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NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES DEBEN CLARIFICAR BIENES DE LyFC Y CASTIGAR CORRUPCIÓN TRAS DECRETO ILEGAL: ESPARZA
CENTRAL DE TRABAJADORES DEBE ABRIRSE A LA SOCIEDAD Y POR UN NUEVO PROYECTO DE NACIÓN LIBERTAD PARA 12 ELECTRICISTAS La opción es López Obrador
MICHOACANO
Lunes 16 de Abril 2012
Sociedad CENTRAL DE TRABAJADORES DEBE ABRIRSE A LA SOCIEDAD Y POR UN NUEVO PROYECTO DE NACIÓN La construcción de la nueva central de trabajadores democrática e independiente es un proyecto que no tiene una visión netamente gremialista, subrayó Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al pronunciarse por ampliarla a la atención de problemas de la sociedad civil. Ese referente, impulsado por diversas organizaciones sindicales, sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles, académicos e intelectuales de todo el país, es parte de otros esfuerzos por refundar a nuestra nación como la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT). Actualmente se encuentra en un proceso de discusión y análisis de sus propósitos y camina en la integración de una junta organizadora que se presentaría el próximo 1º. de mayo en el marco del Día del Trabajo en el Distrito Federal. Para el investigador de la Universidad Obrera de México (UOM) e integrante de la OPT Marcos Tello Chávez, la incipiente central de trabajadores, además, debe ser política, luchando por instaurar en el país un nuevo proyecto de nación que implique la transformación profunda y romper de una vez con la inercia histórica de subordinación de la clase sindical a la burguesía. Fue el SME quien planteó la idea de conformar ese frente sindical que rompa con el corporativismo y vicios de las actuales centrales obreras que se pliegan a los dictados de la política neoliberal y olvidan a sus representados. Uno de los primeros eventos masivos ocurrió precisamente en Morelia con la firma del Pacto Minero-ElectricistaMagisterial el 18 de marzo de 2011, y el pasado 10 de marzo tuvo verificativo un foro sobre la nueva central de trabajadores, donde acudieron representantes de unas 60 organizaciones. De acuerdo a Marcos Tello, en la central independiente y democrática de trabajadores estarían cerca de un millón de simpatizantes. Alrededor de 400 mil de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), poco más de 150 mil mineros, unos 26 mil electricistas, y cerca de 150 mil de sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), además de otros gremios del país. Sobre su justificación, Martín Esparza señaló que es debido a que las centrales corporativas (CTM, CROC y Congreso del Trabajo) han permitido a los distintos go-
Tenemos que vincularnos con la sociedad: Esparza
biernos mexicanos imponer nuevas condiciones laborales como el outsourcing (contratación mediante terceros), muy practicado en la actualidad, y la hegemonía que mantienen en las juntas de conciliación y arbitraje, sin defender los derechos de sus representados. Calificó que deben integrarse todas las organizaciones coincidentes con la lucha de clases y la defensa de los preceptos laborales de la constitución mexicana vigente, máxime cuando persiste la amenaza del PRI y PAN de reformar la Ley Federal del Trabajo para quitar derechos conquistados, entre otros al de huelga, a la libre sindicalización, a un trabajo y salario dignos, a un empleo seguro. «Debemos de juntarnos; gremialmente no lo podemos ya hacer, el SME no puede revertir el golpe que nos han dado, solos. Para revertir necesitamos aglutinarnos entre todos en una nueva central que tenga que ver también con la sociedad civil, que tenga que ver con el internacionalismo, con el tema de los migrantes, de los campesinos; que tengamos un bloque más amplio para poder revertir toda esta agresión que estamos viviendo todos», sostuvo al participar en el Seminario rumbo al V Encuentro Sindical de Nuestra América (ESNA) 2012, realizado en instalaciones de la Sección XVIII en la capital michoacana del 26 al 28 de marzo anteriores.
