PRISIÓN PREVENTIVA JUSTICIA DISFRAZADA

Page 1

enfoque

Información, reflexión y cultura política REFORMA Número 889, 8 de mayo del 2011

Prisión preventiva: justicia disfrazada 04 Más de 94 mil presos están en la cárcel sin una sentencia. En una década,

y con el combate al crimen organizado como trasfondo, repuntan estos casos.

10

Eduardo Gallo: qué sigue después de la “Marcha por un México en Paz con Justicia y Dignidad”.

12

Andro Aguilar: Sergio Aguayo afirma que la sociedad debe protagonizar la nueva etapa de la transición.


04 reportaje

C

Inseguridad e injusticia

enfoque

■  Domingo 8 de mayo del 2011

>> reforma

Prisioneros sin sentencia

Cada vez hay más personas encarceladas que esperan una sentencia. La guerra contra el narcotráfico ha multiplicado los casos de prisión preventiva en delitos del fuero federal.

Jésica Zermeño Víctor Alfonso López Corona tiene 23 años y se dedica a vender discos compactos de música en la calle. Su hermano, Jhovany Edén Romero López, tiene 21, y es hojalatero. Ambos terminaron sólo la primaria y vivían hasta hace dos meses en una casa de la colonia Ejidos de San Cristóbal, en Ecatepec. Hoy duermen en una celda del Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, junto con otros 27 presos. Su tragedia comenzó a principios de este año. El 21 de enero, alrededor de las diez de la mañana, Víctor salió de su casa acompañado de un primo para hacer unas compras. Apenas habían dado unos pasos cuando seis policías ministeriales del Estado de México los detuvieron con pistola en mano y los subieron a un auto con lujo de violencia. “Ya te chingaste. Te vamos a matar por culero”, le gritaron. Horas después soltaron a su primo, pero detuvieron a Jhovany, en la esquina de su casa. Entre golpes, sin mostrarles un solo papel que acreditara su actuar, los ministeriales les dijeron la acusación: el secuestro y homicidio de su primo hermano, Jonathan Torres López, de 20 años, quien vivía en Atizapán. Ambos jóvenes aseguran que fueron golpeados en el auto, luego en una camioneta que los obligaron a abordar y donde ya había otro detenido al que nunca habían visto y del que supieron su nombre después, Jorge Joaquín Mauleón Martínez. Denuncian que fueron trasladados primero a un inmueble desconocido y después a las instalaciones de la Procuraduría estatal en Manzana de Roma, en Tlalnepantla. Que les echaron agua en la cara mientras tenían un trapo en la cabeza y les pusieron una bolsa de plástico, para hacerlos sentir que se ahogaban, y les dieron descargas eléctricas en la lengua y los genitales para que confesaran su crimen. La “calentadita para que se acordaran” de lo que habían hecho –como los policías les decían continuamente– duró casi dos días, y tuvo su efecto. Los tres detenidos declararon conocerse y haber ayudado al secuestro de Jonathan. Están acusados de ese delito con el agravante de haber causado la muerte a su primo, a pesar de que no se ha encontrado el cuerpo, y de cohecho, pues los ministeriales aseguran que les ofrecieron 25 mil pesos para que no los entregaran al Ministerio Público. Así consta en el expediente marcado con la causa penal 18/2011 del Juez Séptimo Penal de


Inseguridad e injusticia

reforma >> Domingo 8 de mayo del 2011  ■  enfoque

reportaje 05

Víctor y Jhovany son un ejemplo común de procesamiento judicial en México y un caso más que presenta irregularidades en la conformación de un expediente judicial. Ellos están en prisión preventiva, es decir, su juicio aún no se lleva a cabo, pero como son acusados de cometer un delito grave, que no alcanza fianza, enfrentarán su proceso tras las rejas.

