Proceso 1839: México, Paraíso del Lavado de Dinero. El Complot de Montiel

Eduardo Miranda

Maude Versini:

“Voy a dar

la batalla...�

P OLÍ TI CA / P R I ANNE MARIE MERGIER

P

ARÍS.- Maude Versini es guapa sin ser glamorosa. Viste elegantemente informal. Apenas se maquilla. No aparenta sus 38 años ni se parece a “la mujer fatal que enloqueció” a Arturo Montiel en 2000, cuando era gobernador del Estado de México.

Mujer inteligente, oscila entre la espontaneidad y la desconfianza. Sabe exactamente lo que quiere decir y lo que quiere callar. Sabe muchísimo más de lo que acepta contar durante la lluviosa tarde parisina del jueves 26.

Apenas sonríe ante la sorpresa de la reportera, que la descubre tan distinta de la imagen que dejó en México. Cita un dicho francés: Les absents ont toujours tord. Lo traduce al español: “Siempre se culpa a los ausentes”.

“Sé que se escribió y se sigue escribiendo barbaridad y media sobre mí”, agrega también en español y propone que la entrevista se lleve a cabo en este idioma. Habla casi sin acento francés.

Estamos sentadas en un cómodo salón de té del elegante barrio XVI, donde vive. Alrededor, señoras de cierta edad, bien arregladas, saborean pastelillos. Fue Versini quien eligió el lugar.

“No me interesa comentar ‘mi leyenda’ mexicana –insiste–, sólo me importa recuperar cuanto antes a mis hijos y dar a conocer públicamente mi versión de los hechos, puesto que Arturo Montiel ya dio la suya.”

Versini conoció a Montiel en 2000. Trabajaba para la empresa española NOA Comunicación, especializada en la redacción

y venta de publirreportajes. Entrevistó a Montiel para un texto sobre México que le había encargado la citada empresa y que se publicó en el semanario francés Paris Match.

–Antes de hablar de su disputa con Arturo Montiel me gustaría abordar brevemente sobre su encuentro con él…

–Sé que va a sonar cursi lo que voy a decir en una entrevista seria con Proceso, en un momento muy grave tanto para mí como para mis hijos y además en pleno año electoral en México, pero, a pesar de nuestra diferencia de edad (de 30 años), Arturo Montiel y yo nos enamoramos. Fue una pasión. Arturo es un gran seductor, es inteligente y romántico. Me atraía, pero desconfiaba.

–¿Por qué desconfiaba de Montiel?

–Sabía que era muy mujeriego. Pero me ganó. Acabó con mi resistencia. Se divorció y contrajimos matrimonio en 2002.

Montiel aceleró su divorcio con Paola Yáñez y quiso también apresurar su boda con Versini, pero las leyes del Estado de México lo impedían. El gobernador no se desanimó: en mayo de 2002 logró que el Congreso mexiquense aprobara una reforma al Código Civil para eliminar los obstáculos y su boda se celebró un mes después.

“A mí me impresionó con eso –confía Versini–; entendí el carácter de Arturo: tiene una voluntad de hierro. Cuando se propone algo, lo logra porque lo logra. Me decía que iba a cambiar las leyes, pero yo no lo creía. Me dejó con la boca abierta. En cambio, esa iniciativa no les gustó para nada a mis padres.”

“Hipocresía política” Versini cuenta que asumió con mucho empeño su papel de primera dama del Estado de México a pesar de sus dos embarazos. En 2004 dio a luz a Sofía y Adrián, y al año siguiente a Alexi.

“Trabajé en el DIF y eso me sacudió.

Nunca había estado tan cerca de la gente necesitada. Fue un choque. Me involucré de lleno en el DIF”, dice.

–Muy distinta es la Maude Versini que describe, de la que aparecía en la prensa mexicana en esos primeros años de su vida oficial con Montiel: lujo, vida social intensa, vacaciones en Acapulco y balnearios internacionales…

–Lo sé y no me importa. Mi trabajo en el DIF me permitió medir el contraste entre la terrible realidad social que yo presenciaba y la de las esferas políticas cada vez más altas en las que se movía Montiel. Poco a poco rehusé asistir a todas esas cenas con políticos. Me resultó obvio que no era mi mundo.

–¿Podría ser más explícita?

–Me chocaban todos esos políticos, su modo de ser, su hipocresía, sus mentiras.

–¿Qué más le chocaba? ¿Percibió cosas aún más graves que su hipocresía?

Versini fija sus ojos en los de la reportera. No contesta.

–A raíz de la disputa por la custodia de sus hijos que actualmente la enfrenta con Montiel, usted se dijo dispuesta a hablar de la corrupción que prevaleció durante el sexenio que él encabezó en el Estado de México…

–Está doblemente equivocada. Lo que actualmente nos confronta no es la cus-

En entrevista con Proceso, en París, Maude Versini describe las maniobras de su exmarido Arturo Montiel para “secuestrar” a los hijos de ambos y retenerlos en México, violando, según ella, el acuerdo al que llegaron a raíz de su divorcio. La trama del conflicto –pasión, dinero, política y revancha, mezclados– pasa por el propio exgobernador del Estado de México, por las nanas de los niños, involucra al juez que emitió un fallo “para complacer” y de alguna manera toca, a posteriori, lo mismo a Felipe Calderón que a Enrique Peña Nieto. Versini no amenaza, pero advierte: “Voy a dar la batalla…”

Agencia MVT / Mario Vazquez de la Torre

Versini. Al frente del DIF mexiquense

“El Universal”

todia de mis hijos, sino el hecho de que él haya violado los acuerdos que firmamos en el momento de nuestro divorcio.

Lo que nos enfrenta es el hecho de que él haya secuestrado a mis hijos. Es muy distinto.

“Segundo, nunca dije a nadie que iba a hacer revelaciones sobre la administración en el Estado de México durante el gobierno de Montiel. No sé de dónde salió eso, pero no lo dije.”

–Usted debe estar al tanto de los entretelones políticos del sexenio de su exesposo. Se revelaron además graves datos sobre la fortuna de Montiel y los hijos de su primer matrimonio en octubre de 2005.

Incluso hubo una demanda judicial en contra de los tres y en contra de usted por enriquecimiento ilícito…

–Los abogados de Montiel se encargaron de esa demanda. No estoy dispuesta a hablar de sus bienes ni de los de sus hijos. Puedo hablar de mi caso. No poseo absolutamente nada en México. El único bien que me quedó de mi matrimonio con Montiel es un muy bello departamento en París que tiene un valor de alrededor de 17 millones de pesos.

–Según la prensa mexicana, usted habría exigido y obtenido de Montiel una “compensación” altísima cuando se divorciaron. Se habla de 20 millones de euros…

–¿No le parece absurdamente exorbitante esa suma? Leí eso y me pareció un auténtico delirio… Después del divorcio me quedé con el departamento y Arturo se comprometió a pagar una pensión alimenticia mensual. No me pida el monto, no se lo voy a decir.

–¿Qué pasó con la casa de Saint Barth, que también hizo correr bastante tinta?

–Esa casa pertenece a Philippe Lancry, mi actual esposo. No tiene nada que ver conmigo y mucho menos con Montiel.

–¿Arturo Montiel paga puntualmente la pensión alimenticia?

–Hasta el pasado mes de agosto, sí. Pero en los últimos cuatro meses sólo me giró la tercera parte de lo que se había comprometido a pagar. Antes del secuestro de mis hijos no entendía por qué actuaba así. Ahora comprendo que era parte de un plan perfectamente premeditado.

El “primer secuestro” 2004. El embarazo

Antes de ahondar en la disputa actual con Montiel, la corresponsal le pide que evoque los últimos meses de 2005.

–Fueron terribles –contesta –; todos los días salía un nuevo episodio del “escandalo Versini-Montiel” en los medios masivos de comunicación. Arturo estaba en un estado de nervios espantoso. La política era su vida y ser presidente era su mayor ambición. Eso me asustaba. Intenté disuadirlo de ser candidato presidencial. Sabía que ese cargo era totalmente incompatible con una vida familiar digna de ese nombre. Sentía que yo iba a perder a Arturo. No logré convencerlo. Se lanzó. Lo apoyé. Cuando todo tronó fue tremendo. Cayó en una depresión profunda. Nuestra relación de pareja se degradó. Todo se tornó invivible. Decidí regresar a Francia con mis hijos para tener un respiro y aprovechar la distancia para reflexionar con la cabeza fría. Eso fue ya en 2006.

–En 2007 decidió divorciarse…

–Fueron arduas las negociaciones entre nosotros y entre nuestros abogados.

Versini calla. Vacila unos segundos y luego se lanza: “En julio de 2007 estábamos en plenas negociaciones para el divorcio cuando Arturo me pidió un favor: quería pasar 12 días de vacaciones en España con los niños. Para bajar las tensiones entre nosotros, acepté. Le mandé los niños con una nana francesa que entonces los cuidaba.”

Vuelve a callar Versini. Y de nuevo habla: “A los tres días recibí una llamada de la nana. Estaba totalmente trastornada. Me dijo: ‘Señora, me drogaron y cuando desperté me sentí toda mareada. Además, me encontré sola en la casa. No había nadie.

Se fueron todos, el señor y los niños. Se llevaron todas sus cosas’. Casi me dio un ataque. Llamé mil veces a Arturo. Nunca me contestó. Acabé llamando a sus abogados, con los cuales estaba en contacto por el trámite del divorcio. Me dijeron que, efectivamente, Arturo había regresado a México con los niños y quería quedarse con ellos.”

–¿Me está diciendo que su exesposo, conocido político mexicano, casi candidato del PRI a la Presidencia en 2006, drogó a una empleada para…?

–Para secuestrar a mis hijos, así es. Se lo cuento tal como lo denuncié en 2007 ante la justicia francesa, que de inmediato lanzó una acción contra Montiel y lo obligó a devolverme a los niños. Ese trámite duró un mes.

–O sea que es la segunda vez que Arturo Montiel…

–... Secuestra a mis hijos. Sí. La primera vez actuó a lo loco y tuvo que acatar los convenios internacionales. Pero esta vez premeditó muy bien su golpe.

–Bueno… presentó ante un juez mexicano pruebas de que sus hijos habían sufrido maltratos tanto por parte de usted como por parte de su esposo, Philippe Lancry.

Estas pruebas le parecieron tan convincen-

P OLÍ TI CA / P R I –¿Por qué él tiene abogados en Francia?

–Para sus propios asuntos. Fueron ellos los que estuvieron involucrados en nuestro divorcio. Al rato le voy a contar también para qué le sirvieron estos abogados. Decidí también pedir al licenciado Gómez Mont que me representara en México.

Contacto con Peña Nieto Al mencionar el nombre del abogado Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación mexicano, es obligado preguntarle a Versini por qué lo eligió. Y ella explica: –No conozco personalmente al licenciado Gómez Mont. Nunca nos vimos cuando yo vivía en México, pero sé que es inteligente, profesional, íntegro. Me impresionó que renunciara a su cargo por cuestiones de ética.

–Pertenece al PAN. Me imagino que eso también le importó…

–Por supuesto. Era obvio que no iba a escoger a un abogado con militancia en el PRI. Arturo Montiel tiene una amplia red de influencias. Estoy convencida de que el licenciado Gómez Mont escapa a esa red.

Me representó durante las tres primeras semanas de mi litigio con Montiel. Estuvo en contacto con el cónsul general de Francia en México, Gérald Martin, pero ahora

El matrimonio Montiel-Versini con los Peña Nieto-Pretelini

me aconseja contratar a un abogado especializado en derecho de la familia. Estoy en eso actualmente.

–¿Pensó también que la propia red de influencias de Gómez Mont, cercano a Felipe Calderón, podía favorecerla?

–Puede ser.

–¿Es consciente de que al volverse pública su vida privada está tomando un giro político de peso y puede amenazar las aspiraciones presidenciales de Enrique Peña Nieto?

–Por supuesto. Sé que todo el mundo quiere utilizar mi caso como instrumento, pero no es responsabilidad mía si esta bomba explotó al principio de este año electoral mexicano. Fue Arturo Montiel quien montó todo ese show del maltrato de los niños en pleno proceso electoral.

No pedí esa exposición mediática: soy víctima de ella, es consecuencia del secuestro de mis hijos. No sé por qué Arturo decidió hacer esa locura en ese momento.

Habría que preguntárselo.

–¿Recibió alguna llamada de Enrique Peña Nieto o de Eruviel Ávila, actual gobernador del Estado de México, desde que se dio a conocer su disputa con Arturo Montiel?

–Yo los busqué.

–¿Y qué pasó?

Agencia MVT / Gabriela Benitez

tes al juez que otorgó la custodia provisional de los niños a Montiel…

–Así es. El pasado 1 de enero, día en que los niños tenían que regresar a Francia, después de haber pasado las fiestas de fin de año con su padre, Arturo me llamó. Se oía muy serio. Me dijo primero que yo había fallado y que no le había enviado a los niños en el vuelo que habíamos acordado. Luego, más serio aún, me dijo: “Estoy sumamente preocupado. Los niños llegaron muy maltratados, con huellas de golpes por todo el cuerpo. Tengo pruebas de que se violenta a los niños en Francia”.

“Me estremecí. Le pregunté si era una broma. Me dijo: ‘No, Maude. Los niños no regresarán a Francia. Tengo una decisión de la justicia que me respalda. Tengo la custodia provisional de los hijos’. Concluyó la comunicación diciéndome que me mandaría los datos de sus abogados.”

–¿Qué hizo usted?

–Lo que toda madre hace cuando tocan a sus hijos: apreté los dientes y me lancé a la batalla. Presenté una demanda por secuestro contra Arturo Montiel ante el Ministerio de Justicia de Francia. Confié el caso a mi abogado francés, quien se puso en contacto con los abogados franceses de Montiel.

Un regalo para Calderón HOMERO CAMPA actuar para favorecer a su partido, Acción Nacional, en los comicios de julio próximo.

Por ejemplo en diciembre pasado el PRI interpuso ante el Instituto Federal Electoral quejas contra Calderón por “realizar proselitismo” en favor del PAN en la transmisión del programa Royal Tour y por sus “temerarias y aventuradas declaraciones” al diario The New York Times, en las que deslizó que algunos priistas buscarían pactar con los cárteles del narcotráfico.

De hecho el 9 de diciembre, al asumir como presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell advirtió que, ante la debilidad de los precandidatos presidenciales del PAN, Calderón recurre “a toda suerte de artimañas” para agredir a las fuerzas políticas que le disputan el poder, lo que trae el riesgo de polarizar la contienda electoral de 2012.

“Por las acusaciones temerarias lanzadas desde la Presidencia, hasta el uso faccioso de las procuración de justicia, todo se vale con el objeto de descalificar al adversario. Si esto sirve para ganar elecciones, poco les importa que quien pague el costo de estas acciones sea la sociedad”, afirmó.

La demanda de Versini en Francia corre en paralelo con el proceso legal que se desahoga en un juzgado de Metepec, Estado de México. En diciembre pasado Montiel demandó ante esta instancia revocar el fallo del tribunal que otorgó a Versini la custodia de los hijos de ambos. Argumentó que eran objeto de maltrato físico y psicológico por parte de Versini y de la actual pareja de ésta, Phillipe Lancry. El juez le otorgó la “guardia y custodia provisional”.

El equipo de abogados contratado por Versini –encabezado por Fernando Gómez Mont, exsubsecretario de Gobernación y cercano al presidente Calderón– apeló dicho fallo. O

Germán Canseco

L

a decisión de mantener en México o devolver a Francia a los hijos del exgobernador del Estado de México Arturo Montiel y de la ciudadana francesa Maude Versini quedará en manos del gobierno de Felipe Calderón, como lo establece el procedimiento que habitualmente se sigue en estos casos en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

En la primera semana de enero Versini demandó ante el Ministerio de Justicia de Francia la “restitución inmediata” de los tres hijos que tuvo con Montiel –los mellizos Adrián y Sofía, de siete años; y Alexi, de seis– en apego a la citada Convención de la ONU que los gobiernos de México y Francia firmaron el 25 de octubre de 1980.

Versini expuso que sus hijos viajaron a México para estar con su padre por el derecho de visitas previsto en el juicio de divorcio que se llevó a cabo en el Tribunal de Primera Instancia de Tenancingo, en el Estado de México. Los niños llegaron a México el pasado 17 de diciembre y debieron regresar a Francia el lunes 2 de enero.

Versini argumentó que Montiel violó el fallo del tribunal de Tenancingo que le confió la custodia de los hijos de ambos. En virtud de ello apeló al artículo 3 de la Convención, que considera “ilícita” la retención de un menor cuando ésta se realiza “con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona” y cuando ese derecho de custodia “se ejercía en forma efectiva” en el momento de la retención.

El artículo 6 de esta Convención establece que “cada uno de los Estados contratantes designará una autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le impone” este instrumento internacional.

Francia designó como autoridad central a su Ministerio de Justicia; México a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Así, el Ministerio de Justicia francés trasladó la demanda de Versini a la SRE, dependencia que –según el procedimiento habitual– pedirá a un juez estudiar el caso.

Este juez lo devolverá a la SRE con sus recomendaciones para que la dependencia tome la decisión de restituir o no a los menores a Francia.

Es decir, en un año electoral el caso de los hijos de Versini y Montiel –tío y padrino político de Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la República– quedará en manos del Poder Ejecutivo mexicano, cuyo titular, Felipe Calderón, ha sido acusado por dirigentes priistas de

–Llamé dos veces a Eruviel Ávila. No me tomó las llamadas. Contacté a Peña Nieto a través de una persona de su círculo cercano.

–¿Por qué lo hizo?

–Quiero que conozcan mi versión de los hechos y que no se queden sólo con la de Montiel.

–¿No quería darles a entender que estaba dispuesta a todo con tal de recuperar a sus hijos?

–Ya le dije, no sé de dónde salió ese chisme. Quiero recuperar a mis niños por las buenas.

–¿Qué pasó con Peña Nieto?

–Le hice llegar mi versión escrita de lo que había pasado. Le mandé varios escritos que intercambié con Montiel desde que secuestró a mis hijos. Conozco bien a Enrique. Pasamos juntos muchas vacaciones durante el sexenio de Montiel. Confío en él.

Es honesto.

–¿Honesto, Peña Nieto?

–Conmigo sí.

–Quiere decir leal con usted…

–Eso es. Confío en que vaya a tomar cartas en el asunto.

–¿Concretamente qué espera de él?

–Ya le dije: que tome cartas en el asunto.

–¿A quién más contactó en el PRI? –A nadie más. Pero en Francia acabo de enviar una carta a Carla Sarkozy.

–¿Podría tener una copia de esa carta?

–Por supuesto que no. Pero le puedo hablar de su contenido. Entre otras cosas le expliqué a la esposa del presidente Sarkozy que me había casado con un político importante de México, país en el que viví seis años. Le hablé de mis tres hijos que mi exesposo acababa de secuestrar inventando pruebas en mi contra. Le recalqué que mi situación era realmente angustiante porque ese hombre dispone de muchísimos medios en México para presionar a jueces y abogados, y que temía nunca volver a ver a mis hijos.

–Dijo usted “entre otras cosas”. ¿Qué más le escribió a la primera dama de Fran-

Gómez Mont. Intervención fallida

http://el-simpatizante.blogspot.com

P OLÍ TI CA / P R I cia para convencerla de que tomara cartas en el asunto? Ella recibe muchas cartas.

Sólo argumentos de peso pueden llamarle la atención…

–Lo sé. Hay argumentos de peso en mi carta.

–¿Qué actitud tienen hacia usted la embajada y el consulado de Francia en México?

–Estoy en contacto permanente con las autoridades diplomáticas francesas en México. Me brindan todo su apoyo. Eso me da mucha fuerza.

Las niñeras Maude Versini afirma que ella tiene argumentos de peso, pero ¿en qué consisten las pruebas de maltrato que hace valer Montiel?

–Oficialmente sé muy pocas cosas –dice al respecto–; sólo recibí una convocatoria el jueves 19, en la que se especifica que tengo 69 días para responder ante el juez de Toluca por las acusaciones de maltrato, y 15 días para refutar ante un juez francés al exequátur de la decisión del juez de Toluca. (El exequátur es un procedimiento judicial en virtud del cual las sentencias dictadas en forma definitiva en el extranjero pueden producir el efecto de cosa juzgada o ser ejecutadas en otro Estado).

“En ese documento sólo se explica en forma escueta que una niñera mexicana nos acusa a mí y a mi esposo de maltrato físico y psíquico contra mis tres hijos. Necesito el expediente completo para preparar mi defensa tanto en Francia como en México. Así lo determinan los acuerdos internacionales. Gómez Mont pidió ese expediente a los abogados mexicanos de Montiel, en vano. Mi abogado en París se lo exigió a los abogados franceses de mi exesposo, también en vano. Arturo hace lo imposible para impedir que organicemos nuestra defensa.

–¿No pudo enterarse de algo en forma extraoficial?

–Tengo entendido que las acusaciones de Montiel se basan en los testimonios de por lo menos dos niñeras mexicanas que estuvieron trabajando en mi casa.

–¿Tenía niñeras mexicanas en París?

–Así es. Después de mi divorcio contraté a una niñera portuguesa y a otra boliviana.

Me ayudaban en el quehacer de la casa y sobre todo a cuidar a los niños. Debo precisar que Alexi, el más pequeño de mis hijos, padece autismo y requiere muchos cuidados.

Muy pronto Arturo expresó el deseo de que los niños estuvieran atendidos por niñeras mexicanas; quería que estuvieran hablando el español de México en casa. Además, como nuestro acuerdo era que nuestros hijos viajaran tres veces al año a México, le pareció ideal que lo hicieran en compañía de esas niñeras que, incluso, los podían seguir cuidando en su estadía en México. A lo largo

En la clínica. Foto de familia

de cuatro años me mandó varias niñeras. Él las escogía con su secretario particular. Me imponía a esas personas.

–¿Él les pagaba?

–Descontaba su salario de la pensión alimenticia mensual que me pagaba. Poco a poco comencé a tener dudas. Empecé a sospechar que el papel de esas niñeras rebasaba lo que habíamos convenido.

Pensé que en realidad estaban contratadas para espiar todo lo que pasaba en mi casa, ¿pero qué podía hacer? Eran sólo sospechas. A finales de junio pasado ocurrió algo raro. Unos días antes de salir para México con los niños, una de ellas se presentó en la delegación policiaca de nuestro barrio para denunciarnos a mí y a Philippe por maltratar a los niños. Mis hijos se fueron a México. Yo salí por mi lado de vacaciones con mi esposo. Cuando volví a París en septiembre la portera de mi edificio me comentó que dos policías me habían buscado a raíz de una demanda por maltrato.

–¿La citaron en la delegación de la policía?

–Nunca. Y esa niñera no volvió a trabajar conmigo. Llegó otra que no me gustó, me inspiraba desconfianza. No me falló la intuición: en diciembre pasado fue con los abogados franceses de Montiel y grabó un video en el que nos acusa a mí y a mi esposo de maltratar a mis hijos. Me acabo de enterar de eso hace pocos días, a raíz de un comentario de los abogados de Montiel.

–Me está diciendo que las acusaciones de su exmarido en su contra se basan en testimonios de empleadas de servicio que él seleccionaba junto con su secretario particular y que pagaba sus salarios descontándolos de la pensión alimenticia mensual…

–Así es. Yo tengo testimonios a mi favor de médicos, maestros de la escuela de mis hijos, psicólogos… Pero me urge tener ese

expediente judicial. ¿Por qué no me lo envían Montiel y sus abogados? ¿Qué temen?

Quizá tienen miedo de que se descubra que el fallo del juez de Toluca es un jugement de complaisance (dictamen para complacer).

Después de un momento de silencio, Versini confía: –En diciembre de 2010 estaba en Tulum con Philippe Lancry. Arturo Montiel nos alcanzó. Pidió que cambiáramos los términos de la custodia de los niños: quería tenerlos durante el año escolar y confiármelos durante las vacaciones.

“Explicó que ya no estaba tan joven –tiene 68 años– y que necesitaba convivir con sus hijos. Se portó amable y se veía sincero. Me negué. Los niños son aún muy pequeños y Alexi tiene un tratamiento especial debido a su autismo.”

–¿Usted se comunica con sus hijos?

–Sólo pude hablar cinco veces con ellos en un mes. Únicamente por teléfono, nunca por Skype. Me preocupan. No reconozco su forma de hablar ni su vocabulario. Dicen que se quieren quedar en México porque su papá los consiente mucho. Me dicen que Santa Claus en París no les trajo los regalos que esperaban, pero que en cambio en México tienen todo lo que quieren. Se quejan de que los castigábamos mucho en París. La verdad todo esto me desgarra. Siento que Arturo les calienta la cabeza, que hace lo imposible para alejarlos de mí. Son niños de siete años a quienes su padre coloca en la posición de elegir dónde quieren vivir. Ni siquiera hablo del chiquito, que tiene tantos problemas. Les está haciendo un enorme daño.

En ese momento vibra el teléfono celular de Versini. “Es él”, dice en voz baja, levantándose de la mesa. Sale a la calle para hablar. Abruptamente se acaba la entrevista.

Costoso

revés de Peña Nieto

JENARO VILLAMIL

L

a alianza con Elba Esther Gordillo y con el Partido Nueva Alianza (Panal) –creado por la “presidenta vitalicia” del SNTE en 2005– constituyó hasta el viernes 20 uno de los tres pilares del proyecto del priista Enrique Peña Nieto para alcanzar la Presidencia de la República.

El apoyo de la red magisterial y del Panal, así como los convenios publicitarios con el duopolio Televisa-TV Azteca y el apoyo logístico y presupuestal de 10 gobernadores de su partido, el PRI, incluido el de su entidad natal, conformaban el triángulo del proyecto presidencial peñista.

Todo parecía consolidado hasta que el viernes 20 el dirigente nacional del partido, Pedro Joaquín Coldwell, anunció en El noticiero de Canal 2 que “tras una larga y cordial negociación” el PRI rompió la alianza electoral firmada apenas el 17 de noviembre último con las dirigencias del Panal y del Partido Verde: “No es una ruptura. Es una separación amistosa que, por cierto, nada tiene que ver con las personalidades que me referiste –dijo el dirigente priista al conductor Joaquín López-Dóriga, en alusión a la hija de la profesora Gordillo y a su yerno–, quienes nos merecen el mayor de los respetos. Simplemente por equilibrios internos de nuestros partidos y por así convenir a nuestros intereses políticoelectorales.”

En su comunicado oficial el PRI aclaró que la decisión de cancelar el convenio de

coalición parcial “de ninguna manera significa una confrontación entre ellos”.

La víspera del anuncio, la inconformidad panista era manifiesta en Sinaloa, el Distrito Federal, Jalisco y Chiapas, ante el temor creciente de que los candidatos del Panal encabezarían las fórmulas para senadores.

Desde que llegó al relevo de Humberto Moreira, quien firmó la alianza con el Panal y el PVEM, Joaquín aclaró que el convenio se modificaría y que incluso se “podría ampliar” para que los tres partidos fueran de manera conjunta en más distritos electorales.

Originalmente, Panal, PRI y PVEM convinieron en ir juntos en 125 distritos electorales para diputados federales: 23 candidaturas serían para el Panal, 30 para el PVEM y 72 para el PRI; para el Senado acordaron 20 fórmulas en 10 entidades:

cuatro serían para el Panal, cinco para el PVEM y 11 para el PRI. Horas antes de la ruptura, las partes negociaron ampliar esas posiciones. Luis Castro Obregón, dirigente nacional del Panal, dice a Proceso: “Todavía el viernes 20 por la mañana se presentó un menú de 13 entidades federativas para ir juntos al Senado. Era la ampliación”.

Dice que “hubo dos tipos de reacciones a la coalición: la primera, de aquellos que en alguna entidad se opusieron; fue la que tuvo más notoriedad en los medios de comunicación, aunque no la principal. La reacción más importante fue la de los excluidos. En Aguascalientes, Tabasco, Colima, por ejemplo, lo pidieron las dirigencias estatales del PRI o los gobernadores”.

–¿Puebla estaba incluida en esta ampliación?

P OLÍ TI CA / P RI R Yahir Ceballos

Durante meses Enrique Peña Nieto y la profesora Elba Esther Gordillo se regodearon de manera pública, hasta que formalizaron un acuerdo para aliarse ante los comicios presidenciales de este año e invitaron al Partido Verde Ecologista. Los tres partidos acordaron ir juntos, incluso resistieron las acometidas de sus afiliados, sobre todo el PRI, cuyos militantes manifestaron su temor a que la profesora se quedara con senadurías para su hija y su yerno… Pero todo se frenó el viernes 20, cuando el dirigente priista, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que la coalición simplemente ya no iba.

–Puebla ya estaba adentro de la coalición. Puebla es nuestro, del Panal.

Castro explicó que durante esta negociación se expusieron tres tipos de conflicto: el jurídico, el aritmético y el político.

El trasfondo El Panal argumentó que jurídicamente el IFE podía rechazar la ampliación; el PRI y el Verde lo refutaron. Arguyeron que luego de consultar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí era factible ampliar la coalición.

De la lista de 13 nuevas senadurías, el Panal tenía que sacar a tres de las cuatro que tenía. “Eso nos afectaba en número de votos”, advierte Castro.

Y explica que en la negociación querían evitar el llamado “efecto popote” que consiste en que “el partido más grande

absorbe los votos del partido más pequeño” porque cada uno va con su propio logotipo en la boleta electoral.

“Eso nos ha ocurrido en Jalisco. Tuvimos votos para que entraran dos candidatos locales y perdimos las prerrogativas.

Nos acaba de ocurrir en Michoacán”, donde el Panal apoyó a la candidata panista a la gubernatura, Luisa María Calderón, sostiene el dirigente del Panal.

–¿Cuál fue el conflicto político? –se le cuestiona.

–Mi interpretación es que los que están tratando de hacer la generación de relevo en el PRI prefirieron garantizar su unidad y sus equilibrios comprendiendo que una de las partes del PRI interesada en dinamitar la coalición es aquella con la que históricamente tenemos algún tipo de diferencia, básicamente partiendo de lo que sucedió en el Congreso federal en 2003.

–¿El episodio de la rebelión priista contra Elba Esther Gordillo como coordinadora de la bancada?

–Así es. Hubo un grupo que se llamaba Fuerza Reformadora que incluía a 70 diputados priistas que apoyaban las reformas, junto con Elba Esther. Ganaron los no reformistas.

–¿Entre los estados que el Panal tenía que mover estaban Chiapas, donde era aspirante Mónica Arriola, hija de Elba Esther y secretaria general del Panal, y Fernando González Sánchez, su esposo?

–No. Esa versión es por filtraciones interesadas. Nosotros encabezábamos la fórmula en Nayarit, Puebla, Sinaloa y Chiapas.

En el acuerdo de ampliación se menciona-

ban Aguascalientes, Tabasco, San Luis Potosí, Colima y el Distrito Federal.

“En Aguascalientes, el gobernador priista decía: ‘Éntrenle a la coalición y dénselo a Nueva Alianza’”.

–¿También influyeron los gobernadores?

–Fue uno de los factores principales.

Hubo gobernadores del PRI que, cuando se firmó el convenio, ni siquiera asistieron; aunque luego quisieron ser incluidos.

–¿Existe la posibilidad de que el Panal regrese a apoyar sólo la candidatura presidencial de Peña Nieto?

–No. La ley lo impide. Un artículo del Cofipe dice que un partido político no podrá participar en más de una coalición y siempre tienen que estar más de dos partidos.

“La modificación de nuestro convenio tiene que ser aprobada por los tres partidos. En la presidencial no podríamos ir los tres partidos y sólo dos para diputados y senadores. Lo que quiere ser un corsé en la Ley Electoral se convierte en un cinturón de castidad apretadito.”

La noche del jueves 26, el Consejo Nacional del Panal aprobó por unanimidad la separación definitiva de la coalición Compromiso por México y acordó nombrar a su secretaria general, Mónica Arriola Gordillo coordinadora de las campañas.

En paralelo el PRI y el PVEM determinaron ampliar su convenio de coalición y conceder 13 candidaturas más al Congreso. Ahora ambos partidos irán en alianza en 199 de los 300 distritos federales, de los cuales 43 serán para el Verde y 156 los encabezará el PRI.

Para el Senado ambos partidos continúan juntos en 10 entidades, aunque el PRI sacó de la coalición los estados de Jalisco y Puebla, e incorporó Tabasco y Colima.

El silencio de Peña Nieto

David Deolarte

Los días previos al anuncio de la ruptura las negociaciones para modificar el convenio de coalición se intensificaron.

Consultados por este reportero algunos de los participantes sostienen que uno de los puntos críticos fue la senaduría por el Distrito Federal. En la ampliación del convenio, dicen, el Panal pidió encabezar esa posición.

“Es intransitable el Distrito Federal”, afirmó a su vez Pedro Joaquín Coldwell. Los priistas expusieron al Panal que se necesitaba la estructura y el apoyo del sindicato de maestros para la Ciudad de México, que actualmente gobierna el PRD. En una reunión en su casa, Gordillo rechazó dar todo el apoyo para los presuntos candidatos del PRI al Distrito Federal que representan a sus dos principales adversarios: Beatriz Paredes, exdirigente nacional del PRI, aspirante a la jefatura de Gobierno; y Pablo Escudero, diputado federal del Partido Verde y yerno de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI. En esos días los perredistas resolvieron que el exprocurador Miguel Ángel Mancera, el más cercano a las posiciones de Marcelo Ebrard y a quien Gordillo manifiesta sus simpatías, fuera su candidato a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Ante los reporteros Mancera expresó su simpatía ante la posibilidad de que el Panal apoye su candidatura.

