Galde09dossier

Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión

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Mucho más que un tratado comercial

a pretensión de establecer un Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP en sus siglas inglesas) supone una seria amenaza para los derechos de las personas y para el futuro de Europa. No se trata de facilitar el comercio o la inversión para mejorar la vida de la gente, sino de supeditar la vida de la gente a los intereses de las grandes empresas. Y todo ello con la bendición de los gobiernos europeos, los mismos que, durante los últimos años, han impuesto con mano de hierro las políticas que han llevado a cotas de desigualdad nunca antes conocidas, mientras facilitaban un ingente trasvase de rentas desde los sectores sociales y países más débiles, hacia los más ricos y fuertes. Con el TTIP , Europa parece renunciar definitivamente a algunas de sus raíces y se coloca a la vanguardia del mundo en la defensa de una insensata utopía del mercado, cuyas consecuencias son imprevisibles.

La importancia de este asunto ha hecho que, desde GALDE, hayamos decidido dedicarle el dossier de este nº 9 de nuestra revista. En él, hemos tratado de recoger distintas perspectivas de análisis sobre el tema y diferentes dimensiones o vertientes del mismo.

Para ello, se presenta un artículo introductorio, bajo el título ¿Área de libre comercio o área de impunidad? a cargo de Koldo Unceta, Inaki Irazabalbeitia y Manu Gonzalez, personas que han coordinado el dossier. A continuación puede verse la entrevista realizada por Mikel Zurbano a John Hilary, director de War on Want y una de las personas que más han estudiado lo que el TTIP representa. El artículo de Alex Guillamón –El TTIP y el retorno del primer Estado- plantea un análisis de lo que el tratado supone desde el punto de vista de la democracia. Por su parte, el texto de Simon McKeaney -Una negociación con las puertas cerradas-, aborda el proceso de gestación del TTIP en el Parlamento Europeo, mientras que Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro - El TTIP o las normas jurídicas al servicio de las empresas transnacionales- estudian los aspectos jurídicos del tema y su impacto en las relaciones futuras entre empresas y estados.

Se plantean a continuación varios artículos que examinan algunas de las principales consecuencias que puede tener el TTIP. Así, Aiala Elorrieta analiza las posibles repercusiones sobre el empleo en un artículo titulado Urrutiko intxaurrak hamalau, gerturatu eta... , mientras que Clara Murguialday -El TTIP nos lo pondrá más difícil a las mujeresplantea una visión de género sobre el asunto. Por su parte, Concepción García Herrera escribe un artículo titulado Las consecuencias ambientales del TTIP y Patxi Zabalo estudia otra importante repercusión del tema en su artículo Los servicios públicos en el TTIP. Finalmente, Tom Kucharz escribe sobre El TTIP: no está dicha la última palabra, o cómo quitarnos la camisa de fuerza neoliberal, completándose el dossier con la presentación de algunas referencias bibliográficas sobre el tema.

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John Hilary es Director ejecutivo de War on Want, además de una de las personas que más han estudiado el TTIP y las consecuencias del mismo. Es profesor honorario de la School of Politics and International Relations de la Universidad de Nottingham. John Hilary es, además, autor de un gran número de publicaciones relacionadas con el ámbito del comercio y de la inversión internacional a lo largo de los últimos años. Su guía introductoria del TTIP, ahora disponible en la edición adaptada de 2015, puede descargarse gratuitamente en varias lenguas europeas desde http://rosalux-europa.info/publications/books/TTIP_EN/ En la entrevista que ha concedido a GALDE, John Hilary analiza distintos aspectos del TTIP que ayudan a entender el alcance del mismo y las repercusiones que podía llegar a tener su aprobación.

Entrevista a John Hilary La manera de derrotar al TTIP es la de construir una campaña masiva de resistencia en los países europeos y en EE UU ¿Cuál es el contexto global en el que emerge el TTIP? JOHN HILARY. Estamos viviendo la evidencia de la crisis y en este contexto los principales poderes en EEUU y en la Unión Europea están viendo su hegemonía amenazada por la creciente importancia de las economías emergentes y nuevos bloques de influencia. El TTIP es una respuesta a esta amenaza y un intento por restaurar la supremacía de Occidente frente a una Rusia que resurge, es por eso que sus impulsores denominan al TTIP una «OTAN económica». En definitiva, el TTIP es un proyecto sin salida puesto que intenta dar la vuelta a la marea de la historia. Es una señal desesperada promovida por una clase capitalista transnacional que se enfrenta a su inevitable extinción.

Algunas críticas ponen el énfasis en el modo en que está siendo negociado el TTIP J.H. Es normal que la gente se sienta privada de sus derechos por el TTIP en la medida en que las negociaciones

están siendo desarrolladas entre bambalinas por una Comisión Europea irresponsable y no electa democráticamente cuyo objetivo explícito es satisfacer los intereses del capital transnacional antes que los de los pueblos de Europa. Incluso nos niegan el derecho de impulsar una Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y el tratado comercial paralelo entre la UE y Canadá actualmente en fase de preparación para su ratificación. El conjunto del programa europeo está siendo puesto en cuestión como consecuencia de la naturaleza antidemocrática de las conversaciones del TTIP.

Mikel Zurbano

Teniendo en cuenta que los aranceles comerciales entre la UE y Estados Unidos se encuentran actualmente en niveles de mínimos ¿cuál es el objetivo real del tratado del TTIP? J.H. Las autoridades de la Unión Europea y de los Estados Unidos no han guardado en secreto sus objetivos reales

«El conjunto del programa europeo está siendo puesto en cuestión como consecuencia de la naturaleza antidemocrática de las conversaciones del TTIP.» «Necesitamos una política comercial y de inversiones progresista y positiva en lugar del modelo en favor de las corporaciones que tiene la Unión Europea.»

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en las negociaciones del TTIP consistentes en la eliminación de las «barreras» en la regulación para la maximización del negocio comercial trasatlántico. Según sus propios cálculos, esta nueva modalidad de liberalización en la regulación aportará el 80 por ciento de las ganancias comerciales resultantes de las negociaciones. Pero entre los aspectos del desmantelamiento en la regulación que contempla el tratado se incluyen algunos de nuestros derechos sociales y ambientales más significativos. Esta es la razón por la que actualmente existe este masivo movimiento contra el TTIP a lo largo de Europa.

En su informe sobre el TTIP cita el mecanismo «acuerdo en el conflicto inversor-Estado» (ISDS) como el factor clave que beneficia al capital transnacional. ¿ Qué significa este mecanismo y cuáles son sus consecuencias?

J.H. La introducción del mecanismo ISDS en el TTIP significaría la mayor transferencia de poder hacia las corporaciones de los Estados Unidos que tendría lugar en una generación. Los inversores norteamericanos tendrían garantizado el derecho a pleitear contra nuestros gobiernos a través de un sistema judicial paralelo exclusivo, circunvalando así los tribunales nacionales habituales de los que dependemos el resto de los ciudadanos. Esta vía judicial paralela permitiría a estos grandes inversores reclamar billones de euros si sus beneficios estuvieran amenazados. Una cifra record de 150 mil personas respondió a la consulta de la Unión Europea sobre el TTIP rechazando por completo el ISDS y, sin embargo, la Comisión Europea mantiene su compromiso para la inclusión de este mecanismo en el tratado.

De entre los resultados económicos del TTIP, ¿cómo puede afectar éste a la pérdida de empleo y a la normativa laboral?

J.H. Las principales afirmaciones iniciales asegurando la creación de empleo y el crecimiento como consecuencia del TTIP realizadas por las autoridades han sido descartaGalde 09 - invierno/ 2015

das recientemente por analistas económicos por su falta de validez. En su lugar, la gente está empezando a poner el énfasis en el enorme coste económico que traerá el TTIP. Según una declaración de impacto realizada por la propia Comisión Europea, la pérdida laboral como consecuencia de la aplicación del tratado tanto en la UE como en los EEUU superará el millón de puestos de trabajo. De éstos, está previsto que al menos 680 mil se pierdan en la Unión Europea, según una investigación independiente que se publicó hacia finales del pasado año. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que se derivan del TTIP en materia de seguridad alimentaria y medioambiente?

J.H. Hay tantos aspectos en el TTIP relacionados con la alimentación y el medioambiente que son imposibles para mi comentarlos en una entrevista. En el núcleo de nuestra preocupación está la amenaza de que el TTIP plantea al principio de precaución, un principio central en el régimen regulatorio europeo que previene la incorporación de nuevos elementos o procesos si hay algún temor de que no sean seguros. Los Estados Unidos han dicho explícitamente que el tratado pretende reemplazar el principio de precaución por otro llamado «ciencia fuerte» («sound science») que significa una nueva libertad para que las empresas puedan evitar nuestras opciones 23

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... soberanas con las que gestio-

namos la integridad ecológica y alimentaria. El TTIP busca subordinar la seguridad alimentaria y medioambiental al imperativo de la acumulación de capital y por eso no podemos permitir que salga adelante.

TEXTO

Usted dice que con el TTIP los servicios públicos están amenazados pero la Comisión Europea asevera que los servicios públicos están fuera del TTIP puesto que los servicios «ofertados en el ejercicio de la autoridad gubernamental» –definidos así en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OMC- están excluidos del mismo. ¿En qué se equivoca la Comisión Europea?

J.H. La Comisión Europea se equivoca en esto porque la exclusión del GATS es muy estrecha y no se aplica a los servicios públicos tal y como se realizan actualmente en la mayor parte de los estados europeos. La definición del GATS sobre los servicios «ofertados en el ejercicio de la autoridad gubernamental» exige que los servicios en cuestión sean cumplimentados únicamente por el sector público, sin competencia, y también que sean provistos sobre unas condiciones generales no comerciales. Hace unos diez años que confirmamos con los negociadores comerciales (del GATS) que nuestra salud, educación, transporte y otros servicios públicos esenciales no están cubiertos por esa exclusión y, sin embargo, están claramente esperando que hayamos olvidado las discusiones que tuvimos entonces! ¿Cuáles son los principales lobbies y think tanks impulsando el TTIP en la UE y en los EEUU? ¿Hay algún conflicto de intereses entre diferentes sectores capitalistas (i.e. aquellos de orientación nacional frente a los transnacionalizados)?

J.H. Casi todos los grandes lobbies corporativos han estado activos promoviendo sus intereses en el TTIP, pero, en efecto, empiezan a mostrarse algunas divisiones internas. Aquellas compañías que han configurado sus filiales sobre la base de estándares de producción de alta calidad están ahora manifestando su temor porque su per24

fil competitivo podría erosionarse debido al TTIP. De manera similar, muchas pequeñas empresas están asustadas porque la nueva oleada competitiva del TTIP sería un desastre para ellas, ya que están básicamente orientadas hacia la supervivencia en sus mercados locales antes que en el acceso a mercados extranjeros. Hay pocas voces empresariales manifestándose a favor del TTIP en la medida que observan lo impopulares que se están convirtiendo las negociaciones.

¿Qué opinión tiene sobre el movimiento social contra el TTIP? ¿es lo suficientemente fuerte como para parar la agenda del TTIP? ¿Existe en el futuro inmediato alguna posibilidad de éxito para la oposición social y política?

J.H. Yo creo que podemos derrotar al TTIP al igual que impedimos previamente la introducción de esos poderes para el capital cuando intentaron incorporarlos al Acuerdo Multilateral de Inversiones en los 90 y a la Organización Mundial del Comercio en los 2000. El desafío que tenemos es construir una alternativa eficaz para obstaculizar los mismos proyectos neoliberales opacos que emergen una y otra vez. Necesitamos una política comercial y de inversiones progresista y positiva en lugar del modelo en favor de las corporaciones que tiene la Unión Europea. ¿El veto del actual gobierno griego puede tener alguna consecuencia efectiva en la vía institucional para rechazar el TTIP? J.H. El gobierno griego de Syriza ha prometido rechazar el TTIP como un regalo a los pueblos de Europa. Sin embargo, sabemos que la Unión Europea ha podido soslayar las normas en otras ocasiones cuando se ha enfrentado a la oposición a sus designios neoliberales.

Por lo tanto, podemos esperar que algo así suceda de nuevo. La única manera de derrotar al TTIP es construyendo una campaña masiva de resistencia en todos los países europeos, así como en los Estados Unidos. Esto es lo que estamos haciendo con éxito y es por eso que los impulsores del TTIP están empezando a estar asustados.

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¿Área de libre comercio

o área de impunidad?

Koldo Unceta Inaki Irazabalbeitia Manu Gonzalez

P

ese a su apariencia formal, el TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) no es en realidad un tratado de libre comercio, al menos en el sentido que hasta hace poco se daba a este término.