Abuso Alejandro Mendoza

Primera Instancia de Tlalnepantla, del que Enfoque tiene copia. En el expediente, los agentes aseguran que “invitaron” a los inculpados a acompañarlos, que les explicaron de qué se les acusaba y que los interrogaron sentados en un sillón. Tres días después de su detención, el 24 de enero, el procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, los presentó ante los medios de comunicación como una banda de secuestradores que operaban en la entidad, y que habían pedido 4 millones de pesos por el rescate de Jonathan. Los hermanos aseguran que son inocentes, y denuncian que su primera declaración fue totalmente inventada por los policías. Que incluso hicieron retratos hablados de cómplices que no existen presionados por los ministeriales. En su declaración preparatoria, la que realizaron en el juzgado antes de entrar al penal el 25 de enero, ya fuera del alcance de los puños de los ministeriales, Víctor y Jhovany negaron todos los cargos, se declararon inocentes y aseguraron que su primera declaración fue resultado de la tortura. Para su defensa les fue asignado un defensor de oficio, pues no cuentan con los recursos para contratar a un abogado. Sin embargo, éste tiene poco material para defenderlos, pues en el expediente no existe la copia del certificado de las lesiones que Víctor y Jhovany presentaron al ingresar al penal, a pesar de habérseles realizado.

Sandra López muestra las fotos de sus hijos Víctor (izquierda) y Jhovany (derecha), presos en el penal de Barrientos.

Además, según su expediente, la primera declaración será la que se tomará en cuenta para el juicio, pues fue “espontánea”. Mientras concluye el proceso, su madre, Sandra López Corona, quien trabaja de costurera, invierte parte de su sueldo, que es de mil pesos semanales, en comprarles protección y un lugar para dormir, para que sufran lo menos que se pueda en Barrientos. “El abogado ya me dijo que el proceso puede tardar más de un año para que les den sentencia. Me dijo ‘uy, señora, a veces un robo simple puede tardar hasta un año, imagínese un caso como el de sus hijos’”, dice Sandra angustiada.

Sin mecanismos eficientes para que se cumpla su objetivo, que es proteger a la sociedad de nuevos actos de posibles criminales, la prisión preventiva se ha convertido en México en un “pilar de la política criminal gubernamental” utilizado principalmente contra personas de bajos recursos, que no pueden defenderse, asegura Guillermo Zepeda, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y especialista en el tema. El doctor en derecho por la UNAM resume: “se ha abusado de la prisión preventiva sin que eso se haya traducido en mayor justicia”. De acuerdo con las últimas cifras del sistema penitenciario, dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública en febrero de este año, en la última década el número de presos sin condena en las cárceles mexicanas se ha incrementado en 48.6 por ciento, al pasar de 63 mil 724 internos en el 2000 a 94 mil 746 en febrero. Actualmente, el 42.5 por ciento de la población penitenciaria del país está en esta situación.


06 reportaje

Inseguridad e injusticia

enfoque

Presos sólo por si acaso En la última década, el número de internos recluidos en penales que todavía no han sido enjuiciados se incrementó en 46.9 por ciento. Los internos sin condena por delitos de fuero común aumentaron en 20 mil 593 reos entre 2000 y 2011. El porcentaje de presos sin condena por delitos del fuero federal se ha duplicado en el mismo periodo. Fuero común

Fuero federal

espacios disponibles en cárceles

Población penitenciaria 235,000

154,765

165,687

172,888

182,530

193,889

205,821

210,140

212,841

219,754

224,749

222,330

222,947

117,500

113,118

121,093

125,112

133,370

144,271

154,350

160,923

164,275

169,836

173,380

178,160

178,979

41,647

44,594

47,776

49,160

49,618

51,471

49,217

48,566

49,918

51,369

44,170

43,968

0

% SP

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

NOV. 2010

FEB. 2011

121,135

134,567

140,415

147,809

154,825

159,628

164,929

165,970

171,437

173,060

181,581

182,906

127.8

123.1

123.1

123.5

125.2

128.9

127.4

128.2

128.2

129.9

122.4

121.9

80,134

80,661

87,844

89,601

88,136

88,935

92,311

93,653

94,746

71,710

72,400

SP= sobrepoblación.