–¿Qué va a pasar con el apoyo del Panal a las candidaturas a gobernadores en 2012? –se le pregunta a Castro.

–No hemos iniciado conversaciones sobre las elecciones concurrentes a gobernadores. Está abierta la negociación y vamos a ir caso por caso.

–¿Incluyendo el Distrito Federal?

–Incluyendo el DF. La tendencia será ir solos con nuestros candidatos, pero no estamos cerrados.

Depende de la opinión del Comité Directivo Estatal.

–Se acusa al Panal de buscar simplemente un rédito electoral inmediato, que pueden apoyar lo mismo al PRI, que al PAN o al PRD. ¿Qué opinión le merecen estas críticas?

–Es exactamente lo contrario. Lo primero que ponemos en una mesa de negociación es nuestra plataforma y una serie de principios irrenunciables que nos caracterizan. Por ejemplo, la

noviembre de 2010. Al inaugurar las oficinas de la Sección 36 del SNTE, en el municipio de Ecatepec, Gordillo le dio todo su respaldo al entonces gobernador del Estado de México y marcó su distancia pública del gobierno de Felipe Calderón.

“Nuestro reconocimiento y gratitud a su gobierno y nuestro deseo de que los sueños seamos capaces de hacerlos realidad”, afirmó Gordillo ante Peña Nieto aquella tarde en Ecatepec.

Los beneficios fueron mutuos. En los comicios para renovar diputados locales en el Estado de México, el 5 de julio de 2010, gracias al convenio de coalición con el PRI, el Panal obtuvo sólo 12 mil 601 votos directos, pero se convirtió en la cuarta fuerza política local, por encima incluso del Partido Verde, y obtuvo cinco diputados locales. Estos legisladores fueron determinantes para que el peñismo mantuviera el control de 65% de los votos en el Congreso mexiquense.

El Panal apoyó el proyecto de reformas conocida como Ley Peña, que cerró el paso a la posible alianza electoral entre el PAN y el PRD en los comicios para gobernador El acuerdo original de 2011 en el Estado de México. Gordillo fue determinante para que el candidato a Los “amarres políticos” entre Peña Nie- suceder a Peña Nieto fuera Eruviel Ávila, to y Gordillo se concretaron el 19 de el alcalde de Ecatepec.

El 12 de diciembre de 2010, en una reunión convocada en la Casa Joaquín. Fin a la coalición del Estado de México, Peña Nieto convocó a 14 gobernadores priistas, a los coordinadores de las bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a la entonces dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, y a su futuro relevo, el coahuilense Humberto Moreira.

En esa comida se pactó la “candidatura de unidad” a favor de Moreira para la presidencia nacional del PRI en sustitución de Paredes. Casi un año después, el 17 de noviembre de 2011, ya como líder del partido, Moreira firmó un convenio de coalición denominado Compromiso por México con el Panal y el PVEM. Los partidos firmantes manifestaron su apoyo a Peña Nieto como su candidato a la Presidencia de la República y acordaron ir juntos en 125 distritos electorales para diputados federales, de los cuales 23 eran para el Panal, 30 para el PVEM y 72 para el PRI. También armaron 20 fórmulas para el Senado en 10 entidades: el Panal encabezaría cuatro, el PVEM cinco y el resto serían para el PRI. … Pero el plan se derrumbó el viernes 20. O

defensa de la educación laica, pública y gratuita. Eso se aterriza en propuestas concretas: la escuela de tiempo completo.

Pero también tenemos propuestas en materia de reforma laboral.

“En el caso de Michoacán, el PAN no corrigió nuestra plataforma; no hubo bronca.

Luisa María Calderón asumió nuestra plataforma electoral, incluso fue la candidata más progresista de Michoacán.”

–¿Y sobre el apoyo a Peña Nieto?

–Presentamos públicamente nuestra plataforma antes de negociarla. Los trabajos de elaboración los dirigió Emilio Zebadúa, él fue nuestro representante ante el PRI. Toda la propuesta educativa del convenio es nuestra propuesta.

“Para nosotros la modificación del convenio fue una cuestión de principios, no de posiciones. Y en ellos (el PRI) fue un asunto más de equilibrios internos.

“No nos pueden pedir que en 2012 fuéramos con quienes nos sacaron la lengua en 2003”, dice Castro, en alusión a la añeja disputa por la coordinación de la bancada priista en la Cámara de Diputados que derivó en la salida de Gordillo de las filas del PRI.

P OLÍ TI CA / P R I Eduardo Miranda

La

ruptura: la historia verdadera Castro Obregón

La separación no fue tersa, como hicieron creer a la opinión pública los dirigentes del PRI y el Panal. Fue un pleito en forma, donde hubo gritos, insultos y amenazas y luego del cual la profesora Elba Esther Gordillo, acorralada, comenzó a maniobrar desesperadamente para sobrevivir llamándose víctima de un quinazo. La ruptura de la alianza entre el Revolucionario Institucional y el partido de la maestra aún puede tener consecuencias muy graves, no sólo para ella sino para un candidato tricolor que en breve podría necesitar el apoyo del sindicato más poderoso del país...

JOSÉ GIL OLMOS

P

úblicamente lo manejan como una “separación amistosa”, pero en el encuentro que tuvieron el viernes 20 hubo insultos, gritos y amenazas entre la dirigencia nacional del PRI y la del Partido Nueva Alianza (Panal), que rompieron el acuerdo de ir juntos en los comicios de este año.

Al enterarse de la ruptura, Elba Esther Gordillo –líder y fundadora del Panal– dijo que se trata de un intento de quinazo en su contra ideado por Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

Públicamente, las dirigencias de ambos partidos dijeron que la decisión de no continuar con la alianza Compromiso con México –donde también está

... Pero aún conserva

apoyo militar JESUSA CERVANTES

E

l 4 de marzo de 2011, Humberto Moreira llegó a la presidencia del PRI respaldado por Enrique Peña Nieto y con dos encomiendas: buscar la alianza electoral con Elba Esther Gordillo y ser enlace con el sector militar.

La avalancha de acusaciones contra Moreira y las revelaciones que evidenciaron el alto endeudamiento en que dejó Coahuila cuando gobernó la entidad provocaron que el pasado 2 de diciembre renunciara a la presidencia del partido. El viernes 20 también fue sepultado el convenio PRI-Nueva Alianza que Moreira concibió y logró firmar.

Pero el vínculo que Moreira estableció entre Peña Nieto y el sector castrense sigue vigente. El lunes 16 fue nombrado oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el general de división Diplomado de Estado Mayor (DEM), Salvador Cienfuegos Zepeda, amigo de Peña Nieto desde 2009 y quien pudo ingresar al primer círculo de los militares el pasado 1 de mayo.

Cuando se tenía la certeza de que Moreira sería el dirigente nacional del PRI empezaron a destrabarse las negociaciones entre este partido en la Cámara de Diputados –donde Peña Nieto controlaba a por lo menos un centenar de los 237 legisladores tricolores– y el sector militar que buscaba la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. Prueba de ello fue que luego de un año de permanecer estancadas empezaron a fluir las discusiones en torno a esa ley.

El primer movimiento del PRI de Peña Nieto en la Cámara de Diputados y de los militares fue un acontecimiento insólito: cinco generales, entre ellos uno de división, acudieron a las oficinas de la Mesa Directiva de esa cámara, entonces presidida por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, para hablar de la ley y llegar a un acuerdo que permitiera evitar responsabilidad penal y jurídica a los militares por sus actos en la lucha contra el narcotráfico.

Era la primera vez que el sector castrense acudía a la Cámara de Diputados.

Lo relevante de este hecho fue también

que el general de división que asistió fue el jefe del Estado Mayor de la Sedena, Luis Arturo Oliver Cen, uno de los dos hombres del primer círculo del secretario Enrique Galván.

Luego de ese encuentro en la Cámara de Diputados entre militares y priistas ocurrió otro: Alfonso Navarrete Prida, diputado de la bancada peñista y entonces encargado del área jurídica de su partido se reunió con el general de división DEM Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Sedena, para afinar la Ley de Seguridad Nacional que sería acabada y presentada el 11 de abril de ese año (Proceso 1795).

De acuerdo con la estructura de la Sedena, el primer puesto lo ocupa el secretario, Galván; en un segundo nivel se ubica el subsecretario (Gaytán Ochoa) y en tercera posición está el jefe del Estado Mayor, (Oliver Cen). De ambas posiciones surgirá parte de la terna que el Ejército le presentará al presidente electo para que de ahí elija al nuevo titular de la dependencia.

Al final, la ley elaborada por Navarrete Prida y el Ejército no fue aprobada debido al activismo del movimiento encabezado por Javier Sicilia. Pero Peña Nieto mantuvo su cercanía con los militares gracias a los oficios del entonces presidente nacional del PRI, Humberto Moreira.

Puente con la milicia La llegada de Moreira a la dirigencia priista significó un respiro para Peña Nieto debido a que el exgobernador de Coahuila había logrado establecer un vínculo, desde hacía por lo menos ocho años, con varios generales que fueron comandantes de la XI Región Militar. Ésta abarca toda la zona de La Laguna, en específico los estados de Durango, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.

En 2006, cuando Moreira era gobernador de Coahuila, llegó como comandante de la XI Región Militar el general de división Roberto Miranda Sánchez, quien fuera jefe del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Después de que se hizo pública la violación de 13 mujeres por parte de 30 efectivos de la XI Región Militar, en el poblado de Castaños, Coahuila, el 13 de julio de 2006, Miranda fue removido de la comandancia y en su lugar llegó el divisionario Jorge Juárez Loera.

En su calidad de gobernador, Moreira estableció una relación cercana con este militar.

El 4 de julio de 2008 Juárez fue designado por Felipe Calderón inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea. Así, uno de los vínculos de Moreira entraba a la estructura principal de la Sedena.

La amistad entre Juárez Loera y Moreira, quien llegaba a la dirigencia nacional del PRI, respaldado por Peña Nieto, le abrió las puertas del sector castrense al hoy precandidato priista a la Presidencia.

En su edición 1799, Proceso reveló que el 6 de abril de 2011 Moreira y Juárez Loera se reunieron para comer. Dos fueron los temas que trataron: la presentación de la Ley de Seguridad Nacional y la revelación de presuntos “expedientes negros” contra exgobernadores priistas y sus vínculos con el crimen organizado.

Una semana después de este encuentro, el 11 de abril, Navarrete Prida hizo público en la Cámara de Diputados el documento de la Ley de Seguridad Nacional que ya había discutido con el subsecretario Gaytán Ochoa desde de marzo.

Para cuando Juárez se reunió con Moreira, ya no era inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea. Ocupaba la Oficialía Mayor de la Sedena; es decir, estaba al mismo nivel que el subsecretario de esta dependencia. El 30 de abril de 2011, Juárez Loera pasó a retiro por edad. Las piezas se reacomodaron y ello dio origen a que otro viejo conocido de Moreira se incrustara en la plana mayor del Ejército.

Así, al salir Juárez Loera de la Oficialía Mayor de la Sedena –pocas semanas después fue asesinado a balazos en Naucalpan–, ante la sorpresa en los círculos castrenses, Calderón nombró en ese cargo al general de división y también excomandante de la XI Región Militar, Roberto Miranda Sánchez.

Este movimiento benefició a Peña Nieto, pues al saltar Miranda a la Oficialía Mayor el puesto que dejó vacante como inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea de la Sedena fue ocupado por el divisionario Salvador Cienfuegos Zepeda, viejo amigo del exgobernador mexiquense.

Según fuentes militares que pidieron el anonimato, la amistad entre ambos se dio por medio de Jaime Camil, un exproveedor de la Sedena en la época en que su titular era Juan José Arévalo Gardoqui. El empresario tenía casa en Acapulco, donde co-

Miguel Dimayuga

P OLÍ TI CA / P R I

Cienfuegos. Interlocutor de Peña Nieto

noció a Cienfuegos Zapata cuando éste ocupó la comandancia de la IX Región Militar en Guerrero.

Pero el mayor contacto entre el político y el general se estableció en forma más contundente cuando el primero fue gobernador del Estado de México y Cienfuegos, comandante de la I Región Militar del Distrito Federal, que abarca al Edomex.

El gobernador se mostró generoso con el Ejército. El 29 de abril de 2009 firmó dos convenios con la Sedena y mediante los cuales le entregaba en permuta dos grandes predios para la construcción de instalaciones militares.

La terna Los movimientos en la Sedena continuaron al comienzo del año. Para mantener “el equilibrio entre las fuerzas”, sostienen fuentes de la Sedena, se realizaron nuevos cambios y el 16 de enero de 2012 se envió a retiro a Miranda, quien por su posición estaba ya en la competencia para ser titular de la Sedena con el nuevo presidente de la República.

Fuentes cercanas al ámbito castrense comentan a Proceso que “históricamente los grupos en la Sedena se van rotando el poder; es decir, la titularidad de la Secretaría. Y son los generales quienes establecen la terna que luego entregan al presidente electo para que de ahí elija al nuevo encargado de la Defensa Nacional”.

Para mantener ese equilibrio la Sedena envió a retiro al general Miranda. En el enroque el general Cienfuegos Zepeda fue designado oficial mayor de la Sedena, con lo que se incorporó al primer círculo del secretario.

Fuera del Ejército, personal de inteligencia ofrece otra versión. Asegura que Peña Nieto y colaboradores del expresi-

dente Zedillo presionaban para que Miranda quedara en la terna, razón por la que fue enviado a retiro.

Ahora Cienfuegos ha quedado en una posición “en la que se maneja el dinero, los favores y de paso sale de la línea de conflicto”, sostiene la misma fuente de inteligencia.

La salida de Miranda provocó la entrada en escena de un nuevo personaje: el general de división Marco Antonio González Barreda, otro viejo conocido de Moreira y con quien entabló relación cuando el militar llegó en julio de 2008 como relevo del general Juárez a la XI Región Militar.

El lunes 16 González Barreda fue nombrado inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea de la Sedena.

En La Laguna dio continuidad a la Operación Conjunta Laguna que empezó en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Durango el general Juárez Loera. Después encabezó un nuevo operativo llamado El Sellamiento de Nazas y el tercer operativo a su cargo fue la Operación Laguna Segura. Todos ellos relacionados con el combate al narcotráfico.

El grupo de los generales –entre ellos Gaytán Ochoa, Oliver Cen, Miranda Sánchez, Augusto Moisés García Ochoa y Cienfuegos– de donde habrá de salir la terna para designar titular de la Sedena se redujo a tres.

“Al general García Ochoa ya lo eliminaron, igual que en el sexenio anterior; Miranda ya salió y sólo quedan tres: Gaytán Ochoa, Oliver Cen y Cienfuegos Zepeda”, asegura una fuente de la Sedena.

Sin embargo podría sumarse un “tapado”: González Barreda. Todos ellos son cercanos a Moreira. Pero para ser secretario no cuenta tanto la cercanía con el candidato de un partido, sino la región militar que se ha comandado. En este caso la región que ha estado presente ha sido justamente la XI, donde está Coahuila. O

el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– fue para mantener los equilibrios internos y porque no se alcanzaron las condiciones políticas necesarias para seguir juntos.

En un comunicado el PRI detalló: “No se alcanzaron las condiciones políticas necesarias en los equilibrios internos de los partidos. Esta decisión se tomó con el interés fundamental de respetar y preservar la unidad y los derechos políticos de los militantes de los tres partidos”.

El dirigente del Panal, Luis Castro Obregón, argumentó que el principal desacuerdo fue que el PRI quería ampliar a más de 10 estados la alianza, lo que impide la ley, y que por ello habían tomado la decisión de ir por separado.

Pero detrás de las declaraciones oficiales la historia es otra, más compleja, llena de intereses de Elba Esther Gordillo y de venganzas en su contra. Según versiones de testigos, el resquebrajamiento tendrá consecuencias graves para el PRI y para la maestra, que podría concluir su reinado sindical de dos décadas.

La ruptura El pasado 16 de noviembre, aún bajo el liderazgo de Humberto Moreira, el PRI concretó la coalición Compromiso por México mediante la cual el priismo cedía candidaturas al Senado a sus aliados en Chiapas, Sinaloa, Puebla, Nayarit, Quintana Roo, Jalisco, el DF, Veracruz, Estado de México y Zacatecas. Además se iría en alianza en 126 de las 300 candidaturas a diputaciones federales de mayoría.

El acuerdo preveía que una de las hijas de Gordillo, Mónica Arriola, sería candidata a senadora por Chiapas; Fernando González, yerno de Gordillo, lo sería en Sinaloa; Jorge Kahwagi en Baja California y para diputados el exconsejero electoral Emilio Zebadúa y El Niño Verde, Jorge Emilio González.

A cambio de esta ventajosa alianza, según la versión extraoficial, el dirigente nacional priista amarraría para su hermano y también profesor Carlos Moreira la secretaría nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con lo cual mantendrían vigente el proyecto de largo aliento de la familia del exgobernador de Coahuila.

Todo este plan, sin embargo, se derrumbó el 2 de diciembre cuando Humberto Moreira tuvo que renunciar a la presidencia nacional del PRI después de que fue denunciado por dejar a su estado –Coahuila, del que fue gobernador– con una deuda de casi 34 mil millones de pesos.

Pedro Joaquín Coldwell lo sustituyó y desde ese momento comenzaron a re-

Germán Canseco

Moreira. Acuerdos efímeros

visar el acuerdo firmado con el Panal, sin que Gordillo se enterara.

Emergieron entonces con más fuerza las críticas a la alianza con el Panal y el PVEM, críticas encabezadas por el senador Francisco Labastida Ochoa. Cuando éste fue candidato presidencial (2000) se dijo traicionado por Maricruz Montelongo, quien encabezaba la red Mujeres por Labastida y que recibió la instrucción de su madre, Elba Esther Gordillo, de operar silenciosamente en favor de Vicente Fox. En la avalancha de críticas surgieron las de otros legisladores priistas como Carlos Flores Rico, Carlos Jiménez Macías y María Elena Orantes, quienes en 2006 estuvieron en el equipo de la campaña presidencial de Roberto Madrazo, a quien Elba Esther Gordillo también traicionó con una contracampaña, ofreciendo su apoyo al candidato panista.

Además estuvo la dura crítica de Joel Ayala, líder del sindicato de burócratas a quien la maestra Gordillo le arrancó parte de sus agremiados para crear su propio sindicato de trabajadores del gobierno.

Pese a que dentro del PRI y en el equipo de campaña de Peña Nieto ya se fraguaba el rompimiento, en el Panal todo seguía igual y Castro hacía planes para fortalecer el voto del magisterio hacia los candidatos priistas. La idea era fortalecer la estructura electoral del SNTE convenciendo a los maestros de movilizarse, haciéndoles pensar que lo mejor para ellos era votar por el PRI y que si ganaba López Obrador las consecuencias

serían fatales para todos, no sólo para Gordillo.

También se les prevenía de la inminente exhibición del documental De panzazo, dirigido por Juan Carlos Rulfo y narrado por Carlos Loret de Mola, en el que se hace una severa crítica a la educación básica del país y se cuestiona el trabajo de los profesores.

En esas estaba la dirigencia del Panal cuando el viernes 20 por la mañana el equipo de Peña Nieto la citó a una reunión para hablar de la alianza; no les dijeron que se trataba de ponerle fin.

“Quinazo” En 1989, cuando apenas empezaba a gobernar, Carlos Salinas de Gortari ordenó la detención del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina, a quien consideraba enemigo porque no le había dado su apoyo. Ese mismo año también ordenó la defenestración del líder magisterial Carlos Jonguitud y la ascensión de Elba Esther Gordillo en su lugar.

Dos décadas después la maestra Gordillo siente que ahora se está urdiendo un plan similar en su contra y que el primer paso es la ruptura de la alianza con el PRI. “¡Esto es un quinazo!” les dijo enojada a sus allegados y a parte de su familia, reunidos en su casa de Polanco, cuando le confirmaron la noticia de la ruptura con el PRI, cuenta uno de sus colaboradores.

“Dijo que no descartaba que detrás de esto estuviera Carlos Salinas, que se trata-

ba de un quinazo y que lo que más le preocupaba era que Peña Nieto no estuviera tomando decisiones, sino gente perversa que estaba en su contra, refiriéndose a Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida, Pedro Joaquín Coldwell y Joel Ayala”, comentó la fuente consultada.

Recuerda que Gordillo tildó a Luis Videgaray, coordinador de campaña de Peña Nieto, de “muchacho sin ninguna formación, arribista, que se dejó sorprender y manipular por Manlio, Coldwell, Labastida y Joel Ayala, acusándolo de traidor”.

Señala que la negociación comenzó a las nueve de la mañana, cuando aún no sabían de qué se trataba. Que en el primer encuentro, por parte del Panal y del SNTE llegaron Luis Castro, Juan Díaz, Roberto Pérez de Alba, Guillermo Aréchiga y Fernando González. Por el PRI: la secretaria general, Cristina Díaz, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, y Carlos Flores Rico.

“Los expositores por el PRI fueron Videgaray y Flores Rico. Cuando la reunión se empieza a calentar es cuando dan a conocer una encuesta en la que el Panal no podía conseguir su registro en 15 estados.

Ahí fue donde se enojaron los del SNTE. Y también cuando Videgaray les dijo que era insostenible poner a Fernando Yáñez, Mónica Arriola y Jorge Kahwagi como candidatos al Senado. Respondieron que tampoco eran sostenibles las candidaturas de El Niño Verde, Mario Marín, Manlio Fabio, Francisco Labastida y otros más con negros historiales.

“Pero cuando empiezan a enfrentarse Juan Díaz y Luis Videgaray es cuando el primero le dice que hay que cumplir los acuerdos como hombre y que si Peña Nieto no cumple su palabra, menos la va a cumplir si llega a la Presidencia. Se dio una fuerte discusión al grado de insultarse.”

Para calmar las aguas se dio un receso, supuestamente a fin de consultar a sus respectivos jefes. Una hora después se volvieron a reunir y del SNTE sólo regreso Luis Castro, mientras que del PRI estaban Osorio Chong, Pedro Joaquín Coldwell, Luis Videgaray y Flores Rico.

“Lo primero que dice Castro es que no tienen palabra, que no hay forma de creerles y que sólo prevalecen los intereses del PRI, dejando muy mal parado a Peña Nieto. Coldwell contesta que no hay esquema de negociación, que se tienen que dar los cambios: tres senadurías pero no a los mismos candidatos y en otros estados. Castro les dice que es insostenible y no hay acuerdos porque no se puede sustituir a Fernando ni a Mónica Arriola; únicamente aceptan que no vaya Kahwagi. La reunión sólo duró 15 minutos y antes de salir Castro le dijo a Coldwell que lo más peligroso es que todos ellos es-

P OLÍ TI CA / P R I

en los últimos tres meses el Panal ha caído: tenía un potencial electoral de 0.6% en noviembre y ahora es de 0.4%, sólo adelante de Movimiento Ciudadano que tiene 0.3%.

Noé Rivera, experto en el tema del magisterio, señala en entrevista con Proceso que al romperse la alianza con el PRI, por primera vez en su vida como dirigente del SNTE, Gordillo enfrenta una crisis que pone en riesgo su permanencia en el poder y la seguridad de su familia.

“Lo que hizo el PRI fue generar un mensaje brutal de que la maestra no está con el candidato presidencial más fuerte y tampoco con su equipo más cercano. Ya se difundió el mensaje de que algo grave está pasando”, precisa el excolaborador de la profesora.

Advierte que al romperse la alianza la dirigencia nacional del SNTE consideró que es muy alto el costo: se pone en riesgo la estabilidad política del sindicato si Elba Esther sigue como líder vitalicia del mismo.

Además de que muchos de los viejos líderes magisteriales que vieron con agrado regresar al partido donde se formaron, ahora ven con disgusto la ruptura y no están convencidos de trabajar por otro candidato presidencial. No obstante, señala que el PRI subestima la capacidad de Gordillo y el poder que tiene el SNTE para destruir a un candidato, como lo hizo en 2006 con Roberto Madrazo.

“Creen que con esto va a ser avasallada, que va a perder el control del sindicato y no va a resolver la crisis. Me parece que están totalmente equivocados, porque si

querían desactivar el poder del SNTE actuaron al revés, porque aún no comienza la campaña presidencial y le están dando tiempo a la maestra para rehacerse.”

En su análisis Noé Rivera indica que si el PRI quería aniquilar el poder de Gordillo no lo hizo plenamente y ahora ella tiene el reto de recomponer el tejido de la estructura magisterial desde las bases y poner en marcha una de las estructuras electorales mejor aceitadas del país.

“Lo que viene no será una reacción de coraje, como con Madrazo. Por su experiencia sabe cómo enfrentar estas situaciones. Va a ir sola, el Panal saldrá con un candidato o candidata a la Presidencia de la República. Lo que ahora tendrá que hacer es transmitir a toda su gente que la traición no la ocasionaron ella ni Nueva Alianza sino el PRI. Si logra esto creo que el PRI se va a dar cuenta de que cometió un grave error electoral.

“Creo que esto aún no termina. La maestra es un animal político y aún falta ver cómo se va a mover. Estas cosas le van a generar ruido al candidato del PRI que además de presentar su propuesta va a tener la sombra de Elba Esther.

“Aparentemente tiene cerradas todas las puertas, pero la campaña aún no empieza. No sabemos si las encuestas que posicionan a Peña Nieto son reales, esto se verá ya en la campaña, pero si el PRI comienza a disminuir su ventaja en la opinión pública ante los otros candidatos, en ese momento se verá la importancia de tener como aliada a Elba Esther Gordillo.

Aún no sabemos si se dará una elección cerrada.”

Fotos: Eduardo Miranda

tán siendo peleles de Manlio Fabio, Francisco Labastida y Joel Ayala.”

Los del SNTE se fueron a ver a Elba Esther en su casa. Ahí estaban sus hijas Mónica Arriola y Maricruz Montelongo, su yerno Fernando González, Juan Díaz, Guillermo Aréchiga, Roberto Pérez de Alba, Luis Castro y René Fujiwara.

Al enterarse de lo ocurrido, la maestra llamó a Peña Nieto con la idea de que de inmediato éste le contestaría y todo se arreglaría. “Pero hasta las 11 de la noche le respondió Peña Nieto. Le dijo que no podía hacer nada y que varios gobernadores estaban en su contra. La maestra le pidió nombres, pero no se los dio. Peña Nieto le dijo que aceptara los términos en que se replanteó el acuerdo, pero Elba Esther lo rechazó”, señala la fuente.

Entonces la maestra empezó a ver opciones: le pidió a Fernando González que buscara a Luis Carlos Ugalde y a Miguel Ángel Jiménez para que se acercaran a Ernesto Cordero y a Alejandro Poiré. Se comunicó con Calderón buscando que Josefina Vázquez Mota no fuera la candidata y así poder aliarse con Cordero.

“Llamó a todos los secretarios del SNTE y a la dirigencia del Panal. Les dijo que lo más grave de esto es que se trata de un adelanto de lo que puede pasar si gana Peña Nieto. Les ordenó que empezaran a operar para que no quedara el mensaje de que está débil ante el PRI. La preocupación de la maestra era que los líderes regionales del SNTE comiencen a operar a favor del PRI sin que ella se dé cuenta. Por eso todo el sábado se dedicó a hablar con los gobernadores. Sin embargo dijo que los sentía muy fríos, que seguramente ya habían hablado antes con ellos y por eso confirmó que todo estaba planeado.”

El domingo la volvieron a golpear al promover como candidato en Sinaloa en lugar de Fernando González a Daniel Amador, antielbista, secretario general de la sección 27 y ligado a Labastida.

“Al ver esto convocó de nuevo a su estructura; dijo que ya no habría nada con el PRI y les advirtió que si ella cae, caen todos”, señala el allegado a la profesora chiapaneca.

Causas y consecuencias Una de las razones expuestas por el PRI para deshacer su acuerdo fue que Nueva Alianza ya no tiene fuerza y no gana en 15 estados. En una encuesta presentada por el equipo de campaña de Peña Nieto se señalaba además que el magisterio estaba más con el PRI que con sus líderes del SNTE. En otra encuesta, levantada en enero por Consulta Mitofsky, se mostraba que

Maricruz Montelongo y Mónica Arriola. Las hijas de Elba Esther

Un

“melate” a lo panista Como en un sueño, un exchofer fundó dos empresas dedicadas al ramo farmacéutico y de la salud, con un capital social de poco más de 100 mil pesos. Se le hizo el “milagro”: en sólo seis meses una de ellas facturó al gobierno de Guanajuato más de 200 millones de pesos. Esta bonanza sólo se explica porque Miguel Salim Alle, titular del Instituto de Seguridad Social del Estado, otorgó a la empresa de su protegido y sin ninguna licitación de por medio, el suministro, distribución y almacenamiento de medicamentos del Seguro Popular en toda la entidad. ÁLVARO DELGADO

J

osé de Jesús Rangel Barrios trabajó los últimos seis años como chofer de una empresa de León, Guanajuato, hasta que renunció el 30 de abril de 2011. Como finiquito recibió casi 20 mil pesos, 6 mil de los cuales correspondían a su última quincena.

Rangel Barrios había decidido independizarse, un sueño de muchos asalariados, que en su caso representa una truculenta historia que perfila otro de los escándalos de corrupción y tráfico de influencias que caracterizan al gobierno panista de Guanajuato.

En efecto, tres semanas antes de ser liquidado, el 4 de abril, Rangel Barrios constituyó legalmente dos empresas con una denominación casi idéntica y el mismo objeto social, de las que es accionista mayoritario y administrador único.

Desde entonces todo ha sido prosperidad. En unas cuantas semanas, una de sus compañías, Operadora e Impulsora Logística del Bajío y Occidente, S.A. de C.V. (Mediboc), se convirtió en una de las principales proveedoras de medicamentos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).

Además, a través del ISSEG se le asignó

sin licitación alguna el suministro, distribución y almacenamiento de medicamentos del Seguro Popular en todo el estado de Guanajuato, que atiende con una numerosa flotilla de vehículos que ostentan el emblema del programa federal.

Tan exitoso ha sido el exchofer que ya denomina a su negocio Grupo MBO que, además de Mediboc, incluye Medicamentos del Bajío y Occidente, S.A. de C.V., en cuya matriz de León dispone de modernas instalaciones de casi una hectárea con capacidad de almacenamiento de 38 millones de unidades de medicamentos.

Las ganancias han ido en ascenso: Mediboc, que se constituyó con 54 mil pesos de capital social –la misma cantidad que MBO–, facturó al gobierno de Guanajuato 200 millones de pesos en sólo seis meses, por suministros del Seguro Popular y por almacenamiento y distribución de medicamentos.

La súbita bonanza de Rangel Barrios y su socio minoritario, Gerardo Alejandro Espinosa Rodríguez, no se explica sin el patrocinio de Miguel Salim Alle, director general del ISSEG, uno de los empresarios más cercanos al gobernador Juan Manuel Oliva y quien el 16 de diciembre renunció al cargo para buscar la candida-

tura del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de León.

Impulsor de la precampaña presidencial de Ernesto Cordero en León y recaudador financiero de las campañas de otros prominentes panistas, como Vicente Fox, Salim Alle es identificado como amigo de Gerardo Alejandro Espinosa Rodríguez, quien posee un tercio de las acciones de Mediboc y MBO, mientras que el exchofer Rangel Barrios es propietario del resto.

Salim Alle, fabricante de chamarras de piel y quien fue presidente del PAN en León al mismo tiempo que era director del ISSEG, enfrenta un escándalo por invertir 300 millones de pesos de las pensiones del estado en un fondo de riesgo a través del empresario Juan Antonio García –exdirectivo del equipo de futbol Dorados de Culiacán–, quien presuntamente ha cobrado comisiones por varios millones de pesos.

Además Salim Alle fue el funcionario del ayuntamiento de León que compró un edificio para hacer lucir la catedral local, operación por la que ganó cuatro millones de pesos el empresario panista Elías Villegas, quien, junto con el secretario de Educación estatal, Alberto Diosdado, jefatura la organización ultraderechista El Yunque en Guanajuato.

www.globalmedia.com

P OLÍ TI CA / PA N

Salim Alle. Protección

Truculencias Conforme a documentos oficiales –de los que Proceso tiene copia– la suerte de Rangel Barrios cambió en menos de un año: De “chofer ejecutivo” de la compañía Administración Integral en su Empresa, S.A. de C.V. (AIESA), pasó a ser dueño de dos empresas.

Según la carta de liquidación, con fecha del 30 de abril del año pasado, este leonés de 50 años recibió 19 mil 689 pesos con 71 centavos de liquidación, que englobaba una quincena y la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima de asistencia y vales de despensa.

Pero en un solo día, el 4 de abril, se presentó ante el notario público 13, Ignacio Freire Garza, para constituir legalmente dos empresas: La primera, denominada Operadora e Impulsora Logística del Bajío y Occidente, S.A. de C.V. (Mediboc), quedó registrada en la escritura pública número 17518. A la otra, Medicamentos del Bajío y Occidente, S.A. de C.V. (MBO), se le asignó el número inmediato siguiente: 17519.

Las dos tienen el mismo objeto social: 1.- Distribución, compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación y medición en general, negociar con toda

clase de medicamentos, material de curación, equipo médico, material de laboratorios de análisis clínicos y todo lo que implique bienestar para la salud humana; 2.- Transportación y distribución logística de toda clase de medicamentos, material de curación, equipo médico, material de laboratorios de análisis clínicos y todo lo que implique bienestar para la salud humana, y 3.- Compra y venta, transportación y distribución y operación logística de toda clase de medicamentos de salud animal.