Las áreas de libre comercio fueron tradicionalmente concebidas como acuerdos entre países para eliminar obstáculos a la entrada y/o salida de mercancías derivados de tarifas arancelarias, cuotas y contingentes, y otras medidas de diversa índole. Paulatinamente, el auge alcanzado por el comercio de servicios, así como el crecimiento continuo de las inversiones en el exterior, contribuyeron a configurar un nuevo escenario en el que las empresas más fuertes –y más activas en el ámbito global- comenzaron a exigir nuevas medidas liberalizadoras en las relaciones económicas internacionales. No se trataba ya de eliminar los obstáculos en aduana a los productos provenientes del exterior, sino de impedir que legislaciones nacionales diferentes generaran condiciones distintas de acceso al mercado para unas y otras empresas. Se había creado una situación en la que todo era ya potencialmente fuente de ventajas o desventajas competitivas, poniendo patas arriba los postulados convencionales sobre el comercio internacional y su regulación1.

De esta manera, la capacidad de los Estados para establecer normas diferenciadas, y adecuadas a las necesidades de la población, comenzaba a ser puesta en entredicho con nuevos argumentos. El mercado, defendido por sus máximos valedores como el mecanismo más eficiente para asignar recursos y resolver los problemas de la gente, se convertía así, de pronto, en un fin en sí mismo. La eficiencia social quedaba relegada por completo –ni siquiera

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formaba ya parte del argumentario-, dándose por supuesto que todo aquello que limitara el alcance del mercado –incluyendo el bienestar humano y la protección de los derechos de las personas- constituía un problema y, como tal, debía ser enmendado.

En este proceso, el nacimiento en 1994 de la OMC (Organización Mundial del Comercio) marcaría el inicio de un nuevo tiempo. Las viejas discusiones del GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) sobre reducción de aranceles y otros obstáculos al comercio internacional eran sustituidas ahora por un nuevo enfoque, capaz de responder supuestamente a las exigencias de la globalización. De esa manera, algunos gobiernos –en clara sintonía con las posiciones de las grandes compañías transnacionales- esperaban que la OMC estableciera un marco de funcionamiento en el que se igualaran las condiciones de la competencia, evitando que las empresas de algunos países pudieran gozar de ventajas sobre las provenientes del exterior.

Sin embargo, las previsiones que algunos habían hecho sobre la capacidad de la OMC para llegar a acuerdos sobre servicios, inversiones, y otros asuntos, pronto comenzaron a mostrarse inalcanzables. La gran contestación social habida en Seattle (1999) puso de manifiesto las dificultades para legitimar un proyecto institucional que pretendía subordinar los derechos de las personas y la sostenibilidad medioambiental a los intereses de las empresas más fuertes y los gobiernos que les avalaban. Con posterioridad, los continuados fracasos de la ronda de negociaciones iniciada por la OMC en Doha en 2001, ha venido mostrando la distancia existente entre los intereses y 25

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... las posiciones defendidas por distintos grupos de paí-

ses. Por decirlo rápidamente, a las contradicciones existentes entre globalización irrestricta del comercio y bienestar de las personas -ya evidenciadas en Seattle-, vendrían a sumarse los conflictos de interés planteados por países y grupos de países cada vez más heterogéneos. La presencia entre estos últimos de nuevas potencias emergentes como China, India, Brasil, Rusia, etc., con intereses de corto plazo no siempre coincidentes y con importantes bazas de presión2, han acabado por crear un clima en el que el multilateralismo se ha hecho cada vez más difícil.

Este nuevo contexto es el que, en buena medida, determina que propuestas como el TTIP –y otras de similares características- hayan adquirido tanta importancia para sus impulsores. Las principales empresas han interiorizado que el camino seguido hasta hace poco para defender sus intereses -a través de su gran capacidad de presión en las negociaciones multilaterales llevadas en el seno de la OMC- puede no ser el más fructífero. De ahí que hayan optado por una vía más pragmática, apostando por crear grandes mercados en los que campar a sus anchas, aunque estos no abarquen el conjunto del mundo. Más vale ir avanzando poco a poco y, a fin de cuentas, un mercado de casi 30 países3 y 850 millones de personas -como el que representaría el área del TTIP- es una bicoca para muchas empresas transnacionales.

Nos encontramos pues ante una importante encrucijada que puede cambiar el destino de millones de personas y que, sin embargo, está pasando casi desapercibida dado el secretismo y la ausencia de transparencia con que quiere aprobarse esta iniciativa. El TIPP no va a crear normas iguales para que todas las empresas se vean obligadas a salvaguardar los derechos de las personas y la sostenibilidad de la vida. Por el contrario, se trata de igualar a la baja, sacrificando definitivamente dichos derechos en el altar de los intereses de las grandes corporaciones.

Las legislaciones ambientales y sociales, la provisión de servicios públicos indispensables, el acceso universal a la sanidad o a la educación, los planes de conciliación laboral y familiar, y hasta las propias bases de la democracia, son abiertamente cuestionadas y corren grave peligro.

Se pretende cerrar así el círculo que comenzó a trazarse hace tres décadas con la liberalización de los movimientos de capitales. Una liberalización que abrió enormes posibilidades de negocio para muchas empresas, las cuales vendrían a exigir nuevas liberalizaciones a cada dificultad que se encontraban en el camino iniciado. Una espiral infernal en la que los derechos y conquistas sociales logradas a lo largo de más de un siglo se han visto crecientemente amenazados y/o vulnerados. En este contexto, la propuesta del TTIP supone la definitiva separación entre la economía –entendida como la buena administración del oikos- y el mundo de los negocios. Significa la re-

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nuncia a avanzar hacia una organización más justa y eficiente –tanto social como ecológicamente- de la producción, la distribución y el consumo, optándose por la defensa a ultranza de la rentabilidad empresarial como referencia y principio básico de actuación. Supone un paso más en la renuncia a hacer de las políticas públicas el centro del debate, delegando en el mercado toda la responsabilidad sobre el futuro de las personas y el respeto a los derechos humanos.

El TTIP no supone el establecimiento de una zona de libre comercio, sino la creación –con el aval de las instituciones- de un área de impunidad para la actuación de las grandes empresas. No supone avanzar hacia un mercado más eficiente, sino aceptar la mercantilización de todos los órdenes de la vida sin limitación ni contrapeso alguno.

De hecho, este tratado supone la renuncia de los estados a ejercer su soberanía, aceptando que las empresas –que a fin de cuentas representan intereses privados- puedan demandarles ante tribunales de arbitraje por osar a legislar en favor del interés público. Por ello, la aprobación del TTIP representaría en cierta forma el harakiri de las instituciones públicas y, probablemente, el final de un proyecto –el europeo- que más allá de su actual expresión política y de sus importantes déficits democráticos, representaba también para muchos un ámbito desde el que pensar a medio plazo en un proyecto socialmente más justo y ecológicamente viable.

De ahí que sea tan importante lo que suceda en los próximos meses y la capacidad de respuesta que, desde ambos lados del atlántico, pueda llegar a articularse. Los antecedentes del movimiento que logró paralizar el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) en 1998, o las propias protestas que rodearon la cumbre de Seattle de la OMC en 1999, muestran que el futuro no está escrito, como algunos pretenden.

Koldo Unceta. Catedrático de Economía Aplicada de la UPV/EHU Iñaki Irazabalbeitia. Exeuroparlamentario Manu Gonzalez.

K. Unceta: Teoría y práctica del comercio internacional: mitos y realidades, en Boletín Ice nº2730, 2012 (pp. 31-42).

2 No debe olvidarse que, por ejemplo, según The Wall Street Journal China posee actualmente 1,27 billones de dólares de deuda soberana de Estados Unidos, una cantidad que equivale al 10,6% del total de la misma.

3 Todos los de la Unión Europea, más EE. UU. 1

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El TTIP y el retorno

Àlex Guillamón

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del «Primer Estado»

l martes 13 de enero la Comisión Europea hizo públicos los resultados de una encuesta lanzada el pasado verano sobre el ISDS. Para quien no lo conozca, ISDS son las siglas en inglés del tribunal de arbitraje previsto en los tratados internacionales de comercio para recoger y resolver demandas a los Estados por parte de inversores extranjeros que consideren perjudicados sus intereses por sus decisiones o políticas.

Este ISDS es uno de los puntos más controvertidos en torno a las negociaciones del TTIP o Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Otro punto polémico ha sido precisamente el absoluto secretismo que hasta hace poco rodeaba todo lo que se refiere al TTIP. Naturalmente el secretismo debe entenderse respecto a la ciudadanía en general, porque, por lo que hace a los grandes grupos empresariales y financieros de ambos lados del Atlántico, han sido partícipes privilegiados ya desde antes de

junio de 2013 en que comenzaron oficialmente las negociaciones.

Precisamente el intento de salir al paso de estas críticas crecientes en la opinión pública de varios países, fue el motivo fundamental del lanzamiento de la encuesta sobre el ISDS, de la que ahora sabemos algo más que los resultados. Sabemos que, a pesar de la formulación extremadamente tecnicista de la encuesta, registró resultados récord de participación ciudadana. La encuesta iba dirigida a diferentes niveles, tanto a instituciones públicas, como a empresas u organizaciones empresariales, a entidades, como personas a título individual. Se registraron casi 150.000 respuestas, el 97% de ellas expresando opiniones críticas a la inclusión de este tipo de tribunales de arbitraje.

Pero lo más inaudito de todo ha sido la conclusión que de ello ha sacado la propia Comisión Europea: se lanza una consulta pública para responder a las demandas de

«Los sistemas políticos parlamentarios del siglo XXI son más bien órganos de «deformación» que de conformación de la voluntad popular.

Los procesos de representación se retuercen con sistemas electorales que favorecen la instauración de monopolios políticos, clientelismo y corrupción.»

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... participación ciudadana en un tema de tanta trascenden-

cia como éste y, tras un resultado tan contundente, la conclusión es que de aquí en adelante sólo se pedirá asesoramiento a «agentes especializados». Y la segunda conclusión es, naturalmente, mantener la creación del ISDS vinculado al TTIP, eso sí, velando porque todos sus procedimientos se atengan a la legalidad europea, desiderátum que nadie sabe qué significa exactamente.

Este «affaire» de la encuesta fallida no tendría más interés, si no fuera porque es una auténtica metáfora de lo que se está haciendo con las negociaciones del TTIP y lo que significa el TTIP en sí mismo.

Los sistemas políticos parlamentarios del siglo XXI son más bien órganos de «deformación» que de conformación de la voluntad popular. Hoy es extremadamente difícil participar con posibilidades en una campaña electoral sin contar con grandes recursos económicos, ni con los medios de comunicación, que, en su mayoría, están en manos de los mismos grandes poderes económicos y financieros. Los procesos de representación se retuercen con sistemas electorales que favorecen la instauración de monopolios políticos, clientelismo y corrupción. Además, lo que hacemos no es escoger personas con un mandato por parte de su electorado, sino que acabamos decidiendo en quién confiamos más -o desconfiamos menos- para darle un cheque en blanco.

Todo eso abre un gran abanico de posibilidades a estos grandes poderes para influir, muchísimo más que el electorado, en las decisiones políticas. Y, por si esto fuera poco, hoy en día, las líneas estratégicas sobre la orientación de la economía y la política se han ido derivando de los organismos salidos directamente del sufragio universal, a instituciones electas en segundo, tercero o cuarto grado, a instituciones directamente no electas o a organismos mixtos.

Pero estos grandes poderes industriales y financieros ya no tienen suficiente con esto. Sus proyectos aún no se trasladan a las decisiones políticas con la nitidez y la celeridad que necesita el ritmo de la competitividad en los grandes negocios globales del siglo XXI. No puede ser que una empresa de Texas vea entorpecidos durante años sus negocios porque el gobierno francés, atendiendo a las demandas de su ciudadanía, decide una moratoria para el fracking. No puede ser que la agenda de la privatización de la sanidad se «eternice», porque haya trabajadoras y usuarios de la sanidad que consiguen retrasarla y la ciudadanía aún crea que la sanidad es un derecho. No puede ser que Monsanto tenga que sufrir un auténtico «calvario» de décadas de resistencia del campesinado, ecologistas y consumidoras para implantar la producción y el consumo de transgénicos, con el enorme «lucro cesante» que ello conlleva.

Y para solucionar todo esto, en lo que se está pensando es en el «retorno del primer Estado». Como sabéis, en la Francia del Antiguo Régimen, el rey convocaba a los Estados Generales para tomar las grandes decisiones. El primer Es28

tado era la nobleza, el segundo el clero y el tercero la representación de las ciudades (la ciudadanía). Naturalmente el entendimiento entre la monarquía y los dos primeros estados marcaba la normalidad del funcionamiento de este régimen, hasta que la Revolución acabó con los privilegios y consagró el sufragio universal y la soberanía popular, como bases de la legitimidad política.