Internos sin sentencia 63,724

71,501

73,685

51,807

58,412

60,091

64,459

65,134

69,762

71,553

70,718

69,562

70,222

11,917

13,089

13,594

15,675

15,527

18,082

18,048

17,418

19,373

22,089

21,943

22,346

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

NOV. 2010

FEB. 2011

117,977

120,539

124,705

130,819

132,438

128,677

113,228

128,201

106,450

106,579

Internos sentenciados 91,041

94,186

99,203

101,796

61,311

62,681

65,021

68,311

79,137

84,588

89,370

93,557

100,274

103,158

29,730

31,505

34,182

33,485

34,091

33,389

31,169

31,148

30,545

29,280

22,227

21,622

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

NOV. 2010

FEB. 2011

Concepto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Porcentaje de internos sin sentencia.

41.17

43.15

42.62

43.90% 41.60

42.68

42.64

41.41 40.47

41.07

42.12

42.50

Reos sin sentencia por delitos del fuero federal.

28.61

29.35

28.45

31.89

31.29

35.13

36.67

35.86 38.81

43.00

49.68

50.82%

Reos sin sentencia por delitos del fuero común.

45.80

48.24

48.03

48.33% 45.15

45.20

44.46

43.05 40.96

40.50

40.25

40.45

Porcentaje de internos sentenciados.

58.83

56.85

57.38

56.10

58.40

57.32

57.36

58.59 59.53% 58.93

57.88

57.50

Sentenciados por delitos del fuero federal.

71.39

70.65

71.55% 68.11

68.71

64.87

63.33

64.14 61.19

57.00

50.32

49.18

Sentenciados por delitos del fuero común.

54.20

51.76

51.97

54.85

54.80

55.54

56.95 59.04

59.50

59.75%

59.55

Fuente: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.

>> reforma

Tres cuartas partes son internos acusados de cometer delitos del fuero común, como Víctor y Jhovany. Sin embargo, a partir de la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, la prisión preventiva de internos del fuero federal ha repuntado de manera significativa. Según las cifras oficiales, de 2006 a febrero del 2011, el porcentaje de internos del fuero federal sin condena pasó del 36.6 al 50.8 por ciento. Es decir, actualmente poco más de la mitad de los procesados acusados de cometer delitos federales no ha tenido un juicio, 22 mil 346 internos. Durante el gobierno de Vicente Fox la cifra se situaba entre 28.6 y 35.1 por ciento. Zepeda, quien ha seguido de cerca el tema desde hace más de una década, afirma que estas cifras reflejan la ineficacia de la justicia en México pues, a pesar de las advertencias que organizaciones civiles nacionales e internacionales han hecho sobre la constante violación a los derechos humanos de los presos en esta modalidad, no hay esfuerzos encaminados a crear un sistema judicial eficiente, con policías que recauden pruebas y no las fabriquen y Ministerios Públicos con los recursos humanos y materiales suficientes. “Hay un abuso evidente de la prisión preventiva. Ya lo hemos dicho: es una puerta falsa usar la prisión preventiva como un mecanismo de política criminal, porque es simbólico decir ‘estamos metiendo más personas a la cárcel’. En los últimos 10 años hemos duplicado el número de personas en prisión sin que nos sintamos el doble de seguros. Quiere decir que no estamos afectando al segmento de los delincuentes que más daño genera al país. “Esta situación casi de colapso, por la sobrepoblación, deja ver claramente que en las cárceles estallan las inconsistencias de la política criminal. Y estas irracionalidades generan nuevas paradojas, como la que está ocurriendo, que por no ser selectivos con las personas a las que estamos estigmatizando con prisión preventiva les estamos abriendo la puerta a los ya condenados, personas a las que les faltan años, meses para tener cierto porcentaje de su sentencia cumplida, que puedan salir rápidamente por la premura de las cárceles de descongestionarse”, explica el académico. Según Zepeda, si esta situación no se atiende con urgencia, los resultados serán funestos para el país, pues no sólo la delincuencia será imparable, también el rencor social.