La composición accionaria de las dos empresas es también la misma. El capital social de cada una de las empresas es de 54 mil pesos, a razón de 54 acciones de mil pesos cada una, de las que Rangel Barrios posee 36 y su socio Rodríguez Espinosa 18.

Ante el notario Rangel Barrios dijo ser leonés y se identificó con su credencial de elector, mientras que Espinosa Rodríguez dijo ser nacido en Puebla, en 1956, y avecindado en León, como consta también en su credencial para votar.

Después de este trámite ambas empresas quedaron inscritas en el Registro Público de la Propiedad de León, el 2 de mayo, cuando se terminaron de construir sus modernas instalaciones en la colonia

Industrial y que se pueden apreciar en el sitio en internet identificado con las siglas de una de ellas, www.mediboc.com.

Sin embargo, la información que se presenta en esa página sólo alude a la empresa MBO, cuyo emblema está rotulado en la nave principal de sus bodegas y en las portezuelas de sus vehículos, que ostentan el logotipo del Seguro Popular.

Pero fue a Mediboc a la que el ISSEG, dirigido por Salim Alle, le otorgó sin licitar el suministro, distribución y almacenamiento de medicamentos del Seguro Popular, que en sólo siete meses le reportó 169 millones 311 mil 141 pesos.

En la industria farmacéutica ha generado sospecha que una empresa de reciente creación y encabezada por personas que no tienen ningún antecedente en el ramo, no sólo hayan sido favorecidas por el ISSEG con el Seguro Popular, sino que se benefician de las compras que hace esa dependencia para surtir las 217 farmacias que abastecen a más de cinco millones de personas en el estado.

El desglose de la facturación la publicó, el viernes 27, el portal informativo guanajuatense Zona Franca, con base en el acumulado anual de pago a proveedores que la Gerencia de Ventas Institucio-

Salim miente

nales le hizo llegar a la dirección general del ISSEG, que hasta el 16 de diciembre estuvo a cargo de Salim Alle.

Las cifras muestran la creciente facturación a favor de la empresa del exchofer y su socio. En julio cobró 3 millones 156 mil pesos; en agosto la suma se duplicó a 7 millones 101 mil pesos; en septiembre se disparó a 38 millones 540 mil pesos; en octubre llegó a 39 millones 718 mil; en noviembre bajó a 25 millones 489 mil, y cerró el año con 28 millones 679 mil pesos.

Adicionales a estos 169 millones 311 mil 141 pesos, Mediboc cobró al ISSEG otros 29 millones 696 mil pesos, de mayo a noviembre, por concepto de almacenamiento y distribución de medicamentos, pese a que esa dependencia cuenta con un Centro de Distribución (Cedis) que, en la gestión de Salim, se construyó en el Puerto Interior, a un costo de 196 millones de pesos.

Cordero. El preferido

Germán Canseco

titutiva l Bajío. Acta cons Medicamentos de

Justamente la inauguración del Cedis ISSEG, el 5 de agosto, a la que asistió el gobernador Oliva Ramírez, dio origen a una campaña propagandística de Salim Alle, cuyo propósito era posicionarlo como prospecto a la candidatura del PAN a la alcaldía de León.

Salim Alle, quien hace tres años perdió la postulación a la alcaldía ante Ricardo Sheffield, ahora enfrentará en la elección del 5 de febrero a Mayra Enríquez Vanderkam, exsecretaria del ayuntamiento y esposa de Alberto Cifuentes Negrete, jefe de la Unidad de Enlace Federal de la Secretaría de Gobernación y quien fue expulsado del PAN en 2003.

La promoción del empresario fue motivo de una queja presentada por el PRD ante el Instituto Electoral de Guanajuato (IEG) el 29 de noviembre, debido a que presuntamente utilizó recursos públicos, lo que está prohibido por la Constitución y la ley en la materia.

El representante del PRD ante el IEG, José Belmonte Jaramillo, adujo en su queja que se utilizó dinero del ISSEG para promover a Salim Alle en un suplemento del diario A.M. de León publicado el 14 de agosto.

En ese suplemento de ocho planas, identificado expresamente como “sección comercial”, se publicaron cinco fotografías de Salim en la ceremonia de inauguración del Cedis, acompañado de cuatro notas informativas sin firma con los si-

guientes titulares: Consolida ISSEG infraestructura, Testifican progreso, Crean magna obra y Reconocen labor.

Salim rechazó la imputación en la respuesta que envió al organismo electoral, el 15 de diciembre, un día antes de su renuncia a este organismo, pero la representante legal de Compañía Periodística Meridiano, editora del diario, Laura Elena Jaimes Ramírez, dijo lo contrario, en un informe enviado al IEG apenas el miércoles 25.

Aunque expuso que las notas periodísticas sobre Salim se publicaron como parte de la cobertura habitual, la abogada puntualiza: “Asimismo hago de su conocimiento que algunas notas pertenecen a un suplemento que fue pagado a mi representada por felicitaciones que varias empresas hicieron por la inauguración del CEDIS ISSEG (sic)”.

En el anexo aparecen, en efecto, 14 inserciones de empresas farmacéuticas y comercializadoras de medicamentos, todas felicitando a Salim Alle y a Oliva por la inauguración del Cedis, pero aparece también una plana completa pagada por el ISSEG, que en ese momento dirigía Salim Alle.

Al respecto, Belmonte Jaramillo afirma que con esta respuesta del diario A.M. se demuestra que Salim Alle miente, porque el ISSEG sí utilizó recursos públicos para pagar parte de un suplemento que tenía como fin su promoción personal.

Por ello, además de exigir al IEG que continúe con el “procedimiento sancionador” contra Salim Alle, en los siguientes días se presentará ante la Procuraduría de Justicia de Guanajuato una denuncia penal contra éste por ser presunto responsable de falsedad de declaraciones ante autoridad distinta a la judicial.

Además de este episodio Salim Alle ha estado en medio de escándalos por empeñarse en construir en León un ostentoso edificio del ISSEG con recursos para las pensiones y por poner en riesgo el patrimonio de los pensionados con inversiones en Francia e Irlanda, cuyo operador es Juan Antonio García, quien cobraba 17 mil pesos mensuales como asesor en el ISSEG y también, según El Heraldo de León, entre 9 y 21 millones de pesos como comisión.

Ahora Salim Alle enfrenta las evidencias de favorecer con contratos multimillonarios a la empresa del exchofer Rangel Barrios y su socio Espinosa Rodríguez, operaciones éstas –como las de que involucran pensiones– que debieron ser supervisadas por el secretario de la Función Pública, Luis Ernesto Ayala.

Además de ser amigo de Salim Alle, de quien fue colaborador en el gobierno municipal de León, Ayala Torres renunció a la SFP y es ahora el coordinador de la campaña de Miguel Márquez Márquez, el delfín de Oliva para la gubernatura... O

P OLÍ TI CA / PAN PA VERÓNICA ESPINOSA

Un estate

G

UANAJUATO, GTO.- De las “visitas de cortesía” que le han hecho al expresidente Vicente Fox por lo menos dos de los cinco secretarios de Gobernación a lo largo del sexenio para pedirle mesura y silencio, Felipe Calderón pasó al manotazo y a la intimidación directa: En un hecho inédito, un grupo de agentes y peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) cateó las propiedades de Fox en San Francisco del Rincón. El acto semeja un recurso legal para aplacar a su antecesor –convertido hoy en uno de los principales detractores de su guerra contra el narcotráfico y de uno de los aspirantes a la candidatura panista a la Presidencia, Ernesto Cardero– y quizás no pase de ahí.

No obstante, Calderón recurrió una vez más a su vieja estrategia: echar por delante a la instancia procuradora de justicia con el pretexto de reactivar una investigación contra Fox por enriquecimiento ilícito y por otros nueve delitos iniciada en 2007, si bien estos serían los pecados menores del expresidente, quien el año pasado reinició su activismo público contra el gobierno de Calderón y su partido.

Entre otras actividades, Fox lanzó una convocatoria nacional para una cruzada por la paz, desaprobó la participación del Ejército en la guerra contra el narco en diversos foros nacionales y extranjeros, criticó las violaciones de derechos humanos denunciadas por diversas organizaciones civiles y propuso en varias ocasiones la legalización de las drogas, postura que fue rechazada de inmediato por el titular de Gobernación, Alejandro Poiré.

Encima de todo Fox le apostó al regreso del PRI, elogió a su candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, a quien incluso recibió en su rancho San Cristóbal y hasta defendió al mexiquense cuando cometió su dislate en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara al confundir autores y libros que supuestamente leyó.

“Es un soberbio Carlos Fuentes. Bueno, ¿y él qué? ¿Qué se cree? ¿Quiere que leamos sus libros? Ese es un debate falso, inútil… yo quisiera ver a todos los criticones, a todos los que lanzaron la primera piedra a ver si realmente han leído. No nos vayamos con la finta, lo importante es ver qué ideas trae Peña…”, dijo Fox luego de que el escritor Carlos Fuentes reprochó a Peña Nieto haberlo confundido con Enrique Krauze.

“Algo hizo Fox… No quiero adelantar vísperas y quiero confiar en la actuación de la procuradora (Marisela) Morales… pero pienso que lo están castigando por atreverse a traicionar a su partido y por estar promoviendo al PRI y a sus candidatos”, dice en entrevista vía telefónica el senador Ricardo Monreal, quien promovió la denuncia contra Fox en 2007 (Proceso 1612), cuyo expediente fue el pretexto para los cateos recientes a las propiedades del exmandatario.

“No parece un asunto estricto de justicia sino de venganza, y en eso nosotros no estamos de acuerdo”, sostiene Monreal.

quieto...

De manera inopinada, el presidente Felipe Calderón instruyó la semana antepasada a la procuradora Marisela Morales para que sus agentes y peritos realizaran un cateo a diversas propiedades de su predecesor Vicente Fox. Para realizar la “diligencia”, la dependencia desempolvó una denuncia penal presentada por el senador petista Ricardo Monreal en 2007 que nunca prosperó.

Consultado al respecto, el legislador sostiene que en realidad se trata de un manotazo de Calderón para que Fox, quien ha intensificado las críticas a su gestión en los últimos meses, se esté quieto.

Germán Canseco

Señales de venganza En 2007 Vicente Fox recibió dos visitas del entonces secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, confirmó entonces un colaborador de Fox. “Fue un llamado enérgico” de parte del presidente Calderón, a quien le entregó la banda presidencial en 2006, sólo porque en una conferencia en Estados Unidos se ufanó de ha-

Germán Canseco

ber arrebatado el triunfo a Andrés Manuel López Obrador y por apoyar abiertamente a Manuel Espino para que presidiera la Internacional Demócrata, dijo.

Entrevistado por la CNN a finales de ese año Fox declaró: “No van a lograr ponerme piedritas en el camino para que yo me quede callado.

En julio de 2009 Fox recibió a Fernando Gómez Mont, sucesor de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación. Acababa de consumarse un desplome electoral del PAN y en una carta pública Fox se desmarcó de su partido y de la gestión de Calderón.

Por esas fechas comenzaron las críticas del guanajuatense a su sucesor, que no han parado desde entonces. En diciembre del año pasado, por ejemplo, Fox lanzó una andanada de cuestionamientos por los saldos de la guerra calderonista contra el narco y convocó a una cruzada nacional en un artículo publicado el día 19 en El Universal bajo el título “Basta de guerra, que llegue la paz”.

Un mes después vino la reacción de Calderón. Esta vez desenterró un archivo de la PGR para saldar cuentas con su antecesor. Conocida por su displicencia para acatar instrucciones con similares motivaciones –aún se recuerda la pifia en que terminó la investigación contra Jorge Hank Rhon–, esta vez la procuradora Marisela Morales actuó con rapidez.

A mediados de mes Morales envió a un grupo especial de peritos, así como a agentes del MP y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a catear las propiedades que tiene Fox en San Francisco del Rincón, ubicadas alrededor de la exhacienda familiar convertida hoy en un centro de estudios que lleva el nombre del exmandatario (Proceso 1612).

Los ejidatarios de San Cristóbal no se sorprendieron por el despliegue de los helicópteros y del personal de la PGR en las inmediaciones del Centro Fox. Algunos de ellos mantienen un añejo conflicto agrario con el exmandatario, a quien acusan de haber violado una resolución del presidente Lázaro Cárdenas y exigen un nuevo deslinde de tierras.

Se quejan porque el pleito languidece y sólo cambia de tribunal. Hoy, dicen, está en manos del magistrado Juan Rodolfo Lara en Aguascalientes, quien posterga audiencias, testimonios y fallos; hoy, insisten, los ejidatarios apoyados por Fox como contraparte viajan allá en un autobús que les proporciona el gobierno de Guanajuato, con gastos y comida incluidos.

Los peritos y agentes federales arribaron a San Cristóbal sin que se notificara a la delegación de la PGR, que se ubica a pocos kilómetros del rancho de Fox, sobre la carretera León-Cuerámaro.

te: “Es la primera vez que sucede en la historia del país… Sería lamentable que fuera un ‘estate quieto’. Ojalá y no sea eso y lleguen hasta el final”, comenta a la reportera.

Convencido de que su denuncia presentada hace cuatro años tiene las bases legales y de que hay elementos constitutivos de los delitos planteados en ella (peculado, enriquecimiento ilícito, corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, uso indebido de bienes y facultades, entre otros), Monreal recuerda que cuando la interpuso fue descalificado por el vocero del PAN y por el mismo Fox, quien afirmó que no procedería.

“Obviamente nos queda la sensación de que no podía pasar. En un país Rancho San Cristóbal. Cateo donde la impunidad es una regla general, donde los presidentes no son En la zona se ubican La Cabaña, donde tocados, sino cubiertos y protegidos por la Fox recibió al presidente George W. Bush en impunidad, no parecía que la PGR fuera a 2001; el Centro Fox, a cuya construcción se proceder. Y ahora me entero por los medestinaron más de 250 millones de pesos dios que la denuncia penal que presenté se a finales de 2010, y en la parte de enfrente, reactivó.”

Coordinador de la precampaña de Anen Nuevo Jesús del Monte, está La Estancia, un rancho que formó parte de San Cristó- drés Manuel López Obrador por el Movibal y que Fox recuperó en 2006 para am- miento Progresista, Monreal sostiene que la acometida de Calderón contra Fox es sópliar su finca. lo un “estate quieto”.

Ojalá haya voluntad política “No quiero adelantar vísperas –dice–, pero tengo una opinión positiva de la proLa noticia sobre los “cateos” se conoció el curadora y me resisto a creer que acepte martes 17, cuando la difundió María Ida- recomendaciones o consignas; me resisto lia Gómez en el portal digital 24 Horas. Con a creer que pueda ser una consigna directa, base en la información que le proporcio- porque para tocar a un expresidente de la nó un funcionario del gobierno federal, la República se requiere, primero, que existan reportera detalló que se trató de una dili- los elementos del delito –que en este caso gencia ministerial derivada de la denun- sí existen–, pero sobre todo voluntad polícia interpuesta ante la PGR en 2007 por tica, y esa la tiene el presidente.”

Monreal.

Y añade: “Ahora sí podría decir con toOtra fuente cercana a Proceso asegu- da seriedad y con toda claridad que Fox se ra que los peritos y agentes de la PGR ins- ha sumado a los millones de mexicanos peccionaron tres inmuebles el viernes 20. Al que a diario dicen: ‘Nos habría ido mejor día siguiente Marta Sahagún declaró al dia- con López Obrador’”. rio local A.M. que “las autoridades han he–Pero Fox más bien le ha apostado a Pecho las investigaciones pertinentes y hubo ña Nieto, según él mismo ha dicho públicauna indagatoria para que la demanda siga mente –se le señala a Monreal. su curso y pueda ser desahogada… No hu–Sin duda. Creo que es una alianza perbo cateo, nada de eso, fue una diligencia”. niciosa que no va a prosperar; son los misAdolfo Gómez Velázquez, uno de los mos sinvergüenzas. ¡Qué bueno que se juncuñados de Fox involucrado en un par de ten! Finalmente son lo mismo uno y otro. escándalos por corrupción y fraude, aborMonreal adelanta que, como promotor dó el asunto el domingo 22 después de la de la denuncia, formalizará una petición a misa: “Vinieron los ingenieros y todo, y to- la procuradora Marisela Morales para comaron medidas”, comentó. nocer el estado actual de la indagatoria; inSi hubiese sido un peritaje formal, los cluso, dice, llevará el asunto al Senado. ingenieros debieron revisar terrenos, límiY remata: “¿Por qué no proponer una tes, construcción y valoración arquitectó- comisión plural que coadyuve en la innica y, con el concurso del MP, elaborar un vestigación? Pedimos una comisión esavalúo de los bienes para integrarlo a la in- pecial para investigar la denuncia contra dagatoria, pero los agentes no procedieron Ernesto Zedillo en Estados Unidos (por la de esa forma. matanza de Acteal)… Y si Calderón quieConsultado al respecto, Monreal di- re erigirse ahora como verdugo de Fox, es ce estar sorprendido por la incursión de un asunto que tendrán que revisar ellos la PGR en las propiedades del expresiden- (los panistas)”. O

Enrique Castro Sánchez

P OLÍ TI CA / AU TON O M ÍA

Cherán estrena

autonomía

MARCE

C

HERÁN, MICH.- “¡Fogata número 46!”, gritó el maestro de ceremonias. “¡Presente!”, contestó un trío de siluetas puestas de pie para distinguirse entre los cientos de asistentes a la asamblea comunitaria nocturna, alumbrada por focos de baja potencia.

Confirmada la presencia de los representantes de cada fogata, la elección en el barrio cuarto tuvo permiso de llevarse a cabo. En los otros tres barrios que integran esta comunidad purépecha otras fogatas –como nombran a su nueva estructura organizativa– elegían a sus autoridades municipales.

En el alargado patio escolar con decorado de las fiestas patrias donde sesionó el barrio, los 16 candidatos permanecían sentados de frente al público. Previamente de entre el público habían seleccionado a la presidenta de los comicios, la secretaria y dos escrutadores. La dinámica electoral establecida consistía en escuchar cinco argumentaciones por ronda en las que se destacaran las cualidades de los candidatos.

El maestro Guadalupe –campesino de gabán café y sombrero, y expresidente mu-

Cherán ha dado lecciones de democracia a los partidos políticos de Michoacán y a las autoridades electorales del estado al nombrar a sus representantes por medio de los usos y costumbres de sus ancestros. El 3 de noviembre, en asamblea, hicieron su primer ejercicio de autonomía, y el domingo 22 el Instituto Electoral del estado reconoció a los representantes populares cheranenses, todos ellos abocados a la defensa de la ecología, la autonomía y hartos ya de los partidos políticos que, dicen, todo lo ensucian. Cherán estrena autonomía. nicipal– explicó a los asistentes que la votación a realizar era legal porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, árbitro máximo en la materia, había fallado a favor de la solicitud que hicieron los cheranenses de regirse mediante los usos y costumbres de sus antepasados.

“Ya sabíamos que no andábamos fue-

ra de la ley: hay acuerdos, leyes, pactos internacionales que favorecen a los pueblos indígenas y que hicimos valer”, dijo, y arrancó aplausos del público.

Mientras en Michoacán PRI, PAN y PRD se disputaban los puestos de elección popular en las urnas, los cheranenses –amparados por legislaciones internacionales

Enrique Castro Sánchez

Consulta popular. Ejercicio inédito

como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas– protagonizaban un hecho histórico: elegían a sus autoridades a su modo, el de sus ancestros.

La maestra Eloísa, presidenta de la mesa, explicó: “Tres personas de las que están aquí nos van a representar en el Consejo de Ancianos. Cuando ustedes pidan la palabra expliquen a quién quieren elegir y por qué. Por ejemplo, si es por su trayectoria, su experiencia, su forma de conducirse, su historia personal, su defensa del barrio, su defensa del bosque...”.

Todos entendieron: la defensa de su bosque les ha costado sangre. Desde el 15 de abril de 2011, cuando el pueblo se enfrentó a los talamontes de El Güero, la gente pasa las noches alrededor de las cinco barricadas que cercan al pueblo o en alguna de las 200 fogatas instaladas en las calles.

Sacudiendo los malos hábitos Como ninguna autoridad estatal, federal o municipal atendió su petición de auxilio, los cheranenses perdieron la confianza en el gobierno, expulsaron a los partidos políticos y pelearon su reconocimiento como municipio autónomo. En esa asamblea de noviembre ejercieron el derecho ganado.

Esa vez tomó el micrófono un ingeniero con chamarra de mezclilla forrada con borrega que objetó a tres candidatos: “No tienen edad suficiente para estar en un consejo de ancianos que se supone tiene que ser de gente mayor que te cuenta historias de cómo eran las cosas y que conoce todo”.

Un anciano replicó: “Cuando uncimos a los animales tenemos que poner enfrente a los animales ancianos que tengan experiencia en abrir surcos y a los más jóvenes atrás para que aprendan, para hacer escuela. Nosotros ya estamos pasados

del tostón, necesitamos enseñar a jóvenes porque después, ¿quién va a defender Cherán?”.

Los aplausos respaldaron la elección mixta. Superado el punto, comenzaron las argumentaciones: “Nosotros propusimos a don Sergio porque vimos que ha levantado en forma a su familia de manera legal, ve por la comunidad, asiste a las faenas, le echa ganas y aceptó de buena voluntad.”

“Pusimos al maestro Castillo porque miramos que sí se preocupa por nosotros, nos visita en las barricadas.”

“El licenciado Stalin conoce mucha gente del exterior y eso puede ayudar a conseguir recursos y a divulgar la información de la lucha de Cherán.”

“El profesor Isidro trae buenas ideas, como la del vivero.”

“Don Gabino se dedica al campo, es serio, siempre lo he visto con su compañera al lado y no le falta al respeto, es una persona de experiencia y honestidad.”

María Juárez –jeans y rebozo– se levantó y propuso a su suegro, don Francisco; alguien más lo respaldó después por su conocimiento sobre la cultura, lengua y costumbres purépechas; otro diría que pocas veces lo ha visto alcoholizado y que admira cómo sacó adelante a sus hijos con su trabajo en el campo. Uno de los hijos a los que el orador se refería era Rafael García –el esposo de María–. Está desaparecido desde abril por haber defendido al bosque. Son 14 los campesinos asesinados o desaparecidos por los talamontes de esta región que trabajan coludidos con narcotraficantes.

En la ronda final la gente se levantó de sus asientos y se paró delante de su candidato preferido. Los tres ganadores, los de las filas más largas, saltaron a la vista.

Con ese método son imposibles los fraudes electorales.

Ese día de noviembre todavía les faltaban tres meses de lucha para romper con el sistema de partidos. Hasta el miércoles 25, el Instituto Electoral de Michoacán reconocería a los 12 elegidos en los cuatro barrios como el nuevo Concejo Mayor Comunal, el Consejo K’eri, el nuevo órgano rector del municipio.

Pero aquella noche de noviembre, correteados por el frío, los electores caminaron hacia las fogatas donde hacen guardia con sus vecinos para evitar ataques de los talamontes. Así lo hacen desde el 15 de abril. La sensación de indefensión y la necesidad de autodefensa detonaron la búsqueda de su autonomía.

Atrás quedaba una manta colgada afuera de la escuela en la que se leía: “¡Ya basta! No más mentiras de candidatos corruptos y traidores que sólo buscan sus intereses. Cherán decidió que este 3 de noviembre no habrá elecciones”.

El hartazgo “¿Para qué vamos a querer presidente municipal si el que teníamos no hizo nada por nuestros esposos? No movió un dedo siquiera. Pedimos al Ejército y no lo mandaron; y si lo mandan, ¿ya pa’qué? Si ya acabaron todo el bosque y ya se llevaron a nuestros esposos”, se quejó María, doña Mari, como le dicen.

Su esposo, como muchos purépechas, trabajaba como jornalero en Estados Unidos. Regresó a Cherán el día que le informaron que unos talamontes habían tumbado un árbol de su terreno. Desde entonces paseó todos los días por los cerros, descubrió un aserradero clandestino, documentó los ilícitos e inauguró brigadas de reforestadores. Pero lo pagó caro.

El hartazgo electoral de este pueblo queda claro a todos los forasteros. Un letrero de bienvenida señala las reglas para

P OLÍ TI CA / AU TON O M ÍA Defensa ecológica “Pasaban los talamontes por aquí con chulada de trozos y decían con sus cervezas burlones ‘a la salud de Cherán’.

Los mirábamos nomás porque iban armados… Iban tumbando, iban quemando la madera de más antes, pinos de 120 años… Nos sentíamos muy tristes de que nos trataran así… Nosotros sólo usábamos árbol seco o con plaga para construir una casita, una cerca… Todos ya teníamos el sentimiento, el malestar… a raíz de que vinieron a tumbar el manantial empezaron a aparecer las ganas de iniciar el movimiento… y la impotencia de no poder hacer nada… Fue un impulso, fueron unas mujeres que tomaron la iniciativa y los enfrentaron… Unas señoras de Oportunidades que andaban barriendo a las seis de la mañana… Sonaron las campanadas para que se juntara la gente… rodearon las camionetas y se las incendiaron, detuvieron a unos conductores, otros se fugaron…. Ellos andaban armados y nosotros sin armas ni nada… dispararon a uno que perdió la vista…

Fue la molestia, el agua fue la gota que derramó el vaso y aquí estamos.”

El relato continuó: “Los primeros meses nadie dormía. La gente estaba toda la noche despierta, parecía de día… No había ni un solo borracho ni ruidos ni nada… Los niños estaban traumados, lloraban… No teníamos con qué defendernos, los muchachos esperaban en las azoteas con piedras… Si entraban los señores armados iban a avisarnos con las campanadas y los cohetes… Nos pusimos fuertes y aquí seguimos… Si llueve o hace un aironazo nosotros seguimos aquí… Como ningún gobierno nos apoyó, no quisimos elección; no nos gustó que empezaron a postular a candidatos con compromisos… mejor. Así nos defendemos solos, aunque sea con leñitas”.

Una mujer desdentada y canosa, de Fogata cheranense

Octavio Gómez

entrar: “Prohibido: 1) introducir bebidas embriagantes; 2) portar o difundir propaganda de partidos políticos; 3) llevar vehículos con cristales polarizados”.

Alrededor de los letreros hay costales rellenos de tierra, dispuestos a manera de trinchera, custodiados por jóvenes que exigen a los visitantes identificarse. Cada tanto hace su rondín una pick up blanca que transporta a una docena de jóvenes armados con M-1, R-15 o AK-47, y portando radios de comunicación, algunos con rostros adolescentes. Ellos integran la llamada “ronda comunitaria” que se encarga de la seguridad.

“La policía del ayuntamiento ignoró el problema del talamontaje, extorsión, secuestros y asesinatos, no daban rondines, cobraban sin trabajar, por eso la gente nos pidió a los retirados del Ejército que nos hiciéramos cargo de la seguridad y cada barrio nombró a los jóvenes que capacitamos para usar armas. Todos somos voluntarios, la gente nos da comida cuando llegamos a las fogatas… y desde entonces Cherán es más seguro”, explicó el líder de este grupo llamado Alfa (del barrio cuatro), quien se reservó el nombre.

Este pueblo de la meseta purépecha, rodeado de monte con pinos, no está contaminado con pendones o bardas que muestran rostros de candidatos desconocidos con lemas de campaña huecos. No se ve, como en las localidades aledañas, una sola barda pintada con logotipos partidistas o pendones que terminan engrosando la basura.

En una fogata donde estudiantes normalistas de Morelia cenaban lentejas y hacían guardia con los campesinos, don Francisco García, el suegro de María Juárez, explicaba el sentir comunitario: “Cuando los necesitamos ningún partido se acercó a preguntar cómo ayudarnos.

Para ellos el pueblo que se friegue, los bosques que se acaben, el pueblo que se muera de hambre. Como no sirven pa’nada decidimos volver a los usos y costumbres”.

Era notorio el respaldo popular a la anulación de las elecciones del 3 de noviembre, aun cuando un par de cheranenses consultados sobre esa decisión manifestó su desacuerdo. “Los que están al frente del movimiento no son gente limpia que no haiga ocupado ningún puesto, son los mismos y van a hacer lo mismo y están ordenando al pueblo a hacer lo que ellos quieren”, se quejó el dueño de una tienda de abarrotes en la que se notaban los restos de una calcomanía electoral mal despegada.

Una pariente del único candidato que se destapó a presidente municipal, postulado por una coalición de partidos, dijo a Proceso, enojada: “Esos que están al frente son gente que ya ha estado en el gobierno y no quieren dejar llegar a nuevos”.

las que empezó la revuelta en la iglesia del Calvario, mientras aplastaba la masa para tortillas reía al recordar que fueron las mujeres las que detuvieron a los talamontes y las que empujaron a los hombres del pueblo a actuar.

“Cuando vimos que talaron un árbol que estaba en un ojo de agua ya nos dolió mucho. Sentimos como que nos cortaron un brazo porque el agua es vida. Y ya casi no hay agua, pronto nos podemos acabar.”

Ella tiene que caminar hasta un ojo de agua para llenar alguna cubeta.

“Ojalá nos vean otros pueblos indígenas y copien nuestro ejemplo”, dijo ilusionada.

El domingo 3 de noviembre, cuando en todo Michoacán la gente asistía a las urnas, Cherán recibió muchos visitantes nacionales y extranjeros como observadores para verificar que la comunidad no fuera molestada en sus decisiones. Ese día estaba programada la presentación del nuevo Consejo de Ancianos que liderará los diferentes consejos con los que el pueblo será gobernado, pero una noche antes sus abogados les explicaron que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) podría sancionarlos si no demostraban que la mayoría de la comunidad estaba de acuerdo en regirse mediante el sistema de los antepasados.

A las cinco de la tarde, al ritmo de las campanadas de la iglesia, miles de purépechas marcharon para exigir al IEM que realice de manera “urgente” la consulta que los convertirá en un nuevo municipio autónomo.

El domingo 22, 2 mil 856 electores volvieron a formar filas de apoyo detrás del candidato de su preferencia, repitiendo las elecciones mediante su sistema tradicional. El miércoles 25 el IEM las dio por válidas. Será el 5 de febrero cuando los cheranenses estrenen su independencia.

Hasta el año 2015 experimentarán esta nueva etapa: la de la autonomía. O

Miguel Dimayuga

Regulación

“congelada”

Una vez más el duopolio televisivo se impone a las instancias de regulación. Logró que en la Cofetel se empantanara la votación a favor de una tercera cadena de televisión, mientras que en la Cofeco impuso su fuerza para que la decisión de este organismo en torno a la alianza Iusacell-Televisa se diera a conocer “a más tardar el próximo 7 de febrero”. De nueva cuenta se advierte que este emporio de la comunicación le muestra el músculo a los poderes del Estado.

JENARO VILLAMIL

P

ese a que desde hace 10 años hay 62 solicitudes para adquirir frecuencias en televisión abierta a nivel nacional o regional, e interés de 13 grupos de inversionistas por el nuevo proyecto de una tercera cadena de televisión abierta, cuatro de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) decidieron postergar una vez más la votación a favor del programa de concesionamiento de frecuencias.

La decisión de Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo Cara-

TELEC OM U NI CAC IO N E S

za y José Luis Peralta Higuera generó una nueva disputa dentro del órgano regulador, ya que acusaron a su presidente, Mony de Swaan –en un comunicado distribuido extraoficialmente–, de haber “falseado” el contenido del pleno del miércoles 25.

Sin embargo reiteraron que es necesario tomar esta decisión en acciones coordinadas tanto en la Cofetel como con “otros poderes de la Unión”, sin especificar cuál es su posición frente al programa de licitación ni el tiempo en que debe tomarse esta medida.

El comunicado oficial de la Cofetel afirma que el pleno del organismo decidió “aplazar la votación del proyecto y que el mismo no sea integrado en la agenda de

futuras sesiones del pleno, hasta considerar que han quedado atendidos elementos que están fuera del ámbito de competencia de esta comisión”.

Ni el boletín oficial ni la posición de los cuatro comisionados que votaron en contra aclaran cuáles son los “elementos fuera del ámbito” de competencia del órgano regulador.

En entrevista con Proceso Mony de Swaan admite que existen “presiones” contra la Cofetel y específicamente señala a Javier Tejado Dondé, director de Información de Grupo Televisa, como artífice de las acusaciones en su contra por presunta corrupción al haber entregado dos contratos por 90 mil y 120 mil dólares para beneficiar a sus amigos Pablo Héctor Ojeda y Peter Bauer.

“No importa cuántas veces Javier Tejado me llame corrupto sin tener ninguna prueba en la mano y si no hay ningún tribunal que lo haya determinado.”

–¿Identifica usted a Tejado como principal artífice de las presiones?

–Acaba de acusarme de corrupto. Ahora resulta que ya no sólo es representante de un regulado, sino que es juez.

–¿Forma parte de las presiones que ha recibido el órgano regulador?

–Tejado sí, por supuesto.

–¿Es por el tema de la tercera cadena de televisión?

–Hay una curiosa coincidencia entre las acusaciones en mi contra y el proyecto de aprobar la tercera cadena de televisión.

–¿Explícitamente alguna de las dos televisoras privadas le han dicho que tienen problemas con la licitación de una tercera cadena?

–Al contrario. En una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes (Dionisio Pérez Jácome), uno de los representantes de esos dos grupos dijo que no tenía problema con esa licitación. En privado han dicho que no tienen problema alguno.

“Ahora poco me importaría lo que dijeran. No guío mi decisión en base a lo que digan los regulados. Los escucho, eso es cierto, pero no guío mis decisiones. Como ha mencionado Eduardo Pérez Motta (presidente de la Comisión Federal de Competencia), las presiones se sienten siempre en todo”, abundó De Swaan.