La «nobleza» industrial y financiera del siglo XXI añora aquel pasado y demanda cada vez más un nuevo régimen post democrático, una especie de «capitalismo barroco». No es necesario eliminar las «viejas» instituciones dependientes del sufragio universal y de la opinión pública, si se consigue sobreponerles otras que tengan capacidad para proponer, controlar, influir, tutelar, disuadir, amenazar…, sus decisiones.

En palabras del Observatorio Europeo de las Corporaciones: «Observamos el intento de trasladar los temas más controvertidos del TTIP a después de finalizado el acuerdo, mientras se asegura un marco institucional que garantice el acceso privilegiado de los grupos de los lobbys empresariales a la legislación futura. Esta nueva institución transnacional (el Consejo de Cooperación Reguladora), sin precedente histórico, añadiría un nuevo estrato en el proceso de legislación y regulación. Estos funcionarios tendrían una influencia enorme, ya que podrían parar o debilitar propuestas legislativas, y por otro lado, promover propuestas que debilitarían los requisitos para las compañías. Todo esto ocurriría antes de que cualquier organismo elegido democráticamente, ya sea un organismo nacional o el Parlamento Europeo, tuviera la oportunidad de dar un vistazo a las propuestas».

Al proyecto político del TTIP se le puede analizar del derecho y del revés. Se puede entrar a alertar, con razón, sobre cada uno de los efectos que puede conllevar en la rebaja de los derechos sociales, laborales, económicos, culturales, ambientales, etc. y lo que todo esto conllevará en la configuración de sociedades de mayor exclusión e inequidad. Pero de lo que trata esencialmente el TTIP, lo que hay detrás de la forma en que se está negociando, lo que se desprende de la lectura de la Comisión Europea sobre la encuesta fallida sobre el ISDS, es justamente eso: la preparación del retorno del «primer Estado». Àlex Guillamón es Coordinador de Entrepueblos/Herriarte y miembro de la campaña Catalunya No al TTIP Galde 09 - negua/ 2015

Una negociación con la puertas cerradas

Las mejoras son mínimas para el público en general, hay textos de negociación fundamentales que permanecen detrás de puertas cerradas. Sin embargo pueden servir para que el acceso a los documentos de los eurodiputados en el Parlamento Europeo mejore. Hasta ese momento sólo 13 de los 751 diputados tenían pleno acceso a todos los textos de negociación, que en sí es un hecho desalentador.

Pero la medida no es de ninguna manera una respuesta al problema de la transparencia en torno al TTIP, y plantea cuatro grandes preguntas.

1. ¿Por qué no antes?

Está claro que la Comisión ha tenido capacidad hacer mejor las cosas todo el tiempo. La Unión ha optado por no usar esa capacidad. En su lugar, ha decidido mantener a la mayoría de los europarlamentarios, así como a la opinión pública, en la oscuridad.

El hecho de que pueda elegir fácilmente entre el secreto y la transparencia es preocupante, e indica que estas decisiones son vulnerables por los cambios en el clima político. En resumen, estas decisiones no se han tomado sobre la base de las necesidades institucionales o convicciones políticas, sino debido a la presión pública y política.

Simon McKeagney

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l TTIP es criticable y rechazable por muchas razones. La falta de transparencia del proceso de negociación, donde el acceso a información sobre los términos de la negociación y las propuestas de las partes se estaban ocultando, ha recibido múltiples críticas desde el principio. Como consecuencia de las quejas y presiones de organizaciones sociales y políticas, miembros del Parlamento Europeo y autoridades académicas, la Unión Europea decidió en noviembre establecer medidas para incrementar el acceso a la información sobre el TTIP. Ha sido sin duda una victoria de la opinión pública.

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, hizo el anuncio de los nuevos mecanismos de transparencia: • hacer públicos un número mayor de los textos de negociación de la UE que la Comisión ya comparte con los Estados miembro y el Parlamento; • facilitar el acceso a los textos TTIP a todos los miembros del Parlamento Europeo (diputados), ampliando el uso de una «sala de lectura» a los diputados que no tenían hasta ahora el acceso a documentos restringidos; • clasificación de menos documentos de negociación TTIP como «restringido por la UE», haciéndolos más fácilmente accesibles a los diputados; • publicación y actualización de manera regular una lista pública de los documentos TTIP compartidos con el Parlamento Europeo y el Consejo.

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2. ¿En la práctica que consecuencias tendrá?

Todos los eurodiputados tiene ahora acceso a la sala de "lectura segura", donde se guardan los textos de negociación. Esto en sí mismo no es un triunfo para la transparencia. Un proceso de negociación tan vasto y complejo como el TTIP, que involucra a cientos de los negociadores de ambas partes, produce literalmente miles de páginas de texto, con terminología y lenguaje técnicos, del mundo del comercio, de dificil comprensión para la mayoría. Tampoco está claro qué textos de los Estados Unidos se harán accesibles y si incluirán posiciones (textos de negociación activos) y cual será la actitud de los EEUU. Por otra parte, la forma en que la Comisión tiene previsto albergar los 751 diputados en una pequeña sala de lectura, presenta problemas logísticos reales y así lo señala la Defensora del Pueblo comunitaria Emily O’Really en su informe del pasado enero.

Por otra parte, ¿de qué sirve el acceso si el contenido no se pueden debatir, discutir y revisar como parte del proceso parlamentario habitual? ¿Podrán los diputados interesados en temas como el medio ambiente, la agricultura y los servicios públicos examinar las propuestas, y compartir sus contenidos con sus colegas? Lo veo muy improbable.

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Transparencia completa es, después de todo, no sólo sobre la apertura de una puerta, sino el ser capaz de digerir adecuadamente y comprender la información que se ha obtenido.

De hecho, la Comisión quiere conservar la confidencialidad de estos documentos y ha sugerido un sistema de sanciones que se aplicaría a los diputados "pillados en fugas de información", limitando las posibilidades de debate abierto.

en la Comisión que ha quedado muy deteriorada por la manera de llevar el proceso de negociación hasta la fecha.

La Defensora del Pueblo también expresa sus dudas sobre la efectividad de la "sala de lectura segura" para eurodiputados y propone la creación de una herramienta informática segura que permitiese comentarios y modificaciones

Asuntos pendientes La iniciativa de transparencia de la Comisión sigue siendo incompleta, por una razón fundamental: falta el com3. ¿El mecanismos puesto en marcha es una excepción? promiso de los EEUU. Tal como se plantea, la opinión públiAtendiendo a lo sucedido en la conferencia de presen- ca no puede ver el partido completo ya que muchas veces tación de estas medidas y a las declaraciones de la comi- la pelota se encuentra en el lado de los EEUU. Por ejemsaria Mamlström, parece que este mecanismo se aplicará plo, no sabemos si los textos jurídicos de la UE publicados solamente al TTIP y no a todos los tratados comerciales en enero fueron acordados con los EEUU. como base para que la UE negocia. las negociaciones, o qué relevanEs bueno comprobar que la cia tienen en este momento.

«TTIP negoziazioen testu presión pública funciona pero, Muchas de las propuestas de también se revela la naturaleza la UE se remontan a marzo de 2014, bateratua publiko egitean, ad hoc para la toma de tal o cual y ha habido más rondas de negonon EBk eta AEBk decisión. Es esencial que se ciaciones desde entonces. Es ineviadopte una política de transpatable que las posiciones hayan camdefenditzen dituzten rencia correcta y sensata para las biado con el transcurso de las posiziak ageri diren, negociaciones de todos los acuernegociaciones, lo que significa que dos comerciales internacionales los textos de posición iniciales conentenditu ahal izango de la UE. Ahora se está improvitinuarán disminuyendo en imporditugu prozesuaren nondik tancia a medida que las conversasando en función de la presión de la opinión pública. ciones avancen. No sabemos si han norakoak.» realizado cambios, si se han añadido 4. ¿Qué pasa con la ciudadanía? o retirado problemas, o cómo los tePara la ciudadanía muy poco han mas han avanzado desde las primecambiado las cosas con estas meras propuestas de la UE. didas. La ciudadanía todavía no Sólo mediante la publicación del tendrá acceso a los textos de netexto refundido, que muestra las gociación activos, y ese es el quid posiciones que defienden tanto la de la cuestión.

UE como los Estados Unidos, vamos a ser capaces de obtener una La opinión del defensor del pueblo comprensión más clara del procePoco mas de un mes después de la proclamación de so de negociación. Hasta la fecha, la Comisión ha renunlas intenciones de la Comisión, se hace público el resulta- ciado a conseguir que la contraparte estadounidense acepte do de la investigación de oficio del Defensor del Pueblo de hacer público el texto. Sin embargo, recordemos que en la UE sobre la transparencia TTIP. pasadas negociaciones comerciales lideradas por la ONU La oficina de Emily O’Reilly recibió 315 propuestas y o incluso en la negociación del Área de Libre Comercio de más de 6.000 mensajes de correo electrónico sobre el las Américas (ALCA)en la década de 1990 este tipo de tema. En consecuencia, O’Reilly señalaba que: «Las res- textos eran fácilmente accesibles. puestas a la consulta pública de la Defensoría del Pueblo Sólamente en el caso de que el texto refundido fuese confirman que los ciudadanos esperan y exigen el derecho público tras cada ronda de negociación, conseguirían coma saber y a participar cuando se trata del TTIP» y continúa prender los líderes políticos, los expertos y la opinión púincidiendo en que la Comisión debe adoptar un enfoque blica, realmente como se están desarrollando las converpro-activo respecto a la transparencia y el acceso público a saciones del TTIP incluso tras la puerta cerrada. los documentos.

La lucha en torno a la transparencia en el TTIP contiLa investigación de la Defensora del Pueblo ofrece a la núa.

Comisión un nuevo plan de trabajo sobre la mejor manera de llegar más allá de las medidas anunciadas en noviembre. Esa Simon McKeagney es director de la campaña TTIP propuesta podría ayudar a recuperar la confianza pública del grupo Verdes-ALE del Parlamento Europeo 30

Galde 09 - negua/ 2015

CONSECUENCIAS AMBIENTALES DEL TTIP

El secretismo como estrategia

Concepción García Herrera

H

asta hace bien poco el secretismo ha sido lo que ha marcado el escenario de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea. Las organizaciones que formamos parte de las plataformas y campañas en contra del Tratado podíamos seguir o estar al tanto de una parte de las mismas, a través de las distintas filtraciones y del análisis crítico de los riesgos que la firma del TTIP podría suponer para la esferas social, económica, política y ecológica afectadas por el mismo.

En este sentido, las sospechas sobre las consecuencias ambientales del Tratado se fundamentaban principalmente en el componente de reducción de las medidas no arancelarias para el libre comercio. Según los cálculos de ambas partes negociadoras, se podría adjudicar a la liberalización de la regulación el 80% de las ganancias comerciales que supondría el TTIP. Las regulaciones ambientales de ambas partes son muy diferentes, su armonización o convergencia pondrían en peligro muchas de las regulaciones presentes (aún con sus limitaciones) en el contexto europeo, y

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que son menores, o incluso inexistentes, en EEUU. La regulación ambiental en la UE se basa en el llamado «principio de precaución o de prudencia» que supone por ejemplo que no se autorice ninguna sustancia mientras no se pruebe que no es nociva para la salud o el medio ambiente, y además la carga de esta prueba recae en la industria suministradora. En EEUU por el contrario se fundamenta en la «ciencia fundada» o por el «principio de riesgo», realmente opuesto al de "precaución", ya que permite autorizar, siguiendo el mismo ejemplo, sustancias químicas mientras no se pruebe científicamente y fuera de toda duda que son nocivas, y aquí la carga de la prueba recae en las instancias gubernamentales, generalmente la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense (EPA).

Las sospechas fundadas Para los lobbies empresariales estadounidenses, pero también europeos, la reducción mediante la armonización o la supresión del principio de precaución de la UE, así como de otras regulaciones y normas de protec31

...

... ción ambiental, es uno de sus objetivos centrales en la negociación, y esto nos conduce a sospechar de manera fundada posibles riesgos medioambientales que podría suponer la firma del Tratado en diferentes aspectos: - Con respecto a los transgénicos u organismos modificados genéticamente (OMG) la armonización regulatoria podría suponer la entrada masiva de estos productos y una amenaza para la seguridad y soberanía alimentaria.