Tello: Alrededor de un millón estarían afiliados (Foto: José Ramón Hurtado)
PROPUESTA DEFENSIVA, EN INICIO Inicialmente la nueva central de trabajadores es una propuesta defensiva, advirtió Tello Chávez en el mismo seminario organizado por la Sección XVIII, el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (FESEMSS), la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM) y la Federación Sindical Mundial Sección México. Es defender lo poco que nos queda después de la ofensiva neoliberal, agregó. «Algunos han teorizado esta propuesta defensiva; hablan de que el objetivo central es el crecimiento económico para mayores empleos, aumentar los ingresos y redistribuir estos ingresos. Ésta es la percepción y éste podría ser el programa de la nueva central, lo que habría que preguntarnos es si esto alcanza para enfrentar la crisis actual, que es también una crisis del Estado-Nación», apuntó. Refirió que en el viejo periodo del PRI se repartieron ganancias de empresas a los empleados, pero éstas entraron en crisis en los años 70 y entonces se vio en la precarización de los trabajadores una forma de hacerlas crecer, aunque sólo para beneficio de los patrones. Ahora con la propuesta de reforma laboral impulsada por el PRI y el PAN, dijo, se tendría una precarización total y habría más casos como los
del SME y trabajadores de Mexicana de Aviación, que perdieron su fuente de ingresos en el caso de los primeros, y en el otro buscan recuperar su antiguo trabajo, pero en condiciones laborales y económicas inferiores a las que tenían antes de declararse en quiebra su compañía. Por eso desde su óptica, no sólo deben buscar con el nuevo referente el crecimiento económico, aumento de empleos y recuperación del salario sino, como planteara en 1970 Lázaro Cárdenas del Río, que el mercado deje de regular la producción y dejar en manos del Estado esa situación, la cual ninguno de los candidatos presidenciales maneja en sus proyectos, incluido el de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, aunque éste es quien más se acerca a la propuesta de quien decretó la expropiación petrolera en 1938 como presidente. Se requiere entonces, subrayó, un giro de 180 grados, pero desde los propios sindicatos debe profundizarse en sus métodos democráticos y de participación a fin de no caer en los viejos vicios gremiales de prácticas autoritarias y centralistas. «Pero sobre todo tendrían que plantear el tema de la autonomía; el movimiento sindical mexicano, en lo fundamental, ha estado sujeto a las ideologías de la burguesía, a la cultura de la burguesía», resaltó. También habló de las formas de explotación hacia los trabajadores mexicanos, que aquí serían dobles porque son por los patrones del país, pero igual por los extranjeros que gracias a eso obtienen parte de nuestros recursos naturales, y con esa situación de explotación semicolonial, los mexicanos no podrán resolver sus problemas. «La precarización, las reformas neoliberales no van a poder detenerse si no hay un cambio de gobierno y de un nuevo proyecto de nación. En este sentido la nueva central tiene que ser política, porque la burguesía nos reconoce como seres económicos, no nos reconoce como ciudadanos, separa nuestra condición de trabajador de la condición de ciudadano. No podemos dar la lucha política porque entonces estaríamos metiendo temas que no corresponden a la lucha económica, y luego muchos compañeros plantean que son apolíticos, pero la nueva central no podrá asumir los retos que tiene enfrente si no empieza a hacer política; esto hay que discutirlo en este proceso de conformación de la nueva central de trabajadores, para enfocarnos hacia la transformación profunda del país y hacia lo que podemos llamar la segunda gran independencia nacional», remarcó. Por eso la opción de apoyar al perredista López Obrador para la presidencia, como se acordó en el seno del SME y de la OPT, es parte importante para evitar otros seis años de neoliberalismo «que ya no aguantamos», acotó Martín Esparza, aunque su enfoque es ir más allá de la coyuntura electoral y luchar por la transformación de México con la organización y unidad de los trabajadores y el pueblo. Mientras tanto, desde la junta organizadora de la central de trabajadores democrática e independiente se estará llamando a respaldar las luchas de los electricistas, del magisterio, de los mineros y de otros sectores sindicales con problemas.