‘Se persigue a quien se puede detener’

distribución de la población penitenciaria en términos relativos

51.22

■  Domingo 8 de mayo del 2011

2008

2009 2010 nov 2011 feb

El incremento de la violencia en algunas zonas, más el repunte de delitos de alto impacto –como el secuestro– en varias entidades aumentan el riesgo de abuso de la prisión preventiva no sustentada en investigaciones sólidas. Se ha llegado al caso de crear nuevos delitos, privilegiando la estrategia punitiva contra el crimen, y se han endurecido las penas sin reforzar el sistema de justicia. Además, la mayor presencia policiaca y militar en algunos territorios con fuerte actividad de grupos criminales ha incrementado la posibilidad de ser detenido y acusado de un delito grave sin garantías. Por ejemplo, en Nuevo León, desde junio de 2010 existe el delito de “halconeo” para sancionar a quien aceche, vigile o espíe las labores de elementos de seguridad pública. La sanción puede ser de entre 2 y 15 años de prisión, y es mayor si se trata


Inseguridad e injusticia

reforma >> Domingo 8 de mayo del 2011  ■  enfoque

reportaje 07

crimen que presionan a los funcionarios de justicia (policías, jueces, abogados, etcétera) para consignar a personas de cualquier forma. “Cada día me topo más con acusaciones infladas, con casos fabricados que después me entero que son presentados como grandes logros de las administraciones, esto es muy grave. Y en estos últimos meses me he encontrado cada vez más casos de supuestos secuestradores que no se sustentan con ninguna prueba. Si las hay, que las agreguen, y ya, pero que no torturen”, dice.

Los costos

Angel Llamas Ramos

de un ex funcionario de seguridad pública. Martín Carlos Sánchez, director de Renace, organización civil con sede en esa entidad que ayuda a personas con bajos recursos procesadas injustamente, asegura que la creación de estos nuevos delitos ha incrementado el número de personas encarceladas sin bases sólidas. Según Sánchez, en Nuevo León los índices de prisión preventiva se redujeron entre 2005 y 2006, con la implementación de los juicios orales. Sin embargo, para 2007 el número de presos sin condena en penales de esa entidad se incrementó nuevamente. “Hay una tendencia, a veces por terror, por el incremento de la violencia, a veces por manejo político, de querer mantener una mano dura. Pero eso afecta a la gente de muy bajos recursos, a la gente común y corriente que realmente no tiene una problemática criminal. Acá la gente pide que disminuyan la edad penal, que se incrementen más las penas o que se incrementen los delitos, pero sólo se persigue a quien se pueda detener, no a los que son realmente responsables. A quien se deje, a quien no tenga poder de fuego”, explica. En Chihuahua ocurre algo similar. Según Guillermo Zepeda, gracias a la implementación de la reforma en materia penal, los indicadores de prisión preventiva en la entidad habían disminuido, como en las otras entidades que han implementado la reforma. Sin embargo, con el recrudecimiento de la violencia, y el incremento de penas (el secuestro ahora es castigado con cadena perpetua) eso ha cambiado. “En Chihuahua había estado la prisión preventiva en el 2005 en 44.4 por ciento, arriba de la media nacional, y había bajado hasta 33 por ciento en el 2008 y 2009 con la reforma. Pero por el clima de inseguridad, el gobierno, por frustración, reformó las leyes. Entonces se ha hecho más severa la aplicación de la prisión preventiva, y ya en el 2010 están en 43 por ciento de presos sin condena”, puntualiza. La aparición de nuevos delitos ya es una propuesta a nivel nacional. El pasado 18 de abril, la Presidencia de la República informó en un comunicado de prensa que el presidente Felipe Calderón había enviado al Senado una iniciativa de reforma “contra las cadenas delictivas y responsabilidad penal de las personas jurídicas”, para sancionar a aquellos que participen de manera directa o simplemente hayan facilitado la actuación de grupos criminales. Además, la iniciativa plantea la creación de nuevos tipos penales, como la “facilitación delictiva” o “halconeo”. El abogado penalista Federico Mendoza advierte: “la prisión preventiva es la regla, no la excepción. El problema de que haya nuevos delitos relacionados con delincuencia organizada es que criminalizan conductas anteriores al delito; es decir, puedes ser considerado delincuente sin que seas sorprendido en flagrancia, algo muy peligroso en un país con las deficientes capacidades de investigación de las policías”. El también investigador de la Universidad Iberoamericana sostiene que con el solo hecho de que un grupo de tres personas organizadas hagan un vínculo con otra persona, inocente, a través de un testigo protegido o una denuncia anónima, se puede acusar a alguien de delincuencia organizada. “El delito es solamente pertenecer a la banda, aunque nunca cometas un secuestro, trata de personas, un delito contra la salud. Eso es un cheque