La legislación norteamericana, mucho más laxa, no requiere como la europea que estos alimentos sean supervisados, probados y etiquetados. En EEUU un producto clonado biotecnológicamente es igual que su original. En la UE sólo está permitido el cultivo del maíz MON 810 (propiedad de Monsanto)1 y la importación de soja y algodón transgénicos para alimentación y la industria textil, respectivamente2. Además, los productos transgénicos, al contrario que en EEUU, deben estar expresamente etiquetados (cuando contengan más del 0,9% de OMG), aunque no es obligatorio etiquetar los productos alimentarios que proceden de animales alimentados con OMG, entrando así masivamente en la cadena alimentaria. Sin embargo, desde la organización internacional GRAIN3 alertan del posible interés por parte de la industria biotecnológica estadounidense en aceptar en las negociaciones con la UE un sistema de etiquetado de estos productos, pero diametralmente opuesto al existente en el espacio comunitario: un etiquetado voluntario y basado en estándares privados para los «productos libres de transgénicos». Un acuerdo de estas características tomaría entonces la forma de un falso consenso y podría ser utilizado como moneda de cambio en las conversaciones frente a otros sectores más problemáticos.

- Es de sobra conocida la dependencia energética de la UE4 y la firma del TTIP podría ser una vía de acceso a nuevos recursos, especialmente de gas y petróleo extraídos mediante fractura hidráulica o fracking, y reducir así la importación desde Rusia, un socio no demasiado bien visto en la actualidad. Las grandes empresas energéticas norteamericanas, donde están totalmente liberalizadas las prácticas de fracking, presionan para acceder de manera más fácil y masiva al mercado europeo aportando gas y petróleo más caro, menos rentable y más contaminante que los combustibles fósiles convencionales. Además, y como el propio presidente Obama aconsejó, esto podría suponer que en la UE se desarrollaran de forma paralela más y nuevas explotaciones para la extracción de sus propios recursos de gas no convencional en su territorio.

- La normativa con respecto a sustancias químicas en la Unión Europea, a través del Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas (REACH, en inglés), es más estricta que en EEUU, si bien la tendencia estaba siendo la de ir reduciendo las restricciones. De cara a la firma del Tratado y a la convergencia regulatoria consiguiente, las alarmas saltaron ante la posible amenaza de rebajar los estándares comunitarios que pudieran permitir entonces la entrada de sustancias prohibidas en la UE y no así en EEUU. Uno de los casos más preocupantes es el de los conocidos disruptores endocrinos5, que según la Organización Mundial de la Salud suponen un grave riesgo para la salud y la vida. Como ejemplo, el uso del Bisfenol A está prohibido en los biberones de la UE, pero no en EEUU. - La normativa con respecto a la seguridad alimentaria es también más severa en la UE, donde están prohibidos, ciertos tratamientos y procesamientos de la producción cárnica por suponer riesgos para la salud humana6.

La nueva vieja retórica de la Comisión Europea Ha habido un cambio en la estrategia comunicativa de la Comisión Europea con respecto a las negociaciones del TTIP y sus posiciones ante las mismas como consecuencia del nombramiento de la nueva Comisaria de Comercio -la política liberal sueca Cecilia Malmström-, la presión social y ciertas llamadas de atención por parte de la Defensora del Pueblo Europeo. Esta nueva estrategia supone un ejercicio por parte de la Comisión de falsa transparencia, en la que se hacen públicos sólo una parte de los documentos de la negociación y, eso sí, se afanan en una intensificación discursiva sobre las bondades del Tratado y de reducción de las alarmas. Una práctica retórica que no es nueva por parte de las instituciones europeas a lo largo de su historia.

Desde la Comisión Europea se insiste de manera mecánica en que la firma del Tratado no va a suponer la pérdida o reducción de ninguno de los derechos, estándares o mecanismos de protección y seguridad de la población europea y de su medio ambiente. Sin embargo, este nuevo discurso genera entre las organizaciones y el movimiento de resistencia al TTIP nuevas dudas e incertidumbres, y también desconfianzas:

«El modelo sigue siendo el mismo: profundizar en la lógica capitalista, incidir en los elementos que nos han llevado a esta crisis global y ecológica, profundizar en el crecimiento económico por encima de todo, en el consumo ilimitado de recursos limitados, en políticas fosilistas en materia energética, etc.»

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pea y, claro está, tampoco de EEUU, en el desarrollo de políticas orientadas a garantizar la sostenibilidad de la vida y del planeta. El modelo sigue siendo el mismo: profundizar en la lógica capitalista, incidir en los elementos que nos han llevado a esta crisis global y ecológica, profundizar en el crecimiento económico por encima de todo, en el consumo ilimitado de recursos limitados, en políticas fosilistas en materia energética, etc.

Concepción García Herrera es miembro de Ecologistas en Acción - ¿Qué interés tendría entonces un Tratado en el que las más importantes restricciones al libre comercio no se abordan?

- ¿Tan poca es la capacidad de presión de los lobbies de las grandes corporaciones, con gran presencia en las negociaciones, para incidir en aquellos aspectos en los reside su mayor interés comercial y económico?

- ¿Qué confianza se puede depositar en la Comisión Europea como defensora y garante de los derechos de la ciudadanía europea cuando viene demostrando que sus intereses están más relacionados con los de la protección del sector financiero y empresarial imponiendo políticas de ajustes a sus Estados miembro a través de su participación en la Troika?

- ¿Qué tranquilidad puede pedir la Comisión Europea a su ciudadanía cuando ya ha dado ejemplos de rebajar sus propias políticas de lucha contra el cambio climático en aras de favorecer los intereses comerciales de la industria energética7?

Y más de lo mismo Ahora, sobre las consecuencias del TTIP y especialmente en cuestiones ambientales, nos enfrentamos, de un lado, a la retórica de la Comisión y de otro, a las sospechas sobre sus consecuencias, ya abordadas en este artículo. Y sin embargo puede ser que ninguna de las dos posiciones sea lo más importante. Hay elementos centrales que están en la definición, intencionalidad y objetivos del Tratado que manifiestan de manera clara que no hay ninguna apuesta por parte de la Comisión EuroGalde 09 - invierno/ 2015

1 El Estado español es el país de la Unión Europea donde se cultiva más transgénico, con 131.500 hectáreas según datos de 2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2 El 13 de enero de 2015 el Consejo Europeo aprobó una nueva directiva sobre transgénicos por la que se devuelve a los Estados las competencias para decidir su política en relación al cultivo de OMG en su territorio.

3 http://www.grain.org/article/entries/4848-la-sanidad-alimentaria-en-el-tratado-de-comercio-union-europea-estados-unidos-saliendose-de-los-moldes.

4 No existe un marco normativo en la UE sobre combustibles fósiles no convencionales, los extraídos mediante fracking entre ellos, y es potestad de los Estados autorizar o no esta práctica.

Francia y Bulgaria han impuesto prohibiciones y ya se han hecho exploraciones en Reino Unido, Polonia y Rumania. En España ya se han aprobado concesiones, pero que aún están en fase de investigación.

5 Los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces de alterar el equilibrio hormonal y la regulación del desarrollo embrionario y, por tanto, con capacidad de provocar efectos adversos sobre la salud de un organismo o de su progenie.

6 Ejemplos: complementos hormonales (clorhidrato de ractopamina en cerdos y somatrotropina bovina) y procesos de lavado con cloro de las aves.

7 El Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA), ya cerrado pero aún por aprobar, supondrá la importación masiva de arenas bituminosas desde Canadá, lo que ha hecho rebajar las expectativas y compromisos de la UE en la reducción de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética a través de la aprobación del llamado Paquete Clima y Energía 2030 en enero de

2014.

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A

tlantikoaren bi aldeetako erraldoiak, AEB eta EBko elite korporatiboak, gure eta datozen belaunaldien etorkizuna zeharo baldintzatuko duen akordioa zehazten ari dira isilpean. Azken hiru hamarkadatan gailendu den pentsamendu neoliberalak oraindik eman ez diena, austeritate politikei esker oraindik bereganatu ez dutena, horixe da beraien harrapakina: artean liberalizatu ez dena, pribatizatu ez dena, artean sektore publikotik erauzi ez dena, eta aspalditik eskatzen ari direna.

TTIP akordioaren afera, ez da bi potentzia ekonomikoren arteko soka-tira jolasa. Atlantikoaren bi aldeetako lobbyak elkarrekin daude honetan, eta beste muturrean, gizarte zibila dago. TTIPa ez da Europarren eta Amerikarren arteko borroka, klase borroka baizik.

Enplegua eta egitura sozio-ekonomikoa Bada TTIP akordioak enplegua sortuko duela dioen aurreikuspen baikorrik; 144.000 lanpostu Espainiar estatuan1i; edota AEBtako gobernuaren arabera, milioika lanpostu ernatuko lirateke AEB eta EBean. Datu ez hain baikorrek 750.000 lanpostuko saldo positiboa iragartzen dute.

Hogei urte bete dira honezkero Mexiko, AEB eta Kanadak NAFTA2 merkataritza hitzarmena sinatu zutenetik. Akordio honek utzi duen balantzea, promestu zituen onuretatik oso urrun dago, hots, oso negatiboa izan da.

Agindutako 20 milioi lanpostuak sortu ordez, milioi bat lanpostu deuseztatu direla kalkulatzen da. TTIPari dagokionez, enpleguaren gaineko aurreikuspen ezkorrak beldurgarriak dira.

Esate baterako, War on Want erakundeak argitaratutako datuen arabera, 1.000.000 lanpostu galduko lirateke, eta, okerrenean jarrita, 2.000.000 enplegu suntsitu litezkeela ere estimatzen dute. Europako Batasunaren aginduz 2013an egindako beste txosten baten arabera, Batasuneko biztanleriaren %0.2-%0,5 sektorez aldatzera derrigortuko lituzke, eta ondorioz, lanpostu berri bat bilatzera. Tom Kucharzen ustetan (Ecologistas en AcciĂłn), Europa Batasunaren baitan sektorerik kaltetuenak AEBrekiko desabantaila egoeran dauden sektoreak izango dira: abeltzaintza, ongarrien ekoizpena, garraio ekipoak eta metala e.a. Ho-

Urrutiko hamalau, Aiala Elorrieta

C

rrek, nahitaezko sektore edo eremu geografiko aldaketa suposa lezake zenbait pertsonentzat. Baina zer gertatuko litzateke sektorez edota herrialdez aldatzeko prest ez dauden kaleratuekin?

TTIPak enplegu-mailan eragiteaz gain, inpaktu handiak eragin ditzake lan esparruan. Kasu baterako, akordioak EBko egitura sozio-ekonomikoa nola eralda lezakeen aztertu beharko genuke. Izan ere, hitzarmenak Enpresa Transnazionalei (ETN) ematen dien boterea aintzat harturik, EBko egitura goitik behera itxuraldatu liteke. Europako Batasuneko enpresen ia %90a PYMEak direla, eta enpresa txiki eta ertain hauen esku daude langileriaren hiru laurdenak.

Akordioak aurrera egingo balu, AEBtako ETNek, tokian tokiko enpresen baldintza beretan jardun lezakete. Zein neurritan izango dira gai bertako enpresa txiki eta ertainak, ETN hauen aurrean lehiatzeko?

Antzeko zerbait gertatzen da nekazaritza sektorean ere; AEBtan 2 milioi nekazaritza ustiapen baino ez dauden bitartean, EBean 13 milioi daude, nekazaritza-familiarrak duen pisuaren seinale. Zentzu honetan, eredu amerikarren mehatxu nagusia nekazaritza-familiarraren desagerpena da.

TTIPak ustiapen txiki horiei eragin diezaiekeen kaltea itzela izan daiteke. Enplegu galera eta nekazaritza eredua eraldatzeaz gain, larriak izan daitezke elikadura burujabetzaren galeran izan ditzakeen ondorioak.

Aiala Elorrieta

ÂŤTTIP akordioaren afera, ez da bi potentzia ekonomikoren arteko soka-tira jolasa. Atlantikoaren bi aldeetako lobbyak elkarrekin daude honetan, eta beste muturrean, gizarte zibila dago. TTIPa ez da Europarren eta Amerikarren arteko borroka, klase borroka baizik.Âť 34

Galde 09 - negua/ 2015

intxaurrak gerturatu eta...

CENTRO

Lan esparruko eskubideak eta baldintzak Baina muga-zergez gain, benetan paretik kendu nahi dituztenak bestelako oztopoak dira: mozkinei traba handiena egiten dieten traba horiek, gizartea, langileria eta ingurugiroa babesten dituzten berberak dira. Izan ere, ohiko arantzel-tarifak hondoratzearekin batera, ingurugiro, osasun, lan eta gizarte esparruetan eragina duten babesneurriak desagerraraztea ekar dezake berarekin akordioak.

TTIP akordioaren bitartez, Atlantikoaren alde bietako araudiak bateratu nahi badira, aurreikusten da bateratze hori Europako babes-neurriak AEBko mailetara jaitsiaz egingo dela. Ondorioak larriak izan daitezke. Hau da, helburua liberalizazio maila altuagoa bermatzea bada, argi dago AEB eta EBko arau eta legedia harmonizatzeko bidea, europar estandarrak AEBko mailetara jaistea dela aukera bakarra.