“Impasse” La suspensión del Programa de Concesionamiento de Frecuencias para Servicios de Televisión Abierta en la Cofetel coincidió con el impasse que se produjo a partir del martes 24 en la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el otro órgano regulador, cuyo presidente, Eduardo Pérez Motta, también ha estado bajo la presión de representantes de las dos televisoras.

Los cinco integrantes de la Cofeco resolvieron la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell y Grupo Televisa, pero decidieron dar a conocer el resultado de esta decisión 15 días después, “a más tardar el 7 de febrero”, argumentando el contenido del artículo 31-bis de la Ley Federal de Competencia.

“Por mandato del último párrafo del artículo 31-bis… la Comisión y todos sus funcionarios están imposibilitados de pronunciarse públicamente sobre el expediente hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes económicos involucrados”, advirtió el comunicado de prensa.

La ausencia de una versión oficial sobre el resultado del voto en torno a la concentración generó dos versiones encontradas: por un lado, que se rechazó por tres votos contra dos la operación por un monto de poco más de mil 600 millones de dólares que convertiría a Grupo Televisa en propietario de 50% de Grupo Iusacell, propiedad de Grupo Salinas, accionista de TV Azteca; por otro lado, se ventiló la versión de que se aceptaría la fusión siempre y cuando se cumplan varias condiciones que garanticen la competencia en los mercados de la televisión abierta y del triple y cuádruple play; es decir, los servicios convergentes de audio, video y telefonía móvil y fija.

Según una versión difundida por The Wall Street Journal, “un alto ejecutivo de Televisa” señaló que una decisión de la Cofeco contra la alianza “podría amenazar el futuro de Iusacell, que tiene sólo 4% del mercado de telefonía móvil y necesitaría de la inyección de los mil 600 millones de dólares ofrecidos por Televisa para sobrevivir y hacer competitivo el sector de telefonía móvil”.

Por lo pronto la incertidumbre provocó que en los tres días siguientes a la decisión del 25 de enero las acciones de Grupo Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores cayeran 8%.

Analistas financieros consultados por Proceso advirtieron que esta disminución en el valor de las acciones es resultado de que la decisión de la Cofeco, en cualquiera de los dos escenarios, implica condicionamientos, a pesar de las presiones ejercidas por las televisoras para que se aprobara sin afectación para sus intereses en los mercados de distribución de contenidos, de publicidad o de su dominio en televisión restringida.

Para el analista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, el argumento más débil a favor de la operación es que generaría competencia en telefonía móvil, y que no tendría relación alguna con otros segmentos donde Televisa y TV Azteca participan, como la televisión.

“Nadie se opone a que Televisa incursione en la telefonía móvil y complete su

Ariel Gutiérrez

T ELEC OMU NICA CI ONES

convergencia tecnológica. Sin embargo, por elemental concentración no sólo no puede sino que debiera prohibirse la alianza con el único competidor en televisión digital. De autorizarse la operación, México sería el único país del mundo en el cual dos empresas de contenido audiovisual, que además concentran 88% de las concesiones de televisión abierta, se articularían”, afirmó en un análisis previo a la sesión del martes 24 en el pleno de la Cofeco.

Para ninguno de los integrantes de los organismos reguladores (Cofeco y Cofetel) pasó inadvertido que en vísperas de las dos decisiones más importantes en este sector, durante este sexenio, Felipe Calderón visitara las instalaciones de Televisa San Ángel, el miércoles 18.

Un escueto boletín de la Presidencia confirmó que Calderón y Azcárraga “intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional” y que el mandatario fue acompañado por la coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República y vocera del gobierno federal, Alejandra Sota.

Ni Calderón ni Sota han externado ninguna posición frente a las presiones recibidas por los dos organismos reguladores ni ante la decisión de licitar o no una tercera cadena de televisión abierta.

A lo largo del sexenio calderonista se ventilaron varias posibilidades, pero ninguna se concretó. El esfuerzo más visible fue el de la trasnacional estaduniden-

Octavio Gómez

Calderón y su única cadena

Firmaron un acuerdo para transmitir, desde abril de ese año, 19 horas de programación en el Canal 9, propiedad también de Azcárraga Jean.

En febrero de 2008 Alejandro Burillo Azcárraga, primo del presidente de Televisa, solicitó ante la Cofetel la posibilidad de tener una frecuencia de televisión abierta a través de Grupo Pegaso.

En enero de 2011 Proceso dio a conocer en su edición 1783 que existía un proyecto para licitar este año dos cadenas de televisión abierta, en tecnología digital, que alcanzarían a cubrir 95% y 80% de la población nacional.

“Es congruente con lo dicho por el presidente Calderón el pasado 2 de septiembre cuando se puAzcárraga y Calderón. Duelo blicó el decreto de Televisión Digital Terrestre, pese General Electric, propietaria del holding ro también con lo anunciado por la propia de medios NBC-Universal-Telemundo, que Cofetel, el 14 de julio de 2010, cuando preanunció en 2006 su sociedad con el empre- sentamos nuestra agenda de trabajo”, afirsario mexicano Isaac Saba para formar la mó De Swaan. empresa Palmas 26.

El entonces comisionado de la Cofetel, El 15 de diciembre de ese año, una cam- Rafael del Villar, pronosticó que en agosto paña de linchamiento en las pantallas de de 2011 se darían a conocer los detalles de Televisa y de TV Azteca contra Isaac Saba y la licitación. El comisionado Gonzalo Marsus empresas de distribución farmacéuti- tínez Pous afirmó que le parecía “aventuraca impidió que este empresario continua- do” hablar de dos cadenas nacionales. ra su proyecto.

El 5 de octubre de 2011 la Cofetel preEn marzo de 2008 los empresarios de sentó el estudio de capacidad espectral paTelemundo decidieron aliarse a Televisa. ra la licitación de una tercera cadena. A sugerencia del comisionado Martínez Pous se aprueba y se realiza una consulta pública sobre esta posibilidad, en diciembre del mismo año. La consulta, no vinculante, arroja una mayoría de 90% de consultados a favor de la licitación de una tercera cadena.

El miércoles 11 el pleno de la Cofetel conoció informalmente el Programa de Concesionamiento de Frecuencias para servicios de Televisión Abierta y el miércoles 18 fue enlistado para su discusión. En esa sesión se incorporaron comentarios de forma, no de fondo, de dos comisionados. El único que expresó abiertamente su oposición fue José Luis Peralta. El comisionado Alexis Milo Caraza expresó dudas de si se trataría de una cadena nacional o regional.

En la sesión del miércoles 25, la mayoría de los comisionados estuvo de acuerdo en aplazar la aprobación del proyecto de concesión de una tercera cadena por “razones ajenas a la Cofetel”.

Hasta ahora se desconocen cuáles son Pérez Motta. Bajo fuego exactamente esas “razones ajenas”.

Fructífero cabildeo de los notarios JESUSA CERVANTES

D

espués de varios años de su guerra declarada al crimen organizado, el 20 de agosto de 2010, Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa contra el lavado de dinero para desmantelar las estructuras financieras de los grupos delictivos. Sin embargo su propio partido, el PAN, frenó la propuesta en la Cámara de Diputados al año siguiente.

La iniciativa llegó primero al Senado donde fue aprobada el 28 de abril de 2011.

De ahí se envió como minuta a la Cámara de Diputados donde los panistas la detuvieron tras detectar los cambios de última hora introducidos por la fracción priista, en especial los relacionados con las actividades de notarios y corredores públicos, quienes cabildearon para que sus operaciones quedaran libres de sanciones penales.

El documento del Ejecutivo propone establecer un nuevo “régimen de identificación y reporte de ciertos actos u operaciones vinculados a actividades que pueden ser vulnerables a ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien los financiamientos al terrorismo”.

En lo relativo a los “nuevos actores económicos”, insiste en que se reglamenten sus actividades por considerar que son susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de dinero. Y menciona las principa-

les: la construcción o renta de bienes inmuebles, tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, cheques de viajero, comercialización de metales o piedras preciosas, joyas o relojes, obras de arte, vehículos nuevos o usados, servicios de blindaje, traslado de custodia de valores.

La iniciativa también menciona los umbrales o montos de dinero de las operaciones de ese tipo de ilícitos, y tras advertir sobre la vulnerabilidad de los notarios y corredores públicos ante las bandas del crimen organizado; establece tres actividades de estos profesionales y propone someterlos a monitoreo.

Y aun cuando el Senado aprobó el documento, durante las discusiones –que se prolongaron un año– la Asociación Nacional del Notariado Mexicano pidió al presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Jesús Murillo Karam, hacer algunos ajustes con base en “derecho comparado y consistente con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales”.

Los legisladores escucharon el planteamiento del titular del organismo, Juan José Pastrana, pero no introdujeron ningún cambio. Pero las cosas cambiaron cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, donde debían discutirla y aprobarla, en ese orden, la Comisión de Hacienda, la de Justicia y las comisiones unidas. Los priistas hicieron algunas en-

miendas al texto, lo que los panistas consideraron que era un albazo y frenaron la discusión.

En San Lázaro los integrantes de la Comisión de Hacienda llevaban meses enfrascados en el tema. De hecho habían aprobado por consenso el documento el 16 de agosto de 2011 con cambios sustanciales que incluían a “nuevos actores sujetos de revisión”: los donativos.

El diputado petista Mario Di Costanzo propuso incluir donativos a sindicatos, partidos políticos e iglesias. Los panistas y priistas de la Comisión de Hacienda aceptaron la petición, a diferencia de sus pares en el Senado, que no le dieron cabida.

Los diputados de esa comisión determinaron incluir como actividades vulnerables o actividades sujetas a supervisión: “La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a mil 671 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal”. Incluso convinieron en notificar a la Secretaría de Hacienda cuando la donación rebasara 3 mil 344 veces el salario mínimo general.

El “albazo” de Benítez Treviño Los integrantes de la Comisión de Hacienda en San Lázaro ampliaron las actividades en las que notarios públicos y corre-

Germán Canseco

C RI M EN ORGAN IZ A D O

Cuando Felipe Calderón envió al Senado su contra el lavado de dinero en agosto de 2 iba bien, pues los legisladores la avalaron d casi íntegra, desoyendo aun a la Asociaci nal del Notariado Mexicano, que pedía exc agremiados... Pero todo cambió en la Cám putados, donde los priistas de la Comisión d simplemente modificaron la minuta para a un sector de los 4 mil 500 notarios nacio panistas de la otra comisión revisora, la de alegaron albazo y empantanaron las discus San Lázaro. Iniciativa atorada

dores pueden ser observados e incluso tener la obligación de dar “aviso” a la Secretaría de Hacienda, a través de su colegio o una asociación, para proteger al notario en particular cuando el acto del que dieran fe fuera igual o superior a los 500 mil pesos.

Según el artículo 17, fracción XII, del dictamen avalado por consenso el 16 de agosto de 2011, entre las actividades de los notarios públicos se incluyen la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.

E indica: “El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable; la constitución de toda clase de personas morales, su modificación patrimonial derivada del aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compra-venta de acciones y partes sociales de toda clase de personas morales; la constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomisos, y el otorgamiento de contratos de crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda”.

Por lo que atañe a los corredores públicos, la Comisión de Hacienda especificó que serían sujetos a revisión actos como:

“la realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior a 500 mil pesos; la constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles.”

Además de “la constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar, y en el otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero”.

En el documento consensuado, los legisladores de esa comisión incluyeron a los servidores públicos que, según la ley, pueden dar fe pública cuando se trate de entidades financieras, como las uniones de crédito y el Sistema de Ahorro para el Retiro, entre otras.

Respecto a los fedatarios públicos, el presidente de la Comisión de Justicia, el priista mexiquense Humberto Benítez Treviño, eliminó el rubro de un plumazo, con lo que avaló la petición que la Asociación de Notarios había hecho, sin éxito, el 5 de diciembre de 2010 a los senadores.

La noche del 9 de noviembre de 2011 –tres meses después de que las fracciones del PRI y del PAN en San Lázaro apro-

baran por “consenso” las especificaciones a los fedatarios tanto particulares como de gobierno–, los priistas de la Comisión de Justicia presentaron un documento totalmente distinto en el que modificaron incluso los montos fijados para que los involucrados dieran aviso a las autoridades hacendarias.

En su convocatoria, los integrantes de la comisión que preside Benítez Treviño adelantaban que la discusión sería “positiva”; aun así los nueve lugares de los diputados del PAN estuvieron vacíos, excepto el que ocupó María Antonieta Pérez, quien durante más de dos horas argumentó en contra. No obstante circuló un oficio firmado por el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda, en el que anunciaba su rechazo al nuevo dictamen.

Respaldado por su coordinador parlamentario Francisco Ramírez Acuña, Becerra Pocoroba intentó dar línea a sus compañeros panistas. Según él no se trataba del dictamen aprobado tres meses antes por la Comisión de Hacienda. Incluso dijo a sus correligionarios que el correo electrónico que habían recibido horas antes era falso: “Ese documento (aprobado por consenso por los integrantes de la Comisión de Hacienda) sigue siendo la postura oficial… no ha habido discusiones subsecuentes en relación al tema en el seno de dicha comisión. Por ello –agregó– el dictamen que hoy se someterá a la consideración de la Comisión de Justicia no ha sido consensuado con los miembros de la comisión que me honro en presidir.”

Y añadía: “El día de hoy por la mañana se envió un correo electrónico a los miembros de esta comisión integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el que se afirmaba que sus correligionarios miembros de la Comisión de Hacienda tienen conocimiento y han consentido las modificaciones que el proyecto a discusión tiene. Lo anterior es un hecho alejado de la realidad, ya que el proyecto no se ha consensado entre los miembros de este grupo parlamentario, así es que es preciso aclarar la falsedad del contenido del correo respectivo”.

Becerra Pocoroba también informaba a sus compañeros que su coordinador parlamentario le pedía la aclaración.

La diputada María Antonieta Pérez pidió que no se votara el dictamen. En entrevista expuso que “se elimina la responsabilidad que tendrían los notarios públicos para dar a conocer ante las autoridades un posible lavado de dinero”.

Finalmente, en el texto que presentó Benítez Treviño a los diputados que integran la comisión que él preside, hay cambios en la fracción XII del artículo 17 en la que las actividades sujetas a revisión

El corruptor dinero sucio J. JESÚS ESQUIVEL

W

ASHINGTON.- Según expertos de Wall Street, la participación de instituciones financieras de Estados Unidos en el lavado de dinero del narcotráfico mexicano es una de las principales preocupaciones de Washington en la guerra contra las drogas. Como los cárteles mexicanos dominan el trasiego de drogas a escala mundial, su influencia y poder de corrupción en México y Estados Unidos son un gran obstáculo para detener el blanqueo de capitales.

“El flujo de los miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico puede tener un gran poder corruptor tanto en México como en Estados Unidos”, dice en entrevista con Proceso Kieran Beer, analista financiero de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés).

Para los gobiernos de México y Estados Unidos es un gran reto confiscar el dinero procedente del narcotráfico antes de que se utilice para promover actividades criminales, acota Beer.

–¿En Wall Street hay preocupación de que el poder corruptor del narcotráfico afecte el resultado de las elecciones presidenciales mexicanas del 1 de julio o incluso pueda estar presente en el financiamiento de las campañas?

–Está claro que los criminales quieren tener en la bolsa a los funcionarios públicos.

También es cierto que habrá políticos que de manera cínica protegerán a los narco-

traficantes y algunos funcionarios buscarán que se reduzcan los recursos destinados a combatir al narcotráfico. Esto puede interpretarse como corrupción –señala Beer, sin responder del todo la pregunta.

Sumas incalculables

Germán Canseco

De acuerdo con especialistas de Wall Street consultados por este semanario, es imposible saber la cantidad exacta del dinero producto del narcotráfico que se lava entre México y Estados Unidos. Sin embargo, algunos cálculos estiman que la cifra podría oscilar entre 35 mil y 40 mil millones de dólares al año.

Hace poco, refiere Beer, instituciones financieras y bancarias de Estados Unidos fueron multadas por el Departamento del Tesoro debido a su presunta “ingenua o inconsciente participación” en el lavado de dinero del narcotráfico mexicano.

“Son pocas las instituciones financieras multadas; no obstante, aunque fueron sancionadas por el gobierno federal, éste no da a conocer detalles acerca de la relación que tienen los bancos estadunidenses con los narcotraficantes mexicanos”, afirma el especialista.

En documentos de los departamento del Tesoro y de Justicia que fueron mostrados a Proceso por Beer, se menciona el caso de seis instituciones financieras de Estados Unidos multadas o sancionadas de palabra por su participación en el lavado de dinero para el narcotráfico mexicano.

En la información referida se indica que

y las especificaciones de ciertos actos de los fedatarios se redujeron a dos renglones: “La prestación de servicios de fe pública, en términos de lo dispuesto por la legislación federal y local aplicable a la materia”.

Documento a modo

Di Costanzo. Difícil vigilancia

Por lo que atañe a los donativos que reciban las iglesias, partidos políticos o sindicatos, la Comisión de Justicia aumentó el monto, lo cual, según el petista Mario Di Costanzo, integrante de la Comisión de Hacienda y autor de la propuesta, hace menos probable su indagación o aviso ante las autoridades hacendarias.

Así, en el dictamen de la Comisión de Justicia los montos de los donativos fijados por la Comisión de Hacienda en 100 mil pesos, pasaron a ser de mil 671 veces el salario mínimo general. Con respecto a

Zions Bank, de Utah, es la última institución bancaria estadunidense multada por el Departamento del Tesoro. También se consigna que el 11 de febrero de 2011 Zions Bank fue sancionado con 8 millones de dólares por “no reportar el depósito de miles de millones de dólares que, sus clientes mexicanos señalados como de alto riesgo, hicieron en transacciones remotas en moneda extranjera”.

El 16 de marzo de 2010 el Departamento de Justicia anunció una multa de 160 millones de dólares al banco Wells Fargo porque mediante una de sus subsidiarias (que ya no existe), Wachovia Bank, “no cumplió con la instrumentación de medidas para detectar y detener el lavado de dinero” durante operaciones de depósitos y envíos de dinero que realizó con las casas de cambio mexicanas.

“Wachovia no pudo monitorear de manera efectiva las actividades potenciales de lavado de dinero en transacciones financieras por unos 420 mil millones de dólares a las casas de cambio de México, pese a que sabía que algunos bancos (estadunidenses) habían suspendido sus negocios con las casas de cambio mexicanas”, sentenció el fallo.

En febrero de 2010 el Departamento de Justicia, a nombre del gobierno de Arizona, multó con 94 millones de dólares a la empresa financiera Western Union (dedicada a la transferencia de envíos de dinero dentro y fuera de Estados Unidos), por su incongruencia y falta de acción para combatir el lavado de dinero y el tráfico de personas en México.

“La multa estableció que Western Union debía entregar a las autoridades de Arizona su base de datos de transacciones nacionales”, indican los documentos para después

“dar aviso a las autoridades hacendarias”, mientras los integrantes de la Comisión de Hacienda establecieron un monto de 200 mil pesos, la de Justicia lo fijó en 3 mil 343 veces el salario mínimo en el Distrito Federal; es decir, 208 mil 369 pesos con 19 centavos.

“Hicieron cambios arbitrarios, los umbrales de montos los aumentaron y eliminaron lo de los notarios”, reclamó la diputada Pérez. Di Costanzo también se manifestó contra la eliminación de las especificaciones hacia los notarios y corredores públicos, así como de los fedatarios púbicos que el gobierno faculte como tal para entidades financieras.

“La ley ahora es ambigua, lo cual abre la posibilidad a que un notario recurra a un amparo, pues no se fijan ni montos ni actos en específico”, dice Di Costanzo; “además, sujetan a los notarios a las leyes locales cuando esta es una ley federal. Ello

C RI M EN ORGAN IZ A D O

aclarar que la empresa rechazó la orden y que esto se justificó después de que pagara la multa que se le impuso.

MoneyGram es una institución financiera dedicada a la transferencia de dinero a México y América Latina sujeta a investigación por parte de los departamentos de Justicia y del Tesoro debido a su presunta participación en operaciones de lavado de dinero.

Sin embargo, los documentos oficiales no establecen la imposición de multas a MoneyGram y sólo revelan que la investigación se efectúa “por su relación con las casas de cambio de México y porque aumentó el número de agentes y oficinas que tiene en la frontera sur desde donde se han comenzado a transferir varios millones de dólares”.

Otra de las empresas sancionadas es la californiana Sigue, que se dedica a la transferencia de dinero a México. El Departamento del Tesoro amenazó a esta institución con aplicarle una multa de 15 millones de dólares si no entrenaba a sus 8 mil empleados o agentes en técnicas para detectar lavado de dinero.

“Se considera que Sigue realizó transacciones sospechosas por unos 25 millones de dólares durante un periodo de 17 meses, que se inició en enero de 2008”, destaca el expediente del Departamento del Tesoro. Sigue cumplió con el mandato y evitó la multa.

El año pasado el Union Bank of California pagó una multa de 21.6 millones de dólares al Departamento del Tesoro por “permitir deficiencias en los mecanismos contra el lavado de dinero bajo el secreto bancario, lo cual permitió que entre 2003 y 2004 narcotraficantes mexicanos lavaran varios millones de dólares”, consignan los documentos.

El especialista de ACAMS sostiene que la relación entre los bancos estadunidenses y las casas de cambio de México “es el método más tradicional” para lavar dinero procedente de la venta de drogas. No obstante aclara que “si se aplicaran las leyes de manera cabal” por encima del secreto bancario, el Departamento del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos podrían muy fácilmente contener el flujo de dinero ilegal que termina en manos del narco mexicano.

En su edición del pasado 4 de diciembre, The New York Times publicó a ocho columnas que la agencia antidrogas estadunidense (DEA), con la anuencia del gobierno de Felipe Calderón, lava dinero para los cárteles del narcotráfico mexicano.

“A lo largo de la frontera los agentes de la DEA han manejado cargamentos de cientos de miles de dólares en efectivo, con el objeto de identificar a las organizaciones criminales que mueven el dinero, ubicar dónde tienen los bienes y quiénes son sus líderes”, enfatiza la nota de Ginger Thompson.

El despacho del rotativo aclara que la participación de la DEA en el lavado de dinero del narcotráfico mexicano, como parte de la estrategia de combate al mismo, es una práctica común en todo el mundo, pero que en el caso de México se había suspendido en 1998 debido al escándalo de la Operación Casa Blanca –con la cual Estados Unidos violó la soberanía mexicana–, para ser restablecida al iniciar el sexenio de Calderón.

Al preguntársele acerca de la participación de la DEA en el lavado de dinero del narcotráfico, Beer comenta que esto no debería sorprender a nadie. “En todas las instituciones financieras de Estados Unidos es

un secreto a voces; además, creo que para saber hacia dónde se dirige la corriente de un río, por lo menos hay que mojarse la mano para saberlo”.

El especialista en estrategias contra el lavado de dinero aclara que ignora cuáles bancos mexicanos podrían estar participando en el lavado de dinero del narcotráfico mexicano, e incluso en las operaciones que realiza la DEA con autorización del gobierno calderonista y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los tentáculos de los cárteles del narcotráfico de México se han expandido tanto a escala internacional durante el sexenio de Calderón, que los especialistas de ACAMS han detectado su participación en el lavado de dinero en países de África, Medio Oriente y Europa.

De acuerdo con Beer, el narcotráfico mexicano tiene una participación cercana a los 60 mil millones de dólares procedentes de diversas actividades criminales que se lavan anualmente en todo el mundo. Basa sus estimaciones en cálculos realizados por la ONU. –¿Es México el país de América Latina con el problema más grave de lavado de dinero? –se le pregunta a Beer.

–No podría afirmarlo así, aunque es el punto más importante en todo el mundo para el paso de las drogas hacia Estados Unidos.

“Por ahora Argentina es la nación latinoamericana con el problema más agudo en materia de lavado de dinero, porque avanzan muy lento en la aplicación de leyes (al respecto) y porque la corrupción de funcionarios públicos por intereses políticos es más latente”, remata el experto. O

sin contar que cada estado tiene reglas distintas sobre este tipo de actividades”.

Añade que dicha ambigüedad abre una rendija para que todos los fedetarios que pudieran estar involucrados con el crimen organizado se escabullan de la justicia, pues mientras ocurre un juicio de amparo se pueden modificar los montos y los documentos de los que hayan dado fe.

Luego del albazo de la Comisión de Justicia, su par de Hacienda, presidida por el panista Becerra Pocoroba, se ha negado a convocar a sus integrantes a una reunión para destrabar el asunto de los fedatarios.

Antes de que el dictamen se someta al pleno de la Cámara de Diputados ambas instancias legislativas deben avalar el dictamen. Por lo que se ve hasta ahora, los priistas –quienes cuentan con 32 de los 62 diputados con derecho a voto– pueden sacar adelante el documento aprobado por la Comisión de Justicia.

Por lo pronto, mientras la comisión que preside el priista Benítez Treviño ofrece privilegios a los aproximadamente 4 mil 500 notarios nacionales, su correligionario jalisciense Arturo Zamora presentó el pasado 21 de diciembre una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la que propone fijar responsabilidades a las empresas y no sólo a las personas físicas que participen en actividades relacionadas con el lavado de dinero.

En su documento Zamora puntualiza que las sanciones deben incluir a los accionistas, dueños o gerentes de empresas con multas, suspensión de actividades, decomiso y hasta disolución de la sociedad anónima o de capital variable.

Dice que si alguna empresa o persona moral se fusiona o elimina durante la indagatoria, pero la indagatoria determina que está implicado en alguna ope-

ración del lavado de dinero, eso “no será obstáculo para aplicar las sanciones a la nueva persona moral o a la persona moral escindida”.

Y mientras los diputados del PRI eximen de culpas a los notarios que pudieran dar fe de un acto relacionado con el delito de lavado de dinero o terrorismo y proponen nuevas leyes contra las empresas o personas morales, como las que, dicen, se aplican en España, Dinamarca, Noruega y Suecia, las fracciones del PAN y del PT aún no convocan a sus huestes para que reactiven el debate.

La propuesta de Zamora, en el caso de las empresas, incluye parte de las recomendaciones del reporte contra OD FRUUupción difundido por la OCDE el pasado 14 de octubre. En él se mencionan el alto grado de corrupción en México y que el delito del lavado de dinero esta íntimamente ligado con el de la corrupción. O

Hemorragia de capitales ilícitos HOMERO CAMPA

Imaginechina /Liang xiaopeng

E

n las últimas cuatro décadas ha salido de México capital ilícito –el que viene de actividades ilegales o el legal que se transfiere sin pagar impuestos– por un monto de 872 mil millones de dólares.

Más aún, los flujos financieros ilícitos (FFI) de México hacia el extranjero han aumentado “dramáticamente”: si en 1970 salieron alrededor de mil millones de dólares, para 2010 la cifra se disparó a 68 mil 500 millones, alcanzando su máximo en 2007, cuando del país salieron 91 mil millones de dólares.

Sólo en la última década (2000-2010), los capitales ilícitos salieron de México en un promedio anual de 49 mil 600 millones de dólares, equivalentes a 6.1% del producto Interno Bruto (PIB). Es decir, esta sangría “superó el ritmo anual del crecimiento económico” del país que, según datos del Inegi, fue de 2% en ese periodo.

Tales son algunas estimaciones del informe México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía informal, realizado por Global Financial Integrity (GFI), una prestigiada organización no gubernamental con sede en Washington que se especializa en la investigación de movimientos trasfronterizos de recursos ilegales.

El informe de 96 páginas, publicado este domingo 29, señala que el método preferido para sacar capital ilícito de México es “la facturación fraudulenta” de productos de empresas exportadoras. Así, en las últimas dos décadas, salió por esa vía 80% de los recursos ilícitos.

Para dar una idea de la dimensión de las cifras que ofrece el informe de GFI, baste decir que los 870 mil millones de dólares de dinero ilícito que salieron de México en las últimas cuatro décadas equivalen a 83% del valor que en 2010 tuvo la economía del país (la decimotercera del mun-

C RI M EN ORGAN IZ A D O La falta de control en las aduanas mexicanas y la opacidad del sistema bancario internacional son aprovechadas por la delincuencia organizada y los evasores fiscales para sacar ilegalmente del país miles de millones de dólares cada año. La tendencia se ha mantenido ascendente durante ya cuatro décadas, superando con mucho el ritmo de crecimiento del país, lo que limita seriamente su desarrollo, alerta el informe de la organización Global Financial Integrity. do) y que el promedio anual de los flujos financieros ilícitos en la última década (49 mil 600 millones de dólares) es casi igual al paquete de rescate de 50 mil millones de dólares que Washington, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras otorgaron en 1995 para salvar a la economía mexicana tras la crisis del llamado “error de diciembre”.

Incluso la cifra del presupuesto federal para combatir la pobreza en México (295 mil 202 millones de pesos en 2011, que al tipo de cambio actual equivalen a 21 mil 987 millones de dólares) palidece ante el monto de capitales ilegales que salieron del país en 2007 (91 mil millones de dólares) y en 2010 (68 mil 500 millones de dólares).

Pese a ello el informe de GFI advierte que sus cifras son “conservadoras”, pues no incluyen los flujos ilícitos procedentes del tráfico de drogas y otras actividades ilegales, como trata de personas, contrabando de bienes y comercio sexual, que “suelen liquidarse en efectivo y no quedan reflejadas en las estadísticas económicas”.

Con todo “sólo China (de donde fluyeron 2 billones 740 mil millones de dólares la década pasada) supera a México en la cantidad de dinero ilícito que sale cada año de su economía”, comenta el economista Dev Kar, experto en flujos financieros ilícitos y, junto con Sarah Freitas, autor del informe de GFI sobre México.

En entrevista con Proceso por correo electrónico, Kar expone: “Los flujos financieros ilícitos que salieron de México en la última década significan una cantidad de dinero que cualquier país en desarrollo no debe darse el lujo de perder. Esos flujos al exterior quitan a México los fondos que le son tan necesarios para fomentar el desarrollo económico y reducen los ingresos fiscales que el gobierno necesita para financiar la educación y la salud, aliviar la pobreza y luchar contra los cárteles de la droga”.

De crisis en crisis El informe considera FFI a los que tienen origen en alguna actividad ilegal y a los obtenidos por actividades legales pero transferidos sin el pago correspondiente de impuestos o violando las normas de cambios de divisas.

Dado que los FFI no se registran, es difícil medirlos con precisión. No obstante, es posible calcularlos a partir de modelos matemáticos de simulación económica.

GFI utiliza varios de éstos en su informe, entre ellos el “modelo residual” del Banco Mundial.

El informe explica: este modelo “refleja la diferencia entre el origen y el destino de los fondos de un país que, en un mundo perfecto, deberían ser iguales. En la práctica no es así. Si la fuente de fondos de un país es superior a su uso, esto implica que el capital que falta se ha filtrado fuera de las cuentas exteriores del país o de la balanza de pagos. Dado que no hay ninguna razón para que las transferencias de capital legal no queden registradas, se parte de la idea de que las transferencias de capital no registradas están relacionadas con fondos ilícitos.

“Así, el valor residual o la diferencia entre las fuentes registradas de fondos de un país (préstamos entrantes e inversión extranjera directa neta) y el uso de fondos (financiación de la cuenta corriente y el cambio en las reservas del banco central) permite seguir los movimientos de capital no registrados. Si la fuente de los fondos es superior a su uso, entonces se ha producido una transferencia de capital no registrado o ilícito desde el país.”

El informe señala que la salida de capital ilícito representó 5.2% del PIB anual de México las últimas cuatro décadas, pero llama la atención que en los 17 años posteriores a la firma del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) dichos flujos crecieron a 6.3% del PIB. Esta tendencia también se registró en relación con la deuda externa: en 1970 los FFI equivalieron a 15% de la deuda y para 2010 se incrementaron a 28.7%.

El estudio analiza las seis crisis económicas que sufrió México en esas cuatro décadas. Expone que la salida de capital ilícito se incrementó tanto durante el año en que sucedió la crisis como durante el siguiente. Por ejemplo, en la “crisis del peso” de 1994 –“la más grave que haya sufrido México en ese periodo”–, “los flujos de salida ascendieron a 3.8% del PIB, lo que prácticamente triplicó el promedio de 1.3% del PIB del periodo 1992-1993”. Pero en 1995, un año después, los flujos financieros ilícitos que salieron del país se dispararon a un monto equivalente a 12.5% del PIB. Y en la crisis económica mundial de 2007, la salida de flujos ilícitos de México “se elevó hasta 8.8% del PIB, mientras que la media anual entre 2005-2006 fue de 5.5%”.

Facturación fraudulenta El informe subraya “la facilidad” para sacar dinero ilícito de México a través de la facturación fraudulenta, que consiste en facturar por debajo de los precios establecidos en las exportaciones y por arriba de ellos en las importaciones. Dado que la población común no comercia con el exterior, los responsables de esta sangría son “principalmente empresas privadas, nacionales como multinacionales”, comenta Kar en la entrevista.

En el informe se hace notar que el uso de este método ha sido más frecuente después de 1994: “A pesar de que firmar el TLCAN supuso grandes ventajas para México, también fue un gran incentivo para transferir capital ilícito al extranjero.

Entre 1994 y 2010 el TLCAN, al parecer, facilitó la salida de flujos ilícitos por 561 mil millones de dólares a través de la facturación fraudulenta”.

En gran medida esto es posible por la corrupción en las aduanas y los deficientes sistemas de control en ellas, se dice en el informe.