MICHOACANO
Lunes 16 de Abril 2012 Clarificar el proceso seguido con los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que tras el anticonstitucional decreto de su extinción fueron transferidos ilegalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante un comodato que vence en agosto próximo, demandó Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien se cuestionó, después de dicha fecha a quién se van a entregar. Al tener los primeros documentos desclasificados sobre la extinción de LyFC, en poder del SME, quedó demostrado que Felipe Calderón Hinojosa mintió a la sociedad, pues no ha cumplido ninguno de los puntos que prometió tras ese proceso que además violó el Estado de Derecho, reiteró el líder electricista. Ahora, dijo, buscarán ya con esas pruebas escritas hacerlas valer ante instancias federales, y en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos también, a fin de reponer el procedimiento que dejó en el desempleo de un día a otro a más de 44 mil electricistas. Por su parte, el Pro-secretario de Jubilados del Mexicano de Electricistas José Antonio Almazán González expresó que con los documentos desclasificados se evidencia que el gobierno calderonista no tenía argumentos fundamentados para desaparecer a Luz y Fuerza y, al contrario, fue un acto deliberado con el propósito de descapitalizarla y luego venderla atendiendo a la privatización del sector energético y de la red de fibra óptica, donde hay mil 100 kilómetros en la red manejada por los smeitas. Entrevistados por la periodista Carmen Aristegui en MVS Noticias del pasado 3 de abril, ambos integrantes del comité central del SME, que tienen la toma de nota hasta el año 2013, coincidieron que la mala situación en las finanzas de LyFC no se debió a los salarios y prestaciones de los sindicalizados y los jubilados, sino a los malos manejos y a la compra de energía en bloque a la CFE. Mostrando los cuatro documentos sobre la extinción de la citada compañía que obtuvo el gremio tras solicitarlos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) luego de ser desclasificados, José Antonio Almazán dijo que el primero es una carta de la titular de Energía Georgina Kessel al secretario de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, donde señala que tanto el informe como el diagnóstico de la empresa fundan y motivan el decreto de extinción, lo cual no es verdad. Un segundo es el «Informe de la desincorporación mediante extinción del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro», a través del cual «hay un alegato sin fundamento» tratando de atribuirle a los salarios, a la plantilla de trabajadores, a las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, la debacle financiera de la compañía. Especificó que en 2008, último año de LyFC, los sueldos de los sindicalizados apenas representaron el 7.2 por ciento de los ingresos totales de la empresa, y por concepto de prestaciones en ese mismo año, el 6.3 por ciento. Es decir, en total 13.5 por ciento, y «apenas el 6 por ciento si nos vamos a costos», aseguró. A este particular descalificó las cifras «trucadas» del documento desclasificado
DEBEN CLARIFICAR BIENES DE LyFC Y CASTIGAR CORRUPCIÓN TRAS DECRETO ILEGAL: ESPARZA
Suman más de 29 meses de lucha electricista contra ilegalidad calderonista
donde indica que por todas las prestaciones económicas al sindicato ascienden aproximadamente al 216 por ciento del salario nominal del tabulador, y en 2008 alcanzaron tres mil 172.81 millones de pesos. «La empresa fue quebrada a partir de imponerle un precio elevado en compra de energía en bloque a la Comisión Federal de Electricidad; a partir de impedirle construir sus propias plantas de generación en la región centro, que además es un requisito de carácter técnico. Le han permitido a los productores independientes de energía eléctrica pulular en todo el territorio nacional; sin embargo, a Luz y Fuerza se le impidió crecer en capacidad de generación de energía propia; se le impidió mantener el factor de planta en las empresas de la zona de generación que vienen de comienzos de siglo», remarcó. Detalló que de acuerdo al reporte financiero de diciembre de 2008, LyFC obtuvo ingresos por concepto de venta de la energía eléctrica de 50 mil 791 millones de pesos; pero pagó por energía en bloque a la CFE 60 mil 727 millones de pesos. Aunque, agregó, en 1994 todavía pagaban menos por ese concepto de energía en bloque, cuando erogaron tres mil 825 millones de pesos; no obstante, ingresaron cinco mil 913 millones de pesos en números cerrados, y 14 años después ya se pagaba el 120 por ciento de sus recursos obtenidos a la comisión, que vendía la energía eléctrica a un precio por encima de la tarifa indus-