Horrek, Europan babesleagoak diren araudiak ahultzea inplikatzen du.

Kontuan har dezagun nazioarte mailan lan munduarekin lotuta sinatu diren zortzi hitzarmenenetik, bi baino sinatu ez dituela, hain zuzen ere haurren lana eta esklabotzaren kontrako hitzarmenak. Ostera, ez dituzte izenpetu negoziazio kolektiboari, antolatzeko eskubideari edota elkartzeko eskubideari dagozkionak. Nazio Batuen Erakundeak lan eta osasun eskubideen inguruan onartua duen hitzarmena ere3, onartu gabe dute estatubatuarrek.

AEBtako panoraman Hitzarmen Kolektiboa eta askatasun sindikala lan esparrutik desagertu dira 4 legeak ezagutu eta babesten ez dituelako. Azken hamarkadetan, gero eta ugariagoak dira lorpen sozialen, bizi eta lan baldintzen eta horiek babesten dituzten erakundeen aurkako erasoak. Horrelako erakunderik ez sortzea edo erakundeok ahalik eta ahulenak izatea da eraso horien Galde 09 - invierno/ 2015

xedea. Estatu Batuetan, lanerako eskubidea esaten diote estrategia horri, Right to Work, eta zuzenean sindikatuen jardunaren aurka jotzen dute.

«Eskubide zibilen aldeko gure borroka loriatsuan, erne ibili behar dugu lelo faltsuek engaina ez gaitzaten. Esate baterako «right-to-work» delakoak. Ez digu eta «eskubiderik» ezta «lanik» ekartzen. Sindikatuak eta Hitzarmen Kolektiboa suntsitzea du helburu... Gezur hau gelditu beharra dugu» (1961, Martin Luther King) 1947 urtean AEBtako Kongresuak Taft-Hartley Akta onartu zuenez geroztik AEBtako estatuek bidea zabalik dute Right to Work legeak aurrera ateratzeko. Gaur egun 24 estatutan indarrean dauden gisa honetako legeek, posible egiten dute sindikalizatua dagoen lan-zentro bateko langileek, sindikatuko kide izan gabe eta inongo kuotarik ordaindu gabe, sindikatuarengandik onura posible guztiak jasotzea. Legearen helburua ez da enpleguari bermeak eskaintzea, baizik eta «lan egiteko eskubidea» soldata baxuen bitartez ezartzea. Right to Work legeen ondorioz, sindikatuan ez dira gai lantegietako langile guztien kuotak jasotzeko, eta finean, sindikatuen lana oztopatu eta beraiekin amaitzeko tresna dira5.

Sektore publikoa jomugan TTIParen helburuetako bat Atlantikoaren bi aldeetan oraindik publikoak diren zerbitzuen eremuan enpresa pribatuei sarbidea ahalbidetzea da. Bide honetatik, herrialde bateko ospitaleen kudeaketa - ur zerbitzuena, energiarena, postarena, hezkuntzarena...- enpresa pribatu erraldoi baten esku gera liteke. Azken finean, orain arteko pribatizazio eta murrizketa politikekin eskuratu ez dituzten esparruak eskuratuko lituzkete. Ikuspegi kritikoen ustez, larriena pribatizazio hauen betikotasuna litzateke; hau da, behin pribatizatuta, ezinezkoa litzateke prozesuari buelta eman eta zerbitzuok nazionalizatzea.

Guzti honek bi eratan murrizten du langile klasearen ongizatea: alde batetik, zerbitzuen pribatizazioek, sektore publikoko lanpostuen galera dakar, eta beraz, lan-baldintza onenak dituzten lanpostuen galera, eta prekarizazioa.

Bestetik, pribatizazioak langileriaren ongizatearentzat eraso bortitza dira; zerbitzuen unibertsaltasuna eta sarbidea mugatzen direnean, kaltetu zuzenak erabiltzaileak dira.

Pribatizazioez gain, gobernu lokalek haien eskualdeetan enplegu lokala sustatzeko gaitasuna mugatuta gera daiteke; ezingo dute lehiaketa publikoen bidez eskualdeko mailako enplegua bultzatu. Izan ere, TTIParen bitartez atzerriko edozein enpresak, tokian tokiko enpresen eskubide berberak izango dituela bermatu nahi da, eta hortaz, enplegu lokala sustatzean aldeko politikoek ez lukete aurrerantzean 35

...

... lekurik izango. Gisa honetako politika lokalen aurka egite-

ko tresnetako bat ISDS sonatua litzateke; hau da, Inbertsore-Estatu auziak ebazteko aurreikusten diren tribunal pribatuen sistema. Mekanismo hori esker, zabalik geratzen ETNek zuzenean herrialde bateko gobernuaren aurka egiteko bidea.

Eta emakume langileak?

«Lan berdina egiteagatik gizon eta emakumeei berdin ordaintzeko betebeharra, AEBen merkataritza askatasunaren eta burujabetzaren aurka doa» (Wendy McElroy, senataria).

AEB eta EB artean lan esparruan dagoen demokrazia defizita are gordinagoa da genero aldagaia kontuan hartzen dugunean. Izan ere, AEBek sinatu ez dituzten nazioarteko hitzarmenen artean, badira bereziki emakume langileei eragiten dietenak eta «TTIP emakumeen aurka» artikuluan aipatzen ditu Estefania Roderok6. Lehenik eta behin, AEBek ez dute CEDAW onartu. Hitzarmen hau, Emakumeen aurkako diskriminazio era guztiak ezabatzeko nazioarte mailako tresnarik ahaltsuenetakoa dugu. Horretaz gain, ez ditu Gizon eta emakumeen ordainsariak berdintzeko hitzarmena, Etxeko langileena, eta Familia erantzukizunak dituzten langileak babesteko hitzarmena kontuan hartzen. Jarrera eta kultura honen isla dira, Wendy McElroy senatariaren hitzak.

Bestalde, TTIPak gobernu lokalek enplegu lokala sustatzeko bidea agortzen duen era berean, korrespontsabilitatea indartzen duten politika publikoak bultzatzeko bidea ere bukatu daiteke. Esate baterako, maila lokalean 0-3 urte bitarteko umeentzat haur-eskolak hedatzeko politikak, amatasun eta aitatasun baimenak berdindu eta handitzera zuzendutako politikak oztopo bilakatu daitezke. Enpresa inbertitzaile-Estatu auzien bitartez, atzerritar inbertitzaileei bidea irekitzen zaie beste herrialderen baten araudia saihestu edota salatzeko: nazioarteko epaitegietara joaz, edozein Estatu salatu dezakete Aldebiko Inbertsio Hitzarmen (AIH) baten klausularen bat ez betetzea egotzita. Mekanismo honekin, infinitu arrakala irekitzen dira nazioarteko inbertitzaileen mesederako: kalte komertzialak argudiatzea nahikoa dute edozein politika publiko atzera bota arazteko.

Azkenik, pribatizazio eta zerbitzu publikoen murrizketak bi zentzutan erasan dezake enplegu femeninoa.

Krisiaz geroztik, austeritate neurriek gizarteko sektore ahulenak orokorrean eta emakumeak bereziki nola zigortu dituen aztertzea besterik ez dago. Alde batetik, enplegu publikoa aski feminizatuta dagoen sektorea dela kontuan hartuta, lanpostu galerak, emakumeei kalte egiten die intentsitate handiagoarekin. Galdutako lanpostu horien prekarizazioa pairatzen dute. Bestetik, «estatuaren erretiratzeak» emakumeek bere gain ordaindu gabeko lan karga handiagoak hartzea eragiten du. Azken finean, shock sozial hori bere gain hartzen dute emakumeek zaintza lan gehiago bereganatuz.

Beraz, krisiak gizartea orokorrean, eta emakumeak bereziki kaltetzeko bi bide horiek, biziagotu egingo lirateke TTIP akordioa adostearekin batera: lanpostu galera gehiago esparru publikoan eta ordaindu gabeko lan zamaren areagotzea estatuaren atzera-egitearen aurrean.

Atzera begira: NAFTA, neoliberalizazioan sakontzeko tresna NAFTAren ondorioz, parte hartzen duten hiru herrialdeen arteko merkataritza fluxua hirukoiztu egin da, baina ez du agindutako 20 milioi lanposturen sorrera ekarri. Politika Ekonomikoaren Institutuaren arabera, esportazioaren hazkundeari esker AEBtan lanpostuak sortu ziren arren, kontuan hartu behar dira inportazioen hazkundearen ondorioz deuseztatu zen enplegua. Promestu ziren

«Beraz, krisiak gizartea orokorrean, eta emakumeak bereziki kaltetzeko bi bide horiek, biziagotu egingo lirateke TTIP akordioa adostearekin batera: lanpostu galera gehiago esparru publikoan eta ordaindu gabeko lan zamaren areagotzea estatuaren atzera-egitearen aurrean.»

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onuretatik oso urruti, balantzea negatiboa izan da; 20 milioi lanpostu sortu ordez, milioi bat deuseztatu dela estimatzen da.

Eszenatoki erabat krudela erakusten digute Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoak jaurtitako datuek: langile batek oinarrizko elikagai-saski bat eskuratu ahal izateko egin beharreko lanorduen kopurua bikoiztu egin da hogei urtean: 1994an 12,53 lanordu behar baldin baziren, 2013ko apirilean 23,44 ordu behar ziren.

NAFTA ez da Mexikon fenomeno isolatu gisa ikusi behar: baizik eta dagoeneko abiatua zen neoliberalizazio prozesua sakondu eta indartu zuen tresna bezala.

Merkataritza hitzarmena indarrean jarri aurreko urteetan, de la Madrid eta Salinas presidenteek, merkataritzaren liberalizazioa, finantzen desarautzea eta pribatizazio neurriak martxan jartzen hasiak ziren. 1982 eta 1995 urteen bitartean, Mexikon 1155 enpresa publiko izatetik, 185 izatera pasa ziren.

Makila lantegiak aurretik ere existitzen ziren arren, NAFTA sinatu zenez geroztik, herrialdeko industriak erabateko itxuraldaketa izan zuen: hasieran ehungintza sektorera mugatzen ziren makilak hauek, beste sektore askotara hedatu ziren. Emaitza: balio-erantsi handiko ekoizpen faseak, ekoizpen katean azkenetakoa den muntaia jarduerekin ordezkatu dira. Pantaila lauen ekoizpena horren adibide da: Mexikoko esportazio produktu garrantzitsua izan arren, amaierako produktuaren balio erantsiaren %5a baino ez da bertan ekoizten. Makilak, Esportazioak Prozesatzeko Guneetan kokatuta daude, eta ETNen interes nagusia lan baldintzetan dago. Tijuanan (Mexiko), langileek orduko US$1 irabazten dute, eta soldata horiekin, langileak, enbalaje kutxekin eraikitako etxeetan bizitzera behartuta daude, ur-korronterik eta estolderiarik ez dagoen komunitateetan; eta gizon eta emakumeek astean 3 aldiz 12 orduko txandak egiten dituzte7.

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Merkataritzaren liberalizazioaren aldeko politikek bi aurpegi dituen txanpona direla uste du Tom Kucharz-ek (Ecologistas en Acción). Alde batean, azken urteetan aplikatu diren austeritate neurriak izango genituzke; murrizketak eta gizarte eta lan esparruetako eskubideen aurkako erasoak. Txanponaren beste aldean berriz, TTIP akordioa bera izango genuke. Hitzarmenaren bidez, austeritatearen bidez eskuratu ez dituzten pribilegioak eskuratu gura dituzte eliteko politiko-enpresarialek. Bide horretatik, murrizketa, pribatizazio eta kapital fluxuen liberalizazio prozesuetan areago sakondu, eta kapital handien boterea are gehiago kontzentratzea lortu nahi da8.

Aiala Elorrieta es doctora en Economía por la UPV-EHU y miembro de Manu Robles-Arangiz Institutua Jaime García-Legaz Espainiako Merkataritzako Estatu Idazkaria 2 North American Free Trade Agreement, Ipar Amerikako Merkataritza Libreko Ituna 3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 4 TTIP Consecuencias en el Empleo y en los Derechos Sociales, Boletín informativo 146, CGT 5 Gobierno de Michigan al lado de las corporaciones, 2013ko martxoa, Tribuna del Pueblo, http://www.tribunodelpueblo.org/2013/02/gobierno-de-michigan-al-lado-de-las-corporaciones/ 6 El TTIP contra las mujeres, Estefanía Rodero Sanz, Pikara magazine, 2015eko urtarrila.