Y Kar especifica en la entrevista: “Una supervisión efectiva por parte de las autoridades aduaneras y medidas complementarias realizadas por otras dependencias gubernamentales, tales como la Secretaría de Hacienda o el banco central, son esenciales para reducir la facturación fraudulenta. Cualquier corrupción en la administración de las aduanas y en otras agencias del gobierno obstaculiza significativamente los esfuerzos para disminuir la manipulación de los precios en el comercio”.

De hecho, en su informe GFI expone una serie de recomendaciones para frenar

HOMERO CAMPA

E

l gobierno de México propuso al de Estados Unidos intercambiar de manera automática información sobre los intereses que pagan los bancos de un país a los residentes del otro con el propósito de “detectar, prevenir y combatir la evasión de impuestos, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado”, pero Washington desestimó la propuesta.

El 9 de febrero de 2009 Agustín Carstens, entonces secretario de Hacienda y actual gobernador del Banco de México, envió una carta a Timothy Geithner, secretario del Tesoro de Estados Unidos, para pedirle considerar esa “iniciativa” e incluso le sugirió crear un “grupo especial de trabajo bilateral”, integrado por expertos, para que emita recomendaciones en la materia.

En su misiva, Carstens describe a Geithner las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón para ampliar y aumentar los ingresos públicos, así como la “lucha sin precedentes contra la ilegalidad, el crimen organizado y los cárteles de la droga”.

“El apoyo material de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida también será esencial para mejorar las capacidades de reacción y respuesta del gobierno mexicano frente a las actividades del crimen organizado”, enfatiza Carstens.

Y añade que la Secretaría de Hacienda está “mejorando sus bases de datos y análisis, así como la selección

de objetivos”, lo que ha derivado en “un creciente decomiso de drogas y dinero en las aduanas, así como en una mayor efectividad en el trabajo de auditoría fiscal”.

“Para continuar con estos esfuerzos, tanto fiscales como de aplicación de la ley (…), México y Estados Unidos deberían empezar a compartir información sobre los intereses que los bancos de un país pagan a los residentes del otro”, señala Carstens a Geithner.

Argumenta: “Ya sean algunos de nuestros contribuyentes movidos por el simple afán de evadir impuestos o, más peligroso aún, criminales que buscan esconder en uno de nuestros dos países el efectivo que obtuvieron de fuentes ilícitas en el otro, ambos encuentran la forma de lograr su objetivo abriendo cuentas en los bancos” de la nación vecina.

“Más aún, por el hecho de que Estados Unidos no grava los intereses pagados por los bancos a extranjeros residentes y que ambos países no cuentan con un mecanismo sólido y confiable para verificar la verdadera residencia de los depositantes foráneos, simplemente estamos permitiendo a ambos, evasores y criminales, que muevan su dinero y se beneficien de él.”

Luego Carstens recuerda que existe un Tratado Impositivo Bilateral que permite a México y a Estados Unidos intercambiar regularmente información sobre una base de “caso por caso”. Además existe un “intercambio voluminoso de información sobre el pago de intereses (entre corporaciones), dividendos y regalías”.

“Sin embargo –señala Carstens a Geithner–, no intercambiamos información sobre Archivo Proceso

la facturación fraudulenta. Entre ellas, un programa informático que ayude a las autoridades a detectar los precios anormales en las importaciones y exportaciones.

“Este software ha sido desarrollado y el gobierno mexicano podría adoptarlo de manera rápida”, comenta Kar. El estudio de la organización no gubernamental considera otros factores que inciden en la salida de capital ilícito del país.

Mediante modelos de simulación relaciona las políticas macroeconómicas (oferta monetaria, gasto público, ingresos públicos, impuestos directos y nivel de precios) con factores estructurales, como la liberación comercial y desigualdad de la renta, y con la “gobernanza” y la economía informal.

Concluye que “los desequilibrios económicos y el crecimiento de la economía informal (que ocupa a 30% de la población activa) contribuyeron significativamente a la salida de flujos ilícitos del país” en el periodo analizado: de 1970 a 2010.

Por ejemplo, “existe una fuerte interacción entre la economía informal y el aumento de los flujos financieros ilícitos hacia el exterior, de forma que aquella impulsa a éstos y viceversa”. Y señala que “la economía informal está relacionada con la situación general de gobernanza (eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado)”, pues cuando ésta es débil y existen altos niveles de corrupción, la economía informal es mayor.

Kar completa: “El crecimiento de la economía informal ha sido un gran impulsor de las salidas ilegales en los últimos años (…) Después de todo, en la economía informal es donde se realizan las actividades ilegales y es razonable encontrar que entre mayor sea ésta, más puede financiar la transferencia trasfronteriza de capitales ilícitos. En la economía informal nacional es donde primero se genera

el capital ilícito y donde surge la necesidad de generación de capital antes de que sea transferido”.

Capitales en fuga

Aduanas. Punto de salida

¿Hacia donde van los capitales que salen de México? El informe de GFI indica los principales “destinos” con base en información publicada por el Banco de Pagos Internacionales. Sin embargo, advierte, es imposible distinguir cuáles capitales son lícitos e ilícitos, por lo que estos datos incluyen ambas modalidades.

Así, “Estados Unidos es, con mucho, el destino favorito de los depósitos en el extranjero del sector privado mexicano”: éstos pasaron de 8 mil millones de dólares en 2002 a 12 mil 700 millones en 2010, lo que implica un incremento de casi 60%.

El segundo es la serie de Centros Financieros Extraterritoriales (llamados co-

C RI M EN ORGAN IZ A D O

los intereses que pagan los bancos de un país a los residentes del otro”. Le recuerda incluso que Canadá y Estados Unidos “implementaron este mecanismo desde hace años” y que México y Canadá hicieron lo mismo.

Entonces lanza su propuesta: “Al ser el mayor bloque comercial del mundo bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y enfrentar amenazas a la seguridad considerablemente mayores que hace un decenio, sinceramente creo que deberíamos incrementar nuestra cooperación y reforzar nuestras capacidades para proteger nuestra riqueza y a nuestros pueblos. El intercambio de información sobre los intereses que pagan los bancos sin duda nos proporcionará una poderosa herramienta para detectar, prevenir y combatir la evasión de impuestos, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado”.

En tono comedido, Carstens le dice a Geithner: “Si usted está de acuerdo en dar entrada a esta iniciativa, México está abierto a recibir cualquier sugerencia de su parte sobre si considera más apropiado adaptar el actual instrumento legal bilateral o crear uno nuevo con este propósito”.

Y sugiere que un representante de la Secretaría de Hacienda en Washington se reúna con un funcionario del Departamento del Tesoro que Geithner designe para “iniciar deliberaciones”. Propone incluso la creación de un grupo especial de trabajo bilateral, integrado por expertos en la materia, para que “se reúna regularmente durante los próximos meses” y cuyas recomendaciones “se someterían a nuestra consideración”.

Eso fue en febrero de 2009.

Sin embargo, Estados Unidos lleva casi tres años “sin responder a esta solicitud directa procedente de su convulso vecino del sur, error que es necesario corregir inmediatamente”, escribe Raymond W. Baker, director de Global Financial Integrity (GFI), en la presentación del informe que esa organización realizó sobre los flujos financieros ilícitos que salen de México.

En entrevista con Proceso, Baker explica los beneficios de este sistema de intercambio automático de información fiscal, el cual, comenta, Estados Unidos y Canadá aplican desde los setenta.

Dice: “Si un ciudadano estadunidense abre una cuenta en un banco de Canadá, las autoridades de ese país notifican automáticamente al Servicio de Impuestos de Estados Unidos la existencia de la cuenta y el monto de los intereses que ésta devenga. Con base en ello, los funcionarios fiscales pueden calcular el valor total de la cuenta bancaria. Algo similar sucede a la inversa: se aplica a los ciudadanos canadienses que hacen depósitos bancarios en Estados Unidos”.

Comenta que esto es justo lo que pide México a Washington: un trato similar al otorgado a Canadá.

Señala que ante la ausencia de un acuerdo de este tipo, las autoridades mexicanas tienen dificultades para detectar cuentas bancarias sospechosas de sus ciudadanos en Estados Unidos. Afirma que esto facilita la evasión de impuestos, la salida de flujos financieros ilícitos y el lavado de dinero.

múnmente “paraísos fiscales”) ubicados en el Caribe (Bahamas, Bermudas, Islas Caimán, Curazao, Panamá y Antillas Neerlandesas): ahí los depósitos pasaron de 2 mil 700 millones de dólares en 2002 a 5 mil millones en 2010; un aumento de 85%.

El tercero lo constituyen los “paraísos fiscales” europeos de Guernsey, la isla de Man, Jersey, Luxemburgo y Suiza. En ellos, los depósitos del sector privado mexicano se incrementaron de 2 mil 200 millones de dólares en 2002 a 3 mil 400 millones en 2010, “tras alcanzar un máximo de casi 5 mil millones en 2007”.

Después se menciona a los bancos de países europeos desarrollados, como Francia, Alemania y el Reino Unido. “Los depósitos en estos bancos se multiplicaron más del doble, pasando de mil 200 millones de dólares en 2002 a 3 mil millones en 2010”.

Los depósitos legales e ilegales del sector privado mexicano en el extranjero du-

rante 2010 sumaron 24 mil 100 millones de dólares, equivalentes a 303 mil 660 millones de pesos al tipo de cambio promedio de ese año, una cantidad superior en 52 mil millones de pesos (17%) a todo el presupuesto de la SEP para este año, que es de casi 252 mil millones de pesos, o bien, equiparables a 83% de los presupuestos juntos de la SEP y de la Secretaría de Salud.

En su informe, GFI critica la falta de transparencia de los paraísos fiscales pero también del sistema bancario internacional, que impide detectar los flujos ilícitos de dinero. Esas instituciones no ofrecen información a gobiernos y agencias reguladoras sobre los “propietarios reales” de empresas fiduciarias, fundaciones o sociedades anónimas (muchas de ellas ficticias), lo que facilita el blanqueo de capital ilícito.

A pregunta expresa de Proceso, Raymond W. Baker, director de GFI, reconoce que “los cárteles de la droga y otras orga-

Octavio Gómez

La propuesta ignorada

Carstens. Desairado

Subraya: “El intercambio automático de información fiscal haría más difícil que ciudadanos mexicanos depositen secretamente dinero ilegal” en Estados Unidos, país que, según GFI, es el principal destino de los depósitos lícitos e ilícitos del sector privado mexicano. O

nizaciones criminales utilizan las transacciones comerciales legítimas para lavar sus ganancias”. Comenta que “Los Angeles Times informó en diciembre pasado que los cárteles mexicanos usan tácticas para lavar dinero con base en el comercio”. Señala que ese tipo de transacciones comerciales está previsto en el informe del GFI. “Sin embargo –aclara– no podemos determinar qué parte de la manipulación de los precios en el comercio que aparece en nuestro informe es atribuible a las actividades de los cárteles de la droga.”

Y añade: “La facturación fraudulenta de los precios es esencialmente una forma de lavar dinero basada en el comercio. La facilidad con la que actualmente los precios pueden ser manipulados para desplazar discretamente dinero a través de las fronteras representa un riesgo de seguridad nacional para México, Estados Unidos y, de hecho, para otros países”. O

esofoto

Benjamín Flores

Rubén Espinosa / Proc

Miguel Ángel Carmona / Procesofoto

Javier Duarte

Miguel Alemán

Fidel Herrera

Otra deuda

exorbitante Con base en cifras de Hacienda y del Inegi, legisladores panistas federales y locales de Veracruz revelan que en 11 años esa entidad ha hecho crecer desproporcionadamente su deuda pública. En poco más de una década, afirman, el adeudo estatal se elevó más de 67 mil por ciento y ahora la entidad debe pagar unos 60 mil millones de pesos, para lo cual ya comprometió las participaciones federales de los próximos 30 años... “Algo anda mal”, concluyen, aunque no es posible castigar esa irresponsabilidad, porque todo se ha hecho con el aval del Congreso local.

ES TADOS / V ER A C R U Z REGINA MARTÍNEZ

V

ERACRUZ, VER.- Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán, exmandatarios, y Javier Duarte, actual gobernador y quien fue secretario de Finanzas de aquél, contribuyeron a que la deuda del estado de Veracruz en 11 años (de 2000 a 2011) haya tenido un crecimiento acumulado de 67,000%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Aunque oficialmente Veracruz sólo tiene registrada ante Hacienda su deuda con instituciones bancarias –que al 31 de marzo del año pasado era de 21 mil 874 millones 400 mil pesos–, diputados de oposición afirman que el monto real es de más de 60 mil millones, por adeudos acumulados en otros rubros.

La administración veracruzana ha comprometido los recursos e las participaciones federales de os próximos 30 años para pagar líeas de crédito contratadas desde el obierno de Alemán Velasco, que en 2004 le dejó al estado una deuda de 3 mil 500 millones de pesos, la que hoy se acerca oficialmente a 22 mil millones.

Un análisis del área económica del grupo legislativo del PAN en el Congreso de la Unión sobre la deuda de los estados –elaborado con datos de la SCHP, el Inegi y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– calificó de “sorprendente” el caso de Veracruz.

En el análisis del periodo 2000-2011, la deuda veracruzana creció 67 mil 939% al llegar el último año a 21 mil 874 millones de pesos, dice a este semanario el legislador federal Luis Enrique Mercado.

Según el estudio sobre la deuda de las entidades federativas, difundido en agosto pasado, explica que si los estados tuvieran que pagar sus adeudos en estos momentos, en promedio invertirían 60% de las participaciones federales, “lo que constituiría un problema financiero”.

En torno a Veracruz, asegura que cualquier pasivo que crece 67,000% indica que algo anda mal y aunque se ha actuado de manera irresponsable, en este momento “no hay ninguna sanción, ya que son entidades soberanas y corresponde al Congreso local poner freno a esa velocidad de endeudamiento”.

Gasto corriente, en riesgo El senador veracruzano Juan Bueno Torio afirma que la deuda pública en las enti-

dades creció de manera desproporcionada, ya que en 2000 era de 90 mil 731 millones de pesos y al 30 de septiembre de 2011 había llegado a 358 mil 501 millones.

Con excepción de Tlaxcala, que mantenía su endeudamiento en cero, y Querétaro, que lo redujo 7%, las obligaciones financieras de entidades y municipios se cuadruplicaron en los últimos 11 años, significando ya una tercera parte de las participaciones federales para los estados, dice a Proceso.

“Esto representa un aumento global de 295.1% en términos nominales y de 144.8% en términos reales, observándose una tendencia a incrementar su deuda pública pese a que han aumentado las participaciones federales para los estados”, apunta.

El también subcoordinador de política económica de la bancada panista en el Senado explicó que en 2000 las participaciones federales que recibieron los estados por los ramos 28 y 33 fueron de 357 mil millones de pesos, en 2011 fueron 915 mil millones y en 2012 serán 985 mil 953 millones.

No obstante considera que ante el crecimiento de la deuda pública en estados y municipios “hay un riesgo latente de que una parte sustancial de esos recursos sean destinados a cubrir pasivos en el corto y mediano plazos”, lo que imposibilitaría el pago de su gasto corriente.

Los estados que más han aumentado su nivel de deuda respecto de sus participaciones federales de 2005 a marzo de 2011 fueron Chiapas con mil 320%; Nayarit, 542%; Colima, 456%; Oaxaca, 413%; Tamaulipas, 398%; Campeche, 269%; Veracruz, 243%; Coahuila, 223%; Quintana Roo, 201% y Tabasco, 160%, detalla.

En el caso de Veracruz, explica por su lado el secretario general del Comité Directivo Estatal panista, Marco Antonio Núñez, las participaciones y aportaciones federales entregadas a la entidad en 2011 ascendieron a 62 mil 457.1 millones de pesos, lo que significa una tasa de crecimiento acumulado de 110% en el periodo 2000-2011.

Señala a la reportera que el saldo de la deuda registrada ante Hacienda hasta marzo del año pasado era de 21 mil 874 millones 400 mil pesos, con un promedio de crecimiento de 81.4% en los últimos 11 años, aunque “el endeudamiento real del estado es superior a los 60 mil millones”.

Agrega que en agosto pasado el propio subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez, mencionó que en algunas entidades se observó un crecimiento acelerado de la deuda pública vinculada con una evolución en sus gastos, que no fue acorde con el comportamiento de sus ingresos.

El mismo funcionario federal, dice Núñez, “admitió que hay una diferencia

cercana a 50 mil millones de pesos entre los montos de deuda registrada y la no registrada por los estados” ante la SHCP, la cual no podía ser resuelta con un mero incremento en los recursos federales que reciben.

El nivel de endeudamiento que enfrenta el estado, subraya Núñez, provocó que en 2011 se paralizara la actividad económica en Veracruz: “No hubo obras ni inversiones”, ya que el gobierno de Duarte tuvo dificultades para restructurar la deuda pública autorizada por el Congreso local.

Y es que según la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el año pasado la deuda estatal con la banca sólo era de 12 mil 600 millones de pesos, más 17 mil 400 millones de adeudos que desde 2010 no se habían liquidado a contratistas, proveedores y prestadores de servicios.

Baja calificación De hecho la calificación crediticia ha ido a la baja desde principios de 2000; incluso la calificadora internacional Fitch Rating puso las finanzas estatales en situación de riesgo debido “fundamentalmente al fuerte deterioro en las finanzas públicas al cierre del ejercicio 2010”.

En agosto pasado el Congreso local autorizó a Duarte contratar un nuevo crédito para restructurar la deuda pública y para el cumplimiento de obligaciones pendientes de pago con terceros, así como la afectación de participaciones federales, “como fuente de pago o garantía de los financiamientos a contratar”.

En el decreto número 289 –publicado el 5 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial de Veracruz– se aseguró que el nuevo endeudamiento sería destinado a la restructuración de la deuda pública vigente de la entidad “por un monto de hasta 12 mil 600 millones de pesos”.

Además fue autorizada “la contratación de endeudamiento para hacer frente a las obligaciones con terceros pendientes de pago, derivado de la ejecución de obras, contratación de servicios y adquisición de bienes, hasta por un monto de 17 mil 400 millones de pesos.

“Los montos de endeudamiento autorizados podrán contratarse mediante la celebración de uno o varios créditos con instituciones bancarias mexicanas o mediante la emisión de instrumentos bursátiles y su colocación entre el gran público inversionista en el mercado de valores, hasta por un plazo de 30 años”, señala el decreto.

El dinero sería para refinanciar los contratos de apertura de créditos celebrados en noviembre y diciembre de 2010 con el

E STAD OS / VER ACR UZ banco Interacciones hasta por 4 mil 100 millones de pesos; mil 500 millones con el Banco del Bajío; mil 100 millones con banca Afirme; mil millones con banca Mifel; 500 millones con la misma institución y mil 400 millones con banco Inbursa.

Pero en el mismo decreto también se autorizó al titular del Ejecutivo estatal a solicitar un plazo de amortización adicional de garantía para liquidar la deuda contratada, que causará intereses por 50% del monto total de los financiamientos.

En esa misma fecha el Congreso local autorizó al Ejecutivo, a través de la Sefiplan, contratar un crédito por 4 mil 756 millones 960 mil pesos con Banobras, para hacer frente a las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Este último crédito, establece el decreto, “únicamente deberá destinarse a inversiones públicas productivas y para cubrir aportaciones al correspondiente fideicomiso Fonden estatal, relativa a la declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación en 2010 para solventar costos de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura dañada por fenómenos meteorológicos”.

De esta manera en un solo paquete el Congreso autorizó a Duarte contratar más de 34 mil 756 millones de pesos con diversas instituciones bancarias.

con empresas proveedoras y contratistas.

Fue un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos y el faltante se cubrirá en las próximas semanas”.

Para el diputado local panista Óscar Lara Hernández lo dicho por el titular de la Sefiplan, no dejan de ser “declaraciones mediáticas”, ya que hasta hoy sigue habiendo opacidad en torno al monto real de la deuda pública del estado: “Se nos sigue negando la información”.

“El juego de cifras es la estrategia que el gobierno del estado ha venido utilizando para generar confusión en la población, ya que lo real es que el estado está financieramente quebrado y fácilmente debe 60% de los 86 mil millones de pesos de presupuesto autorizado por este Congreso”, acusa.

El también exdirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el puerto de Veracruz dice a este semanario que está seguro de que el gobierno estatal no ha pagado ni siquiera 10% de sus obligaciones financieras con terceros, “pues sólo se han hecho abonos muy pequeños que no llegan ni a mil millones de los 17 mil millones que reconocen”.

Este gobierno persiste en su estrategia, remarca, “ya que la información de Tomás Ruiz no concuerda con la realidad al declarar que había restructurado 18 mil millones de la deuda; legalmente es imposible porque el Congreso sólo le autorizó restructurar 12 mil 600 millones”.

Lo único cierto, acota, “es que hay opacidad, falta de transparencia, de ética y profesionalismo gubernamental para dar los datos correctos y mientras siga con este juego mediático para desinformar a la población, no podemos tomar medidas de

No fue sino a principios de este mes cuando el titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, aseguró haber “logrado” la restructuración de la deuda pública hasta por periodos de 15, 20 y 25 años “con la finalidad de dar continuidad a los proyectos de desarrollo del estado”.

En declaraciones a medios locales, sin precisar el monto real del endeudamiento que mantiene el estado a la fecha, el martes 3 el funcionario aseguró que en una primera etapa pudo restructurar “18 mil millones de pesos”.

“Con esta reestructura logramos incrementar los plazos de 15, 20 y hasta 25 años, dependiendo de la institución bancaria, lo que permite una menor carga financiera (...) para que pese menos el pago de la deuda y de esta forma no se limiten las posibilidades de desarrollo en el estado en el corto plazo”, dijo.

Según Ruiz esta medida “fue posible gracias al esfuerzo que se ha hecho para poner orden en la hacienda pública, en el restablecimiento del orden en las finanzas, sin lo cual no hubiera sido posible la reestructura de obligaciones financieras”.

Con estas acciones, agregó, “fue posible pagar parte de la deuda que se mantenía

Benjamín Flores

Opacidad

Ruiz. “Reestructura”

algo que desconocemos”.

Hasta hoy, subraya, “como diputados lo único que sabemos es que dentro del presupuesto de egresos de este año se destinan más de 3 mil 800 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda, lo que nos indica, haciendo una corrida financiera, que ésta ronda casi los 60 mil millones”.

Los datos de la deuda pública estatal incluso “se ocultan” en el informe de resultados del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) relativo a la cuenta pública de 2010, que el Congreso local deberá dictaminar antes de que acabe este mes.

“El rubro de la deuda pública viene limpio”, señala por su lado el coordinador de la bancada panista Danilo Alvízar Guerrero, quien a pesar de ser secretario de la Comisión de Vigilancia del Congreso –que deberá dictaminar este asunto– no ha recibido “suficiente información”.

Dice a la reportera que en el informe de resultados de las auditorías al último ejercicio fiscal de Fidel Herrera sí se hace mención de la deuda pública, lo grave es que “no se da la cifra, lo cual nos preocupa porque pareciera que quieren ocultar la situación fiscal”.

Por ejemplo, refiere, “no viene suficientemente explicado el tema de los 10 mil millones de pesos del préstamo que pidió Fidel Herrera de último momento; no se dice en qué ni cómo se ocupó ese dinero que estaba destinado a la reconstrucción de zonas devastadas por los huracanes de 2010, porque durante 2011 no se realizó ninguna obra”.

Añade que pese a que el Orfis envió dicho informe al Congreso local, la bancada del PAN ha insistido en la ampliación de información sobre la situación financiera de la deuda pública y de las dependencias del gobierno del estado. “No nos ha llegado para poder analizarla”.

Se queja de que la capacidad de trabajo de su partido –por ser de oposición– en este tipo de temas se ve limitada “por los filtros” que hay desde la Comisión de Vigilancia, donde la mayoría la tiene el PRI, que seguramente aprobará el informe del Orfis.

El presidente de la Comisión Dictaminadora, el priista Américo Zúñiga Martínez, cuestionado sobre cómo había salido la revisión fiscal de la deuda pública, se limita a señalar que todo viene “perfectamente” explicado en el informe del Orfis.

–¿No hubo ninguna irregularidad? –le pregunta Proceso.

–Eso no puedo decirlo. No he dicho que no haya irregularidades. Creo que la cuenta pública viene con importantes puntualizaciones en los entes públicos fiscalizables: municipios y gobierno estatal. En el informe vienen también de forma muy directa y muy puntual las deficiencias que se han detectado, pero en este momento estamos en la construcción del dictamen.

DENISE DRESSER

Dama de hierro o de latón

E

lba Esther Gordillo tiene fama de ser la mujer más poderosa de México. La que todo lo mueve. La que todo lo controla.

Omnipotente, omnipresente, sin rival. Temida por los gobernadores del país, cortejada por los candidatos en la contienda presidencial, encumbrada por la burocracia del sindicato más grande de América Latina. Pero eventos recientes sugieren que La Dama de Hierro mexicana quizás hoy no es más que un cascarón. Una figurilla de latón. Alguien a la que todos los miembros de la clase política necesitaron alguna vez y ahora miran con desdén. Alguien que en algún momento fue imprescindible y ahora no lo es.

Basta con ver que al PRI le importó más apaciguar a la vieja guardia que mantener contenta a La Maestra. Al PRI le preocupó más la unidad interna que el apoyo externo. Al PRI le interesó más la opinión de Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida que la ambición del yerno y la hija de Elba Esther. Y eso dice mucho, revela mucho. Por un lado, Enrique Peña Nieto siente que necesita más el apoyo de su partido que los votos del Panal. Y por otro, prefiere apoyarse en los dinosaurios de casa que en los que rondan –y no siempre de forma leal– por fuera de ella.

Peña Nieto está dispuesto a sacrificar dos o tres puntos electorales si de asegurar la anuencia del priismo plutocrático se trata. Peña Nieto está dispuesto a negarle 24

diputaciones y cuatro senadurías al Panal exigente para apaciguar al priismo beligerante. Pesó más el priismo descontento en Sinaloa, Puebla, Tabasco y Nayarit que el magisterio demandante de La Maestra.

Esa claudicación demuestra que también Enrique Peña Nieto es menos poderoso que como lo pintan. Tiene menos influencia sobre las corrientes del PRI de lo que presume. Los murats, los labastidistas y las televisoras pudieron presionarlo, acorralarlo, hacerlo cambiar de parecer. Y lo lograron porque desde la salida de Humberto Moreira, Peña Nieto perdió lustre, perdió conducción, perdió poder de negociación. Desde los dislates de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara perdió la imagen de intocable que había logrado construir. Desde los tropezones constantes con su propia lengua perdió el envoltorio de “teflón” que lo protegía. Su distanciamiento de Elba Esther Gordillo quizá manda una señal de fuerza hacia afuera, pero exhibe un grado de debilidad importante hacia adentro, en el propio PRI. El equipo mexiquense pierde frente a las otras fracciones priistas.

Y en cuanto a Elba Esther, la deja a la intemperie. Víctima de un golpe inesperado. Objeto de un desaire imprevisto.

Obligada –de manera intempestiva– a buscar un Plan B. A tratar de mantener el registro y posiciones dentro de la Cá-

mara de Diputados. A ver a qué otro candidato presidencial elige o le vende su amor. Lo cual resultará difícil ante una Josefina Vázquez Mota que la odia, ante un Andrés Manuel López Obrador que la desprecia, ante un Ernesto Cordero que difícilmente será el candidato de su propio partido. La Maestra acaba mancillada.

Aislada. Abandonada. Incapaz de influir de manera contundente en el proceso electoral como lo hiciera en 2006. Obligada a preguntarse con quién se alía y cómo; a quién daña y cómo; a quién puede convencer y cómo. Del Olimpo ha pasado probablemente al ocaso.

Difícil creerlo al recordar la manera en la cual operó en la elección de hace seis años y contribuyó decisivamente al margen de ganancia que obtuvo Felipe Calderón. Difícil concebir que era la aliada más solicitada o la enemiga más temida. Difícil recordar que prometió destruir a Roberto Madrazo y lo logró. Hoy se enfrenta a la ardua tarea de encontrar un candidato simbólico a la Presidencia mientras orienta los votos del Panal hacia esa persona, a cambio de obtener apoyo para alcanzar –en las elecciones para diputados federales o senadores– el porcentaje mínimo de votos. De reina pasa a mendigo; de fuerza decisiva pasa a fuerza marginal; de aliada importante pasa a lastre maloliente; de ser quien entregaba las llaves del palacio ahora ruega que se le permita la entrada allí.

AN Á L IS IS NARANJO

Más de lo mismo

Por lo pronto, Enrique Peña Nieto ha dicho que la ruptura no es nada personal y que la alianza puede darse a otros niveles más allá de la candidatura presidencial. El coordinador de su campaña –Luis Videgaray– dice que estima “mucho” a La Maestra y que habrá un lugar para ella en el próximo gobierno. Pero esas declaraciones no pueden ocultar la realidad del golpe dado.

Del puntapié propinado. Del alejamiento anunciado. Y aunque Luis Castro, presidente del Panal, se escude en el argumento de la autonomía del partido y el imperativo de mantenerla, al Panal le han dado un sablazo. Al Panal le han dado un macanazo.

Elba Esther Gordillo ha sido humillada públicamente, ha sido marginada evidentemente, ha sido rechazada de manera obvia y sin miramientos. Como lo dijera con toda claridad Francisco Labastida: “Nos quita más de lo que nos da”. Ese es el cálculo que están haciendo todos los demás mientras miran a La Maestra de espaldas contra la pared, preguntando si vale la pena rescatarla de allí. Sí, es una mujer poderosa, pero tiene la peor reputación del país. Sí, puede ser una aliada, pero nunca es posible confiar del todo en ella. Sí, puede proveer la movilización de los maestros al mismo tiempo que produce la alienación de los electores independientes. Sí, ha sido una Dama de Hierro, pero hoy quizás es poco más que una lata abollada. O

NETZAÍ SANDOVAL BALLESTEROS*

México en guerra E

l 25 de noviembre de 2011, más de 23 mil personas presentamos información al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la existencia en México de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, con la petición de analizar las dimensiones de esta violencia.

Los detractores de dicho esfuerzo se han concentrado en atacar la viabilidad de la petición sin poder rebatir el fondo de la denuncia. Es decir, aceptan que el Ejército viola mujeres y niñas; que practica la tortura en bases militares; que es responsable de desapariciones forzadas, de asesinatos de niños, jóvenes y civiles ajenos al conflicto; que autoridades migratorias participan en el secuestro de personas centroamericanas; que el narco ataca a civiles, hospitales, ambulancias e iglesias y recluta niños. Todo en un clima de absoluta impunidad.

El argumento central de quienes descalifican la solicitud es que en México no existe un “conflicto armado” en sentido estricto, aunque para juzgar crímenes de lesa humanidad es irrelevante la existencia de tal conflicto. Sin embargo, analicemos el argumento por lo que hace a los crímenes de guerra.

Para que intervenga la CPI no se necesita que los narcotraficantes busquen poder político ni que se les haya declarado “parte beligerante”. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia determinó claramente, en el caso Limaj, que las motivaciones de los grupos que participan en conflictos no internacionales son irrelevantes para determinar si es aplicable el derecho penal internacional (ICTY, Prosecutor v. Limaj).

El mismo tribunal ha venido desarrollando una clara jurisprudencia sobre los conflictos armados internos.

Para que una corte internacional reco-

nozca su existencia, es preciso analizar particularmente la intensidad de la violencia y la organización de los grupos que toman parte en las hostilidades.

La intensidad se determina por: 1) la duración del conflicto, 2) el tipo de armas usadas, 3) el empleo de fuerzas militares, y 4) el desplazamiento de civiles (ver ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgment [Trial Chamber]; Prosecutor v. Boskoski).

La violencia en México tiene por lo menos cinco años en alta intensidad. Hasta septiembre de 2011, el gobierno reconoció 47 mil 515 homicidios relacionados con el conflicto, en tanto que el semanario Zeta de Tijuana ha señalado que la cifra asciende ya a 60 mil 420 ejecuciones.

En el país se observa el uso cotidiano de armas como las R-15 y AK-47, ametralladoras calibre 7.62 mm., explosivos C-4, cohetes antitanque M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37 mm., granadas de 37 y 40 mm., además de fusiles Barret calibre .50 y armas con capacidad para disparar municiones calibre 5.7 x 28, capaces de penetrar distintos tipos de blindajes. Incluso se ha detectado el uso de minas antipersonales. Se trata de algunas de las armas más utilizadas en conflictos armados y prohibidas por tratados internacionales.

La jurisprudencia también toma en cuenta el uso del Ejército en lugar de las fuerzas policiacas para combatir a los grupos armados, y en territorio mexicano hay desplegados alrededor de 50 mil soldados.

Finalmente, se deben evaluar los desplazamientos de civiles, los cuales, conforme a datos recientes de Parametría, llegan a la alarmante cifra de 1.6 millones.

Sobre la organización de los cárteles de la droga, se puede señalar que tienen estructuras claramente jerarquizadas, con líneas de mando, y que operan a escala internacional. Los cárteles de la droga en México son considerados grupos

formalmente organizados por la base de datos UCDP de la Universidad de Uppsala, en Suecia.

En consecuencia, la crisis por la que pasa nuestro país cumple con todos los requisitos para que se le considere un conflicto armado conforme a la jurisprudencia internacional.

El mundo ya reconoce que México vive en guerra. El Barómetro de Conflictos de la Universidad de Heidelberg considera que nuestro país vive una guerra sólo comparable con las de Afganistán, Somalia, Irak, Pakistán y Sudán.

Human Rights Watch documentó en su Informe Mundial 2012 que los abusos “generalizados” por parte del Ejército Mexicano, como la tortura para obtener confesiones, quedan impunes. Es precisamente el carácter generalizado de los crímenes lo que permite la intervención de la CPI, conforme a los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma.