Es una puerta falsa usar la prisión preventiva como un mecanismo de política criminal. Hemos duplicado el número de personas en prisión sin que nos sintamos el doble de seguros”. Guillermo Zepeda Investigador del ITESO.

en blanco para las policías, pues mientras menos requisitos se le exijan al policía más inocentes van a estar en la cárcel, como estamos viendo ahora. El sistema penal cumple una misión eminentemente simbólica, y evidentemente al que peor le va en esta historia es a la gente de escasos recursos que está en un estado muy vulnerable respecto de las policías y que no puede escapar de ellas. De nada sirven los juzgados y la procuración de justicia cuando la policía o el Ejército, el primer contacto, detienen una persona para someterla a un proceso penal sin cumplir con su labor”, sentencia. Una abogada penalista que litiga en juzgados locales, que prefiere se omita su nombre, asegura que ha observado cada vez más “terrorismo jurídico” en los juzgados, pues las autoridades están tan urgidas de presentar resultados positivos contra el

Uno de los factores que atrasa la resolución de procesos judiciales son las ausencias de los agentes policiacos involucrados en la detención de los inculpados en las audiencias. Es el caso de Víctor y Jhovany. Según el expediente, de las cinco audiencias que se han llevado a cabo, tres de los cuatro agentes que los detuvieron –ellos aseguran que fueron más– sólo se han presentado a la de desahogo de pruebas, el 24 de marzo pasado. Ese día se les tomó una ampliación de su declaración. Además de las respuestas comunes de los agentes, que muchos pudieron ver en las salas de cine gracias al documental Presunto culpable (“no recuerdo”, “no me acuerdo”), ese día los ministeriales incurrieron en contradicciones. Dos dicen que interrogaron a los tres detenidos todos juntos, y que la declaración asentada en actas es un resumen de lo que dijeron. Otro, que los interrogaron por separado. Tampoco se ha presentado Patricia ni su esposo, los padres de Jonathan, la víctima. Mientras el Ministerio Público sopesa los argumentos, Sandra ha acudido a todas las audiencias, y visita todos los sábados a sus hijos. Les lleva comida y paga por su protección. En una investigación que realizó para el Open Society Institute sobre el costo de la prisión preventiva en México, publicada en febrero de 2010, Guillermo Zepeda calcula que tan sólo en 2006 el país gastó alrededor de 9 mil 800 millones de pesos en presos sin condena. De éstos, 5 mil 800 millones fueron desembolsados por el Estado, mil 900 millones por las familias de los presos entre dinero, comida, ropa, medicina, etcétera, y el resto lo dejaron de percibir los detenidos o fue gastado por la comunidad (asociaciones y ONG, principalmente). Sandra lleva bien sus cuentas. Cuando sus hijos entraron a Barrientos, entregó 10 mil pesos por cada uno a los reos encargados de la seguridad para que no fueran golpeados y encontraran un lugar para dormir en las sobrepobladas celdas del penal. “Me hicieron un descuento, porque me pedían 50 mil. Yo les dije que no podía pagar”. Además, paga 200 pesos a la semana para que conserven su lugar en la celda, 80 pesos cada sábado para que bajen al patio del penal para la visita y 30 pesos por un lugar en el piso de un metro por 50 centímetros donde convive con ellos. Mil 240 pesos al mes. “Y yo porque puedo pagar. Conozco a una señora que no puede pagar los 200 pesos de la celda y sólo da 35 pesos, pero su esposo que según se robó un tanque de gas y lo agarraron borracho duerme con sentenciados y tiene que traer el uniforme beige, de sentenciado. La señora dice que ya lleva un año así. Imagínate qué puede aprender ahí”, comenta. Hasta hoy, Víctor y Jhovany visten uniforme azul rey, de procesados, y duermen con procesados. •