7 Export processing zones - Globalisation’s great deceit, JENNY HOLDCROFT , Industri all global union http://www.industriall-union.org/archive/imf/export-processing-zones-globalisations-great-deceit 8 TTIP: Europa eta AEBren arteko merkataritza eta inbertsiorako hitzarmena, Manu Robles Arangiz Institutua) 1

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El TTIP o las normas jurídicas al servicio de las

L

as negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), que actualmente están llevando a cabo la Unión Europea y Estados Unidos, están enfocadas en lograr la firma de un acuerdo comercial con el que pretenden eliminarse las barreras arancelarias entre ambos socios, así como los obstáculos reglamentarios que limitan la acumulación de riqueza de las grandes corporaciones.

Entre las cuestiones materiales incluidas en este nuevo tratado, nos encontramos con propuestas relacionadas con la quiebra de los derechos laborales y la normativa europea medioambiental, la desregulación del sector financiero…

En dirección contraria a la expresada por la mayoría de ONGD y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que abogan por acciones vinculantes para hacer frente a los abusos y las violaciones de los derechos humanos cometidas por las grandes empresas, los gobiernos de EEUU y la UE siguen apostando por una idea de «seguridad jurídica» que se basa únicamente en una premisa: los intereses comerciales son más importantes que el cumplimiento de los derechos humanos. De esta forma, siguiendo esa máxima de la marca España que dice que «lo que es bueno para las empresas españolas es bueno para los intereses generales del país».

En estas líneas vamos a centrarnos en los aspectos formales y en los principios jurídicos del TTIP que forman parte de la armadura jurídica que limita el ejercicio de la democracia y de la soberanía de los pueblos. El TTIP no es sólo un acuerdo comercial, es un nuevo tratado fundacional al servicio de las corporaciones transnacionales.

La técnica jurídica utilizada por el TTIP no es neutral: es una arquitectura construida a favor de las empresas multinacionales y del capital.

dos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una responsabilidad social corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica (Derecho blando o soft law).

La lógica jurídica contractual asimétrica se impone en las transacciones económicas internacionales. Las relaciones de fuerza impregnan los núcleos esenciales de los contratos formalmente bilaterales, tratados regionales y bilaterales, donde la conformación de voluntades se produce desde la mera adhesión a cláusulas que tutelan, fundamentalmente, los intereses de las empresas transnacionales.

El TTIP forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos.

Juan Hernández Zubizarreta Pedro Ramiro

Iter normativo del Tratado Toda la tramitación del TTIP quiebra los principios básicos del Estado de Derecho, es decir, las garantías procesales de la ciudadanía (transparencia, separación de poderes, debates parlamentarios…). Ahora bien, el resultado final de la norma, en este caso del TTIP, es de una gran seguridad jurídica y de obligado cumplimiento. Todo lo contrario que la normas de derechos humanos, cuya tramitación o iter normativo está muy abierta a las propuestas y al debate, pero su resultado final es de una seguridad jurídica muy frágil. ¿Se puede comparar un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo con un tratado de comercio o inversiones entre la UE y cualquier país de la periferia del planeta?

Contexto jurídico sobre el que actúa el TTIP Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas (Derecho duro), mientras sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales someti-

«Es necesario restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares.

Y promover normas internacionales que no refuercen la fuerte asimetría existente entre la lex mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.»

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Galde 09 - negua/ 2015

empresas transnacionales

La tramitación del TTIP fulmina los principios clásicos del Estado de Derecho: la contractualización de la ley y de las relaciones económicas provoca la anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y la soberanía de los pueblos y naciones.

Por otra parte, la inflación normativa muy especializada, las cláusulas oscuras y vagas, la incorporación de los anexos al TTIP, atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Además, la privatización del Derecho mediante las agencias de calificación, el soft law y la emisión de laudos arbitrales por tribunales privados cierran el círculo infernal de la arquitectura de la impunidad.

El principio de los vasos comunicantes entre normas de comercio e inversiones, y entre transnacionales e instituciones, implica que lo que no se obtenga en el seno de la Galde 09 - invierno/ 2015

Organización Mundial de Comercio (OMC) se obtendrá por medio de tratados o acuerdos comerciales o de inversiones de carácter bilateral o regional. Esta tupida red da lugar a que cada acuerdo o tratado sea la base para el próximo, lo que genera un modelo de perpetua negociación. Y esta guerra tan asimétrica provoca que, ante el abandono de un tratado, se tenga preparado su sustituto; de ahí que el rechazo deba ser frontal al modelo de comercio e inversiones impuesto por el capital y las empresas transnacionales.

Mecanismos de resolución de diferencias inversor-Estado Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; el neoliberalismo amplía su labor a los conflictos entre Estados y particulares. Así, las empresas transnacionales -personas de Derecho Privado que representan intereses particulares- pueden demandar a los Estados ante paneles o tribunales arbitrales, prevaleciendo el interés particular sobre el interés general.

Es un sistema paralelo al poder judicial -no olvidemos que se trata de tribunales privados- favorable a las empresas transnacionales, que queda al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Es una justicia para ricos. Únicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsión formal por la que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Las transnacionales eligen la jurisdicción, existen dificultades para que las audiencias sean públicas y no se requieren agotar los recursos internos nacionales. Es más, puede ser incluso una instancia de apelación a las sentencias de tribunales ordinarios y no cabe recurso al fallo arbitral.

Desde el punto de vista material, se aplican exclusivamente las normas del Tratado y no normas sobre derechos humanos. Y el procedimiento arbitral no es neutral: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), sin ir más lejos, se encuentra en el seno del Banco Mundial y los árbitros son jueces y abogados, indistintamente. Quince árbitros resolvieron el 55% de las disputas arbitrales en el 2011 y el coste medio de un arbitraje es de ocho millones de dólares; tres firmas de abogados se reparten el 55% de los casos. El procedimiento arbitral es muy costoso, lo que beneficia a las grandes corporaciones transnacionales.

Son numerosos los estudios que ratifican la vulneración de los espacios públicos regulatorios. Los Estados han visto recurridas sus políticas públicas en áreas como el medioambiente, la salud, los derechos laborales, el agua o la agricultura, donde las empresas transnacionales han obtenido laudos arbitrales por valor de miles de millones de dólares, y muchos más que siguen pendientes de resolución. Abandonar esta armadura jurídica, además, no será nada fácil, ya que se suelen prever prórrogas de jurisdicción de más de diez años. Es decir, que aunque se diera una hipotética denuncia del TTIP por una de las partes, este continuaría en vigor.

...

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Por último, la «amenaza» del recurso transnacional ante ... tribunales privados provoca, sin duda, el enfriamiento nor-

mativo por parte de los parlamentos y las administraciones. Así, por ejemplo, se aceptará el fracking para evitar futuras demandas arbitrales; probablemente ni se discuta en los Parlamentos, formalizándose, de esta manera, el enfriamiento normativo.

La convergencia reguladora La convergencia reguladora describe un proceso de adaptación de la normativa existente en ambos lados del Atlántico para asegurar que los bienes producidos en un lado se pueden exportar al otro sin requisitos adicionales especiales. Para ello, se procede a la armonización a la baja, esto es, aquellas normativas más exigentes en derechos se van transformando en más laxas.

Si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta la regulación europea; si la legislación laboral es más tuitiva en la UE, se aplican las normas estadounidenses que desregulan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La compra pública responsable que tenga en cuenta los derechos laborales de sus empleados y de las empresas subcontratadas, la promoción del comercio justo o la eliminación de diferencias entre hombres y mujeres chocarán con la idea de derogar toda reglamentación que sea un obstáculo a la apertura de los mercados públicos al comercio y a las inversiones.

Es verdad que el TTIP nombra en el preámbulo, en los principios generales y a lo largo de los diversos textos los derechos humanos, el desarrollo sostenible, las políticas públicas y los servicios públicos como valores esenciales frente al comercio, pero los trata desde una perspectiva retórica y carente de eficacia normativa. Su regulación se vincula, además, a expresiones como «siempre que no comprometan las ventajas derivadas del acuerdo»; es decir, mientras no interfieran en los beneficios del capital. Se considera al conjunto de normas que protegen los derechos de la ciudadanía como mera burocracia, una carga para las empresas y las transacciones comerciales. Su eficacia se mide únicamente en términos de costes económicos y en duplicidades innecesarias.

El TTIP no puede desarrollar una convergencia total y absoluta de todos los sectores y en un único plazo. Esta se confeccionará por fases y de acuerdo con los procedimientos establecidos en el tratado, como son el reconocimiento mutuo de los reguladores y el Consejo de Cooperación Reguladora. Dicho de otro modo, la armonización a la baja de normas sociales, alimentarias, financieras o de productos químicos se realizará en función de los intereses -en muchos casos contradictorios- de los Estados, de los sectores productivos y de las empresas transnacionales. Y eso tendrá mucho que ver con el grado en que se encuentren las movilizaciones sociales: a más protestas, menor armonización total e inmediata.

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El Consejo de Cooperación Reguladora La convergencia reguladora es también un proyecto a largo plazo. Las diferencias que no puedan solventarse en la mesa de negociaciones o generen fuertes protestas podrán someterse a procedimientos con vocación de futuro. El TTIP es un acuerdo de largo alcance, en continua interpretación creativa por parte de funcionarios y despachos de abogados al servicio de las corporaciones transnacionales. Así, los asuntos más difíciles de armonizar se vinculan a un sistema con escaso control democrático, regulado en el tratado y que una vez ratificado se pondrá en marcha de manera automática. Es un filtro regulatorio de todas las normas presentes y futuras.

El organismo que supervisará todo el proceso de privatización de las decisiones será el Consejo de Cooperación Reguladora, que en principio lo formarán funcionarios de la secretaría general de la Comisión Europea, autoridades de comercio de los EEUU, de la UE y de la Oficina de Asuntos de Regulación e Información de EEUU. Además, las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a fórmulas de cooperación reguladora y generadora de coescritura de legislación; fenómeno conocido en la elaboración de normas tipo; teniendo un acceso privilegiado a los responsables que toman las decisiones.

Ante todo ello, es necesario restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. Y promover normas internacionales que no refuercen la fuerte asimetría existente entre la lex mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino que, por el contrario, puedan servir para poner los derechos de las personas y los pueblos, como mínimo, al mismo nivel que los de las grandes empresas. Frente al TTIP y los tratados comerciales que son la base de la arquitectura jurídica de impunidad, necesitamos un nuevo modelo donde las personas y el medio ambiente tengan prioridad sobre los beneficios e intereses corporativos.

Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) e investigador del Instituto Hegoa; Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Galde 09 - negua/ 2015

TTIP : no está dicha la última

22 países (marchas, reuniones y mesas

de recogida de firmas), involucrando a muchos miles de personas. En julio del 2014 un grupo de 250 organizaciones de una veintena de países presentó la Iniciativa Ciudadana Europea sobre TTIP y CETA1 (por sus siglas en inglés) con el objetivo de empezar una recogida de firmas masiva en todos los países. La Comisión rechazó el registro de la recogida de firmas argumentando que sólo se podría admitir una Iniciativa Ciudadana Europea positiva a favor de tratados comerciales, pero no en contra! No obstante, la recogida se empezó a llevar a cabo como «Iniciativa Ciudadana Europea - Autoorganizada» y en un tiempo récord de dos meses se alcanzó el millón de firmas. La coalición Stop TTIP presentó el 10 noviembre del 2014 una demanda contra la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Justicia por no haber registrado la iniciativa. El día del cumpleaños del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se le entregó un «regalo» con 1,5 millones de firmas.

En este momento, hay campañas de resistencia al TTIP en 25 países europeos. Existe coordinación a nivel europeo y con la sociedad civil organizada en EEUU y Canadá.

Muchos municipios y regiones ya están declarando zonas «libres del TTIP/CETA» en países como Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Reino Unido y España.

Todo ello ha tenido ya un impacto mediático y político.

Una encuesta del Eurobarómetro, publicado el 19 de febrero de 2015, señala que en Alemania un 41% se opone al acuerdo, 39% está a favor y 20% no tenía posición. Austriacos y luxemburgueses eran igualmente escépticos, con el 53% y el 43% de los encuestados contra TTIP respectivamente. En uno de sus primeros discursos sobre TTIP como nueva Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström reconoció que hoy existe «más preocupación pública acerca de las negociaciones comerciales que en cualquier momento de los últimos tiempos.»

palabra, o cómo quitarnos la camisa de fuerza neoliberal.

Tom Kucharz

L

a negociación entre la UE y EEUU del Tratado suscita cada vez más interés. Gracias a la oposición social y política -sin precedentes en negociaciones comerciales de este tipo- se está rompiendo el silencio mediático.