Incluso el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados señaló a finales de 2011 que la situación en México “constituye un conflicto armado interno” de acuerdo con los estándares del derecho internacional (México: Desplazamiento debido a violencia criminal y comunal).

La crisis humanitaria que vivimos resulta alarmante y deben tomarse medidas para detenerla de inmediato. La impunidad precipitará la intervención de la CPI, pues sólo el 0.7% de los militares señalados por violaciones a derechos humanos han sido condenados.

En cuanto a Ciudad Juárez, se han contabilizado 6 mil asesinatos realizados con rifles AK-47 que no han sido investigados por nadie. Mientras la Procuraduría General de la República argumenta que son delitos del fuero común, la fiscalía local señala que las armas son de uso exclusivo del Ejército.

Estas discusiones podrían resolverse fá-

ANÁ L IS IS JESÚS CANTÚ

cilmente en virtud de que la PGR tiene facultades de atraer casos locales, en tanto que lo contrario no es posible.

Felipe Calderón tiene una enorme responsabilidad por esta crisis, y debe comenzar a asumirla. Es falaz argumentar –cuando ya se observa el fracaso de su guerra– que la intervención del Ejército se debe a solicitudes de gobiernos locales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció claramente que incluso si existe una petición de autoridades locales para que intervenga la Federación, corresponde a ésta valorar la situación y determinar si es el caso o no de usar la fuerza pública (Facultad de investigación 1/2007). El empleo de las Fuerzas Armadas fue una decisión totalmente unipersonal, sin control parlamentario, que implica también responsabilidades individuales.

Si de verdad se quiere evitar la intervención de tribunales internacionales, hay que tomar medidas de inmediato, como abrir investigaciones y atraer los casos por los crímenes generalizados que sufre la sociedad, detener y sancionar la tortura en cuarteles militares, cumplir con el compromiso de instituir protocolos en seguridad pública, poner en funcionamiento el registro inmediato de detenciones, garantizar la protección física y jurídica de las propiedades que abandonan los desplazados y proporcionarles apoyo para que se reintegren a la sociedad.

Al presidente le queda poco tiempo. Por el bien del país, ojalá intente evitar el proceso internacional que se cierne sobre él, con acciones responsables y no con nuevas amenazas. O *Abogado por la UNAM con maestría en derecho constitucional. @Netzai_Sandoval

Explosivo coctel de incongruencias

L

a actitud desafiante e incoherente de candidatos y partidos políticos; la pusilanimidad del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE); la incongruente y desigual aplicación de la Constitución, la ley y los criterios generales del derecho por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como la pertinaz oposición de los concesionarios de radio y televisión –particularmente del duopolio televisivo y sus personeros– a la reforma constitucional de 2007, conforman un explosivo coctel que puede estallar en cualquier momento y generar una tensión adicional en un de por sí controvertido proceso electoral.

Candidatos y partidos políticos, como han hecho siempre, buscan cualquier resquicio y/o debilidad de la legislación para burlarla y obtener ventajas sobre sus contrincantes. Así, para burlar la prohibición de comprar tiempos comerciales en radio y televisión, recurrieron a los infomerciales en los espacios noticiosos y a la compra disfrazada en todo el resto de la programación, particularmente programas deportivos, de espectáculos y de revista. Los ejemplos de esta práctica abundan y la realizan lo mismo gobernantes que aspirantes a un puesto de elección popular, con recursos públicos

o privados. Como sea, obtienen espacios privilegiados en los programas y horarios de mayor audiencia, por vías ilegales.

Pero no se conforman con violar la normatividad vigente, sino que también se ocupan de impedir a sus contendientes que lo hagan o, al menos, de colocarles obstáculos, por lo que interponen todos los recursos a su alcance para que las autoridades sancionen a sus oponentes por las mismas acciones que ellos realizan defendiéndolas como legales.

Las resoluciones más recientes de la Sala Superior del TEPJF sobre el proceso electoral por la gubernatura de Michoacán evidencian lo antedicho con meridiana claridad. Y es que el PRD interpuso una queja contra la transmisión de la historia de vida y una entrevista a Luisa María Calderón, candidata del PAN y el Panal, en el programa Historias engarzadas, de Tv Azteca, el 29 de octubre de 2011, dos semanas antes de la elección constitucional, así como en contra de los promocionales difundidos previamente, considerando que se trataba de la adquisición, contratación y/o donación de tiempos en radio y televisión adicionales a los que pautaron a través del IFE. Pero el PAN, a su vez, impugna la transmisión de más de 80 entrevistas de Fausto Vallejo en diversos noticiarios y

programas de radio y televisión nacionales, regionales y locales, entre diciembre de 2010 y octubre de 2011, aduciendo exactamente lo mismo que el PRD esgrimía en su contra en el caso del programa transmitido en Tv Azteca. Candidatos y partidos políticos “ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”.

Ante la desafiante actitud de los partidos y sus abanderados, el IFE se pasma: se niega a emitir reglamentos o lineamientos que permitan fijar límites claros a lo establecido en la Constitución y el Cofipe, pues como dijo su consejero presidente, Leonardo Valdés, en torno a la realización y transmisión de debates en los medios electrónicos, “en el Consejo General hay un ánimo de no sobrerregular el proceso electoral”. Además de que al resolver las quejas evita reiteradamente sancionar a los distintos actores políticos.

Un caso muy representativo de esto último fue la queja que interpuso el PAN en julio de 2010 en contra de unos promocionales de Andrés Manuel López Obrador (Proceso 1814), para que finalmente, en agosto de 2011 –trece meses después–, se le aplicara una multa al Partido del Trabajo. Para llegar a ello el TEPJF tuvo que revocar tres resoluciones del Consejo General del IFE y éste tuvo que votar cuatro proyectos de resolución. El Consejo General del IFE se resistía a sancionar a cualquiera de los actores políticos involucrados.

Sin embargo, la cadena sigue con el TEPJF que, al parecer dominado reiteradamente por el “síndrome de La Chimoltrufia”, y con el argumento de que sus resoluciones son para casos específicos, lo mismo aplica un criterio en un caso que exactamente el contrario en otro. Esto sucedió con las actividades permitidas a los precandidatos únicos.

Pero hay otros casos iguales o más preocupantes, como el criterio establecido para emplazar o no a un presunto responsable de una violación a la nor-

matividad vigente. En 2008, recién aprobada la nueva normatividad en materia de propaganda político-electoral y gubernamental, cuando el IFE instauró más de un centenar de procedimientos sancionatorios en contra de gobernantes que presuntamente violaban el artículo 134 de la Constitución, el TEPJF emitió una jurisprudencia donde obliga al IFE a realizar las diligencias pertinentes, antes de iniciar el procedimiento y emplazar a los gobernantes, para verificar “si existe la factibilidad real de estar frente a propaganda política o electoral contraria a la ley, es decir, contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y poderes públicos de los tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos; que contenga expresiones que puedan vincularse con las distintas etapas del proceso electoral; que contenga mensajes tendentes a la obtención del voto, o cualquier otro mensaje dirigido a promover la imagen personal de algún servidor público, o a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, así como que pueda afectar la equidad en la contienda”. Pues de lo contrario, continúa, se “generaría una molestia injustificada al emplazado”.

Ello, a pesar de que algunos de los aspectos que el TEPJF pide al IFE comprobar no son comprobables sin información oficial, lo que obliga a sustanciar el procedimiento y solicitar información a los gobernantes.

En contraparte, durante el pasado mes de enero, al resolver sobre las entrevistas del candidato priista al gobierno de Michoacán, señala: “La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, admite que no se realizaron los emplazamientos a los concesionarios y permisionarios vinculados con los hechos denunciados, bajo el argumento de evitar un acto de molestia al gobernado, lo que en el caso no se considera aplicable, pues el emplazamiento a un proce-

dimiento administrativo sancionador de un sujeto denunciado o vinculado de manera evidente como partícipe de los hechos, a partir de los cuales se aduce una infracción a la normativa electoral federal, no constituye una diligencia menor que pueda obviarse para evitar un acto de molestia, sino por el contrario, se requiere de su emplazamiento a efecto de dilucidar su probable responsabilidad y otorgarle las debidas garantías de audiencia y defensa dentro del procedimiento administrativo sancionador”.

Son dos casos y momentos diferentes, pero el asunto a dirimir es la molestia a terceros: en el primero, evitarla al máximo; en el segundo, emplazar al implicado de inmediato, pues el TEPJF considera que no es una molestia, sino una forma de preservar sus garantías. Esto significa que se protege al máximo a los gobernantes y al mínimo a los particulares, cuando debiese ser exactamente a la inversa.

Y todos estos elementos son utilizados por los opositores a la reforma electoral de 2007 y 2008 para seguir saboteando la nueva normatividad en materia de medios de comunicación (Proceso 1838). De manera que el duopolio televisivo y sus personeros aprovechan todas estas debilidades y contradicciones para lanzarse en contra de la misma, como sucedió con los debates y los emplazamientos a los concesionarios y comunicadores.

La historia muestra que no tiene sentido pedir a los actores políticos (incluyendo a los gobernantes) y a los concesionarios que tengan prudencia y apego voluntario a la legalidad, pues hasta hoy no los han mostrado nunca, de modo que la única opción para deshacer este explosivo coctel es una actuación más comprometida y proactiva del IFE y una mayor congruencia en las resoluciones y criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy todavía es tiempo de cambiar y evitar el estallido. O

ANÁ L IS IS JOHN M. ACKERMAN

Las “para-campañas” E

s poco probable que los esfuerzos recientes por revertir la simulación e impunidad en materia electoral sean suficientes para prevenir un desastroso choque de trenes durante el proceso electoral en curso. Para los partidos y los candidatos, violar la ley sigue siendo una empresa con grandes beneficios y pocos costos. Asimismo, los poderes mediáticos buscan a toda costa tronar la reforma electoral y sus instituciones garantes. Enrique Peña Nieto ya se ha declarado en contra del actual sistema de comunicación política y ha afirmado que, de llegar a Los Pinos, propondrá inmediatamente “algunos ajustes” al marco legal en la materia.

El miércoles pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE) finalmente decidió multar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por su abierta burla a la normatividad electoral durante el proceso electoral federal de 2009. Esta decisión había estado congelada desde el 27 de abril de 2011 por el empate entre los seis consejeros que entonces ocupaban la herradura de Viaducto Tlalpan. Los nuevos consejeros, nombrados el pasado 15 de diciembre, tardaron más de un mes en retomar el caso. Pero el feliz desenlace llegó y, ahora sí, la mayoría votó a favor de multar al partido de Jorge Emilio González con 194 millones de pesos.

La multa fue por la “propaganda integrada” que utilizó el partido en 2009.

Todos recordamos, por ejemplo, cómo

el actor Raúl Araiza usaba y presumía su camiseta con la leyenda “Soy Verde” en sus telenovelas. También fue evidente la burla a la ley cuando Televisa difundió ampliamente en televisión la portada de la revista Tv y Novelas, que igualmente incluía propaganda a favor del PVEM. Con esta decisión, el IFE se lava la cara y evita caer en una situación de total desprestigio. Una determinación que auspiciara la impunidad para el PVEM hubiera enviado el clarísimo mensaje a todos los contendientes de que la autoridad electoral no es más que un espantapájaros. También se hubiera consolidado la desconfianza ciudadana en el IFE. El lunes 23 de enero, El Universal dio a conocer datos alarmantes que muestran que casi la mitad de los mexicanos (47%) simplemente no cree que los resultados electorales que proporcione el IFE en las elecciones de 2012 serán confiables.

Pero esta resolución sobre el PVEM también tiene su lado oscuro. En primer lugar, llega tres años tarde. Asimismo, los consejeros utilizaron criterios sumamente cuestionables para reducir la multa drásticamente a última hora. También falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avale la resolución del IFE, algo que no es nada seguro dada la tendencia actual del TEPJF a revertir las decisiones de la autoridad administrativa. Y aun si el tribunal ratificara la multa, lo más probable es que ordene que se pague después del 1 de julio y en cómodas mensualidades.

Así, las ilegalidades del PVEM habrán resultado ser un gran negocio para el par-

tido. Ellas le permitieron aumentar su votación en 2009, lo cual se tradujo en mayores prerrogativas en los años subsecuentes y en superior presencia electoral este año. La liquidación a plazos de una multa después de las elecciones será asunto menor y no desalentará futuros atropellos.

En su discusión del caso, los mismos consejeros electorales se preocuparon por evitar que la multa tuviera un efecto desalentador de futuros fraudes a la ley. Uno de los elementos cruciales para fundamentar la multa fue que el PVEM no se deslindó de la propaganda ilegal de manera “eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable”, tal y como señalan los criterios del TEPJF. Es decir, que el PVEM podría haber evitado cualquier responsabilidad si hubiera protestado pública y formalmente en tiempo y forma.

Las autoridades entonces dan un cheque en blanco al libre desarrollo de lo que podríamos llamar “para-campañas”. Esto sería el símil, en un contexto democrático, de las estrategias “para-militares” donde los actores formales fomentan la creación de grupos supuestamente “independientes” para que les hagan el trabajo sucio y después poder deslindarse de cualquier responsabilidad. Aquí, el partido alentaría la creación de grupos de choque integrados por actores, deportistas o cantantes, una especie de “guerrilla” de popstars, para realizar las acciones de propaganda ilegal que tienen prohibidas los mismos partidos.

La decisión del IFE, el 18 de enero, en el caso del boxeador Juan Manuel Márquez camina en el mismo sentido. Es cierto que el

OLGA PELLICER

IFE emitió una “amonestación pública” y reprobó la inclusión de propaganda en el calzoncillo del deportista como un acto “irregular”. Sin embargo, la ausencia de cualquier sanción monetaria para Márquez, así como la impunidad total tanto para el PRI como para TV Azteca, literalmente dejan la cancha abierta para todo tipo de nuevos actos abusivos de parte de partidos y deportistas durante el proceso electoral en curso.

En la sesión del IFE, Pablo Gómez, representante del PRD del Poder Legislativo en el Consejo General, llamó a la reflexión: “Supongamos que en la víspera de la elección presidencial, en un encuentro de campeonato de futbol –un clásico muy importante, que lo ve todo el país en cuanto a la afición–... los jugadores de las dos escuadras acuerdan sacar el logotipo de un partido político y se ponen a danzar con la publicidad, y la televisora dice: ‘Bueno, fui sorprendida. ¿Qué hago? ¿Suspendo esto o qué?’. El partido político dice: ‘Yo no tuve nada que ver; puede ser que hasta se hayan puesto de acuerdo contra mí’, y se deslinda y dice: ‘Yo no tengo nada que ver’. ¿Eso podría ocurrir?”

La respuesta es, desde luego, un rotundo sí. Y, con el antecedente del caso de Márquez, lo único que podría hacer el IFE sería regañar públicamente a los futbolistas. O quizás llegue una multa simbólica tres años después, como en el caso del PVEM. Mientras tanto, el daño ya se habrá hecho y el nuevo presidente de la República estaría despachando en Los Pinos y regresando generosamente los favores tanto a los jugadores como a las empresas televisivas que hicieron posible su “triunfo”.

Urge que las autoridades electorales desarrollen acciones mucho más contundentes y preventivas para evitar “sorpresas” como estas durante los últimos días de la campaña. No será suficiente reaccionar mal y tarde, sino habría que anticipar los escenarios y adelantarse a los hechos. De lo contrario, fácilmente el proceso se les saldría de las manos y de nuevo estaríamos ante una Presidencia ganada de manera ilegítima, de espaldas a la legalidad. O ______________________________ www.johnackerman.blogspot.com twitter: @JohnMAckerman

El bipartidismo imposible

D

os acontecimientos han marcado el arranque de las actividades para las elecciones del presente año en Estados Unidos: las primarias para decidir quién será el candidato del Partido Republicano y el discurso sobre el estado de la unión pronunciado por el presidente Obama el 25 de enero. Ambos han sido muy útiles para ilustrar la polarización, verdaderamente alarmante, que está presente en la sociedad estadunidense. No se trata, desde luego, de un fenómeno nuevo; la división entre liberales y conservadores ha sido un rasgo sobresaliente desde que se inició el movimiento de independencia. Sin embargo, diversas circunstancias –entre las que sobresale la crisis económica– han profundizado esa división a un grado que pocas veces se había visto en la historia reciente de Estados Unidos. Las consecuencias son muy negativas, tanto por la parálisis que produce en el gobierno, como por el malestar que propicia entre los ciudadanos, cada vez más críticos y alejados de los políticos de Washington.

La polarización proviene, ante todo, de la radicalización hacia la derecha encabezada por el Tea Party. La fuerza de este movimiento y su influencia en la desig-

nación del candidato del Partido Republicano ha empujado hacia el extremo los debates durante las primarias. Allí está Santorum, el ganador de la contienda en Iowa, quien desecha las ventajas de la educación escolar para pronunciarse a favor de la educación en el hogar, donde se transmiten mejor los valores de la familia, la religión y el esfuerzo personal que han hecho “la grandeza de América”. No es difícil imaginar el poco entusiasmo por la educación pública que mostraría este político de llegar al poder.

El gusto por el conservadurismo radical no ha resultado en una mayor cohesión dentro del Partido Republicano. Por el contrario, ha dividido a sus diversos grupos, como puede advertirse en el hecho de que los ganadores de las tres primeras contiendas en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur han sido distintos. También se ha puesto en duda el consenso que parecía haberse construido en torno a Mitt Romney por sus mejores atributos para atraer a votantes menos radicales. Ahora lo que mayormente se valora es la capacidad de reforzar el conservadurismo y, así, derrotar a Barack Obama Lo que mantiene unido al Partido Re-

52&+$ publicano son dos obsesiones que comparten la mayoría de sus miembros: de una parte, el odio hacia Obama, a quien no le concederán un solo triunfo, aun si con ello ponen en peligro medidas necesarias para la recuperación económica; de la otra, su convicción sobre lo negativo que resulta ampliar la capacidad del gobierno para intervenir en la economía.

Para los republicanos, el culpable de los graves problemas que atraviesa la economía de Estados Unidos es el gasto gubernamental, el despilfarro que supone, entre otras cosas, invertir en programas que pretenden sustituir lo que sólo se logra a través del esfuerzo individual. Nada perturba más a los conservadores que el empeño en proteger a “los otros”, las minorías negras, latinas o de grupos blancos al borde de la pobreza. Para ellos, la defensa de América es proteger el sueño americano, que se hace realidad en los suburbios bien cuidados, poblados por una clase media alta, de preferencia blanca y practicante de alguna religión cristiana, libre de inmigrantes indeseables, de homosexuales o transexuales.

La radicalización hacia la derecha del Partido Republicano ha colocado en una

situación muy difícil a un líder que, como Barack Obama, había colocado la conciliación, la superación de la división entre demócratas y republicanos, como uno de los grandes objetivos de su gestión. Así llegó a la Casa Blanca y en ello se empeñó, sin ningún éxito, a lo largo de varias batallas. Ahora la situación ha cambiado.

Algo quedó en el discurso reciente de su retórica bipartidista. Sin embargo, el énfasis ya es otro. No se gana la reelección si la posición no es más drástica en contra de quienes no creen que la acción del gobierno es urgente para salir de la grave situación económica que persiste en Estados Unidos.

El discurso, considerado por todos los analistas como un documento en que se trazan las líneas para una batalla electoral y de acción gubernamental, abordó casi todos los puntos imaginables para dicha acción: educación, creación de empleo, política fiscal redistributiva, energía, desarrollo sustentable, entre otros.

Los temas que mayormente llamaron la atención fueron las críticas a los políticos decididos a defender recortes de impuestos para los ricos y a oponerse a las regulaciones financieras. Se pronunció

por una política que permita asegurar que los millonarios paguen, al menos, 30% de impuestos, y de ninguna manera menos que la clase media. “Lo pueden llamar guerra de clases –señaló–, pero pedir a un billonario pagar al menos tanto como su secretaria es sentido común”.

Es difícil creer que partiendo de posiciones tan divergentes habrá alguna iniciativa bipartidista este año. Lo más probable es que discusiones interminables mantengan al Congreso sin tomar decisiones. Por el contrario, la lucha será feroz en los enfrentamientos partidarios, y los esfuerzos para ampliar el financiamiento de uno y otros serán muy intensos.

Por lo pronto, es difícil vaticinar sobre el resultado de la contienda. En ello influirán muchos factores, entre los que sobresale el comportamiento de la economía. Lo que se puede afirmar es que la polarización no va a terminar y que la posibilidad de una política que supere las diferencias entre los partidos no tendrá lugar. Estados Unidos está por lo pronto condenado a vivir dominado por las profundas diferencias que separan a su sociedad. Las consecuencias para su papel como líder mundial están por verse. O

AP photo / Aliosha Marquez

Terremoto político

FRANCISCO MARÍN

V

ALPARAÍSO, CHILE.- El miércoles 18 la Democracia Cristiana (DC) y Renovación Nacional (RN) dieron una sorpresa al presentar el documento Un nuevo régimen político para Chile, en el que proponen cambiar el sistema electoral binominal –que no refleja equitativamente el sentido de la votación popular– por uno más representativo y “acabar con el exacerbado presidencialismo” que caracteriza al régimen chileno.

El documento significó un terremoto político porque implicó un pacto entre dos entidades antagónicas: RN es el partido del presidente Sebastián Piñera –quien aseguró desconocer el acuerdo entre ambas agrupaciones– y la DC es el principal

partido de la opositora Concertación por la Democracia.

Uno de los impulsores de esta jugada es el senador y presidente de RN Carlos Larraín, quien destaca por su conservadurismo y renuencia a los cambios institucionales. De hecho el lunes 9 le había pedido personalmente a Piñera –en una cena en la casa de éste– no incluir en su agenda de este año la reforma al sistema político... y supuestamente el presidente estuvo de acuerdo.

El pacto RN-DC supone impulsar cambios a la institucionalidad consagrada en la Constitución de 1980, mismos que rechazan los poderes fácticos (militares y grandes empresarios) representados políticamente por la Unión Demócrata Independiente (UDI). Ésta y RN formaron la Coalición por el Cambio, que en 2010 consiguió que la derecha ganara una elección presidencial después de 52 años.

Coalición dañada Después de dos años juntos en el poder, la tensión entre ambas agrupaciones políticas crece. El presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, evidenció su malestar dos días después de que el pacto se anunciara: “No sé si RN es un aliado o si se pasó al bando del frente”, y condicionó su participación en la Coalición por el Cambio y su permanencia en el gobierno al retiro de cualquier iniciativa que apunte a reformas políticas.

La UDI responsabiliza a Piñera de haber desatado este debate al invitar a los expresidentes de Chile a La Moneda para abordar posibles salidas al complejo escenario institucional que vive el país.

Las conversaciones –por separado– ocurrieron entre la última semana de diciembre y la primera de este mes. Los ex-

I NTERNAC I ONAL / C H IL E Chile se cimbró cuando dos agrupaciones políticas –que en principio son antagónicas y una de las cuales está en el gobierno– se unieron para hacer una propuesta radical: cambiar el sistema electoral –en el que el voto de las mayorías no incide en la composición del Congreso– y restarle facultades al presidente. Se trata de una medida desesperada... la popularidad del mandatario Sebastián Piñera está en su peor momento y las protestas estudiantiles y obreras del año pasado prendieron las alarmas dentro y fuera del país. No obstante algunos analistas consideran que la propuesta de cambio no es más que una medida mediática para calmar las aguas y, a la postre, dejar que todo quede como está.

mandatarios Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet –todos ellos militantes de partidos de la Concertación– aconsejaron a Piñera cambios al sistema electoral binominal dado el malestar de la población con el modelo económico y político vigente. Tras las entrevistas Piñera se comprometió a impulsar reformas legislativas para “perfeccionar nuestra democracia”.

Piñera programó los encuentros con los expresidentes luego de que una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dada a conocer el 23 de diciembre revelara que la aprobación a su gobierno era de sólo 23% y el rechazo al mismo, 62%.

Desde 1989 Piñera ha criticado el sistema binominal. Incluso en 1991, cuando era senador, presentó un proyecto para modificarlo.

Esta visión proclive a las reformas democratizadoras pareció verse reflejada en

los comentarios que hizo el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter el mismo día en que se anunciaba el pacto DC-RN: “Ya hemos señalado que es necesario perfeccionar o remplazar el sistema electoral (por lo que vemos) con mucho optimismo todas las iniciativas que se realicen desde la oposición y desde el gobierno en este sentido”.

La respuesta fue brutal. En entrevista con La Tercera publicada el sábado 21, Jovino Novoa, senador udista y excolaborador de Pinochet, criticó la falta de conducción política de Piñera y de su ministro del Interior, a quienes responsabilizó de abrir “una caja de Pandora” con el debate de las reformas políticas. Fue más allá y señaló que “un gobierno tan errático cosecha lo que está sembrando: puro desorden”.

El martes 24, cuando la crisis ponía en duda la continuidad de la Coalición por el Cambio, se congregó el comité político del gobierno, en el que participan Piñera, los ministros del área política y los presidentes de la UDI y RN. “Hemos tenido una reunión donde hemos expresado nuestro pensamiento y la conclusión es unánime: Seguiremos trabajando en la coalición de gobierno y hemos resuelto que todos los asuntos importantes se discutirán en el seno de esta coalición y nos encargaremos luego de sacarlos adelante”, sostuvo Larraín al finalizar la reunión.

Por su parte el timonel de la UDI recalcó que llegaron al acuerdo de que el gobierno atenderá fundamentalmente los problemas sociales y que los temas políticos se resolverían “de común acuerdo”.

En la UDI interpretaron lo acordado en La Moneda como una renuncia de RN a continuar con su tentación reformista, pero seis horas después de la reunión, en un semina-

rio organizado por el CEP, Larraín y el presidente de la DC, el senador Ignacio Walker, volvieron a encontrarse. Aseguraron que seguirán impulsando las reformas políticas.

El comentado acuerdo ha significado un poderoso impulso hacia el fin del sistema electoral binominal, como lo demuestra el que los presidentes de tres de los cuatro partidos que componen la Concertación entregaran el jueves 26 en La Moneda una propuesta para cambiarlo.

Walker sostuvo ante la prensa que “todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, con la sola excepción de la UDI, hemos manifestado nuestra voluntad y decisión de cambiar el sistema binominal, que es una camisa de fuerza en que la mayoría vale lo mismo que la minoría, por uno de representación proporcional moderado corregido”. Walker dijo que su partido quería llevar el debate al Parlamento y que la mejor forma de hacerlo sería a través de la creación de una comisión bicameral del Congreso Nacional, cuya tarea será proponer un nuevo texto constitucional.

A la entrega de la carta también asistieron la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, y el presidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade.

Pero nada asegura que vaya a tener éxito el impulso reformador. Según se consigna en Los proyectos legislativos de reforma al sistema binominal (Cieplan, 2009), entre 1990 y 2007 se presentaron 19 propuestas de modificación. Ninguna prosperó.

La conexión Washington La presión no viene sólo del frente interno ni la inició Piñera, como dice la UDI: El ago-

Las reformas El documento Un nuevo régimen político para Chile fue desarrollado por las directivas de los dos partidos implicados y sus detalles los afinaron pocos días antes de presentar el texto, en la mansión de Larraín. El acta de acuerdo fue firmada en la sede del Congreso Nacional por Walker y el líder de RN. En su introducción, el pacto DC-RN hace un crudo diagnóstico de la realidad social y política. “Existe una desafección y crítica ciudadana con el sistema, que puede continuar creciendo con una baja de la participación ciudadana y una conflictividad social que puede transformarse en crónica”, se señala en el punto uno de la introducción.

Más adelante se profundiza en el análisis de la situación política: “El presidencialismo exacerbado se encuentra en proceso de agotamiento. El presidencialismo norteamericano que influyó en el nuestro, está dotado de contrapesos. En Chile no existen esos contrapesos. La centralidad de ese poder presidencial, cuando se debilita, repercute en todo el sistema. Por eso se requiere descentralizar y democratizar más el poder”. Este ítem fue visto por diversos

www.nuevagenda.cl

El sistema binominal consiste en la elección de dos parlamentarios –diputados y senadores– por distrito o circunscripción electoral sin importar el resultado obtenido por las agrupaciones políticas a escala nacional. Unido al control de los medios y el poder económico, este sistema le ha dado a la derecha poder de veto impidiendo que se realicen reformas que acaben con el orden semiautoritario construido por Augusto Pinochet bajo la dirección ideológica del fundador de la UDI, el abogado Jaime Guzmán Errázuriz.

AP photo / Roberto Candia

tamiento del actual modelo político y económico es notorio dentro y fuera de Chile.

El 8 de diciembre el Financial Times publicó un editorial en el que conminó a Piñera a dedicar sus últimos dos años en el poder a reformar el sistema electoral, dados los enormes problemas de gobernabilidad del país.

Además los llamados a cambiar el sistema político podrían tener otro origen: Washington. A finales de septiembre pasado, el exsecretario adjunto de Estados Unidos para América Latina y actual director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Arturo Valenzuela, visitó Chile.

El 27 de ese mes se reunió en La Moneda con Hinzpeter y con el ministro secretario de la presidencia (encargado de la agenda legislativa del gobierno), Cristián Larroulet.

Al finalizar la reunión, Valenzuela “se quedó trabajando toda la mañana” con expertos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en el perfeccionamiento de la ley de partidos políticos, según reconoció Larroulet y como consta en la web del Ministerio de Interior (www.interior.gob.cl/n6158_2709-2011.html).

El mensaje de Valenzuela era sencillo: hay que hacer todo lo posible para evitar que Chile caiga en la tentación populista.

Para ello es necesario hacer ajustes a la institucionalidad política.

A Radio Cooperativa le declaró el 29 de septiembre: “Si la gente no se siente representada por instituciones, buscará en un solo líder la solución”. Su visita ocurrió en medio de las protestas estudiantiles que cimbraban entonces al país. “Es un momento bastante crítico (y hay que) buscar medidas necesarias para cambiar la situación”, dijo.

Alcayaga. Investigación

V

ALPARAÍSO, CHILE.- La estatal Corporación del Cobre (Codelco) es objeto de un desfalco por un monto de al menos 12 mil millones de dólares en el último lustro. Y los presuntos autores de éste son sus propios ejecutivos.

Así lo denunció el pasado martes 17 el economista Julián Alcayaga a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que estudia irregularidades existentes en la citada empresa minera.

La exposición de Alcayaga, basada en el cruce de datos y balances oficiales, dejó atónitos a los diputados.

Y es que, según el experto, 40% de las pérdidas en Codelco corresponderían a los malos resultados en las ventas a futuro en operaciones realizadas entre 2006 y 2011. El 60% restante se originó en ventas de cobre por valores inferiores a los de mercado, lo que ocurrió en los ejercicios 2010 y 2011.

La Cámara de Diputados aprobó la creación de la citada Comisión Investigadora en julio pasado luego de un paro laboral de 24 horas que afectó a las cinco divisiones de Codelco. Después de este paro, los sindicatos de trabajadores denunciaron numerosas irregularidades en la empresa.

Alcayaga es considerado la “bestia negra” de las trasnacionales mineras chilenas. Socialista, exiliado tras el golpe de 1973, posee una maestría en economía obtenida en La Sorbona. A principios de los noventa descubrió que las grandes mineras que operan en Chile no pagaban impuestos y que para hacerlo simulaban tener pérdidas en sus operaciones.

Sus denuncias fueron confirmadas por diversos estudios, como el realizado por la Comisión Especial del Senado para el Estudio de la Tributación de las Empresas Mineras, que en 2004 emitió un informe determinante en esta materia.

Alcayaga es también autor de Libro negro del metal rojo, y de País virtual: el lado oscuro del tratado minero chileno argentino.

Balances turbios PIñera. Cambio de regimen

El informe presentado a la citada Comisión Investigadora –al que Proceso tuvo acceso– inicia con la cita de una declara-

I NTERNAC I ONAL / C H IL E

Desfalco minero FRANCISCO MARÍN

como en la venta de minerales que vienen contenidos en el cobre, como es el oro, la plata, el molibdeno y el acido sulfúrico”.

El pasado 3 de mayo Alcayaga, junto con los diputados del Partido por la Democracia (PPD) Enrique Accorsi y Cristina Girardi denunciaron públicamente –en conferencia de prensa realizada en el Congreso Nacional– que en 2010 Codelco perdió mil 42 millones de dólares en ventas a futuro.

Alcayaga dice que esas pérdidas no figuraban con claridad en los balances, sino sólo en las explicaciones de los resultados.

Para esconderlas aún más, aparecían denominadas como “Ingresos mercado de futuro”, pero entre paréntesis, lo que significa: negativo, pérdida. Sólo la pericia contable de Alcayaga pudo constatarlo.

Sin embargo, y a pesar que estas denuncias fueron respaldadas por los citados diputados y que fueron admitidas por los gerentes de Codelco, no se armó ningún escándalo mayor debido a la escasa cobertura que tuvieron en la prensa.

No obstante, Alcayaga continuó recabando antecedentes: “Descubrimos entonces que en los últimos cinco años habían pérdidas en los mercados de futuro de 2 mil AP photo / Santiago Llanquin

ción realizada por el ejecutivo de Codelco, Andrés Tagle, al diario La Tercera (2 de septiembre de 2009): “El país debe saber y conocer que durante los gobiernos de los presidentes (Ricardo) Lagos y (Michelle) Bachelet, Codelco llevó a cabo un conjunto de operaciones financieras de derivados (ventas a futuros) que le han significado pérdidas, disminuciones patrimoniales y menores excedentes al Estado por impuestos que en conjunto ascienden a 4 mil 630 millones de dólares (…) Las máximas autoridades vinculadas al cobre en el país, con toda la experiencia que disponían, apostaron a la baja de precio de cobre a mediados del año 2005, justo en los momentos en que el precio de este metal inició una escalada en los mercados internacionales que se ha mantenido hasta hoy con pequeñas alteraciones. Se equivocaron rotundamente con grave perjuicio para el Estado”, señaló.