trial a nivel nacional «y después nos obligaba a vender al precio de la tarifa industrial y automáticamente teníamos pérdidas». Respecto a los salarios de trabajadores de Luz y Fuerza, señaló que en 1974 representaron el más alto porcentaje de los ingresos, con el 26 por ciento, y desde entonces fueron descendiendo hasta el 7.2 por ciento ya señalado en 2008. Igual con el pasivo laboral, de 102 mil millones de pesos, no los 240 mil millones de pesos en cifras cerradas, mencionados por el gobierno federal, que son con base en proyecciones hasta el 2030 en su reporte. Tercer documento desclasificado, de 68 cuartillas, orientado básicamente a criticar las prestaciones y contrato colectivo de los electricistas, por no permitir el contratismo, «que sí lo permite CFE y es fuente de corrupción y de negocios», a decir de Almazán González. Y el cuarto son las bases para la desincorporación. «Todos los documentos tienen un valor probatorio en cuanto a que no pueden fundar y motivar el decreto de extinción de Luz y Fuerza. Se trató de un acto administrativo carente de fundamento y eso es violatorio a lo que establece la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que obliga a la autoridad a fundar y motivar, si no estaríamos por fuera de un Estado de Derecho», apuntó. Fue más allá y subrayó que por lo expuesto en los documentos con fechas entre el 31 de agosto y 28 de septiembre de
2009, muestran que fue un acto planeado y deliberado. «No fue un caso fortuito ni de fuerza mayor, que es lo que el gobierno argumenta; es toda una estructuración de acciones tendientes a escoger la fecha para extinguir a Luz y Fuerza del Centro. En las bases para la desincorporación, por ejemplo, Georgina Kessel propuso el 7 de octubre de 2009 y resulta que fue esa la fecha para el decreto de extinción, sino que fue el 11 de octubre».
ANOMALÍAS TRAS EL DECRETO La noche del 10 de octubre de 2009, policías y militares desalojaron a los trabajadores de LyFC que se encontraban de guardia de sus instalaciones en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos, Michoacán e Hidalgo. Horas antes la selección mexicana de futbol se clasificó al mundial de Sudáfrica 2010 luego de vencer en el Estadio Azteca de la capital de la república a su similar de El Salvador 4 a 1. Horas después se hizo público el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (domingo 11 de octubre) e inició una campaña mediática en radio y televisión justificando esa acción, tachando a los electricistas de ser «privilegiados» y con ello contribuir a sangrar las finanzas nacionales. Tras lo cual habría mejor atención a usuarios de electricidad, tarifas más bajas, generación de empleos suficiente en el país y una economía sana. Nada de eso, a más de dos años ha cum-
MICHOACANO plido la administración de Felipe Calderón, lamentó Martín Esparza. Al contrario, abundó, hay tarifas de energía más altas, los empleos no han aumentado ni la economía nacional mejorado, pues la deuda pública asciende hoy a cuatro billones 800 mil millones de pesos. De ese «decretazo», de entrada dijo que como un Organismo Público Descentralizado, creado por mandato del Congreso de la Unión el 21 de diciembre de 1989, LyFC no pudo extinguirse por una orden del ejecutivo federal, sino debió ser el legislativo. Un segundo factor, en ninguna de sus juntas de gobierno se trató el caso de la desaparición; la última sesión, presidida por la secretaria de Energía Georgina Kessel, fue en junio de 2009, sin abordar el tema ni señalar indicios a ese punto. La extinción debió pasar por una reunión extraordinaria y tomarse la decisión de aprobarla o rechazarla, dijo. Tres días después del decreto presidencial, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), nombrado para la liquidación de Luz y Fuerza, demanda la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, «y el argumento del presidente dice que es un asunto de interés público y de economía nacional, que Secretaría de Hacienda le autorizó; si el tema era económico debieron haber demandado un conflicto de carácter económico en las juntas federales y nos demandaron por caso fortuito y causa de fuerza mayor, que son causales distintas a lo que establece la propia legislación en materia laboral». Más anomalías. En