08 reportaje

Inseguridad e injusticia

enfoque

■  Domingo 8 de mayo del 2011 >>  reforma

‘Ellos crean la delincuencia organizada’

Prisión preventiva por estado Procesados

sentenciados

Fuer 24,871

1

fernando Villegas está

10,455

en prisión preventiva. Al  6,886

ser arrestado fue confundido  con un hijo de “La Barbie”.

5,174

F

ernando Ernesto Villegas Álvarez cumple hoy 283 días en prisión preventiva; 205 en el penal federal de Xalapa, Veracruz. El ingeniero en sistemas computacionales, pasante del Instituto Politécnico Nacional, fue detenido por policías federales el pasado 29 de julio en una casa de Acapulco, al parecer propiedad de Édgar Valdés, La Barbie; fue llevado al puerto guerrerense a trabajar sin saber que terminaría instalando sistemas a narcotraficantes del grupo de los Beltrán Leyva. Según publicó Enfoque el pasado 6 de febrero, los elementos policiacos que lo detuvieron le hicieron tocar una granada de fragmenPerote y a Acapulco. Ya hasta perdieron la tación con los ojos cerrados para imputarlo. cuenta de cuánto han gastado. Cada 15 días, Villegas cumplió 25 años el pasado 8 de durante el día de visita, la familia se reúne abril, ya perdió varios kilos y está desesperaen el penal. Los padres ven al hijo demacrado, aseguran sus padres. do, desesperado. Gracias a esas cortas reunioEl proceso judicial, como casi cualquier nes se han ido enterando de detalles de su viotro, va lento. Fernando llegó al penal el da en reclusión: que festejó el Año Nuevo con pasado 15 de octubre. Cinco una Coca Cola de un litro que días después, el 20, se abstuvo le dieron para cenar y que terde hacer su declaración preminó tomándose a sorbitos duparatoria ante las inconsistenrante tres días; que siguen siencias de las declaraciones de los do seis en la celda; que sólo él y agentes de la Policía Federal otro de sus compañeros comque lo detuvieron y pidió un capran garrafones de agua, pues reo con los federales con el apolos demás no tienen dinero, y yo de un polígrafo. Los policías, tienen que compartirla. en ese entonces comisionados A Fernando también le en Guerrero, fueron citados a fiha dado por escribir. Diez carEnfoque 876. nales de octubre. No asistieron, tas de él redactadas entre di6 de febrero de 2010. argumentando falta de recurciembre y enero fueron recibisos económicos para trasladarse das por sus padres en abril. En a Veracruz. Fueron citados en marzo; tampoco ellas relata su día a día. Un interno le enseñó a llegaron. Han sido citados en junio, otra vez. jugar ajedrez. Aunque nunca había leído, aho“Esperemos que ahora sí vengan. Del cara devora cualquier libro que llega a la celda, reo que tengan con mi hijo dependerá cómo lo mismo uno sobre Fernando del Paso que la le vaya a Fernando. Por sus ausencias el proBiblia o La divina comedia de Dante Alighieri. ceso de Fer está casi parado”, asegura su maEstá diseñando una armadura de Ironman dre, Ángeles. que fabricará cuando salga. Ya terminó de esElla y su esposo tienen conocimiento de cribir su declaración preparatoria y se está que uno de los cuatro policías involucrados preparando para el careo con los federales. en el caso de su hijo ya ni siquiera trabaja en “Tal vez se pregunten ¿por qué no suelto la Policía Federal, y eso les preocupa. el cauce de mis lágrimas? Ésa otra pregunta es sencilla de responder, porque estoy harto La vida en prisión de las mismas historias de las personas que viven en la misma estancia que yo, estoy harDesde que detuvieron a Fernando, a sus pato de que me digan que ya tienen dos años dres la vida se les ha ido en un ir y venir a