Alcayaga sostuvo en su informe que esta declaración le llamó mucho la atención dado los altos montos involucrados. Pero afirma que no volvió a leer en la prensa nada sobre esta materia, por lo que decidió iniciar su propia investigación.

En entrevista con Proceso, Alcayaga revela en qué consiste el desfalco y como llegó a descubrirlo. Revela que al analizar los resultados de 2010 de Codelco constató que el presidente ejecutivo, Diego Hernández, declaró a la prensa –que le dio gran cobertura– que éstos habían sido un éxito porque habían aumentado las utilidades con respecto a 2009, “pero a mí me pareció inmediatamente que el resultado era catastrófico para Codelco comparando el año 2010 con 2006.

Esto porque en 2010 se obtuvieron 5 mil 700 millones de dólares de utilidades, mientras que en 2006 éstas fueron de 9 mil 215 millones de dólares. Sin embargo –añade– el precio del cobre en 2006 era 12% más bajo que en 2010. Por lo tanto las utilidades de 2010 tendrían que haber sido de 11 mil millones de dólares, aproximadamente. Entonces faltaban 5 mil millones”.

Alcayaga dice que comenzó a buscar cómo habían desaparecido ese dinero. Buscó en las memorias de Codelco y constató que las pérdidas se habían producido en las ventas. “No es que hubieran aumentado los costos, que eran más o menos similares en los últimos cinco años, si no que importantes montos relacionados con las ventas habían desaparecido. Esto ocurría tanto en el cobre

Industria cuprífera. Pérdidas inducidas

670 millones de dólares entre 2006 y 2010; de ellos, mil 42 millones de dólares sólo en 2010. Entonces, en total serían 4 mil millones de dólares de pérdidas en los mercados de futuros entre 2006 y 2010 (durante los gobiernos de Bachelet y Piñera)”.

Alcayaga sostiene que cuando este tema empezaba a ser reportado por los medios y algunos diputados habían dado algunas conferencias de prensa sobre las pérdidas de los mercados de futuros o la caída de los ingresos de Codelco, el presidente Hernández anunció, el pasado 13 de octubre, la intensión de esta empresa de comprar a Angloamerican el 49% de la Mina Los Bronces. Eso derivó en una polémica que dura hasta el presente y que está relacionada con la negativa de esta trasnacional, con sede en Londres, de vender a Codelco esa fracción de la propiedad de dicha empresa.

Para Alcayaga esto ha sido una maniobra de distracción de los ejecutivos de Codelco que buscan capear un posible temporal de denuncias por los turbios manejos antes señalados.

“Y todo ese show, ¿qué es lo que ha permitido?, que las pérdidas en los mercados de futuros de 4 mil millones de dólares queden en silencio”, sostiene Alcayaga.

Conflictos de interés Las pérdidas en los mercados de futuros no fue la única forma en que los ejecutivos de la estatal minera estarían lucrando ilegalmente. Según Alcayaga en los ejercicios 2010 y 2011 se perdieron al menos 8 mil millo-

I NTE RNAC I ONAL / C HI LE analistas como una constatación de la precariedad en la que está la administración de Piñera.

En los párrafos siguientes se cuestiona el poco poder que tendría el Congreso haciendo hincapié en la necesidad de asegurar la gobernabilidad del país y eso implicaría potenciar la participación: “Chile necesita de más y mejor democracia, y eso se traduce en un nuevo régimen político de carácter semipresidencial”.

Las principales reformas propuestas en el documento son la instauración de un régimen semipresidencial que separe la jefatura de Estado (el presidente) de la de gobierno (primer ministro). Además se propone descentralizar el poder, lo que se lograría a través de la elección directa de los presidentes de los gobiernos regionales (equivalentes a gobernadores estatales), los que hasta ahora son designados por el presidente.

Juego de imágenes En entrevista con Proceso, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile Felipe Portales dice que este acuerdo entre RN y la DC no es más que “un juego de imágenes” en el que estos dos partidos buscarían mayor legitimidad en momentos en que toda la clase política están muy desprestigiada.

Portales, autor del premiado libro Los mitos de la democracia chilena (Catalonia, 2004) sostiene que estos partidos buscan una mejor posición de cara a las elecciones municipales de octubre próximo.

Sostiene que no cree que haya un entusiasmo muy grande de la Concertación en cambiar el sistema electoral puesto que, según su juicio, ésta también se favorece con él. “En los 20 años que fueron gobierno no promovieron de verdad ningún cam-

bio, lo que se demuestra en que la modificación al binominal no fue puesta entre los temas prioritarios en sus programas de gobierno. Tampoco se invitó a la ciudadanía a movilizarse para presionar a la derecha por obtenerlo”.

Portales estima que el hecho que RN y la DC hayan propuesto cambios al sistema electoral en forma conjunta con modificaciones al régimen político dificultaría aún más la posibilidad de que los cambios se concreten.

“Pensar que va a haber un acuerdo de cambio, además para aventurarse en un sistema tan complejo como es el régimen político francés (que es el que sirve de modelo a las reformas propuestas), que es tan alejado de la cultura política chilena y que sería muy complejo de implementar… (...) tendrían que pasar muchos años para que exista un acuerdo, más aún si se considera que se propone discutirlo en conjunto con el sistema binominal. Todo esto me hace pensar que no hay una voluntad real de hacer cambios sino sólo de simular que la hay.”

Portales señala que estas propuestas obedecen al hecho de que el movimiento estudiantil descolocó completamente a la clase política, “por lo que los partidos están tratando de encontrar un tipo de salida para darle legitimidad, aunque sea aparente, al sistema”.

La visión de Portales no coincide con la del prestigiado analista político chileno Manuel Antonio Garretón. Éste, en entrevista con la agencia Apro (divulgada el martes 24), señaló que Chile está en “la víspera del desencadenamiento de un proceso de reformas políticas”, las que pueden ser solamente cosméticas, como las que propone Piñera, o de fondo, como las que plantearon los cuatro expresidentes.

AP photo /Aliosha Marquez

nes de dólares en ventas a menor precio del cobre y sus subproductos: oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico.

“En razón que los resultados de Codelco por el ejercicio 2010 arrojaban que los ingresos por ventas eran inferiores a lo que debieran ser en función de la producción y precios del cobre y sus subproductos, solicitamos a Cochilco (Comisión Chilena del Cobre) que informara sobre la producción y el monto de las ventas de Codelco”, relata el entrevistado.

Cochilco respondió el 27 abril de 2011 mediante el oficio Nº 148. En éste aparece que en 2010 los subproductos del cobre alcanzan un monto total de 631.4 millones de dólares. Este monto de ventas es 2.3 veces menor que los mil 460.7 millones de dólares de ventas por este mismo tipo de subproductos en el año 2006; y 2.9 veces menos que los mil 836 millones de dólares de 2008.

“Esto no resulta ni razonable ni explicable –señala Alcayaga– puesto que tanto la producción como el precio de estos subproductos aumentaron en forma considerable entre 2006 y 2010. El oro subió 100%, la plata cerca de 70% y el ácido sulfúrico más de 300%. En 2006 los ingresos provenientes de los subproductos representaban 42%; en 2010 sólo 18%”, denuncia.

Alcayaga señala que la razón de esta disminución es nítida: los subproductos se están vendiendo a menor precio.

Así, si se suman las pérdidas por las ventas a futuro (4 mil millones de dólares, entre 2006 y 2010) con las pérdidas por venta a bajos precios del cobre y sus subproductos (4 mil millones en 2010 y una cantidad similar en 2011), el desfalco ascendería a por lo menos 12 mil millones de dólares.

–Pero, ¿a quién se le estaría vendiendo a menor precio?–, se le pregunta.

–Eso es lo que hay que estudiar. Sólo puedo decir que los ejecutivos que actualmente dirigen Codelco en su mayor parte provienen de trasnacionales que operan en Chile, y que éstas perfectamente podrían ser las beneficiadas de las pérdidas de Codelco.

Diego Hernández, antes de asumir la presidencia de la empresa estatal, en mayo de 2010, era el máximo ejecutivo de BHP Billiton en América Latina; Thomas Keller, vicepresidente de gestión financiera de Codelco, fue presidente de Minera Collahuasi (Angloamerican, Xstrata, Mitsui); el miembro del Directorio, Fernando Porcile, fue presidente del patronal Consejo Minero. El vicepresidente de Finanzas, Jorge Gómez, fue gerente de Pelambres (grupo Luksic). O

Jóvenes. “No se sienten representados”

AP photo / Paul White

I NTERNAC I ONAL / E S PA Ñ A

El

acoso a Garzón

“Estoy ante el pelotón de fusilamiento y he pedido que me quiten la venda de los ojos para mirarlos”, confesó Garzón a uno de sus allegados en la víspera de uno de los tres juicios que se le siguen en España por el delito de “prevaricación”, pero cuyo fondo es otro: se atrevió a investigar los crímenes del franquismo y la red de corrupción que implica a funcionarios y dirigentes del gobernante Partido Popular.

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M

ADRID.- “Me han preguntado: ‘¿Usted se siente condenado?’ ¡Hombre, sentirme condenado, sí! ¡Estar condenado, no! Es diferente. Pero desde luego, por lo que estamos viendo, sí que tengo motivos para sentirme condenado”, dice el juez español Baltasar Garzón.

“No me gusta hablar de acoso aunque alguna vez he empleado la expresión ‘persecución’ o ‘intención de acabar con una persona y con una trayectoria como juez’, eso es evidente”, señala.

Esta reflexión del magistrado forma parte de una larga entrevista con el escritor gallego Manuel Rivas, en la que aborda los tres procesos penales que le sigue la justicia española. Está contenida en el libro La fuerza de la razón (Debate, 2011) y en el documental Escuchando al juez Garzón. Este último, dirigido por la catalana Isabel Coixet, el año pasado tuvo una inusitada recepción en la Berlinale, el prestigioso festival de cine de Berlín.

Conocido en el mundo por enjuiciar a dictadores como el chileno Augusto Pinochet o el argentino Leopoldo Galtieri, por actuar contra el terrorismo de ETA y de Al Qaeda, contra las redes internacionales del narco e, incluso, por abrir causas judiciales por las torturas practicadas en la prisión estadunidense de Guantánamo, este juez español tropezó con fuertes intereses al buscar aplicar la ley en su propio país.

El inusual cerco judicial contra el magistrado –suspendido provisionalmente de la Audiencia Nacional el 14 de mayo de 2010– obedece a dos razones: abrió procesos judiciales para investigar las más de 113 mil desapariciones forzadas atribuidas a la dictadura franquista e investigó el llamado caso Gürtel, trama de corrupción que implica a dirigentes del Partido Popular y a funcionarios públicos emanados del mismo.

Fue significativo que Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Internacional de Juristas enviaran observadores a los juicios contra Garzón.

Reed Brody, consejero jurídico de HRW, dijo que es “la primera vez que en una de-

mocracia consolidada se juzga a un magistrado por defender los derechos humanos; es la primera vez que en la Unión Europea un juez es sometido a un juicio penal por aplicar el derecho internacional”. El argentino Hugo Relva, consejero jurídico de AI consideró que el proceso contra el juez es “de naturaleza escandalosa” y pidió desestimar los cargos que le imputan.

Desde el martes 17 una multitud de reporteros se agolpa para obtener detalles o imágenes cada vez que Garzón llega o se va del Tribunal Supremo, donde este mes se iniciaron dos de esos juicios por tres presuntos delitos de prevaricación; es decir, la toma de decisiones judiciales a sabiendas de que son injustas. Representantes de los 70 medios acreditados, muchos de ellos extranjeros, siguieron los pormenores de los dos juicios y escucharon los argumentos de Garzón.

Los periodistas extranjeros discutían en los pasillos el hecho extremo de que el magistrado sea sentenciado y señalaban si se veía triste o tenso. Su comentario generalizado fue que ha salido bien librado debido a los argumentos de su defensa.

AP photo / Andres Kudacki

Repudio al juicio

El martes 17 el magistrado se sentó en el banquillo de los acusados para ventilar el caso Gürtel. Defendió su orden de intervenir las comunicaciones de los principales responsables de esa trama –Francisco Correa y Pablo Crespo– porque, dijo, él, la policía y la fiscalía tenían indicios fehacientes de que desde la prisión pretendían seguir con las operaciones de blanqueo del dinero que la organización tenía en el extranjero, actividad en la que los abogados de los prisioneros jugaban una “parte nuclear”.

El acusador Ignacio Peláez –representante legal del constructor José Luis Ulibarri, sometido a juicio por el caso Gürtel y actualmente en libertad– alegó que su derecho de defensa se vio vulnerado al ser grabado en las conversaciones que sostuvo con Correa y Crespo, pero tuvo dificultades para demostrar sus acusaciones pues no presentó un solo elemento de que los diálogos intervenidos fueran utilizados por Garzón en sus acciones judiciales contra los participantes en la trama de corrupción.

Exfiscal de la Audiencia Nacional y excompañero de Garzón, Peláez tampoco acreditó con documentos los permisos del juez para realizar esas visitas a Correa y Crespo en la prisión, tal como dispone la ley española.

Garzón y su abogado, Francisco Baena, argumentaron que no se acredita el delito de prevaricación porque siempre se preservó el derecho de la defensa de los inculpados y de los abogados. La policía corroboró los dichos de juez acusado.

“Asumo todas y cada una de esas decisiones. Fueron tomadas reflexivamente, en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas, no sólo las de nuestra Carta Magna sino también teniendo en cuenta siempre la protección de los derechos fundamentales”, dijo Garzón.

Añadió: “La única razón de Estado que yo defiendo es la razón democrática de los

ciudadanos. Aquí no ha habido razón de Estado”. Y sostuvo que sus decisiones fueron apegadas al “ejercicio jurisdiccional”.

La víspera del jueves 19, cuando el caso quedó a la espera de sentencia, en uno de los pasillos del tribunal Garzón confesó a uno de sus allegados: “Estoy ante el pelotón de fusilamiento y he pedido que me quiten la venda de los ojos para mirarlos”.

El martes 24 Garzón regresó al tribunal rodeado de una nube de periodistas. Esta vez para enfrentar la acusación por prevaricación que interpusieron dos entidades ultraderechistas: el sindicato Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad. La primera es dirigida por Miguel Bernad Remón, quien el pasado 15 de diciembre recibió un premio de la Fundación Francisco Franco.

En el fondo de esta acusación subyace un hecho: Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo.

Un miembro del equipo de Garzón advirtió que resulta sintomático que el Tribunal Supremo adelantara el juicio del caso Gürtel al de la Memoria Histórica –como también es llamado el caso de los asesinatos del franquismo–, porque éste ha generado mayor expectación internacional. “Es decir, si llegan al extremo de sentenciar a Garzón por Gürtel, quedaría anulado el del franquismo y (los acusadores) estiman que eso generaría menos presión internacional”, opinó.

La persecución Garzón es originario de Torres, Jaén, un pueblo de 2 mil habitantes en las faldas de la Sierra Mágina. Sus padres, dedicados a la agricultura, abandonaron ese pueblo a pesar de que “amaban su tierra”. “Tuvieron que emigrar, como tantos otros, para que sus hijos prosperaran. Vieron a sus hijos crecer y situarse”, cuenta el magistrado en la entrevista con Rivas publicada en La fuerza de la razón.

Recuerda que en su juventud ayudaba a su padre, quien trabajaba en una gasolinería. Estudió en los seminarios de Baeza y Jaén y “después cursé estudios de derecho en la Universidad de Sevilla. Allí preparé mis oposiciones y entré en la escuela judicial a finales de 1980”.

El 13 de marzo de 1981, hace más de 30 años, ingresó como juez en Valverde del Camino, un pueblo de Huelva de apenas 14 mil habitantes.

El 9 de septiembre de 2010, ya sometido a los procesos en su contra, Garzón acudió a Valverde donde lo nombraron “hijo predilecto de la ciudad”. En la misma fecha, confiesa a Manuel Rivas, “se produjo una de las resoluciones del instructor del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en el caso de Nueva York, uno de los tres juicios que contra mí desarrolla el citado tribunal, que más indignación y desazón, como juez, me ha producido en estos casi dos años de sinrazón judicial a la que me encuentro sometido”.

En este caso se le acusa de supuestamente haber recibido las aportaciones que hizo el Banco Santander para financiar unos cursos de la Universidad de Nueva York en los que él participó y con posterioridad, de regreso a su actividad jurisdiccional, haber archivado una causa judicial contra esa institución bancaria.

Sostiene que en este caso, incluso se cambió la doctrina jurídica para admitir la denuncia, al grado de que “tengo que probar que soy inocente de un delito que no cometí”. Explica que “al rechazar mis recursos de defensa se me ha dicho que ya tendría tiempo de defenderme una vez que se admitiera la querella; mientras que a los representantes de la acusación popular, sin ser todavía parte en el juicio, se les tenían en cuenta sus escritos y se practicaban las pruebas reclamadas en ausencia del querellado, a quien ya desde ese momento se le mantenía en indefensión”.

Califica este caso de “alucinante”, “una cosa desquiciante, porque parece como que yo estoy controlando a la Universidad de Nueva York y sus patrocinios, lo cual no cabe en ninguna mente humana.

Yo era un profesor invitado, el ‘último mono’”, dice el magistrado, quien incluso señala que miembros de su familia han sido investigados.

El juez dice que a partir de que estalló el caso Gürtel, en febrero de 2009, “se aplicó el manual clásico (…) en contra del juez, de la fiscalía (y) de la policía para ocultar la relevancia del asunto y, de ser posible acabar con ellos”.

Afirma que “en tal contexto no se renunció a ninguno de los ingredientes: se investigó al juez, se fabricaron dossieres sobre su vida privada, los lugares a donde iba, a qué se dedicaba en los días de descanso, dónde iba con su familia o amigos,

I NTERNAC I ONAL / E S PA Ñ A

AP photo / Paul White

cuáles eran sus relaciones y aficiones; se armaron supuestas conspiraciones, se le tildó de parcial, de servir a los intereses del gobierno (entonces del Partido Socialista Obrero Español), se presentaron denuncias en su contra en el Consejo General del Poder Judicial y querellas en el Tribunal Supremo; es decir, se utilizó todo lo que condujera a desacreditar a quien estaba investigando y, de ser posible, anular las investigaciones.

“Al mismo tiempo –dice–, desde el ámbito político se desató un desaforado ataque concertado” en el que al frente aparecía “el diputado Federico Trillo, quien se ha mostrado en todo este escenario judicial como uno de los principales actores.”

Sostiene que se produjo “una concatenación de hechos que, desde luego, no tienen nada que ver entre sí”, aunque afirma: “A estas alturas uno puede decir que nada sucede por casualidad”. Por ejemplo, señala que el juicio en su contra por el caso Gürtel se abrió como “una causa secreta, sin posibilidad de defenderme, además de ser indudablemente contrario a la ley”.

Y en el del franquismo “se me deniegan igualmente de forma sistemática todas las pruebas que voy pidiendo para defenderme. De hecho, en vez de que los acusadores traten de demostrar mi culpabilidad, soy yo quien trata de demostrar mi inocencia”.

Explica que cuando recibió las querellas de las distintas asociaciones de la memoria histórica, las ratificó e hizo las diligencias de comprobación previa para determinar el hecho delictivo y para identificar el número aproximado de víctimas. Sostiene que en este caso aplicó las legislaciones española e internacional con el fin de identificar a los perpetradores de los crímenes y continuar la investigación para que se produjera el resarcimiento a las víctimas.

Subraya que esa misma jurisdicción universal la aplicó en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra Adolfo Scilingo, el militar argentino enjuiciado en España en abril de 2005 por participar en el asesinato de 27 personas en los llamados “vuelos de la muerte”.

De manera coincidente, en el caso Scilingo enfrentó la “oposición feroz” del magistrado Manuel Marchena, “uno de los instructores más duros e inquisitivos contra mí en el caso de la Universidad de Nueva York”. Y también enfrentó la oposición

del magistrado Luciano Varela, “el instructor de la causa de la Memoria Histórica”.

Ambos mantuvieron una “interpretación localista, cerrada, estrecha, excesivamente positivista, inflexible y extremadamente formalista de la norma, que se ha quedado un poco obsoleta”.

Sostiene: “De las tres causas que tengo, ninguna se sustenta seriamente. Las imputaciones carecen de consistencia jurídica. Por ello, la defensa se ha vuelto quizá casi misión imposible”.

Afirma que “ninguna facilidad se ha otorgado a su defensa”, al grado de que los acusadores debieron “corregir imputaciones referidas a hechos que no pude cometer” debido a que él se encontraba internado en una clínica, convaleciente de una intervención quirúrgica.

Incluso señala que el juez Luciano Varela, instructor del juicio del franquismo, “aconsejó” al sindicato de Manos Limpias “cómo tenían que hacer los escritos de acusación para que pudiera permitir la apertura del juicio oral”.

De hecho, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó el anterior argumento en la sesión del 24 de enero como prueba de la parcialidad de Varela. Con base en ello pidió que el caso sea sobreseído.

Según Garzón, “hay quienes dicen que quieren acabar con un modelo determinado de juez, del que yo sería un representante señalado, por construir un mal ejemplo para la judicatura española”. Aunque “ese mismo tipo de juez ha sido responsa-

ble de resoluciones decisivas para el avance de ciertos aspectos de la investigación penal en momentos concretos y clave de la lucha contra el crimen. Ahora esa visión ha cambiado y la enseñanza debe ser recibida clara y nítida”.

Por ello está convencido de que “cuando transcurra el tiempo y todo esto haya pasado, se podrá analizar el porqué de esta especie de ejecución en la plaza pública”.

Déficit ético

Sin rodeos, en la entrevista con Rivas, Garzón defiende su interpretación jurídica para abrir la causa de la Memoria Histórica contra los crímenes del franquismo. Sostiene que “el camino de la democracia no debe ser el camino del olvido”. Señala que ello conduciría “al desastre en virtud del déficit ético acumulado”.

En su opinión España tiene que investigar los crímenes del franquismo, porque “mientras haya muertos en las cunetas y no se haya hecho todo lo posible por hallarlos, la reconciliación será una apariencia de sí misma; mientras se siga celebrando a quienes sometieron a millones de personas a la mayor privación de libertades imaginable de la historia reciente, difícilmente se podrá afirmar que sólo nos interesa el futuro”, ni se podrá afirmar que “la madurez de una sociedad democrática se ha consolidado”.

Sostiene que “ante el carácter masivo de los crímenes, el Estado y sus instituciones, y sobre todo la justicia, tiene la obligación de dar una respuesta a las víctimas. No pueden inhibirse. Pero no por puro voluntarismo de un juez, sino porque así lo exigen, no solamente la ley española, sino también los principios generales del derecho internacional” que forman parte “del derecho interno de cada país que los ha ratificado”.

Sostiene que “pueden pasar 70 años, como en España, pero mientras exista alguien que denuncie el olvido y la ausencia de justicia, siempre habrá esperanza de que ésta se materialice haciendo realidad el derecho humano de las víctimas a la misma, a la verdad (que incluye la memoria) y a la reparación”.

Y al hablar de sí, afirma: “Pueden decir que estoy derrotado. No lo estoy en mis principios y mis convicciones, en lo que yo siento que es la justicia (…) y en la protección de las víctimas. Me pueden echar de la carrera judicial, desde luego, y eso será muy doloroso. Pero por supuesto seguiré peleando y seguiré denunciando aquello que Crímenes del franquismo creo debe ser denunciado”.

Todo indica que Felipe Calderón y el Papa Benedicto XVI ya encontraron un subterfugio para cumplir el sueño panista de obtener para la Iglesia católica privilegios que hasta ahora les niega la Constitución, como poseer medios de comunicación masiva, impartir educación religiosa en escuelas públicas e incluso recibir recursos del Estado. Roberto Velázquez, especialista en las relaciones entre México y el Vaticano, dice que en la visita papal de marzo se firmará el acuerdo de oficialización de esas prebendas.

Calderón

cumple el sueño cristero

RODRIGO VERA

D

urante su encuentro del próximo 24 de marzo en Guanajuato, es muy probable que Felipe Calderón y el Papa Benedicto XVI firmen un “histórico acuerdo” –producto de años de negociaciones entre México y el Vaticano– mediante el cual se otorgarán las “libertades religiosas” que viene demandando la jerarquía católica del país.

Roberto Velázquez Nieto, investigador del Archivo Secreto Vaticano y especialista en la relación diplomática entre ambos Estados, asegura: “Entre estas libertades el acuerdo incluirá la instrucción religiosa en las escuelas públicas, la creación

REL IG IÓ N

Maria Grazia Picciarella / Procesofoto

de una partida presupuestal para apoyar económicamente al clero, la creación de una diócesis exclusiva para las Fuerzas Armadas mexicanas y, por último, el permiso para que la Iglesia pueda poseer medios de comunicación masiva”.

–¿Las viejas demandas del episcopado mexicano?

–Sí. Las viejas demandas de la jerarquía que ya llevan años negociando la cancillería mexicana y la Secretaría de Estado del Vaticano. Ese proceso diplomático ya maduró. Sólo falta que se concrete jurídicamente a través del acuerdo que, según todos los indicios, firmarán el Papa y Calderón durante su encuentro privado en la mansión del Conde Rul, en la ciudad de Guanajuato.

–¿Ese es el motivo principal del viaje papal a México?

–Por encima de todo, para el Papa es prioritario lograr ese acuerdo. Es un punto clave. Benedicto XVI lleva siete años en el trono pontificio y hasta ahora viene a México. Esto obedece a que este año se cumplen 20 de haberse reanudado las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, medida cuyos principales artífices fueron el presidente Carlos Salinas de Gortari, el Papa Juan Pablo II y el entonces nuncio apostólico Jerónimo Prigione.

“Las circunstancias políticas e históricas son propicias para dar otro paso y firmar ese acuerdo en el vigésimo aniversario del restablecimiento de relaciones.

Hoy les toca dar ese paso a Ratzinger y a Calderón en su calidad de jefes de Estado.”

–Sin embargo, esas demandas que viene pidiendo la Iglesia no han prosperado en el Poder Legislativo, al que le corresponde hacer los cambios constitucionales que concreten las reformas.

–Es cierto. Incluso el presidente Vicente Fox prometió hacer esos cambios mediante su famoso decálogo de campaña, pero fue una mera promesa del Ejecutivo que se topó con el bloqueo del Congreso.

Para la Santa Sede, sin embargo, ya resulta anacrónico el esquema de recurrir directamente a reformas constitucionales para lograr sus metas. Actualmente, en sus negociaciones con los Estados recurre a la vía del acuerdo o concordato. Es un camino jurídico muy distinto que hoy intenta aplicar Benedicto XVI en México.

–¿En qué consiste?

–El primer paso es firmar el acuerdo con Calderón. Estará además en estricta consonancia con los convenios internacionales firmados por México en materia de libertad religiosa, como el Acuerdo de Costa Rica y otros de la ONU. “El segundo paso es enviarlo al Senado, el único que tiene facultades para aprobar y ratificar los convenios internacionales del Ejecutivo. De esta manera, como lo marca el artículo 76 constitucional, la Cámara de Diputados ya no podrá intervenir por tratarse de un acuerdo firmado entre dos jefes de Estado.”

La clave está –enfatiza el experto– en lograr solamente el consenso en el Senado, “donde actualmente el PAN tiene mayoría y algunos senadores del PRI podrían sumarse a la aprobación del acuerdo”.

–¿Se intenta aprobar el acuerdo en la actual Legislatura?

–Digamos que esa es la estrategia de Calderón y del Papa. Sus cálculos parten de un escenario óptimo y sin contratiempos. Planean ejecutar los cambios con rapidez en esta misma Legislatura. Un fast track. Es la estrategia ideal. Claro, aún está por verse cómo se moverán las fuerzas políticas en el Senado.

–¿El acuerdo implica un gran cambio en la relación Iglesia-Estado?

–¡Claro! ¡Imagínese! De concretarse, será un cambio histórico de gran trascendencia para el país. Para algunos representará un gran retroceso; para otros, un avance democrático de gran magnitud, similar a las reformas del salinismo que le dieron reconocimiento jurídico a la Iglesia y reanudaron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

Estado benefactor… del clero Asesor de la embajada de México en el Vaticano cuando Enrique Olivares Santana era su titular; autor del libro Los caminos de la justicia en los documentos de Ezequiel Montes, donde aborda la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y los Estados pontificios en 1859; investigador huésped de la Universidad de Texas y excoordinador de la Asociación Nacional de Cónsules Honorarios de México, Velázquez Nieto menciona los puntos medulares del acuerdo: “En primer lugar habrá un apartado económico que prevé la asignación de recursos gubernamentales a la Iglesia católica, como ya se hace en otros países, entre ellos España, Brasil, Colombia, Perú, Alemania o Austria. Pongo el ejemplo de España, donde en 2010 el gobierno le asignó al clero una partida de 6 mil millones de euros.”

–¿El gobierno paga el salario de los sacerdotes?

–Bueno, ese es el caso del gobierno peruano. Aunque en realidad operan tres sistemas para dar recursos gubernamentales al clero: el esquema tributario, el impuesto religioso y la asignación presupuestaria. Aún no se define cuál de ellos se aplicará en México.

Otro punto, dice, es permitir la instrucción religiosa en las escuelas públicas, un espinoso tema que lleva años suscitando controversia entre el clero y los sectores liberales, que ven en esta medida una flagrante violación al Estado laico, argumentando que los maestros se convertirían prácticamente en catequistas al servicio de la Iglesia.

Permitir a la Iglesia poseer y administrar medios de comunicación masiva, como empresas radiofónicas y televisivas, es otro de los puntos que incluiría el acuerdo, ya que esto ayudaría al clero a darle mayor difusión a su mensaje evangélico.

Finalmente está la creación de un vicariato castrense, que empezó a impulsar en México Juan Pablo II desde los ochenta, con la intención de nombrar a un obispo que tenga bajo su cargo a una diócesis con capellanías, sacerdotes, catedral y seminario propios, dedicados exclusivamente a la atención espiritual de los militares.

Un viejo sueño panista

Juan Pablo II y Salinas. Primeros pasos

derecho en las leyes civiles, para igualarlos con los demás ciudadanos.

–Pero el Papa, en los acuerdos que ha venido firmando con los distintos Estados, jamás ha incluido este punto. Y lo hace para no contravenir la norma interna de la Iglesia, pues caería en una contradicción jurídica. Eso sí, en sus acuerdos siempre incluye los cuatro puntos que le mencioné. Es la línea de la política internacional de la Santa Sede que ahora el Papa repetirá con Calderón.

–Pero México es distinto a los demás países; esos puntos despertarán aquí la protesta de los sectores liberales.

–Y también de la izquierda. Sin duda habrá protestas. Pero mire, el caso de Brasil es muy ilustrativo. Benedicto XVI le dijo a Lula da Silva cuando era presidente:

Demian Chávez

Al preguntarle al especialista si el acuerdo incluirá el derecho de los ministros de culto a ocupar cargos de elección popular, responde: –No, ese punto no se incluirá porque el mismo Código de Derecho Canónico prohíbe a los sacerdotes acceder a ese tipo de cargos. Las leyes eclesiásticas les impiden ser diputados, senadores, alcaldes, gobernadores o presidentes de cualquier país.

–Aun así, hay jerarcas en la Iglesia mexicana que piden se les reconozca este

Archivo Proceso

Durante varios años Hilario Chávez Joya, ya fallecido y quien era obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se encargó de la encomienda y sentó las bases para abrir el vicariato. “No será sencillo cambiar de la noche a la mañana toda una ideología liberal, toda una mentalidad impuesta al Ejército. Eso llevará tiempo… Es una tarea muy delicada, paciente y silenciosa. La vengo haciendo desde hace 11 años”, reveló Chávez Joya a este semanario en diciembre de 1996 (Proceso 1051).

Esta labor de Chávez Joya ha dado frutos: la jerarquía eclesiástica aliada con la militar ya ha abierto capellanías castrenses en las capitales de todos los estados.

Las hay principalmente en el Distrito Federal, Chihuahua, Morelos, el Estado de México y Baja California (Proceso 1626).

“En el encuentro de Benedicto XVI y Calderón –justo cuando éste se vale del Ejército en su guerra contra el narcotráfico– se prevé la aprobación del obispado castrense para que culmine este proyecto religioso-militar que ya lleva alrededor de 30 años, lo mismo que los otros tres puntos del acuerdo, que también llevan años de negociaciones”, dice Velázquez Nieto.

Velázquez. Vienen por todo...

“Quiero firmar con el gobierno brasileño un nuevo acuerdo en materia de libertad religiosa”. Y Lula le contestó: “Con mucho gusto, su santidad, sólo le pido que ese acuerdo se haga durante mi mandato, que lo firmemos usted y yo”. Y así fue: en noviembre de 2008 Lula viajó al Vaticano y firmó el acuerdo en el Palacio Pontificio.

“Nadie imaginaba que un presidente de izquierda firmaría con el Papa un acuerdo de tal magnitud. Y mire que Lula es considerado uno de los grandes líderes que ha dado la izquierda latinoamericana. Y Brasil es el país que tiene la población católica más numerosa a nivel mundial. De manera que todo puede suceder.”

–Pero en México hubo un enfrentamiento armado entre la Iglesia y el gobierno.

