el arquitecto César Pérez Becerril, autor del proyecto, a Columba Vértiz de la Fuente, en “La Estela de Luz, sin la plaza del Bicentenario”, Proceso, 1835, 1 de enero de 2012, p. 66. El 2 de febrero se dijo que se trata de “1,110 millones, 575 mil pesos”, según explicó Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, a Roberto Garduño y Enrique Méndez, en “Denuncian que la Estela de Luz costó $65 millones más de lo anunciado oficialmente”, La Jornada, 2 de febrero de 2012, p. 31.

2 Javier Jiménez Espriú, “El monumento…al bicentenario”, en La Jornada, 19 de agosto de 2010, p. 31.

Y de él mismo, “La estela de luz del bicentenario”, en La Jornada, 25 de agosto de 2011, p. 31.

3 Archivo del Ex Ayuntamiento, GDF, Ramo: Monumento a la Independencia, Expedientes 2656, folios 21 y 22. Ahí y en el Archivo General de la Nación se conserva la documentación de la obra. Véase también Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, Monumento a la Independencia, México, Compañía Editora Nacional S. A., 1910, p. 32. En las pp. 16, 17, 24, 30, 32 y 37 hay un desglose del costo con cierto detalle. Se trata de la memoria oficial publicada por el gobierno de Porfirio Díaz para dar cuentas de lo realizado y gastado. Asimismo véase: María Eugenia Olivares Obregón Abadiano, La obra arquitectónica de Antonio Rivas Mercado, tesis para obtener el titulo de Licenciado en Historia del Arte, México, UIA, 1986, p. 180. Y por último: Alicia Sánchez Mejorada de Gil, La Columna de la Independencia, México, Editorial Jilguero S. A., 1990, p. 66.

4 Estos montos provienen de una autoridad en la materia: Herbert J. Nickel, “Elementos de la economía moral en las relaciones laborales de las haciendas mexicanas”, en Herbert J. Nickel (editor), Paternalismo y economía moral en las haciendas mexicanas del Porfiriato, México, UIA, 1989, p. 36.

5 Columba Vértiz de la Fuente, “La estela…”, op. cit., pp. 66-67. ___________________ * Historiador de la arquitectura