4,614

4,914

3,54

3,5

3,

encerrados y que no se agüitan, estoy harto de que me digan que no les importa estar encerrados aquí en x, y, z fecha, que no estaban con su familia en estas fechas navideñas, por eso no lo hago”, se lee en una carta fechada el 20 de diciembre de 2010. “No hay depresión ni ganas de suicidio, eso nunca, sólo me siento como Dante pero sin Virgilio atravesando los círculos del infierno”, se lee en otra, del 21 de diciembre. En los relatos Fernando también describe sus impresiones sobre los policías federales. “Ellos crean la delincuencia organizada. Si no tienes nada que ver con algún cártel de droga –que dicho sea de paso sí existen pero no se dejan ver a la luz del sol o de la luna– ellos en sus muy famosas calentadas –o golpizas, toques, bolsazos, uso de tehuacanes, y otros métodos de tortura– te hacen miembro de alguno, te roban tus objetos personales, llámese cartera, celular, computadora, tarjetas de crédito, una que otra camioneta o auto, la misma ropa te la roban y te ponen sus uniformes mugrosos o zapatos de algún otro pobre diablo que se topó con ellos”, dice en un escrito fechado el 20 de noviembre. Mientras, sus padres buscan hacerle llegar al defensor de oficio nuevas pruebas para la defensa de Fernando. “Nos dijeron que podrían ayudar los testimonios de sus compañeros de escuela, pero ya hemos sondeado a varios y no quieren, por miedo. Tenemos que pensar qué más podemos aportar”, dice su madre, afligida. Jésica Zermeño.

4,

688

420

778

2,359

1,823

1,225

945

2,511

1,999

1,453

2,852

1,693

1,106

1,695

1,053

975

1,509

2,743

2,372

308

1,237

292

*Esta cifra incluye los reos recluidos en el complejo Islas Marías, los C


Inseguridad e injusticia

reforma >> Domingo 8 de mayo del 2011  ■  enfoque

a

Los estados que concentran la mayor parte de la población penitenciaria tienen a cientos o miles de presos que no han sido juzgados.

ro Común

12,664

Fuero federal 1,849

Distrito Federal 1,442

6,663

México

5,581

Baja California

866 601 1,784 2,995

7,103

977

Jalisco 2,501

4,567

1,507

Sonora 1,408

4

399

Puebla

230

2,533

47

86

Veracruz 3,256

581

244 424

Chiapas 2,529

,756

516 888

Nuevo León 1,426

,065

813 692

Tamaulipas 1,045

2,340

796 5,529

Penales Federales* 208

4,120

348

Aguascalientes

89

100

855

Baja California Sur

248

159

364

Campeche

134

129

1,912

Chihuahua

964

1,605

637

Coahuila

215

228

749

Colima

139

204

Durango

388

152

1,269

909

Guanajuato

419

440

2,120

Guerrero

629

506

1,052

Hidalgo

117

119

2,134

Michoacán

661

519

Morelos

328

323

846

Nayarit

220

206

1,821

Oaxaca

633

308

955

Querétaro

148

99

1,568

681

Quintana Roo

140

137

1,076

San Luis Potosí

161

177

1,384

Sinaloa

434

961

2,436

Tabasco

322

47

298

Tlaxcala

56

48

Yucatán

157

109

Zacatecas

78

45

1,119 632

Ceferesos 1, 2, 3, 4, 5, y 7 y el Ceferepsi.

Fuente: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública. Datos a febrero de 2011.

reportaje 09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.