el propio decreto instruye a la Secretaría de Energía a que en los tres días hábiles siguientes publiquen las bases de la desincorporación de la empresa; pero se difundieron el mismo 11 de octubre, lo cual es ilegal, arguyó el dirigente del SME quien, subrayó, basaron esa decisión en el Artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, «cuando quedó derogado en agosto de 1994 con la Ley Federal de Procedimientos Administrativos que hizo Ernesto Zedillo para evitar que se estuviera despojando a la nación de más de mil empresas que había privatizado Carlos Salinas». Para Esparza Flores, lo de fondo es la privatización de la industria eléctrica, de la red de fibra óptica de la zona centro, con mil 100 kilómetros a empresas como Televisa y TV Azteca y trasnacionales, y con la aplicación anticipada de la contrarreforma laboral impulsada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
¿DÓNDE ESTÁN LOS BIENES DE LYFC? Pero el 11 de octubre de 2009, sostuvo Martín Esparza en la entrevista con Carmen Aristegui, el SAE le transfirió todos los bienes de LyFC a la CFE ante un notario público, «en un documento que se llama comodato, que vence en agosto de este año», por lo que se interrogó qué pasará con la infraestructura de la compañía extinta y a quién se la entregarán. «Eso lo tiene que resolver el Congreso de la Unión, aquí no es el ejecutivo, los únicos facultados son los diputados y los senadores, y en esa infraestructura están
Lunes 16 de Abril 2012 invertidos todos los fondos de previsión social y son las jubilaciones de nuestros compañeros jubilados; las jubilaciones de los trabajadores en activo, nuestro seguro sindical. Es la fecha que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no informa sobre el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro. La Ley del SAE dice que debieron de hacer una acta de entrega-recepción sobre qué les van a dar a administrar y luego hacer un inventario de toda la infraestructura y ese inventario registrarlo en la Dirección de Bienes Nacionales; abrir una página (de internet) y a la fecha no se ha integrado un solo informe de los inventarios de Luz y Fuerza», refirió. Sí en cambio, puntualizó, hay una discrecionalidad y corrupción en el proceso de extinción, con saqueos de herramientas, vehículos, algunos de ellos parados desde hace más de 30 meses que se compraron en licitación «en dólares». Además hay contratos con terceros, como la empresa ABB, de subestaciones encapsuladas que se adquirieron y ya no se instalaron. «Hace días Felipe Calderón dijo que había acabado con una empresa que era ineficiente, que era corrupta, cuando las facultades que a él le da la ley es que si hay corrupción en alguno de los órganos de gobierno, es fincarle responsabilidades; a la fecha no lo ha hecho, mucho menos al director Jorge Gutiérrez Vera, nombrado por el ejecutivo; él ya había estado en Luz y Fuerza en la época de Carlos Salinas, con señalamientos de corrupción, lo vuelven a traer de Comisión Federal de Electricidad siendo que ya estaba jubilado y se volvió a jubilar en Luz y Fuerza del Centro», destacó. En 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del 11 de octubre de 2009 era constitucional, pero a la vez dejó salvaguardados los derechos laborales de los afiliados al SME. Asimismo, resolvió que el sindicato electricista no había podido demostrar la viabilidad financiera de la compañía desaparecida, «porque estaban reservados los documentos» que ahora ya tienen algunos, pues otros se podrán conocer hasta en 12 años, porque podrían causar un riesgo a la seguridad nacional, según el argumento del gobierno federal. Sin embargo, hay miles de demandas por la restitución del empleo, pues persiste la fuente de trabajo, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; un amparo directo en el Poder Judicial de la Federación, y falta la interpretación de la ley en términos de que no se puede extinguir un organismo público descentralizado, un contrato colectivo de trabajo y un sindicato. Y está por interponerse una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, para reponer el procedimiento jurídico. A la fecha continúan en la lucha por restitución laboral y que se cree la figura del patrón sustituto, 16 mil 599 smeitas, de los más de 44 mil que había antes del decreto. Muchos optaron por aceptar las condiciones oficiales de la liquidación «más arriba de la ley», y la promesa de ser recontratados por la CFE, situación que no fue cabalmente cumplida.