Cuando comenzaron las negociaciones del TTIP en 2013, la Comisión Europea creía que se pueden negociar tratados que afectan la vida de la mayoría de la población sin un debate social, pero parece que esto ya no es así. El mundo ha cambiado y a raíz del estallido financiero del 2007 hay una quiebra de confianza en la economía vigente.

La oposición ya no viene sólo del movimiento antiglobalización. Numerosos gobiernos regionales de Alemania y Austria argumentan que el TTIP amenaza sus competencias en la gestión pública de agua y servicios sociales. Al mismo tiempo, instituciones tan diferentes como el Parlamento francés, el parlamento de Bavaria -con mayoría ultra-conservadora-, el canciller Austriaco, la radio-televisión pública alemana ARD/ZDF, la asociación alemana de pequeñas y medianas empresas, la Asociación Europea de Operadores Pública de Agua «Aqua Publica Europea» se han posicionado públicamente en contra de los tribunales de arbitraje privados que el TTIP incluiría. ¿QUÉ HA OCURRIDO? Desde el inicio de las negociaciones

los movimientos sociales dieron la voz de alarma, coordinándose a nivel europeo y transatlántico, pudiendo sacar el debate a la calle pese al secretismo en el que se llevan las negociaciones.

Desde verano de 2013 ha habido innumerables eventos, charlas, jornadas y debates anti-TTIP en pueblos y ciudades en toda Europa. El Día de Acción contra TTIP el 11 de octubre 2014 contó con 1.100 actos de protesta en Galde 09 - invierno/ 2015

LAS PRIMERAS «VICTORIAS» PARCIALES DEL MOVIMIENTO.

Primero se consiguió que trascendieran las críticas por la falta de transparencia, participación pública y acceso de parlamentarios a los documentos de la negociación. Para salir del paso ante las crecientes denuncias -incluyendo una investigación de la Defensora del Pueblo Europeo y quejas de casi todo el arco parlamentario-, Malmström fue obligada a poner en marcha una «iniciativa de la transparencia» y llegó a reconocer «errores» ante los medios de comunicación por la decisión de mantener secreto el mandato de la UE. En las redes sociales el éxito del movimien41

...

... to es aplastante. La

UE, la Embajada de EEUU y diferentes

asociaciones empresariales han llegado a ofrecer subvenciones para proyectos que hagan campaña a favor del TTIP. «¿Estás a favor de TTIP y enojado por la cobertura negativa que está recibiendo? Envíanos tus ideas y nosotros te apoyaremos» decía un mensaje en Twitter de la Embajada estadounidense en Berlín.

Segundo, se logró burlar la opacidad de los gobiernos y acceder a muchos documentos «clasificados» a través de personas europarlamentarias o de su entorno En tercer lugar, se ha dilatado el proceso. La Comisión Europea ha tenido que posponer en varias ocasiones la fecha de «cierre» del Tratado. «Las protestas online retrasan el plan de la UE para un acuerdo con EEUU» titulaba la agencia Reuters una noticia de noviembre de 2014. Bruselas tuvo que «aparcar» temporalmente la negociación del capítulo sobre la protección de la inversión en el TTIP. El sistema jurídico privado de arbitraje, conocido como «mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado» (ISDS, por sus siglas en inglés) es uno de los temas más polémicos y que más amplia oposición a suscitado.

Cuarto, la campaña ha conseguido profundizar las contradicciones políticas. Con la llegada de las elecciones europeas (mayo 2014), en Alemania, por ejemplo, el TTIP se convirtió en un tema electoral. Los partidos socialdemócratas están internamente divididos, existiendo un debate muy vivo sobre los tribunales de arbitraje. La Izquierda Unitaria Europea y los Verdes lideran la oposición parlamentaria contra el TTIP. Los tiempos electorales -luego vinieron las elecciones en EEUU (noviembre 2014)- han ahondado en algunas diferencias tácticas –no sustanciales- entre la UE y EEUU, por ejemplo a la hora de abordar el tema de los servicios financieros, los estándares ambientales y la compra pública.

En este contexto, las asociaciones de la industria, banca y otros sectores económicos han comenzado a quejarse por la lentitud de las negociaciones y por la falta de entusiasmo y apoyo de los gobiernos.

EL PAPEL DE LOS SINDICATOS. Otro efecto muy positivo es que el movimiento sindical en varios países europeos ha salido en oposición al TTIP, con las principales centrales sindicales en el Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, España, Catalunya y Euskal Herria, Italia y Eslovenia públicamente en contra de la continuación de las negociaciones. Aunque el nivel de conocimiento y de movilización de sus afiliación es todavía muy desigual. Queda por ver el papel de los sindicatos mayoritarios en el movimiento.

La principal central sindical de Estados Unidos, AFLCIO, se opone al TTIP. Su objetivo es hacer de los dos acuerdos comerciales que Washington negocia con once países de la región pacífica y con la UE respectivamen-

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te, uno de los temas principales a debate en las elecciones presidenciales de 2016.

CUESTIONAR EL MODELO. Gracias al movimiento contra el TTIP se plantean preguntas en la opinión pública que han sido un tabú durante mucho tiempo: «¿Es bueno tener más comercio internacional? ¿A cambio de qué se abren los mercados y se aflojan leyes a favor del interés privado? Y, sobre todo, ¿quién decide sobre todo ello?» Aunque el poder político y económico trate de ridiculizar la protesta, diciendo que es «exageración», «desinformación», «antiamericanismo», se está poniendo en cuestión el supuesto que hasta hace poco dominaba en la mayoría de los países europeos: que el «libre» comercio es «bueno» para la economía, el empleo y para la población. Lo que muchas otras campañas y movilizaciones no consiguieron, de repente y por tratarse de unas negociaciones con EEUU, se consigue visibilizar que mientras la globalización enriquece a una parte de la sociedad empobrece la otra a pasos gigantes.

LA CAMPAÑA EN EL ESTADO ESPAÑOL. El Gobierno es-

pañol del Partido Popular es uno de los actores más neoliberales y agresivos en el impulso y aplicación de las políticas desarrolladas por la Comisión Europea. Asimismo las fuerzas políticas PSOE, PNV, CiU, UpD, están a favor de los Tratados con EEUU y Canadá. La oposición parlamentaria viene del grupo de la Izquierda Plural, Podemos, Equo/ Compromis, EH Bildu, así como de otras fuerzas políticas de izquierda (pero sin representación parlamentaria estatal). La campaña #NOalTTIP en el Estado español está formada por más de 250 organizaciones. Desde su conformación en febrero de 2014 se han formado nodos en diferentes territorios del Estado, como en Euskal Herria, Catalunya, Madrid, Valencia, Andalucía, Cantabria, Asturias y Castilla y León, con la participación de numerosos colectivos. Es previsible que las movilizaciones se extiendan y aumente la oposición. Habrá diferentes oportunidades para denunciar estos tratados como una camisa de fuerza neoliberal y antidemocrática que va en contra de la voluntad popular como la expresada en las recientes elecciones griegas. Además, las elecciones municipales y autonómicas aquí serán una buena ocasión para preguntarnos: ¿Cómo afectan tratados como el TTIP al municipalismo y, en caso de cambios políticos, cómo quitarnos esta camisa de fuerza?

Tom Kucharz, Ecologistas en Acción En septiembre del 2014, la Comisión Europea saliente anunció las conclusiones de otro tratado entre la UE y Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) que está visto como prototipo para el TTIP. El texto íntegro del CETA y sus anexos se puede descargar de la página web de la Comisión Europea: www.ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta 1

Galde 09 - negua/ 2015

Los ser vicios públicos en el TTIP

Patxi Zabalo

A

unque hasta octubre de 2014 la Unión Europea no hizo público ni siquiera el mandato negociador para la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP en sus siglas inglesas), que data de junio de 2013, desde enero de 2015 ha ampliado notablemente el acceso a la información sobre las negociaciones en curso.

Esto debe verse como un resultado de la creciente contestación de parte de la sociedad civil contra ese tratado de libre comercio entre la UE y EEUU, que entre otras cuestiones ha venido denunciado su secretismo. Así se han podido conocer los textos de varias propuestas de la UE y un resumen elaborado por los servicios de la Comisión Europea sobre lo tratado en la octava ronda de negociaciones, celebrada a principios de febrero. Con todo, junto a ciertas filtraciones y los análisis de diversas organizaciones no gubernamentales, esa es la principal fuente de información actualmente disponible para realizar una valora-

Galde 09 - invierno/ 2015

ción necesariamente provisional de lo que este acuerdo internacional implica, en este caso en lo relativo a los servicios públicos.

La Comisión Europea insiste en que en el TTIP no va a haber ninguna obligación de abrir los servicios públicos a las empresas estadounidenses: «la UE y cada uno de sus países miembros tienen la obligación de salvaguardar los servicios públicos en cualquier nueva normativa o política.

Eso incluye los acuerdos comerciales con otros países». Y cualquier tratado internacional suscrito por la UE contiene tres garantías para hecerlo efectivo, lo que también ocurre en el TTIP. La primera es que los gobiernos pueden mantener monopolios para proveer servicios públicos, sean de titularidad pública o empresas privadas contratadas con derecho exclusivo a prestar cierto servicio. La segunda es que en el campo de la sanidad, la asistencia social, la educación o el agua, los gobiernos no tienen obligación de 43

...

... abrir sus mercados ni de dar a las empresas o personas de

fuera de la UE el mismo trato que a las de dentro –trato nacional. Y la tercera garantía es que los gobiernos tiene libertad para regular cualquier actividad que consideren servicio público, dando licencias para prestar ese sevicio, fijando normas de calidad… con la única condición de que si una empresa externa a la UE ya ha sido autorizada a operar en su territorio debe recibir trato nacional. A ello hay que añadir que también en el sector audiovisual los estados miembros pueden tomar las medidas de protección que estimen oportunas.

Por tanto, de acuerdo con la versión de la Comisión Europea, la posible entrada de empresas estadounidenses en la prestación de servicios públicos, más allá de la que ya exista, está en manos de los gobiernos de cada estado miembro, que son libres de autorizarla o no. Al menos en los sectores ya señalados –salud, educación, asistencia social y agua– y en el sector audiovisual, que son los expresamente mencionados en los documentos informativos de la Comisión Europea, porque hay bastantes más. Otra cosa distinta es la confianza que se tenga en la exactitud de esa versión, porque todavía no se conoce la letra pequeña del TTIP y mucho menos las excepciones que la UE y cada uno de los países miembros vayan a incluir en los anexos del acuerdo. Y desde luego hay motivos para recelar.

En primer lugar, si se atiende a la trayectoria de la UE en las negociaciones internacionales sobre comercio de servicios, resulta que encabeza, junto a EEUU, los intentos de liberalizarlo con rapidez y abarcando todos los subsectores. Así, en paralelo con la negociación del TTIP, desde 2012 está impulsando el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), cuya negociación avanzan rápido para profundizar en la liberalización del comercio internacional de servicios más allá de lo previsto en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Por tanto, cabe suponer que cuando negocian un acuerdo entre ellas, ambas potencias pretendan ir todavía más lejos que en el TISA, donde hay otros 22 países, lo que deja poco espacio para las excepciones, servicios públicos incluidos. Y en todo caso no pueden ignorar lo acordado en el TISA, que de todas formas será aplicable en ambas economías. Al respecto, resultan inquietantes filtraciones

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de las negociaciones del TISA en las que se habla de internacionalizar la asistencia sanitaria trasladando a los pacientes para abaratar costos.

En segundo lugar, la UE y EEUU también son miembros del Acuerdo sobre Contratación Pública, revisado y ampliado en 2014 en el seno de la OMC, que facilita el acceso a las empresas extranjeras al mercado de las compras y contratos del sector público. Y esta es una cuestión estrechamente relacionada con la prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas, práctica generalizada en las economías europeas en sectores como la sanidad, la educación, el suministro de agua, gas y electricidad, la recogida de basura o el reparto de correspondencia.

En tercer lugar, la liberalización del comercio de servicios también está muy ligada a la convergencia reguladora, uno de los pilares y mayor novedad del TTIP, que trata de armonizar las normativas de EEUU y la UE para facilitar las exportaciones e importaciones de bienes y servicios sin tener que homologarse o adaptarse a regulaciones diferentes. Y que, dado el objetivo perseguido, lo más probable es que se traduzca en una armonización a la baja, y afecte a todos los niveles de la administración –europea, estatal, regional y local– y a todo tipo de normas. Entre ellas las que constituyen alguna traba para el comercio internacional de servicios. Porque, a diferencia de las mercancías, cuyo paso por una frontera puede detectarse, los servicios son intangibles. Así, mientras las barreras más importantes para el comercio internacional de mercancías se encuentran en la frontera –aranceles y cuotas– , los principales obstáculos para los servicios están dentro del país importador y fundamentalmente son normas y regulaciones gubernamentales.

