Pensamos en el futuro adoptando decisiones en el presente 5.3.3. Fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la convivencia pacífica.
de alto riesgo de los distritos seleccionados. Se llevarán a cabo acciones conjuntas (de control, pero sobre todo preventivas) de las instituciones públicas y los organismos comunitarios competentes.
Se dispone en el plano internacional de un nivel considerable de conocimientos, instrumentos y estrategias que han mostrado, no sólo su utilidad para enfrentar en forma exitosa la problemática de la criminalidad (en su doble faceta represiva y preventiva) y del sentimiento de inseguridad, sino también costos netamente inferiores a los inherentes a la intervención del sistema penal, aunque a un nivel inferior, también existen experiencias del mismo tipo en América Latina, en algunos de cuyos países se intenta elaborar una verdadera política pública de seguridad.
La principal actividad orientada prioritariamente hacia el control de la delincuencia consistirá en la ejecución de acciones policiales contundentes y sistemáticas, por las vías, administrativa y penal, destinadas a erradicar pandillas violentas, puntos de venta de drogas, negocios que venden bebidas alcohólicas a menores y receptan bienes robados, y controlar la posesión ilegal de armas de fuego. En cuanto a las acciones de carácter preventivo, se iniciarán al menos 20 Proyectos de Seguridad Ciudadana naturaleza preventiva destinados, por ejemplo, a la recuperación de espacios públicos; la promoción de actividades de recreo, deportes y cultura (sobre todo para jóvenes); y el fortalecimiento del programa Escuelas Seguras o de programas de tratamiento y reinserción social de alcohólicos y drogadictos y de protección de víctimas del delito.
Costa Rica ha sido visionaria al incorporar nuevos enfoques en materia policial y preventiva y se espera consolidarlos y ampliarlos en esta Administración. La inseguridad es un componente del desarrollo humano, de ahí que es necesario trascender la dimensión punitiva -ya que esta actúa únicamente sobre la manifestación de problema-, para abordar sus causas y generar así, respuestas efectivas y sostenibles. Esto implica reconocer que si bien hay una responsabilidad individual en la ejecución de los hechos criminales y violentos, sus tendencias y patrones están condicionados por dinámicas estructurales sobre las que es necesario incidir.
Asimismo, se aumentará la utilización de los métodos de Resolución Alterna de Conflictos (RAC), como instrumentos pacíficos, participativos y extrajudiciales, con el Ministerio de Justicia y Paz como entidad ejecutora, para ello se ha incluido acciones como la capacitación y certificación de mil personas en resolución pacífica de conflictos, con el fin de fortalecer la participación institucional en este ámbito. Igualmente, se activará una Casa de Justicia en cada una de las comunidades: Desamparados, Alajuela, Cartago, Heredia, Santa Cruz, Pococí y Puntarenas (siete en total).
Para actuar en consecuencia con el enfoque adoptado por la Administración Chinchilla Miranda, en relación con la temática de seguridad y paz social, se van a realizar diferentes 57 acciones. Con la finalidad de alcanzar el objetivo de este eje, consistente en contener el crecimiento de las tasas de la criminalidad (sobre todo violenta) y el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos y mejorar la imagen de las instituciones encargadas del control oficial de la delincuencia en las zonas
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Aquí se especifica lo correspondiente al sector Seguridad y Justicia, pero no hay que olvidar que estas acciones están articuladas a una visión de conjunto que las integra con las correspondientes a otros ejes del PND. En ese sentido, existen otras iniciativas que a veces coinciden pero por lo general trascienden, el quehacer sectorial, tal y como es el Programa Comunidades Seguras, Solidarias y Saludables, que abarca cuarenta cantones del país.
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