–Ese mismo argumento se esgrimió en 1979, cuando Juan Pablo II vino por primera vez a México bajo un régimen priista y siendo presidente López Portillo, quien se declaraba liberal. Aun así, Juan Pablo II lograría años después el reconocimiento jurídico a la Iglesia y la reanudación de las relaciones diplomáticas. Hoy la Iglesia no se conforma con ese avance, trabaja para conseguir los cambios que mencionamos, ensayando nuevas estrategias para lograrlo.

En efecto, desde hace años los distintos presidentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) mencionan que su prioridad es lograr esas conquistas.

Monseñor Luis Morales Reyes, en agosto de 1997, poco antes de asumir la presidencia de la CEM, ya venía señalando que su objetivo era propiciar las reformas porque en la Constitución hay “candados” que “violan nuestros derechos”.

Y adelantaba que emprendería negociaciones con varias instancias para conseguir su objetivo: “Dialogaremos con to-

REL IG IÓ N das las instancias. Obviamente que para nosotros la más importante es el presidente de la República. Está también la Secretaría de Gobernación. Pero no nos quedaremos sólo a nivel gubernamental. Nuestros diálogos serán en distintas direcciones: con los líderes de los partidos políticos y de opinión, con los juristas y constitucionalistas, con la sociedad civil” (Proceso 1083).

Tres años después, en 2000, el panista Vicente Fox, siendo candidato a la Presidencia, elaboró su famoso “decálogo de campaña”, en el que se comprometía a realizar las reformas que pedía la Iglesia. No lo logró y decepcionó a la jerarquía católica.

Seis años después, en diciembre de 2006, el entonces recién nombrado presidente del episcopado mexicano, Carlos Aguiar Retes, comentó a este semanario que cambiaría la estrategia para conseguir la “verdadera libertad religiosa”. Adelantaba que ya no le daría tanta prioridad a las negociaciones con la Presidencia de la República, pues “hablamos de un asunto de leyes, y las leyes dependen del Legislativo. Por eso son más importantes las relaciones con el Congreso que con el Ejecutivo” (Proceso 1574).

A partir de entonces el episcopado emprendió negociaciones principalmente en el Senado, donde uno de sus operadores fue el senador panista Federico Döring. Éste señaló que tenía encuentros con Aguiar Retes y con el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, pues, dijo, “mi compromiso es empujar el tema” y sacarlo incluso de “la esfera religiosa para ponerlo en una esfera social” (Proceso 1602).

Mientras tanto, el Colegio de Abogados Católicos elaboraba un proyecto de reformas constitucionales para darle forma jurídica a las demandas del clero. El proyecto ya incluía una partida gubernamental destinada a financiar a las iglesias.

Armando Martínez, presidente de ese colegio, señalaba que “junto con Cuba, México es uno de los países más restrictivos en materia de libertad religiosa”. Y reveló que Benedicto XVI, en pláticas con los obispos, se mostraba “muy preocupado” por la situación mexicana y cubana (Proceso 1602). Ahora el Papa viajará precisamente a México y Cuba. Del 23 al 26 de marzo estará en Guanajuato y del 26 al 28 en la isla.

En México, por lo pronto, la Cámara de Diputados aprobó en diciembre pasado una reforma al artículo 24 constitucional que permite los actos de culto afuera de los templos, ya sin el permiso de la Secretaría de Gobernación. El Senado discutirá en febrero la reforma. Los sectores católicos esperan que sea aprobada como un gesto de buena voluntad hacia el pontífice, como un regalo previo a su visita.

Sin embargo, durante una reunión

que sostuvo precisamente en la ciudad de Guanajuato el 23 y el 24 de enero, la bancada del PRI en el Senado advirtió que no se dejará presionar por la visita papal. “Los tiempos del Congreso no son los tiempos de las iglesias ni de sus representantes”, aclaró Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada.

En esa reunión los senadores priistas acordaron rechazar la educación religiosa en las escuelas públicas, la concesión de medios electrónicos al clero, la apertura de más capellanías militares y la celebra-

ción de actos públicos de culto sin el aval de Gobernación.

Con esto el PRI empezó a mostrar su oposición a las demandas que impulsará Benedicto XVI. Está por verse cuál será el consenso final en el Senado.

Velázquez Nieto recalca: “El Senado es clave para que prospere el acuerdo que muy probablemente firmarán Calderón y el Papa. Es la única instancia que puede estropear la bien calculada estrategia de la Santa Sede, cuya diplomacia se maneja con pies de plomo y manos de terciopelo”.

Archivo Proceso

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

F

Nazar Haro el guardián

feroz, paranoico, prepotente...

eroz guardián del régimen del PRI, Miguel Nazar Haro murió el pasado jueves 26 a los 87 años bajo la protección del gobierno panista. Su profundo sentido de omnipotencia y frialdad, sus rasgos paranoides y su tendencia a manipular lo llevaron a justificar la actuación violenta que lo caracterizó como uno de los de más temidos represores durante la guerra sucia en México.

La tortura, secuestro y desaparición forzada de personas que pesaron sobre él a su paso por la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la organización paramilitar Brigada Blanca las pudo superar no sólo por su “coeficiente intelectual superior al promedio” –según su perfil criminológico– sino por la protección que recibió de los “gobiernos del cambio y del combate a la delincuencia” del PAN. Los numerosos testimonios sobre sus actuaciones en los setenta y ochenta en defensa de la seguridad del sistema político del PRI se diluyeron en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Su principal protector fue el general retirado Rafael Macedo de la Concha, quien como titular de la PGR durante el gobierno de Vicente Fox anuló a una inoperante Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Lo hizo a través de su coordinadora general de Investigación, Marisela Morales Ibáñez, actual titular de la Procuraduría, a propuesta de Felipe Calderón.

No fueron los únicos que participaron en su exoneración. El camino a la impunidad se lo allanó la Secretaría de Seguridad Pública federal, que en 2004 elaboró un peritaje que lo clasificó como una persona con “baja capacidad criminal y alta adaptabilidad social”.

A pesar de identificar rasgos narcisistas y paranoides y un profundo sentido de grandiosidad y omnipotencia, su “baja peligrosidad” fue el principal argumento que aportó el gobierno de Fox para terminar con los nueve meses de prisión que pasó en el penal de Topo Chico, acusado del secuestro y desaparición, en 1975, de Jesús Piedra Ibarra, hijo de la activista y actual senadora Rosario Ibarra de Piedra.

“Baja peligrosidad” El perfil criminológico era necesario para sacarlo en definitiva de la cárcel. Mientras purgaba prisión preventiva en el penal de

Gente del sistema, implacable represor y torturador legendario, un viejo y acabado Miguel Nazar Haro, exdirector de la Federal de Seguridad, murió la semana pasada.

Pese a que su estrella decayó hace más de 30 años y estuvo brevemente preso dos veces, nunca fue cabalmente castigado por los crímenes de lesa humanidad que cometió durante los años de la guerra sucia, en gran medida gracias a la protección que le dieron los gobiernos del PRI (que lo crearon) y del PAN. En 1965, con Díaz Ordaz recién llegado a la Presidencia de la República, el entonces director de la DFS, el capitán Fernando Gutiérrez Barrios le dio la encomienda de infiltrar a los movimientos subversivos.

Luis Echeverría Álvarez había sustituido a Díaz Ordaz en Gobernación.

Frío y distante, según su perfil psicológico, Nazar Haro buscaba la perfección y ascenso laborales. En 1970 dio un paso importante cuando fue designado subdirector de la DFS y responsable del “grupo especial” de la policía política, ya en el gobierno de Echeverría. En 1976 ese grupo especial operativo se convirtió en la Brigada Blanca, una fuerza de más de cien efectivos de distintas corporaciones policiales y militares para “combatir” a los grupos subversivos, urbanos y rurales, surgidos tras las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971.

En 1978 ya en el gobierno de José López Portillo, asumió la dirección de la DFS. Fueron años de su esplendor como de policía del régimen. Ahí permaneció hasta enero de 1982, tres años antes de que la corporación desapareciera derruida por el narcotráfico y la corrupción. Él mismo contribuyó a su destrucción.

En 1982 el FBI lo acusó formalmente de formar parte, desde 1975, de una banda integrada por agentes de la DFS dedicada al robo y contrabando de autos. La justicia estadunidense emitió una orden de arresto en su contra. Su permanencia en la DFS era insostenible. Renunció en enero de ese año y en abril fue detenido en San Diego por el FBI. Salió bajo fianza de 200 mil dólares.

La prensa estadunidense publicó que Nazar Haro pudo regresar a México porque había sido informante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mientras dirigió la DFS. Autoritario, rígido y patriarcal, el policía que trabajó para el régimen autoritario del PRI era frío y distante, incluso con su familia, reveló el perfil psicológico al que este medio tuvo acceso (Proceso 1466).

Siempre tuvo la convicción de que los demás no podían realizar ciertas tareas y funciones. El peritaje lo definió como una persona con un sentido de grandiosidad y omnipotencia, que buscó el éxito ilimitado y el poder con frialdad emocional; con poca o nula empatía; con una autoestima elevada al grado de sentirse único.

El paranoide En sus rasgos paranoides su perfil lo describió como una persona desconfiada hacia los otros, con problemas de celopatía y preocupación por los actos de su esposa, hijos y amigos, a quienes vigiló de manera estrecha.

También lo identificó como reacio a relaciones personales íntimas. Por el contrario, buscaba ser parte de grupos sumamente cerrados y altamente cohesionados.

“El sujeto mostró una gran actitud defensiva… tratando de mostrar una autoimagen convencional, negando defectos individuales e intentado aparecer como una persona libre de conflictos personales”.

A sus 80 años su perfil psicológico indicaba que su escala paranoica evidenciaFrancisco Daniel

Topo Chico, una sospechosa reforma al artículo 55 del Código Penal Federal fue aprobada en la Cámara de Diputados. La modificación estableció que los mayores de 70 años pueden cumplir la prisión preventiva o definitiva en su domicilio, siempre y cuando no sean peligrosos ni prófugos.

Elaborado en noviembre de 2004 por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP federal, el peritaje fue benévolo con el expolicía que entonces tenía 80 años y quien llevaba décadas identificado como uno de los principales actores de la represión política en México.

Hijo de inmigrantes libaneses que llegaron al país hace casi un siglo, en 1920, Miguel Nazar Haro nació en Pánuco, Veracruz el 26 de septiembre de 1924. Estudió la secundaria en una escuela católica, el Instituto Potosino, en San Luis Potosí. Acabó el bachillerato y se quedó en los primeros estudios de medicina y derecho.

De acuerdo con su perfil psicológico siempre buscó ser una persona reconocida y poderosa. Encontró el camino en 1950 cuando ingresó al entonces Servicio Secreto de la Policía del DF. Tres años antes había sido creada la DFS, la policía política del régimen priista con la que tanto se identificó.

Su primera tarea como policía fue infiltrar a la oposición al régimen. Lo hizo especialmente en 1952 durante la campaña presidencial del general revolucionario disidente del régimen Miguel Henríquez Guzmán, quien compitió contra el candidato oficial, Adolfo Ruiz Cortines.

Desde fines de esa década estableció una estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos, que lo capacitó en The Institute for Law Enforcement Admnistration (ILEA). En 1960 se incorporó a la DFS y fue asignado a la seguridad de los padres del entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. La DFS formaba parte de la estructura de la Secretaría de Gobernación.

DFS. El reino del terror

eso Archivo Proc

ba “a una persona que actúa con buena dosis de desconfianza hacia las actividades de los demás”, mientras que en sus relaciones interpersonales manifestaba “una gran dificultad para establecer relaciones que se caractericen por ser profundas, afectivas y duraderas”.

El peritaje de la SSP federal anotó que el expolicía “intentó manipular la entrevista psicológica, desvirtuándola al hacer comentarios como: ‘mejor platiquemos’ o ‘¿de dónde viene usted?’

Cuando sentía que las cosas se salían de su control reaccionaba violentamente.

Los médicos que lo examinaron reportaron que cuando no lograba controlar la entrevista “sus impulsos se mantienen subcontrolados… con el riesgo de que ante un evento que él perciba como desestabilizador o estresante, corre riesgo de manifestar un acto abrupto”.

Refirieron que eso pasaba durante la aplicación de las pruebas cuando se levantaba de forma brusca después de sentir que no avanzaba y “aventaba el lápiz sobre la mesa”.

Acostumbrado a ejercer el control, mantenía la calma cuando, sin previo aviso, era sometido a las evaluaciones. Cooperaba con los médicos, pero cuando le hacían preguntas comprometedoras se mostraba evasivo, pretextando problemas de oído.

Pero en todo momento justificó sus actos como policía. Así quedó establecido en su perfil: “El ambiente laboral donde se desempeño contribuyó a satisfacer su necesidad de reconocimiento y ambición de poder, donde ejerció acciones severas y rígidas, sin importar los medios para lograr sus fines, racionalizando todo ello para justificar su proceder”.

Tras dos meses prófugo, fue detenido en febrero de 2004 en la Ciudad de México e internado en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, acusado de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra. Nueve meses después, a fines de noviembre de ese año fue liberado bajo el beneficio de prisión domiciliaria y trasladado a la Ciudad de México.

El titular del juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León le otorgó el beneficio. Sin considerar a la Femospp, la PGR –a cargo entonces de Macedo de la Concha– apresuró el traslado. La mañana del domingo 28 de noviembre de 2004 envío un avión de la institución por el expolicía. Nazar Haro regresó a su casa del Distrito Federal escoltado por agentes de la AFI. Marisela Morales declaró que si no lo hubieran hecho de inmediato, el titular de la PGR habría caído en desacato judicial. Su fidelidad al régimen autoritario del PRI le fue compensada por los gobiernos del PAN. O

Estampas del

represor* Cuando está de por medio la seguridad del Estado, no hay constituciones ni leyes que valgan una chingada Miguel Nazar Haro

RAFAEL RODRÍGUEZ CASTAÑEDA

D

esde el tercer piso del edificio de la Federal de Seguridad, en la esquina de Plaza de la República e Ignacio Ramírez, en la Ciudad de México, vio la mole del Monumento a la Revolución. Un poco a su derecha su vista podía llegar hasta la estación de trenes de Buenavista y aún más allá, hasta las brumosas ondulaciones de la Sierra de Guadalupe, en el extremo

norte del Valle de México. A esas horas su renuncia estaba ya en el escritorio del secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana, unas cuantas calles hacia el sur, siguiendo por Ignacio Ramírez, cruzando Paseo de la Reforma en la Glorieta de Colón y girando a la izquierda por Atenas hasta llegar al cruce con Bucareli, exactamente en el Reloj Chino. Su carrera policiaca parecía terminada. Los ojos del tigre, símbolo de los investigadores policiacos, tan verdes como los suyos, a sus espaldas, lo siguieron hasta que cerró por última vez la puerta de la oficina que había ocupado durante cinco años.

HI S TORI A / GU ERRA S U C IA Desde que inició su carrera policiaca en la Federal de Seguridad, Nazar Haro había mostrado que no sabía equivocarse.

El más puro estilo del sistema mexicano.

Desde el poder Nazar actuaba sin más restricción que la que podía imponerle su fidelidad a la autoridad; en su caso, el secretario de Gobernación y el Presidente de la República. No ofrecía explicaciones.

Simplemente cumplía su compromiso con ellos: proteger al sistema que lo encumbró al poder policiaco. Temido y respetado, Nazar Haro –como sus antecesores al frente de la policía política mexicana– sobrevivió a todo tipo de críticas y a cambios de autoridades y de gobiernos. Era número uno en su misión, y su misión era garantizar la seguridad del Estado. Sin embargo, el hombre de 52 años cometió no sólo un error sino un exceso. Eran los años del desenfreno feliz, contagioso, de la administración de José López Portillo. Nazar Haro, el policía por antonomasia, el Jefe con mayúsculas, el hombre de confianza de presidentes y secretarios de Estado, se vio involucrado en un vulgar contrabando de autos robados y tuvo que renunciar silenciosamente, sin palmadas en la espalda, sin aplausos públicos, a la Dirección.

XXX Como parte de su trabajo en la Federal de Seguridad, Nazar fue pieza importante en la guerra sucia mexicana. Al igual que otros policías y militares, recibió preparación especial en la Escuela de las Américas, en la Zona del Canal de Panamá, en la cual el Pentágono ha entrenado a generaciones completas de las fuerzas de seguridad de los países latinoamericanos. Ahí estudió Nazar cursos de antiguerrilla y se interesó particularmente en la penetración del comunismo en Centroamérica. Años más tarde esta especialización lo ayudó a convertirse en pieza clave de la CIA en México. Ahí también dio forma a su segunda gran vocación: el anticomunismo, que marcó su trayectoria dentro de la Federal de Seguridad, como agente, como subdirector y como director.

Su estilo policiaco se caracterizó por el dominio de los hilos del poder, por el conocimiento de la psicología humana, por su carácter implacable. No se le conoce una sola entrevista periodística en relación con sus actividades policiacas. Era discreto y su acción fulminante. Su estilo estaba marcado, sin duda, por quienes fueron sus maestros y protectores en las tareas policiacas: Fernando Gutiérrez Barrios y Javier García Paniagua.

XXX Con Miguel Nazar Haro a bordo, acompañado de dos agentes de la Dirección Federal de Seguridad, un avión del equipo aéreo de

Gobernación aterrizó la tarde del 16 de septiembre de 1979 en el aeropuerto de Mérida.

Unas horas antes el Jefe había recibido una llamada urgente del gobernador de Yucatán, Francisco Luna Kan. Tenía un pequeño problema: unos presos se habían amotinado y mantenían como rehenes a una veintena de personas en el juzgado aledaño a la prisión.

–¿Podrían ayudarnos? Estos cabrones exigen un helicóptero y amenazan con volar el juzgado con todo y rehenes.

–Voy para allá. Mantengan la situación como está. Hagan tiempo.

Alrededor de las seis de la tarde Nazar llegó al penal. Se enteró de cómo estaban las cosas. Y luego caminó solo hasta la ventana del juzgado, por la calle. Llamó a los asaltantes y Jesús Jiménez se acercó.

–No queremos hacer daño a nadie. Sólo huir.

–Ni madres. Su única salida es entregarse.

Nazar ordenó lo que llamaba un “ataque psicológico”. Patrullas y carros de bomberos hicieron sonar a todo lo que daban sus sirenas, mientras soldados y policías corrían ruidosamente de un lado para otro y por los altavoces se conminaba a los reos a rendirse. Caía la noche y los rehenes gritaban desde el juzgado que la cosa se calmara, que los presos estaban poniéndose nerviosos, que los matarían.

El jefe volvió a dar órdenes.

–Lancen los gases.

Y en el juzgado se produjo el rebumbio. Algunos rehenes lograron escapar. El alcalde de la prisión se zafó de sus captores, y en esos momentos entraron los agentes policiacos, a sangre y fuego. Balazos, golpes, culatazos, y finalmente la rendición. Cerca de cinco mil curiosos, reunidos en la Plaza del Centenario, de Mérida, vieron entonces a Jesús Jiménez Custodio, Francisco López Durán y Jaime Pérez Cortés salir por su propio pie.

(Ahí están las fotos: agentes de ojos vidriosos empujando a los frustrados prófugos. Jesús Jiménez, con los brazos en alto, rindiéndose, a quien un agente le voltea la cabeza hacia atrás, jalándolo de la nariz, casi arrancándosela; López Durán, descamisado, sangrante la cabeza; Pérez Cortés, jaloneado de los cabellos, la camisa ensangrentada.)

Y los vieron también ser arrastrados hasta los autos policiacos, mientras escuchaban a los agentes de civil gritar que se los llevaban al hospital O’Horán, que está a unos metros de la prisión. Distancia mínima que al parecer los autos policiacos recorrieron en una hora, porque fue una hora después cuando los reos llegaron allí, ya muertos a tiros. Los policías –de la Judicial del estado y de la Federal– aseguraron en su

parte oficial que los presos habían muerto a causa de las heridas que recibieron en el ataque al juzgado. O sea, los cinco mil pares de ojos de los curiosos vieron visiones.

Se produjo un escándalo. Los testimonios periodísticos de nada sirvieron. Legisladores, abogados, partidos políticos, pidieron una investigación que nunca se hizo.

Pero cuando esto ocurría, cuando el gobernador Luna Kan intentaba explicar lo inexplicable, Nazar Haro y su gente habían volado ya de regreso a la ciudad de México.

XXX La Brigada Blanca era el más puro estilo de Nazar Haro. Todo tenía que ser rápido, exacto, perfecto, sin huellas. Yo lo conocía muy bien, me hice a su lado en la Federal de Seguridad. La idea de crear el grupo especial fue suya. Quiso sacar a la Dirección de la mira pública, de las críticas por la lucha antisubversiva. Y además organizar de mejor manera esta misión, separarla un poco de las otras actividades de la Dirección. La Brigada Blanca tenía algo así como 225 agentes. La mayoría proveníamos de la Federal de Seguridad.

Recuerdo, veintitantos de la Judicial Federal, setenta y tantos de la Policía Militar Federal. Eso recuerdo. Yo me integré por ahí de diciembre de 1979. Me envió directamente Nazar mediante memorándum dirigido al mayor Cavazos Juárez, a quien designaba como comandante de la Novena Brigada de la DIPD. Me asignaba al Campo Militar Número Uno, “hasta nueva orden”. Junto conmigo llegaron otros compañeros.

Recuerdo, por ejemplo, a José Hinojosa Gallo y a Aurelio Lozano. Los agentes de la Brigada trabajábamos lo mismo en el local de la Dirección que en el Campo Militar. Podría decirse que en la Federal de Seguridad eran los interrogatorios preliminares, las averiguaciones, y en el Campo, la cárcel. Aunque a veces procedíamos a la inversa. Aparte de las órdenes precisas que nos daban, podría decirse que en la Brigada Blanca teníamos estas tareas, comunes a todos: localizar las casas de seguridad de los guerrilleros, de los subversivos como les decíamos; vigilar a parientes y amigos de los presos llamados políticos y de los que teníamos detenidos en averiguación; ejercer un estricto control de domicilios, lugares de trabajo y actividades políticas; identificar a los activistas en mítines, (carne de guerrilla, le llamábamos); vigilar a quienes teníamos detenidos en los separos de la Dirección o en la prisión del Campo Militar; investigar por nuestra cuenta los hechos delictivos que nuestros jefes consideraban como ligados a cuestiones políticas. Voy a tratar de reconstruir cómo estaba jefaturada la Brigada. El jefe nato era sin duda Nazar Haro. A él se le rendían las cuentas finales. Y, de acuerdo con el tipo de operación, él participaba o no directamente en ella. Después venían los comandantes: el mayor inspector Marcos Cavazos Juárez, como representante de la DIPD que era la corporación que ponía “la cara” de la Brigada Blanca; por la

H IST ORIA / G UER RA SUCIA bre todo, en la Brigada disponíamos del “botín de guerra”, es decir, el reparto de lo que sacábamos en los cateos de casas de subversivos o de sus amigos y de parientes. Lo de la famosa tortura, pues es cuestión de puntos de vista. Nos enfrentábamos a gente muy cabrona, dispuesta a todo.

Querían derrocar al gobierno. Era una guerra y ellos sabían tanto como nosotros que en una guerra hay que echar mano de todos los recursos.

Y ciertamente, traíamos nuestra escuela, cada quien de su respectiva corporación. La verdad, no conozco ninguna policía del mundo que trate con guantes de seda a los delincuentes. En fin lo menos que inspiraban los detenidos era compasión.

Archivo Proceso

Policía Militar Federal, el teniente coronel Francisco Quiroz Hernández y los coroneles Luis Montiel López y Guillermo Álvarez Nahara; por la Policía Judicial Federal, Florentino Ventura, que era jefe de análisis técnicos y de servicios especiales de la Procuraduría General de la República; por la Policía Judicial del distrito, Jesús Miyazawa, que como policía se había formado en la Federal de Seguridad; también eran comandantes el mayor José Salomón Tanús y Jorge Obregón Lima, que por cierto estuvieron presos por ahí de 1976 acusados de extorsionar a industriales que defraudaban al fisco. No digo que ganáramos muy bien, pero sí nos pagaban decorosamente. Y, so-

Nos dijeron que había que ser duros, que eran las órdenes de mero arriba, y lo fuimos.

XXX Héctor Colín Nava era un consentido del Jefe.

A los 28 años encabezaba el Departamento Jurídico de la Dirección Federal de Seguridad.

Era joven, era brillante, era además el yerno de Miguel Nazar Haro. Su trabajo al frente del Jurídico era considerado eficaz y en él nada tenía que ver con delincuentes, con activistas, con espionaje ni con ninguna de las actividades soterradas de la Dirección. Por eso cuando el 17 de mayo de 1981 en la mañana Nazar Haro recibió la noticia de que el esposo de su hija había sido encontrado salvajemente asesinado, todo el mundo policiaco especuló: en él alguien se vengó de Nazar.

Discreto como siempre, Nazar enterró junto

cían El Guerra y el más joven de la brigada de propaganda de la Liga, Ernesto.

A punto de la náusea, Ramón se volteó y trató de retirarse. Brazos de hierro lo retuvieron. Los agentes lo obligaron a identificar los cadáveres de sus compañeros, uno a uno, lentamente. A puñetazos y patadas lo regresaron al sótano donde nuevamente lo sometieron a las torturas de un interrogatorio que resultaba cansado incluso para los torturadores. Fue después de esa sesión cuando le anunciaron que de él se encargaría personalmente el Jefe.

Brigada Blanca. Exterminio

“El Flaco” y “El Piojo”* (Variaciones sobre un hecho real) RAFAEL RODRÍGUEZ CASTAÑEDA

E

l Jefe pone la boca de la Mágnum en el centro mismo de tu frente.

–Ahora sí, Flaquito, te llevó la chingada. Que conste que te di chance.

–Míralo al güey –escuchas la voz ronca de un agente policiaco–, se está cagando.

Qué valientes son estos mierderos comunistas. Si no es a traición, valen madre.

XXX Hacía tres, cuatro días, cómo precisar, Ramón había sido capturado por agentes de la Brigada Blanca cuando repartía ejemplares de Madera, el órgano de propagan-

da de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en la zona fabril de Naucalpan, en el área conurbada de la ciudad de México.

Descendió al inframundo tan temido por los guerrilleros mexicanos. Desde que a golpes brutales lo subieron a una camioneta cámper, Ramón conoció el catálogo completo de la tortura policiaca. Nada dijo. El voto de silencio era sagrado. No lo rompió ni siquiera cuando a empujones y mentadas fue llevado al patio central del sombrío edificio, pura y helada piedra gris, de la Federal de Seguridad. Ahí estaba la Tita, con la frente estrellada por el tiro de gracia. Desnudos, amoratados, igualmente muertos a tiros, ya-

XXX Estás sentado frente al escritorio de caoba del Jefe, a la vista la hilera de aparatos telefónicos y de frente también, centrada en la pared, la enorme foto de un tigre de Bengala, símbolo de la Dirección Federal de Seguridad. El Jefe termina una llamada, cuelga el auricular, y moviendo lentamente su cuerpo bajo, pesado, rodea el escritorio para detenerse ante ti. Toma tu barbilla con sus manos suaves, y te obliga a verte en sus ojos verde pálido. Te da un golpe leve con los nudillos del puño derecho.

–Háblame, hijo, háblame de ti. Háblame de tu hermana, a la que tanto quieres… –te dice envuelta la voz en terciopelo.

Por las ventanas penetra la luz fulgurante de la mañana invernal. Dos o tres agentes van y vienen silenciosos en torno tuyo. El Jefe te pone la mano sobre el hombro. Acaricia tu cuello, lo aprieta apenas y lanza un suspiro. De pronto parece recordar algo, regresa ante el escritorio, abre un cajón y levanta una cuartilla blanca.

–Mira qué linda carta –dice, con una sonrisa abierta–. Se la escribiste a tu hermana. Escucha: “Cecilia: ¿Te acuerdas hace un tiempo que dije que me ahogaba,

* Texto extraído del libro inédito Los años sucios.

que no podía más, que los muchachos me exigían una decisión? Creo que ya la tomé.

Esto no tiene vuelta, no hay más que las armas, aunque te parezca idealista. No sé si tengamos oportunidad de hacer algo importante, algo que realmente contribuya a cambiar a este país. Lo que sí sé es que si no me voy con ellos nada tendrá sentido en mi vida. Total, lo peor es morir a balazos o ser torturado por esos hijos de la chingada. Lo mejor es que alguien, tú por ejemplo, me recuerde, nos recuerde en este esfuerzo por acabar con la injusticia”. Tienes buen estilo, mi Flaco, hasta a mí me emocionas. Cuánto más a tu hermana. Y a tu madre. Por cierto, sería muy fácil que las volvieras a ver. Dame el domicilio de una de las casas de seguridad del Piojo. De una sola. Bastaría con eso. A nosotros tú ya no nos sirves. Sálvate. Vuelve a abrazar a tu hermana y a tu mamá. Te aseguro que después todo quedará en el olvido. Te lo juro.

A través de tus párpados entrecerrados, abultados como los de un boxeador diez rounds después, observas al Jefe. Por tu mente pasa todo lo que tus compañeros comentaban acerca del personaje que encabeza la lucha contra los llamados grupos subversivos. Estás desconcertado. Nadie aludía a su voz aterciopelada, ni a la suavidad de unas manos que ahora te tocan las mejillas, como caricias, tu frente adolorida, tus labios amoratados.

–Mira güey, aquí Juan Manuel ya sabe quién es tu jefe inmediato y dónde está ahora. Pero quiero que tú nos ayudes a localizar al mero mero, al Piojo. Carajo, no necesitas más para salvar el pellejo...

De improviso, el peso brutal de un puño en el esternón te aplasta contra el respaldo de la silla. Sientes que te ahogas, que sobreviene el vómito, el vómito que no llega

AP photo /PGR

con el cadáver sus propias conclusiones y no hizo declaración alguna. La muerte de Colín Nava ocupó apenas la atención de los periódicos y nunca se hizo público si los responsables fueron encontrados.

Sólo quedaron para la historia los datos de la necropsia. Colín Nava fue primero atropellado cuando conducía su motocicleta BMW, golpeado y torturado después, y balaceado finalmente, a quemarropa, con ocho tiros calibre .38 súper.

Agentes cercanos a Nazar aseguraron que la muerte de su yerno deprimió al titular de la Dirección.

Para esas fechas el FBI –su viejos amigos del FBI– lo habían colocado ya bajo la mira.

Salida de Topo Chico

porque nada tienes en el estómago.

–Tan fácil que sería evitarte esto –dice el Jefe, mientras se frota los mismos nudillos con los que antes casi te acariciaba.

Levantas la cara. Te asomas a los ojos acuosos del Jefe.

–Tengo sed –musitas.

Como relámpago, uno de los agentes te arroja un vaso de agua en el rostro y exclama: –Toma, ¡lámete cabrón¡ Y habla, hijo de la chingada o te lleva el carajo. Ya viste los cadáveres de tus pendejos compañeros. Habla ya…

–No le hagas al mártir –interviene de nuevo la voz pausada del Jefe–. Un mártir tiene ideales. Ustedes sólo quieren armar desmadre. ¿Mártires? Mártir el Che Guevara. Ese sí tenía güevos.

Mira Flaco, porque te dicen Flaco, ¿no?

Mira Flaco, lo sabemos todo de ti. Que naciste aquí, que estudiaste en el CCH, que tu padre abandonó a tu mamá y a los cuatro hermanos que son ustedes, que saliendo del CCH te metiste en esta onda, que perteneces a la brigada de propaganda de la liga de mierda, que eres bien cercano al Piojo y que sabes dónde está. Es más, has tenido diferencias con él. Te echaste, y dime si no, dos que tres de mis agentes y bastaría con eso para darte en la madre. Pero te ofrezco la oportunidad, carajo, dime dónde está el Piojo y te salvas, qué más te da, carajo.

Percibes el aroma a loción fina que desprende el rostro del Jefe, a unos cuantos centímetros de tu cara. Sus ojos clavados en los tuyos. Todo lo que te dijo es rigurosamente cierto.

–Ya me cansaste, pinche Flaco. De cualquier manera alguien cantará y agarra-

remos al Piojo. Ve diciendo tus oraciones… ¿O no? Porque así son ustedes, muy comunistas pero terminan encomendándose a diosito.

El Jefe toma una pistola de encima del escritorio. La reconoces. Es una Mágnum .380. Observas cómo la acaricia y cómo atenaza la culata con la mano derecha.

Los agentes se acercan. Uno de ellos, a quien el Jefe ha llamado Juan Manuel, de pelo rizado negro y bigote recortado, aspira su cigarrillo, exhala y el humo se ilumina a contraluz de una ventana que enmarca el azul pálido del cielo.

–Grita que vas a hablar, cabrón, grita, güey, no seas pendejo –te escupe Juan Manuel.

De haber querido, habrías sido incapaz de emitir palabra alguna. Sientes que el alma se te atraviesa en la garganta: un nudo imposible de deshacer. No puedes contener las lágrimas. No piensas. Cierras los ojos y escuchas apenas la respiración pausada del Jefe.

–Bueno, Flaquito, adiós –dice el Jefe–.

Adviertes con espanto que los esfínteres se te aflojan y que emana de tu cuerpo un repulsivo olor a mierda, aprietas los párpados aún más, crees imaginar el más allá, y no, no, no te arrepientes de nada…

Con la boca del cañón en tu frente, tensos los músculos y los nervios del brazo, fundidos la palma y los dedos de la mano derecha con la culata de la Mágnum, Miguel Nazar Haro aprieta el gatillo.

En el silencio de la habitación escuchas, multiplicado contra los muros, el inconfundible tronido seco de un disparo sin cartucho. O * Texto extraído del libro inédito Los años sucios.