LIBERTAD PARA 12 ELECTRICISTAS Otra de las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es la liberación de 12 agremiados encarcelados, uno de ellos desde hace casi año y medio. Los acusan de motín y otros, «delitos que no se veían desde los años 30», subrayó Martín Esparza Flores, líder del gremio, por lo que son considerados políticos. Es una de las razones por las que se mantienen en la mesa con funcionarios de Secretaría de Gobernación (Segob). A poco más de siete meses de concluir la administración de Felipe Calderón Hinojosa, los acuerdos suscritos con los electricistas, como buscar vías para la reinstalación ya sea creando otra empresa pública de servicio de energía con la figura de patrón sustituto, y el pago de adeudos y prestaciones devengadas, no se cumplen. El 13 de septiembre último, hubo el compromiso, establecido con el extinto titular de Segob Francisco Blake Mora. «Sabemos que no vamos a conseguir la reinstalación laboral en Gobernación, pero sí necesitamos dialogar para rescatar a los compañeros que están en la cárcel; son presos políticos», manifestó Esparza Flores en entrevista luego de participar en el Seminario Rumbo al V Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA), realizado en Morelia, Michoacán el pasado 27 de marzo. Miguel Márquez Ríos, uno de los prosecretarios del comité central del SME, fue detenido el 21 de octubre de 2010. Lo aprehendieron con lujo de violencia, acusado de «privación de la libertad» de po-
licías federales y obstrucción de las vías federales de comunicación, durante una protesta en demanda de reinstalación en su empleo en Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Se encuentra desde entonces en el penal de Puebla. Once más fueron detenidos el 11 de abril de 2011: Álvaro Figueroa Santiago, Eusebio Valdez Morales, Francisco Javier Domínguez Amaya, Gabriel Blas Bastian, Gabriel Rodríguez Arriaga, Gilberto Burgos Martínez, Hugo Medina Rodríguez, Jorge Ulises Uribe Gaona, Marco Antonio Cortes Cruz, Rodolfo Vivas Espíndola y Rogelio García. Están acusados por los delitos federales de motín, robo calificado «en pandilla y con violencia», daño en propiedad ajena y lesiones. La fecha de la detención, acudieron a la sede de la extinta LyFC, en Melchor Ocampo y Marina Nacional y se enfrentaron con policías del Distrito Federal y empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), golpeando a uno y supuestamente sustrajeron una computadora laptop y un cámara fotográfica. A la fecha, un año después, permanecen en el Reclusorio Oriente de la capital de la república.
La opción es López Obrador Seis años más de neoliberalismo ya no los aguantamos, expresó Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Y es que el gremio acordó respaldar la candidatura del aspirante presidencial del PRD Andrés Manuel López Obrador. «Lo vemos en el sindicato como una vía de avanzar; de avanzar en organizar, salir y explicar las plataformas políticas de los partidos en el poder, que son el PRI y el PAN, que van por el sector eléctrico, por el sector petrolero, por la contrarreforma laboral, porque permanezca el ejército en las calles y contra la educación pública, y si no logramos en la coyuntura político-electoral hacer que gane uno distinto a estos dos partidos, va a ser devastador para las próximas generaciones», señaló. Además, López Obrador se comprometió en el acto político de acuerdo reali-
zado en Villa Nicolás Romero, México el pasado 4 de febrero, donde también participó la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), respetar la autonomía de los sindicatos, mejorar los sueldos y prestaciones, no modificar la ley en materia laboral y reintegrar a los electricistas en sus empleos. El propio candidato presidencial de las izquierdas presentó, el 9 de abril último, su Decálogo de Gobierno para el Sector Energético, con algunas demandas con las cuales coinciden el SME y la OPT, como construir cinco refinerías con lo cual se dejará de comprar derivados del petróleo por no producirse en México; igual con la energía eléctrica, al poner a su máxima capacidad operativa las plantas hidroeléctricas; limpiar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de corrupción, y dará prioridad en compras y en contratación de servicios que demanda el sector energético a empresas nacionales.