Con todo, lo más preocupante de este pilar del TTIP es la creación de un Consejo de Cooperación Reguladora, que lo que convierte en un acuerdo vivo, en continua evolución. En efecto, una vez instituido al entrar en vigor el TTIP, este Consejo va a seguir interpretando, a instancias de parte además, qué normas deben armonizarse para no ser un obstáculo al comercio. Y ello con una composición tecnocrática-y escaso control democrático, lo que en la práctica supone dejarlo en manos de las empresa multinacionales y los lobbies que patrocinan. Y eso pone en peligro todo aquello que se haya podido salvar mediante la Galde 09 - negua/ 2015

«Todo indica que las reglas de juego económico que se pretenden establecer con el TTIP están diseñadas para favorecer todavía más a las empresas multinacionales y no a la mayoría social.

Porque, además, una vez plasmadas en acuerdos internacionales vinculantes esas reglas resultan muy difíciles de revertir, condicionando seriamente la futura aplicación de políticas económicas diferentes.»

movilización social previa a la firma del TTIP, salvaguardia de los servicios públicos incluida.

Y en cuarto lugar está la amenaza que constituye el mecanismo de solución de controversias inversor-estado -–a menudo conocido por sus siglas en inglés, ISDS–, que remite al arbitraje en instancias supranacionales. Aunque todavía no está formalmente decidida su incorporación al TTIP, todo indica que va a ser así. Máxime cuando se observa la reacción de la Comisión Europea al duro revés que ha sufrido en la consulta pública en línea que ha realizado sobre la protección de los inversores en el TTIP, que constituye todo un desprecio a la opinión mayoritaria en su contra.

Al respecto, conviene aclarar que los retoques al mecanismo ISDS introducidos en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) firmado en 2014 con Canadá no son de ninguna manera suficientes. Esas pequeñas mejoras no resuelven ninguna de las grandes objeciones dirigidas al arbitraje internacional para dirimir demandas inversorGalde 09 - invierno/ 2015

estado, empezando por la esencial: ¿por qué es necesario el arbitraje inversor-estado en el TTIP? O ¿es que los sistemas judiciales estadounidense y europeo no resultan fiables y eficaces?

Tal vez la respuesta se encuentre en que, entre otros muchos desatinos, el ISDS permite a las empresas transnacionales cuestionar normativas legales que, a su juicio, supongan una merma en sus expectativas de beneficio. Y la decisión del litigio recae en un panel de expertos que en su mayoría están ligados a grandes despachos de abogados y/o relacionados con empresas multinacionales o fondos de inversión, y muestran un marcado sesgo a favor de los inversores demandantes. Por tanto, esta es una vía complementaria a la del Consejo de Cooperación Reguladora a través de la cual se puede ampliar por la puerta de atrás la presencia de empresas privadas extranjeras en la prestación de servicios públicos.

En este sentido todo indica que las reglas de juego económico que se pretenden establecer con el TTIP están diseñadas para favorecer todavía más a las empresas multinacionales y no a la mayoría social. Porque, además, una vez plasmadas en acuerdos internacionales vinculantes esas reglas resultan muy difíciles de revertir, condicionando seriamente la futura aplicación de políticas económicas diferentes. Esto es lo que debían tener en mente los miembros de la US Chamber of Commerce y la patronal europea BUSINESSEUROPE cuando, con claro sentido de la anticipación, redactaron en octubre de 2012 un breve pero detallado documento sobre la Cooperación reguladora en el acuerdo económico UE-EEUU 1.

Patxi Zabalo es profesor de la UPV/EHU y miembro del Instituto Hegoa

Disponible en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating-governments/usa/jobs-growth/files/consultation/regulation/9-business-europe-us-chamber_en.pdf 1

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El TTIP nos lo pondrá

más difícil a las mujeres

E

l TTIP es más que un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Perfilado como «un proyecto de redistribución a gran escala que hará más rica a la riqueza»1, su objetivo real es eliminar derechos sociales y laborales, desregular normativas medioambientales y privatizar servicios públicos para mayor gloria y ganancia de las empresas transnacionales.

Cuando se analiza cómo el TTIP afectará la vida cotidiana de la gente a ambos lados del océano no suele mencionarse que las mujeres nos vamos a llevar la peor parte de sus consecuencias. Sin embargo, a partir de la experiencia de países latinoamericanos con tratados de libre comercio vigentes desde mediados de los años 90, podemos afirmar que los efectos de las políticas comerciales liberalizadoras agravan las desigualdades entre mujeres y hombres en el acceso y control de los bienes y recursos que proveen bienestar, empezando por el empleo.

Desregular «armonizando a la baja»: Bajo la apariencia de un mercado supranacional sin aranceles comerciales, lo que el TTIP persigue es crear un mercado único en el que se funcione con los más flexibles estándares reguladores de los derechos laborales, sociales o medioambientales, desechando la normativa más protectora en estos campos que, por lo general, siempre ha sido el resultado de movilizaciones sociales.

De esta manera, si se «igualan por abajo» las normativas de EEUU y de la UE sobre derechos laborales, se perderá lo avanzado en los países europeos en cuanto a derechos laborales de las mujeres ya que EEUU no ha firmado los Convenios de la OIT relativos a igualdad salarial, protección de la maternidad, apoyo a trabajadoras de hogar o a trabajadoras/es con responsabilidades familiares. También es previsible que aquellas empresas europeas que aceptaron a regañadientes las protecciones laborales en las legislaciones nacionales, aprovechen

la coyuntura de las negociaciones comerciales para presionar a los respectivos gobiernos a que retrocedan en este campo2.

Si la desregulación llega a los ámbitos de la seguridad alimentaria se eliminarán las normativas que bloquean la entrada en Europa de alimentos transgénicos, productos cárnicos hormonados o lavados con cloro, lo que pondrá en riesgo no sólo nuestra salud sino nuestro derecho a decidir qué comemos. Además, la entrada de las multinacionales agrarias y ganaderas estadounidenses en los campos europeos afectará a las explotaciones agrícolas familiares y a «los procesos de producción, transformación y distribución nacidos al calor del principio de la soberanía alimentaria por los que apuestan tantas productoras y consumidoras»3.

Privatizar servicios públicos: El TTIP abrirá a las empresas transnacionales las contrataciones públicas de los servicios públicos de salud, educación, gestión del agua y del transporte, producción y distribución de energía, en línea con las políticas privatizadoras que, junto a los mecanismos de ajuste y austeridad, se han impuesto en los países europeos como fórmula para salir de la crisis económica.

Al tiempo que diversos estudios prevén la pérdida de 2 millones de empleos en EEUU y la UE debido al proceso privatizador, la experiencia latinoamericana nos enseña que cuando se privatizan los servicios públicos lo que se destruye es, sobre todo, empleo de calidad de las mujeres. El empleo público está ampliamente feminizado debido, entre otras razones, a que este sector cumple mejor las leyes de protección del trabajo femenino que el privado, así que la reducción del sector público nos afecta por partida doble a las mujeres: tanto en la cantidad como en la calidad del empleo perdido, con el riesgo de «institucionalizar la precariedad, convertirla en norma y recortar la autonomía económica de las mujeres»4.

Clara Murguialday

«Cuando se recortan los servicios públicos somos las mujeres quienes tratamos de minimizar los efectos de los recortes para la salud familiar, la educación infantil o la atención a las personas dependientes, quienes nos hacemos cargo de mantener los niveles de bienestar del hogar sustituyendo con trabajos de cuidado los servicios no recibidos.»

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Por otra parte, cuando se recortan los servicios públicos somos las mujeres quienes tratamos de minimizar los efectos de los recortes para la salud familiar, la educación infantil o la atención a las personas dependientes, quienes nos hacemos cargo de mantener los niveles de bienestar del hogar sustituyendo con trabajos de cuidado los servicios no recibidos. El resultado es que las políticas privatizadoras refuerzan la división sexual del trabajo que ubica en el hogar la responsabilidad de sostener la vida, al tiempo que fomentan «un conservadurismo moral que tiene el antifeminismo como componente esencial»5.

El TTIP pretende implantar un sistema de arbitraje privado en los conflictos entre empresas y estados que otorga a aquellas el poder de cuestionar las decisiones de estos por pérdidas reales o por previsión de pérdidas futuras para las multinacionales.

Como ocurrió en 2013 en Eslovaquia, cuando la empresa holandesa Achmea demandó al gobierno por establecer una cobertura sanitaria universal, es preocupante que este mecanismo pueda echar por tierra determinadas políticas públicas que fomenten la igualdad o la corresponsabilidad familiar, en aras de los beneficios empresariales.

Galde 09 - invierno/ 2015

Ante este panorama, las feministas decimos ¡No al TTIP! sin paliativos, porque no hay cláusula de género que arregle la mercantilización de los cuerpos que acarrea este tratado ni es suficiente la denuncia del sesgo androcéntrico de quienes están negociándolo. Incorporadas activamente a las campañas contra el TTIP, vamos más allá de la defensa de lo que ya tenemos para poner en el centro los postulados de la economía feminista, con su exigencia de hacer más equitativas las relaciones de género y su mirada enfocada en el sostenimiento y el cuidado de la vida.

Clara Murguialday, de la Alianza por una Cooperación Feminista Global WIDE Austria: «TTIP: What kind of trade partnership and for whose benefit? The new trade agreement from a feminist perspective». Viena, 10-04-2014.

2 Rodero, Estefanía: «El TTIP contra las mujeres».

3 Murias, Carme: «Construint complicitats feministes contra el TTIP». Taller realizado en la Fira d’Economia Feminista. Barcelona, noviembre 2014.

4 Rodero, E. 5 Murias, C. 1

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Retos y oportunidades para las relaciones birregionales entre la UE y América Latina y el Caribe Gloria Carrión. Fundación EU-LAC

Este trabajo publicado por la fundación EU-LAC de Alemania y coordinado por Gloria Carrión del FIDEG de Managua realiza un interesante análisis sobre el significado del TTIP desde una perspectiva geopolítica, enmarcándolo en las dificultades por las que atraviesan las negociaciones comerciales multilaterales en el seno de la OMC. El texto aporta a un punto de vista latinoamericano sobre las posibles implicaciones del TTIP en dicho subcontinente. Disponible en: http://www.fideg.org/images/EU_LAC_TTIP_SPAN_WEB_150124_RZ-1.pdf

La gran amenaza

Alberton Garzón, Desiderio Cansino, John Hilary Con el título de «La gran amenaza», el Viejo Topo ha editado en forma de libro dos textos centrados en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. En la primera parte, Alberto Garzón y Desiderio Cansino, economistas y miembros de la Secretaría de Economía Política Global de Izquierda Unida, presentan un texto en el que mediante 50 preguntas y respuestas desgranan, de forma sencilla, aspectos centrales del Tratado. En la otra parte del libro, la editorial ha recogido un texto de referencia en todos los debates sobre el TTIP, elaborado y publicado en 2014 por la Fundación Rosa Luxemburgo , y que fue elaborado por John Hilary, entrevistado en estas mismas páginas de Galde. El Viejo Topo / Ediciones de Intervención Cultural. 2014

A Brave New Transatlantic Patnership

De Seattle a Bruselas (Red) La Red «De Seattle a Bruselas» publicó a finales de 2013 un buen Informe sobre el TTIP titulado «A Brave New Transatlantic Partnership». Se trata de un completo dossier en el que se analizan muy diversas cuestiones relativas tanto a la negociación del TTIP como a sus consecuencias en el ámbito de los derechos laborales, el medio ambiente, la agricultura y la alimentación, la salud, y otros. El texto completo en inglés está disponible en http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/brave_new_transatlantic_partnership.pdf. Un resumen del mismo traducido al castellano puede verse en: http://andalucianottip.nosorganizamos.net/sites/default/ files/EA-DossierTTIP.pdf

Europa eta Amerikako Estatu Batuen arteko merkataritzako eta inbertsiorako hitzarmenaz Aila Elorrieta Agirre

Este texto de Aiala Elorrieta, publicado por el Instituto Manu Robles-Arangiz, recoge diversos aspectos críticos del TTIP y plantea un análisis relacionando este tratado con algunos antecedentes como es el caso del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte). El texto aporta también una bibliografía de interés sobre el tratado. Está disponible en euskera: http://www.mrafundazioa.eus/eu/dokumentazio-zentrua/dokumentuak/europa-eta-amerikako-estatu-batuen-arteko-merkataritzako-eta-inbertsiorako-hitzarmenaz/at_download/file; y también en castellano: http://www.ela.eus/es/ttip/ttip-acuerdo-comercial-y-de-inversiones-entre-la-ue-y-eeuu 48

Galde 09 - negua/ 2015